Sentencia 1998-15937 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: 25000-23-26-000-1998-15937-01 (29888)

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actor: Caja de compensación familiar Cafam

Demandado: La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Acorde con la jurisprudencia de esta corporación, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia” y señaló que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo que significa que el conocimiento de las mencionadas controversias radica, en primera instancia, en los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

Se trata del auto de 9 de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado 11001032600020080000900 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante el cual se fijó una postura en torno de los artículos 134B del Código Contencioso Administrativo y 73 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—.

1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(1):

— El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto de 17 de octubre de 1990, reconoció a la sociedad Infojuris Ltda, representada por el señor Norberto Salamanca Flechas, como subrogataria de la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras, en el proceso ejecutivo con título hipotecario iniciado por los últimos contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora (fl. 62-63 cdno. 1; 194-195 cdno. 5).

— El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto de 17 de octubre de 1990, designó al señor Norberto Salamanca Flechas como secuestre dentro del aludido proceso ejecutivo (fl. 67 cdno. 5).

— El 29 de enero de 1991, el secuestre Norberto Salamanca Flechas arrendó a la señora María Patricia Ramírez de Baena la totalidad del centro comercial Normandía, inmueble embargado y secuestrado en el proceso ejecutivo reseñado, para que ella, sin limitación alguna, lo subarrendara o cediera mediante concesión comercial. En el contrato de arrendamiento se pactó un canon de arrendamiento de $1.000.000 mensual y se hizo constar que (i) el arrendador-secuestre recibe “a título de mutuo con intereses (que se descontarán/pagarán con los cánones de arrendamiento a cargo de la arrendataria), la suma de $160.000.000, valor que fue entregado a su vez, inmediata y totalmente a los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñonez de Mora” y (ii) la arrendataria puede ejercer derecho de retención sobre el inmueble hasta cuando se le reintegre “el capital (más los intereses correspondientes sobre saldos, pactados a una tasa del tres punto nueve-3.9% mensual) que ésta anticipó a título de cánones de arrendamiento y para el fin señalado en el literal B” —arreglo y adecuación del centro comercial Normandía—. Del acuerdo sirvieron como garantes los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora (fl. 6-9 cdno. 3; 74-77, 139-142, 175-178 cdno. 5; 6-9 cdno. 6; 6-9, 36-39 cdno. 7).

— El 1º de febrero de 1991, los señores Norberto Salamanca Flechas, María Patricia Ramírez de Baena y la caja de compensación familiar celebraron un contrato de arrendamiento, el cual tenía por objeto el centro comercial Normandía y fijó un canon mensual del 1.3% sobre las ventas netas que facturara Cafam, excluido cualquier gravamen como el IVA (fl. 86-90, 194-128 cdno. 5; 59-63 cdno. 6).

— El secuestre Norberto Salamanca Flechas le informó a la Caja de Compensación Familiar que son propietarios del centro comercial Normandía: Infojuris Ltda, sociedad en la que él es representante legal y la señora María Patricia Ramírez de Baena, quien por ostentar doble condición –dueña y arrendadora— y estar debidamente facultada para subarrendar, podía entregar el inmueble en tenencia como sucedió con Cafam.

2. Los propietarios formales conforme a la escritura 2687 de septiembre 12 de 1990, otorgada en la Notaría 33 de esta ciudad, son la señora María Patricia Ramírez de Baena, Savannah Leathers Ltda e Infojuris Ltda.

3. Para los fines a que haya lugar, igualmente le comunico que la sociedad Savannah Leathers Ltda ha venido cediendo, a su vez, a favor de la señora María Patricia Ramírez de Baena la totalidad de los derechos que poseía sobre el centro comercial Normandía. En resumen, los actuales propietarios son la señora María Patricia Ramírez de Baena (66.7%) e Infojuris Ltda (33.3%), sociedad que representa legalmente el suscrito, sin limitación alguna, en mi calidad de gerente.

(...) En consecuencia, con base en su doble calidad de propietaria y, principalmente, en su condición de arrendataria del centro comercial Normandía, la única persona autorizada para suscribir el contrato de arrendamiento con Cafam (contractualmente está facultada para subarrendar) es la señora María Patricia Ramírez de Baena (fl. 32-33 cdno. 1; 79-80 cdno. 5).

— El secuestre Norberto Salamanca Flechas, posteriormente, le informó a la caja de compensación familiar que (i) se prorrogó el contrato de arrendamiento; (ii) si bien se canceló la inscripción de las escrituras que dan por dueños del centro comercial Normandía a la sociedad Infojuris Ltda y a la señora María Patricia Ramírez de Baena, lo cierto es que ellas pedirán, en oportunidad, la adjudicación del aludido inmueble y (iii) no pesan problemas judiciales ni legales sobre el bien. Máxime cuando el señor Diógenes Mora Leal adelanta las gestiones necesarias para suscribir, directamente, el contrato de arrendamiento con Cafam.

1. El secuestre Norberto Salamanca Flechas, posteriormente, le informó a la caja de compensación familiar que (i) se prorrogó el contrato de arrendamiento; (ii) si bien se canceló la inscripción de las escrituras que dan por dueños del centro comercial Normandía a la sociedad Infojuris Ltda y a la señora María Patricia Ramírez de Baena, lo cierto es que ellas pedirán, en oportunidad, la adjudicación del aludido inmueble y (iii) no pesan problemas judiciales ni legales sobre el bien. Máxime cuando el señor Diógenes Mora Leal adelanta las gestiones necesarias para suscribir, directamente, el contrato de arrendamiento con Cafam.

2. El contrato de arrendamiento suscrito con ustedes se prorrogó automáticamente conforme a lo pactado inicialmente y con el incremento acordado (...).

3. (…) por diversas razones, se canceló inicialmente la inscripción de estas escrituras en la oficina de registro. Dependiendo del logro de unas gestiones que se están realizando actualmente, se solicitará, en oportunidad, la realización de la diligencia de remate y/o la adjudicación a favor de Infojuris Ltda y María Patricia Ramírez de Baena del centro comercial.

4. En consecuencia, comedidamente le manifiesto que realmente y en verdad, actualmente ya no existen problemas de orden judicial ni legal sobre el inmueble.

5. Igualmente, el señor Diógenes Mora Leal está plenamente facultado, sin limitación alguna, para continuar adelantando las gestiones tendientes a suscribir el contrato de arrendamiento con Cafam (fl. 32-33 cdno. 1; 122-123 cdno. 5).

— Mediante oficio de 24 de marzo de 1993, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. instó al señor Norberto Salamanca Flechas para que hiciera “entrega del bien que le fue puesto a su disposición dentro del presente proceso ejecutivo con título hipotecario” (fl. 119 cdno. 5).

— El Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. certificó que en el proceso ejecutivo con título hipotecario de la Arquediócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora, fue designado el señor Siervo Humberto Gómez García en el cargo de secuestre del centro comercial Normandía, desde el 1º de abril de 1993 (fl. 11 cdno. 3).

— La inspectora 10G Distrital de Policía, mediante diligencia de 22 de septiembre de 1993, procedió a realizar la entrega real y material del centro comercial Normandía y “en las condiciones en que se encuentra al secuestre entrante, quien manifiesta: ´recibo a entera satisfacción el inmueble en referencia´” (fl. 250-251 cdno. 5).

— El secuestre saliente, señor Norberto Salamanca Flechas, en su informe final de gestión, manifestó que (i) recurrió a la inversionista María Patricia Ramírez de Baena para arreglar, adecuar y modernizar el centro comercial Normandía; (ii) el inmueble fue arrendado en su totalidad a la antes nombrada, contrato que fue abalado por los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora; (iii) la señora Ramírez de Baena subarrendó el bien a Cafam y pagó varias acreencias a cargo de los ejecutados, honorarios de abogado y proveedores de materiales, con el producto de los cánones de arrendamiento; (iv) ella giró aproximadamente $200.000.000, no pudo inscribir la escritura que se le había hecho a su favor del aludido inmueble, ni obtuvo un cruce de cuentas, razones por las cuales se siente estafada y anuncia una acción penal y (v) no recibió suma alguna por concepto de arrendamiento.

El inmueble —centro comercial Normandía— se encontraba totalmente abandonado durante los últimos seis años (...).

Cafam deseaba volver a utilizar el inmueble pero exigía que se adecuara a sus necesidades; además exigía que junto con este inmueble se le arrendara y acondicionará adicionalmente el lote contiguo (…).

El demandado supuestamente tenía interés en que el inmueble se arreglara, se remodelara, se modernizara y obviamente esto no chocaba con mis funciones de secuestre (...).

Se recurrió a unos inversionistas, representados por la señora María Patricia Ramírez de Baena, quien aceptaba invertir los dineros necesarios para remodelar y acondicionar tanto el local como el lote contiguo/parqueadero, con el fin de cumplir con las exigencias de Cafam.

Como el resultado de esta operación, debidamente autorizado por la Ley y en cumplimiento de mis obligaciones y deberes como secuestre, entregué real y materialmente a título de arrendamiento el centro comercial Normandía a la señora María Patricia Ramírez de Baena, todo de común acuerdo con los demandados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora (...).

Se pactó un término de un (1) año prorrogable conforme a los términos y condiciones previstos en el contrato —de subarriendo—. Esto obedecía a la circunstancia de facilitar el desembolso de los dineros necesarios para la adecuación del centro comercial y, además, porque la arrendataria comenzaría a pagar “todas” las acreencias las acreencias a cargo de los demandados y así se le comunicó esto a los acreedores. Se pagaron obligaciones a favor de José Domingo Otálora Contreras (Juzgados 12 y 2º Civiles del Circuito), Isabelia Mesa Ortiz (Juzgado 10 Civil del Circuito), Carlos López Pabón (Juzgados 3º y 10 Civiles del Circuito), honorarios de abogados: Álvaro Salcedo Flórez, Juan B. Ceballos Angarita, Héctor Pinzón Cortés, Ricardo Briceño Patiño, etc. se pagaron algunos acreedores/proveedores materiales.

El objetivo era pagar las obligaciones que se encuentran relacionadas en el anexo 2, que según las cuentas e informe presentado por el doctor Héctor Pinzón Cortés y el señor Diógenes Mora Leal estas ascendían a $42.771.898. Infortunadamente, esto resultó una falsedad, más de muchas que me resultaron, con el demandado Diógenes Mora Leal, pues una sola de las obligaciones que se cobran actualmente, adicional a las del presente proceso, supera más del doble de la citada cifra. Por esta razón, actualmente los inversionistas y especialmente la señora María Patricia Ramírez de Baena me acusan de ser cómplice del señor Diógenes Mora Leal, hecho totalmente inexacto, pues no soy más que otra víctima de las indelicadezas de este señor. La próxima semana, con la documentación completa iniciaré la acción penal correspondiente.

(....). No se ha podido conciliar cuentas con la señora María Patricia Ramírez de Baena, pues ella giró aproximadamente $200.000.000; la inscripción de la escritura de venta que se había hecho del inmueble a su favor y de Savannah Leathers Ltda no fue autorizada, a pesar de contar inicialmente con la aprobación judicial para ello por parte de su despacho (anterior Juez Nohora Gemma Gómez de Ruiz).

(....). La señora María Patricia se siente estafada y anunció una acción penal.

Declaró al despacho, bajo la gravedad del juramento, que la única persona o entidad que ha usufructuado o explotado económicamente, pagando una renta sobre el inmueble trabado en la Litis, ha sido Cafam. El inmueble fue arrendado a Cafam por la señora María Patricia Ramírez de Baena. No he recibido sumas de dinero por concepto de arrendamientos (fl. 1-3 cdno. 6).

— El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante oficio de 17 de mayo de 1993, le comunicó al departamento jurídico de Cafam que se debía abstener “de pagar los cánones de arrendamiento del (....) centro comercial Normandía a persona distinta al secuestre designado por el despacho, señor Siervo Humberto Gómez García” (fl. 88 cdno. 3; 127, 141 cdno. 5; 89 cdno. 6)

— El antes nombrado, por su parte, le envió comunicaciones a la caja de compensación familiar informando el relevo y la necesidad de que los cánones de arrendamiento se efectúen a nombre suyo y/o del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (fl. 125 cdno. 1; 124 cdno. 5).

— La caja de compensación familiar envió, periódicamente, al secuestre Siervo Humberto Gómez García copia de los depósitos judiciales que efectuaba, por concepto de cánones de arrendamiento del centro comercial Normandía (fl. 131-141 cdno. 1; 54-56, 96-101 cdno. 3; 130-139, 244-247 cdno. 5)

— El secuestre Siervo Humberto Gómez García le envió comunicaciones a la Caja de Compensación Familiar contentivas de fórmulas de reajuste del canon de arrendamiento y de pago de un anticipo (fl. 145-146 cdno. 1; 57-58, 70-71 cdno. 3; 144-145, 270-271 cdno. 5). Las cuales no fueron aceptadas o fueron objeto de contrapropuestas por parte de Cafam (fl. 72-73 cdno. 3; 197-198, 272-273 cdno. 5).

— Mediante auto de 18 de agosto de 1993, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. autorizó al señor Siervo Humberto Gómez García para que “con el producto del inmueble secuestrado sean cancelados los impuestos, valorización y demás emolumentos adeudados por el bien” (fl. 256 cdno. 5; 117, 254 cdno. 7).

— Por auto de 11 de julio de 1994, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. autorizó “la ejecución de las obras a que se refiere el secuestre, pero siempre bajo la supervisión, cuidado y diligencia que requiere la administración de un bien como el cautelado” (fl. 264 cdno. 5)

— El 7 de septiembre de 1994, el secuestre Siervo Humberto Gómez García demandó, ante el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., a la señora María Patricia Ramírez de Baena para obtener la restitución del centro comercial Normandía, porque su predecesor, señor Norberto Salamanca Flechas, en el informe final de gestión, aseveró que “no ha recibido ninguna suma de dinero por concepto de arrendamientos de parte de la antes nombrada. De otra parte, el suscrito tampoco ha recibido pago alguno por parte de la señora María Patricia Ramírez de Baena, por concepto de cánones de arrendamiento del inmueble aludido, durante el lapso de tiempo que llevo desempeñando el cargo de secuestre, esto es, desde el primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993)” (fl. 1-4 cdno. 3; 170-173 cdno. 5; 1-4 cdno. 6).

— El 9 de septiembre de 1994, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. remitió la demanda de restitución a la oficina judicial-Reparto para que le sea abonada, porque “conoce del proceso ejecutivo donde se designó al demandante como secuestre” (fl. 5 cdno. 3; 174 cdno. 5; 5 cdno. 6).

— En cumplimiento de la orden judicial impartida, la Oficina Judicial-Reparto-Grupo de Sistemas, asignó la demanda de restitución de inmueble arrendado al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 1994 (fl. 14 cdno. 3, 183 cdno. 5, 14 cdno. 6).

— El 19 de septiembre de 1994, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (i) admitió la demanda de restitución de inmueble arrendado y (ii) corrió traslado de la misma a la señora María Patricia Ramírez de Baena, por el término de 10 días (fl. 15 cdno. 3; 184 cdno. 5; 16 cdno. 6). Como no pudo ser notificada la demandada, de forma personal, se fijó un aviso “en la puerta de entrada del inmueble objeto de la restitución” (fl. 16 cdno. 3; 185 cdno. 5).

— El Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia de 21 de octubre de 1994, (i) declaró “legalmente terminado el contrato de arrendamiento que inicialmente fuera celebrado entre el señor Norberto Salamanca Flechas, en su calidad de secuestre, dignidad transmitida al señor Siervo Humberto Gómez García, en calidad de arrendador y la señora María Patricia Ramírez de Baena como arrendataria del inmueble denominado centro comercial Normandía” y (ii) ordenó la restitución del bien referenciado. Lo anterior, porque la causal alegada de mora en el pago de los cánones de arrendamiento no fue desvirtuada por la demandada María Patricia Ramírez de Baena.

(...) se relata que la mencionada arrendataria no canceló ninguna suma de dinero por concepto de arrendamientos al Dr. Salamanca Flechas en la época que ostentó la calidad de secuestre, razón que igualmente argumenta el auxiliar de la justicia que lo reemplazara desde la época en que comenzó a ejercer su cargo, esto es, desde el primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), razón por la cual se alega como causa de la restitución la falta de pago en los cánones que inicialmente se acordaran, causal esta que en ningún momento fue desvirtuada por el extremo pasivo, por lo que se convierte en plena prueba en su contra y, por lo tanto, es factible acoger favorablemente las pretensiones del actor (fl. 19-21 cdno. 3; 188-190 cdno. 5; 19-21 cdno. 6).

— El 15 de diciembre 1994, la diligencia de restitución del centro comercial Normandía fue suspendida y aplazada, argumentando coincidencia con la finalización “de la primera fase del programa de sistematización del Juzgado” (fl. 24 cdno. 3; 193 cdno. 5; 24 cdno. 6).

— El 16 de diciembre 1994, la diligencia de restitución del centro comercial Normandía fue suspendida y aplazada un mes, para buscar un reajuste del canon de arrendamiento y la posibilidad de efectuar un anticipo respecto de ese concepto (fl. 25-28 cdno. 3; 194-196 cdno. 5; 25, 31 cdno. 6)

— El 23 de enero 1995, la diligencia de restitución fue suspendida, por cuarta vez, porque el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. tenía que "cumplir una cita de carácter oficial en el Consejo Superior de la Judicatura" (fl. 32 cdno. 3; 32 cdno. 6).

— El 16 de enero 1995, la diligencia de restitución fue suspendida, una vez más, por solicitud del secuestre Siervo Humberto Gómez García (fl. 31 cdno. 6).

— El 23 de enero 1995, la diligencia de restitución fue suspendida, por cuarta vez, porque el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. tenía que “cumplir una cita de carácter oficial en el Consejo Superior de la Judicatura” (fl. 32 cdno. 3; 32 cdno. 6).

— El 3 de febrero 1995, la diligencia de restitución fue suspendida, por quinta vez. La caja de compensación familiar se opuso a la actuación, porque (i) existe un contrato de arrendamiento vigente, el cual se celebró con autorización e intervención del secuestre de la época y (ii) en ningún momento, se configuró la mora alegada, objeción que no fue resuelta por parte del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (fl. 34-40 cdno. 3; 34-40 cdno. 6).

— El 10 de febrero 1995, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. efectuó la diligencia de restitución y otorgó un plazo de 5 días para “desocupar” el centro comercial Normandía. Dicho funcionario rechazó de plano la oposición presentada por la caja de compensación familiar, con fundamento en lo prescrito en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil y precisó que “si Cafam consideraba que se le podían vulnerar sus derechos debió voluntaria y por iniciativa propia concurrir al juzgado y exponer lo que consideraba eran sus derechos y debatir lo que creía podía ser causa de vulneración de ellos y para ello estaba completamente enterada de la iniciación del proceso de restitución y, sin embargo, no lo hizo” (fl. 129-138 cdno. 3; 221-229 cdno. 5;131-139 cdno. 6)

— El 13 de febrero 1995, la caja de compensación familiar Cafam solicitó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. ampliar el plazo otorgado, porque 5 días son insuficientes para trasladar y reubicar un supermercado con empleados, equipos y productos suyos y de sus concesionarios (fl. 150 cdno. 3).

— La Caja de Compensación Familiar presentó una tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales de debido proceso, defensa y propiedad, presuntamente, vulnerados por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (fl. 199-212 cdno. 5). En el trámite de dicha acción se dispuso la práctica de una inspección judicial de los procesos ejecutivo con título hipotecario y de restitución de inmueble arrendado.

En dicha diligencia se evidenció que (i) por auto de 25 de mayo de 1994, se dispuso la acumulación, al aludido proceso ejecutivo, de todas las ejecuciones que se adelanten en contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora; (ii) el trámite del concurso de acreedores está suspendido, mientras se allegan las ejecuciones que cursan en otros despachos; (iii) se han impulsado las actuaciones del proceso restitutorio y de rendición de cuentas del secuestre Siervo Humberto Gómez García; (iv) este auxiliar de la justicia ha informado periódicamente al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. de los dineros recibidos por concepto de cánones de arrendamiento; (v) la Caja de Compensación Familiar presentó una relación de los pagos que ha efectuado, por concepto de arrendamiento y (vi) el despacho tiene a su disposición los originales de los depósitos judiciales que le ha realizado Cafam y conoce las constantes comunicaciones que se han surtido entre esa entidad y el secuestre.

Se trata de un proceso ejecutivo con título hipotecario que al cuaderno No. 6 contiene la última diligencia de remate llevada a cabo el día 3 de agosto de 1990, la que fue suspendida por la anterior titular del despacho, posteriormente hay edictos de emplazamiento para una nueva fecha pero realmente no hubo diligencia. Igualmente, se observó que en Julio del año 1994 se presentó Rosmery Camacho Casado con demanda de acumulación con fundamento en la letra de cambio por $2.000.000. Igualmente, se observó que el 11 de mayo de 1994, la misma Rosmery Camacho C. solicita acumulación de procesos que cursen contra Diógenes Mora Leal y/o Clara Quiñones de Mora. En tal razón, mediante auto de fecha 25 de mayo de 1994 se dispuso la suspensión de todas las acreencias, se ordenó el emplazamiento de todos los que se consideren con derecho a intervenir en el proceso para que se hagan presentes y se ordenó la acumulación al proceso de todas aquellas ejecuciones que se adelanten contra los aquí demandados, en el estado en que se encuentren para lo cual la secretaría librará las comunicaciones necesarias y al efecto según manifestación del titular del juzgado han llegado 122 ejecuciones al proceso. En este estado de la diligencia y como una colaboración para mejor observación del proceso se le solicita al titular del juzgado se sirva manifestar en qué estado procesal se encuentra el proceso, a lo que contestó. El trámite de concurso de acreedores que como consecuencia de tal declaratoria hubo necesidad de seguir, se encuentra virtualmente suspendido desde hace aproximadamente 5 meses, habida cuenta que varios de los despachos a quienes se le pidieron los procesos en contra del demandado, manifestaron que no tenían ejecución alguna en contra de ellos, aspecto que contradecía la solicitud de remanentes que en años anteriores habían cursado por este juzgado, lo que motivó por parte de esta oficina un requerimiento para que clarificara dicha situación. No obstante se ha venido adelantando actuación en el proceso restitutorio y en los cuadernos relativos a las cuentas del secuestre que son actuaciones que no contravienen las consecuencias del auto admisorio del concurso de acreedores. En relación con las actuaciones de los secuestres y sus cuentas y básicamente de los últimos secuestres que actuaron dentro del proceso se observó lo siguiente: El cuaderno No. 9 contiene lo relativo a una diligencia de entrega del inmueble secuestrado al nuevo secuestre Siervo Humberto Gómez García. A folios del 70 al 74, memorial dirigido al juzgado por éste último secuestre en el que hace una relación de los dineros recibidos por concepto de cánones de arrendamiento. Igualmente, dentro del mismo cuaderno aparecen dos copias de dos títulos consignados por Cafam a nombre del juzgado y para este proceso de mayo 26 y junio 24 del año de 1993. Toda la diligencia de entrega que hizo una inspección de policía por comisión que hiciera este juzgado para la entrega al secuestre Siervo Humberto Gómez. La relación de los pagos efectuados por Cafam presentados directamente por el jefe de departamento jurídico, relación de pagos que se dejan en copia (....). Se pusieron a disposición del juzgado, igualmente, los originales de los siguientes títulos de depósito judicial que se relacionan a continuación: (....). En este estado de la diligencia solicita el uso de la palabra el titular del Juzgado 19 y concedida manifiesta: Es bueno aclarara que evidentemente existen varias comunicaciones cruzadas entre Cafam y el secuestre Siervo Humberto Gómez García relativas a cánones de arrendamiento, anticipos y otros aspectos (...) y ello corresponde única y exclusivamente al interés que existía por parte de Cafam de celebrar contrato de arrendamiento directamente con el secuestre arrendador y no seguir en calidad de subarrendatario. Parte de ese acuerdo se estuvo ventilando inclusive en este despacho, obviamente sin que el juez tuviera injerencia, pues se trataba de la administración del inmueble a cargo del secuestre, pero sí se hizo como elemento determinante para un eventual arreglo dentro del concurso de acreedores, pues sobre esa base, esto es, el posible arreglo del contrato con Cafam se podría entrar a considerar la viabilidad de una determinada propuesta o fórmula de arreglo que según la ley que rige las quiebras y los concordatos le corresponde al Juez procurarla. A estos trámites se remite el artículo 569 y ss. del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no significa que entre Cafam y el secuestre haya existido relación contractual de arrendamiento como se ha pretendido hacer ver. También debe acotarse que durante los primeros meses en que rigió el contrato de arrendamiento suscrito entre el secuestre saliente y la demandada en el proceso de restitución, esto es, María Patricia Ramírez de Baena, meses que superan el número de 12, no se percibió por parte del secuestre Norberto Salamanca suma alguna de dinero, según él mismo lo asevera, proveniente de la arrendataria o de la subarrendataria Cafam. Los dineros provenientes del arriendo se percibieron una vez hubo relevo de secuestre. Se agrega a la diligencia de inspección memorial de junio 21 de 1994, en copia, presentado por el secuestre Norberto Salamanca donde bajo juramento manifiesta no haber percibido dinero alguno por concepto de arrendamiento (...). También debe aclararse que el señor Salamanca Flechas, secuestre saliente, suscribió ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito un memorial de transacción con el señor Diógenes Mora, el primero como demandante y el segundo como demandado, en donde otras cosas se dice que para aclarar definitivamente las cuentas sobre “los diversos acreedores que aportaron recursos con el fin de evitar el remate y remodelar-adecuar el centro comercial Normandía a las exigencias de Cafam” y seguidamente, a ello, se hace una relación de cuentas, en las que se afectan los supuestos $160.000.000 que se entregaron a los demandados y de los cuales se hace mención en el contrato de arrendamiento suscrito entre el secuestre Norberto Salamanca Flechas como arrendador y la arrendataria María Patricia Ramírez de Baena (...), significa entonces que la supuesta garantía que brindaron los demandados (dicho sea de paso no fue a título de coarrendatarios de la señora María Patricia Ramírez de Baena) y respecto de la cual tenían el derecho de hacer retención, se fue diluyendo poco a poco, entre otras cosas, por la transacción de que dan cuenta varios de los procesos que venían de diferentes acumulaciones y que en última instancia lo remitió el Juzgado Décimo Civil del Circuito (fl. 234-240 cdno. 5).

— La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante sentencia de 28 de febrero de 1995, (i) tuteló el derecho de debido proceso a la Caja de Compensación Familiar-Cafam; (ii) dejó sin efecto la actuación adelantada en el proceso de restitución de inmueble, instaurado por el secuestre Siervo Humberto Gómez García contra la señora María Patricia Ramírez de Baena; (iii) ordenó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. que, en el término de 48 horas, remita el expediente a la Oficina Judicial-Reparto para lo de su cargo y (iv) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que investigue la comisión del delito de fraude procesal.

Lo anterior, porque no era procedente iniciar un proceso de restitución por la causal de mora invocada ni acceder a las pretensiones del mismo. Máxime cuando el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. tenía conocimiento de que el canon de arrendamiento se estaba pagando, de forma oportuna, al secuestre, incluso en cuantía mayor a la pactada en el contrato que sirvió de base para la restitución.

En ninguno de los casos enunciados anteriormente, le era dado al secuestre instaurar demanda de restitución con fundamento en la causal de falta de pago de los cánones de arrendamiento y, mucho menos, afirmar no haberlos recibido. Tampoco podía el juez, dar despacho favorable a tales pretensiones, pues además de tener el contrato de arrendamiento adjunto con la demanda, el que contiene inserta la cláusula anteriormente mencionada, tampoco era ajeno a lo que sucedía con las cuentas presentadas por el secuestre, demandante en restitución, ya que por orden suya, se acumuló la restitución al ejecutivo con título hipotecario; es decir, era sabedor de que por dicho inmueble y para el proceso de la referencia, si estaba recibiendo el secuestre cánones de arrendamiento y, aunque no de la arrendataria Ramírez de Baena si de la subarrendataria-Cafam, con lo que ningún perjuicio se estaba causando a los acreedores, pues se estaban consignando en forma oportuna los cánones de arrendamiento del inmueble en mención, inclusive por una suma muy superior a la pactada en el contrato que sirvió de base a la restitución.

Entonces, para el Juzgado 19 Civil del Circuito, Cafam era ajena a la relación contractual que originó la restitución y por eso consideró que no podía ser llamada a dicho proceso; pero si le exigió contrariamente cancelar el canon de arrendamiento no a su arrendadora María Patricia Ramírez de Baena, sino bien directamente a órdenes del Juzgado o bien directamente al secuestre.

(....) La apreciación en conjunto de las pruebas allegadas a esta tutela, no permiten más que concluir, que además de haberse violado el debido proceso, debe ordenarse que se compulsen copias del proceso de restitución, instaurado por el secuestre mencionado contra María Patricia Ramírez de Baena, con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue el posible delito de fraude procesal que se pudo haber cometido, con el fin de lograr la desocupación del inmueble, perjudicando a la Caja de Compensación Familiar-Cafam, a pesar de estar percibiendo el secuestre de ésta directamente, sumas de dinero por concepto de cánones de arrendamiento.

La violación del debido proceso en perjuicio de Cafam es clara, quien no tenía otro medio de defensa judicial que esta acción, ya que presentada la correspondiente oposición en la diligencia de restitución, le fue negada con el argumento de ser causahabiente de la demandada.

El acceder a la tutela solicitada por las razones mencionadas, indica que es necesario, para dejar sin valor ni efecto todo lo actuado en el proceso de restitución de inmueble arrendado instaurado por Siervo Humberto Gómez García contra María Patricia Ramírez de Baena y, en consecuencia, ordenar que el mencionado Juzgado 19 Civil del Circuito tome las medidas necesarias con el fin de que envíe el mencionado proceso a la Oficina Judicial, para que sea sometido a reparto entre todos los Jueces Civiles del Circuito (fl. 156-169 cdno. 3; 280-295 cdno. 5; 99-112, 158-171 cdno. 6).

— Por auto de 20 de junio de 1995, el Juzgado Catorce Civil del Circuito remitió el aludido expediente de restitución a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., para efectos de tramitar un recurso extraordinario de revisión interpuesto por Cafam (fl. 206 cdno. 3; 208 cdno. 6).

— La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 27 de marzo de 1995, modificó la decisión adoptada, en sede de tutela, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial para (i) “amparar el derecho de arrendatario que tiene Cafam con Luis A. Baena Riviere, representante de María Patricia Ramírez de Baena, mientras en el proceso de lanzamiento correspondiente se controvierte y decide lo referente a su valoración tenencial” y (ii) ordenar “al Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá D.C. que continúe la diligencia de entrega entre las partes del citado proceso, pero respetando a Cafam el derecho objetivo de protección”.

Lo anterior, porque dicha Corte consideró que una sentencia de lanzamiento contra Cafam, constituye una seria amenaza al debido proceso por parte del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.

Pero también aparece en la diligencia de lanzamiento y en este expediente que Cafam ha venido consignando y tratándose directamente con el señor secuestre demandante en el proceso de restitución, tal como aparece demostrado a folios 263, 264, 265, 267 y 270, con sus memoriales dirigidos al Juzgado 19 Civil del Circuito.

(...) Así mismo, aparece acreditado que en el proceso mencionado no fue demandado, notificado como tal, ni condenado Cafam, quien resultó siendo la afectada en el proceso de restitución, no obstante estar cumpliendo con todo lo estipulado en el contrato de arrendamiento, llevado a cabo con la señora María Patricia Ramírez de Baena.

Todo ello pone de presente que ciertamente hubo una irregularidad en el reparto, porque, como dice el Tribunal ha invocado el Juez 19 Civil del Circuito de esta ciudad, para atribuirse competencia del proceso de restitución que origina la presente tutela “que conoce del proceso donde se designó al demandante como secuestre”, factor que no se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil para atribuir competencia en la forma como lo expone el juzgado.

Así mismo, aparece que si bien el juzgamiento se ha dado entre Siervo Humberto Gómez García y María Patricia Ramírez de Baena, también lo ha sido que no aparece en esta actuación que ese proceso de lanzamiento tenga que afectar ineludiblemente a Cafam, en calidad de subarrendataria inicial, pues del mismo aparece que su calidad actual es la de arrendatario de su original arrendador. Ni tampoco aparece acreditado proceso alguno de lanzamiento que ventile la relación de arrendamiento entre María Patricia Ramírez de Baena y Cafam. Luego, no habiendo sentencia que lo ordene, en uno u otro sentido, ni que ello lo autorice la ley, lógicamente desprende la Sala que el intento de hacer efectiva una sentencia de lanzamiento contra Cafam, tal como sí aparece acreditado, constituye realmente una seria amenaza al debido proceso por parte del Juzgado 19 Civil del Circuito, ya que tiene derecho el accionante en tutela.

Por ello habrá de concederse la acción de tutela pero en el sentido de que la sentencia en su ejecución, no debe afectar la relación de tenencia entre la caja de compensación familiar Cafam y la señora María Patricia Ramírez de Baena, sin que para ella deba o sea procedente ordenar la nulidad o extinción de los efectos de dicha actuación, sin perjuicio del proceso en que ella pueda debatirse (fl. 174-196 cdno. 3; 176-198 cdno. 6; 76-98, 176-198 cdno. 6).

— La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia de 13 de mayo de 1996, (i) sancionó al Juez Diecinueve Civil del Circuito con arresto de 3 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y (ii) compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo relativo al “abono” del proceso de restitución.

Lo anterior, porque el aludido funcionario no continuó con la diligencia de entrega, tal como se ordenó en el fallo de tutela de segunda instancia, sino que se dedicó a impulsar lo relativo al concurso de acreedores y no compulsó las copias que le fueron ordenadas.

El Juez Diecinueve Civil del Circuito resolvió que le era más cómodo no continuar con la diligencia de entrega como le fue ordenado, sino sencillamente dejar la misma situación de hecho en que quedó Cafam, una vez suspendida la diligencia de entrega y, por ello afirma que “transcurrió más de un año en que Cafam detentó el inmueble como arrendataria”, pues “luego de los derechos que le fueron tutelados a la caja de compensación familiar, el juzgado se dedicó a continuar con el trámite del concurso de acreedores”; pero lo cierto es, que nunca afirmó haber continuado con la diligencia de entrega, tal como le fue ordenado, como en efecto nunca la continuó.

Y esta conducta, a pesar de no haber causado agravio a quien solicitó el amparo, podía ser justificada si el mismo Juez Diecinueve Civil del Circuito hubiere reasumido la competencia del proceso de restitución que originó la tutela; pero como ello no aconteció, se dejó expuesto el derecho tutelado a Cafam, a la actuación que desplegara el Juzgado Catorce Civil del Circuito, quien como juez ajeno a la tutela, no podía atenerse más que a lo actuado en el mismo proceso, pues no era el juez que debía cumplir la tutela.

Y es que la continuación de la diligencia de entrega entre las partes, en el proceso de restitución tantas veces citado, era fundamental, tal como lo expuso la H. Corte Suprema de Justicia para definir allí el derecho tutelado y la relación tenecial que tenía Cafam sobre el inmueble y para que, además, entre las partes del proceso la cuestión quedara definida y la diligencia concluida.

Y finalmente, como el juez diecinueve no asumió nuevamente el conocimiento del proceso, como le era debido, tampoco cumplió con la orden de expedir las copias del proceso de restitución, con destino a la Fiscalía General de la Nación, tal como lo dispuso la H. Corte Suprema de Justicia (...).

Debe ordenarse también, que tanto el Consejo Seccional de la Judicatura como la Fiscalía Delegada ante los tribunales investiguen los hechos relacionados con el abono que se hizo el Juez Diecinueve Civil del Circuito del proceso de restitución que originó la tutela que nos ocupa (fl. 121-137 cdno. 2).

— La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 31 de mayo de 1996, dispuso confirmar la sanción que le fue impuesta al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., “por desacato a las órdenes impartidas en la sentencia de tutela de 27 de marzo de 1995, proferida por esta alta corporación, con tres (3) días de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales”.

Lo anterior, porque el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. incumplió las órdenes de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y de amparar los derechos que, como arrendataria, tenía la caja de compensación familiar.

(...) no encuentra la Sala motivos que puedan excusar al accionado de las consecuencias del desacato cometido. En efecto, la circunstancia de que la orden del Tribunal hubiese tenido que remitir el expediente del proceso de restitución a la oficina judicial, sólo justifica esa conducta; pero no la actuación posterior. Porque si después del día 28 de marzo de 1995, recibe de la Corte la orden de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y amparar el derecho de arrendatario que tiene Cafam, ha debido proceder a adoptar las medidas tendientes a darle ejecución, lo que no hizo pudiéndolo hacer, de acuerdo con la misma orden judicial y las facultades que le otorga la ley. Además, por lo menos la Sala advierte una desidia, negligencia o culpa grave no sólo en la actividad de ejecución, sino en la información al tribunal encargado de velar por su ejecución, en lo cual no existe explicación y justificación alguna.

De allí que tenga razón el Tribunal, cuya providencia revocatoria aquí se revisa, cuando expuso que tal incumplimiento se hace inaceptable siendo el accionado un Juez de la República de la categoría del Circuito que, además de su función, debe conocer el significado apremiante de una protección de un derecho fundamental y su alcance.

Tampoco son admisibles los argumentos del accionado para justificar su incumplimiento relativo a que el incidente no se hubiese promovido oportunamente, o que no se haya causado daño a Cafam, porque son alegaciones intrascendentales. En efecto, la obligación de cumplimiento sin demora no está sujeta a requerimiento del tribunal (...), ni tampoco está condicionado el cumplimiento a que los interesados promovieran el incidente, pues este se adelanta cuando no hay cumplimiento. Por otra parte, la alegación de la inexistencia del daño en Cafam y la permanencia de éste en el inmueble resulta inocua, pues el derecho que se tutela y hasta ahora se incumple es de la garantía del debido proceso, donde debe continuarse en la diligencia de entrega, en lo cual también debe decidirse el derecho tenencial tutelado judicialmente. Más bien, esa argumentación lo que demuestra es lo contrario: la permanencia de la vía de hecho y no la que ha sido ordenada en derecho (fl. 97-117 cdno. 2; 18-38 cdno. 6).

— La Fiscalía General de la Nación-Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá D.C. y Cundinamarca, mediante providencia de 28 de julio de 1999, se abstuvo “de imponer medida de aseguramiento alguna contra el doctor Eluin Guillermo Abreo Triviño”, por los hechos originados en la compulsa de copias ordenada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

Lo anterior, porque el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (i) no incurrió en una conducta dolosa o prevaricadora al abonar el expediente de restitución a su despacho y (ii) estaba en imposibilidad material de dar cumplimiento a la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues había sometido el referenciado proceso a reparto, tal como se le había ordenado en primera instancia.

(...), al momento en que el Tribunal le ordenó restablecer el derecho en 48 horas, en virtud del derecho tutelado, procedió de acuerdo a lo ordenado y envió las diligencias a la oficina judicial, correspondiéndoles por reparto al Juzgado 14 Civil del Circuito (…). Por eso, al momento de ser emitida la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, resolviendo recurso de apelación a la decisión de tutela, donde se ordenó que el proceso continuara en manos del Juez 19 Civil del Circuito, ya no podía reasumir la competencia, por cuanto se le había dado cumplimiento a la anterior decisión y entonces la Corte Suprema de Justicia le ordenaba que continuara con la entrega, lo cual no podía hacer, pues el proceso no volvió a su despacho, ya que el nuevo juzgado asignado que asumió la competencia, lo envió a la Sala Civil del Tribunal Superior para que resolviera recurso de revisión el cual se encuentra en trámite, por eso cuando la Corte ordenó que continuara con la entrega era materialmente imposible.

En realidad se presentan decisiones superiores que no podían dilatarse, como la primera que le daba horas para el envío, que en efecto hizo al reparto, lo que le impedía continuar la entrega porque el sumario había dejado de estar a su cargo y no se puede por tal causa, decir que al incumplir la orden de la segunda instancia obraba en forma dolosa, simple y llanamente no estaba en posibilidad de actuar de acuerdo a la decisión superior y, por eso, se dio el incumplimiento.

De otra parte, la H. Corte Suprema de Justicia, en marzo 27 de 1995, al desatar la alzada no tomó ninguna medida, tendiente a establecer el incumplimiento del inciso 3 de la resolución de febrero 20 de 1995, mediante la cual se ordenaba que en el transcurso de 48 horas se reestableciera el derecho, lo cual ya había cumplido el funcionario en ejercicio de sus funciones y la Corte Suprema de Justicia no previó que ya el funcionario de primera instancia, había dado cumplimiento a lo ordenado por el tribunal. De suerte, que si bien, el fallo del Tribunal tutelando los derechos, en febrero daba un término de 48 horas para ser enviado el proceso al reparto de los juzgados penales del circuito (...), hizo el envío acatando la orden, sin prever la modificación superior que habría de sobrevenir.

Si retiene el proceso de restitución en su despacho, desconoce el fallo de primera instancia, pero como lo envió dando cumplimiento a aquella orden, se enfrentaba a la imposibilidad de cumplir lo dispuesto en segunda instancia, luego si faltaba a la primera decisión, también podría resultar sancionado, cuando se daban sólo 48 horas para actuar.

En consecuencia, la actuación del Juez 19 Civil del Circuito no atenta contra el ordenamiento legal, tampoco encuentra esta instancia que la decisión de acoger el proceso de restitución se presente en forma prevaricadora, por cuanto dio los fundamentos legales para su posición y fueron acogidos en el juzgado de reparto, al punto que le efectuaron el abono que lo legitimaba para continuar, además debe recordarse que esa postura fue disposición legal cuando entro en vigencia la ley 222 de 1995, la cual permite la acumulación de los procedimientos (fl. 299-311 cdno. 1; 35-43, 158-171 cdno. 6).

— La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante sentencia de 9 de marzo de 1998, ordenó el archivo de la diligencias seguidas contra el doctor Eluin Guillermo Abreo Triviño, Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., porque “los hechos denunciados resultan completamente atípicos frente a las normas que regulan la actividad de quien administra justicia” (fl. 341-348 cdno. 1).

— La caja de compensación familiar presentó, ante los Tribunales Superiores de Bogotá D.C., un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 21 de octubre de 1994 del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., dictada dentro del proceso de restitución promovido por el secuestre Siervo Humberto Gómez García contra la señora María Patricia Ramírez de Baena (fl. 128-142 cdno. 1).

— La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante sentencia de 6 de noviembre de 1997, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión. Lo anterior, porque (i) la causal 1ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil la puede formular la parte demandada y “como la caja de compensación familiar Cafam no intervino en ese proceso –restitución— como parte, sencillamente carece de legitimación en la causa por activa para proponerla y obtener la revisión de la sentencia en aquél proferida” y (ii) del análisis de la causal 6ª ibídem, se desprende que, pese a que un tercero puede invocarla, no existen perjuicios.

En consecuencia, al no existir una relación contractual entre Siervo Humberto y la caja de compensación familiar Cafam que indudablemente corresponde a un contrato de arrendamiento, pues no requiere de solemnidad alguna, que se inició en el mes de abril de 1993, mucho antes de presentarse la demanda de restitución —7 de septiembre de 1994—, síguese de ahí que la Caja de Compensación Familiar, Cafam, al momento de proferirse la sentencia que se revisa, no era causahabiente de la demandada María Patricia Ramírez de Baena y que la sentencia de manera alguna podía hacérsele extensiva.

Y si lo anterior es así, como lo es, la sentencia de restitución, por sí misma, no tiene la virtud de perjudicar a la caja de compensación familiar Cafam y faltaría una de las condiciones necesarias para que se configure la causal de revisión alegada. Por su puesto, el hecho de que las actuaciones posteriores hayan conducido al lanzamiento de aquélla, no se debió a los efectos mismos de la sentencia, sino a circunstancias completamente ajenas, que no compete juzgar en esta sentencia. Además, el advertido negocio jurídico sirvió para que la H. Corte Suprema de Justicia, en jurisdicción constitucional, tutelara el debido proceso de la primera y ordenara al Juez 19 Civil del Circuito de la ciudad que continuara “la diligencia de entrega...pero respetando a Cafam el derecho objeto de protección…” (fl. 312-326 cdno. 1).

— El Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto de 28 de mayo de 1994, (i) declaró la suspensión del pago de todas las acreencias respecto de los ejecutados Diógenes Mora leal y Clara Quiñones de Mora; (ii) dispuso el emplazamiento de todos los que se consideren con derecho a intervenir en el proceso y (iii) ordenó “la acumulación al proceso ejecutivo de todas aquellas ejecuciones que se adelanten en contra de los aquí demandados, en el estado en que se encuentren” (fl. 117-118 cdno. 6).

— El 30 de octubre de 1995, en la “audiencia pública para llevar a cabo las deliberaciones dentro del concurso de acreedores que se presentará en el proceso hipotecario de la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora contra Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora”, se convino (i) que la señora María Patricia Ramírez de Baena cede a la masa de acreedores los derechos que, eventualmente, pueda derivar del contrato de arrendamiento suscrito con la caja de compensación familiar; (ii) estar a paz y salvo con el primer secuestre Norberto Salamanca Flechas y con la señora Ramírez de Baena y desistir de cualquier acción penal en contra de ellos; (iii) cancelar la medida de embargo y secuestro que pesa sobre el centro comercial Normandía; (iv) disponer la subasta de ese inmueble, la cual sería realizada por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., teniendo como precio base la suma de $800.000.000 y (v) liquidar los créditos existentes.

El apoderado de la señora María Patricia Ramírez de Baena, arrendataria y a la vez arrendadora de Cafam, cede todos los derechos que eventualmente haya podido derivar del contrato con el subarrendatario, a favor de la masa de acreedores. En consecuencia, no reclamará dinero alguno ni tampoco lo hará hacia el futuro que pueda provenir de la ejecución del contrato de arriendo ya citado, todo ello contado a partir del día de la posesión del secuestre que a la fecha ha venido ejerciendo como tal.

La masa de acreedores extiende o acepta declarar a paz y salvo a la precitada señora María Patricia Ramírez de Baena y al primigenio secuestre, doctor Norberto Salamanca Flechas. Igualmente, convienen los acreedores y el demandado que extienden a las precitadas personas un desistimiento a eventuales acciones penales que puedan derivar de la vinculación que hayan tenido respecto del proceso y el inmueble.

La masa de acreedores dispone que se cancele la medida de embargo y secuestro que existe sobre el bien.

Se dispone la venta del bien —centro comercial Normandía—, enajenación, que hará el despacho frente al mejor postor, teniendo como base para dicha venta un mínimo de ochocientos millones de pesos ($800.000.000).

(...) Atendiendo lo anteriormente propuesto y considerando el despacho que existen los elementos suficientes para la validez del convenio, pues proviene de las personas que tienen capacidad para ello y que sus créditos han sido reconocidos en autos, validez que igualmente comporta el que de lo que se ha transado permite ese mecanismo de disponer de sus derechos por parte de los titulares de ellos, el despacho dispone:

1. Aprobar el convenio celebrado en esta audiencia (...); 2. Ordenar a la Secretaría que de manera inmediata proceda a liquidar los créditos respectivos, atendiendo los parámetros aquí fijados; 3. Ordenar que la Secretaría libre las comunicaciones que sean necesarias para la efectividad de lo aquí convenido; 4. Ordenar las conversiones que sean del caso, a propósito de hacer efectivo los pagos aquí convenidos; 5. Que el prorrateo a que haya lugar se haga respecto de la totalidad de dineros que existen a la fecha en el juzgado y aquellos que en lo sucesivo se logren consignar por cualquier concepto (76-98, 119-124, 197-202 cdno. 6).

— El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. le informó al secuestre Siervo Humberto Gómez García que (i) se levantó, en la audiencia de deliberaciones de 30 de octubre de 1995, la medida de embargó y secuestro que pesa sobre el centro comercial Normandía y (ii) debe hacer la entrega del inmueble referenciado (fl. 125 cdno. 6).

— El 14 de diciembre 1995, en la diligencia pública “para llevar a cabo la entrega por parte del secuestre del inmueble perseguido dentro del concurso de acreedores en el proceso de la Arquidiócesis de Tunta y José Domingo Otálora contra Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora”, se rechazó la oposición presentada por la caja de compensación familiar, en atención a lo normado en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil y se dispuso la suspensión de la actuación, porque Cafam, tal como ya lo había anticipado, no cuenta con el trasporte necesario para desocupar el centro comercial Normandía.

La caja de compensación familiar pidió al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. replantear su decisión, porque el artículo 668 del Código de Procedimiento Civil cuando (i) señala que “no se admitirán oposiciones” se refiere a las del secuestre y (ii) remite al artículo 337 ibídem, permite a los terceros hacer valer sus derechos de defensa.

Con todo respeto que me merece el señor Juez y la aplicación que quiere dar del artículo 688, disiento de ella (...). La inteligencia del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil entiende que “no se admitirán oposiciones” por parte del secuestre que es el que debe entregar. Lo contrario sería privar, con perdón lo digo, por segunda vez, del derecho de defensa a la caja de compensación. Tan es así, que el mismo artículo, en su enciso final, remite al artículo 337 que trata precisamente de la “entrega de bienes y personas”, lo que hace admisible (...) las oposiciones que se formulen, ya que de lo contrario todo sería tan fácil como acá está sucediendo. Para desposeer a alguien que ostentara cualquier derecho bastaría acudir a estas figuras jurídicas, dejando por fuera el análisis y consideración de los derechos de terceros que por cualquier causa pidan protección. Precisamente, las disposiciones de los artículo 337 y ss. están dando al tercero la posibilidad de ser oído y de tener la oportunidad que a través de un incidente obtenga un pronunciamiento acerca de su situación. Es penoso para mí dejar constancia en esta diligencia, que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior y la Corte Suprema (fl. 150 cdno. 3; 64-72, 220-228 cdno. 6).

— El secuestre Siervo Humberto Gómez García en el informe final de gestión de 14 de diciembre de 1995, explicó que el proceso de restitución (i) fue una salida jurídica para obtener una mayor rentabilidad del centro comercial Normandía y (ii) pese a que terminó con sentencia favorable, no fue posible ejecutar la decisión, lo que generó que la caja de compensación familiar continuara con la tenencia del inmueble, en calidad de subarrendataria, pagando un canon de arrendamiento que, sumado durante su administración, asciende a la suma de $140.980.527.

El secuestre Siervo Humberto Gómez García en el informe final de gestión de 14 de diciembre de 1995, explicó que el proceso de restitución (i) fue una salida jurídica para obtener una mayor rentabilidad del centro comercial Normandía y (ii) pese a que terminó con sentencia favorable, no fue posible ejecutar la decisión, lo que generó que la caja de compensación familiar continuara con la tenencia del inmueble, en calidad de subarrendataria, pagando un canon de arrendamiento que, sumado durante su administración, asciende a la suma de $140.980.527.

1. Con el fin de lograr una correcta explotación y administración del inmueble; se obtuvo que Cafam aportara al proceso copia del contrato de arrendamiento, de donde se dedujo, entre otras cosas, que el canon de arrendamiento estaba por debajo del precio real y que la edificación no había sido entregada totalmente en arrendamiento a Cafam.

2. Dadas las anteriores circunstancias, se trató de que Cafam entregara las áreas que ocupaba y que no estaban comprendidas en el contrato o que, en su defecto, se suscribiera nuevo contrato de arrendamiento, para lo cual se acordaría un precio justo. Se argumentó entonces por parte de Cafam que tenía contrato de arrendamiento con la señora María Patricia Ramírez de Baena y, por consiguiente, no les podía desconocer dicho contrato. Estos sucesos son bien conocidos en el proceso por los informes y demás escritos al mismo.

3. Ante tales trabas y por consiguiente la imposibilidad de obtener la rentabilidad real que debía producir el inmueble, se vislumbró como una salida legal y jurídica la de demandar a la inicial arrendataria, María Patricia Ramírez de Baena, para que restituyera el inmueble, proceso que se adelantó y culminó con sentencia favorable, pero con los resultados y consecuencias ampliamente conocidos en el proceso, en donde intervino y tomó decisiones tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como la Honorable Corte Suprema de Justicia.

4. Así las cosas, Cafam ha seguido con la tenencia del inmueble en su calidad de subarrentaria, pagando el canon de arrendamiento irrisorio pactado en un comienzo, esto es, el 11 de febrero de 1991. Debe entenderse que estos pagos efectuados por Cafam, son a partir de mi gestión como secuestre, es decir, desde el mes de abril de 1993.

Por consiguiente, a continuación entro a detallar los ingresos y egresos en la administración del bien aludido.

(...) Resumen

Total ingresos….... $140.980.527

Total egresos……… …$7.823.567

Total líquido.. $133.156.960 (fl. 107-111 cdno. 7).

— El 15 de diciembre 1995, se suspendió la diligencia de entrega por un mes, porque se convino “un reconocimiento de $13.000.000 por concepto de arrendamiento, durante el mes de diciembre 15 de 1995 a enero 16 de 1996, suma esta que si bien no corresponde a lo solicitado por los acreedores, si representa los porcentajes que normalmente se fijan o establecen como rentabilidad por dicho concepto, respecto de bienes inmuebles destinados al comercio (...) y se dejó claro que el sentir del despacho en la actualidad y como ya fue expuesto al inicio de esta diligencia, Cafam no tiene derecho a conservar la tenencia del bien y, por lo mismo, el aplazamiento referido y la contraprestación a que se comprometió dicha entidad de manera alguna puede generar derechos o beneficios diferentes a los que se deriven de la misma suspensión” (fl. 73-75, 229-230 cdno. 6).

— El revisor fiscal de la caja de compensación familiar Cafam certificó que, por el tiempo que ocupó el centro comercial Normandía, giró por concepto de arriendo la suma de $233.340.988, a los beneficiarios que a continuación se relacionan:

 

MesDestinatarioValor
Febrero de 1991Luis Alfredo Baena1.323.309
Marzo de 1991Luis Alfredo Baena1.630.700
Abril de 1991Maria Patricia Baena1.833.415
Mayo de 1991Maria Patricia Baena2.021.783
Junio de 1991Maria Patricia Baena
“En el mes de junio de 1.991 se giró el cheque 19449 por valor de $17.000.000 como anticipo del arriendo que se pagó por porcentaje sobre ventas, para los meses de junio y julio del 91, se amortizó directamente el valor del arriendo”.
17.000.000
Agosto de 1991Maria Patricia Baena1.081.051
Septiembre de 1991Maria Patricia Baena1.098.780
Octubre de 1991Maria Patricia Baena1.154.820
Noviembre de 1991Maria Patricia Baena676.264
Diciembre de 1991Maria Patricia Baena1.321.241
Enero de 1992Maria Patricia Baena1.253.094
Febrero de 1992Maria Patricia Baena1.361.159
Marzo de 1992Maria Patricia Baena1.454.741
Abril de 1992Maria Patricia Baena1.483.979
Mayo de 1992Maria Patricia Baena1.555.842
Junio de 1992Maria Patricia Baena1.592.781
Julio de 1992Maria Patricia Baena1.649.132
Agosto de 1992Maria Patricia Baena1.791.900
Septiembre de 1992Maria Patricia Baena1.773.840
Octubre de 1992Maria Patricia Baena3.514.199
Noviembre de 1992Maria Patricia Baena2.765.045
Diciembre de 1992Maria Patricia Baena4.317.230
Enero de 1993Maria Patricia Baena3.197.141
Febrero de 1993Maria Patricia Baena3.788.642
Marzo de 1993Maria Patricia Baena4.021.399
Abril de 1993Banco Cafetero3.792.218
Mayo de 1993Banco Cafetero4.411.745
Junio de 1993Banco Cafetero4.107.739
Julio de 1993Banco Cafetero4.367.377
Agosto de 1993 Banco Cafetero4.372.725
Septiembre de 1993Siervo H. Gómez G.4.249.866
Octubre de 1993Siervo H. Gómez G.4.996.977
Noviembre de 1993Siervo H. Gómez G.4.272.883
Diciembre de 1993Siervo H. Gómez G.5.812.892
Enero de 1994Siervo H. Gómez G.3.798.303
Febrero de 1994Siervo H. Gómez G.4.498.148
Marzo de 1994Siervo H. Gómez G.5.038.181
Abril de 1994Siervo H. Gómez G.4.451.839
Mayo de 1994Siervo H. Gómez G.5.035.867
Junio de 1994Siervo H. Gómez G.5.169.914
Julio de 1994Siervo H. Gómez G.5.481.003
Agosto de 1994Siervo H. Gómez G.5.398.405
Septiembre de 1994Siervo H. Gómez G.5.166.233
Octubre de 1994Siervo H. Gómez G.6.266.156
Noviembre de 1994Siervo H. Gómez G.4.931.054
Diciembre de 1994Siervo H. Gómez G.5.899.509
Enero de 1995Siervo H. Gómez G.3.614.195
Febrero de 1995Siervo H. Gómez G.4.256.836
Marzo de 1995Banco Popular4.281.010
Abril de 1995Banco Popular4.345.281
Mayo de 1995Banco Popular4.332.084
Junio de 1995Banco Popular4.614.382
Julio de 1995Banco Popular5.158.388
Agosto de 1995Banco Popular4.630.328
Septiembre de 1995Banco Popular4.921.043
Octubre de 1995Banco Popular5.517.966
Noviembre de 1995Banco Popular4.764.723
Dic. 1º al 15 de 1995Banco Popular3.724.231
Dic. 15/95 a enero 16/96Banco Popular13.000.000 (fl. 133-136 cdno. 1).

 

— La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante sentencia de 19 de enero de 1996, denegó la acción de tutela presentada por la caja de compensación familiar, porque la orden de “desocupación” del Juez Diecinueve Civil del Circuito no constituye un error “absoluto y protuberante” ni una errónea aplicación del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil.

Precisada la orden de desocupación del inmueble materia de la diligencia de entrega, al rompe y sin esfuerzo intelectual no percibe la Sala un error “absoluto y protuberante” que convierta la orden de entrega en cuestionable desviación del ordenamiento jurídico procesal y, particularmente, del último inciso del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, relativo al relevo del secuestre y entrega de bienes, según el cual en ella “no se admitirán oposiciones”.

La entrega del inmueble que se decretó no fue en el proceso ejecutivo con título hipotecario, como se inició la actuación procesal, sino en el concursal que, por las razones que certifica el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, desde el día 25 de mayo de 1994 se declaró abierto contra los ejecutados, donde los acreedores acordaron su levantamiento cautelar con el objeto de promover su venta, conforme a la audiencia del 30 de octubre de 1995.

(...) Entiende la Sala, además, que el evento jurídico que plantea la tutela no alude a la decisión que, también por el mismo camino constitucional, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia amparó el derecho de arrendatario de Cafam. Y ello es así, porque el mencionado fallo de tutela —marzo 27 de 1995— se contrae a la situación fáctico-procesal de una diligencia resolutoria producida por efecto de un proceso de ese carácter y, porque de no aceptarse ese criterio, se estaría en presencia de un caso de incumplimiento de lo dispuesto en esa providencia y, por lo tanto, sujeto al incidente de desacato que prevé la ley y no a la formulación de una nueva tutela para el efecto (fl. 138-144 cdno. 6).

— El 15 de febrero de 1996, en cumplimiento de la orden de “desocupación” impartida por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., la caja de compensación familiar hizo entrega del centro comercial Normandía al secuestre Siervo Humberto Gómez García, quien manifestó recibirlo a entera satisfacción (fl. 27-30 cdno. 2).

— La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 28 de febrero de 1996, (i) revocó la aludida sentencia de tutela de primera instancia; (ii) amparó “constitucionalmente el derecho fundamental del debido proceso de la caja de compensación familiar”; (iii) ordenó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. a “preservar, en la entrega a que alude el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, los derechos que como arrendatario tiene Cafam sobre el inmueble” y (iv) compulsó “copia íntegra de la actuación al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para lo que estime pertinente”.

Lo anterior, en cuanto la Corte consideró que la caja de compensación familiar fue sometida a las reglas de la entrega prevista en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando sus derechos y desconociendo por completo su relación contractual.

Si ello es así y si el citado precepto no regula la conducta asumida por la actora que, obviamente, descansa en un sustrato fáctico diferente, forzoso es concluir que someter a la accionante, como lo hizo el Juzgado a las consecuencias previstas en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil para los auténticos opositores a la entrega y así exigirle la desocupación del inmueble, presenta sin duda una decisión sin fundamento legal que vulnera el derecho que, en virtud del contrato de arrendamiento, tiene la accionante para que la entrega se haga respetando su tenencia, sin perjuicio de los derechos que frente a la arrendataria consagre la ley en favor de quien recibe.

En otras palabras, la aplicación estricta del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil conlleva, para el caso planteado en esta acción de tutela en la que la calidad de tenedora de la actora le viene en forma mediata del secuestre, la entrega del inmueble con la tenencia efectiva de la arrendataria, con miras a que con ella se entiende quien la recibe, pues ese vínculo no puede desconocerse sino en la medida en que se cuestione la relación negocial misma, lo cual implica la tramitación de un litigio en el que formalmente haya intervenido aquella (Cafam), pues la vigencia del aludido contrato de arrendamiento no quedó sujeta en el propio pacto a la terminación de las funciones del secuestre.

Al disponer entonces el juez acusado la desocupación del inmueble a cargo de Cafam, aniquila sin fórmula de juicio una relación sustancial que ni se ha sometido a su competencia ni tiene como sujetos procesales de la misma a quienes resultan afectados directamente con la decisión (arrendataria — subarrendataria), lo que vulnera indudablemente el debido proceso de la aquí accionante (fl. 174-191 cdno. 2; 282-295 cdno. 5; 25-43 cdno. 6).

— El 29 de abril y 10 de mayo de 1996, se suspendió la diligencia de restitución del centro comercial Normandía a la caja de compensación familiar Cafam que buscaba darle alcance al fallo de tutela de 28 de febrero de 1996. En dicha actuación se hizo presente el señor Fabio Alonso Higuera Suárez, quien se opuso a la diligencia porque adquirió, el 20 de febrero de 1996, del señor Diógenes Mora Leal la posesión del aludido inmueble (fl. 54-61, 64-73 cdno. 2; 36-53 cdno. 6).

— El 22 de mayo de 1996, en la diligencia de restitución del centro comercial Normandía, la caja de compensación familiar Cafam desistió de recibir el inmueble, en los siguientes términos:

Dado que la orden dada por la sentencia de tutela ha debido cumplirse dentro de las 48 horas siguientes, orden que le fue comunicada al juez desde el 4 de marzo, han sido inconmensurables los perjuicios ocasionados por el juez ante el desobedecimiento no sólo de este fallo de tutela sino del anterior, también pronunciado por el tribunal y por la Corte; la caja de compensación (...), no solamente está molesta y fastidiada con esta situación, sino que los perjuicios en razón al lanzamiento, repito, han sido inconmensurables tanto para el número de empleados que venían laborando acá, como para sus ventas, su clientela y su good will. Es la primera vez que la caja de compensación se siente maltratada por la conducta de un funcionario con rebeldía ante el máximo órgano de la jurisdicción. Por las razones expuestas y, lógicamente, con reserva de todas las acciones legales de carácter civil y de carácter penal, entre otras, ya ordenadas por los superiores del juez; y en beneficio, precisamente de los acreedores y del señor opositor, a quien se le ha dado el carácter de poseedor con documento que carece de toda validez; Cafam DESISTE de recibir este inmueble y, por lo tanto, hará entrega de el o hace entrega de el al juez, quien en ocasión pasada lo recibiera, por cuanto no hay secuestre como tampoco persona que represente la masa de bienes por los acreedores del concurso. En consecuencia y recavando la reserva de las acciones legales, Cafam abandona su derecho de continuar una relación tenencial truncada por la misma justicia y deja el inmueble a disposición del juzgado, nada más (fl. 79-90 cdno. 2; 54-63 cdno. 6-negrita con subrayas fuera del texto).

— La caja de compensación familiar Cafam promovió un incidente de desacato contra el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (fl. 15-17 cdno. 2).

— La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia de 14 de agosto de 1996, declaró que el Juez Diecinueve Civil del Circuito no incurrió en desacato de la sentencia de 28 de febrero de 1996, proferida por la Corte Suprema de Justicia, porque no dilató o demoró su ejecución

A partir del 4 de marzo de 1996, cuando el señor Juez Diecinueve Civil del Circuito fue enterado del fallo de tutela aparece evidenciado el respeto a las formas procesales. Fecha por fecha, excluyendo los días inhábiles de la manera como quedó compendiado en el numeral 2º anterior, no encuentra la Sala que la actuación del Juez y de la secretaria hubiese desconocido los términos judiciales: 1) el Juez inició el trámite judicial de ejecución de la tutela, dentro de las cuarenta horas hábiles siguientes al momento en que fue noticiado del fallo de tutela; 2) los días señalados para la entrega correspondieron al siguiente de la posible ejecutoria del auto respectivo; 3) los traslados de los recursos y su decisión se hicieron en la oportunidad debida y 4) en lo que atañe a lo realizado en la diligencia, después de haberse oído a quien alegó su carácter de tercero poseedor del inmueble, practicando algunas pruebas, en definitiva se desechó la oposición para disponer restituirlo a favor de la caja de compensación familiar Cafam.

La Sala no advierte que el señor Juez 19 Civil del Circuito de esta ciudad hubiese desplegado una actividad tendiente a desacatar o demorar el cumplimiento del fallo de tutela (fl. 138-148 cdno. 2; 133-142 cdno. 3).

Los testimonios recepcionados por el a quo vislumbran (i) los perjuicios padecidos por la caja de compensación familiar, los cuales hace consistir en reubicar o despedir personal con el pago de indemnizaciones, en perder lo invertido para la adecuación e instalación de equipos, en abandonar un punto de venta acreditado por más de 5 años y reclamado por la comunidad circunvecina, por el servicio de mercadeo social que se prestaba, en la incertidumbre y persecución que se vivió y en el desalojo abrupto que se impuso y (ii) que el secuestre Siervo Humberto Gómez García sí recibió, durante su gestión, los cánones de arrendamiento provenientes de Cafam.

Si es cierto que se causaron serios perjuicios a Cafam a raíz del lanzamiento del centro comercial Normandía, como quiera que aparte de las pérdidas por la clausura del supermercado, hubo necesidad de reubicar a parte del personal que allí laboraba, en otros puntos de venta y a otro personal hubo que liquidarlo pagándole las respectivas indemnizaciones laborales (...). Después del trámite de las acciones de tutela y de no haberse llegado a ningún acuerdo entre las partes, además de otros incidentes en que se vio involucrado el señor Juez, se produjo la diligencia de lanzamiento del local, causándose los perjuicios que anteriormente mencioné (...). Naturalmente se produjo el lanzamiento físico y hubo necesidad de desocupar el local (fl. 276-279 cdno. 1, declaración del señor Luis Jorge Sánchez Martínez-ex subdirector administrativo de Cafam).

Sin duda, la decisión del Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá de ordenar la desocupación del inmueble denominado por nosotros Cafam Normandía, le causó a la organización serios perjuicios, los que puedo enunciar someramente de la siguiente manera: primero. Perjuicios de carácter económico consistentes en todos los recursos que implicó efectuar el montaje de adecuación, instalación de equipos, contratación de mano de obra, para que el citado inmueble funcionara en condiciones óptimas; segundo. La pérdida en las ventas al no poder continuar prestando el servicio de mercadeo social en un sitio geográfico de la ciudad donde ya estaba consolidada una imagen y apenas se empezaba a recuperar la inversión efectuada por Cafam en este punto de venta; tercera. La pérdida de imagen y la correlativa pérdida de mercado, pues el hecho de tener que abandonar en forma intempestiva y súbita el local objeto de arrendamiento, el cual había sido ocupado por Cafam por más de cinco años, causó en nuestros usuarios desconcierto y pérdida de imagen (....). De otra parte, se había generado un ambiente de incertidumbre jurídica en relación con el local, ocasionada por la abierta persecución del Juez 19 Civil del Circuito contra Cafam, persecución que se evidenció en el desacato al fallo de tutela, por una parte y en insistir, mediante otros mecanismos tendientes a evadir dicho fallo, para lograr presionar a Cafam en una negociación salida de todo contexto jurídico y desconociendo lo que ligaba legítimamente al inmueble, cual era un contrato de arrendamiento conocido por el Juzgado y cumplido en su totalidad por las partes (....), una cosa es que Cafam no tuvo conocimiento de la actuación que se surtía al interior del Juzgado 19, en la cual se ordenaba una diligencia de entrega y otra es el desarrollo de la citada diligencia de entrega, esto es, evidentemente el día en que una persona es sujeto de desalojo, obviamente debe enterarse del mismo desalojo (...), sí se efectuó oposición y la hizo el apoderado de Cafam (fl. 280-284 cdno. 1, declaración del señor Luis Fernando Villamarín Ramírez-jefe de departamento jurídico de Cafam).

Sí, efectivamente yo recibí varios cánones de arrendamiento (...). Sí, cuando el doctor Villamarín después de darme vueltas, me dijo que Cafam no tenía ningún negocio con el secuestre, o sea conmigo, y hechas las averiguaciones para ejercer en debida forma mi cargo, pude establecer que Cafam era subarrendataria de la señora Patricia Ramírez de Baena. En cuanto a si Cafam estaba al día en el pago de los cánones, no lo puedo afirmar, desmentir, solamente puedo decir con certeza que a partir, aproximadamente, del segundo mes de entrar a ejercer mi cargo de secuestre me pagó directamente a mi (...), en el 95 se inició fue la diligencia de restitución de inmueble en cumplimiento a la sentencia proferida en el proceso de tal naturaleza por mi promovido, diligencia que no culminó en virtud de la acción de tutela promovida por Cafam y que, por consiguiente, permitió que Cafam siguiera usufructuando el inmueble. La diligencia de entrega originada en la decisión de acreedores y demandado de levantar la medida cautelar, tuvo ocurrencia aproximadamente doce o trece meses después. En dicha diligencia, como no fue aceptada la oposición promovida por Cafam, el señor apoderado de esa entidad y altos funcionarios de la misma pretendían que se les concediera un plazo largo para desocupar, si mal no lo recuerdo, para aprovechar la época decembrina y de esta manera no afectar los intereses económicos de muchas personas que habían llegado al inmueble en su calidad de concesionario. Por ello, se acudió a los interesados en el proceso, o sea a los acreedores que se encontraban presentes (...) se estudió la posibilidad y éstos exigían que se dejara a Cafam por un determinado lapso de tiempo, siempre y cuando pagara un canon de arrendamiento de veinte millones de pesos. Los funcionarios de Cafam creo que llegaron a ofrecer diez y fue en este debate de establecer el precio, que intervino el Juez 19 como mediador y después de indagar sobre el precio comercial del inmueble, se dijo que era de aproximadamente mil trescientos millones de pesos, por lo que el señor juez aconsejó que se tuviera en cuenta ese valor y se le aplicara el 1%, así se acordó entre ambas partes y en esos términos quedó plasmado en la respectiva acta (fl. 290-294 c.1, declaración del señor Siervo Humberto Gómez García-secuestre).

(…) y ya en enero un día estaban ahí los acreedores en la oficina mía, estaba el juez, el dr. Salamanca y el juez me comunicó que tenía ocho días para desalojar el almacén y tuvimos que hacer inventarios, desmontar las neveras, ascensores para poder cumplir con la orden que nos había impartido el juez, fue muy traumático para nosotros haber entregado en esas condiciones el almacén, prácticamente desalojados cuando nosotros veníamos cumpliendo con nuestros cánones de arrendamiento puntualmente, también recuerdo que después fui llamada porque nos iban a hacer una entrega nuevamente del local, en dos ocasiones, no se presentó el juez ni nadie, nos quedamos ahí esperando afuera del local y la última vez sí llegaron unos señores abogados y el dueño del local y se realizó una diligencia dentro del local ya que estaba desocupado, yo me retiré antes de que se terminara la diligencia y no sé más (fl. 295-297 cdno. 1, declaración de la señora Clemencia Inés Reyes Rodríguez-administradora de Cafam Normandía).

2. Problema jurídico.

Acorde con el recurso interpuesto por las partes corresponde a la Sala establecer, si (i) como lo ponen de presente la caja de compensación familiar y el Agente del Ministerio Público, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. incurrió en errores inexcusables en el proceso de restitución de inmueble arrendado y en las diligencias de lanzamiento y entrega del centro comercial Normandía, que hacen al Estado responsable, al igual que al llamado en garantía, de los daños que se invocan en la demanda; (ii) como lo señala la Nación-Rama Judicial y el llamado en garantía, se configuran las causales exoneración de culpa exclusiva de la víctima y de ausencia de dolo o culpa grave o (iii) como lo considera el a quo existe una responsabilidad compartida.

3. Análisis de la Sala.

En razón de que la decisión del a quo fue apelada por la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la caja de compensación familiar Cafam y el llamado en garantía, señor Eluin Guillermo Abreo Triviño, la Sala abordará el estudio del recurso sin limitación alguna.

En este caso se cuestiona la responsabilidad del Estado en razón de las decisiones del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. relativas (i) al proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado por el secuestre Siervo Humberto Gómez García contra la señora María Patricia Ramírez de Baena y (ii) a las diligencias de lanzamiento y entrega del centro comercial Normandía, porque, supuestamente, estas actuaciones estuvieron fundadas en fines desviados e implicaron una vulneración flagrante de los derechos de defensa y debido proceso de la caja de compensación familiar, evidenciada en fallos de tutela que fueron desatendidos.

La responsabilidad del Estado por el hecho del juez comporta el desconocimiento de obligaciones y deberes de mayor alcance y envergadura, que diferencias en la interpretación, ya sea porque no se aplica la ley vigente, se desatienden injustificadamente los precedentes jurisprudenciales, los principios que integran la materia o los imperativos que rigen el debido proceso, al punto de negar injustificadamente el derecho.

Se trata de una responsabilidad que no demanda una decisión arbitrariamente contraria a derecho, aunque de darse, esta indudablemente causa daño y asimismo responsabilidad. Se colige, entonces, que toda decisión arbitraria genera responsabilidad y que la arbitrariedad no es el único presupuesto de la responsabilidad.

Con la expedición de la Constitución de 1991 y la consagración, en su artículo 90, de la responsabilidad patrimonial del Estado, como presupuesto general, siempre que una autoridad pública cause un daño que la víctima no tendría que soportar, surge la garantía constitucional de reparar. Ello resulta coherente con la filosofía dirigida a otorgar mayor protección a las personas frente a la actuación u omisión de las autoridades públicas, quienes, en ejercicio de sus deberes o funciones, no tendrían que vulnerar los derechos, intereses, libertades y creencias de los asociados.

Esa garantía constitucional fue posteriormente desarrollada y reglamentada, especialmente para el caso de la responsabilidad por el ejercicio de la función judicial, entre otros, por los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, en tanto que regulan, en forma expresa, la responsabilidad del Estado por acción u omisión de los servidores judiciales por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta de la libertad. No obstante, como en el presente asunto se discuten errores judiciales sucedidos con anterioridad a la vigencia de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia —en el proceso de restitución y en las diligencias de lanzamiento y entrega del centro comercial Normandía—, el análisis de los mismos sólo puede fundarse en el artículo 90 de la Constitución, como cláusula general de reparación patrimonial del Estado y en las disposiciones concordantes.

En este punto, es preciso evidenciar que el artículo 95 de la Carta Política impone a los asociados el deber de colaborar con las autoridades en la realización de la justicia, es decir, los compromete con acciones, cargas, trámites y procedimientos, de tal manera que contraría la lealtad hacer gala de errores para acudir en demanda de reparación, cuando, quien alega su condición de víctima, habría evitado lo ocurrido observando la diligencia procesal que su condición de parte le imponía.

Para el efecto, el artículo 14-6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(2), en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señala:

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (resaltado fuera del texto).

En el sub lite está acreditado que el 29 de enero de 1991, el señor Norberto Salamanca Flechas, secuestre designado por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. en el proceso ejecutivo con título hipotecario de la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora, arrendó el centro comercial Normandía que tenía bajo su administración a la señora María Patricia Ramírez de Baena, para que ésta lo subarrendara o cediera, sin limitación alguna. En este contrato se pactó un canon de arrendamiento mensual de $1.000.000 y se dejó constancia de que la señora Ramírez de Baena entregó al arrendador-secuestre $160.000.000, suma que (i) tenía como finalidad el arreglo y la adecuación del inmueble aludido; (ii) fue puesta a disposición de los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y (iii) sería descontada o pagada de la renta a cargo de la arrendataria.

También está probado que el 1º de febrero de 1991, los señores Norberto Salamanca Flechas, María Patricia Ramírez de Baena y la caja de compensación familiar celebraron contrato de arrendamiento, el cual tenía por objeto el centro comercial Normandía.

Asimismo, está demostrado que para imprimirle seguridad al anterior contrato, el señor Norberto Salamanca Flechas se presentó, inicialmente, ante la caja de compensación familiar como dueño del centro comercial Normandía, en su calidad de representante legal de la sociedad Infojuris Ltda, y a la señora María Patricia Ramírez de Baena también como dueña con facultad para subarrendar. Forma en que procedió el 1º de febrero de 1991.

Luego, le informó a la caja de compensación familiar que si bien se canceló la inscripción de las escrituras que daban por dueños del centro comercial Normandía a la sociedad Infojuris Ltda y a la señora María Patricia Ramírez de Baena, lo cierto es que ellas, en oportunidad, pedirán la adjudicación de ese inmueble. Ello dirigido a que Cafam no temiera problemas sobre la tenencia del inmueble.

Ahora bien, relevado del cargo de secuestre el señor Norberto Salamanca Flechas, este presentó un informe de su gestión al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., en el cual explicó que (i) recurrió a la inversionista María Patricia Ramírez de Baena para arreglar, adecuar y modernizar el centro comercial Normandía; (ii) el inmueble fue arrendado a la antes nombrada, contrato que fue avalado por los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y (iii) la señora Ramírez de Baena subarrendó el bien a Cafam y con el valor de los cánones pagó acreencias a cargo de los mencionados ejecutados, honorarios de abogado y proveedores de materiales. También informó que la señora Ramírez de Baena giró en total $200.000.000, no pudo registrar la escritura que se le había hecho a su favor del aludido inmueble ni se le permitió hacer un cruce de cuentas, razones por las cuales pondría una denuncia por estafa. Finalmente, el secuestre fue enfático en sostener que no recibió, directamente, suma alguna por concepto de arrendamientos.

El secuestre entrante, señor Siervo Humberto Gómez García, una vez recibido el centro comercial Normandía, le envió comunicaciones a la Caja de Compensación Familiar, informando el relevo y la necesidad de que los cánones de arrendamiento se efectuaran a su nombre y/o del Juzgado. Hecho que fue avalado y autorizado por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.

Este auxiliar de la justicia también le envió a Cafam comunicaciones contentivas de fórmulas de reajuste del canon de arrendamiento y de pago de un anticipo, las cuales no fueron acogidas de entrada por la arrendataria, pero si objeto de contrapropuestas.

Por su parte, la caja de compensación familiar envió, periódicamente, al secuestre Siervo Humberto Gómez García copia de los depósitos judiciales, por concepto de cánones de arrendamiento del centro comercial Normandía. Como él mismo lo reconoció en el informe final de su gestión y en la declaración que rindió ante el a quo.

El secuestre resolvió iniciar proceso de restitución de inmueble arrendado por falta de pago. Esto a pesar de que (i) el secuestre saliente, Norberto Salamanca Flechas, dio a conocer, en su informe final de gestión, que la señora María Patricia Ramírez de Baena recibió puntualmente el valor de los cánones, el que invirtió en el pagó de varias acreencias a cargo de los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y sufragó gastos de abogado y proveedores de materiales —$200.000.000— y (ii) el mismo recibió informes periódicos de los depósitos que se le efectuaban por ese concepto. Aspecto este último corroborado y aceptado en su declaración ante el a quo e informe final de gestión y que conocía el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., tal como se verá más adelante.

Al respecto, la caja de compensación familiar Cafam considera que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. incurrió en varios “errores inexcusables”, entre ellos, (i) hacerse “abonar” el expediente a su despacho; (ii) admitir la demanda al margen de que no se surtieron los requerimientos, sin estar presentes todas las partes procesales y sin que existiera la causal de mora alegada y (iii) dictar sentencia de lanzamiento que no correspondía en derecho. Lo que permite vislumbrar un fin amañado, esto es, forzar un aumento en el canon de arrendamiento y el pago de un anticipo.

Efectivamente, inexplicablemente, la demanda de restitución de inmueble arrendado no fue sometida a reparto, sino que fue presentada, directamente, al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., funcionario que ordenó a la Oficina Judicial-Reparto que le fuera abonada, argumentando que tramitaba el proceso ejecutivo en el que el actor y arrendador fungía como secuestre.

En consecuencia, la oficina judicial-reparto-grupo de sistemas, asignó la demanda de restitución de inmueble arrendado al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 1994.

Abono este que, de entrada, desconoció las reglas del reparto, en cuanto aunado a que no se vislumbra “conexidad con el proceso ejecutivo con título hipotecario”, desconoce el principio de legalidad que rige la competencia en razón de la naturaleza y cuantía del asunto y garantiza la igualdad e imparcialidad de las decisiones judiciales.

Si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación-Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá D.C., en la sentencia de 28 de junio de 1999, absolvió al Juez Diecinueve Civil del Circuito, pues consideró que haber ordenado el abono no constituye prevaricato, en cuanto ese proceder estuvo legitimado por la oficina judicial-reparto y después se contempló en la Ley 222 de 1995, no se puede soslayar que (i) esa dependencia no estaba obligada a ejecutar la orden y (ii) la disposición referenciada regula lo relacionado con la acumulación procesal de procesos concursales, tema ajeno al debatido en este punto.

Ahora bien, en el proceso de restitución de inmueble arrendado, el secuestre Siervo Humberto Gómez García demandó a la señora María Patricia Ramírez de Baena, argumentando falta de pago de los cánones de arrendamiento a su antecesor y a él. Esto es, dijo que la antes nombrada adeudaba renta “desde la misma fecha en que se suscribió el respectivo contrato, es decir, el 15 de diciembre de 1990 hasta la fecha —7 de septiembre de 1994—, lo que arroja un total de cincuenta y seis millones ochocientos setenta y ocho mil setencientos cincuenta pesos ($56.878.750)”, pasando por alto el subarriendo y que la caja de compensación familiar, demandante en este asunto, se encontraba al día.

Respecto de la finalidad y trámite del proceso de restitución de inmueble arrendado, el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, regula lo siguiente:

Artículo 227 del Decreto 2282 de 1989. El artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:

PAR. 1º—Demanda y traslado.

1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este prevista en el artículo 294, o prueba testimonial siquiera sumaria.

2. En el caso del artículo 2035 del Código Civil —mora en el pago de la renta—, la demanda deberá indicar los cánones adeudados y a ella se acompañará la prueba siquiera sumaria de que se han hecho al arrendatario los requerimientos privados o los judiciales previstos en la citada disposición, a menos que aquél haya renunciado a ellos o que en la demanda solicite hacerlos.

(...) 4. El auto admisorio de la demanda se notificará a todos los demandados mediante la fijación de un aviso en la puerta o lugar de acceso al inmueble objeto de la demanda.

En el aviso se expresará el proceso de que se trata, el nombre de las partes, la nomenclatura del inmueble o cualquiera otra especificación que sirva para identificarlo. Copia de él se entregará a cualquier persona que trabaje o habite allí, si fuere posible, y se aplicará lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 320.

En la misma forma se podrá notificar al arrendatario los requerimientos judiciales y la cesión del contrato, sea que se pidan con anterioridad a la demanda o en ella.

PAR. 2º—Contestación, derecho de retención y consignación.

(...) 2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquel.

6. Cuando no prospere la excepción de pago o la del desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al demandado a pagar al demandante una suma igual al treinta por ciento de la cantidad depositada o debida.

PAR. 3º—Oposición a la demanda y excepciones.

1. Si el demandado no se opone en el término del traslado de la demanda; el demandante presenta prueba del contrato y el juez no decreta pruebas de oficio, se dictará sentencia de lanzamiento.

(...) PAR. 5º—Cumplimiento de la sentencia.

(...)2. Si al tiempo de practicarse la diligencia se encuentra en el bien alguna persona que se oponga a ella, el Juez aplicará lo dispuesto en el artículo 338.

PAR. 6º—Inadmisión de algunos trámites. En este proceso son inadmisibles: demanda de reconvención, intervención excluyente o coadyuvante, acumulación de procesos, y la audiencia de que trata el artículo 101. En caso de que se propusieren, el juez las rechazará de plano por auto que no admite recurso alguno (negrita con subrayas fuera del texto).

En este caso, a la demanda de restitución de inmueble arrendado se acompañó el contrato de arrendamiento, supuestamente incumplido, esto es, el celebrado entre el secuestre Norberto Salamanca Flechas y la señora María Patricia Ramírez de Baena, el 29 de enero de 1991. Lo cual si bien cumple lo con previsto en el numeral 1º del parágrafo 1º de la disposición transcrita, lo hace desde la forma y no de la sustancia, pues el demandante y el Juzgado conocía que el inmueble se subarrendó y que el canon lo pagaba Cafam.

Ahora bien, pese a que la demanda se fundó en la causal de mora en el pago de los cánones de arrendamiento —$56.878.750—, a este escrito no se acompañó prueba siquiera sumaria de que se efectuaron a la arrendataria los requerimientos privados o los judiciales previstos en artículo 2035 del C.C.(3) o aquélla renunció a ellos. Así como tampoco, solicitud de efectuar estas reconvenciones. Situación que contraviene el numeral 2º del parágrafo 1º de la disposición transcrita.

Y lo más importante, la demanda de restitución no se dirigió en contra de la caja de compensación familiar Cafam, entidad que, además de ostentar la tenencia del centro comercial Normandía, se convirtió en arrendataria directa de ese inmueble, pues por disposición del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., terminó consignando los cánones de arrendamiento al secuestre Siervo Humberto Gómez García, emolumentos que, para efectos de adelantar el proceso de restitución, ese auxiliar de la justicia negó haberlos recibido.

Para la Sala, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. (i) propició y avaló una relación directa entre el señor Gómez García y la caja de compensación familiar, pues emitió un auto en el que le indicó a esta última que le pagara al primero el canon de arrendamiento y (ii) conoció, porque tramitó el proceso ejecutivo que la caja de compensación familiar se encontraba al día en el pago de los cánones de arrendamiento, pues el centro comercial Normandía rendía cuentas periódicas y los depósitos judiciales se efectuaban a favor del juzgado. Al punto que con el producto de lo recibido, dicho funcionario autorizó, entre otros, el pago de impuestos, valorización y obras en general.

Ahora bien, de haber requerido confirmar la gestión, lo correcto era vincular a Cafam, por cuanto el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. conocía de su calidad de sujeto de la relación contractual de arrendamiento. Y así mismo, estaba en el deber de prevenir, remediar y sancionar cualquier tentativa de fraude procesal.

Es preciso evidenciar que, de conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, son deberes del juez:

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal (negrita con subrayas fuera del texto).

Por lo expuesto, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., al tenor del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil(4), debió en el auto admisorio de la demanda, ordenar el traslado de esta a quien faltaba para integrar el contradictorio, obligación a la que tiene que proceder aún de oficio.

En este punto, es pertinente evidenciar que cuando el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá D.C. conoció de la demanda de restitución, en virtud del fallo de tutela de 28 de febrero de 1995 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la inadmitió para que se vinculara a la caja de compensación familiar —artículo 83 del Código de Procedimiento Civil—. Orden que no fue atendida, lo que provocó el rechazo de la misma.

Es de notar que, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., además de que no integró el contradictorio, surtió el traslado de la demanda a quien no contestaría, esto es, a la señora María Patricia Ramírez de Baena, para entonces ajena al vínculo contractual. Ya que se sabía que no sería notificada porque residía fuera del país, dando lugar a la fijación de un aviso impersonal en la puerta de entrada del centro comercial Normandía.

Es pertinente evidenciar que el señor Diógenes Mora Leal, demandado en el proceso ejecutivo con título hipotecario de la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras, en declaración que rindió ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., afirmó que el secuestre Siervo Humberto Gómez García nunca tuvo contacto con la señora María Patricia Ramírez de Baena, porque ésta residía fuera del país. Situación que dificultaba con ella cualquier arreglo, citación o requerimiento del Juzgado.

Entiendo que a hoy el doctor Siervo Humberto Gómez García no conoce a la señora María Patricia Ramírez de Baena y es muy sencillo explicarlo, la señora en mención no vive en Colombia. Situación que todo lo contrario dificultaba hacer un arreglo o en su defecto hacerla citar al Juzgado para cualquier situación. Sería bueno que el honorable magistrado le preguntase al doctor Gómez lo que yo acabo de manifestar (fl. 248 cdno. 1).

No obstante, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. consideró que, como la notificación a la señora María Patricia Ramírez de Baena se efectuó en la puerta de entrada del centro comercial Normandía, Cafam debió darse por enterada de la demanda de restitución y ejercer su derecho de defensa conforme a las posibilidades que brinda el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil(5) —intervenciones adhesivas y litisconsorcial—.

Para la Sala el hecho de que se haya efectuado una notificación por aviso a la señora María Patricia Ramírez de Baena, en el centro comercial Normandía, no tiene la virtualidad suficiente para afirmar que Cafam tuvo pleno conocimiento de la existencia del proceso de restitución y, que por tal circunstancia, le era exigible actuar como un interviniente adhesivo o litisconsorcial.

Ahora bien, el Juez Diecinueve Civil del Civil del Circuito de Bogotá D.C. conocía (i) los términos del contrato de arrendamiento supuestamente incumplido; (ii) la relación contractual que propició entre la caja de compensación familiar y el auxiliar de la justicia que designó, pues a él se le consignaban los cánones de arrendamiento; (iii) los depósitos judiciales efectuados y las relaciones de pago que presentó Cafam y (iv) los informes final y periódicos rendidos por los secuestres Norberto Salamanca Flechas y Siervo Humberto Gómez García, respectivamente.

Hechos y medios de convicción que daban cuenta, por un lado, que la demandada en el proceso de restitución no sólo tenía que ser la señora María Patricia Ramírez de Baena, que ésta pagó, con cargo a los cánones de arrendamiento, varias acreencias de los ejecutados Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora y sufragó otros gastos, todo lo cual sumó aproximadamente $200.000.000. Y, por otro, que la caja de compensación familiar siempre pagó los cánones de arrendamiento del centro comercial Normandía, inicialmente, a la antes nombrada y, luego, por disposición del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., al secuestre Siervo Humberto Gómez García, quien aceptó en su informe final de gestión que, durante su administración recibió $140.980.527.

Así las cosas, al sumarse el valor que giró la señora María Patricia Ramírez de Baena —$200.000.000— y el que pudo recaudar el secuestre Siervo Humberto Gómez García, por concepto de cánones de arrendamiento consignados por Cafam, para la época en que radicó la demanda —7 de septiembre de 1994—, no queda duda que el monto supera el que se dijo adeudar en el proceso de restitución —$56.878.750—. Además, pretender que la señora Ramírez de Baena debía pagar al secuestre Siervo Humberto Gómez García los cánones de arrendamiento del centro comercial Normandía, pese a que la Caja de Compensación Familiar los estaba efectuando directamente, equivale a obtener doble erogación por un mismo concepto.

Por lo anterior, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. debió abstenerse de dictar sentencia de lanzamiento o recurrir a la posibilidad que le brindaba el parágrafo 3º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil(6) de decretar pruebas de oficio para esclarecer la situación, pero no lo hizo.

En este punto, es importante evidenciar que cuando el secuestre Siervo Humberto Gómez García rindió su informe final de gestión, le manifestó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. que el proceso de restitución de inmueble arrendado fue una salida jurídica que se encontró para conseguir una mayor rentabilidad del centro comercial Normandía. Afirmación que se corrobora con (i) las diversas comunicaciones que envió ese auxiliar de la justicia a Cafam buscando el reajuste del canon de arrendamiento y el pago de un anticipo y (ii) la suspensión de una diligencias de lanzamiento que se practicó —16 de diciembre de 1994—, para llegar a un acuerdo sobre el particular.

Considera la Sala que, si lo que se pretendía era un reajuste del canon de arrendamiento, el secuestre Siervo Humberto Gómez García debió acudir al proceso verbal previsto en el artículo 519 del Código del Comercio(7) y no al de restitución, faltando a la verdad, para presionar a la entidad demandante.

Finalmente, la caja de compensación familiar, en la diligencia de restitución del centro comercial Normandía de 3 de febrero de 1995, se opuso al lanzamiento, en razón del contrato de arrendamiento vigente y a que no se configuró la causal alegada de mora en el pago. Oposición que fue rechazada de plano por (i) provenir de un tenedor constituido por la señora María Patricia Ramírez de Baena —artículo 338 del Código de Procedimiento Civil—(8) y (ii) la no intervención de Cafam en el proceso de restitución de inmueble arrendado.

Para proteger sus derechos, la caja de compensación familiar (i) interpuso un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de lanzamiento, el cual fue declarado infundado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 6 de noviembre de 1997, porque no se configuraron las causales invocadas y (ii) presentó una acción de tutela, la cual, por detectar varias de las inconsistencias evidenciadas hasta el momento, fue decida de forma favorable en primera y segunda instancia, así:

 

Sentencia de 28 de febrero de 1995 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito JudicialSentencia de 27 de marzo de 1995 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
(i) Tuteló el derecho de debido proceso a Cafam; (ii) dejó sin efecto la actuación adelantada en el proceso de restitución de inmueble, instaurado por el secuestre Siervo Humberto Gómez García contra la señora María Patricia Ramírez de Baena; (iii) ordenó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. que, en el término de 48 horas, remita el expediente a la Oficina Judicial-Reparto para lo de su cargo y (iv) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que investigue la comisión del delito de fraude procesal (negrita con subrayas fuera del texto). (i) Amparó el derecho que como arrendatario tiene Cafam, “mientras en el proceso de lanzamiento correspondiente se controvierte y decide lo referente a su valoración tenencial” y (ii) ordenó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. que continúe con la diligencia de entrega entre las partes, pero respetando el derecho objetivo de protección (negrita con subrayas fuera del texto).

 

Pese a que en el fallo de tutela de segunda instancia —27 de marzo de 1995— se le ordenó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., amparar el derecho que como arrendatario tiene la Caja de Compensación Familiar, mientras en el proceso de restitución se establece la calidad de la tenencia, lo que implicaba avocar el conocimiento del expediente y, en un momento dado, continuar con la diligencia de entrega, este funcionario no impidió que el Juez Catorce Civil del Circuito, a quien se le asignó el asunto por reparto, conociera de él, hasta el punto de disponer el rechazo del mismo —31 de mayo de 1995-, por no haberse corregido la demanda —3 de abril de 1995—.

Esta omisión dejó expuesto el amparo obtenido a la actuación que desplegara el Juez Catorce Civil del Circuito de Bogotá D.C., funcionario que por ser ajeno al aludido fallo de tutela de segunda instancia, solo se avino a lo que encontró en el proceso de restitución.

Como, por no haberse asumido el conocimiento del proceso de restitución, no se acató la orden que subsistió del fallo de tutela de primera instancia de remitir copias a la autoridad competente para investigar la comisión del delito de fraude procesal, ni se definió la relación tenencial entre las partes y la procedencia de la diligencia de entrega, el derecho amparado quedó sin aplicación práctica. Situación que llevó a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. a (i) sancionar al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. con arresto de 3 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y (ii) compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue lo relativo al “abono” del proceso de restitución —providencia de 13 de mayo de 1996—. Esta decisión fue confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de mayo de 1996.

Las investigaciones disciplinaria y penal que se desprendieron de la compulsa de copias terminaron con determinaciones de (i) archivo de las diligencias, por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura —9 de marzo de 1998— y (ii) no imponer medida de aseguramiento, por parte de la Fiscalía General de la Nación-Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá D.C. y Cundinamarca —28 de julio de 1999—.

Si bien la aludida Unidad Delegada ante los tribunales superiores afirmó, en su pronunciamiento de 28 de julio de 1999, que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. no podía dar cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia de 27 de marzo de 1995, porque ya no conocía del proceso de restitución, en la medida que este había sido repartido a otro Juzgado, no se puede soslayar que las actuaciones del Juez Catorce Civil del Circuito de Bogotá D.C., consistentes en inadmitir la demanda para su corrección —3 de abril de 1995— y en el rechazo de la misma —31 de mayo de 1995-, se surtieron con posterioridad a la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite inferir que el trámite restitutorio si pudo ser avocado.

De lo expuesto hasta el momento, se establece que (i) en el abono, trámite y decisión del proceso de restitución se cometieron varias inconsistencias procesales y sustanciales y se atendieron fines diferentes a los previstos por la ley, lo que vulneró los derechos de defensa y debido proceso de la caja de compensación familiar; (ii) esta entidad, por lo anterior y por habérsele, además, rechazado la oposición a la diligencia de entrega, con una aplicación restrictiva del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, hizo uso de todos los medios que tenía a disposición para la protección de sus intereses, como interponer un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de lanzamiento y presentar una acción de tutela y (iii) pese a que Cafam obtuvo un amparo constitucional, este quedó sin aplicación práctica, lo que le generó al Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. un arresto de 3 días y una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este punto, es importante evidenciar que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., incumplió el deber de prevenir, remediar y sancionar toda tentativa de fraude procesal —artículo 37 del Código de Procedimiento Civil y, en esa medida, permitió que el secuestre Siervo Humberto Gómez García faltara a la verdad y presionara, de forma indebida, a Cafam.

El a quo consideró que debe declararse administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial “por no habérsele permitido a Cafam la vinculación como coadyuvante dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado”. Sobre el particular, es preciso señalar que el parágrafo 6º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 227 del Decreto 2282 de 1989, advierte que en el proceso de restitución son inadmisibles algunos trámites, entre ellos, la intervención excluyente o coadyuvante.

PAR. 6º—Inadmisión de algunos trámites. En este proceso son inadmisibles: demanda de reconvención, intervención excluyente o coadyuvante, acumulación de procesos, y la audiencia de que trata el artículo 101. En caso de que se propusieren, el Juez las rechazará de plano por auto que no admite recurso alguno (negrita con subrayas fuera del texto).

El tribunal también sostiene que se debe reducir el quantum indemnizatorio en un 50%, porque la caja de compensación familiar no actuó con diligencia en la defensa de sus intereses, señalamiento que, con las conclusiones efectuadas hasta el momento, queda desvirtuado.

Ahora bien, más de dos meses después de practicada la última diligencia de lanzamiento —10 de febrero de 1995—, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. dispuso que al proceso ejecutivo con título hipotecario de la Arquidiócesis de Tunja y José Domingo Otálora Contreras se acumularan todas las ejecuciones que se adelanten en contra los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora —28 de mayo de 1994—.

Por estar en estado de insolvencia los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora, el proceso ejecutivo acumulado se convirtió en un concurso de acreedores, al cual se le aplicaron las disposiciones de la quiebra.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 569 y 570 del Código de Procedimiento Civil(9), vigentes para la época de los hechos y que regulaban la figura del concurso de acreedores, disponían que la misma se seguiría al deudor no comerciante que estuviese en estado de insolvencia, establecían unas condiciones especiales de procedencia, remitían en lo pertinente al régimen de la quiebra del Código de Comercio y, finalmente, hacían unas previsiones especiales en relación con el concordato preventivo(10).

En lo que parecería ser una deliberación reglada por el artículo 1922 del Código de Comercio(11), dentro de un trámite de concordato preventivo, la masa de acreedores decidió, el 30 de octubre de 1995, (i) cancelar la medida de embargo y secuestro que pesa sobre el centro comercial Normandía; (ii) disponer la subasta de ese inmueble, la cual sería realizada por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., teniendo como precio base la suma de $800.000.000 y (iii) liquidar los créditos existentes.

Pese a que en la audiencia de deliberaciones del concurso de acreedores no se dispuso la entrega del centro comercial Normandía ni el relevo del secuestre Siervo Humberto Gómez García, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. le comunicó a ese auxiliar de la justicia la terminación de sus funciones con todo lo que ello implica —3 de noviembre de 1995—.

El aludido funcionario judicial justifica ese proceder en lo normado en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil(12), pero esta disposición no resulta aplicable, por cuanto desarrolla el tema de la entrega del bien rematado, situación que aún no se había producido.

El 14 de diciembre de 1995, el secuestre Siervo Humberto Gómez García procedió a presentar su informe final de gestión y a “verificar” la entrega del centro comercial Normandía, diligencia a la que se opuso la caja de compensación familiar porque (i) no fue notificada de la providencia que ordenó el lanzamiento; (ii) su arrendamiento se encontraba vigente; (iii) se encontraba al día con los cánones de arrendamiento; (iv) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema Justicia, en un fallo de tutela que quedó sin cumplimiento, ordenó la protección de sus derechos como arrendatario; (v) cursaba un recurso extraordinario de revisión con repercusiones en la entrega; (vi) no se conocía quien tiene la representación de la masa de acreedores, lo que le impide llegar a un acuerdo para conservar la tenencia del inmueble, mientras se verifica el remate y (vii) el desalojo abrupto le ocasionaba graves perjuicios económicos.

Manifestaciones que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. pasó por alto, con el argumento según el cual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil(13), en las diligencias de entrega del secuestre no se admiten oposiciones. La diligencia termino porque Cafam no “disponía en el momento de transporte para facilitar la desocupación del inmueble”, por tal razón, el aludido funcionario judicial dispuso que “el secuestre sufrague los gastos necesarios con tal propósito”.

El 15 de diciembre de 1995, se reanudó la diligencia de entrega, en esta actuación la caja de compensación familiar aceptó pagar, por un mes, $13.000.000, para no perder las utilidades que le generaría la época decembrina y el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. precisó que “Cafam no tiene derecho a conservar la tenencia del bien y, por lo mismo, el aplazamiento referido y la contraprestación a que se comprometió dicha entidad de manera alguna puede generar derechos o beneficios diferentes a los que se deriven de la misma suspensión”.

La Caja de Compensación Familiar recurrió, nuevamente, a la acción de tutela para la defensa de derechos, vía que en primera instancia, culminó con una decisión desfavorable, porque, aparentemente, no se evidenciaba un error “absoluto o protuberante” ni una errónea aplicación del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil —19 de enero de 1996—. Esta providencia dio lugar a que, el 15 de febrero de 1996, Cafam se viera obligada, de forma abrupta, a entregar al secuestre Siervo Humberto Gómez García el centro comercial Normandía.

Después de entregado el centro comercial Normandía, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el anterior fallo de tutela —28 de febrero de 1996—, para amparar el debido proceso de la caja de compensación familiar y preservar sus derechos como arrendatario, pues someter a Cafam a las reglas previstas en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil irrespeta la tenencia que ostenta y aniquila por completo un contrato de arrendamiento vigente.

El Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. para darle alcance y cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia buscó restituirle a la Caja de Compensación Familiar el centro comercial Normandía, para lo cual programó audiencias públicas el 29 de abril, el 10 y el 22 mayo de 1996. En estas diligencias se hizo presente un opositor, el señor Fabio Alonso Higuera Suárez, que manifestó que el ejecutado Diógenes Mora Leal le cedió la posesión del inmueble, el 20 de febrero de 1996.

La caja de compensación familiar en la última audiencia pública referenciada —22 de mayo de 1996—, desistió de recibir el centro comercial Normandía, porque se siente maltratada y burlada por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., quien se ha prestado a intereses distintos a los de administrar justicia, pues, así lo ha evidenciado en varias de sus actuaciones y, ahora, desatiende, por segunda vez, un fallo de tutela protector de sus derechos y se presta al juego de un supuesto poseedor que lo único que ha hecho es dilatar la restitución del inmueble.

De lo expuesto hasta el momento se puede inferir que, pese a que el concurso de acreedores sólo autorizó el levantamiento de la medida de embargo y secuestro que pesaba sobre centro comercial Normandía y la subasta de ese bien, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. propició la cesación de funciones del secuestre Siervo Humberto Gómez García. Situación que desencadenó que (i) el inmueble quedará sin secuestre, pues no se señaló quién lo reemplazaría mientras se efectuaba el remate y (ii) la Caja de Compensación Familiar se viera forzada a entregar el centro comercial Normandía, pues no mediaba orden judicial para ello y posibilidad de oposición alguna, de conformidad con lo normado en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil.

Por las particularidades de la situación, Cafam se opuso, infructuosamente, a la diligencia de entrega y presentó una acción de tutela que, pese a que en segunda instancia, amparó los derechos que como arrendataria ostentaba, tampoco tuvo aplicación práctica, por cuanto el desalojo ya se había producido abruptamente y, si bien, el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. buscó remediar la situación, reintegrando el centro comercial Normandía, esto no se consiguió por las dilaciones de un poseedor que apareció del bien. Nueva traba que hizo que la entidad demandante desistiera de recibir el inmueble.

Para la Sala, el hecho de que (i) el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., haya buscado devolverle a la caja de compensación familiar el centro comercial Normandía, para acatar así un fallo de tutela y (ii) esta entidad haya desistido de recibirlo, por las nuevas trabas que enfrentó, no significa que el daño invocado en la demanda no se produjo o quedó subsanado.

En el sub judice el desalojo abrupto se produjo —15 de febrero de 1996—, porque la cesación de las funciones del secuestre que se ideó, de forma arbitraria, para ello funcionó, al punto que se cerró la posibilidad una oposición –artículo 668 del Código de Procedimiento Civil y el fallo de tutela de segunda instancia de 28 de febrero de 1996, que quiso revertir de algún modo esa situación, no lo alcanzó evitar.

Pese a que la caja de compensación familiar no facilitó o permitió, de forma imprudente y eficaz, el desalojo abrupto e ilegal de que fue objeto, el a quo insiste en que debe disponerse una reducción de la condena en un 50%, al tenor de lo dispuesto 2357 del C.C.(14). La Sala, por las anomalías evidenciadas, por el amparo constitucional que quedó nuevamente sin aplicación práctica y por la ausencia de participación de Cafam en ese desenlace, no comparte esa posición.

Las irregularidades sistemáticas que se produjeron para obtener, en este caso, el lanzamiento abrupto de que fue objeto la caja de compensación familiar, imponen a la Sala, por no evidenciarse participación de esa entidad en la producción del daño, condenar a la Nación-Rama Judicial. Lo anterior, no sin antes analizar la responsabilidad del llamado en garantía.

4. Llamado en garantía.

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.

Así mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios serán responsables por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones por culpa grave o dolo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado. En todo caso, cuando prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá que ésta satisfaga los perjuicios y si el funcionario ha sido llamado al proceso —artículo 57 Código de Procedimiento Civil(15)—, determinará la responsabilidad de aquél.

En tal sentido, la acción de repetición se consagró en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000, para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o ex funcionarios o de un particular en ejercicio de funciones públicas, pudiere solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia judicial o de una conciliación. De conformidad con la disposición anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño derivado de una acción u omisión estatal, se encuentra facultado para demandar a la entidad pública o a esta y al respectivo funcionario. En este último evento, la responsabilidad del servidor público habrá de establecerse durante el proceso.

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 C.P., encuentra su desarrollo en la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición” (negrita con subrayas fuera del texto). Esta ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hubiere dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública hubiere ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición y del llamamiento en garantía contra funcionarios o ex funcionarios del Estado o particulares en ejercicio de función pública, está integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permiten exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política.

Así las cosas, los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecido con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón de su conducta calificada dolosa o gravemente culposa.

En el presente caso, las actuaciones judiciales que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

ART. 63 C.C.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro (negrita con subrayas fuera del texto).

Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(16)ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Carta(17)y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.

En consideración a lo anterior, la Sala(18)ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas –actuación dolosa–, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo –actuación gravemente culposa–.

Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

De lo expuesto se puede inferir que, la culpa grave o el dolo implican un comportamiento no solo ajeno al derecho, sino dirigido a causar daño o cuando menos producto de una negligencia que excluye toda justificación. Y lo que se busca, en casos como este, es analizar si las actuaciones de los servidores que dieron lugar a la condena en contra del Estado, tuvieron la intención de dañar y si esto no se encuentra demostrado, si se cuenta con elementos que permitan calificar la conducta como falta de diligencia extrema, equivalente a la señalada intención. Es decir, al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación, se habrá de determinar si la conducta de los servidores se sujetó a los estándares de corrección(19) o si por el contrario los desbordó hasta descender a niveles que no se esperarían ni siquiera del manejo que las personas negligentes emplean en sus propios negocios; de manera que lo acontecido no encuentre justificación.

En el sub judice se busca establecer la responsabilidad subjetiva del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., señor Eluin Guillermo Abreo Triviño.

Los hechos probados dan cuenta que en el proceso de restitución y en las diligencias de lanzamiento y entrega que se practicaron, se presentó, por parte del Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., una marcada intención de desalojar a la caja de compensación familiar del centro comercial Normandía, lo cual se reflejó (i) en las sucesivas irregularidades que cometió —abonarse un proceso, no integrar el contradictorio, desconocer pruebas, no resolver en equidad, cerrar posibilidades de oposición e idearse una entrega como resultado de la cesación de funciones del secuestre— y que implicaron un desconocimiento flagrante de los derechos de defensa y debido proceso de Cafam; (ii) en el incumplimiento del deber de prevenir, remediar y sancionar toda tentativa de fraude procesal —artículo 37 del Código de Procedimiento Civil—; (iii) en tolerar que el secuestre Siervo Humberto Gómez García faltara a la verdad y presionara, de forma indebida, a la entidad demandante para obtener de ella una mayor rentabilidad y (iv) en el no acatamiento de fallos de tutela que buscaron revertir esas inconsistencias, así ello implicara afrontar una sanción —arresto de 3 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes—, el inicio de investigaciones disciplinarias y penales y asentir la dilación de la diligencia que buscaba devolverle el aludido inmueble a la entidad actora.

Lo expuesto evidencia que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., desarrolló u omitió una serie de actuaciones que, aunque conocía que eran irregulares o que desconocían deberes y fallos de tutela, le permitirían atender fin distinto al de administrar justicia, esto es, desalojar, ilegalmente, a la caja de compensación familiar del centro comercial Normandía.

En este punto, es pertinente manifestar que si bien al aludido Juez Diecinueve se le iniciaron procesos disciplinario y penal, que terminaron con disposiciones de archivo de las diligencias y no imponer medida de aseguramiento, respectivamente, no se puede soslayar que esas investigaciones, además de abarcar una pequeña parte de las irregularidades u omisiones que quedaron evidenciadas —abono del proceso y no acatamiento de uno de los fallos de tutela incumplidos—, pretenden proteger bienes jurídicos diferentes a la acción de repetición establecida para proteger el patrimonio estatal.

El Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. sostiene que no puede ser responsabilizado de la condena, porque la caja de compensación no hizo uso de todos los medios de defensa que tenía a disposición y dio cumplimiento a lo normado sobre oposición a la entrega en los artículos 338 y 668 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el particular es preciso manifestar que, tal como quedó demostrado, (i) Cafam sí acudió a las vías judiciales procedentes para la protección de sus intereses —recurso extraordinario de revisión y acciones de tutela— y (ii) la aplicación estricta de esas disposiciones, lo que hizo, en este caso, fue perpetuar la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso de la entidad demandante e impedir la corrección de las irregularidades cometidas.

Por lo anterior, resulta pertinente responsabilizar patrimonialmente al llamado en garantía, tal como lo solicitó el Agente del Ministerio Público.

5. Perjuicios.

La caja de compensación familiar hace consistir los daños en que (i) despidió personal con el pago de indemnizaciones; (ii) desmontó y trasportó equipos, enseres y mercancías; (iii) abandonó un punto de venta acreditado por más de 5 años y reclamado por la comunidad circunvecina, con la consecuente pérdida de utilidades en las anualidades 1996, 1997 y 1998 y (iv) padeció una afectación de su good will, por el desalojo abrupto que padeció con el uso de la fuerza pública.

Los peritos designados dentro del proceso, hicieron la siguiente estimación de los daños sufridos por la caja de compensación familiar:

  1. Indemnizaciones de personal. “Viendo el cuadro del personal que trabajaba en el momento del desalojo, pudimos determinar —peritos— que tuvieron indemnización por este hecho: a) Téllez de Caicedo Nohora $20.000.000 y b) Ortega Pérez Claudia Stella $ 4.985.438. Para un total de indemnizaciones de $24.985.438”. Valor que actualizado a 31 de diciembre de 2000, dio como resultado $46.099.453.
  2. Gastos de desmonte y traslado. “Para este punto, tomamos –peritos— el valor cotizado —$12.000.000— y lo llevamos a valor presente a 31 de diciembre de 2000”, lo cual arrojó la cifra de $23.123.859.
  3. Utilidades para los años de 1996, 1997 y 1998. “Analizamos los valores obtenidos —peritos-, en el cuadro de la hoja II, sobre el resultado real que obtuvo el almacén Cafam Normandía, durante el año de 1995, se proyectaron las utilidades que se obtendrían para los periodos de 1996, 1997 y 1998, obteniéndose las siguientes cifras: a). Para el año 1996, la utilidad sería $177.951.200; b). Para el año 1997, la utilidad sería $ 216.442.040; c). Para el año 1998, la utilidad sería $254.709.000”. Valores que actualizados a 31 de diciembre de 2000, dieron como resultado $791.409.155.
 

Al sumarse los anteriores conceptos, se obtuvo un gran total de $860.632.467. En este concepto nada se dijo respecto de la afectación del good will.

De este dictamen se corrió traslado a las partes, sin obtener manifestación u objeción alguna (fl. 143, 147 cdno. ppal.).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó para la condena los gastos determinados por los peritos, por concepto de indemnizaciones, desmonte y traslado y utilidades perdidas, los actualizó a la fecha de la sentencia —27 de octubre de 2004— y al valor obtenido descontó un 50% por la presunta participación de la caja de compensación familiar en la producción del desalojo abrupto.

La Sala verificará si los montos fijados por los peritos están debidamente soportados y están acordes con la jurisprudencia de la corporación, así:

  1. Indemnizaciones de personal. Los peritos establecieron, con apoyo en certificaciones obtenidas de la caja de compensación familiar, que (i) en el centro comercial Normandía laboraban 50 empleados, 46 de ellos, vinculados con contrato a término indefinido; (ii) 36 de esos trabajadores pudieron ser reubicados en otros supermercados de la ciudad y los restantes fueron despedidos, en diferentes periodos y (iii) sólo en dos casos, fue necesario pagar una indemnización por el retiro efectuado. Compensación que se dio en fecha cercana al desalojo cuestionado y sumó $24.985.438 (fl. 6, 23-23A cdno. 3). Por estar soportado este valor se tendrá en cuenta y se actualizará, así:
 

S1998-15937CE A
 

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor fijado en el peritaje

Ipc (f): Último índice de precios conocido (jul. de 2014-117.09)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha del desalojo (feb. 1996-33.31)

S1998-15937CE B
 

  1. Gastos de desmonte y traslado. Los peritos establecieron que “la desocupación del supermercado Cafam de Normandía, que incluye el desarme y posterior alistamiento de las mercancías, los muebles de oficina y el mobiliario del almacén, como el cargue y descargue de la mercancía y su traslado a Cafam de la Floresta, se realizó en tres días”. Operación que de acuerdo con una empresa de transportes conocida, tendría un valor de $12.000.000. Este valor está debidamente soportado, con una cotización que discrimina, los trabajos a realizar, la mano de obra y los diferentes tipos de transporte que se requieren (fl. 26 cdno. 3).
 

Es importante evidenciar que el secuestre Siervo Humberto Gómez García, dentro de acápite de deducciones de su informe final de gestión, relacionó “la factura 5768 de diciembre 18/95, cancelada a Rojas Trasteos Bogotá Ltda, por el servicio de transporte contratado para da desocupación del centro comercial”, por valor de $280.000 (fl. 135-136 cdno. 7).

Por lo anterior, al valor cotizado por desmonte y traslado —$12.000.000— habrá de deducirse el monto pagado de $280.000, para luego actualizarse el valor obtenido.

S1998-15937CE A
 

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor fijado en el peritaje - $280.000 ($11.720.000)

Ipc (f): Último índice de precios conocido (jul. 2014-117.09)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha del desalojo (feb. 1996-33.31)

S1998-15937CE C
 

  1. Utilidades para los años de 1996, 1997 y 1998. La Sala difiere de la experticia que reconoce a la caja de compensación familiar tres años de utilidades, porque conforme a la jurisprudencia de la corporación(20), en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que desarrollaba en el bien despojado y, por ende, estima que, en este caso, el término de seis meses constituye un término prudencial para la recuperación de la labor comercial, por tanto ese será el periodo objeto de indemnización.
 

Como los peritos proyectaron unas utilidades para el año de 1996, anualidad en la que ocurrió el desalojo, de $ 177.951.200, la Sala sólo reconocerá la suma de $88.975.600, la cual equivale a seis meses, periodo en el que se espera que Cafam reaccione al hecho dañino y se sobreponga. Este valor será actualizado, así:

S1998-15937CE A
 

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor a indemnizar - $88.975.600

Ipc (f): Último índice de precios conocido (jul. de 2014-117.09)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha del desalojo (feb. de 1996-33.31)

S1998-15937CE D
 

Finalmente, es preciso advertir que (i) la Caja de Compensación Familiar no argumentó ni probó como el desalojo abrupto que padeció afectó su good will y su actividad comercial y (ii) el monto total de la condena es de $441.789.034.51.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda a decretarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia de 27 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Sala de Descongestión, la cual quedará así:

2. DECLARAR a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados a la caja de compensación familiar, Cafam, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR patrimonialmente responsable al llamado en garantía, señor señor Eluin Guillermo Abreo Triviño, en proporción del cien por ciento (100%) respecto de la condena impuesta. La entidad demandada, pagará a la caja de compensación familiar Cafam la totalidad de la condena impuesta y repetirá contra el llamado en garantía.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar, por concepto de perjuicios materiales, a favor de la caja de compensación familiar Cafam, la suma de $441.789.034.51

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. No CONDENAR en costas.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial en cada caso.

8. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La prueba documental que soporta los hechos probados fue anexada por la Caja de Compensación Familiar-Cafam o solicitada por ésta, decretada y allegada por la demandada.

(2) Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. Según su artículo 49 entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

(3) ART. 2035.—La mora de un período entero en el pago de la renta, dará derecho al arrendador, después de dos reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días.

(4) Artículo 1º del decreto 2282 de 1989.
El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados.

(5) Artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

El artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

Intervenciones adhesiva y litisconsorcial. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.
El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.
La intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

(6) PAR. 3º—Oposición a la demanda y excepciones.

1. Si el demandado no se opone en el término del traslado de la demanda; el demandante presenta prueba del contrato y el juez no decreta pruebas de oficio, se dictará sentencia de lanzamiento.

(7) ART. 519.—Diferencias en la renovación del contrato. Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos.

(8) Artículo 1º del Decreto 2282 de 1989. El artículo 338, quedará así:
Oposición a la entrega. Las oposiciones se tramitarán así:
PAR. 1º—Quienes pueden oponerse. Pruebas y recursos:
1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella, mediante auto que será apelable en el efecto devolutivo. Sobre la concesión de la apelación se resolverá al terminar la diligencia.

(9) Ambos artículos fueron derogados por la Ley 222 de 1995. Su texto era el siguiente: ART. 569.—Procedencia. Se seguirá proceso de concurso de acreedores al deudor no comerciante que se halle en estado de insolvencia. El concurso es espontáneo si lo provoca el mismo deudor mediante cesión de todos sus bienes, y forzoso, si lo promueve cualquiera de los acreedores provisto de título ejecutivo. Para que el concurso forzoso proceda, se requiere que contra el deudor se sigan dos o más ejecuciones, independientes o acumuladas y que en alguna de ellas aparezca que los bienes embargados no son suficientes para el pago. Si para esta se hubieren denunciado bienes, la calificación de insolvencia sólo se hará después de practicar el embargo, secuestro y avalúo de ellos.

ART. 570.—Remisión al proceso de quiebra. Al concurso de acreedores se aplicarán en lo pertinente las disposiciones del proceso de quiebra, y en él podrán decretarse las medidas cautelares correspondientes.

En cuanto al concordato preventivo se dispone: 1. El juez aceptará la solicitud si fuere coadyuvada por el número de acreedores que podrían aprobar el concordato dentro del proceso de quiebra, aunque el estado de insolvencia se hubiere producido en cualquier tiempo.

2. Para que el deudor pueda pedir el concordato sin la coadyuvancia de los acreedores, es indispensable que reúna los siguientes requisitos: a) Que o se le haya seguido concurso de acreedores o declarado en quiebra, a menos que hubiere sido rehabilitado. b) Que en caso de haber celebrado un concordato preventivo, lo haya cumplido. c) Que acompañe un balance especificado de su patrimonio y un anexo en que consten el nombre y domicilio de sus acreedores, la calidad de los créditos y sus garantías, y una relación de todos los procesos promovidos por él o en su contra. d) Que preste el juramento exigido por la ley para el concordato preventivo del comerciante.

(10) El régimen concursal del Código de Comercio fue derogado en dos momentos distintos. Así, el Decreto 350 de 1989 subrogó el título I del capítulo VI del código, referido a los concordatos preventivos y la Ley 222 de 1995 derogó el título II del capítulo VI, referido a la quiebra.

(11) ART. 1922.—Las deliberaciones se cumplirán en presencia del juez y bajo su dirección como conciliador. Las decisiones se adoptarán con sujeción a las siguientes reglas:
1. Los acreedores podrán concurrir directamente o por medio de apoderados especiales o generales, quienes por el solo hecho de actuar tendrán todas las facultades necesarias para obligar a su poderdante o representado a las resultas del concordato preventivo;
2. Las decisiones deberán versar sobre cuestiones susceptibles de transacción y tener carácter general, de suerte que no se excluya a ningún acreedor que haya sido admitido en el proceso, y
3. Las decisiones que pueden ser objeto de concordato preventivo se tomarán con aceptación expresa del deudor y con el voto favorable de acreedores que hayan sido admitidos en el proceso, siempre que representen no menos del setenta y cinco por ciento del valor de los créditos aceptados.

(12) ART. 531.—Si el secuestre no cumpliere la orden de entrega de los bienes dentro de los tres días siguientes al en que la reciba, el rematante podrá solicitar que el juez se los entregue. En tal caso, en la diligencia no se admitirán oposiciones ni será procedente alegar derecho de retención por la indemnización que al secuestre corresponda en razón de lo dispuesto en el artículo 2259 del Código Civil, la que le será pagada por el juez con el producto del remate, antes de entregarlo a las partes.

(13) Artículo 1º del Decreto 2282 de 1989. El artículo 688, quedará así:
Relevo del secuestre y entrega de bienes.

(...) Siempre que se reemplace a un secuestre o que terminen sus funciones, éste entregará los bienes a quien correspondan inmediatamente se le comunique la orden, en la forma prevista en el numeral 9 del artículo 9º; si no lo hiciere, el juez hará la entrega si fuere posible y dará aplicación al inciso primero del parágrafo 3 del artículo 337. En la diligencia de entrega no se admitirán oposiciones. El secuestre no podrá alegar derecho de retención, en ningún caso (negrita con subrayas fuera del texto).

(14) ART. 2357.—Reducción de la indemnización. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.

(15) Artículo 57, Código de Procedimiento Civil. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización de los perjuicios que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que con el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

ART. 56 ibídem. (…) En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este.

(16) Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, expediente 10865, reiterada en muchas otras decisiones.

(17) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

(18) Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, expediente 23049.

(19) José Luis de los Mozos. El principio de la Buena Fe. Bosch, Casa Editorial Barcelona, pág. 57 “Por eso la hemos calificado en contraposición a la buena fe objetiva, de buena fe sub legítimamente. Refiriéndose a la conducta del sujeto, en relación con la propia situación, o con la ajena, de la que se deriva su derecho, según los casos. En el primer supuesto, consiste en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho, lo que se manifiesta en las relaciones no solo de los derechos reales, sino también en las más diversas (…)”.

(20) Al respecto esta corporación dijo: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que ‘la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse... Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido’ (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 13395.