Sentencia 1998-15983 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199815983 01

Expediente 28.858

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Hernando Gámez Vega

Demandado: Nación - Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Referencia: apelación sentencia - reparación directa

Bogotá, D. C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 18 de noviembre de 1997 y la pretensión mayor la estimó en $ 176’000.000, por concepto de daño emergente, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 18’850.000(17).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la afectación permanente de un inmueble de propiedad del demandante, a causa de trabajos públicos.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa, la cual caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la afectación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8º).

En casos similares al presente, esta Sección del Consejo de Estado, respecto del inicio del cómputo del término de caducidad, ha discurrido de la siguiente forma:

“En el campo de la indemnización por trabajos públicos o derivados de una obra igualmente pública, la fecha de ejecución cumple un papel decisivo como que permitirá, en principio, calificar la demanda como oportuna, dado que estas acciones de reparación directa, desde que empezó a regir el Código Contencioso Administrativo adoptado por el Decreto 01 de 1984, tienen un término de caducidad de dos años contados a partir de la ejecución del trabajo o de la finalización de la obra pública, tal como lo dan a entender los artículos 86 y 136, inciso 4º del Código Contencioso Administrativo”(18).

Ahora bien, dentro del material probatorio que integra el proceso, obra certificación expedida el 30 de diciembre de 1999 por el gerente de interventoría del contrato de concesión del aeropuerto El Dorado Nº 010-OP adscrito a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, en la cual se hizo constar que “[l]a fecha en que se dio apertura al nuevo cauce del río Bogotá fue el día 28 de octubre de 1996”(19).

Por consiguiente, habida cuenta de que la presente acción está encaminada a obtener la indemnización de los perjuicios irrogados al actor por la ocupación de un inmueble de su propiedad a causa de trabajos públicos —concretamente por el desvío del cauce del río Bogotá que afectó el referido inmueble—, el cómputo de caducidad de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe contarse a partir del día siguiente a aquel en que finalizó la obra pública, esto es desde el 28 de octubre de 1996 y, comoquiera que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 1997, se impone concluir que la misma se interpuso dentro de la oportunidad establecida para tal efecto.

2.2. Objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis respecto del objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resulta necesario precisar que en el presente asunto no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(20), según el cual las sentencias que impongan una condena en concreto a cargo de cualquier entidad pública deberán consultarse para ante el superior cuando no fueren apeladas, pero siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia en razón de su cuantía y en cuanto la condena impuesta a la entidad pública demandada fuere superior al monto equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales o que la sentencia que no fuere apelada hubiere sido proferida en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem.

De conformidad con lo anterior, se advierte que en el presente asunto resulta improcedente el trámite del grado jurisdiccional de consulta, habida cuenta que, por una parte, tal y como lo ha manifestado la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación(21), la sola interposición del recurso de apelación respecto de la sentencia condenatoria excluye, per se, el mencionado grado jurisdiccional, independientemente de cuál hubiere sido la parte que formuló la impugnación y, de otra, en este caso la condena en contra de la entidad demandada fue en abstracto.

Ahora bien, resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado, como se indicó, a que se tenga en cuenta el dictamen pericial obrante en el proceso para el cálculo de la indemnización, ello con el fin de que se aumenten los valores reconocidos por el a quo y a que se reconozcan los perjuicios por lucro cesante en la forma en que se solicitó en la demanda.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se encuentra limitado a los puntos específicos antes indicados, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que en cuanto corresponde a los demás asuntos del fallo impugnado, incluyendo la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, la propia parte recurrente manifestó su complacencia y se abstuvo de cuestionar en esas materias la sentencia de primera instancia, amén de que el silencio y la pasividad de la parte demandada evidencian su conformidad para con la totalidad del fallo, incluidos los aspectos que se dejan señalados.

Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. (…)” (negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(22).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de ataque o cuestionamiento o impugnación por la propia entidad demandada, ni tampoco por la parte actora, pues la recurrente no controvierte tal extremo en la apelación interpuesta, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(23).

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la llamada en garantía y por la parte demandante, claro está, en lo circunscrito al objeto de este, esto es el reconocimiento de lucro cesante derivado del reconocimiento del interés legal equivalente al 6% anual sobre la totalidad de la indemnización reconocida en la sentencia de primera instancia.

De igual forma, es necesario precisar que, respecto del recurso de apelación formulado por la entidad llamada en garantía —CAR—, la competencia de la Sala se limita a decidir sobre la relación entre esta y la entidad demandada —Aeronáutica Civil—, esto es, establecer el vínculo legal y/o contractual exigido para que resulte procedente la condena en contra de la referida entidad llamada en garantía, comoquiera que el proceso terminó respecto de las imputaciones formuladas en contra de la administración derivadas de la ocupación permanente por parte de aquella.

2.3. Indemnización de perjuicios por lucro cesante.

Tratándose de supuestos de ocupación permanente de inmuebles por parte de la administración, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que,

“En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir”(24).

La Sala se remite a la precisión jurisprudencial que se acaba de traer a colación, de acuerdo con la cual si en la demanda se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación, debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, de manera tal que el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. Por lo tanto, no es posible solicitar al mismo tiempo la compensación indemnizatoria (daño emergente) —con su correspondiente rentabilidad (lucro cesante)— y el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir.

Así las cosas, respecto del pago de intereses deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir el valor equivalente al valor comercial del terreno a la fecha de 28 de octubre de 1996 debidamente actualizado para la fecha de expedición de la presente sentencia, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde el 28 de octubre de 1996, fecha en la cual empezó el vertimiento de aguas negras sobre sus predios, hasta la fecha de la providencia que liquide el incidente de liquidación de perjuicios.

Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(25).

En consecuencia, se procederá a liquidarlos a la tasa del 6% anual (C.C., art. 2232), sobre el valor acreditado dentro del plenario como daño emergente, es decir, sobre la suma de $100’000.000, desde octubre de 1996(26) hasta la fecha de la presente sentencia:

I = K x R x T

K: costo de la suma de dinero: $ 100’000.000

R: 6% anual: 0.5% mensual

T: 216 meses (octubre de 1996 a octubre de 2014)

I = $ 100’000.000 x 0.5% x 216

I = $ 108’000.000

Total perjuicios lucro cesante: Ciento ocho millones de pesos $ 108’000.000 m/cte.

2.4. Actualización de la condena de primera instancia.

Comoquiera que en la sentencia de primera instancia proferida el 29 de junio de 2004 se condenó a la administración pública demandada al pago de la suma de $ 211’225.700 por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, procede la Sala, en virtud del artículo 16 de la Ley 446 de 1998(27) a realizar la actualización correspondiente hasta el momento de la presente sentencia, con base en la siguiente fórmula:

Actualización de la base:

 

SINT
 

 

RA = $ 312’074.609

Total perjuicios materiales por daño emergente: Trescientos doce millones setenta y cuatro mil seiscientos nueve mil pesos ($312’074.609).

2.5. Traslado de la propiedad de los predios ocupados al Estado.

La Sala dispondrá que la presente sentencia sirva de título traslaticio de dominio en favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, respecto de la porción del predio ocupado, para lo cual se enviará una copia de ella a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona centro—, Cundinamarca, con el fin de que sea inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-1413467. Lo anterior en aplicación del artículo 220 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor: “[s]i se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título translaticio de dominio.

2.6. Responsabilidad patrimonial de la entidad llamada en garantía.

El llamamiento en garantía es una de las formas de intervención de terceros en el proceso, entendiendo como tales aquellos ajenos a la relación procesal que integran demandante y demandado. La finalidad del llamamiento es brindar la posibilidad de que otra persona, distinta al demandado que ejerce el llamado, asuma la eventual condena dentro del proceso, bien sea mediante la indemnización de perjuicios o el pago de una obligación incumplida; en este sentido, permite incluir, dentro de la relación “demandante - demandado”, a una tercera persona que asuma las posibles consecuencias adversas a sus intereses.

El Código de Procedimiento Civil, al cual se acude con fundamento en la remisión que consagra el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, regula el llamamiento en garantía, en los siguientes términos:

“ART. 57.—Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará en lo dispuesto en los dos artículos anteriores”.

Cabe precisar que hay una diferencia importante entre el llamamiento en garantía previsto en los artículos 57 y 55 del Código de Procedimiento Civil y el consagrado en la Ley 678 de 2001 —con fines de repetición—, toda vez que el primero procede ante la existencia de un derecho de carácter legal o contractual entre el llamante y el llamado, mientras que el segundo sólo puede realizarse contra los servidores o exservidores públicos que, con su actuar doloso o gravemente culposo, hubieren causado exclusiva o concurrentemente el daño alegado.

Adicionalmente, cabe señalar que el llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a este como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

Así pues, el objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a reembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento”(28).

Ahora bien, para el presente asunto se tiene que la Aeronáutica Civil solicitó que se vinculara al proceso en calidad de llamada en garantía a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR—, comoquiera que mediante Resolución 2154 de 23 de julio de 1985 dicha entidad aprobó la rectificación o relocalización del río Bogotá con el fin de construir la segunda pista del aeropuerto El Dorado. El tribunal admitió el llamamiento en garantía formulado por la Aeronáutica Civil contra la Corporación Autónoma de Regional de Cundinamarca —CAR—, por estimar que se encontraban plenamente acreditados los requisitos previstos en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil.

En su oportunidad, la referida entidad manifestó que no existía vinculo legal o contractual entre la llamada en garantía y la Aeronáutica Civil, comoquiera que esta última “fue la que gestionó la desviación del cauce del río Bogotá, la que ejecutó las obras de infraestructura para tal efecto, la que actualmente ejecuta y presta el servicio público de construcción y administración de puertos aéreos, la que bajo su responsabilidad y por interpuesta persona construyó la segunda pista de El Dorado y la que recibe emolumentos derivados de la actividad que ejecuta”, por manera que no era la entidad llamada a responder por el daño fundamento de la presente acción.

De igual forma, se tiene que en la sentencia impugnada el tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad solidaria tanto de la Aeronáutica Civil como de la CAR, por considerar, básicamente, que ambas entidades participaron en la causación del hecho dañoso demandado, dado que la Aeronáutica Civil planeó y ejecutó las obras de construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, mientras que la CAR “aprobó la rectificación del río mediante la Resolución 2154 de 1985”.

Ahora bien, una vez revisadas las pruebas que la demandada aportó con el fin de demostrar el vínculo de la entidad llamada en garantía —CAR—, por el cual esta última tendría que responder patrimonialmente, la Sala encuentra que no se puede establecer que aquella tuvo injerencia alguna en la afectación del predio del ahora demandante, pues su actuación se limitó a expedir la Resolución 2154 de 23 de julio de 1985, por medio de la cual se aprobó —a solicitud de la Aeronáutica Civil—, “la rectificación del río Bogotá en el sector del aeropuerto El Dorado al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil”(29).

Asimismo, se tiene que mediante Resolución 392 del 15 de abril de 1995 el Ministerio de Ambiente otorgó una licencia ambiental a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil “para efectos de la construcción y operación de la segunda pista y/o ampliación del aeropuerto El Dorado”(30).

Estos hechos indicadores, sumados a que la Aeronáutica Civil no aportó prueba alguna para fundamentar el llamamiento en garantía, esto es no probó el vínculo o relación legal o contractual de garantía que le imponga a la llamada la obligación de responder por el demandado, no permiten a la Sala sino denegar las pretensiones de la entidad demandada frente a la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR—, respecto de la ocupación por trabajos públicos que afectó el predio del ahora demandante con ocasión de la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

En efecto, la Sala observa que el llamamiento en garantía que se ha formulado contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene su fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política y 1602 y ss. del Código Civil.

De las normas en cita, la Sala advierte que las relativas al Código Civil se refieren a las obligaciones que se derivan de los contratos, entre otros aspectos a su celebración, interpretación, ejecución y cumplimiento, pero curiosamente, la entidad pública llamante no demostró que las mismas resulten aplicables por razón de la existencia o celebración de algún contrato que ate a dichas partes, razón por la cual no hay lugar a realizar un examen probatorio para establecer esa eventual relación contractual que abra paso al llamamiento en garantía de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR—.

De otra parte, se advierte que si el llamamiento pretendía fundarse en la existencia de una eventual responsabilidad solidaria entre llamante y llamada, en relación con el daño por el cual se demanda indemnización, debe la Sala reiterar que tal figura no constituye fuente de llamamiento en garantía, para lo cual se remite a lo expuesto en providencia de 30 de marzo de 2006, en la cual con especial sindéresis se precisó:

“Ante todo, la Sala sostiene que la solidaridad nace con la condena, antes no se ha declarado la existencia de la responsabilidad y por ende no está debidamente determinada la estructura de la obligación indemnizatoria, ni en cuanto a su objeto y contenido, mucho menos en cuanto a los sujetos del vínculo obligatorio. De otra parte, en tanto no se demande la declaración de responsabilidad frente a los varios coautores del daño, la solidaridad no podrá declararse, pues dicha calidad de las obligaciones supone pluralidad de sujetos bien por activa o por pasiva y para ellos es necesario que la víctima vincule a los varios autores del daño. Así las cosas, para que la solidaridad tenga ocurrencia y se obtenga su declaración en la providencia judicial, se reclama que los varios coautores del daño sean demandados simultáneamente, y a ese resultado se llega, exclusivamente, por la iniciativa del demandante, único titular de la acción en contra de los varios responsables.

En este orden de ideas, se tiene que en punto de los sujetos de la obligación solidaria cuya fuente es el daño antijurídico causado por varios coautores, lo serán, de un lado la víctima reclamante, acreedora de la obligación indemnizatoria y del otro, los varios coautores demandados, obligados solidariamente frente a aquella. El artículo 2.344 del Código Civil no otorga entonces, derecho al ‘coautor’ demandado de vincular a los terceros no demandados, por la vía del llamamiento, toda vez que la titularidad de la pretensión indemnizatoria, está radicada en la víctima”(31) (negrillas adicionales).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala modificará la sentencia apelada en cuanto declaró la responsabilidad solidaria de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR— y, en consecuencia, absolverá de toda responsabilidad patrimonial a esta última.

2.7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 29 de junio de 2004, la cual quedará así:

1) Declárase a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, administrativa y patrimonialmente responsables, por los perjuicios causados al señor Hernando Gámez Vega, como consecuencia de la desvalorización causada al predio ‘Lote Número Tres - Villa Consuelo’ de su propiedad, con ocasión de la ejecución de las obras de relocalización del cauce del río Bogotá, para la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado.

2) Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a pagar al señor Hernando Gámez Vega, las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales:

— Por concepto de daño emergente la suma de trescientos doce millones setenta y cuatro mil seiscientos nueve mil pesos ($312’074.609) m/cte.

— Por concepto de lucro cesante la suma de ciento ocho millones de pesos ($ 108’000.000) m/cte.

3) Dispónese que la presente sentencia sirva de título traslaticio de dominio en favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para lo cual se enviará una copia de ella a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona centro— con el fin de que sea inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-1413467, de conformidad con el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo.

2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. NEGAR las pretensiones formuladas contra la entidad llamada en garantía, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR—.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Decreto 597 de 1988.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 1994, Expediente 8.789; C. P. Carlos Betancur Jaramillo, actor: Jorge Ovidio Ríos Mesa; demandado: municipio de Girardot, reiterada en la sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 15.351, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras.

(19) Folio 346 c. 2.

(20) “ART. 184.—Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas”.

(21) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia proferida el 14 de septiembre de 2011, Expediente 21.329, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(23) En este mismo sentido consultar, entre otras sentencias, las proferidas el 14 de septiembre de 2011, Expediente 21.329, el 26 de enero de 2011, Expediente 20.955 y el 23 de abril de 2009, Expediente 17160, todas con ponencia del magistrado, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997); Radicación 9718; C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(25) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Expediente 17.616, M. P. Ruth Stella Correa Palacio. En aquella oportunidad dijo la Sala: ‘Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.

(26) Comoquiera que el dictamen pericial realizó el cálculo de la indemnización respecto de la desvalorización que sufrió el inmueble desde el momento en que se dio apertura al nuevo cauce del río Bogotá, esto es desde el 26 de octubre de 1996.

(27) A cuyo tenor: “Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(28) Morales Molina Hernando, Curso de derecho procesal civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258. Bogotá. 1991.

(29) Folios 121 a 122 c. 3.

(30) Folios 143 a 148 c. 1.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 30.980, M. P. Alier E. Hernández Enríquez, tesis jurisprudencial reiterada en la providencia calendada el 24 de enero de 2007, Expediente 31.015, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.