Sentencia 1998-11016 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 23001-23-31-000-1998-11016-01

Expediente: 24193

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Aníbal Antonio Ortiz Naranjo y otros

Demandado: Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales.

Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a daños morales subjetivos, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

De la legitimación activa y pasiva en la causa.

La legitimación por activa se encuentra acreditada en relación con el demandante el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, ya que este tiene un interés directo y real sobre las resultas del proceso por haber sufrido un presunto daño por el accionar de la entidad demandada. Igualmente, sus hijos Marolyn Enith Ortiz Ávila (fl. 31, c. 32), Caroline Ortiz Ávila fl. 33, c. 2) y Aníbal Andrés Ortiz González (fl. 32, c. 2), se encuentran legitimados por activa parentesco que se ha demostrado con copia auténtica del folio de registro civil de nacimiento.

Respecto a su cónyuge, la señora Mareloy Ávila Lugo, quien intentó acreditar dicha condición con el demandante a través de la partida de eclesiástica de matrimonio (fl. 30, c. 2), se advierte que este documento no constituye prueba idónea del estado civil de casados según el Decreto 1260 de 1970(3). No obstante, como obran en el proceso los registros civiles de sus hijos en común (Marolyn Enith Ortiz Ávila (fl. 31, c. 32 y Caroline Ortiz Ávila fl. 33, c. 2) y los testimonios de los señores Alfredo de Jesús Ramírez Quintero (fl. 415, c. 2) y Atalia Narváez de Anaya (fl. 454, c. 2), quienes reconocen a la señora Mareloy como esposa y madre de sus referidos hijos, se puede inferir razonablemente sus vínculos de solidaridad mutua y, por ende, se la tendrá como tercera damnificada.

La legitimación pasiva se encuentra cuestionada por la parte demandante al estimar que ella no es la directamente causante del daño. Empero, debido a que la excepción de falta de legitimación pasiva estudia directamente el fondo de la causa, dicho análisis se realizará en el juicio de responsabilidad estatal, a efectos de determinar si el daño es imputable a la administración y, concretamente, a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

No obstante, a efectos de determinar ab initio la legitimación pasiva en el sub lite, es importante señalar que a la luz de los artículos 266 de la Constitución Política y 9, 26, 47, 48, 80, 83, 85, 157 y 170 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), se infiere una competencia administrativa radicada en la Registraduría Nacional del Estado Civil como autoridad de la organización electoral (art. 9), toda vez que tiene la función de “organizar y vigilar” el proceso electoral (art. 26). En consecuencia, en cada municipio hay “un (1) Registrador Municipal del Estado Civil, quien tendrá la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral” (art. 47) cuyas funciones, entre otras, es “atender la preparación y realización de las elecciones” (art. 48 no. 2) y, en efecto, participa activamente en el proceso electoral en sus diferentes etapas a través de la creación de censos electorales, inscripción de cédulas y listas de sufragantes (arts. 76-87), inscripción de candidaturas (art. 88-98) y, para el caso particular, en los escrutinios distritales, municipales y zonales, ya que en estos los Registradores Distritales y Municipales actúan como secretarios de las comisiones escrutadas (art. 157).

En suma, siendo la Registraduría Nacional del Estado civil una autoridad administrativa de la organización electoral que participa activamente por mandato de la Constitución y la ley en el proceso electoral y cuyas acciones son determinantes para proferir el acto administrativo de elección —como se demostrará en el fondo de la presente sentencia— se encuentra establecida la legitimación por pasiva.

De la caducidad de la acción.

En el caso sub lite no operó la caducidad de la acción, habida cuenta que si bien es cierto los hechos objeto del proceso sucedieron el 3 de noviembre de 1994 (fecha en la cual se declaró elegido al señor Marciano Argel Yañez, fl. 76 y 77 c. 2), solo se pudo conocer por el demandante que esta determinación era espuria y que causaba un posible daño antijurídico hasta el 7 de mayo de 1997 (fecha en la que el Tribunal Administrativo de Córdoba, practicó nuevos escrutinios y declaró elegido al señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo como Alcalde del Municipio de Tierralta, Córdoba otorgándole su respectiva credencial/acta de declaración del Tribunal Administrativo de Córdoba (fl. 39 o 500 c. 2). Ahora bien, como la demanda fue incoada el 11 de diciembre de 1998, (fl. 1-25, c. 2) resulta claro que fue interpuesta dentro del término de los dos años que otorga el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A. (Decreto 1º de 1984).

De la procedencia de la acción de reparación directa en el caso concreto.

La acción de reparación directa es el recurso judicial idóneo y efectivo para salvaguardar la situación jurídica infringida en el presente caso, habida salvaguardar la situación jurídica infringida en el presente caso, habida cuenta de que la acción electoral no tiene vocación de restablecimiento del derecho ni de reparación integral del daño producido, máxime, cuando a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del acto de elección, surge un interés legítimo del afectado en la reparación del posible daño.

No obstante, la acción electoral(4) sí era el recurso adecuado para demandar la nulidad del acto administrativo de elección en los términos de los artículos 228 y 229 del CCA.

Frente a lo anterior, es importante señalar que la Sección Tercera ha admitido la acción de reparación directa como la vía procesal idónea para el asunto propuesto en la demanda. Al respecto, en el año de 2007, al resolver sobre pretensiones reparatorias, también en razón de la previa declaratoria de la nulidad de un acto electoral, señaló(5):

La acción electoral tiene como sustrato el mismo establecido para las acciones de simple nulidad, tanto es así que aquélla se puede ejercer con fundamento en las causales generales de anulación (art. 84 del C.A.), o las específicas del artículo 223 ibídem. De tal suerte que la estructura de la acción electoral constituye, en sí misma, una acción de simple nulidad y, por ende, solo sirve para invalidar actos administrativos que se refieren a la elección o nombramiento realizados para determinados cargos públicos.

Así las cosas, resulta perfectamente lógico que se ejerza la acción de reparación directa para solicitar la indemnización de perjuicios derivados, supuestamente, de los efectos producidos por un acto declarado ilegal. En otros términos, que mediante la correspondiente demanda no se pretenda controvertir la legalidad de un acto administrativo que inclusive, ya fue declarado nulo, sino la indemnización de un daño antijurídico del cual se tuvo conocimiento, precisamente, una vez ejecutoriada la decisión que declaró nulo —en un proceso de nulidad electoral— un determinado acto administrativo de escrutinio.

Se asimiló en la decisión que se trae a colación, la declaratoria previa de nulidad con la revocatoria directa por parte de la administración, al punto que se consideró pertinente reiterar un pronunciamiento también de esta Sección, en este sentido:

La jurisprudencia de la Sección, en su supuesto similar —actos administrativos revocados directamente por la propia administración— al que ocupa la atención de la Sala, ha sido coherente en señalar que la acción procedente para solicitar la correspondiente indemnización de perjuicios derivada de tal circunstancia, es la de reparación directa. En efecto, sobre el particular, en la mencionada oportunidad, se puntualizó:

La corporación considera que el criterio sostenido por el tribunal de instancia para considerar inepta la demanda por equivocada escogencia de la acción por parte del actor, no es de recibo, frente a la filosofía consagrada constitucionalmente en materia de prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental, pues si bien es cierto que, cada una de las acciones, más técnicamente pretensiones, contenidas y disciplinadas en el Código Contencioso Administrativo, responden a un supuesto de hecho debidamente delimitado en dicho código de procedimiento, diferenciándose claramente la acción de reparación directa, fundamentalmente por la circunstancia de que la primera es procedente cuando al restablecimiento del derecho se ha de llegar previa declaratoria de ilegalidad del acto cuya nulidad se demanda en tanto que la órbita de acción directa, no reclama declaratoria de ilegalidad de acto administrativo alguno como condición para su prosperidad, no lo es menos que, en un caso como el presente, la circunstancia de que se hayan proferido actos administrativos y posteriormente se hayan revocado, ha de ser necesariamente considerada, en orden a la determinación de la vía procesal idónea y adecuada para el reconocimiento de los perjuicios que se demandan. En el sub-lite la vía procesal con que cuenta el administrado para hacer valer su derecho sustancial es indudablemente la acción de reparación directa. Y no se diga que como el eventual perjuicio sufrido por el demandante encuentra su origen en un acto administrativo la única vía procesal para el reconocimiento de los perjuicios derivados del acto es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello vulneraría el derecho del justiciable a utilizar la figura de la revocatoria directa en sede administrativa y ello en manera alguna puede sostenerse. En conclusión: la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa, cuando la parte afectada ha solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de la actuación administrativa.

En esa perspectiva, con tal determinación se garantiza el acceso efectivo a la administración de justicia, postulado éste consagrado en el artículo 229 de la Carta Política(6), en tanto se permite que la parte actora acuda a solicitar la reparación de un perjuicio del cual se tiene conocimiento una vez se declara la nulidad de un determinado acto administrativo. Lo anterior, por cuanto es claro que una vez queda ejecutoriada la decisión que retira del ordenamiento jurídico un determinado y específico acto administrativo —censurado a través de las acciones de simple nulidad o de nulidad electoral—, es el mismo, circunstancia por la cual, es a partir de ese preciso momento que debe iniciarse el cómputo de caducidad de la acción de reparación directa para reclamar los eventuales perjuicios que pudo causar el acto administrativo declarado nulo (se destaca)(7).

II. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

El 30 de octubre de 1994, se realizaron las elecciones para gobernador, alcalde, asamblea departamental y concejo en el municipio de Tierralta, Córdoba, en donde el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo se presentó como candidato para la Alcaldía de esa localidad (diligencias de escrutinio municipal, fl. 69-73, c. 2 y acto administrativo de declaración de elección de alcalde, fl. 76 y 77 del c. 2).

El 30 de octubre, y 2 y 3 de noviembre de 1994, se practicaron los escrutinios municipales de los votos emitidos en el municipio de Tierralta, Córdoba para Gobernador, Alcalde, Asamblea y Concejo, de los comicios efectuados el 30 de octubre de 1994. En estas diligencias se produjeron varios reclamos realizados por el hoy demandante, el señor Aníbal Antonio Ortiz, por posibles irregularidades los cuales fueron aducidos a la luz de los artículos 122, 144 y 192 del Código Electoral. La comisión escrutadora estaba compuesta, entre otros, por el Registrador Municipal, señor Néstor Tabares Muñoz (diligencias de escrutinio municipal, fl. 69-73 c. 2).

El 1º de noviembre de 1994, concluido el escrutinio de las mesas de votación y hecho el cómputo de los votos, la comisión escrutadora municipal de Tierralta, Córdoba integrada, entre otros, por el Registrador Municipal, señor Néstor Tabares Muñoz, declaró elegido como alcalde popular a Marciano Argel Yánez para el periodo constitucional 19995 y 1997 (acto administrativo de declaración de elección de alcalde, fl. 76 y 77, c2).

El 1º de enero de 1995, el señor Marciano Argel Yánez tomó del cargo de alcalde de Tierralta, Córdoba, ante el despacho del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de ese municipio (copia auténtica del acta de posesión del señor Marciano Argel Yánez, fl. 37, c.2), cargo en el que permaneció hasta el 7 de mayo de 1997 (certificado del jefe de personal municipal de Tierralta, Córdoba, fl. 40, c.2).

El señor Marciano Argel Yáñez como alcalde del municipio de Tierralta Córdoba, devengó un sueldo mensual de $ 1.440.000 en 1995, $ 1.728.000 en 1996 y $ 2074.000 en 1997, con sus respectivas primas de navidad y vacaciones, las cuales ascendieron respectivamente a $ 1.440.000 y $ 720.000 para 1995; $ 1.728.000 y $ 864.000 para 1996 y $ 731.661 y $ 365.831 para 1997. Por su parte, las cesantías ascendieron a $ 4.879.661. (2.074.000 x 847 días). Todo esto para un total de $ 57.525.086 (certificación de la jefe de personal municipal de Tierralta, Córdoba, fl. 34, y certificación de la Contraloría Municipal de Tierralta, Córdoba, fl. 42, c.2).

El señor Marciano Argel Yañez en su calidad de alcalde del municipio de Tierralta Córdoba, durante su periodo, viaticó en misión oficial de la siguiente manera: $ 6.128.500 para el año 1995; $ 10.359.195 en 1996 y $ 2.923.600 en 1997 (certificación de la tesorera municipal del municipio de Tierralta, Córdoba, fl. 35, c.2).

El 28 de noviembre de 1994, debido a las irregularidades que se cometieron en el proceso de elección del alcalde de Tierralta, Córdoba, para el periodo constitucional 1995-1997, el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, en ejercicio de la acción pública electoral demandó la nulidad del acto administrativo de elección del señor Marciano Argel Yañez (fl.43-66, c.2).

El 8 de febrero de 1996, mediante sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo (fl 247-267, c.2).

El 30 de mayo de 1996, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con Ponencia de magistrado Amado Gutiérrez Velásquez, revocó la sentencia del tribunal y, en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección del señor Marciano Argel Yañez y ordenó la práctica de nuevos escrutinios. Esta providencia calificó a las actuaciones ilegales relacionadas en él, como un “complejo proceso de fraude electoral” acreditado con las pruebas obrantes en el proceso (fl. 310 a 339, c.2).

Una de las claras irregularidades que conllevaron a la nulidad del acto administrativo de elección del señor Marciano Argel Yáñez por parte de Sección Quinta del Consejo de Estado, fue la inscripción ilegal de cédulas de ciudadanía lo cual quedó plenamente acreditado en el proceso electoral a través de prueba pericial de dactiloscopistas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (aparte de la sentencia en donde señala esa irregularidad, fl. 330, c.2, en relación con el dictamen pericial que obra a fls. 166-175, c.2).

Igualmente, esta inscripción ilegal de cédulas quedó acreditada con la declaración del señor Alfredo Ramírez Quintero, quien para el momento de los hechos se desempeña como contralor de Tierralta, Córdoba, y quien afirmó lo siguiente:

Pregunto: Al principio de esta declaración usted hizo referencias a unas anomalías que se presentaron en todo el proceso electoral para elegir en el periodo 1995 a 1997 en el municipio de Tierralta; sírvase usted explicarle a este tribunal todo cuando usted sepa y le conste acerca de las anomalías en mención y que manifestó ser testigo de ellas. Contestó: como ya dije antes, a raíz de que la oficina donde yo trabajaba quedaba al lado de la Registraduría, pude observas (sic) con suprema claridad las anomalías que se presentaron en la inscripción de cédulas como quedó plenamente demostrado dentro del proceso de la demanda que instauró el señor Aníbal Ortiz ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. En ese entonces yo denuncié una serie de irregularidades como Contralor que se estaban presentado entre el registrador Néstor Tabares y el Alcalde de ese entonces, el difunto Edison Salcedo Q.E.P.D. ya que a mi oficina llegaban cuentas canceladas a la Registraduría por conceptos de papelerías, de muebles y en una gran cantidad de sumas que cuando uno hacía las inspecciones a la Registraduría, era de suma notoriedad que eran cuentas falsas, inclusive personalmente yo estuve ante el registrador de aquí de Montería, manifestándole las irregularidades que se estaban presentando en Tierraalta, a lo que me contestó que si no había impedimentos de inhabilidades o incompatibilidades no podía cambiar al Registrador ni podía solicitarle al Gobernador que encargara un alcalde ad–hoc para proseguir las elecciones de Tierralta, lo que finalmente se consiguió, ya que había un aspirante al Concejo familia del difunto alcalde llamada Maritza del Castillo, con esto se consiguió que se nombrara al señor Óscar Rodríguez como alcalde ad-hoc para que presidiera las elecciones de Tierraalta únicamente el día de las elecciones. Los hechos o anomalías fueron tan notorios que por poner un ejemplo, el señor Aníbal Ortiz el día de las elecciones a las 11 de la noche iba ganando la alcaldía por más de mil votos y su coalición iba sacando 9 concejales y al día siguiente a las 7 de la mañana iba perdiendo la alcaldía más o menos por la misma diferencia de mil votos y apenas quedó con dos concejales, esto conllevó a que el pueblo de enfurecido tratara de quemar oficinas de la Registraduría, pero gracias a Dios el señor Aníbal Ortiz logró apaciguar los ánimos de sus seguidores, inclusive, las manifestaciones se prolongaron alrededor de cinco días después de las elecciones y se tuvo que militarizar el municipio de Tierralta para evitar consecuencias graves” (fl. 417, c.2).

Frente a la sentencia del 30 de mayo de 1996 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el señor Marciano Argel Yánez, el 19 de junio 1996, presentó recurso extraordinario de súplica (fl. 342-353, c.2).

El 18 de marzo de 1997, la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, con Ponencia del magistrado Carlos Arturo Orjuela Góngora, resolvió que “no prospera el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el señor Marciano Argel Yáñez contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 1996 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado” (fl. 364-376, c.2). Esta providencia quedó ejecutoriada el 28 de abril de 1997, según constancia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (fl. 383, c.2).

El 7 de mayo de 1997, en ejecución de la sentencia del 30 de mayo de 1996, antes referida, el Tribunal Administrativo de Córdoba practicó nuevos escrutinios de los votos para el periodo 1995-1997 y declaró elegido al señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo como alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, y le otorgó su respectiva credencial. Como consecuencia lógica, declaró sin valor ni efecto la credencial expedida a favor del señor Marciano Argel Yañez, (acta de escrutinios de los votos emitidos para elegir alcalde de municipio de Tierralta, Córdoba, para el periodo 1995-1997, fl. 495-499, y declaración del Tribunal Administrativo, fl. 500, c.2).

El núcleo familiar del señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, está conformado por su cónyuge, la señora Mareloy Ávila Lugo, quien intentó acreditar dicha condición con la partida de matrimonio (fl. 30, c.2), y por sus hijos Marolyn Enith Ortiz Ávila Caroline Ortiz Ávila y Aníbal Andrés Ortiz González, quienes acreditaron su filiación con copia auténtica de los folios del registro civil de nacimiento, (fl 31,33 y 32, c.2, respectivamente).

Respecto a su cónyuge, la señora Mareloy Ávila Lugo se tendrá como tercera damnificada como se refirió en el acápite de presupuestos procesales en lo atinente a legitimación por activa.

Tanto el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo como su núcleo familiar cercano sufrieron perjuicios morales y materiales con ocasión de la pérdida de la Alcaldía de Tierralta a causa del fraude electoral. Ello fue referenciado por la declaración de la señora Atalia Narváez de Anaya, de la siguiente manera:

Preguntado: Sírvase decir la declarante si le consta o no los sufrimientos que han tenido que soportar y seguir soportando el matrimonio Ortiz-Avila, como consecuencia del fraude de que fueron objeto en las elecciones para alcalde de Tierraalta en el periodo 1995-1997. Contesto: “si me constan los sufrimientos que tuvieron que soportar ese matrimonio porque cuando uno está en un proceso electoral, gasta dinero, gasta tiempo, se gasta la salud, pierde la tranquilidad, y moralmente se destruye mucho cuando le cometen un fraude sabiendo que uno se ha ganado esa elección, esa elección que Aníbal Ortiz, sabía que se la había ganado, porque quedó gente sin votar cuando llegó la hora del cierre de las elecciones, que ivan (sic) a votar por Aníbal, mientras que sus rivales ya se encontraban recogidos; entonces se pierde hasta la privacidad de la familia, y al sentirse impotente ante el fraude ese es un golpe moral y emocional muy fuerte, Por la amistad que existe entre la familia de Aníbal Ortiz y mi persona, he ido enterándome de todo lo que él y su familia tuvieron que soportar como consecuencia de ese fraude de que fueron víctimas (fl. 454-455, c.2)

IV. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar, si con ocasión de la elección fraudulenta del señor Marciano Argel Yáñez, como alcalde municipal de Tierralta (Córdoba) para el periodo constitucional 1995 - 1997, la cual fue declarada nula por la sección de esta corporación, se configuró un daño antijurídico al candidato Aníbal Antonio Ortiz Naranjo y a su círculo familiar cercano, imputable a la acción u omisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil o si, por el contrario, los perjuicios que devienen del supuesto daño no son atribuibles a esta entidad.

(sic) VI. Análisis sobre la antijuridicidad del daño

Según lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado solo está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala, con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia española, que “equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en obligación de soportar (…)”(8). En consecuencia, “solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga”(9).

En el caso concreto, el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo sostiene que sufrió un daño antijurídico, consistente en que no pudo ejercer el cargo de alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, para el periodo constitucional comprendido entre el 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997(10), a causa de irregularidades en el proceso electoral atribuibles a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Puntualiza, que estas anomalías permitieron al candidato Marciano Argel Yáñez obtener fraudulentamente el cargo que inexorablemente él hubiese ocupado entre el 1º de enero de 1995 y el 7 de mayo de 1997.

De manera que, según lo dicho por la parte actora, el daño es antijurídico porque el señor Ortiz Naranjo no estaba obligado a soportar las consecuencias generadas por las irregularidades cometidas durante el proceso electoral.

Estima la Sala que el daño se encuentra suficientemente acreditado en el sub lite, ya que de los medios probatorios que obran en el proceso, ampliamente referenciados en el acápite de hechos probados, se puede inferir que el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo no pudo ejercer el cargo de alcalde de Tierralta, Córdoba, debido a la irregular, fraudulenta y nula elección del señor Marciano Argel Yañez (fl. 76 y 77, c.2), declarada de esta manera por la Sección Quinta de esta corporación con efectos de cosa juzgada (fl. 310-339 c2). Por lo anterior, se puede colegir de manera razonable que el demandante sufrió en daño o lesión de un interés legítimo, patrimonial y/o extrapatrimonial que no estaba en la obligación jurídica de soportar, consistente en que no fue declarado efecto alcalde de municipio de Tierralta para el periodo constitucional 1995-1997 cuando tenía el derecho legítimo de hacerlo. En efecto, dejó de ostentar esa posición entre el 1º de enero de 1995 y el 7 mayo de 1997, con los consecuentes perjuicios materiales e inmateriales que ello conlleva.

Al respecto, es importante señalar que el 7 de mayo de 1997, en ejecución de la providencia del 30 de mayo de 1996 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Córdoba practicó nuevos escrutinios de los votos para el periodo 1995-1997 y declaró elegido al señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo como alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba otorgándole su respectiva credencial. En consecuencia, declaró sin valor ni efecto la credencial expedida a favor del señor Marciano Argel Yañez, (acta de escrutinios de los votos emitidos para elegir alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, para el periodo 1995-1997, fl. 495-499 y declaración del Tribunal Administrativo fl. 500, c.2).

Este hecho es jurídicamente relevante, ya que deja probado que si no hubiese acaecido el fraude electoral, el señor Aníbal Ortiz Naranjo Ortiz inexorablemente hubiere accedido al cargo y devengado los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir.

Aunado a lo anterior, estima la Sala que en el sub lite el daño se concreta también en la vulneración de derechos fundamentales de carácter político que le asistían al demandante, los cuales al estar consagrados en diversos instrumentos internacionales(11) el derecho constitucional(12), son posiciones jurídicas tutelares de la dignidad humana de la persona individualmente considerada y eje fundamental de la democracia constitucional colombiana, que vinculan inexorablemente de derechos humanos CIDH considera que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención”(13).

Ahora bien, frente al contenido de los derechos políticos la precipitada corte en el caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, señaló que:

“144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país.

145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la convención no solo establece que sus titulare deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades” Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara este tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación(14).

146. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.

147. Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

148. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegidos supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.

149. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegidos deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa(15).

150. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación (negrillas fuera de texto)”.

En congruencia con este antecedente y del bloque de constitucionalidad de derechos políticos, es importante señalar que la vulneración del derecho fundamental a “ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, resulta que este caso clara y ello constituye un daño antijurídico del cual surge la obligación de reparar, si, es atribuible e imputable a la acción u omisión de la autoridad demandada, como se entra a estudiar.

VII. La imputación del daño a título de falla del servicio

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño deviene atribuible o endilgable por acción u omisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que he dicho daño se derivan o si, por el contrario, no es atribuible a la demandada.

La jurisprudencia de esta corporación, al analizar el fenómeno de la imputación desde el plano de lo material o fáctico y desde el punto de vista jurídico, ha discurrido de la siguiente manera(16):

Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la Administración Pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción y omisión pues precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

“En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño otra cosa diferente e que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(17).

“Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v. gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(18).

“En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

“En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y concretamente, a quien resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

Ahora bien, teniendo en cuenta la dogmática de la imputación desde la perspectiva fáctica y jurídica delineada por esta corporación, a continuación pasa la sal a dilucidar con base en los medio de prueba disponibles el por qué en el presente caso el daño es imputable o atribuible a la demandada.

Frente a ello es importante señalar que la defensa de la entidad demandada en el recurso de apelación sostuvo que el daño no le es atribuible, habida cuenta que quien tomó la decisión de declarar elegido al señor Marciano Argel Yáñez como alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, en el proceso electoral del 30 de octubre de 1994 fue la Comisión Escrutadora, pues es esta quien en últimas produjo el acto administrativo de elección que resultó declarado nulo por la Sección Quinta de esa corporación. En consecuencia lógica, el daño no sería endilgable a ella, máxime cuando “corresponde únicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el montaje de toda una infraestructura y organización de las elecciones”.

Estos argumentos no son de recibo por la Sala, habida cuenta que la de la Constitución Política(19) y del Colegio Electoral (Decreto 2241 de 1986) se infiere una competencia administrativa radicada en la Registraduría Nacional del Estado Civil como autoridad de la organización electoral para organizar y vigilar los procesos electorales municipales, a efectos de que los comicios sean transparentes y garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores.

Para determinar la atribución e imputación de la responsabilidad en el presente caso, es menester traer a colación los artículos 9, 47, 56, 78, 83 y 157 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986)(20) y contrastarlo con las irregularidades que se cometieron en el proceso electoral que fueron probadas por la sentencia del 30 de mayo de 1996 emanada de proferida por la Sección Quinta de esta corporación, que ocasionaron la nulidad del acto administrativo de elección del señor Marciano Argel Yáñez.

Atendiendo a las normas citadas, resulta meridianamente claro que la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del registrador municipal y sus delegados, tienen múltiples funciones en el proceso electoral siendo las principales, entre otras, las de organizar y vigilar la organización electoral, inscribir y registrar las cédulas de los electores, y preparar y realizar las elecciones. Aunado a lo anterior, siendo el registrador municipal el secretariado de la comisión escrutadora, y atendiendo a su función de vigilancia del proceso electoral, resulta imperioso afirmar que este tiene una inobjetable responsabilidad en las decisiones que esta comisión adopte, máxime cuando tiene la obligación de vigilar los procesos electorales.

Pues bien, en el caso concreto, teniendo presente el conjunto de las competencias de la Registraduría y confrontándolas con las irregularidades que quedaron acreditadas en la sentencia de la Sección Quinta (fl. 310-339, c2), es forzoso concluir que la demandada si tuvo participación e injerencia en ese “complejo fraude electoral”, En efecto, además de lo anterior señalado, en el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía resultó probado lo siguiente:

i) Sufragaron personas con cédulas inscritas ilegalmente a través de “dictámenes rendidos por los peritos dactiloscopistas de la Registraduría Nacional del Estado Civil que intervinieron en la diligencia de inspección judicial practicada sobre las tarjetas decadactilares, correspondientes a las cédulas que fueron inscritas para sufragar en el perímetro urbano y algunos corregimientos de Tierralta en los comisión del 30 de octubre de 1994 y a los formularios de inscripción (E3) correspondientes” En efecto, entre el 1º de julio y el 30 de agosto de dicho año (1994) fueron inscritas en el municipio de Tierralta, a través de la imposición de una huella dactilar que no correspondía a la del índice de la mano derecha de los titulares, un total de 227 cédulas, con la que se produjo falsedad de las listas de sufragantes (formulario E 10) de las mesas que se instalaron en ese municipio para los comicios del 30 de octubre de 1994, pues para su conformación se tomó en cuenta esa falsa inscripción (fl. 330, c.2).

ii) “También fueron inscritas 1509 cédulas con impresión digital indeterminable pues no se pudo establecer si a ese acto concurrieron los titulares de los respectivos documentos por cuanto no fue posible efectuar el cotejo técnico dactiloscópico por deficiencias al tomar la impresión del índice derecho en el formulario E3”. (fl. 333 y 334, c. 2.)

En conclusión, el daño en el sub lite es imputable o atribuible a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que las fallas en el servicio producidas tanto en el proceso de inscripción de cédulas, que era su entera competencia, como en el desarrollo del proceso electoral, tal como quedó acreditado en la sentencia de la Sección Quinta de esta corporación, como en este proceso, fueron determinantes y esenciales para la declaratoria de nulidad del acto administrativo de elección del señor Marciano Argel Yáñez, con los consecuentes daños al demandante.

El nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño

El nexo causal es la determinación de que un hecho es la causa de un daño. En esa medida, en aras de establecer la existencia del vínculo causal es necesario determinar si la conducta imputada a la administración, en este caso a la Registradoría Nacional del Estado Civil, fue la causa eficiente y determinante del daño que dice haber sufrido el señor Aníbal Ortiz Naranjo, con miras a que les sean reparados los daños producidos.

En el caso sub examine, el nexo de causalidad entre el daño y la falla en el servicio de la entidad demanda está debidamente acreditado, ya que el señor Aníbal Ortiz Naranjo no pudo ejercer el cargo de alcalde de Tierralta, Córdoba, y dejó de ostentar esa posición entre 1º de enero de 1995 y el 7 de mayo de 1997, a causa de la fraudulenta elección en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo directa injerencia, ya que, tal como se señaló líneas atrás, las fallas en el ejercicio de sus competencias fueron causa determinante de la nulidad de la elección y, por consiguiente, del daño irrogado al demandante, tal como quedó acreditado en la plurimencionada sentencia del 30 de mayo de 1996 proferida por la Sección Quinta de esta corporación, la cual obra como prueba documental en el presente proceso (fl. 310-339, c.2).

Los perjuicios

Perjuicios inmateriales

En relación a este tipo de perjuicios, el a quo no los concedió, por cuanto, a su juicio, una persona que aspira a un cargo de elección popular “queda sometida a todas las consecuencias que el proceso conlleva y dentro de las contingencias a que está expuesta se encuentra la posibilidad de no salir electo”.

Por su parte, el demandante señaló en el recurso de apelación que “el no reconocimiento de perjuicios morales debe revocarse y, en su lugar, acceder a las pretensiones, ya que la contingencia de perder las elecciones no es aplicable para este caso concreto, por cuanto él no fue derrotado en las elecciones de una justa lid política, sino que su triunfo fue arrebatado a través de actuaciones ilegales coadyuvadas, permitidas y omitida por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil las cuales permitieron que se configura, según la sentencia de la Sección Quinta, un “Complejo fraude electoral”.

Frente a los perjuicios de tipo moral, la Sala precisa que el hecho de frustrar la posibilidad cierta de acceder a un cargo de elección popular, supone según las reglas de la experiencia y el sentido común una afectación anímica considerable, pues, esa empresa demanda un gran esfuerzo intelectual, de persuasión y convencimiento, de tiempo y de trabajo para convencer al electorado a efectos de que participe positivamente con su votación de apoyo en el proceso de elección popular. En efecto, resulta a todas luces frustrante perder a causa de un fraude, máxime cuando hay aquiescencia de la entidad demandada que en derecho debía velar por la rectitud y transparencia del proceso.

Aunado a lo anterior, la aflicción y la impotencia del actor y su familia encuentran respaldo probatorio en los testimonios de los señores: Alfredo Ramírez Quintero (fl. 415-418, c2), Ricardo Willis Ruiz (fl. 419, c.2) y Atalia Narváez de Anaya(21) (fl. 454-455, c.2) los cuales coinciden en señalar la frustración, la impotencia y el desazón que afrontaron los actores con ocasión de la pérdida de las elecciones y que incluso tuvieron que abandonar el municipio de Tierralta hacia Barranquilla, a causa de las amenazas al señor Aníbal Ortiz Naranjo.

Estima la Sala que está suficientemente acreditado el daño moral y, en consecuencia, la entidad demandada pagará a favor del señor Aníbal Ortiz Naranjo la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor de su cónyuge la señora Mareloy Ávila Lugo y sus hijos Marolyn Enith Ortiz Ávila, Caroline Ortiz Ávila y Aníbal Andrés Ortiz González la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno, atendiendo al criterio sostenido por esta corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado Nº 13 232-15646(22), en consideración a (i) que la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; (ii) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(23), (iii) el perjuicio se tasa con fundamento en el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio.

Perjuicios materiales

Respecto del lucro cesante, es decir, la ganancia o provecho que dejó de ingresar al patrimonio del demandante, es relevante afirmar que en razón del daño se frustró una ganancia que se concreta en los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo entre el 1º de enero de 1995 (fecha de inicio del periodo constitucional, fl. 34, c.2) y el 7 de mayo de 1997, fecha en la cual , en ejecución de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 30 de mayo de 1996(24), el Tribunal Administrativo de Córdoba practicó nuevos escrutinios de los votos para el periodo 1995-1997 y declaró elegido al señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo como alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, y le otorgó su respectiva credencial (acta de escrutinios de los votos emitidos para elegir alcalde de municipio de Tierralta, Córdoba, para el periodo 1995-1997, fl. 495-499, y declaración del Tribunal Administrativo, fl. 500, c.2).

Al respecto es importante señalar que según el artículo 85 de la Ley 136 de 1994(25), los alcaldes eran elegidos para un periodo de 3 años sin la posibilidad de ser reelegidos.

En ese orden de ideas, en esas fechas, según la certificación de la jefa de personal del municipio de Tierralta (fl. 34.c2), el señor Marciano Argel Yáñez como alcalde de ese municipio devengó, entre las referidas fechas, las siguientes sumas de dinero:

AñoSueldo mensualSueldo anualPrima de navidadVacaciones
1995$ 1.440.000$ 17.280.000$ 1.440.000$ 720.000
1996$ 1.728.000$ 20.736.000$ 1.728.000$ 864.000
1997 por 5 meses y 7 días$ 2.074.000$ 8.779.933$ 731.661$ 365.831
Cesantías por 847 días$ 4.879.661 (2.074.000 X 847 días)
Total$ 57.525.086

Respecto a los viáticos percibidos por el entonces alcalde Marciano Argel Yáñez (fl. 34 c.2), estos no se tendrán en cuenta para efectos de la liquidación de perjuicios, debido a que corresponden a un valor aleatorio que se genera intuito personae y que la parte demandante no cuestionó en su recurso de apelación.

Liquidación del lucro cesante consolidado entre el 1º de enero de 1995 y el 7 de mayo de 1997.

Dado que en el expediente obra prueba sobre los ingresos (salarios y prestaciones) que el demandante hubiese percibido durante el periodo en que no pudo ocupar el cargo de alcalde de Tierralta, Córdoba, el cálculo se efectuará sobre estos valores. No obstante, como no aparecen reflejadas todas las prestaciones, se incrementará en un 25% por este concepto y se actualizará, para cada año, a la fecha de la presente providencia.

— Actualización de la renta para 1995

RaRenta actualizada a establecer
RhRenta histórica – ingreso mensual dejado de percibir por la víctima - $ 1.440.000 + 25%: $ 1.800.000
IPC (f)Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113.80, correspondiente al mes de julio de 2013.
IPC (i)Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 26.63, correspondiente al mes de enero de 1995.

S199811016F1
 

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica para 1995.

Desde la fecha del daño 1º de enero de 1995 hasta el 1º de enero de 1996.

SSuma a obtener.
RaRenta actualizada, es decir $ 7.692.076.
iTasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867.
nNúmero de meses transcurridos desde 1º de enero de 1995 hasta el 1º de enero de 1996: 12.
1Es una constante.

S199811016F2
 

— Actualización de la renta para 1996

RaRenta actualizada a establecer
RhRenta histórica – ingreso mensual dejado de percibir por la víctima - $ 1.728.000 + 25%: $ 2.160.000
IPC (f)Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,80, correspondiente al mes de julio de 2013.
IPC (i)Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 32,02, correspondiente al mes de enero de 1996.

S199811016F3
 

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica para 1996.

Desde el 1º de enero de 1996 hasta el 1º de enero de 1997

SSuma a obtener
RaRenta actualizada, es decir $ 7.676.702
iTasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867
nNúmero de meses transcurridos desde 1º de enero de 1996 hasta el 1º de enero de 1997: 12
1Es una constante

Para aplicar se tiene:

S199811016F4
 

Actualización de la renta para 1997.

RaRenta actualizada a establecer
RhRenta histórica – ingreso mensual dejado de percibir por la víctima - $ 2.074.000 + 25%: $ 2.592.500
IPC (f)Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,80, correspondiente al mes de julio de 2013.
IPC (i)Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 38,02, correspondiente al mes de enero de 1997.

S199811016F5
 

-Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica para 1997

Desde el 1º de enero de 1997 hasta el 7 de mayo de 1997.

SSuma a obtener
RaRenta actualizada, es decir $ 7.759.771
iTasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867
nNúmero de meses transcurridos desde 1º de enero de 1997 hasta el 1º de enero de 1997 hasta el 7 de mayo de 1997: 5,23 meses
1Es una constante

Para aplicar se tiene:

S199811016F6
 

Suma de lucro cesante consolidado correspondiente a los años 1995, 1996 y 1997 (5,23 meses): $ 230.446.653.

Por último, frente a los perjuicios materiales que solicitó la parte demandante en relación a los gastos derivados del proceso contencioso de la acción electoral, esta Sala estima que la negación por parte del Tribunal a quo fue acertada, ya que no obran en el proceso medios probatorios idóneos para determinarlos, en tanto que de la copia de la demanda y de las actuaciones judiciales no es posible inferir el monto de aquellos.

VII. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 3 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual en sus tres primero numerales resolutivos quedará así:

1) DECLARAR no probadas las excepciones propuestas

2) DECLARAR la responsabilidad de la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, por los perjuicios ocasionados al señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, como consecuencia de la elección fraudulenta del señor Marciano Argel Yáñez como Alcalde Municipal de Tierralta (Córdoba) para el periodo 1995-1997.

3) CONDENAR a la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil al pago, por concepto de perjuicios morales, de la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia para el señor Aníbal Ortiz Naranjo y a favor de su cónyuge la señora Mareloy Ávila Lugo en calidad de tercera damnificada y sus hijos Marolyn Enith Ortiz Ávila, Caroline Ortiz Ávila y Aníbal Andrés Ortiz González la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno. Igualmente, por concepto de lucro cesante, a $ 230.446.653 moneda corriente, a favor del señor Aníbal Ortiz Naranjo”.

2. Desde cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

3. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

2 En la demanda, presentada el 11 de diciembre de 1998, la pretensión, ayer fue estimada en siete mil gramos de oro, que en la fecha equivalían a $ 101.379.320. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 18.850.000.

3 Antes de la vigencia de la Ley 92 de 1938 (15 de junio), la prueba del Estado Civil lo eran las partidas eclesiásticas (nacimiento, matrimonio y defunción) expedidas por la iglesia católica. Desde la Ley 92 de 1938 hasta la fecha (Decreto Ley 1260 de 1970) la prueba principal del Estado Civil de una persona es un registro civil de nacimiento. En consecuencia, hoy la única prueba del estado civil la constituyen las fotocopias, copias y certificaciones de registro civil expedidas por los funcionarios de registro civil competentes.

4 Sentencia T-510 de 2006 “la acción electoral constituye el medio previsto por el legislador para discutir en sede jurisdiccional, tanto la legalidad misma del acto de elección, como la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad del elector. A esta acción podrá acudir entonces cualquier persona para la protección de su derecho a ser elegido, o para la defensa del derecho a elegir o, simplemente, por el interés en la pureza del sufragio y en la legalidad del acto de elección o nombramiento”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2007, expediente 33.013, M.P. Enrique Gil Botero. Con salvamento de voto del Consejero de Estado Ramiro Saavedra Becerra.

6 Cita original: “se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998, expediente 13686, M.P. Daniel Suárez Hernández.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de julio de 1993, expediente 8163, C.P. Juan de Dios Montes, de 13 de abril de 2000, expediente 11.892, C.P. Ricardo Hoyos Duque, de 30 de noviembre de 2000, expediente 11.955, C.P. María Elena Giraldo Gómez, y de 28 de abril de 2010, expediente 18.478, C.P. Enrique Gil Botero, entre otras.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de febrero de 2012, expediente 20.106, C.P. Enrique Botero.

10 Artículo 85 de la Ley 136 de 1994: “Los alcaldes serán elegidos por mayoría de votos de los ciudadanos en la misma fecha en la cual se elijan gobernadores, diputados y concejales.
Los alcaldes tendrán un periodo de tres (3) años que se iniciará el primero de enero siguiente a la fecha de su elección y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente. (…)”.

11 Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo xx); Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) de 1993; Protocolo Nº 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).

12 Artículo 40 de la Constitución Política y Sentencias de 2001, T 582 de 2006, T 1005 de 2006, T 510 de 2006, C 342 de 2006 y T 123 2007 proferidas por la Corte Constitucional.

13 Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C. No. 184, parr. 143.

14 Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 195.

15 Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 207.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

18 En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.

19 Artículo 266 de la Constitución Política.

20 Decreto 2241 de 1986: Artículo 9º La organización electoral estará a cargo:
a) Del Consejo Nacional Electoral;
b) Del Registrador Nacional del Estado Civil;
c) De los delegados del registrador nacional del estado civil
d) De los registradores distritales, municipales y auxiliares, y
e) De los delegados de los registradores distritales y municipales.
Artículo 47. En cada municipio habrá un (1) registrador municipal del estado civil quien tendrá la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral, lo mismo que del funcionamiento de las dependencias de la registraduría municipal.
Artículo 56. Los delegados de los registradores distritales y municipales tendrán las siguientes funciones:
Modificado por el art. 4º, Ley 6 de 1990. Atender la inscripción y registro de cédulas y la preparación y realización de las elecciones en los lugares que les corresponda.
Artículo 78. La inscripción es acto que requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito, en el correspondiente documento oficial. En el caso de personas mutiladas se dejará constancia y se procederá a imprimir otra huella que permita identificar al inscrito.
La presentación personal aquí ordenada se cumplirá ante el funcionario electoral del municipio o del lugar donde se desea sufragar, quien expedirá el comprobante de la inscripción donde conste el número de la Cédula inscrita y el número del puesto de votación.
No sufrirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo y los funcionarios que las realicen serán sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal.
Artículo 83. Vencido el término de la inscripción, los Delegados del Registrador del Estado Civil enviarán a éste copia auténtica de la lista de ciudadanos inscritos. El Registrador del Estado Civil, a su vez, comunicará al Registrador Nacional del Estado Civil, por conducto de sus Delegados, el número de los ciudadanos inscritos en el respectivo municipio, tanto de la cabecera municipal como de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales.
Concluidos los escrutinios, la Registraduría Nacional revisará cuidadosamente los registros de votantes y las listas de sufragantes, tanto de la cabecera como de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, para establecer entre estos la doble o múltiple votación. Comprobado tal hecho, la Registraduría Nacional formulará la denuncia correspondiente ante autoridad competente.
Artículo 157. Diez (10) días antes de las correspondientes elecciones, los tribunales superiores del distrito judicial deberán designar, en Sala Plena, las comisiones escrutadoras distritales y municipales formuladas por dos (2) ciudadanos de distinta filiación política, que sean jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos en el respectivo distrito judicial.
Los términos se suspenderán en los despachos de los jueces designados durante el tiempo en que cumplan su comisión de escrutadores.
Si fueren insuficientes los jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos para integrar las comisiones escrutadoras, los Tribunales Superiores las complementaran con personas de reconocida honorabilidad.
Los registradores distritales y municipales actuarán como secretarios de las comisiones escrutadoras.

21 Respecto a las aflicciones de tipo moral declaró: “si me constan los sufrimientos que tuvieron que soportar ese matrimonio porque cuando uno está en un proceso electoral, gasta dinero, gasta tiempo, se gasta la salud, pierde la tranquilidad, y moralmente se destruye mucho cuando le cometen un fraude sabiendo que uno se ha ganado esa elección(…)”

22 M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

23 En la sentencia el 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232, se indicó que et oses así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”.

24 La sentencia falló de la siguiente manera: “(…)3. Si como resultado del nuevo escrutinio que se ordena practicar se modifican los resultados de la elección de alcalde municipal de Tierralta (Córdoba) para el periodo 1995-1997, ordénase hacer la declaratoria de elección expedir la credencial de rigor dejando sin valor y efecto ni efecto a favor del señor Marciano Argel Yañez”.

25 Ley 136 de 1994, Artículo 85, Los alcaldes serán elegidos por mayoría de votos de los ciudadanos en la misma fecha en la cual se elijan gobernadores, diputados y concejales.
Los alcaldes tendrán un periodo de tres (3) años que se iniciará el primero de enero siguiente a la fecha de su elección y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente.
PAR. TRANS.—Los alcaldes elegidos para el periodo iniciado en 1992 ejercerán sus funciones hasta el treinta y uno de diciembre de 1994, de conformidad con lo previsto en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política.