Sentencia 1998-15929 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 250002326000199815929-01 (26629)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Manuel Armando Bello Rozo y Manuel Armando Bello Martínez

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción: reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia 26 de noviembre de 2003, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con miras a establecer si el daño alegado por los actores resulta imputable a la entidad pública demandada, por haber certificado, según la demanda, la originalidad de los sistemas de identificación del automotor de placas DXV 793, cuando en realidad no lo era, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación deberán prosperar.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar los hechos probados, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad que la parte actora endilga a la administración accionada o si se presenta una causal de exoneración a su favor.

2.2.1. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada —pruebas decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo— y las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1. Acorde con el material probatorio, se conoce que el señor Manuel Armando Bello Martínez adquirió la camioneta marca Chevrolet de placas DXV-793 el 26 de diciembre de 1996. De ello da cuenta el formulario único nacional 095-0013490 suscrito por el antes nombrado y su vendedor señor Mario Caballero Ruíz, presentado ante la oficina de tránsito y transporte del municipio de Acacias (Meta), con el fin de tramitar el traspaso del vehículo en mención (copia auténtica aportada por los demandantes con la demanda, fl. 1 cuaderno 2).

En el plenario también reposa el certificado de registro vehicular de 9 de enero de 1997, expedido por el Instituto de Tránsito y Transporte de la Gobernación del departamento del Meta, en el que consta que el vehículo “clase camioneta, marca Chevrolet, línea 2300, modelo 1995, servicio particular, color azul Danubio, carrocería doble cabina, manifiesto 0025109”, fue matriculado el 6 de diciembre de 1996 a nombre del señor Mario Caballero Ruíz y a partir del 30 de diciembre de 1996 “aparece registrado como último propietario el señor Bello Martínez Manuel Armando”, con la anotación de “estar pendiente el pago de los impuestos del 97” (copia auténtica aportada por los demandantes con la demanda, fl. 2, cdno. 2).

Así mismo, la parte actora allegó a la actuación el recibo de caja expedido por el Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, en el que consta que el día 30 de diciembre de 1996 el señor Mario Caballero Ruíz pagó la suma de $ 10.780, por concepto del trámite de traspaso del vehículo de placas DXV-793 y de expedición de la licencia de tránsito (fl. 4, cdno. 2).

2.2.1.2. El día 29 de septiembre de 1997, miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá —Sijin grupo automotores— inmovilizaron el vehículo que era conducido el señor Manuel Armando Bello Martínez, al percatarse de irregularidades en la documentación que presentó el conductor al momento de su detención, según se hizo constar en el acta de incautación:

Motivo de la incautación: revisión técnica y confrontación de documentos ya que se encuentra matriculada con documentación fraudulenta (copia auténtica aportada por los demandantes con la demanda, fl. 3, cdno. 2).

2.2.1.3. Las pruebas indican que la revisión técnica a la que aluden los actores en el libelo demandatorio, no fue practicada por la entidad pública demandada.

En efecto, por solicitud de la parte actora(2), el a quo solicitó al departamento de Policía de Cundinamarca la remisión de la revisión técnica 0311 de enero 28 de 1997, del vehículo identificado con las placas DXV-793 “para que informen en base a qué datos expidieron dicho documento”(3) y, en respuesta, mediante oficio 0031 de 7 de enero de 2000, el grupo de automotores de la seccional de Policía Judicial dio cuenta al tribunal que “revisado el archivo de la unidad no se encontró copia del informe o revisión técnica 0311 del 280197 respecto al automotor de placas DXV-793” (original aportado por los demandantes, fl. 5, cdno. 2).

2.2.2. Análisis del caso.

Los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los perjuicios causados “con ocasión de haber certificado a través del departamento de Policía de Cundinamarca —Sijin— la originalidad de los sistemas de identificación” de la camioneta marca Chevrolet de placas DXV-793 —según el informe de revisión técnica 0311 de 28 de enero de 1997—, cuando en realidad no lo era, razón esta que, según su versión, motivó la incautación del automotor.

Al respecto, la Sala encuentra que si bien la parte actora adujo en su demanda que la entidad pública demandada expidió un certificado de autenticidad del vehículo, sus afirmaciones carecen de soporte probatorio, comoquiera que no allegó el documento en el que conste la realización de dicho procedimiento.

Cabe anotar que los demandantes aportaron con la alzada copia simple del “informe resultado revisión técnica” 0311 de 28 de enero de 1997, suscrito por el técnico en identificación de automotores, el jefe de Kardex y el jefe de la unidad de la Sijin del departamento de Policía de Cundinamarca, con sede en Bogotá, en el que se certificó “la originalidad de los sistemas de identificación” del vehículo de placas DXV-793 (fl. 111, cdno. ppal.).

Sobre el particular, la Sala considera que el documento en mención no puede ser tenido en cuenta, en la medida en que fue aportado por fuera de la oportunidad legal para hacerlo, frente al cual la entidad pública accionada no tuvo la oportunidad de controvertir. Además, su veracidad se encuentra en entredicho, pues el grupo de automotores de la seccional de Policía Judicial del departamento de Policía de Cundinamarca no dio cuenta de su existencia, constituyéndose en el alegato principal de su defensa.

En los términos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo(4), el decreto de pruebas en segunda instancia procede solo en los eventos allí previstos, lo que no ocurre en el presente asunto, pues no obstante haberse solicitado en la primera instancia, el demandado informó que la prueba solicitada no reposaba en sus archivos, comoquiera que no practicó el procedimiento al que alude la demanda.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que, si en gracia de discusión se admitiese el documento de revisión técnica aportado con la impugnación, tampoco se configuraría la falla del servicio alegada por los actores, en la medida en que la diligencia de traspaso de la camioneta marca Chevrolet de placas DXV-793 al señor Manuel Armando Bello Martínez, se surtió ante el oficina de tránsito y transporte del municipio de Acacias (Meta) el 26 de diciembre de 1996, esto es antes de haberse realizado la supuesta revisión técnica efectuada por la Sijin de Bogotá el 28 de enero de 1997. De lo que se concluye, que la adquisición del vehículo no estuvo precedida del mencionado procedimiento.

Aunado a lo anterior, en el expediente no obra prueba de que antes de realizar la compra del automotor, los demandantes hubiesen solicitado información a la Policía Nacional sobre la procedencia lícita del mismo.

Cabe anotar que quienes negocian vehículos automotores con la diligencia que exige el cuidado del patrimonio propio, puede acudir a las autoridades competentes, como es el caso de la Sijin o Policía Judicial, para que, con la colaboración de expertos en la materia, de ser ello necesario, se verifique la autenticidad y originalidad de los datos de identificación del bien que se pretende adquirir, precaución que, de conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, no cumplió el demandante.

No debe olvidarse que la carga de la prueba constituye una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”, pues no basta con afirmar la ocurrencia de los hechos, deben demostrarse todos y cada uno de ellos, toda vez que las pruebas aportadas al proceso regular y oportunamente constituyen las herramientas que le permiten al juzgador adquirir certeza sobre la verdad de lo acontecido y por ende son el fundamento de la sentencia.

Dicho en otras palabras, para lograr que el juez dirima la controversia en sentido favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los hechos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el procedimiento colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones(5).

De ahí que en este caso, la Sala mantendrá la decisión del tribunal en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de 26 de noviembre de 2003, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 10 de diciembre de 1997, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000 —arts. 129 y 132 del CCA subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en la suma de $ 24.000.000, por concepto de daño emergente.

(2) Folio 4, cuaderno 1.

(3) Folios 26 y 40, cuaderno 1.

(4) Esta norma prevé:

“Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.

(5) Sentencia de 13 de julio de 2005, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Expediente 16145.