Sentencia 1998-11188 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 50001 2331 00019981118801 (26993)

Actor: Carlos Arturo Cajar Rivera y otros.

Demandado: Ministerio de Minas y Energía y otros.

Asunto: Acción de reparación directa (Sentencia)

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Competencia.

1.1.1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 11 de noviembre de 2003, mediante la cual se abstuvo de conocer de fondo las suplicas de la demanda, por encontrar probada la excepción de falta de jurisdicción.

1.1.2. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor(10), referida en la demanda a los perjuicios morales excedía la cuantía mínima exigida(11) para que opere la doble instancia, tal como lo establece el Decreto 597 de 1988 y el Código Contencioso Administrativo.

1.2. Copias simples.

Es necesario señalar lo concerniente a los documentos aportados en copia simple al proceso, frente a lo cual el precedente jurisprudencial ha precisado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, si se trata de copias, debe observarse lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, esto es:

“ART. 254.—[Modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere sólo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(12). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254(13) antes citado(14).

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional, que el precepto según el cual las copias, para que tengan el valor probatorio del original, tienen que ser autenticadas, es un principio elemental que siempre ha regido los ordenamientos procesales, considerando, que la certeza de los hechos que se tratan de demostrar con copias de documentos tiene relación directa con la autenticidad de tales copias.

“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de fa realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(15).

Adviértase, entonces, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de su función guardadora de la supremacía de la Constitución, mediante sentencia en cita, sostuvo que una cosa es la primacía del derecho sustancial, principio contenido en el artículo 228 de la Carta Magna, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que conllevan el nacimiento, modificación o extinción de los derechos reconocidos en la ley sustancial, de manera que concibió la autenticidad de las copias, para reconocerle el mismo valor jurídico del original, el desarrollo de los derechos sustanciales, por cuanto cumple la finalidad de rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos.

“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, “prevalecerá el derecho sustancial”. Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de esta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí”(16).

Del mismo modo, aseveró el máximo tribunal de lo constitucional que la exigencia de pruebas dentro del proceso judicial no es incompatible con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior y en nada la contrarían, por el contrario, encontró que la exigencia de pruebas, presente en todos los ordenamientos jurídicos, son una forma para conseguir la seguridad en las relaciones jurídicas.

No obstante, es igualmente importante prever que la jurisprudencia ha establecido excepciones a las reglas probatorias anteriormente anotadas, las cuales se han circunscrito, principalmente, a las pruebas documentales trasladadas de procesos diferentes al contencioso, él aquellas que provienen de la entidad demandada y las que han obrado a lo largo del plenario o han sido coadyuvadas por la parte contra quien se aducen, por cuanto se presume el pleno conocimiento de la prueba en laparte contraria y la posibilidad de controvertirla o, incluso, de alegarla a su favor. Lo anterior, atendiendo el principio de lealtad procesal,

Al respecto se ha dicho:

“Más evidente aún resulta le carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien Nene bajo su guarda esos origina/es o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copies simples, en vez de tachar éstas de fa/sedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso(17).

Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección e, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal(18), reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la Nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(19).

Este pronunciamiento se fundamentó en el citado precedente:

“De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal: en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar ele que no se cumplió con e/ requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la Ley Procesal Civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda(20)”.

Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedece, entre otras, a la expedición ele la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de la copias, según la cual se presume que éstas tienen el mismo valor del original siempre que no hayan sido tachadas de falsas.

Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto-Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex espectelis(21).

En este sentido, el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera en reciente pronunciamiento ha recogido el criterio anterior en los siguientes términos(22):

“(...) No quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

(...).

Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)(23)”.

Así las cosas, la Subsección valorará todos los medios probatorios que obran en el plenario, incluso aquellos que fueron aportados en copia simple.

1.3. Legitimación en la causa —falta de legitimación en la causa por pasiva en el Ministerio de Minas y Energía, Superintendencia de servicios Públicos y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL.

En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete a la Sala, antes de considerar las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso tanto de la parte activa como pasiva frente a su interés jurídico en la pretensión procesal, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable a los demandantes o a las entidades demandadas(24).

En primer lugar, con relación a la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(25), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(26)”.

Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(27). La legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad alegada para obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda(28).

Un concepto más reciente ha establecido que

“(...) se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (...) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (...)”(29).

En el caso de autos, se entiende que tienen interés jurídico y, en consecuencia, está legitimada en la causa por pasiva, es decir, que puede ser llamada para la indemnización del presunto daño antijurídico causado a los demandantes con los hechos acaecidos el día 19 de abril de 1996, la entidad a la cual estaba vinculado el señor Carlos Arturo Cajar mediante contrato de trabajo, este vínculo debe quedar acreditado plenamente en el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en el cual, incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho o la calidad en que fundamenta sus pretensiones.

Al respecto, obran en el plenario los siguientes medios probatorios:

Contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito entre la Electrificadora del Meta S.A y Carlos Arturo Caiar(30).

Informe patronal de accidentes de trabajo.

Ahora bien, al revisar la demanda se tiene que esta se dirigió en contra del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, y la Empresa de Energía del Meta, EMSA, frente a lo cual las entidades demandadas con excepción de la última, interpusieron la excepción de falta de legitimación en la causa.

Con fundamento en lo anterior, y atendiendo a los documentos aportados, queda claro que el llamado a responder por los daños antijurídicos que resulten probados e imputables a la administración es la Empresa Electrificadora del Meta, EMS. Por lo tanto se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva en el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de servicios Públicos y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL.

Así mismo es necesario señalar que frente a la señora Leyla Esther Peña Torres encuentra la sala.

1.4. Excepción de falta de jurisdicción.

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia se abstuvo de estudiar la demanda de fondo por encontrar probada la excepción de falta de jurisdicción planteada por la Electrificadora del Meta y que la apelación se presentó sobre el mismo argumento. Entra la Sala a analizar la excepción de falta de jurisdicción, en los términos presentados por la Electrificadora del Meta quien manifestó que: “Es persona jurídica de naturaleza privada”(31) y que los hechos sobre los cuales se fundamenta la controversia se suscitan sobre la ocurrencia de un accidente de trabajo. Lo cual limitaría el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria laboral.

Ahora bien, Para entrar a considerar la excepción planteada deben tomarse en cuenta varias situaciones diferentes como lo son:

1.4.1. Calidad de las empresas de servicios públicos mixtas dentro de la administración pública.

La Electrificadora del Meta fue creada en 1981 como una sociedad de economía mixta, descentralizada, perteneciente al orden nacional y vinculada al sector administrativo del Ministerio de Minas y Energía. Con fundamento en los lineamientos contenidos en la Ley 142 de 1994 se transformó en 1995 en la Electrificadora del Meta S.A. ESP, sociedad por acciones de carácter mixto cuya participación accionada está representada así: Nación 55,10%; Departamento del Meta 26.20%; Empresa de Energía de Bogotá 16,20%; Municipio de Villavicencio 1%; Municipio de San Martín 0,50%; Federación Nacional de Cafeteros 0.50% participación accionaria que determina su clasificación como una empresa de servicios públicos mixta.

Posteriormente y de acuerdo al Decreto 381 del 16 de febrero de 2012 EMSA S.A. ESP siguió perteneciendo al Sector Administrativo de Minas y Energía y manteniendo su calidad de entidad vinculada a ese mismo ministerio.

Al ser EMSA S.A ESP una entidad descentralizada del orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Es necesario analizar la Ley 489 de 1998(32) en su artículo 38 y 68 con el fin de aclarar la afirmación presentada por EMSA sobre su calidad o no de entidad pública.

“ART. 38.—Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

“...

2. Del sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios:

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

“ART. 68.—Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas”.

Al respecto de las empresas de servidos públicos domiciliarios mixtas la corte constitucional y esta corporación han señalado en varias ocasiones que estas son un tipo de entidad especial, creado por ley y que gozan de la calidad de entidades descentralizadas pertenecientes a la estructura del Estado. Las cuales no se pueden confundir con las sociedades de economía mixta, a pesar de estar conformadas por capitales públicos y privados.

Y que tienen su origen en la facultad especial que se le concedió al legislador para crear entidades de esta naturaleza cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos. De lo anterior es fácil concluir que no le asiste la razón al demandado al considerarse una entidad privada ajena a la estructura de la administración pública.

1.4.2. La responsabilidad del Estado es competencia de la Jurisdicción Contenciosa.

Aun cuando inicialmente se puede afirmar que las lesiones sufridas por el señor Carlos Arturo Cajar Rivera configuraban un accidente de trabajo, dado que el hecho ocurrió en su jornada laboral y en desarrollo de sus funciones propias como empleado de la EMSA. Está demostrado que la pretensión que persiguen la parte actora es la declaratoria de responsabilidad por una talla en el servicio de la Electrificadora del Meta y no en una simple reclamación de tipo laboral.

Por lo cual se hace necesario aclarar que no puede confundirse la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral la cual rige claramente las relaciones laborales de las empresas de servicio público domiciliaria tal como lo señala la Ley 142 de 1994 con la competencia de la jurisdicción contenciosa frente a la responsabilidad del Estado, la cual tiene su origen en el artículo 90 de la Constitución Política:

“ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolase o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

Por lo cual confundir el régimen especial con el que cuentan las empresas de servicios públicos domiciliarias con el derecho ciudadano de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos imputables a la administración por cualquiera de las entidades que le conforman, es una grave equivocación y violación de la Constitución Política.

Aún más si se tiene en cuenta que la demanda fue presentada por el señor Carlos Arturo Cajar y sus familiares, siendo estos terceros ajenos a la relación laboral. Lo cual deviene en dos circunstancias distintas frente a la parte actora.

La primera se presenta frente a los demandantes ajenos a la relación laboral a quienes la jurisprudencia ha señalado en casos anteriores, la procedencia de la acción de reparación directa como mecanismo para demandar la indemnización de perjuicios causados a terceras personas por la lesión o muerte de un trabajador perteneciente a una entidad pública.

En este sentido y frente a la procedencia de la acción de reparación directa, cuando uno de los demandantes es un tercero ajeno a la relación laboral, la Sala ha manifestado reiteradamente que:

“Debe precisarse, finalmente, que, dado que se trata de la indemnización de perjuicios causados en terceras personas como consecuencia de la lesión o muerte sufrida por un trabajador en virtud de un accidente o enfermedad —sea que el primero pueda o no calificarse como accidente de trabajo y que la segunda constituya o no una enfermedad profesional—, la acción procedente será la extracontractual y, siendo el patrono una entidad pública, será la de reparación directa. El fundamento de la responsabilidad, por lo demás, podrá encontrarse en la falla del servicio, el daño especial o el riesgo excepcional, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto”(33). 

De lo anterior, resulta evidente que cuando los demandantes en su calidad de terceros ajenos a la relación laboral, pretenden la reparación de los perjuicios derivados de un típico accidente de trabajo, es procedente la acción de reparación directa, atendiendo a la calidad de entidad pública que detenta el demandado.

En el caso sub lite, EMSA hace parte de la estructura de la administración pública por lo cual la acción es plenamente valida, respecto de los demandantes ajenos a la relación laboral y del Señor Carlos Arturo Cajar con lo cual se confirma una vez más que la acción de reparación directa es el medio idóneo para solicitar la indemnización de los daños surgidos con ocasión de los hechos acaecidos el 19 de abril de 1996. Por cuanto los mismos surgieron como consecuencia de una falla en el servicio de la administración pública. Lo cual es concordante con la petición del actor manifestada en la demanda, la cual está encaminada a obtener la reparación del daño acaecido.

Por lo anterior se revoca la decisión proferida por el tribunal administrativo frente a la excepción de falta de jurisdicción propuesta por las Electrificadora del Meta S.A. ESP y se procederá a estudiar de fondo el asunto pues no existe duda alguna frente a la competencia de la jurisdicción contenciosa frente al ejercicio de la acción de reparación directa.

2. Los medios probatorios.

Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio los siguientes elementos:

2.1. Documentales.

— Registró civil de nacimiento de Carlos Arturo Cajar Rivera(34).

— Registro civil de nacimiento de Víctor Osbey Cajar(35).

— Registro civil de nacimiento de Jahir José Cajar Rivera(36).

— Registro civil de nacimiento de Emperatriz Cajar(37).

— Registro civil de nacimiento de Víctor Arturo Cajar Peña(38).

— Declaración extraprocesal de Rubén Darío Sánchez Gil(39).

— Declaración extraprocesal de Jorge Hernán Aristizabal Valencia(40).

— Resumen de historia y concepto médico-laboral de la Coordinación Departamento Servicios de Apoyo y Complementación Terapéutica Servicio de Rehabilitación del Instituto de Seguro Social(41).

— Informe del accidente suscrito por Carlos Arturo Cajar(42).

— Certificado de existencia y representación legal de la Electrificadora del Meta S.A. ESP expedido por la cámara de comercio de Villavicencio(43).

Copias simples:

— Oficio G-DA-DRI-35331-88 de EMSA(44).

— Contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito entre EMSA y Carlos Arturo Cajar(45).

— Informe patronal de accidentes de trabajo del Instituto de Seguros Sociales(46).

— Informe Accidente del señor Carlos Arturo Cajar realizado de EMSA(47).

— Certificación de los salarios recibidos por el señor Carlos Arturo Cajar desde enero de 1995 hasta abril de 1996 suscrita por el jefe de recursos humanos de EMSA(48).

— Resolución 8 de 1997 del Instituto de Seguros Social donde se reconoce pensión por invalidez al señor Carlos Arturo Cajar(49).

— Historia clínica del Señor Carlos Arturo Cajar(50).

2.2. Testimoniales.

Testimonio de Luis Efrén Villabona Gutiérrez.

2.3. Inspección judicial.

Inspección judicial solicitada por la Electrificadora del Meta en el lugar donde ocurrió el accidente.

3. Problema jurídico.

De lo anterior se plantea como problema jurídico el siguiente interrogante: ¿Es responsable el Estado de las lesiones sufridas por el señor Carlos Arturo Cajar el día 19 de abril de 1996, cuando este realizaba funciones propias de su cargo de liniero?

4. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado(51), la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”(52) erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados(53) y de su patrimonio(54), sin distinguir su condición, situación e interés(55). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(56); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público(57).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(58), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(59) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

5. Análisis de la imputación del daño en el caso concreto.

En relación con los hechos que dieron lugar al presente juicio de imputación, el acervo probatorio permite tener por demostrado que existió una falla en el servicio por parte de la Electrificadora del Meta, respecto de los hechos ocurridos el día 19 de abril de 1996 en los que resultó lesionado el señor Carlos Arturo Cajar mientras este desempeñaba funciones propias de su cargo de auxiliar de redes I en el reconectador de San Carlos - Manuelita, Vía Puerto López.

Si bien es cierto, la electrificadora del Meta manifestó que la ocurrencia del mismo se debió netamente a un accidente de trabajo incluso afirmando que existió una culpa de la víctima en el desarrollo del hecho acaecido, el demandante aporto el informe del accidente de trabajo suscrito por la misma entidad con fecha del 23 de abril de 1996(60) en donde la entidad concluyó que la causa del accidente fue:

“Se considera entonces que hay una falla humana en fa realización de la maniobra por no haberse solicitado la desenergización del circuito 13.2 KV al móvil que se encontraba en el barquito, o al 100 para que hubiera suspendido el servicio a 34.5KV a S/E Barzal.

Ahora bien respecto de la forma como se desarrollaron los hechos el mismo informe señala que:

“La cuadrilla se encontraba revisando el circuito IDEMA III, cuando se recibió la orden de trasladarse a revisar la línea 34,5KV, IDEMA - Puerto López que alimenta al municipio de San Carlos de Guaroa, por lo cual se trasladaron a revisar dicha línea, abriendo cañuelas en el sector del Barquito, solicitándole al 100 para restableciera (sic) el servicio hasta este seccionador, luego se dirigieron hacia el seccionador ubicado antes de Ranchochicha. para abrir las cañuelas; abiertas estas, se trasladaron hacia el recloser del arranque de San Carlos de Guaroa para abrir las cañuelas que se encuentran allí, acto siguiendo (sic) procedieron a llamar al móvil 27 para realizar la prueba de impedancia, la cual no se realizó, por haberse encontrado una cañuela caída de los conectores al recloser, efectuando la revisión se observó que los transformadores de tensión estaban estallados, lo cual fue comunicado al H3 (jefe de cuadrilla de turno), y él ordenó que su procediera hacer la desconexión de esos transformadores y dejar el servicio directo”.

En igual sentido, del testimonio presentado por Luis Efrén Villabona Gutiérrez(61)”se desprende:

“PREGUNTADO: manifieste al despacho de acuerdo a las condiciones técnicas y climáticas del día de los hechos, si la maniobra ordenaba generaba peligro para los que iban a manipular la red. CONTESTO: supuestamente no, sí habían riesgos porque para eso se instala el equipo puesto a tierra por seguridad pero no lo teníamos en el momento en el sitio, la otra era que estaban afanados por la cuestión del servicio, porque estaba Puerto López y San Carlos de Guaroa sin luz. (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho cuáles eran las condiciones de visibilidad al momento de realizar la maniobra ya relatada. CONTESTO: La luz de la exploradora del móvil”.

Las precedentes manifestaciones indican a la Sala que la electrificadora del Meta conocía las condiciones que permitieron la ocurrencia del hecho y que las mismas constituyeron en si una falla en el servicio. Toda vez que los operarios carecían de los recursos técnicos mínimos de seguridad industrial para este tipo de labores y además quien dio la orden para adelantar la reparación especifica en donde sufrió el daño el señor Cajar fue el jefe de cuadrilla, el cual debió dar la orden de desenergizar totalmente las líneas en las cuales iban a realizar el arreglo y sobretodo verificar que tal hecho ocurriera, antes de exponer a sus operarios a realizar esta labor. Así mismo queda excluida cualquier culpa de la víctima al estar probado con los testimonios que existía una cohesión o fuerza por parte de EMSA respecto de sus funcionarios toda vez que se requería la restauración del servicio de energía en la zona.

Siendo estas las verdaderas razones que contribuyeron a la ocurrencia del hecho tal como lo ratifican el informe de trabajo anteriormente citado y los testimonios de los otros compañeros que se encontraban en esa cuadrilla. Lo cual lleva a concluir que el actuar omisivo de la Electrificadora del Meta constituyó a todas luces una falla en el servicio y que de haberse tomado las medidas de seguridad y los protocolos establecidos para esta actividad, se hubiera podido prevenir el accidente en el cual resultó lesionado físicamente el Señor Carlos Arturo Cajar.

Frente a estas evidencias, la Sala tiene por acreditada una falla en el servicio, toda vez que los documentos aportados fueron suscritos por la Electrificadora del Meta quien nunca los debatió ni tachó de falsos. Así mismo el testimonio del otro miembro de la cuadrilla corrobora lo manifestado en tal escrito.

6. Perjuicios morales.

Al respecto, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(62) señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que (sic) demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso”. En la misma providencia se agrega que “la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan”.

Debe, además, como parte de la motivación, examinarse si se acreditó el parentesco debida y legalmente, con los registros civiles, para reconocer los perjuicios morales en cabeza de la víctima y de sus familiares, para lo que procede la aplicación de las reglas de la experiencia, según las cuales se infiere que la muerte, lesión, etc., afecta a la víctima y a sus familiares más cercanos (esto es, los que conforman su núcleo familiar), y se expresa en un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia(63) como espacio básico de toda sociedad(64) (el segundo criterio con el que ya cuenta el juez en el momento de reconocer los perjuicios morales tiene que ver con el concepto de familia, que será importante para determinar la tasación y liquidación de los mismos perjuicios, ya que puede apreciarse (de la prueba testimonial)'- ¿cómo estaba conformada la familia?; - ¿qué rol desempeñaba la víctima al interior de su familia?; - ¿cómo estaban definidas las relaciones entre la víctima y los demás miembros de la familia?; - ¿se trataba de una familia que convivía o no en un mismo espacio?; - ¿se trataba de una familia que estaba disgregada, o de una familia fruto de diferentes relaciones de los padres —hermanastros, hermanos de crianza, por ejemplo—?), y de reconocer su existencia bien sea como un derecho prestaciones, o fundamental(65).

Ahora bien, la reciente sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012(66), sostiene claramente que el “juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso” (citando la Sent. T-572/2012 de la C. Const.).

A lo que se agregó, en la misma sentencia una serie de criterios o motivaciones razonadas que debían tenerse en cuenta para tasar el perjuicio moral, partiendo de afirmar que “teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimiento que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta corporación que es posible presumirlos para la caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso”.

Y se concluyó, en la citada sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 23 de agosto de 2012, que “no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbifrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la (sic) características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez” (resaltado fuera de texto).

6.1. Perjuicios morales en el caso concreto.

La parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes. En el acervo probatorio obra como prueba para su reconocimiento, los certificados de los registros civiles de nacimiento de Carlos Arturo Cajar Rivera, donde se constata la calidad de hijo de la señora Irma Peña, el registro civil de Víctor Arturo Cajar Peña, quedando probado su condición de hijo del actor. Así mismo se aportaron los registros de Víctor Osbey Cajar Rivera, Jahir José Cajar Rivera, Emperatriz Cajar Rivera documentos que dan cuentan que estas personas son hermanos respectivamente de Carlos Arturo Cajar Rivera. Así las cosas se encuentra acreditada en los demandantes la condición de madre, hijo y hermanos de la víctima.

Cosa que no sucede con su compañera permanente de quien no se corroboro en el expediente a través de ningún medio probatorio que existía efectivamente una relación de afecto y cercanía con el demandado. En este punto es necesario señalar que las declaraciones extra proceso de terceros no pueden ser tenidas en cuenta para tal fin como si lo pueden ser los testimonios rendidos en el litigio. Por lo cual no se reconocerá a la señora Leyla Esther Peña Torres como compañera permanente.

Teniendo en cuenta que la lesión corporal sufrida por Carlos Arturo Cajar fue declarada por la autoridad médica competente con disminución en su capacidad laboral del 71.10% y que los perjudicados probaron su calidad de parentesco y afecto, la liquidación quedaría de la siguiente manera:

Indemnizado
smlmv
Equivalente en pesos
Víctor Arturo Cajar Rivera (actor)
100
$58.950.000
Víctor Arturo Cajar Peña (hijo)
100
$58.950.000
Irma Rivera (madre)
70
$41.265.000
Emperatriz Cajar Rivera (hermana)
20
$11.790.000
Jahir José Cajar Rivera (hermano)
20
$11.790.000
Víctor Osbey Cajar Rivera (hermano)
20
$11.790.000

Total perjuicios morales: $194.535

7. El daño a la salud.

El daño a la salud se repara con base en dos componentes, uno objetivo y otro subjetivo o dinámico, cuya valoración debe atender a los principios de reparación integral y equidad (L. 446/98, art. 16) e igualdad, y observar los criterios técnicos actuariales(67), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, postulados estos cuya importancia resulta de mayor relevancia cuando se trata de la indemnización de un perjuicio que, por la naturaleza de éste, no puede ser restitutoria ni reparadora, sino simplemente compensatoria, eventos en los cuales la jurisprudencia ha reconocido:

“En efecto, la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio; pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia. Se impone al juez, entonces, el ejercicio de una cierta discrecionalidad, que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente razonada y fundada en las probanzas que, en el proceso, obren sobre la existencia del perjuicio y su intensidad. No se trata, en efecto, de una facultad arbitraria; por el/o, en su desarrollo, debe buscarse también la garantía del principio de igualdad, lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquélla y estas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización(68).

Bajo este propósito, la Sala determinará el contenido del elemento objetivo con base en la calificación integral de la invalidez, que debe constar en el dictamen emitido por la junta de calificación, que a su vez tiene en cuenta componentes funcionales, biológicos, psíquicos y sociales del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definidos por el Decreto 917 de 1999, esto es, bajo los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía:

a) Deficiencia: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, el efecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.

b) Discapacidad: Se entiende por discapacidad lada restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracterice por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.

c) Minusvalía: Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno”.

Definidos los criterios para calificar la invalidez, el dictamen debe otorgar unos porcentajes a cada uno de los componentes antes mencionados, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, porcentaje al que necesariamente debe responder la indemnización que dentro del componente objetivo del daño a la salud se reconozca, para cuyo efecto se considera que en los casos en que la disminución de la capacidad laboral alcance el 100%, su valor indemnizatorio puede fijarse en la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales.

Ahora bien, considerando que el referente normativo adoptado, es decir, el Decreto 917 de 1999 distribuye el porcentaje de incapacidad en los diferentes criterios de calificación de la invalidez, igualmente se propone distribuir la correspondiente indemnización en la siguiente proporción:

Criterios de calificación de la invalidez
Porcentaje máximo depérdida de
Monto límite sugerido capacidad laboral(D. 917/99)
Deficiencia
50%
150 smlmv
Discapacidad
20%
60 smlmv
Minusvalía
30%
90 smlmv
Total pérdida de la capacidad laboral
100%
300 smlmv

Es pertinente precisar, que en los eventos que no repose en el material probatorio el dictamen emanado por la junta de calificación, en el que se especifique los tres criterios de clasificación de invalidez, el porcentaje que tal dictamen determine se imputará al rubro de deficiencia, es decir, 150 smlmv, en forma proporcional, en tanto que los demás criterios se tendrán por no demostrados.

Y por último, el segundo componente, esto es, el elemento subjetivo del daño a la salud, permitirá incrementar, con fundamento en el material probatorio, la sana crítica y las reglas de la experiencia, el quantum determinado en el aspecto objetivo, de manera que se atiendan las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(69), en cuyo efecto se sugiere como límite para los casos de mayor intensidad el equivalente a 100 smlmv.

En conclusión, se estima oportuno destacar que la indemnización por concepto del daño a la salud, está compuesta de dos elementos, el primero de ellos (objetivo) con una valoración del 75%, esto es, hasta 300 salarios mínimos legales, de conformidad con lo señalado en párrafos precedentes, y el segundo (subjetivo o dinámico), correspondiente al 25% de la esta indemnización, el cual se reconocerá cuando las pruebas den lugar a ello, ascendiendo al monto de 100 salarios mínimos.

Conforme a lo anterior, la Sala dispone que deberá estudiarse la vertiente objetiva y subjetiva del daño a la salud, en el caso concreto.

7.1. Casos en los cuales no obra en el plenario dictamen o este no cumple con los requisitos.

En los casos en que se encuentre probada la existencia del daño a la salud, pero no obre en el plenario dictamen o a pesar de que éste repose, no cumple con los requerimientos y los criterios señalados en el Decreto 692 de 1995 modificado por el Decreto 917 de 1999, deberá darse aplicación al procedimiento liquidatario contenido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, cuando en el proceso no se haya establecido la cuantía del perjuicio, la condena se fijará en abstracto, .en forma genérica y señalando las bases con arreglo a las cuales se realizará el incidente de liquidación(70), bases que no son otras que las contenidas en este acápite.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente no obra el dictamen evaluador en el cual se determinó el valor de los porcentajes dado a cada uno de los componentes antes mencionados, deficiencia, discapacidad y minusvalía, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, es necesario adelantar una liquidación en abstracto.

Puesto que aun cuando sí quedo determinado en el plenario con la Resolución 8 de 1997(71) que el total de la perdida laboral fue determinada en un 71% esta resolución por sí sola, no basta para poder realizar la liquidación del daño a la salud.

Al respecto, la Sala encuentra que los elementos antes señalados no se hayan acreditados en el caso de autos, consecuencia de lo cual resulta imperativo aplicar el procedimiento liquidatario contenido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, cuando en el proceso no se haya establecido la cuantía del perjuicio, la condena se fijará en abstracto, en forma genérica y señalando las bases con arreglo a las cuales se realizará el incidente de liquidación(72).

En este orden de ideas, la Sala condenará en abstracto el pago de la condena por concepto de daño a la salud, para que mediante incidente de liquidación se fije su valor final, conforme lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

Para el efecto, deberá aportarse el dictamen de la junta de calificación en el cual se determinó el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral o en su defecto practicarse la consulta a la junta de calificación a fin de que se rinda el respectivo dictamen, donde se determinen los porcentajes de deficiencia, discapacidad y minusvalía, de manera que la condena por concepto de daño a la salud - factor objetivo se fije conforme a los porcentajes que allí se determinen y según su equivalencia:

Criterios de calificación de la invalidez
Porcentaje máximo de pérdida de capacidad laboral (D. 917/99)
Monto límite sugerido
Deficiencia
50%
150 smlmv
Discapacidad
20%
60 smlmv
Minusvalía
30%
90 smlmv
Total pérdida de la capacidad laboral
100%
300 smlmv

Posteriormente, debe el incidente valorar los elementos que permitan establecer la ocurrencia de específicas situaciones particulares que conlleven a establecer la cuantía de la vertiente subjetiva del perjuicio, sobre el límite sugerido, actualmente fijado en 100 salarlos mínimos legales mensuales vigentes.

Entonces, será con arreglo a estas bases, que mediante incidente de liquidación se fijará el valor total de la indemnización que por concepto de daño a la salud corresponde al señor Carlos Arturo Cajar.

8. Perjuicios materiales.

En la demanda se solicitaron los siguientes perjuicios materiales:

2.2. Daños materiales.

Para el señor Carlos Arturo Cajar Rivera en calidad de lesionado, su compañera permanente Leyla Esther Peña torres y para su menor hijo, Víctor Arturo Cajar Peña, los perjuicios materiales que han sufrido con el accidente de Carlos Arturo Cajar Rivera, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

a) La vida probable del lesionado, según la tabla de supervivencia aprobada por la Superintendencia Bancaria.

b) El salario que para la fecha del accidente devengaba el señor Cajar Rivera.

c) Actualizado lo anterior, según la variación porcentual de índice de precios al consumidor existente entre el 19 de abril de 1996 y el vigente cuando se produzca la sentencia o conciliación, o el auto que liquide los perjuicios materiales.

d) La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta además la indemnización debida consolidada y la futura.

Sobre este punto la Sala advierte, que solo es procedente el reconocimiento de los perjuicios pretendidos en cabeza del señor Carlos Arturo Cajar Rivera. Quien devengó durante el año de 1995 a abril de 1996 los salarios que relacionamos a continuación, tal como consta en la certificación expedida por la Electrificadora del Meta S.A. ESP, mediante el departamento de recursos humanos(73):

Octubre de 1995
336.348
Noviembre de 1995
328.867
Diciembre de 1995
301.159
Enero de 1996
341.716
Febrero de 1996
342.019
Marzo de 1996
359.411
Abril de 1996
384.678

Por lo cual se hace necesario promediar el salario de los últimos seis meses de labores, es decir desde octubre de 1995 hasta abril de 1996 lo cual daría como salario promedio $341.609.

8.1. Lucro cesante.

La Sala reconocerá este perjuicio a Carlos Arturo Cajar Rivera, en su calidad de lesionado, teniendo en cuenta el salaría promedio, el cual será actualizado conforme a la fórmula de matemática financiera que para el efecto aplica la corporación, así:

S1998-11188 FORMULA A
 

Ra: Valor o renta actual.

Ri: Valor o renta inicial.

Índice final: Equivalente al último IPC conocido para la fecha del fallo (dic./2013), que corresponde a 113,98.

Índice inicial: Equivalente al IPC para la fecha de los hechos (abr./96), que corresponde a 66.46

S1998-11188 FORMULA B
 

Ra = $585.864

La Sala encuentra que el valor actualizado equivale a $585.864. A dicho valor, como es posición consolidada de la Sala, se debe incrementar el 25% por concepto de prestaciones sociales (por imperativo legal), se obtiene así la suma de $732.330. A este resultado, la Sala no podrá deducir el 25%, que corresponde a los gastos personales o de subsistencia, toda vez que esta regla sólo aplica en caso de fallecimiento de la víctima. Efectuado este incremento, se tiene que el valor o renta actual con base en el cual se liquidará el lucro cesante para este primer periodo será la suma de $732.330.

8.1.1. Lucro cesante consolidado para Carlos Arturo Cajar Rivera.

Lo primero que procede a liquidar la Sala, es el lucro cesante consolidado. El cual tal como se advirtió, es el periodo indemnizable comprendido entre el lapso transcurrido desde el momento de la lesión sufrida por el señor Carlos Arturo Cajar hasta la fecha del presente fallo, aplicando la siguiente fórmula:

S1998-11188 FORMULA C
 

Donde:

S: Es la indemnización a obtener.

Ra: Renta actualizada que corresponde al valor de $732.330.

n: Número de meses que comprende el período indemnizable (desde la fecha de los hechos, 19 de abril de 1996 hasta el 23 de enero de 2014, fecha en que se profiere este fallo, esto es, 213.13 meses.

i: Interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

S1998-11188 FORMULA D
 

S = $213.033.241

8.1.2. Lucro cesante futuro para Carlos Arturo Cajar Rivera.

Ahora procede la Sala a liquidar el lucro cesante futuro a favor del lesionado, el cual se calculará con la siguiente fórmula:

S1998-11188 FORMULA E
 

Donde:

S: Es la indemnización a obtener.

Ra: Es la renta actualizada que equivale a $732.330.

i: Es el interés puro o técnico, esto es 0,004867.

n: Es el número de meses que comprende el periodo indemnizable. Esto es, el de la vida probable de la víctima, es decir, en este caso, se trataba de una persona que en abril de 1996 tenía 34 años y conforme a la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, contaba con una expectativa de 42 años, esto es, 504,5 meses, a los cuales se les resta los 213,13 meses reconocidos en el lucro cesante consolidado, se obtienen así 291.37 meses.

S1998-11188 FORMULA F
 

S = $113.902.768

Total lucro cesante para Carlos Arturo Cajar Rivera $386.936.009.

9. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, Superintendencia de Servicios Públicos, Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y de la señora Leyla Esther Peña Torres.

2. REVÓQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 11 de noviembre de 2003. En el sentido de no declarar probada la excepción de “carencia de jurisdicción”.

3. DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable a la Electrificadora del Meta S.A. ESP por los daños sufridos como consecuencia de las lesiones acaecidas por el señor Carlos Arturo Cajar el día 19 de abril de 1996.

4. CONDENAR a la Electrificadora del Meta S.A. ESP a pagar por perjuicios morales las sumas de dinero que a continuación se relacionan, y a favor de las siguientes personas: Víctor Arturo Cajar Rivera: $58.950.000; Víctor Arturo Cajar Peña: $58.950.000; Irma Rivera: $41.265.000; Emperatriz Cajar Rivera: $35.370.000; Jahir José Cajar Rivera: $35.370.000; Víctor Osbey Cajar Rivera: $35.370.000.

5. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Electrificadora del Meta S.A. ESP a pagar por concepto de daño a la salud a favor del Señor Carlos Arturo Cajar el valor final que se determine mediante incidente de liquidación que adelante el Tribunal Administrativo del Meta conforme lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y de acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.

6. CONDENAR a la Electrificadora del Meta S.A. ESP a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de $386.936.009 a favor del Señor Carlos Arturo Cajar.

7. Sin condena en costas.

8. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Magistrados: Enrique Gil Botero, salvó parcialmente voto—Olga Mélida del Valle de De La Hoz, aclaró voto—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala.

(10) La Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación en razón a que la mayor pretensión considerada corresponde él 5.000 gramos oro por concepto de daño moral a favor de los demandantes, lo que equivalía para el momento de presentación de la demanda a la suma de $71.500.000.

(11) La cuantía mínima exigida para el año 1998 era $18.850.000.

(12) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 26.225.

(13) “...la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle 'el mismo valor probatorio del original' es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(14) “... la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle 'el mismo valor probatorio del original' es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos..., Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(15) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 23 de 11 de febrero de 1998.

(16) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 23 de 11 de febrero de 1998.

(17) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250.

(18) “... La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.

La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada [a prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. (...) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso ...En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el art. 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el artículo 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba...”. Joan Pico I Junoy. El principio de la buena fe procesal. Ed. J. M. Bosch, págs. 152 a 157.

(19) Consejo de Estado, sentencia de 18 de julio de 2012, expediente 22.417, M.P. Enrique Gil Botero.

(20) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250.

(21) Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.

(22) Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2013, M.P. Enrique Gil Botero. Radicado 25.022.

(23) “Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $20.000 no sólo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compra venta de inmuebles)”. Parra Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición: Bogotá, 2009, pág. 172.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13356. Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en Su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor. En tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

(25) Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

(26) Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente 20.146.

(27) Consejo de Estado, sentencia de 19 de agosto de 2011, expediente 19.237.

(28) Consejo de Estado, sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 13444.

(29) Consejo de Estado, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 18163; 4 de febrero de 2010, expediente 17720.

(30) Folio 98 cdno. 1.

(31) Folio 98 cdno. 1.

(32) Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden. las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 12544 de 7 de septiembre de 2000.

(34) Folio 16 cdno. 1.

(35) Folio 17 cdno. 1.

(36) Folio 18 cdno. 1.

(37) Folio 19 cdno. 1.

(38) Folio 20 cdno. 1.

(39) Folio 21 cdno. 1.

(40) Folio 22 cdno. 1.

(41) Folios 23 al 26, cdno. 1.

(42) Folios 33 al34, cdno. 1.

(43) Folios 35 al 41 cdno. 1.

(44) Folios 27, cdno. 1.

(45) Folio 28, cdno. 1.

(46) Folio 29, cdno. 1.

(47) Folios 30 al 31 cdno. 1.

(48) Folio 32, cdno. 1.

(49) Folio 257, cdno. 1.

(50) Cdno. 2.

(51) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”, Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”, Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(52) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a [a ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(53) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. ia reimp. México, Fontamara, 2007, pág. 49.

(54) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(55) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213, En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d'une théorie general de la responsabilité civile consideree en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. París, 1947.

(56) "La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecan ismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos", Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, 1a ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

(57) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., págs.120-121.

(58) "3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado". Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2003.

(59) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política "los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado". Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues "menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir "la imputatio juris" además de la "imputatio facti". Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: "En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea Imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura "siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público". Corte Constitucional, Sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(60) Folios 30 a 31 del cdno. 1.

(61) Folios 220 a 225 cdno. 1

(62) Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

(63) “Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera la posición asumida por la corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así: “En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º, señala que Colombia como Estado social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo. “Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armenia y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes”. “La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del Código Civil, que es del siguiente tenor: “En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: “1. Los descendientes legítimos; 2. Los ascendientes legítimos; 3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos: 4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1, 2 y 3; 5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1, 2, y 4; 6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores; 7. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados. Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”. “También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen corno familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 30 ibídem, que reza: “La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer ya los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la Constitución. La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio. “Así las cosas, la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo, se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. “Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien (negrillas de la Sala)”. Sección Tercera. Sentencia de 15 de octubre de 2008, expediente 18586.

(64) “4.2. Amparada en la doctrina especializada, también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el surgimiento de la familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la cual se constituye en “la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre”. Bajo esta concepción, la familia es considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que “es la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”. 4.3. En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial. 4.4. En efecto, el derecho internacional, en las declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistiría. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10C) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano. 4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5º de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella: y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho él la protección y a la formación integral. 4.6, En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen: Así, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el mismo plano de igualdad y son objeto ele reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen plena libertad para optar por una o(sic) otra forma de constitución de la institución familiar. 4.7, Conforme con el alcance reconocido a la familia, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar su protección integral, al tiempo que le asigna a la ley la función de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo., los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo; y por la otra, lo referente a los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la cesación de los efectos civiles de todos los matrimonios a través del divorcio, 4.8. La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado social de derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos, Tal como lo ha destacado esta corporación,[5] ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cual sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos”. Corte Constitucional C-821 de 9 de agosto de 2005.

(65) “Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales de protección de la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normas legales, de actos administrativos, así como de decisiones judiciales, medidas todas ellas encaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente, al igual que brindar una protección económica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los propósitos, o la razón de ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamiento jurídico. Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en sí misma, un derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas de protección de aquélla pueden ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si se entiende que familia es un derecho fundamental (de primera generación), o si, por el contrario, se ubica como un derecho de contenido prestacional. En efecto, si se entiende que "familia" es un derecho prestacional, entonces el Estado, según las condiciones económicas podrá establecer mayores o menores beneficios que proporcionen las condiciones para que las familias puedan lograr su unidad, encontrándose protegidas económica y socialmente. De igual manera, entraría a aplicarse el principio de no regresión, pudiéndose, en algunos casos, excepcionarse. Por el contrario, si se comprende a la familia en términos de derecho fundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, no pudiendo alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose además instaurar la acción de tutela para su protección. Finalmente, la tesis intermedia apunta a señalar que la familia como institución debe ser protegida por el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, presentando en estos casos una dimensión de derecho fundamental; al mismo tiempo, otros elementos, de contenido económico y asistencial, se orientan por la lógica de implementación y protección propia de [os derechos prestacionales. En suma, de la comprensión que se tenga del término “familia” dependerá el sentido y alcance de los mecanismos constitucionales de protección". Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 26 de agosto de 2009.

(66) Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente: 24392.

(67) Al respecto el artículo 178 del código Contencioso Administrativo (D. 1/84) estableció que “la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tornando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”. En atención a lo cual la jurisprudencia de la corporación ha fijado las indemnizaciones por perjuicios inmateriales en salarios mínimos, por cuanto en Colombia el salario mínimo legal mensual se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor.

(68) Consejo de Estado, sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646 (acumulados).

(69) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031.

(70) En aplicación del inciso segundo del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. “Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano [a liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

(71) Folio 518, cdno. ppal.

(72) En aplicación del inciso segundo del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo "Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoría de aquel o al de la fecha de fa notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación".

(73) Folio 3, cdno. 1.4343.