Sentencia 1998-15984 de abril 3 de 2013

 

Sentencia 1998-15984 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326199815984 01

Expediente: 27.501

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: apelación sentencia - reparación directa

Actor: Servando Espinel Becerra y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 11 de marzo de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 1997 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 270’000.000 por concepto de lucro cesante a favor del señor Servando Espinel Becerra, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 13’460.000(14).

De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que, si bien es cierto las lesiones ocasionadas al señor Servando Espinel Becerra se produjeron el 17 de diciembre de 1995 y la demanda se interpuso el 18 de diciembre de 1997, también es cierto —y por eso ha de entenderse como oportunamente presentada la demanda—, que el día 17 de diciembre es de vacancia judicial, por manera que el término de vencimiento del plazo para interponer la demanda se extendió hasta el primer día hábil siguiente, tal y como lo dispone el artículo 70 del Código Civil, subrogado por el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, a cuyo tenor:

“En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los meses y años se completan según calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil” (negrillas adicionales).

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la historia clínica del señor Servando Espinel Becerra respecto de la atención médico hospitalaria que le fue brindada en el Hospital Militar Central de Bogotá, la cual en su gran mayoría resulta ilegible(15); no obstante lo anterior, se puede analizar la hoja de epicrisis del aludido paciente. En dicho documento se consignó la siguiente información:

“Fecha 16-01-96.

Servicio: neurocirugía, rehabilitación.

Diagnósticos: trauma craneoencefálico severo. Fx. de cráneo múltiple. Hematoma subdural agudo.

Cirugías: drenaje hematoma epidural y subdural.

Fecha salida: 26-01-96, por mejoría, estancia 36 días.

Paciente de 66 años, quien el 17 de dic. 95 sufre trauma craneoencefálico por explosión, sin pérdida de consciencia, con importante evolución de cuero cabelludo, parietal izquierdo escalpe. Ingresa con cefalgia, vómito, disfasia que progresa a afasia y hemiparesia derecha. En TAC se evidencia hematoma subdural agudo frontoparietal izquierdo, contusiones cerebrales tempoparietales y frontal derecho. Es llevado a cirugía para drenaje de hematoma y rotación de colgages de cuero cabelludo, evoluciona hacia mejoría de la parte neurológica con afasia motora, disminución de la hemiparesia. Se inicia tratamiento por rehabilitación para entrenamiento de reflejos, equilibrio y marcha con bastón, se observa progreso importante en control adecuado por evolución satisfactoria, se da salida con recomendaciones”(16).

— Experticio en la modalidad de informe técnico, rendido en este proceso contencioso administrativo por el médico forense William Fausto Cárdenas Ávila, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, D.C., quien, luego de evaluar la historia clínica del señor Servando Espinel Becerra, emitió el siguiente concepto:

“Sin examinar al paciente con base en la historia clínica 47809 del Hospital Militar y evidenciando que las lesiones han evolucionado satisfactoriamente, se puede concluir que el paciente Servando Espinel sufrió trauma craneoencefálico severo secundario a explosión. Mecanismo causal: contundente por onda explosiva. Se fija incapacidad médica de 35 días como definitiva. Como secuelas: 1) deformidad física que afecta el cuerpo por cicatriz en cuero cabelludo. 2) Perturbación funcional del sistema nervioso central por epilepsia post-traumática. 3) perturbación funcional del órgano de la locomoción por hemiparesia derecha y alteraciones en el equilibrio. 4) Para establecer más secuelas si las hubiere es necesario e indispensable examinar al paciente”(17).

— El anterior dictamen fue objeto de solicitud de adición por la parte demandante, con el fin de que se determinara el tipo de secuelas permanentes sufridas por el señor Espinel Becerra; dicha solicitud fue aceptada mediante proveído de fecha 31 de julio de 2001 y, mediante escrito fechado el 13 de diciembre de 2001, el referido perito presentó la adición del dictamen en los siguientes términos:

“Examinado hoy el señor Servando Espinel Becerra, con cédula (...), presenta cicatriz deprimida de 3x4 cm, en cuero cabelludo, región parietal izquierda, con pérdida de tejido óseo a ese nivel; otra cicatriz lineal adyacene hipocrómica de 7 cm; hemiparesia derecha, marcha apoyada en bastón; limitación funcional para la movilidad articular de miembro inferior derecho agravado a su patología neurológica por fractura intratocantérica de fémur derecho el 20 de octubre de 1998, que requirió osteosíntesis e injertos óseos.

Analizados los documentos que aporta. Historia clínica del Hospital Militar Central y dictamen médico legal, se puede establecer que a la fecha de salida del Hospital Militar Central se le diagnosticó trauma craneoencefálico severo, hematoma subdural agudo, fractura de cráneo múltiple. Presentó como secuelas: hemiparesia derechas que aún es evidente; afasia motora que ha evolucionado favorablemente, hipoacusia sensorial bilateral corregida con audífonos aún presente.

Secuelas:

1. Deformidad física en el cuerpo de carácter permanente.

2. perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente.

3. Perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente.

4. Perturbación funcional del órgano de la audición de carácter permanente.

5. Perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter transitorio, pues la causa que la generaba (afasia motora), ha evolucionado favorablemente.

Cabe aclarar que desde el ámbito legal, no se determina como secuela el concepto de pérdida anatómica ni funcional de pulmón, como expone el memorial del abogado”(18).

— Mediante oficio calendado el 1º de septiembre de 2002, la subdirectora del espacio público de la Alcaldía Mayor de Bogotá, hizo constar que la Plaza de Toros de Santamaría es de propiedad del Distrito Capital, no obstante lo cual, mediante contrato 066 de 1994, el Instituto Distrital de Recreación y Desarrollo Urbano, IDRD, entregó a título de arrendamiento el referido inmueble a la corporación Plaza de Toros de Santamaría(19).

— Copia auténtica del Decreto 791 de 10 de diciembre de 1995, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el cual “[s]e prohíbe la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos, así como el uso de los mismos productos en el Distrito Capital de Bogotá”(20).

— A folios 157 a 170 del cuaderno 2 obran los testimonios de los señores Hernando Zuluaga Correa, Wilmer Iván Pérez García, Edgar Merchán Cely y Marcelo Alfonso Rozo Barbosa. El objeto de sus declaraciones recayó, exclusivamente, sobre las actividades productivas desplegadas por el señor Servando Espinel Becerra y las excelentes relaciones familiares entre aquel y los demandantes en este proceso.

— Entre folios 166 y 170 del cuaderno 2 se encuentran los interrogatorios de parte realizados por los señores Servando Espinel Becerra y María Inés Morales de Espinel, prueba que fue solicitada por la parte demandada (Distrito Capital de Bogotá) y debidamente decretada por el Tribunal de Primera Instancia. Al respecto, cabe señalar que la declaración de parte está prevista en los artículos 194 a 210 del Código de Procedimiento Civil, como un medio de prueba que tiene como propósito lograr la confesión, la cual puede ser practicada en el proceso con la única condición de que se pida por una parte con intereses contrarios a quien habrá de absolver el interrogatorio y que se solicite con el fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. Así las cosas, en el asunto objeto de juzgamiento, la deposición de los aquí demandantes puede tenerse como prueba susceptible de valoración, pues —reitera la Sala—, su práctica fue solicitada por la parte demandada.

— Interrogatorio rendido por el señor Servando Espinel Becerra, del cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Preguntado: manifieste si usted recuerda que en el día de los hechos existiera por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá algún tipo de vigilancia o control al ingresar a la Plaza de Toros de Santamaría. Contesto: si, recuerdo que en la entrada por la puerta que yo entré había un agente y al ingresar a las graderías vi a otros agentes con casco blanco y bolillos. Preguntado: manifieste si en el momento de la ocurrencia del accidente en el que usted sufriera lesiones físicas dentro de la plaza de toros se estaba lanzando algún tipo de pólvora o cualquier otro artefacto similar a este. Contesto: sí, en varias ocasiones como en dos o tres veces cayeron elementos que cayeron adentro del circo, donde están los toros,de dónde la lanzaban no lo sé, lo cierto es que uno de estos elementos me cayó y explotó en mi cabeza causándome traumatismos que dice mi historia clínica que debe estar adjuntada al expediente” (se resalta).

— Interrogatorio realizado por la señora María Inés Morales:

“Preguntado: manifieste al despacho si usted observó a la entrada de la plaza de toros si por parte de la Policía se estaba realizando algún tipo de pesquisa a las personas que ingresaban a la citada plaza. Contesto: si habían varios agentes, que lo observaban a uno a ver que traía. No sé. Preguntado: manifieste si usted observó si durante el evento se estuviera lanzando pólvora o cualquier artefacto de estos. Contesto: sí dos o tres veces cayó a la arena el volador, el triqui traque o como se llame. Preguntado: de acuerdo a su respuesta anterior, aclare si la mencionada pólvora se lanzaba dentro de la plaza o fuera de ella. Contesto: pues no sabemos si sería dentro o fuera de la plaza, porque a nadie vimos que tuviera algo en la mano, una está fijo (sic) y no ve nada hacia atrás y estábamos casi sobre la barrera. (...) Una vez sonó el impacto yo me tapé los ojos y los oídos, quedé aturdida completamente, cuando reaccioné vi que estaba lavado en sangre la cara, inmediatamente la Policía que estaba junto a nosotros vinieron a verlo y al ver la gravedad pidieron una camilla de enfermería, luego me dijeron que había que llevarlo a un Hospital y yo le dije que al Hospital Militar, luego pidieron una ambulancia y nos llevaron a urgencias (...)” (se ha destacado).

— Finalmente, obran recortes originales del periódico El Tiempo del 20 de diciembre de 1995, los cuales contienen la noticia sobre las heridas de una persona en la plaza de toros de Santamaría ocurridas el 17 de diciembre de ese mismo año, a causa del impacto de un artefacto de pólvora.

Respecto de tales recortes de periódicos cabe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como pruebas testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (CPC, art. 228), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido, en consecuencia, los ejemplares acompañados al expediente solo prueban que allí apareció una noticia, pero no la veracidad de su contenido(21).

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto las lesiones físicas de carácter permanente sufridas por el señor Servando Espinel Becerra, producidas el 17 de diciembre de 1995 en la plaza de toros de Santamaría de la ciudad de Bogotá(22), suponen, por sí mismas, una afectación de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

En cuanto hace al aludido hecho dañoso, debe decirse que, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que las lesiones causadas al actor se produjeron por una falla del servicio, concretamente, porque las entidades demandadas no adoptaron las medidas de seguridad necesarias y efectivas para evitar el uso de pólvora en la plaza de toros de Santamaría para el día de los hechos, advierte la Sala que no resulta posible imputar lo ocurrido al Estado, por las siguientes razones:

Del material probatorio aportado al proceso se puede establecer, únicamente, lo siguiente:

i) Que el día 17 de diciembre de 1995 a las 05:15 p.m., aproximadamente, en la plaza de toros de Santamaría el señor Servando Espinel Becerra sufrió un impacto en su cabeza con un “volador de pólvora”, mientras se encontraba observando un espectáculo taurino;

ii) Que inmediatamente se produjo la lesión, el señor Espinel Becerra fue trasladado al Hospital Militar Central, donde le fue brindada la correspondiente atención médica para la complejidad de sus lesiones, las cuales le produjeron diferentes deformidades físicas de carácter permanente.

Así las cosas, del exiguo material probatorio relacionado anteriormente si bien se pueden inferir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las lesiones causadas al señor Servando Espinel Becerra —las cuales se produjeron en la plaza de toros de Santamaría el día y la hora señaladas, con un artefacto de pólvora, mientras asistía a un espectáculo taurino—, lo cierto es que no se probó el lugar desde donde fue lanzado el artefacto, ni mucho menos que hubiera ingresado y hubiese sido accionado desde dentro del recinto.

Así pues, ante la ausencia de acreditación de tales circunstancias se torna imposible establecer si la entidad pública demandada pudo haber incurrido en acción u omisión en sus obligaciones de vigilancia y control del lugar donde se realizaba el espectáculo y que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se hubiere producido el hecho dañoso que originó la presente acción.

Ciertamente, a pesar de que en el proceso se encuentra probada la presencia de miembros de la Policía Nacional en el sector, bien pudo suceder que el artefacto de pólvora hubiere sido lanzado desde fuera del cordón de seguridad que se implementó y que, por esa circunstancia, hubiese sido imposible ejercer el control por parte de esa entidad o, que el artefacto hubiese sido lanzado desde adentro de la plaza de toros o desde las inmediaciones del recinto, eventos en los cuales, dicho hecho dañoso le hubiera podido ser imputable a la Policía Nacional por falla del servicio de vigilancia, pero sucede que ninguno de esos eventos se probó y/o a acreditó en el plenario. En efecto, la misma parte demandante en el interrogatorio practicado —único medio probatorio de tal circunstancia—, indicó que no tenía conocimiento de la procedencia de dicho artefacto explosivo, es decir si fue lanzado desde adentro de la plaza de toros o por fuera de ese recinto.

En consecuencia, forzoso resulta concluir que no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento de las entidades demandadas para con los actos o hechos que concretaron el daño, por lo que en el caso concreto que ahora se examina se torna estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, pues se está en presencia de una falta de prueba de la causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquellos encuentran fundamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es imputable a la administración, cuestión que no se configuró en el evento sub-examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de análisis(23).

Respecto de la causalidad e imputación como elementos de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que,

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia”(24).

Ahora bien, cabe recordar que en casos como el presente, es a la parte demandante a quien corresponde la carga de acreditar los conocidos elementos que configuran la responsabilidad patrimonial de la administración: actuación u omisión del Estado, daño antijurídico y nexo causal entre aquella y estos, extremos que no se encuentran demostrados en el asunto sub examine, razón por la cual dicha omisión imposibilita a la Sala abordar el estudio respecto de si constituye deber jurídico de la demandada resarcir los perjuicios que del daño se hubieren derivado.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga(25) probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir tan lamentable hecho al ente público demandado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

2.4. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 11 de marzo de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Folios 1 a 60, cuaderno 2.

(16) Folio 22, cuaderno 2.

(17) Folios 174 a 175, cuaderno 2.

(18) Folios 344 a 345, cuaderno 2.

(19) Folio 168, cuaderno 1.

(20) Folio 161, cuaderno 1.

(21) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de enero de 2001, Expediente 11.413 y del 1º de marzo del 2006, Expediente 13.764, ambas con ponencia del consejero Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras.

(22) Pues así lo certificó el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses antes transcrito (fls. 344 a 345, cdno. 2).

(23) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Expediente 165.16 y del 4 de junio del 2008, Expediente 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Expediente 17.405, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., números 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem. Pág. 406.