Sentencia 1998-10453 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Rad.: 23001-23-31-000-1998-10453-01 (25196)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Silvio Segundo Seña Tamara

Demandado: La Nación-Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, deberá la Sala determinar si el señor Silvio Segundo Seña Tamara sufrió un daño antijurídico imputable a la Nación Fiscalía General, como consecuencia de la incautación del predio rural denominado La Esperanza, —hoy La Ponderosa—, con matrícula inmobiliaria 140-31897, ubicado en el corregimiento de La Manta, municipio de Montería, entre el 11 de diciembre de 1989 y el 4 de marzo de 1997. Para el efecto es menester detenerse en los hechos probados en el plenario, con el objeto de definir, previamente, las excepciones planteadas: primeramente la caducidad, declarada en primera instancia, porque de encontrarla configurada, no se entraría al fondo del asunto.

3. Hechos probados.

3.1. Se encuentra probado que el señor Silvio Segundo Seña Tamara ostenta la calidad de propietario inscrito de la finca La Esperanza —hoy La Ponderosa—, pues en el plenario obra certificado de tradición y libertad(4), expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería, correspondiente al inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 140-31897, a cuyo tenor:

“Escritura 958 del 09-09-86 Notaria 2 de Montería

Especificación: 101 Compraventa

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Hoyos Hoyos Carlos Antonio

De: Hoyola de Hoyos Juana Isabel

De: Hoyos Oyola Esperanza Del Socorro

De: Hoyos Oyola Omaira Auxiliadora

De: Hoyos Oyola Eusebia Manuela

De: Hoyos Oyola Juan Alberto

De: Hoyos Oyola Luis Fernando

De: Hoyos Oyola Daniel Andrés

De: Hoyos Oyola Jairo Nicolas

De: Mendoza Uparela Blanca Rosa

A: Seña Tamara Silvio Segundo X”(5).

Escritura 1512 del 30-12-86 Notaria 2 de Montería

Especificación: 999 Aclaración notarial de la escritura #958 del 09.09.86 Notaria 2 Montería

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Hoyos Hoyos Carlos Antonio

De: Hoyola de Hoyos Juana Isabel

De: Hoyos Oyola Esperanza

De: Hoyos Oyola Omaira Auxiliadora

De: Hoyos Oyola Eusebia Manuela

De: Hoyos Oyola Juan Alberto

De: Hoyos Oyola Luis Fernando

De: Hoyos Oyola Daniel Andrés

De: Hoyos Oyola Jairo Nicolás

De: Mendoza Uparela Blanca Rosa

A: Seña Tamara Silvio Segundo X”(6).

3.2. En el expediente también obra copia auténtica del proceso penal 2040, adelantado contra el señor Silvio Segundo Seña Tamara por la Fiscalía Regional de Medellín, por violación al artículo 64 de la Ley 30 de 1986 —cuaderno 3 con 342 folios—, del que se destacan las siguientes piezas procesales:

3.2.1. Auto de septiembre 9 de 1989 que dispuso adelantar diligencia de allanamiento, registro y decomiso de la finca La Esperanza, caserío Makinkal, corregimiento de Buenos Aires, municipio de Montería, con el fin de establecer si en la finca antes nombrada existe una pista clandestina de aterrizaje, según informe de “inteligencia del Batallón de Infantería 33 “Junín””(7).

3.2.2. Diligencia de allanamiento, registro y decomiso de bienes muebles e inmuebles de la finca “La Esperanza”, ubicada en el corregimiento Buenos Aires del municipio de Montería, realizada por el Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar el 11 de septiembre de 1989, en la que se lee —se destaca—:

“(...) percatándose el despacho que la casa finca fue abandonada recientemente, en razón de que en la cocina se encuentra un fogón prendido, cascaras de plátano recién pelados para preparar alimentos; se procedió a requisar las alcobas y todas ellas se encuentran escuálidas, con algunas pertenencias de los ocupantes que son de menor importancia, como hamacas. En una de las alcobas aparecen varios elementos destinados para la caballería, equipo de fumigación y aparece una antena para radio comunicación con sus respectivas extensiones, sin haberse encontrado el radio, lo que da a entender que se lo llevaron consigo los moradores. Las instalaciones de la finca se hallan constituidas por ranchos de palmas y la casa principal con techo de zinc y paredes de bahareque. En la casa principal anteriormente mencionada se encuentran las instalaciones eléctricas que quedan en frente de la pista de aterrizaje con su respectiva antena. (...). La finca actualmente se encuentra en total descuido, los potreros sin rozar y se aprecian aledaños a la finca algunas que otras reses, algunas aves de corral, un perro bóxer, dos perros negros y otros perros negros pequeños de raza criolla (...). Al frente de las instalaciones aparece una pista de aterrizaje de más de 1.500 metros y se encuentra recientemente cercada con alambre de púa, atravesándola en dos partes para evitar el aterrizaje de aeronaves. Actualmente no existen signos de que recientemente hubiera aterrizado alguna aeronave. Al frente de dicha pista aparece un reflector en completo estado de funcionamiento. Todos los elementos eléctricos anteriormente mencionados se encuentran en perfecto estado. En la sala comedor se encuentra un enfriador que contiene cubetas, agua fría y leche. El juzgado procede a desconectar las extensiones que se hallaban conectadas a la antena principal, con el fin de llevarlas al juzgado hasta tanto se disponga lo pertinente en relación con la verdadera procedencia de la finca allanada, (...). Al parecer la finca es funcional para el aterrizaje y despegue de aeronaves, cuya pista como se dijo anteriormente no tiene vestigio de haber aterrizado ninguna clase de avión o avioneta. Los postes eléctricos solo se encuentran instalados el último aproximadamente a 100 metros de la pista y lo alambres eléctricos llegan a la casa finca en forma subterránea. En una de las piezas registradas se encontró un rollo de cable de alta tensión FacomeC Nº 5, con 150 metros de alambre aproximadamente. A última instancia se procede a llevar la antena de radio comunicación, la cual fue desconectada. También se halló una bomba manual con lo cual se hace el aprovisionamiento de gasolina a los aviones, elemento este que también el juzgado ordena llevarlo consigo, su No. es 912675, marca ASM. Así mismo existe un tanque o bomba de fumigación para tractor y un cortamalezas en los patios de la casa finca (...)”(8).

3.2.3. Resolución 599 del 14 de diciembre de 1989 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y acta de inventario 280-E, que dispuso la entrega provisional de la finca la Esperanza al Fondo Nacional Agrario. Así:

“ART. 1º—Destinar en forma provisional y mientras se define por el juez competente la situación jurídica de los bienes relacionados en el Acta de Inventario antes señalada, a las siguientes entidades:

Fondo Nacional Agrario:

Bienes: Un inmueble rural denominado “Finca la Esperanza”, ubicada en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Montería, junto con los muebles y enseres descritos en el Acta 280-E.

ART. 2º—Una vez ejecutoriada la presente providencia las autoridades respectivas procederán a efectuar la entrega provisional de los bienes a las entidades destinatarias, mediante acta de inventario”(9).

3.2.4. Auto del 1º de octubre de 1990, mediante el cual el Juzgado Segundo Especializado de Montería abrió indagación preliminar con base en la diligencia de allanamiento y ocupación de la finca “La Esperanza” y ordenó la práctica de pruebas por un término de 60 días, de conformidad con el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Dentro de las pruebas practicadas se destaca la inspección judicial realizada por el despacho antes nombrado, de la que se lee, “(...), frente a las casas como a unos cincuenta metros, pasa una pista de aterrizaje de naves aéreas en sentido Este-Oeste, la cual es de piso natural, con unos 1.200 metros aproximadamente de largo y al recorrerla se observó que se encuentra atravesada en dos puntos por cercas de alambre de púas, correspondiente a las divisiones en que está dividida la finca, (...). Se deja constancia que la finca se encuentra totalmente abandonada, que en ella no se encontró almacenamiento de estupefacientes, ni laboratorios destinados al procesamiento del mismo”(10).

3.2.5. El 27 de julio de 1992, la Fiscalía Regional de Medellín recibió el expediente con radicado 2040 y el 19 de febrero de 1993 avocó conocimiento, ordenó proseguir con la investigación previa, realizar una inspección judicial con la intervención de peritos del Instituto Agustín Codazzi, con el objeto de establecer la coordenadas geográficas de la hacienda la Esperanza y levantar el plano correspondiente a la pista de aterrizaje. Para el efecto señaló un término de 90 días.

El 19 de marzo siguiente el Instituto comisionado rindió el informe en el que se lee:

“Predio Nº 00-02-004-0069

Corregimiento: La Manta.

Vereda: Maquencal

Nombre del predio: “La Ponderosa”

Propietario: Seña Tamara Silvio Segundo

Área: 279 hectáreas (sic)

Coordenadas: 8º 26’ 13” latitud norte 75º 42’ 56” latitud oeste”.

3.2.6. El 5 de agosto del año de 1993 el perito designado por la Fiscalía Regional de Medellín para el efecto, avaluó el inmueble en “cuarenta y un millones ochenta mil pesos ($41’080.000) M.L.” correspondientes a ciento treinta mil pesos ($130.000) por hectárea, para un “total de trescientas dieciséis (316) hectáreas” (sic).

3.2.7. El 30 de agosto de 1993, la Fiscalía Regional de Medellín profirió resolución de apertura de instrucción. Consideró que, de las diligencias previas adelantadas se desprendía la conducta delictiva descrita en el artículo 64 de la Ley 30 de 1986, consistente en “poseer pistas de aterrizaje de aeronaves sin permiso del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil”, atribuible al señor Silvio Segundo Seña Tamara a quien vinculó a la investigación mediante diligencia de indagatoria, realizada el 11 de noviembre de 1994; no obstante, el 24 de enero de 1996 resolvió la situación jurídica del implicado en el sentido de abstenerse de dictar medida de aseguramiento en su contra por no encontrar reunidos los presupuestos exigidos por el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal.

3.2.8. El 30 de julio de 1996, la Fiscalía Regional de Medellín resolvió precluir la investigación en favor del señor Silvio Segundo Seña Tamara. Sostuvo que no contaba con pruebas suficientes que permitieran demostrar la existencia del hecho endilgado y ordenó la entrega definitiva del bien inmueble a su propietario. No obstante advirtió que “la entrega sólo se materializará una vez se surta la consulta de la decisión”. Señala la providencia:

“Analizando detenidamente el primer elemento plasmado en la norma, esto es, la ocurrencia del hecho, la materialidad misma de lo que debe ser objeto de cuestionamiento a lo largo de la actuación procesal observamos que existen serios reparos en su constitución, en otras palabras que no existe prueba lo suficientemente sólida que nos permita decir que la existencia del hecho a investigar está demostrado. Que la existencia de la pista de aterrizaje en los términos exigidos por la norma prohibitoria no se ha demostrado a lo largo del proceso fue algo que se dejó enunciado desde la resolución misma que definió la situación jurídica del sindicado Seña Tamara, ésta la razón para que el despacho en dicha oportunidad se abstuviera de dictar medida de aseguramiento en su contra, allí se dijo que ninguna persona de las que han desfilado por el proceso había manifestado haber visto aterrizar aeronaves en la llamada pista de la finca La Esperanza, de igual manera se afirmó en dicha oportunidad que eran varias las personas que habían declarado diciendo que lo construido era una vía carreteable y en ningún momento una pista de aterrizaje, lo anterior obligó a que se decretaran nuevas pruebas tendientes a esclarecer la naturaleza de la vía y éstas al ser practicadas, declaraciones de quienes la conocieron con anterioridad, han reforzado la tesis de quienes sostienen que se trata de una vía carreteable y no de una pista de aterrizaje. Así las cosas por manera alguna puede decirse que el primer elemento de la norma transcrita, artículo 441 Código de Procedimiento Penal se encuentra dado, en otras palabras la acción típica no se encuentra demostrada. Si uno de los elementos estructurales del hecho punible, en este caso la tipicidad, no se satisface el estudio o análisis de los demás pierde relevancia, es que poco o nada significa ocuparnos de la antijuridicidad y culpabilidad cuando ausente está el concepto de tipicidad (...).

Es por ello que a este despacho no le es permitido en esta oportunidad decisión diferente a la de proferir resolución de preclusión de instrucción en favor del sindicado al considerar que no se ha atentado contra un bien jurídicamente tutelado, que no hay asomo de violación a la ley penal y que la acción del sindicado no es una conducta típica legalmente reprochable”.

3.2.9. La anterior decisión fue remitida en consulta a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional y esta el 1º de noviembre de 1996, decidió confirmarla. Sostuvo al respecto ((se destaca):

“(...) probatoriamente no surgen en el proceso elementos de juicio suficientes que permitan inferir que efectivamente esa construcción correspondía a una pista de aterrizaje y decolaje de aeronaves. Pues aunque rudimentariamente ofrecía algunas condiciones que permitían algunas operaciones aeronáuticas, no se estableció si contaba o no con licencia de la aeronáutica civil y además, la integridad de los testimonios allegados son enfáticos en sostener que ese inmueble estaba prácticamente abandonado e inexplotado económicamente y no tenía por finalidad esa clase de operaciones, pues esa construcción se realizó para prestar un servicio estrictamente carreteable y acortar distancias entre la finca y la vía central.

Lógicamente impiden probatoriamente adecuar típicamente estos hechos a la norma en cita, menos aún puede aducirse que el mencionado inmueble estuviese relacionado con el tráfico de estupefacientes, si se tiene en cuenta que de la diligencia de allanamiento y registro y posteriores inspecciones judiciales, no surgió elemento de juicio alguno que así lo indicara.

De manera que no siendo posible, al tenor del artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, proseguir la investigación en procura de obtener más elementos que permitan hacer claridad sobre estos hechos y ser insuficiente la prueba aducida para formular pliego de cargos al implicado; imperioso resulta concluir que no habiendo otra alternativa, la instrucción debe precluirse”.

3.3. Obra igualmente, el oficio 4847 de noviembre 15 de 1996 librado por la Fiscalía Regional de Medellín con destino al Consejo Nacional de Estupefacientes, del que se lee:

“Para su conocimiento y fines subsiguientes, adjunto al presente me permito remitirles lo que constituyen las providencias de primera y segunda instancia que tuvieron origen en esta Dirección Regional de Fiscalías de Medellín y la Fiscalía Delegada ante el H. Tribunal Nacional de Santafé de Bogotá, con fechas julio 30 y noviembre primero del año en curso y mediante las cuales se ordena y confirma la entrega definitiva al señor Silvio Segundo Seña Tamara, de la finca La Esperanza en el caserío de Makinkal, corregimiento de Buenos Aires del municipio de Montería Córdoba”(11).

3.4. Se conoce que, en concordancia con el oficio antes citado, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el 26 de noviembre de 1996, remitió el oficio SBI-626 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, “asunto: Resolución 599-89”, que señala:

“Me permito comunicarles que la Fiscalía Regional de Medellín, en providencia del 30 de julio de 1996 (Rad. 2040), ordenó la entrega definitiva del inmueble rural denominado La Esperanza, ubicado en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Montería, departamento de Córdoba, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en proveído del 1º de noviembre del presente año.

Por lo anterior, me permito solicitarle se sirva cancelar cualquier registro que como consecuencia de la resolución de la referencia se hubiere efectuado sobre el folio de matrícula inmobiliaria 140-0031897 correspondiente al inmueble mencionado”.

Para confirmar el oficio anterior, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el 18 de febrero de 1997, remitió el oficio SBI-080 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, “asunto: Resolución 599-89”, con la siguiente nota aclaratoria:

“(...), me permito solicitarles se sirvan cancelar cualquier registro que como consecuencia de la incautación del bien por parte de la SIJIN y de la Resolución de la referencia se hubiese efectuado sobre el folio de matrícula inmobiliaria 140-0031897, quedando canceladas las anotaciones tanto de la SIJIN como de la Dirección Nacional de Estupefacientes la cual destinaba en forma provisional el bien al Fondo Nacional Agrario.

Es de anotar que en el folio correspondiente al inmueble mencionado se observa la anotación a la Resolución 541 de 1989, acto administrativo que corresponde a un inmueble rural denominado El Placer ubicado en el municipio de Manaure-El Plan, departamento del Cesar, de donde se deduce que la anotación se registró en forma equivocada por cuanto la resolución correspondiente al inmueble que se ordena su liberación es la Nº 599 del 14 de diciembre de 1989”.

3.5. Cabe señalar, respecto de los perjuicios reclamados que, acorde con el dictamen pericial rendido el 17 de febrero de 2000 (fls. 216 a 225, cdno. 1), en cumplimiento del auto proferido el 3 de septiembre de 1999 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, se señaló que el bien incautado estaba en capacidad de uso y manejo de suelos; aunado a que, sobre el cálculo de lo que podían ser los ingresos provenientes de su explotación, se señaló:

“Existen aproximadamente unas 216 hectáreas clase III, las cuales tienen limitaciones severas que reducen la elección de cultivos o requieren prácticas especiales de conservación o ambas a la vez. Las limitaciones de esta clase de suelos restringen la cantidad de cultivos mixtos, épocas de siembra y cosechas, elección de cultivos o alguna combinación de estas limitaciones.

El resto de hectáreas (100) las ubicamos en suelos clase IV, las cuales tienen limitaciones muy severas que restringen la elección de cultivos y requieren un laboreo cuidadoso (...).

(...). estas tierras, objeto de nuestro trabajo, son aptas para explotaciones ganaderas y no agrícolas, ya que la parte agrícola abarcaría solamente cultivos de pancoger y no cultivos comerciales que son los que en sí nos interesarían para dar informe de utilidad dejada de percibir.

(...).

Cálculo de ingresos y egresos generados por ganadería

1. Objetivos:

Se trata básicamente de calcular los ingresos dejados de percibir por el señor Silvio Seña Tamara durante los años comprendidos entre 11 de diciembre de 1989 hasta el 4 de enero de 1997 como propietario de la finca “La Ponderosa”, la cual era explotada en ganadería de cría.

2. Método:

Se parte inicialmente de un pie de cría aproximado que existía en la finca “La Ponderosa” representado en 50 vacas paridas, de las cuales 25 eran hembras y 25 machos (crías); 16 novillas de levante, 815 novillas de vientre , 4 toros”.

Según los ingresos calculados en la experticia, dejados de percibir por el señor Seña Tamara durante el tiempo en que el inmueble estuvo incautado ascienden a “$487’734.000”, tiempo en el que en términos del dictamen se causaron unos egresos por valor de “$88’816.000”, es decir que hubo un “Excedente de $398’918.000”.

El anterior dictamen fue puesto en conocimiento de las partes, sin que se hubiera presentado objeción o pronunciamiento alguno.

No obstante, es de resaltar lo señalado en la diligencia de allanamiento, registro y decomiso de bienes muebles e inmuebles de la finca “La Esperanza”, corregimiento de Buenos Aires, municipio de Montería, realizada por el Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar el 11 de septiembre de 1989 y lo expuesto en el dictamen pericial rendido en la primera instancia del presente proceso, como quiera que, en la diligencia de allanamiento, respecto de los bienes incautados, en lo que tiene que ver con los semovientes -se destaca- “[l]a finca actualmente se encuentra en total descuido, los potreros sin rozar y se aprecian aledaños a la finca algunas que otras reses, algunas aves de corral, un perro bóxer, dos perros negros y otros perros negros pequeños de raza criolla. De manera que no se comprende como en el dictamen pericial se “parte inicialmente de un pie de cría aproximado que existía en la finca “La Ponderosa” representado en 50 vacas paridas, de las cuales 25 eran hembras y 25 machos (crías); 16 novillas de levante, 815 novillas de vientre, 4 toros”; razón suficiente para desechar la experticia por indebida sustentación (resaltado de la Sala).

4. De la caducidad de la acción de reparación directa.

El artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, dispone que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

Al respecto, esta sección, en forma reiterada, ha sostenido que la institución de la caducidad “se edifica como garantía de la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los cuales debe determinarse el tiempo específico dentro del cual ha ponerse en funcionamiento el aparato judicial en ejercicio de las acciones judiciales. Es así entonces cómo a las partes les corresponde asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, de no hacerlo dentro del término previsto en la norma se pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho”(12).

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado:

“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.

Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”(13).

La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño, por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Reiteradamente, la jurisprudencia de la corporación ha considerado que en aquellos casos en los cuales no resulte clara la observancia del término de caducidad, debe computarse desde el conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia(14); así ha discurrido la Sala, al señalar que:

“Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”(15).

En el asunto de la referencia, luego de analizados los presupuestos fácticos relatados en la demanda, se deduce que el daño por cuya indemnización reclama el actor, si bien pudo tener como punto de partida, para efectos de la caducidad de la acción, la decisión proferida por la Fiscalía General de la Nación, en sede de consulta, lo cierto es que i) solo hasta el 15 de noviembre de 1996 el ente acusador puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes la decisión que ordenaba la entrega definitiva del inmueble incautado al actor y ii) la DNE libró los respectivos oficios, con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para efectos de la cancelación de la medida cautelar, el 26 de noviembre de 1996 y 18 de febrero de 1997, con nota aclaratoria respecto de la Resolución 599 de 1989.

Habría que concluir, entonces, que cuando menos hasta el 18 de febrero de 1997 se configuró el daño, pues, a partir de entonces, el señor Seña Tamara pudo exigir la entrega y recuperar así las facultades de goce y disposición del inmueble. Es decir la elaboración y posterior entrega de los oficios librados para dar cumplimiento a la decisión que confirmó la preclusión de la investigación, permitió al actor exigir que se le permitiera ingresar a la finca La Esperanza hoy La Ponderosa, pues, antes de esta fecha, debió aguardar que la decisión que dispuso la entrega fuera efectuada y materializada, efectivamente. Ahora, no se conoce la fecha de la entrega dado que la demandada, obligada a su ejecución, no la demostró; empero bien puede colegirse que la demanda, presentada el 13 de noviembre de 1998, lo fue en tiempo, pues tuvo que ocurrir después del 18 de febrero de 1997.

En ese orden se revocará el fallo proferido por tribunal de primera instancia y se procederá a estudiar de fondo la controversia puesta a consideración de la Sala.

Esto es así porque, acorde con el certificado de tradición y libertad del inmueble La Esperanza —hoy La Ponderosa—, la Fiscalía hizo entrega del inmueble al Fondo Nacional Agrario el 25 de noviembre de 1996, en cumplimiento de la providencia del día 15 anterior(16) y la Dirección Nacional de Estupefacientes canceló la incautación del bien el 4 de marzo de 1997(17).

Además, no se conoce que la Dirección Nacional de Estupefacientes hubiese comunicado la orden de entrega al Fondo Nacional Agrario, entidad ésta que, al tenor de la Resolución 599 del 14 de diciembre de 1989, según acta de inventario 280-E, recibió el inmueble a título de tenencia provisional, además de que, como se expuso más arriba, se echa de menos la prueba de la entrega material, una vez cancelada la medida de incautación que pesaba sobre el inmueble. Diligencia que al actor no le correspondía demostrar.

En suma, para que cese el daño la DNE tenía que haber dispuesto que el Fondo Nacional Agrario entregue el bien inmueble al actor afectado con la incautación del mismo, toda vez que ordenó la medida cautelar a través de la Resolución 599 de 1989; dispuso la tenencia provisional a favor del FNA, a quien hizo entrega material y dispuso la inscripción de la medida en el folio correspondiente. De modo que, como los oficios ordenando la cancelación de la medida se libraron el 18 de febrero de 1997 y la demanda se presentó el 13 de noviembre de 1998 lo fue en tiempo.

5. Responsabilidad de la entidad demandada.

5.1. Retardo y dilatación en la decisión y entrega material del bien incautado.

Las pruebas aportadas por las partes dentro de las oportunidades legales y las allegadas en debida forma al proceso, permiten establecer los daños ocasionados al señor Silvio Segundo Seña Tamara, por la dilatación y demora en el proceso penal adelantado en su contra, además porque, si bien la entidad demandada ordenó la entrega definitiva del bien inmueble incautado, no adelantó ninguna diligencia para hacer efectiva la orden y tampoco lo hicieron la Dirección Nacional de Estupefacientes, ni el Fondo Nacional Agrario, éste último tenedor provisional.

Conducta reprochable si se considera que i) la diligencia de allanamiento e incautación se realizó el 11 de septiembre de 1989; ii) el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso el registro de la medida, mediante la Resolución 599 del 14 de diciembre del mismo año; iii) el 1º de octubre de 1990 el Juzgado Segundo Especializado de Montería abrió indagación preliminar; iv) con la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 y creación de la Fiscalía General de la Nación la investigación pasó a la Fiscalía Regional de Medellín; v) sólo hasta el 19 de febrero de 1993 se avocó el conocimiento y el 30 de agosto del mimo año se profirió apertura de instrucción y vi) el asunto precluyó por falta de pruebas que demostraran la existencia del hecho endilgado el 1º de noviembre de 1996.

Aunado, a lo anterior, la entidad demandada demoró quince días más, es decir hasta el 15 de noviembre del mismo año, para informar al Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión quien, a su vez, el día 26 del mismo mes y año y 18 de febrero del año siguiente, remitió los oficios SBI-626 SBI-080 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de cancelar la medida impuesta sobre el inmueble. Sin que ni la Dirección Nacional de Estupefacientes ni el Fondo Nacional Agrario, depositario provisional adelantaran la diligencia de entrega material del bien.

De modo que también la DNE y el Fondo Nacional Agrario, éste último, favorecido con la destinación provisional, al igual que la Fiscalía General de la Nación —demandada—, desconocieron el artículo 2º constitucional e infringieron los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Carta Política, a cuyo tenor las autoridades de la República fueron instituidas para garantizar los derechos e intereses de los asociados, lo que las obliga a cumplir sus funciones con responsabilidad.

En virtud de los medios de prueba señalados anteriormente, el señor Silvio Segundo Seña Tamara sufrió un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación, como responsable de la investigación penal y en consecuencia obligada a actuar y disponer el cumplimiento de sus decisiones; consistente en que fue privado del uso y goce de la finca La Esperanza hoy La Ponderosa, entre el 11 de diciembre de 1989 y el 18 de febrero de 1997, en virtud de la investigación adelantada por la presunta infracción a la Ley 30 de 1986, que precluyó porque el hecho punible nunca existió.

Ahora, la demora en la entrega del inmueble, una vez dispuesta por la Fiscalía también podría resultar imputable a otras entidades, empero, como solo fue demandada aquella, quien tenía a su cargo la conducción de la investigación, tendrá que soportar integralmente la condena.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición por daño antijurídico, se entiende “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(18)”.

Ahora bien, sobre el carácter lesivo del decomiso de bienes, en el trámite de un proceso penal, adelantado por la comisión del delito de narcotráfico y conexos, la jurisprudencia ha sostenido que establecido que lo incautado “no se encontraba vinculado a un hecho ilícito”(19), es dable concluir que la autoridad judicial “privó injustificadamente al demandante de los ingresos provenientes de la explotación económica de un bien de su propiedad”(20).

En efecto, en fallo de 28 de febrero de 2011(21), la Sala revocó la sentencia que negó las pretensiones incoadas contra la Dirección Nacional de Estupefacientes, al constatar que aeronaves de propiedad del demandante, decomisadas en el trámite de un proceso penal adelantado por el delito de narcotráfico, “eran ajenas al hecho punible investigado”:

“Los helicópteros estuvieron retenidos por un espacio de once (11) meses y cuatro (4) días (entre ago. 21/89 y jul. 25/90) por lo que se está frente a un daño antijurídico.

En los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En este caso, independientemente de la juridicidad o antijuridicidad de la conducta, lo que realmente compromete la responsabilidad de la administración es la antijuridicidad del daño que la actora no estaba en la obligación de soportar.

Lo anterior resulta suficiente para revocar la decisión del tribunal y en su lugar declarar la responsabilidad patrimonial de la Dirección Nacional de Estupefacientespor los perjuicios causados por el tiempo en que las aeronaves estuvieron retenidas, de conformidad con los parámetros que a continuación se explican”.

Ahora, conforme a la disposición constitucional indicada y la jurisprudencia transcrita, la Sala encuentra responsable a la Fiscalía General de la Nación del daño antijurídico sufrido por el demandante, porque si bien la entidad tenía el deber de adelantar la investigación, lo cierto es que la demandada no encontró probado el hecho endilgado al actor, aunado a que avocó el conocimiento del asunto el 19 de febrero de 1993 y precluyó la investigación el 1º de noviembre de 1996, es decir por fuera de los términos establecidos en el ordenamiento(22).

Ahora, se conoce que la diligencia de allanamiento fue realizada el 11 de septiembre de 1989 por el Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar acorde con la cual “al parecer la finca es funcional para el aterrizaje y despegue de aeronaves, cuya pista como se dijo anteriormente no tiene vestigio de haber aterrizado ninguna clase de avión o avioneta” y que, en los términos del auto del 1º de octubre de 1990, proferido por el Juzgado Segundo Especializado de Montería, se advirtió que en “la finca (...) no se encontró almacenamiento de estupefacientes, ni laboratorios destinados al procesamiento del mismo”, al punto que el 30 de julio de 1996, el asunto concluyó con preclusión, como quedó anotado, toda vez que “la existencia de la pista de aterrizaje en los términos exigidos por la norma prohibitoria no se ha demostrado a lo largo del proceso”.

Decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el 1º de noviembre de 1996, en sede de consulta, al señalar que “(...) probatoriamente no surgen elementos en el proceso, elementos de juicio suficientes que permitan inferir que efectivamente esa construcción correspondía a una pista de aterrizaje y decolaje de aeronaves, (...) menos aún puede aducirse que el mencionado inmueble estuviese relacionado con el tráfico de estupefacientes, si se tiene en cuenta que de la diligencia de allanamiento y registro y posteriores inspecciones judiciales, no surgió elemento de juicio alguno que así lo indicara”.

De suerte que si bien la Fiscalía no dispuso el allanamiento y tampoco la incautación y entrega del inmueble, pues la medida fue decretada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, asumió el conocimiento del asunto y así mismo la responsabilidad de lo actuado. De manera que deberá indemnizar al actor por haberlo privado injustificadamente del uso y goce de un bien de su propiedad.

De esta manera, la Sala concluye que el señor Silvio Segundo Seña Tamara sufrió un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación.

En suma, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra probado que el allanamiento, decomiso e incautación de la finca denominada La Esperanza —hoy La Ponderosa—, entre el 11 de septiembre de 1989 y el 18 de febrero de 1997, ocasionó un daño antijurídico a su propietario habida cuenta que (i) el 11 de septiembre de 1989, acorde con la diligencia realizada por el Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar, a pesar de que no se encontraron elementos de juicio que demostraran la presunta infracción a la Ley 30 de 1986, se adelantó el decomiso e (ii) iniciada y culminada la investigación quedó demostrado que la finca incautada no se encontraba vinculada a un hecho ilícito. De manera que la demandada privó injustificadamente al demandante de la explotación de un bien y tendrá que responder por el daño causado.

6. La indemnización.

En la demanda incoada por el señor Silvio Segundo Seña Tamara se depreca la reparación de los perjuicios morales y materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, causados con ocasión de la incautación de la que fue objeto la finca de su propiedad “La Esperanza” hoy “La Ponderosa”, ubicada en el corregimiento La Manta, municipio de Montería, entre el 11 de diciembre de 1989 y el 4 de marzo de 1997.

6.1. La indemnización por el perjuicio moral.

En la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de “más de cien millones de pesos” a favor de Silvio Segundo Seña Tamara “por el flagelo económico al que lo sometieron las autoridades”, por cuanto, desde el 11 de septiembre de 1989, fecha en la cual se levantó el acta de inventario de bienes 2080-E por parte del Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, fue imposible para el señor Seña Tamara mantener “la paz y el sosiego a que tenía derecho como ciudadano honesto, ya que se vio abocado a salir inmediatamente de la finca”.

Ahora, la anterior manifestación entendida en contexto con el resto de la demanda, con la que se pretende la declaratoria de responsabilidad por la incautación de un predio rural, permite a la Sala entender que los perjuicios morales se relacionan con el mismo punto, esto es, por la aflicción causada por la privación de un bien inmueble.

Siendo así, conforme a lo señalado por la demandada y acorde con los elementos probatorios allegados al expediente, efectivamente, el actor fue sometido a la privación de un bien, injustamente, del que se colige su derecho a la reparación por los perjuicios materiales, empero de ello no se sigue el derecho a la indemnización del daño moral, dado que, como lo viene sosteniendo la jurisprudencia de la corporación, para que haya lugar a considerar la angustia o aflicción con alcance indemnizatorio por perjuicios de orden patrimonial, lo afirmado habrá de demostrarse, por no ser de ordinaria ocurrencia.

De manera que, si bien el actor fue privado temporalmente del uso y goce de un bien inmueble de su propiedad, de ello no se sigue la condena por el daño moral impetrada.

Al respecto, esta corporación ha reiterado:

“El daño que se controvierte ha evolucionado jurisprudencialmente, al punto que hoy se admite la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por la avería o pérdida de bienes materiales, a condición de demostrar plenamente su existencia:

“A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(23).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(24).

Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque éstos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios”(25).

(...).

Si bien es cierto que en el sub judice los testimonios no particularizan el dolor que sintió la familia Valencia-Sánchez por la pérdida de sus pertenencias, también lo es que si refieren sobre la situación vivida por ese núcleo, pues concuerdan en que debido a que perdieron todo, el padre tuvo que emigrar hacia otro municipio y luego probar suerte en otro diferente al que sí pudo llevar a su esposa e hijos, de donde se colige el dolor y la aflicción no sólo por lo vivido sino por las consecuencias del ataque subversivo el que les significó la pérdida de todos sus bienes.

Las declaraciones recaudadas describen, de forma coincidente, los momentos de horror y angustia que vivió la familia Valencia-Sánchez la noche de la arremetida guerrillera, sus gritos, sus pedidos de auxilio, su indefensión y los constantes ataques que recibió, así como la difícil situación económica por la pérdida de sus pertenencias que obligó a esa parentela a abandonar lo que hasta entonces habría sido su hogar, con el desarraigo y las penurias que ello implica”(26).

En igual sentido, esta corporación ha señalado que no hay lugar a perjuicios morales, por el dolor que, eventualmente, causaría un perjuicio patrimonial, dado que la integralidad de la indemnización del perjuicio material la comprendería, al menos que se demuestre lo contrario. Señala la jurisprudencia:

“La pretensión así formulada comporta, de una parte, “la angustia, zozobra, ansiedad e incertidumbre” que el demandante afirma haber padecido por la pérdida de una parte de su patrimonio económico y, de otra parte, por la imposibilidad de obtener una ventaja patrimonial derivada de la mejora y venta del inmueble.

En cuanto corresponde al último de los aspectos enunciados en la pretensión que se viene estudiando, advierte la Sala que el planteamiento del demandante no corresponde a la naturaleza que atañe a los perjuicios inmateriales de orden moral en tanto que el hecho consistente en la imposibilidad de mejorar y vender el inmueble “obteniendo una ganancia considerable”, constituye precisamente el origen de los perjuicios materiales cuya indemnización ha sido reconocida en esta instancia de conformidad con los señalamientos precedentes y, por lo tanto, dicho aspecto no será objeto de resarcimiento nuevamente por vía del alegado daño moral.

No ocurre lo mismo respecto del primero de los aspectos enunciados, pues cabe resaltar que esta corporación ha encontrado posible derivar perjuicios morales por la pérdida de bienes; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(27).

De igual forma lo reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(28):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(29)(30).

Específicamente en cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que:

“la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derechoy la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridadpública(31) (se resalta)

De manera que frente al caso concreto, teniendo en cuenta que el dinero es un bien mueble de carácter fungible y que ante la inminencia de su pérdida el demandante dijo haber resultado moralmente afectado, es necesario recurrir a las pruebas obrantes en el expediente, con el fin de establecer si las mismas otorgan a la Sala certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio”(32).

Por lo anterior, la Sala no accederá a la condena por los perjuicios morales impetrada, comoquiera que, como quedó expuesto, no existe dentro del plenario prueba alguna que demuestre que el daño moral que dice el señor Seña Tamara le fue causado, en razón de la incautación de un bien de su propiedad y tampoco se cuentan con elementos de juicio que den lugar a considerar que se causó una aflicción que debe ser indemnizada separadamente.

6.2. La indemnización por el daño material.

En la demanda se depreca la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y consecuencialmente, la indemnización de los perjuicios materiales integrados por el daño emergente y el lucro cesante, es decir, las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo incautada y fuera del comercio y de la posesión del actor, la finca La Esperanza.

6.2.1. Daño emergente.

En el libelo demandatorio se impetra la suma de “trescientos veintiséis millones de pesos ($326.000.000)”, como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, acorde con la cuantificación realizada por peritos, extraprocesalmente.

Efectivamente, se advierte que en autos obra experticio emitido por peritos designados por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, en el marco de una diligencia de inspección judicial anticipada(33), que señalan los perjuicios materiales sufridos por el actor (fls. 62 a 77, cdno. 1). Pudo establecer el juzgado “que se trata de una finca con cultivos de árboles frutales, sembrado de maíz con poco pasto, más bien enmontada o enmalezada el terreno, plano y de constitución arcillo arenoso, la construcción la comprende dos ranchones uno de los cuales cerrado con pañete de moñiga de vaca, que sirve de dormitorio y el (sic) en canilla que sirve de cocina y un comedor que hace de sala de recibo. Dichas construcciones son bastante nuevas, hecha en listones y vigas de madera acerrada, el techo es de palma en ambas construcción (sic). Se observan unas cercas de alambre (sic) púas con estacones que sirven de protección al cultivo de maíz para no ser invadido por animales” y la experticia cuantificó los daños y perjuicios en la suma que el actor pretende. Determinaron los expertos:

“El estado actual del inmueble es de enmalezamiento total, los caminos intransitables, la carretera principal destruida, no tiene ninguna división de potreros, no hay pastos, no hay maderables, las quebradas quedaron sin árboles, existen dos ranchos recién construidos, techos de palma, paredes de tablas, sobre pisos de concreto de una de las casas destruidas (...) según los señalamientos que encontramos habían dos pozas (sic) profundos, debidamente electrificados, cada uno de ellos entubados y con bomba sumergible eléctrica, que se utilizaba para riego de los cultivos y para agua potable de los residentes en las casas. Estos posos (sic) profundos inutilizados y destruidos. Así mismo se encuentra residuos demostrativos que el predio estaba dotado de luz eléctrica, tomada de la población de Maquencal (...) también existieron en la finca bosques de especies maderables (...) los cuales fueron derrivados (sic) y destruidos (...) quedan ciertos árboles frutales como palmeras de coco; los cultivos de plátano, naranjo, ñame y limones fueron destruidos. Según testimonios en este predio se sembraban cien hectáreas de maíz, cincuenta de sorgo, cien de ajonjolí y cincuenta de arroz, los cuales sufrieron una pérdida total”.

Sin embargo, en la diligencia de allanamiento, registro y decomiso a la finca “La Esperanza”, ubicada en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Montería, realizada por el Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar el 11 de septiembre de 1989, quedó consignado que en “la finca actualmente se encuentra en total descuido, los potreros sin rozar y se aprecian aledaños a la finca algunas que otras reses, algunas aves de corral, un perro bóxer, dos perros negros y otros perros negros pequeños de raza criolla (se resalta).

Siendo así, el dictamen practicado extraproceso, si bien cuantifica daños y perjuicios, no explica su concordancia con lo consignado en la diligencia a la que se hace mención, cuya acta no ha sido tachada de falsa ni contradicho su contenido, acorde con el cual no se encontró explotación alguna, ni vestigios de la misma, aunque sí algunas reses, aves y animales domésticos.

De otra parte, se advierte que la demandada no demostró haber devuelto el inmueble y los haberes incluidos en el mismo en igual número y calidad, con los incrementos y bajas dado el transcurso de tiempo entre la incautación y la entrega. Siendo así, para la Sala, aunque se encuentra demostrado el daño y por ende la obligación de indemnizarlo, el mismo no ha sido cuantificado y al respecto habrá de procederse.

6.2.2. Lucro cesante.

En la demanda se solicita por lucro cesante, la “suma dejada de percibir por la no explotación del bien durante el período que estuvo incautado, teniendo en cuenta que según los estudios técnicos del Incora, el predio La Esperanza hoy La Ponderosa tiene plena capacidad para producir un suma superior a los cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) anuales”.

Al respecto, obra en el plenario dictamen pericial practicado el 17 de febrero de 2000 (fls. 216 a 225, cdno. 1), que pretende demostrar que los ingresos dejados de percibir por el Señor Silvio Segundo Seña, durante el tiempo que la finca “La Ponderosa” estuvo incautada, ascendería a “$487’734.000”, tiempo en el que en términos del dictamen se causaron unos egresos por valor de “$88’816.000”, es decir que hubo un “Excedente de $398’918.000” (negrillas del texto).

En este punto, ha de reiterarse lo señalado al tratar el punto anterior, esto es, que a tiempo del allanamiento, en el inmueble no había vestigios de explotación, aunque sí “algunas que otras reses, algunas aves de corral, un perro bóxer, dos perros negros y otros perros negros pequeños de raza criolla. No se comprende, entonces, de dónde surge “un pie de cría aproximado que existía en la finca “La Ponderosa” representado en 50 vacas paridas, de las cuales 25 eran hembras y 25 machos (crías); 16 novillas de levante, 815 novillas de vientre, 4 toros”. De manera que habrá de descartarse el dictamen también en lo relativo al lucro cesante, particularmente si se considera que los expertos, once años más tarde, parten de un explotación económica sin sustento en el plenario, que nada tiene que ver con la evidencia que se deriva de la diligencia adelantada el 11 de septiembre de 1989 (se resalta).

Así las cosas, la Sala considera que el dictamen pericial que obra en el expediente, si bien no fue objetado por la demandada, no aporta la certeza necesaria y como en el expediente no se cuenta con otro elemento de juicio que permita valorar el monto de los perjuicios, no obstante su causación, la Sala dispondrá que se proceda a su cuantificación.

Lo anterior, porque el daño causado al actor aparece efectivamente demostrado, comoquiera que, si bien el predio no se encontraba en el estado de producción que pretenden hacer ver los peritos, —sin fundamento— si existían actos significativos de uso y goce, de donde, dada la responsabilidad de la demandada, mediante incidente, la parte actora podrá cuantificar la pérdida ocasionada por haberlos interrumpido. Al respecto la doctrina ha sostenido:

“Ahora bien, probada la existencia del daño en el proceso, de todas formas no se requiere probar en el mismo su cuantía para que la responsabilidad sea declarada. Como lo ha afirmado la jurisprudencia colombiana, “una cosa es la ausencia de prueba del perjuicio y otra cosa es la falta de los elementos para hacer su tasación”(34). En efecto, en el primero de los casos se profiere una decisión desestimatoria, en tanto que en el segundo una condena in genere, la cual se resuelve en un incidente de liquidación de perjuicios(35) que se permite en la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo(36). La diferencia entre los dos requisitos es importante, en la medida en que bien puede ocurrir que se pruebe el daño, pero sea difícil, por no decir imposible, probar su cuantía, caso en el cual, como ya se ha dicho, bien se puede aplicar el estándar mínimo del daño. Aún más, bien puede ocurrir, si se acepta la posición que aquí se toma, que en el incidente de liquidación de perjuicios el actor solicite que se aplique de oficio el estándar mínimo de daño, para que el juez desate el mismo en lugar de declarar extinguida la obligación y, también, que al igual que ocurre en el procedimiento civil, se inicie el abandono del incidente gracias a la técnica sugerida.

Es claro, entonces, que si se ha establecido la existencia del daño, su cuantificación es un problema secundario que en últimas puede suplirse por presunciones que tendrán por objeto expresar los estándares mínimos a los que ya nos hemos referido, y que serán aceptables en la medida en que la existencia del daño esté acreditada...(37).

Igualmente, el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo dispone:

“ART. 172.—Modificado. Ley 446 de 1998, art. 56. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o a la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.

En este punto, llama la Sala la atención sobre las deficiencias que se vislumbran en el acta misma de la diligencia, las que, en todo caso, no puede afectar a la parte actora por ser esta ajena a las mismas. Efectivamente, se echa de menos una cuantificación exacta de los elementos encontrados, incluyendo los animales y mayores referencias al estado de explotación del inmueble. De donde no queda sino condenar en abstracto para que el actor demuestre, con exactitud, el daño emergente y el lucro cesante efectivamente causados.

Conforme lo anterior, se señalarán los parámetros a seguir para la realización de la liquidación de los perjuicios materiales, así:

1. A través de un experto se realizará un estudio técnico sobre los terrenos de la finca denominada La Esperanza hoy La Ponderosa con el fin de establecer con base en los parámetros científicos y técnicos comúnmente aceptados, la capacidad de uso y manejo de los suelos, i) la cantidad de terreno apta para cultivos agrícolas y ii) cantidad de terreno apta para la explotación ganadera.

2. Una vez establecido lo anterior y con base en las pruebas adicionales que aporte el actor, se deberá establecer el estado de explotación del inmueble que revela el acta de 11 de septiembre de 1989.

3. De tratarse de ganado lechero se oficiará igualmente al Ministerio de Agricultura para que certifique el valor histórico del litro de leche sin procesar, con el fin de determinar el valor promedio durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1989 y el 4 de marzo de 1997, del número aproximado de reses encontradas en el inmueble. Una vez obtenidos dichos valores serán actualizados, según la fórmula reiteradamente utilizada por el Consejo de Estado para tal efecto, según la cual:

Vp= Vh * (I.final÷I.inicial)

Vp: Valor presente

Vh: Valor histórico

I. final: Índice final de precios al consumidor

I. inicial: Índice inicial de precios al consumidor

4. El resultado anterior será el valor de la indemnización a reconocer a favor del señor Silvio Segundo Seña Tamara, por concepto de indemnización de perjuicios materiales-lucro cesante. Los intereses se causarán y liquidarán siempre que se cumplan los presupuestos estipulados en los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

La liquidación deberá tener en cuenta los movimientos contables previos a la incautación y decomiso, las declaraciones de renta o cualquier otra prueba que permita concretar el perjuicio causado, el mercado referido a la producción agrícola y ganadera. Dentro del marco de lo efectivamente existente en el inmueble.

De este modo, se condenará en abstracto a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Silvio Segundo Seña Tamara, las sumas dejadas de percibir por la incautación injusta de la finca denominada La Esperanza hoy La Ponderosa de su propiedad entre el 11 de septiembre de 1989 y el 4 de marzo de 1997, con sujeción a los parámetros expuestos en precedencia.

En consecuencia, en incidente se deberá promover por separado por la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de la notificación del auto que ordene cumplir lo dispuesto en esta sentencia y en los precisos términos del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, deberá establecerse el monto de los ingresos que dejó de percibir el señor Silvio Segundo Seña Tamara por la incautación y decomiso de la finca de su propiedad.

5. El actor, a su vez, presentará elementos de convicción suficientes sobre el número de reses, animales domésticos y aves de corral existentes en el inmueble incautado, a tiempo de la diligencia y ocupación, que también podrá establecerse mediante dictamen pericial, el cual no podrá desconocer las referencias que constan en la diligencia, además de incrementos y pérdidas que resulten del caso, a efectos de cuantificar el daño emergente.

8. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de noviembre de 2002 y en su lugar se dispone:

1. DECLAR patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales causados a la finca denominada La Esperanza hoy La Ponderosa de propiedad del señor Silvio Segundo Seña Tamara, durante el tiempo en que estuvo incautada y decomisada.

2. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante a favor del señor Silvio Segundo Seña Tamara, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3. DÉSE cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(3) El 13 de noviembre de 1998, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $18’850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $326’000.000, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

(4) Copia auténtica de las Escrituras Públicas números 958 de 9 de septiembre y 1512 de 30 de diciembre 1986 de la Notaría Segunda del Círculo de Montería, visibles a folios 8 a 27 del cuaderno 1 del tribunal.

(5) Anotación 2 Fecha: 28-01-87 Radicación 518. Es de anotar que la escritura a la que se refiere la anotación fue aportada por el actor folios 8 a 27, cuaderno 1.

(6) Anotación 4 Fecha: 28-01-87 Radicación 519. La escritura 1512 de 30 de diciembre de 1986 se puede consultar a folios 8 a 27, cuaderno 1.

(7) Folios 2 a 4 cuaderno 3.

(8) Folios 5 y 6 cuaderno 3.

(9) Folios 13 a 15 cuaderno 3.

(10) Folios 17 - 18 y 46 - 47 cuaderno 3.

(11) Folio 34 cuaderno 1.

(12) Auto de 6 de agosto de 2009, expediente 36.834, sentencia de 7 de julio de 2011 expediente 22.462, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez, entre muchas otras decisiones.

(13) Sentencia C-831 de agosto 8 de 2001; M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(14) Al respecto, ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12.200 y autos de 12 de diciembre de 2007, expediente 33.532 y de 6 de agosto de 2009, expediente 36.834, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, entre otras decisiones.

(15) Ricardo de Ángel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, edit. Civitas, 1993. 3ª ed., pág. 154.

(16) “Anotación 8 Fecha: 25-11-96 Radicación 96-10825.

Oficio 4848 del 15-11-96 Fiscalía Dirección Regional de Medellín Valor Acto $

Especificación: 915 Otros entrega en forma definitiva

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Fiscalía General de la Nación-Dirección Regional de Medellín

A: Fondo Nacional Agrario”.

(17) “Anotación 10 Fecha: 04-03-97 Radicación 97-1572

Oficio 03234 del 18-02-97 Dirección Nacional de Estupefaciee (sic) de antafe (sic) de Bogotá Valor acto $

Especificación: 915 Otros cancelación incautación de bien

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Policía judicial orden público unidad investigativa-Córdoba

A: Seña Tamara Silvio Segundo X.

Anotación 11 Fecha: 04-03-97 Radicación 97-1572

Oficio 03234 del 18-02-97 de estupefaciente de Santafé de Bogotá valor acto $

Especificación: 915 Otros cancelación destino en forma provisional

Personas que intervienen en el acto (la X indica la persona que figura como propietario)

De: Dirección nacional de estupefacientes

A: Fondo Nacional Agrario”. Folios 57 a 59 cuaderno 1.

(18) Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(19) Sentencia de 12 de octubre de 2011, expediente 21403, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(20) Ibídem.

(21) Expediente 16768, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(22) Decreto 2700 de 1991. “ART. 329.—Término para la instrucción. <Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 81 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> El funcionario que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento.

El término de instrucción que corresponda a cualquier autoridad judicial no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación.

No obstante si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de treinta (30) meses.

Vencido el término, la única actuación procedente será la calificación.

PAR. TRANS.—Los procesos que al entrar en vigencia de la presente Ley se encuentren en curso se calificarán según los siguientes términos:

Los procesos cuya etapa de instrucción no exceda de seis (6) meses se calificarán según los términos establecidos en el presente artículo.

En los procesos en los cuales hubiere transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses sin exceder de dieciocho (18) en etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de doce (12) meses.

Los procesos en los cuales hubiere transcurrido un término igual o mayor a dieciocho (18) meses sin exceder de cuarenta y ocho (48) en etapa de instrucción, se calificarán en un término no superior a ocho (8) meses.

En los eventos contemplados en los dos incisos anteriores, cuando se trate de tres (3) o más delitos o sindicados, el término de instrucción allí previsto se aumentará hasta en las dos terceras partes.

En los procesos en los cuales haya transcurrido un término igual o superior a cuarenta y ocho (48) meses sin exceder de sesenta (60) en etapa de instrucción, el término disponible para la calificación será de cuatro (4) meses.

Los procesos en cuya etapa de instrucción haya transcurrido un término igual o superior a sesenta (60) meses se calificarán en un término no mayor de dos (2) meses.

Esta disposición regirá también para procesos por delitos de competencia de los jueces regionales.

(23) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(24) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039, C.P. Jorge Valencia Arango.

(25) Sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente AG-520012331000200200226-01. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Posición reiterada en sentencia de 21 de marzo de 2012, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 24250, entre otras providencias relacionadas con los hechos de los atentados del municipio de Cravo Norte (Arauca).

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, radicado 18001-23-31-000-1997-01028-01(23803) C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco de octubre de 1989, expediente 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo. C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(28) Expediente AG-001. C.P. Alier E. Hernández Enríquez. Criterio reiterado en la sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 14.526.

(29) Sentencias del 5 de octubre de 1989, expediente 5320, del 9 de noviembre de 1994, expediente 9367,

C.P. Carlos Betancur Jaramillo y del 11 de noviembre de 1999, expediente 12.652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, expediente 11.892, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(31) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15.351.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, radicado 76001-23-31-000-1996-02035-01(17119), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(33) Ley 446 de 1998, ART. 10.—“Solicitud, aportación y practica de pruebas. Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas:

1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente.

2. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.

3. Las partes y testigos que rindan declaración podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres (3) días a las partes, sin necesidad de auto que lo ordene.

4. Las personas naturales o jurídicas sometidas a vigilancia estatal podrán presentar informes o certificaciones en la forma establecida en el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil”.

(34) [20] Consejo de Estado col., Sección Tercera, 10 de septiembre de 1993, C.P. Montes Hernández, actor: Aurelio Tobón Mejía, expediente 6144.

(35) [21] Consejo de Estado col., Sección Tercera, 14 de septiembre de 1990, C.P. Betancur Jaramillo, actor: Ismael Alvarado Peña, expediente 5707.

(36) [22] Ver a nivel de ejemplo reciente: Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de mayo de 1997, C.P. Suárez Hernández, actor: Carmen Dolores Muñoz de Rey y otros, expediente 11131: “No hay duda en relación con el daño sufrido por los demandantes y que este consistió en el saqueo total de las mercancías que los demandantes tenían en los almacenes de su propiedad, así como en la casa de habitación del señor Rebolledo. Pero, en el proceso no existen los elementos probatorios necesarios para cuantificar ese perjuicio; en consecuencia, conforme lo dispone el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, la condena se ordenará in genere, para que sobre las bases que adelante se señalan y mediante el trámite incidental, se proceda a su liquidación”; 22 de mayo de 1997, C.P. Hoyos Duque, actor: Luz Bernal de Pedraza y otros, expediente 10057; 3 de abril de 1997, C.P. Suárez Hernández, actor: Carlos Obdulio Castellanos, expediente 11093.

(37) Henao Pérez, Juan Carlos, El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en derecho colombiano y francés, Bogotá-1998, págs. 42 y 43.