Sentencia 1998-16535 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 150012331000-1998-16535-01 (32352)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: Josefina Margoth Borja de Borda y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción: reparación directa (acumulados)

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

Comoquiera que dentro de la controversia se encuentra una entidad pública, la Nación, representada en el sub lite por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional (CCA, arts. 82 y 149), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(7).

De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(8) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional como consecuencia de los hechos descritos en las demandas.

1.2. La legitimación en la causa.

1.2.1. Demandantes.

(i) Expedientes 16535 y 16912: los demandantes Josefina Margoth Borja de Borda, Sindry Patricia Borda Borja, José Julio Borda Mancipe y Flor Estrella Borda Mancipe, demostraron estar legitimados en el proceso como demandantes, las dos primeras como cónyuge e hija del fallecido Jorge Alirio Borda Mancipe según el certificado de notaría (fl. 8, cdno. ppal.), registro civil de matrimonio (fl. 6, cdno. 18) y registro civil de nacimiento aportado (fl. 147, cdno. ppal. y fl. 7, cdno. 18), y los dos últimos como hermanos de la víctima de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados (fls. 7, 12, cdno. ppal.; f. 80-81, cdno. 7; fls. 4, 10-11, cdno. 18)(9).

(ii) Expediente 16872: el señor John Kenedy Rubio Calixto se encuentra legitimado por activa, al ser una de las personas que resultó lesionada en el accidente de tránsito ocurrido el 29 de julio de 1996 de conformidad con el informe prestacional por lesiones aportado (fls. 28 y 179, cdno. 3; fls. 12 y 43, cdno. 4).

De igual forma, la señora Mary Ibeth Ríos y sus hijos John Alejandro, Elkin Javier y Camilo Andrés Rubio Ríos se encuentran legitimados en calidad de esposa e hijos del lesionado John Kenedy, según los registros civiles arrimados al plenario (fls. 58, 60-63, 67, cdno. 3; fls. 3-7, 102-104, cdno. 4)

Finalmente, de conformidad con los certificados de nacimiento allegados (fls. 3, 8-10, cdno. 4) los demandantes Pedro José Rubio Rodríguez, Ana Teresa Calixto, José Yefer, Julio Cibel e Isabel Cristina Rubio Calixto se encuentran legitimados en la causa por activa, al ser respectivamente padres y hermanos del lesionado John Kenedy Rubio Calixto.

(iii) Expediente 17303: los jóvenes Omar Andrés, John Edison y Javier Iván Páez Cristancho se encuentran legitimados en la causa como demandantes, puesto que acreditaron ser hijos del señor José Omar Páez Pinilla, de conformidad con los registros civiles aportados (fls. 3-7, cdno. 9).

(iv) Expediente 17240: los accionantes Pablo Manuel Rivas, Simri Milena, Norma Gicella, Fleider Manuel y Pablo Herney Rivas Suárez están legitimados para demandar, al acreditar el primero ser una de las personas lesionadas en el accidente de tránsito del 29 de julio de 1996 (fls. 7-8, 10 y 86, cdno. 14), mientras que los demás demostraron ser hijos del lesionado según registros civiles allegados (fls. 60, 62, cdno. ppal.; 3-6, 94, cdno. 14).

En el caso de la señora María Norma Suárez, quien alegó ser la esposa del señor Pablo Manuel Rivas, la sala encuentra que no fue allegado al expediente el registro que demuestre tal calidad(10), no obstante, se tendrá como tercera damnificada, toda vez que al expediente fueron allegados varios documentos que evidencian la unión con la víctima directa y cómo resultó afectada con la lesión de aquel(11).

1.2.2. Demandada.

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se encuentra legitimada como demandada, toda vez que se trató de la entidad a la que pertenecían los uniformados involucrados en el accidente de tránsito del 29 de julio de 1996 y a quien los actores acusan de haber obligado a tomar un curso de conducción, sin el lleno de los requisitos legales para ello. La responsabilidad de la entidad, será analizada de fondo.

1.3. La caducidad.

Como quiera que el accidente de tránsito en el que perdieron la vida los señores Jorge Alirio Borda Mancipe y José Omar Páez Pinilla y, resultaron lesionados los señores John Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas acaeció el 29 de julio de 1996 —de conformidad con el informe 93-0211088(12)— y las demandas fueron presentadas los días 25 de octubre de 1996(13), 4 de abril de 1997(14), 1º de agosto de 1997(15) y 22 de agosto de 1997(16), fuerza concluir que las mismas fueron presentadas dentro del término prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(17).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es extracontractualmente responsable de las lesiones causadas a los señores John Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas, así como por las muertes de Jorge Alirio Borda Mancipe y José Omar Páez Pinilla, al ordenarles realizar un curso de conducción que la entidad impartía sin el cumplimiento de las normas que regían la materia y en un automóvil que no era apto para la instrucción o, si por el contrario, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada por existir culpa exclusiva de las víctimas o el hecho de un tercero.

3. Cuestiones preliminares.

3.1. En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo, sobre las que la Sala hace las siguientes precisiones:

3.1.1. Al plenario fueron aportados algunos documentos en copia simple, que podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(18), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

3.1.2. En el expediente obran las copias de la investigación penal adelantada por el Juzgado 137 Penal Militar Deboy como consecuencia del accidente del 29 de julio de 1996 (fls. 44-87, cdno. 4), las cuales fueron allegadas al plenario por el Departamento de Policía de Boyacá (fls. 88-89, cdno. 4) en respuesta al oficio 2077 del 29 de agosto de 1997 (fl. 40, cdno. 4) y que serán apreciables sin limitación alguna, toda vez que las mismas fueron allegadas por la entidad demandada que las tenía en su poder y el traslado se produjo con el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto por la ley(19).

4. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

4.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(20), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de los actores que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

4.2. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concretó en la muerte de los señores Jorge Alirio Borda Mancipe y José Omar Páez Pinilla, así como las lesiones sufridas por John Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas en el accidente de tránsito ocurrido el día 29 de julio de 1996, en la vía Tunja - Duitama en el municipio de Cómbita en Boyacá. En ese orden, obran en el plenario los siguientes documentos:

i) Certificados de defunción de José Omar Páez Pinilla (fl. 6, cdno. 9) y Jorge Alirio Borda Mancipe (fl. 9, cdno. ppal., fl. 12, cdno. 13 y fl. 5, cdno. 18) que dan cuenta de sus decesos.

ii) Protocolo de necropsia 200-96-N del 29 de julio de 1996 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - seccional Boyacá (fls. 73-75, cdno. 7) por el cual se concluyó que el señor Jorge Alirio Borda Mancipe falleció por shock traumático secundario a politraumatismo en accidente de tránsito.

iii) Informes prestacionales por lesiones del 3 y 10 de febrero de 1997 (fls. 28 y 179, cdno. 3; fls. 12 y 43, cdno. 4; fls. 10 y 86, cdno. 14) donde se hace un relato de los hechos del 29 de julio de 1996 y la calificación de las lesiones sufridas por los agentes John Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas.

iv) Dictámenes 018-Mj del 1 de junio de 1998 (fls. 296-298, cdno. 3) y 030-Mj del 15 de junio de 1999 (fls. 87-90, cdno. ppal.) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los que se analizan las lesiones sufridas por John Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas y su pérdida de capacidad laboral.

v) Acta de junta medico laboral del 27 de octubre de 1998 (fls. 72-74, cdno. ppal.) donde se clasificaron las lesiones de Pablo Manuel Rivas.

vi) Historias clínicas de Pablo Manuel Rivas al interior del Hospital San Rafael (fls. 57-59, cdno. 14) y sanidad de la Policía Nacional (fls. 76-86, cdno. ppal. y fls. 97-107, cdno. 14), donde se registró el tratamiento recibido por aquel al interior de dichos centros médicos luego de haber sufrido lesiones en un accidente de tránsito.

vii) Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se desprende, el daño deprecado.

4.3. La imputación.

4.3.1. Sobre la actuación de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

4.3.1.1. El Consejo de Estado en varias oportunidades ha señalado que en los daños ocasionados por la materialización de los riesgos propios de la actividad peligrosa, se debe distinguir quién estaba ejerciendo la guarda material de la misma: Si el menoscabo lo sufre una persona que no tenía la guarda de aquella, la reparación del daño será adoptada bajo el régimen de responsabilidad objetivo, siempre y cuando no este probada la falla en el servicio, pues en caso de estar demostrada, se condenara a la entidad bajo dicho régimen de imputación. Con relación a este punto y tratándose de agentes estatales que se encuentran inmersos en la actividad peligrosa, se ha señalado(21):

El régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional resulta aplicable al funcionario de las fuerzas militares que resulte lesionado o muerto en una actividad aérea o de conducción, cuando esta le ha sido asignada para el cumplimiento de sus funciones y el pilotaje o la conducción no sea ejercido por la misma víctima, o lo que es lo mismo, cuando no tenga la guarda material de la actividad.

En efecto, en estos supuestos la responsabilidad está fundamentada no en el desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas —tal y como ocurre en el título jurídico del daño especial— ni en el desconocimiento de la carga obligacional de la administración pública —falla del servicio— sino en la concreción o materialización de un riesgo de naturaleza excepcional que asociado al ejercicio de una actividad o instrumento peligroso tiene una alta probabilidad de irrogar daños que no se encuentran en la obligación de soportar. En ese orden de ideas, en este tipo de escenarios en los que un agente estatal no asume directa y voluntariamente la actividad peligrosa (v.gr. manejo o conducción de aeronaves), no se le puede señalar que haya sido un riesgo asumido por la víctima, de allí que sea preciso resarcir el daño causado —negrillas y subrayados fuera de texto—.

Así las cosas, cuando el agente estatal sufre un daño en el ejercicio de una actividad peligrosa se debe determinar si aquel tenía a su cargo la guarda de aquella —verbi gratia, si voluntariamente manejaba el arma, el vehículo automotor, la aeronave etc.—, pues en tal caso, el régimen a aplicar no será el de responsabilidad objetiva sino el de la falla del servicio.

Para el caso de autos, se indica que los agentes lesionados y fallecidos en hechos del 29 de julio de 1996 y cuyos familiares demandan, sufrieron el daño mientras aprendían el ejercicio de una actividad peligrosa, esto último es de importancia resaltarlo, pues tratándose de su enseñanza, la guarda de la actividad en principio pertenece al instructor y no al alumno y por ende, en caso de existir un daño quien está llamado primeramente a responder es el instructor.

El artículo 2347 del Código Civil establece que toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para efectos de indemnizar el daño, sino también del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado, como es el caso de los directores de colegios y escuelas, quienes responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado y los artesanos y empresarios, quienes deben hacerlo por el hecho de sus aprendices o dependientes.

La anterior disposición también es aplicable al aprendizaje de una actividad peligrosa, pues la dirección intelectual de la misma está en cabeza del instructor y no del aprendiz, quien no tiene el dominio de la actividad y la realiza siguiendo las indicaciones y directrices del instructor; luego entonces, cuando siguiendo las órdenes del instructor, el aprendiz comete un daño, el que está llamado a responder es el primero(22).

Por su parte, si el aprendiz desatiende las órdenes de su instructor y por esa causa produce un daño, le asistirá responsabilidad precisamente por no acatar la directriz impartida.

Ahora bien, existirá responsabilidad tanto del instructor como del aprendiz en los casos que se produzca un daño, cuando la enseñanza se realice sin el cumplimiento de los requisitos de ley.

Ciertamente, la instrucción de una actividad peligrosa —bien sea la conducción de un vehículo automotor, armas, aeronaves, etc.— implica el cumplimiento de toda una serie de requisitos y procedimientos para poder llevar a cabo dicho aprendizaje y que se encuentran reglados en la normatividad colombiana; así por ejemplo, si una persona quiere aprender a conducir un vehículo automotor, debe hacerlo en una institución acreditada por la autoridad competente que cumpla todos y cada uno de los requisitos normativos para ofrecer el curso, de igual forma, el aprendiz debe cumplir exigencias, tales como horarios, aprobación de clases, conocimiento de normas de tránsito, entre otros. Cuando el alumno haya cumplido con el “pensum” del curso y dominado la actividad peligrosa, podrá habilitarse en el manejo de la misma, previo la certificación que para ello expida la autoridad competente.

Si la “academia” que imparte el aprendizaje de la actividad peligrosa no se encuentra acreditada, no cumple con los requisitos de ley o sus instructores no están autorizados por el organismo competente y el aprendiz lo sabe, en caso de existir un daño, le asiste responsabilidad tanto al instructor como al aprendiz, pues ambos violaron las disposiciones legales y administrativas para el aprendizaje de la actividad, las que no en vano se encuentran reguladas(23).

En el sub lite, comoquiera que los actores indican que el daño se concretó en la muerte y lesiones de unos agentes de policía, mientras estaban aprendiendo en horas del servicio el ejercicio de una actividad peligrosa y cuya instrucción se encontraba a cargo de la entidad demandada, debe establecerse para efectos de determinar el régimen de imputación aplicar sí: i) La accionada era en efecto la que estaba impartiendo el curso de conducción(24), ii) si el curso cumplía los requisitos de ley, iii) si no los cumplía, si los aprendices lo sabían, y iv) si en el accidente existió el hecho de un tercero.

4.3.1.2. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

4.3.1.2.1. Los señores Jorge Alirio Borda Mancipe, José Omar Páez Pinilla, Pablo Manuel Rivas y John Kenedy Rubio Calixto, para el mes de julio de 1996 fungían como agentes del Departamento de Policía de Boyacá, estando el último de los nombrados adscrito al primer distrito del grupo de reacción y control de Tunja(25).

4.3.1.2.2. El día 29 de julio de 1996, los citados junto con el dragoneante Víctor Avendaño Avendaño, abordaron el vehículo Hyundai de placas BCT-757 color negro a fin de realizar prácticas de conducción, según consta, entre otros documentos, en el libro de minuta de guardia de la estación de policía de carreteras (fls. 22-25, cdno. 3 y fls. 35-38, cdno. 7), libro de minuta de servicios de la sección de policía judicial e investigación (fls. 37 y 58, cdno. 2; fl. 42, cdno. 7 y fl. 19, cdno. 11) y oficio 0192/SIJIN del 24 de junio de 1997 (fl. 56, cdno. 2).

4.3.1.2.3. Aproximadamente a las 9:30 a.m. de la referida fecha, en la vía Tunja - Duitama en el kilómetro 12+750, el vehículo en el que se movilizaban los agentes colisionó con el automóvil Monza de placas BAE -634 y la volqueta Ford GCC-337, dejando un saldo de dos muertos y tres heridos, según se consignó en el informe de accidente de tránsito de dicha fecha y en el que se indicó (fls. 14-17, cdno. 2; fls. 44-47, cdno. 4; fls. 8-11, cdno. 5; fls. 26-29, cdno. 7; fls. 12-19, cdno. 8; fls. 48-51, cdno. 11; fls. 11-14, cdno. 12; fls. 71-78, cdno. 14):

Vehículos involucrados:

1. Juan Carlos Camacho, sexo masculino, tenía cinturón. Automóvil Chevrolet Monza modelo 89 placas BAE 634 particular, con SOAT, propietario mismo conductor, portaba licencia.

2. José Omar Páez Pinilla, muerto, no portaba licencia, automóvil Hyundai BCT757 particular, no tenía SOAT, propietario NN.

3. Julio Macías Macías, volqueta FORD GCC-337 particular, portaba licencia y SOAT.

Víctimas:

Jorge Alirio Borda mancipe 38 años, iba en el vehículo 2, Pablo Manuel Rivas 42 años, iba en el vehículo 2, total muertos 2, heridos 3.

Causas del accidente:

Vehículo 1: código 157 no parar el vehículo en situación de peligro.

Vehículo 2: código 134: impericia en el manejo

Versión vehículo 1: yo me salí de la vía para evitar el choque, el otro me choco.

No hay versión vehículo 2.

4.3.2.1.4. Las dos víctimas fatales del accidente, fueron los agentes José Omar Páez Pinilla —quien manejaba el automotor— y José Alirio Borda Mancipe, quien estaba ubicado detrás del conductor; los demás ocupantes del vehículo resultaron lesionados, tal y como se consignó en el informe de accidente de tránsito.

4.3.2.1.5. Al momento del siniestro, el rodante en el que se movilizaban los gendarmes, no contaba con seguro obligatorio de accidente de tránsito, no se tenía establecido quién era su propietario, y estaba bajo custodia de la policía, luego de haber sido incautado el día 14 de abril de 1996 por carecer de documentos, tener el sistema de identificación de placas adulterado, así como el de plaquetas de serie y chasis desaparecidas(26) (fls. 14-17, 41-42, 77-79, cdno. 2; fl. 36, cdno. 3; fls. 44-47, cdno. 4; fls. 8-11, cdno. 5; fls. 26-29, 43, cdno. 7; fls. 12-19, cdno. 8; fls. 48-51, cdno. 11; fls. 11-14, 16, cdno. 12; fls. 71-78, cdno. 14, fls. 34-35, cdno. 9).

4.3.2.1.6. Como consecuencia del suceso, el Juzgado 137 Penal Militar Deboy, adelantó una investigación penal que al momento de ser remitida al proceso de la referencia, aún no había culminado (fls. 5-44, cdno. 4).

En el recurso de apelación, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional indicó que no le asistía responsabilidad en el hecho, toda vez que nunca ordenó a los policías tomar un curso de conducción, no fue la entidad que impartió el curso, ni mucho menos dispuso que las prácticas se realizaran en un automotor que no era de la entidad, por el contrario, fueron los agentes quienes en forma voluntaria y desligándose del servicio, decidieron aprender a conducir sin que la entidad hubiese intervenido.

Sobre el particular, observa la Sala que de conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tiene que le asiste responsabilidad a la demandada por los hechos, pues aquella sin el lleno de los requisitos legales, impartió un curso de conducción en un vehículo que no podía utilizar, lo que conllevó al accidente y consecuente muerte y lesiones de unos de sus alumnos.

En efecto, el Decreto 1340 de 1970 modificado por la Ley 33 de 1986 y el Decreto 1809 de 1990 —Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos— indicaba en su artículos 11 y subsiguientes, que la enseñanza automovilística se impartiría por escuelas de enseñanza, entidades oficiales o establecimientos públicos educativos, los que debían contar con licencia de funcionamiento expedida por el Instituto Nacional de Transporte y Transito Intra.

Mediante Acuerdo 51 de 1993, el Intra reguló el procedimiento y requisitos que debían cumplir las escuelas de enseñanza automovilística públicas y privadas para obtener la licencia de funcionamiento(27), y entre otros aspectos, estableció que la escuela para impartir la enseñanza debía contar con vehículos propios que debían ser adaptados cumpliendo las siguientes características:

ART. 16.—Las escuelas de enseñanza automovilística deberán adaptar sus vehículos, así: (...)

2. Cuando la formación se imparta en motocarros, automóviles, camperos, camionetas y microbuses:

— Doble pedal de freno y embrague.

— Doble juego de espejos retrovisores interiores.

— Juego de espejos exteriores.

— Cinturones de seguridad en los asientos delanteros.

3. Cuando la formación se imparta en busetas, buses y camiones rígidos y vehículos articulados:

— Doble pedal de freno.

— Doble pedal de embrague.

— Doble juego de espejos exteriores.

— Sistema de bajo {eléctrico o de aire).

4. Los vehículos a que hace referencia los numerales anteriores deberán tener las siguientes características:

a. Pintados en su totalidad de color blanco.

b. En la parte anterior y posterior llevarán la palabra enseñanza; ambas en letras reflectivas de color verde, de dimensiones mínimas de ocho (8) centímetros de alto, por cuatro (4) centímetros de ancho. En las puertas delanteras llevará el logotipo o razón social de la escuela.

c. Cuando la formación se imparta en motocicletas. La palabra enseñanza debe colocarse en lugar visible y en dimensiones de cuatro (4) centímetros de alto por dos (2) centímetros de ancho en pintura reflectiva de color verde.

Además el instructor y alumno deberán portar chaleco reflectivo con la palabra enseñanza en iguales dimensiones en la parte anterior y posterior del chaleco (...) —negrillas fuera de texto—.

En cuanto a los instructores que impartían la enseñanza, el citado acuerdo establecía que para tener tal calidad debía obtenerse la licencia de instructor en técnicas de conducción, la cual era expedida por el Intra previo el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se destacaba: i) contar con un certificado de formación en técnicas de conducción de vehículos, correspondiente a la clase de automotor sobre el cual iba a dar la enseñanza, expedido por una institución acreditada, ii) ser bachiller, y iii) tener licencia de conducción vigente para la categoría en la cual versará la instrucción.

Por su parte, una vez la escuela de enseñanza cumpliera todos y cada uno de los requisitos exigidos por el Intra, podía dictar las clases de conducción y expedir el correspondiente certificado para que el alumno obtuviera la licencia de conducción, una vez aquel hubiese aprobado el curso conforme el programa aprobado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte.

Para el caso de autos, la entidad accionada impartió el curso de conducción sin que se cumpliera ninguna de las exigencias anteriormente mencionadas, tal y como pasa a explicarse a continuación.

Aunque en el recurso de apelación, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional indicó que en ningún momento dictó un curso de conducción, de las pruebas obrantes en el plenario se colige todo lo contrario; así pues, mediante oficio 931 YREHUM-929 del 16 de octubre de 1997 (fl. 39, cdno. 7), la jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Policía de Boyacá, indicó que para el “proceso de selección de aprendizaje en conducción, cada persona voluntariamente se candidatizaba por intermedio de cada una de sus unidades quien enviaba el listado ante la Policía de Carreteras Deboy y ese comando seleccionaba el personal”, en similar sentido, el oficio 518 REHUM C/929 del 16 de octubre de 1997 señaló que (fl. 40, cdno. 7):

Con relación al proceso que se realizó para escoger a Borda Mancipe, fue el de que cada uno se candidatizaba (sic) en su respectiva dependencia y luego se enviaban los listados al Comando de Policía de Carreteras. Los demás compañeros que partieron con el agente antes mencionado fueron los siguientes: extinto agente Páez Pinilla José Omar, Ag Rivas Pablo Manuel, Ag. Avendaño Avendaño Víctor Cruz, Ag Rubio Calixto John Kenedy, en cuanto a quien dio la orden de aprendizaje en el vehículo Hyundai GLS de placas BCT 757 dicha información debe ser la solicitada a la Policía de carreteras

En cuanto a la orden de que los policías podían tomar el curso con la entidad, si bien reposan en el expediente varios documentos provenientes de la accionada en los que indican que no se tenía conocimiento de quien había dado la orden de impartir el curso(28), obran en el plenario varios oficios que demuestran que dicha orden había sido proferida por el comando del departamento de la Policía de Boyacá; así en oficio 0192/SIJIN del 24 de junio de 1997 proveniente del jefe de recursos humanos de la Sijin (fl. 56, cdno. 2) se indicó que “para el 29 de julio de 1996 el agente Jorge Alirio Borda Mancipe se encontraba en curso de conducción ordenado por el comando del departamento de Policía de Boyacá”(29).

En oficio 3055 ASDIS-COMAN C/744 del 17 de octubre de 1997 (fls. 77-79, cdno. 2), el comandante del Departamento de Policía de Boyacá, informó entre otros aspectos que:

Literal b. Adjunto envío fotocopia de los folios 065 y 066 del libro de minuta de guardia de la Estación de Policía de Carreteras, donde consta la salida del vehículo Hyundai de placas BCT 757 conducido por el Dg. Avendaño Avendaño Víctor Cruz, con el fin de impartir instrucción al personal de la Policía Nacional (curso de conducción) ordenado por el señor coronel comandante departamento; registro que fue realizado el día 290796 a las 7:00 horas (...).

En los documentos referidos, se señala que el comando del departamento de la Policía de Boyacá ordenó que se dictara un curso de conducción para los agentes de policía interesados, quienes podían postularse a través de sus unidades, las que a su vez enviaban el listado de los candidatos a la Policía de Carreteras Deboy, quien seleccionaba el personal que podía tomar el curso.

Lo antedicho, también fue referido por el dragoneante Víctor Avendaño Avendaño, instructor del curso que sobrevivió al accidente de tránsito del 29 de julio de 1996, y quien refirió:

Preguntado: cuántos cursos de conducción se habían dictado. Contestó: se habían dictado dos cursos, incluido ese que finalizaba ese día, programados por órdenes superiores.

Visto lo anterior, se tiene que la entidad demandada impartió un curso de conducción para los policías seleccionados por el departamento de Policía de Boyacá, en cuanto a la legalidad del curso, encuentra la sala que no hay ningún documento que indique que la entidad estaba autorizada por el Intra para servir como centro de enseñanza de conducción automovilística(30), ni mucho menos que podía utilizar un vehículo que había sido incautado(31).

Sobre esto último, se tiene que además de que el vehículo no era propiedad de la entidad(32), tampoco cumplía con las exigencias de ley para servir en la instrucción automovilística, pues de conformidad con el informe de accidente de tránsito de dicha fecha y el acta de inspección a cadáveres 50 realizada a los cuerpos sin vida de José Omar Páez Pinilla y Jorge Alirio Borda Mancipe (fls. 83-89, cdno. 7 y fls. 1-7, cdno. 10), el automotor era de color negro, no contaba con doble pedal de freno, ni con doble pedal de embrague y además tenía un letrero blanco con letras negras que decía en mayúsculas la palabra “Enseñanza”(33).

Así las cosas, la entidad demandada impartió un curso de conducción ilegal en un vehículo no apto para el servicio de enseñanza, por lo que le asiste responsabilidad en los hechos demandados pues la muerte y lesiones de los agentes de policía ocurrieron durante el servicio cuando estaban aprendiendo el ejercicio de una actividad peligrosa; por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial y administrativa de la entidad accionada.

4.3.2. Sobre la actuación de los agentes que participaron en el curso de conducción.

En el recurso de apelación, la accionada señaló que en el hecho había culpa de las víctimas, pues estas voluntariamente tomaron el curso.

Sobre el particular, la sala encuentra que contrario a lo señalado por el a quo, existe culpa compartida en la causación del daño no solo por parte del fallecido José Omar Páez Pinilla, sino también de los demás agentes que tomaron el curso, quienes pese a conocer que este era ilegal, decidieron tomarlo y exponerse imprudentemente al riesgo de sufrir un accidente, como en efecto sucedió.

Sobre esto último, vale decir que aunque en la demanda como en los alegatos de primera y segunda instancia, la parte actora señaló que el curso había sido ordenado por los superiores de los agentes quienes únicamente estaban cumpliendo la orden, la sala encuentra que no le asiste razón.

Ciertamente, como fue expresado en apartes anteriores, si bien se tiene demostrado que el comando del Departamento de la Policía de Boyacá dio la orden de que se dictará un curso de conducción a los policías de la entidad, no lo es menos, que este no era de obligatorio cumplimiento y que al mismo podían inscribirse los agentes interesados en tomarlo(34).

Ahora bien, era obligación de los gendarmes al tomar el curso, verificar que el mismo cumpliera con los requisitos de ley y, en especial comprobar que los vehículos utilizados para la enseñanza observaran las exigencias establecidas por las normas de tránsito para tal fin.

El Decreto-Ley 1344 de 1970, contentivo del Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente para la fecha en la cual ocurrieron los hechos de la demanda, estableció, en primer lugar, que las normas de dicho estatuto así como los que lo desarrollaban, regían para todo el territorio nacional y regulaban la circulación de peatones, animales y vehículos por las vías públicas y privadas que estaban abiertas al público, por manera que dichas normas de tránsito tenían el alcance de obligatorio cumplimiento, en todo momento, por parte de todas las personas que desarrollaban actividades relacionadas con el tránsito terrestre.

Asimismo, la norma en cita en ningún momento contempló excepción alguna respecto de su aplicación u observancia por razón de circunstancias que involucren a la colectividad, ni por razones temporales, a partir de las cuales se pudiera suponer que en determinados días u horarios, las mismas perdieren su carácter de obligatoriedad; el código tampoco contempló excepciones para servidores públicos —incluidos agentes de policía—.

La Corte Constitucional(35), al estudiar la exequibilidad de una norma legal de tránsito, explicó que estas disposiciones constituyen medios de protección para las personas, las cuales tienen como propósito evitar que estas asuman riesgos, por manera que la implementación de políticas coactivas para la salvaguarda de los individuos, a través de una disposición de tránsito, tiene legitimidad en la esfera de lo público por cuanto el Estado actúa con su imposición, como tutor de los derechos propios de cada ciudadano y de terceros.

Ahora bien, las normas de tránsito que en acápites anteriores fueron señaladas y que regulaban el proceso para aprender a conducir un automóvil, regían para todo el territorio nacional, eran de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento; por tanto, si una persona quería aprender a manejar un vehículo automotor sin importar la categoría de aquel, debía instruirse en una escuela de enseñanza acreditada que contara con licencia de funcionamiento expedida por el Intra.

Para el caso de autos, los agentes de policía tomaron voluntariamente un curso de conducción en una entidad que no cumplía los requisitos de ley y que tampoco contaba con automóviles adaptados para impartir la enseñanza.

Para la Sala, no es dable concluir que los agentes desconocían la normatividad que regían la materia, o que tenían desconocimiento de que los cursos de conducción debían ser realizados en automóviles especialmente adaptados; las normas de tránsito como ya fue señalado, eran de obligatoria observancia y los policías no podían alegar su desconocimiento e incumplimiento so pretexto de que era una entidad pública la que dictaba el curso(36).

El día 29 de julio de 1996, los agentes José Omar Páez Pinilla, Jorge Alirio Borda Mancipe, John Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas, abordaron el vehículo particular Hyundai, color negro, de placas BCT-757, con el fin de hacer prácticas de conducción dictadas por el dragoneante Víctor Avendaño.

El rodante no contaba con ninguna de las especificaciones para ser tenido como instrumento de aprendizaje y sin embargo, los citados uniformados, imprudentemente se expusieron al riesgo de abordar un vehículo que no servía para prácticas y además de permitir que fuera conducido por un aprendiz, sin que existiera ningún mando de control para que el instructor pudiera maniobrar el vehículo en caso de que el mismo perdiera estabilidad como consecuencia de la inexperiencia del alumno.

A sabiendas del peligro que entrañaba aprender a realizar dicha actividad peligrosa en un vehículo no apto para ello, los policiales lo abordaron con tales fines y lamentablemente se produjo el fatal resultado.

Luego entonces, en el caso sub examine, si bien es cierto que se configuró una falla en el servicio por parte de la entidad accionada, también lo es que la conducta imprudente de las víctimas contribuyó a la producción del resultado en la misma, de suerte que la condena a cuya imposición hay lugar contra la demandada, deberá reducirse en un 50%.

4.3.3. Sobre el hecho de un tercero.

Uno de los argumentos de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional para exonerarse de responsabilidad tuvo como fundamento el hecho de que el accidente de tránsito del 29 de julio de 1996 no fue producido por el aprendiz que conducía el automotor de placas BCT-757, sino por la acción de los otros dos conductores que se vieron inmersos en el accidente.

Sobre el particular, la Sala encuentra que en el insuceso no hubo ninguna responsabilidad de los demás conductores que se vieron involucrados, pues de conformidad con el informe de accidente de tránsito, las declaraciones de los testigos del hecho y los mismos agentes que estaban a bordo del vehículo Hyundai de placas BCT-757, el accidente se ocasionó únicamente por la impericia de su conductor quien adelantó en un lugar prohibido.

En efecto, el informe de accidente de tránsito 93-0211088 del 29 de julio de 1996(37), indica que la vía donde ocurrió el siniestro, era plana, recta, de doble sentido, con dos carriles, de asfalto, estaba en buen estado, seca, tenía demarcación en la línea central y línea de carril y además, contaba con señalización de no adelantar.

Como causas del siniestro, se anotan en el informe la de impericia en el manejo para el conductor del Hyundai de placas BCT-757 y la de no de detenerse en situación de peligro para el rodante Chevrolet Monza de placas BAE 634, sobre este último, se aclara que el conductor del rodante en su versión indica que si bien no paró el vehículo, se salió de la vía para evitar el choque y sin embargo, este aún se produjo.

Lo referido en el informe, guarda relación con la declaración del señor Álvaro Evaristo Guaqueta Rincón, testigo visual de los hechos y quien ante el Juzgado 137 penal militar Deboy, declaró (fls. 25-27, cdno. 4):

El día 29 de julio, abordé la buseta Transbolivar Tricolar de Aerovan en Duitama con número interno 1375, con destino a Bogotá, a las ocho y media de la mañana, cuando bajamos al Barne, cogimos la recta, vi cuando un automóvil negro se fue encima de un carro rojo que venía hacia Duitama, el carro rojo se orilló lo más que se pudo y el negro dio varios trompos en la carretera, lógicamente la buseta paró, habían varios carros adelante, con el fin de ayudar así sea con el teléfono celular o primeros auxilios, al llegar al sitio del accidente, vi un cadáver debajo de la volqueta que estaba al lado derecho de la vía Paipa Tunja (...) Preguntado: qué maniobras realizó el conductor del Monza y de la volqueta para evitar la colisión. Contestó: el del Monza se orilló hasta donde pudo a la derecha y el de la volqueta no tuve visual para saber que hizo.

El referido testigo indica que el conductor del vehículo Monza color rojo, al ver que el automotor negro venía de frente y en el carril contrario, se orilló lo más que pudo de la vía sin que se pudiera evitar el resultado.

El señor Juan Carlos Camacho Franco, conductor del vehículo Monza, en declaración ante el juzgado 137 penal militar Deboy, indicó (fls. 11-14, cdno. 4):

Yo salí de Tunja destino a la ciudad de Duitama, aproximadamente a las 08:30 horas, en la recta que hay antes de llegar a la Penitenciaria del Barne, yendo a una velocidad normal de aproximadamente setenta kilómetros por hora, observé a una distancia aproximada de cien metros, que un vehículo negro adelantaba a una volqueta, en el momento de que este vehículo se dispuso a adelantar dicha volqueta, observé la pérdida de control de dicho vehículo, inmediatamente procedía a disminuir la velocidad y tratar de salirme de la carretera hacia el lado derecho, lo cual no me fue posible por un sardinel que se encontraba a la orilla de la carretera, mientras tanto el vehículo negro se aproxima a mí en zigzag muy marcado, en escasos segundos cuando ya había traspasado yo el sardinel, ya iba hacia fuera de la carretera, el vehículo negro se me vino de frente, siendo para mi imposible esquivarlo y hubo la colisión, aclaro que esta colisión fue en el carril derecho en el sentido Tunja-Paipa, en el sentido más exactamente en el que yo me dirigía, después de esto, sin perder el sentido quedé un poco descontrolado por lo cual me demoré un tiempo en el vehículo (...).

El señor Juan Carlos Camacho, refirió que el vehículo Hyundai negro intentó adelantar una volqueta; sin embargo, dicho rodante zigzagueó y fue a chocar con el que él conducía. Lo señalado por el señor Camacho, guarda concordancia con las declaraciones rendidas ante el Juzgado 137 Penal Militar Deboy por parte de Julio César Macías Macías, conductor de la volqueta Ford de placas GCC-337 que también se vio involucrada en el accidente, así como del agente John Rubio Calixto, quien resultó lesionado. El señor Julio César Macías Macías refirió (fls. 22-24, cdno. 4):

Venía en la volqueta Ford, venía en el trayecto de Paipa hacia Tunja, cuando después de la bajada del Barne ya comenzando la subida me pasó un carro negro en alta velocidad, descontrolado, entonces fue cuando al verlo descontrolado fui frenando, más adelante se estrelló contra un carro rojo Monza, hice todo lo posible por salirme de la carretera y no coger el carro, como a los dos minutos de haber pasado la estrellada me baje del carro (...) No mire así mayor cosa porque uno está pendiente del frente y en el trayecto que me adelantó en un trayecto de línea continua o sea prohibido adelantar, con la velocidad que venía solo me di cuenta cuando me estaba pasando, me di cuenta que iba como descontrolado, loco, no se (...) Yo venía por el carril de mi derecha, cuando me estaba adelantado el Hyundai, y cuando lo vi descontrolado, lo único que hice fue salirme de la vía, ir frenando e ir saliendo de la vía. Preguntado: en qué forma se descontroló el vehículo Hyundai. Contestó: lo vi en zigzag.

Lo señalado por los anteriores testigos, también es referido por el señor Víctor Avendaño Avendaño, quien hacía de instructor en el automotor Hyundai negro y explicó que el agente José Omar Páez Pinilla —conductor de dicho rodante—, se asustó al momento de adelantar una volqueta, así:

Nos encontrábamos vía Duitama - Tunja, venimos (sic) hasta el peaje y nos regresamos hacia Tunja, cuando llegamos o pasamos mejor por el Barne normalmente; quien conducía el vehículo era el agente Páez Pinilla, estábamos haciendo un repaso sobre las señales de tránsito y demarcaciones viales, ya bajamos del Barne y llegamos a la planadita, cuando el agente me dijo, no viene nada, porque íbamos detrás de una volqueta, al hacer la maniobra para pasar el otro carril le dije frene, entonces no sé qué pasó y él aceleró fuertemente, cuando ya vi que el vehículo se iba contra el otro carro, y no se podía hacer más nada, ni el agente Páez desaceleraba, le coloqué el freno de mano y le rapé la dirección con fuerza para que no nos estrelláramos de frente, lo único que hice fue mirar a ver cómo podía colaborar con los compañeros (...) Preguntado: cuál cree usted que haya sido la causa de esta colisión. Contestó: para mi concepto causa del accidente por parte del conductor de Hyundai, fue nerviosismo y no frenó sino que aceleró cuando yo le gritaba que frenara. Preguntado: Cuales eran las condiciones de visibilidad y de la vía en ese lugar. Contesto: de visibilidad y de la vía eran buenas. Preguntado: que maniobras realizó usted para impedir la colisión Contestó: decirle al conductor que frenara, y que desacelera y como no fue posible le aplique la o el freno de emergencia con la mano izquierda y coloqué la mano derecha sobre el volante para que me entregara la dirección pero no fue posible, pero cuando ya íbamos de frente contra el otro vehículo le hice duro a la dirección para evitar la colisión de frente (...).

Se destaca que el señor Víctor Avendaño refirió que el “aprendiz” José Omar Páez Pinilla podía adelantar la volqueta porque no había ninguna prohibición, aspecto este que es refutado tanto por el informe de accidente de tránsito al que ya se ha hecho referencia, como el acta de inspección a cadáver número 50 donde se consignó que la vía tenía una señal reglamentaria de prohibido adelantar (fls. 83-89, cdno. 7 y fls. 1-7, cdno. 10):

Se trata de una vía pública de la carretera central de Tunja conduce a Paipa, calzada de doble carril con demarcación lateral blanca, línea doble central amarilla continua en sentido Paipa a Tunja y segmentada en sentido Tunja a Paipa, 400 metros del sitio del impacto se encuentra una señal reglamentaria de prohibido adelantar y otra de transitar con luces bajas, aproximadamente treinta metros delante de donde quedo el vehículo Monza se observa una línea-señal reglamentaria de conservar el carril derecho, esto en sentido Tunja a Paipa carril derecho, en sentido Paipa a Tunja treinta metros del Monza se encuentra una señal de transitar con luces bajas y 200 metros antes de esta una de prohibido adelantar al frente del kilómetro 13. La vía mide un total de 7.40 m está ubicada frente a la casa del señor Jesús Medina —negrillas fuera de texto—.

Así las cosas, se tiene que en el accidente no existió responsabilidad de los demás conductores involucrados, quienes al ver que el automotor Hyundai negro de placas BCT-757 perdió estabilidad, intentaron salir de la vía para dar paso a este, sin que pudieran evitar el trágico accidente.

En consecuencia, comoquiera que no se demostró el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia en tanto declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y reducirá la condena impuesta en un 50% al existir concurrencia de culpas como ya fue explicado en párrafos anteriores.

5. Perjuicios.

Expediente 16535. Víctima Jorge Alirio Borda Mancipe: el tribunal de primera instancia concedió a Sindry Patricia Borda Borja, hija del fallecido Jorge Alirio Borda Mancipe, la suma de 100 salarios mínimos por perjuicios morales y $ 19.471.581,61 por concepto de perjuicios materiales.

De igual forma, negó cualquier reconocimiento en favor de la señora Josefina Margoth Borja de Borda, toda vez que aquella si bien había acreditado ser la cónyuge del fallecido Borda Mancipe, no lo era menos, que en el proceso se demostró que el vínculo matrimonial ya no se encontraba vigente y que estaba roto debido a la separación de hecho existente entre los esposos.

Respecto de la tasación de estos perjuicios, la Sala advierte que comoquiera que en el Expediente 16535 la sentencia solo fue recurrida por la parte demandada, no se puede reformar la condena en favor de los actores, toda vez que se estaría desconociendo la garantía constitucional de la no reformatio in pejus, o reforma en peor del apelante único (C.P., art. 29), la cual hace parte integral del denominado derecho al debido proceso.

En igual sentido, la Sala advierte que de observarse que la condena que impuso el a quo —dentro del Exp. 16535— en contra de la entidad accionada tuvo por fundamento una liquidación que no corresponde a las parámetros jurisprudenciales sobre la liquidación del perjuicio material que ha fijado esta corporación y que ello afecta a la parte pasiva de la litis en el sentido de que fue condenada por un valor mucho más alto al que debía serlo, reliquidará la misma bajo el entendido que ello hace parte del recurso interpuesto por la demandada en todo lo que le era desfavorable(38) y que en ningún momento se está desconociendo la garantía de la no reformatio in pejus.

Así las cosas, tratándose de la condena por perjuicios morales, comoquiera que la demandante Sindry Patricia Borda Mancipe acreditó el parentesco con el fallecido Borda Mancipe y la parte accionada no desvirtuó la presunción de la existencia del perjuicio moral, corresponderá a la demandante la suma de 50 salarios mínimos por este concepto, luego de la reducción del 50% de la condena por existir concurrencia de culpas.

Respecto a los perjuicios materiales reconocidos a Sindry Patricia Borda, observa la Sala que el a quo erró al momento de hacer la liquidación que le correspondía a la demandante en varios aspectos toda vez que: 1) Si bien indicó que el señor Jorge Alirio Borda Mancipe devengaba para el momento de su deceso la suma de $ 247.720(39) como salario básico, a dicho monto no le adicionó el 25% correspondiente a las prestaciones sociales, ni tampoco le restó el 25% que se presume aquel destinaba para su propio sostenimiento, 2) al momento de liquidar el perjuicio de Sindry Patricia, tomó como base el salario básico de su progenitor ($ 247.720) y lo actualizó arrojando una suma de $ 208.286,66(40) sobre la cual calculó la indemnización vencida y favor de la demandante sin que se pudiera determinar en el expediente de donde salió la cuantía de $ 208.286,66, y 3) calculó la indemnización de Sindry Patricia Borja como si aquella fuera la única hija del señor Borja Mancipe, cuando en el proceso está demostrado que aquel tenía una compañera permanente y otros tres hijos a los que en conciliación judicial les fue reconocido su derecho, por lo que la indemnización a favor de Sindry Patricia Borja debía ser reducida en proporción a la existencia de los demás parientes del fallecido Borja Mancipe.

Las anteriores equivocaciones del tribunal, conllevaron a una condena en detrimento de la entidad accionada(41), por lo que se reliquidará la misma atendiendo a los parámetros que sobre la tasación del perjuicio material se tienen establecidos, así:

El señor Jorge Alirio Borda Mancipe para el momento de su deceso devengaba la suma de $ 247.720, a dicho monto se le aumentara el 25% que se tiene por prestaciones sociales y al resultado se le restara un 25% que se presume destinaba la víctima para su propio sostenimiento, lo que arroja un total de $ 232.237,5.

La anterior suma de dinero será indexada conforme el IPC actual(42), así:

 

1998-16535 ecu1
 

 

Ra = $ 740.257

Por su parte, como el señor Jorge Alirio Borda Mancipe al momento de su muerte tenía una compañera permanente y cuatro hijos —incluida Sindry Patricia Borda Borja—, la base de liquidación para el perjuicio material a favor de la demandante será de $ 92.532,12(43).

Al momento del fallecimiento de su progenitor, Sindry Patricia Borda Borja era menor de edad y cumplió 25(44) años de edad durante el transcurso del proceso(45), por lo que solo corresponde reconocerle el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante consolidado desde la fecha del fallecimiento de su padre hasta la fecha en que cumplió los 25 años de edad, así:

 

1998-16535 ecu02
 

 

1998-16535 ecu3
 

 

S = $ 16.296.058

La anterior suma de dinero será reducida en 50%, por existir concurrencia de culpas lo que arroja un total de $ 8.148.029; en consecuencia, se modificara la sentencia de primera instancia que condenó a la accionada a pagar la suma de $ 19.471.581,61 a favor de la Sindry Patricia Borda Borja por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y, en su lugar, se ordenará a cancelar la suma de $ 8.148.029.

Expediente 16535. Víctima Jorge Alirio Borda Mancipe: en primera instancia el tribunal solo reconoció perjuicios morales a favor de la señora Flor Estrella Borda Mancipe en la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, toda vez que aquella demostró ser hermana del occiso Jorge Alirio Borda Mancipe; de igual forma, negó cualquier reconocimiento a favor del señor José Julio Borda Mancipe, bajo el argumento de aquel había obtenido la indemnización correspondiente en la audiencia de conciliación surtida ante dicha corporación.

La parte actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y solicitó que el perjuicio moral reconocido a la señora Flor Estrella fuera aumentado, así como que se indemnizara al señor José Julio Borda Mancipe, quien demostró ser hermano de la víctima y no haber obtenido ningún tipo de indemnización.

Sobre el particular, la Sala encuentra que le asiste razón a la parte actora de que se debe aumentar el reconocimiento del perjuicio moral a quienes demostraron ser hermanos de la víctima y no estuvieron presentes en la conciliación surtida ante el a quo, toda vez que a los demás hermanos les dieron en su momento un equivalente en gramos oro a lo que hoy sería cincuenta salarios mínimos legales vigentes, de tal forma que no sería procedente desconocer el derecho a la igualdad que les asiste a quienes demostraron tener el mismo parentesco.

En el mismo sentido, también se observa que le asiste razón a la parte actora de que debe reconocerse la indemnización que por perjuicio moral le asiste al señor José Julio Borda Mancipe, puesto que aquel —revisada el acta de conciliación surtida ante el a quo y que se transcribió en la página 8 de este proveído— no hizo parte del acuerdo conciliatorio que se llevó a cabo con la entidad accionada.

En consecuencia, correspondería reconocer a los señores Flor Estrella y Julio Borda Mancipe, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto del perjuicio moral causado al perder a su hermano; sin embargo, comoquiera que se demostró la existencia de la concurrencia de culpas entre la víctima y la demandada, la indemnización por dicho perjuicio será reducida en un 50% correspondiendo a los demandantes el reconocimiento de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Expediente 17303. Víctima José Omar Páez Pinilla: la parte demandante presentó recurso de apelación solicitando un aumento en la condena que por perjuicios morales hizo el tribunal de primera instancia; sobre el particular, la Sala confirmará la decisión que condenó a la entidad demandada a pagar 50 salarios mínimos para cada uno de los actores Bertha Marleny Cristancho Vaca, Omar Andrés Páez Cristancho, John Edison Páez Cristancho y Javier Iván Páez Cristancho por existir concurrencia de culpas.

En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, observa la Sala que el tribunal para liquidarlos, utilizó el salario del señor José Omar Páez Pinilla al momento de su muerte ($ 247.720(46)) y a dicha suma le aumento el 25% de prestaciones sociales para luego restarle un 33,33% que presupuso el occiso utilizaba para su propio sostenimiento, el resultado arrojó la suma de $ 206.443,66, valor este que actualizó y le restó el 50% por existir concurrencia de culpas, para un total de $ 104.143,33 que tuvo como base para la aplicación de las respectivas formulas.

Sobre el particular, observa la Sala que al igual que en el Expediente 16535, el a quo, erró al descontar el porcentaje que se presume la víctima utilizaba para su propio sostenimiento.

No obstante lo anterior, comoquiera que la parte actora no presentó ninguna inconformidad en relación a dicha tasación, no habrá lugar a reformar la liquidación por este aspecto, pues de hacerlo, se estaría agravando la situación de la entidad demandada(47), quien solicitó se revocara en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Así las cosas, para la Sala el perjuicio material otorgado por el tribunal de primera instancia, es correcto, puesto que lo liquidó desde la fecha del fallecimiento del señor José Omar Páez Pinilla. En ese contexto, esta corporación se limitará a indexar el valor otorgado por el a quo.

5.2.1. Lucro cesante a favor de Omar Andrés Páez Cristancho.

Utilizando la siguiente fórmula, que reconoce el aminoramiento de la moneda, desde la fecha de la sentencia de primera instancia, hasta la presente providencia:

 

Ra = $ 2.001.373,77(48) *115,26—IPC para febrero de 2014—
 80,87—IPC para enero de 2005—

 

Ra = $ 2.852.459

A título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de Omar Andrés Páez Cristancho, se reconocerá la suma de $ 2.852.459.

5.2.2. Lucro cesante a favor de John Edison Páez Cristancho.

En la sentencia de primera instancia, luego de la reducción al existir culpa compartida, se reconoció al demandante John Edison Páez Cristancho la suma de $ 2.093.184,37, los que al actualizarse dan como resultado el valor de $ 2.983.312(49) que se reconocerá como perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor del citado demandante.

5.2.3. Lucro cesante a favor de Javier Iván Páez Cristancho.

El a quo reconoció al actor Javier Iván Páez Cristancho, luego de la reducción del 50% al existir concurrencia de culpas, la suma de $ 2.550.983,34 por concepto de perjuicio material por lucro cesante, que serán actualizados así:

 

Ra = $ 2.550.983,34(50) *115,26—IPC para febrero de 2014—
 80,87—IPC para enero de 2005—

 

Ra = $ 3.635.790

Así las cosas, a Javier Iván Páez Cristancho se le reconocerá la suma de $ 3.635.790 por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.

5.2.3. Lucro cesante a favor de Bertha Marleny Cristancho.

El Tribunal de primera instancia indicó que el perjuicio material por lucro cesante a favor de Bertha Marleny Cristancho debía ser liquidado mediante incidente, toda vez que no se tenía el registro civil de nacimiento de la actora y no se sabía con certeza si aquella tenía más edad que su cónyuge.

Al respecto, encuentra la Sala que si bien no obra el registro civil de nacimiento de la actora, se sabe que aquella tenía la misma edad que el señor José Omar Páez Pinilla(51), por lo que la tasación del perjuicio se realizará hasta la edad probable de vida de aquel, así:

— Lucro cesante consolidado

Como quiera que en primera instancia se estableció que el monto de dinero para aplicar las formulas por lucro cesante y futuro, sin indexar correspondía a la suma de $ 206.443,66(52), este valor será actualizado conforme la siguiente formula:

 

1998-16535 ecu4
 

 

Ra = $ 658.039

Dado que la suma obtenida resulta superior al salario mínimo legal vigente para el año 2014, se dejara dicho valor monetario como base para realizar las correspondientes fórmulas de lucro cesante, no sin antes reducirlo en un 50% —que es el valor que le corresponde a la señora Bertha Marleny Cristancho, luego de la distribución entre esta y sus tres hijos(53)— para un total de $ 329.019

El lucro cesante consolidado comprende desde la fecha del fallecimiento de José Omar Páez Pinilla (jul. 29/96) hasta el momento en que se profiere la sentencia en segunda instancia (mar. 20/2014), para un total de 36,33 meses. Aplicando la respectiva formula, se tiene que:

 

1998-16535 ecu5
 

 

1998-16535 ecu6
 

 

S = $ 13.040.581

— Lucro cesante futuro

Comprendido desde el día siguiente de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida del señor José Omar Páez Pinilla, para un total de 533,67 meses. Aplicando la fórmula que para ello se tiene establecido, se obtiene:

 

1998-16535 ecu7
 

 

1998-16535 ecu8
 

 

S = $ 62.535.940

Sumados los dos conceptos de lucro cesante consolidado y futuro dan como resultado el valor de $ 75.576.521, la anterior suma de dinero será reducida en un 50% por existir concurrencia de culpas, para un total $ 37.788.260, valor este que será reconocido a la demandante como perjuicio material por lucro cesante.

Expediente 16872. Lesionado John Kenedy Rubio Calixto: el a quo reconoció para John Kenedy Rubio Calixto la suma de $ 4.696.395,79 por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, 20 salarios mínimos legales mensuales por daño a la vida de relación y 8 salarios mínimos legales daño moral, mientras que a los demás demandantes solo les reconoció por este último concepto la suma de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al respecto, la Sala advierte que en este proceso solo apeló la parte demandada por lo que prevalecerá el principio de la no reformatio in pejus.

Ahora bien, en cuanto a la tasación que por el perjuicio material realizó el Tribunal de Primera Instancia, se observa que si bien aquel lo calculó con fundamento en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se demostró en el expediente había sufrido el actor John Calixto(54), erró en los siguientes puntos: 1) Indicó que el salario básico del señor Rubio Calixto era $ 247.720, cuando según constancia emitida por el tesorero principal del Departamento de Policía de Boyacá para el mes de julio de 1996 aquel percibía un salario básico de $ 198.670 (fl. 37, cdno. 3) y 2) Señaló que la deducción por la manutención del lesionado era de 33.33% cuando esta debía ser del 25%.

Los errores cometidos por el tribunal conllevarían a una reliquidación de la tasación del perjuicio por lucro cesante; sin embargo, hacer la misma acarrearía que la condena en contra del apelante único resultara más gravosa, por lo que esta corporación se limitará actualizar el monto al que la accionada fue condenada, así:

 

1998-16535 ecu9
 

 

Ra = $ 6.693.540

En consecuencia, se reconocerá la suma de $ 3.346.770 por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de John Kenedy Rubio Calixto, que se obtienen luego de la disminución del 50% por existir concurrencia de culpas.

— Daño moral y perjuicio a la vida de relación

Por daño moral en primera instancia a favor de la víctima directa se reconoció la suma de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los que al ser reducidos en un 50% por existir concurrencia de culpas, arrojan la suma de 4 salarios mínimos legales que serán reconocidos a favor de John Kenedy Rubio Calixto por el perjuicio moral causado.

En cuanto a los padres, esposa, hijos y hermano del señor John Kenedy Rubio Calixto, se tiene que si bien acreditaron su parentesco con la víctima directa y en ellos opera la presunción del perjuicio moral derivado de las lesiones de su familiar, la misma será modificada y reducida en atención a que: 1) Si bien sufrieron un perjuicio moral, este no puede ser igual o superior al del propio lesionado, toda vez que no se demostró que este perjuicio fuera superior al de la víctima y 2) Comoquiera que existe concurrencia de culpas, el perjuicio será reducido en un 50%.

Luego entonces, por concepto de perjuicio moral a los familiares del señor John Kenedy Rubio Calixto les será reconocida la siguiente suma de dinero:

 

DemandanteParentesco con el lesionadoPerjuicio moral a reconocer
Ana Teresa Calixto BarreraProgenitora3 smlmv
Pedro José Rubio RodríguezProgenitor3 smlmv
María Ibeth Ríos RodríguezEsposa3 smlmv
John Alejandro Rubio RíosHijo3 smlmv
Elkin Javier Rubio RíosHijo3 smlmv
Camilo Andrés Rubio RíosHijo3 smlmv
Pablo Herney Rivas SuárezHijo3 smlmv
José Jefer Rubio CalixtoHermano3 smlmv

 

En lo que respecta al perjuicio por daño material en la vida de relación reconocido por el a quo, la Sala encuentra que el mismo deberá ser revocado, toda vez que no fue solicitado en las pretensiones de la demanda(55).

En efecto, concretamente en la pretensión segunda de la acción, la parte actora solicitó condenar a “la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a cada uno de los poderdantes por perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro (...)” sin que hubiera solicitado una condena por daño material a la vida de relación, fisiológicos u otro daño.

Reconocer un perjuicio que no fue solicitado en la causa petendi, se encuentra en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, el derecho de defensa del demandado y el principio a la lealtad procesal.

El estudio de la controversia jurídica y la decisión del juez encuentra límites en las pretensiones de la acción y en los hechos exceptivos alegados en la contestación, sin que sea jurídicamente viable modificar la causa petendi al introducir nuevos hechos o argumentos de forma extemporánea, que lo es siempre que se hace en oportunidad diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la demanda.

Desconocer lo anterior, implica violar el principio de congruencia. Y tampoco es posible tener en cuenta los argumentos diferentes a los plasmados en la demanda y expuestos por el apelante en su recurso, con el fin de fabricar otras pretensiones, pues ello quebrantaría además los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa que tiene el demandado, que fue vinculado para responder por los hechos de la demanda y no por otros(56).

En consecuencia, se reitera, se revocará el reconocimiento por el perjuicio denominado daño en la vida de relación reconocido en primera instancia, pues este en ningún momento fue solicitado.

Expediente 17240. Lesionado Pablo Manuel Rivas: el a quo reconoció para Pablo Manuel Rivas la suma de $ 2.466.257,77 por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, 30 salarios mínimos legales mensuales por daño a la vida de relación y 9 salarios mínimos legales daño moral, mientras que a los demás demandantes solo les otorgó por este último concepto la suma de 9 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al respecto, la Sala advierte que al igual que en el proceso 16872, solo apeló la parte demandada por lo que prevalecerá el principio de la no reformatio in pejus.

En cuanto a la tasación que por el perjuicio material realizó el a quo, se observa que si bien aquel lo calculó con fundamento en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se demostró en el expediente había sufrido el actor Pablo Manuel Rivas(57) y el salario básico que este devengaba(58), erró en la tasación al descontar un 33.33% por manutención del lesionado, cuando la jurisprudencia señala una presunción del 25% para tal fin.

Al igual que en el Expediente 16872, el error del tribunal de primera instancia conllevaría a una reliquidación de la tasación del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante; sin embargo, a su vez que en el proceso señalado, hacer la misma acarrearía empeorar la situación del apelante único, por lo que esta Sala solo actualizará el monto al que la demandada fue condenada en primera instancia:

 

1998-16535 ecu10
 

 

Ra = $ 3.515.035

En consecuencia, por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de Pablo Manuel Rivas se reconocerá la suma de $ 1.757.517, que se obtienen luego de la disminución del 50% por existir concurrencia de culpas.

En cuanto a los familiares del citado demandante, se tiene que si bien acreditaron su parentesco con la víctima directa y en ellos opera la presunción del perjuicio moral derivado de las lesiones de su familiar, la misma será modificada y reducida en un 50% en atención a que: 1) Si bien sufrieron un perjuicio moral, este no puede ser igual o superior al del propio lesionado pues no se demostró en el plenario que el daño hubiese sido superior al de la víctima directa y 2) Como quiera que existe concurrencia de culpas, el perjuicio será reducido en un 50%; por tanto, quedara así:

 

DemandanteParentesco con el lesionadoPerjuicio moral a reconocer
Pablo Manuel RivasLesionado5 smlmv
María Norma Suarez VegaTercera damnificada3.5 smlmv
Simri Milena Rivas SuarezHija3.5 smlmv
Norma Gicella Rivas SuarezHija3.5 smlmv
Fleider Manuel Rivas SuárezHijo3.5 smlmv
Pablo Herney Rivas SuárezHijo3.5 smlmv

 

Por su parte, en relación a la indemnización por el perjuicio por daño a la vida de relación reconocido al señor Pablo Manuel Rivas, esta Sala revocará la misma bajo los mismos argumentos que fueron expuestos en el caso del actor John Kenedy Rubio Calixto, esto es, que no fue solicitado en la demanda y la causa petendi no puede ser modificada por el fallador.

6. Otras cuestiones.

Revisados los expedientes que fueron acumulados, la Sala observa que los demandantes Ana Delina Mancipe de Borda, Fabio Borda Mancipe, José Julio Borda Mancipe, José Arturo Borda Mancipe y Josefina Margoth Borja de Borda —quien actúa en nombre propio y representación de sus menores hijos Sindry Patricia y Jorge Emilio Borda Borja—, en un principio presentaron dos demandas con apoderados diferentes reclamando las mismas pretensiones con fundamento en los mismos hechos a saber: la primera demanda identificada con el Expediente 16535 fue presentada el 25 de octubre de 1996 (fl. 25 vto., cdno. ppal.) por el apoderado Ciro Nolberto Guecha Medina según poderes otorgados por los accionantes visibles en folios 1, 4 y 6 del cuaderno principal; la segunda demanda, identificada con el Expediente 16912 fue radicada el 4 de abril de 1997 (fl. 21 vto., cdno. 1) por el apoderado Luis Vicente Pulido Alba según poderes otorgados por los actores referidos y visibles en folios 1 a 3 del cuaderno 18.

El hecho de que se hubiere presentado una segunda demanda por los mismos hechos, a las luces del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 —anterior estatuto del abogado, vigente para el momento de la presentación de la acción— conllevaría a una falta contra la lealtad profesional que se castigaría con censura, suspensión o exclusión, si se comprobará que el segundo apoderado presentó la demanda a sabiendas que ya existía un primer abogado con una demanda ya en curso.

El abogado Ciro Norberto Guecha, mediante memorial del 29 de abril de 1997 (fls. 23-24, cdno. 18) denunció la irregularidad en el proceso; mientras que la demandante Ana Delina Mancipe a través de escrito del 30 de agosto de 2000 (fl. 41, cdno. 18) señaló que había conferido un segundo poder al abogado Luis Vicente Pulido Alba, sin que le hubiera advertido previamente de la existencia de un primer poder y una demanda. La señora Ana Delina Mancipe, indicó que a fin de evitar la existencia de dos demandas por los mismos hechos, desistía de la acción seguida en el proceso 16912, desistimiento que fue aceptado por el tribunal instructor mediante auto del 19 de febrero de 2003 (fls. 190-193, cdno. ppal.); al respecto, cabe decir que la señora Mancipe tan solo desistió de la acción, tiempo después que en el proceso 16535 se hubiera realizado la conciliación judicial con la Policía Nacional en la que le reconocieron una indemnización por los hechos demandados.

De igual forma, el abogado Luis Vicente Pulido Alba mediante memorial del 28 de febrero de 2003 (fls. 192-193, cdno. ppal.) desistió de la demanda seguida por los señores José Arturo Borda, Fabio Borda Mancipe, Jorge Borda Borja y Sindri Borda Borja en el proceso 16912, así como renunció al poder por estos otorgados, toda vez que aquellos ya habían recibido una indemnización dentro del proceso 16.535 y no se podía seguir con una actuación que ya estaba terminada en detrimento de la entidad accionada. El desistimiento de las pretensiones de la demanda presentada por los referidos actores en el proceso 16912, fue aceptado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto del 19 de marzo de 2003 (fls. 195-196, cdno. ppal.).

Por su parte, el accionante José Julio Borda Mancipe, mediante memorial del 7 de marzo de 2001 (fl. 164, cdno. ppal.) señaló que si bien había otorgado poder al abogado Ciro Alberto Gecha para la acción 16535, desistía de la misma y revocaba el mandato a este conferido y en su lugar, continuaba en el proceso 16912, toda vez que a dicha fecha no había recibido ningún tipo de indemnización.

En lo que respecta a la señora Josefina Margoth Borja de Borda y su menor hija Cindy Borda Borja, el a quo en auto del 19 de mayo de 2004 (fls. 212-216, cdno. ppal.), señaló que comoquiera que aquella había dado dos poderes tanto al abogado Ciro Nolberto Gecha y el doctor Luis Vicente Pulido Alba en dos procesos diferentes y no había revocado el poder a ninguno de los dos, de conformidad con el artículo 66 inciso último del Código de Procedimiento Civil, se tenía como apoderado de la demandante al abogado Ciro Nolberto Guecha.

Así las cosas y luego de los desistimientos en las demandas, se tiene que por el fallecimiento del señor Jorge Alirio Borda Mancipe, reclamaron indemnización dos grupos familiares a saber: i) En el Expediente 16535 los señores Josefina Margoth Borja de Borda junto con sus menores hijos Sindry Patricia y Jorge Emilio Borda Borja, así como los señores Ana Delina Mancipe de Borda, José Eustacio Borda Espinel, José Julio Borda Mancipe, Fabio Borda Mancipe y José Arturo Borda Mancipe, junto con los menores Lisbeth Tatiana Borda Cantillo y José Farid Borda de Ávila, los cuales se encuentran representados por el abogado Ciro Nolberto Guecha y ii) En el Expediente 16912 los señores José Julio Borda Mancipe y Flor Estrella Borda Mancipe, hermanos de la víctima y, quienes se encuentran representados por el abogado Luis Vicente Pulido Alba.

Ahora bien, visto lo anterior la Sala encuentra que si bien los demandantes dentro de los procesos 16535 y 16912 presentaron desistimiento en una de las acciones a fin de que no existiera una doble demanda solicitando las mismas pretensiones por los mismos hechos, no lo es menos que durante varios años las dos acciones se tramitaron, desgastando así la administración de justicia. La conducta de los accionantes en los procesos señalados, podría constituir una infracción penal, razón por la cual esta corporación ordenara en el resuelve de este proveído, compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación(59) para que lo de su competencia en relación a la conducta de los accionantes Ana Delina Mancipe de Borda, Josefina Margoth Borja de Borda, Fabio Borda Mancipe, José Julio Borda Mancipe y Arturo Borda Mancipe.

7. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria y que hubiere sido vencida en el proceso, incidente o recurso. En el presente caso, la Sala no observa un comportamiento temerario de la parte demandada, razón por la cual no se le condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 27 de enero de 2005, proferida por la Sala de Decisión Uno de Descongestión del Tribunal Administrativo de Boyacá, la cual quedará en los siguientes términos:

Primero: DECLÁRASE que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL es administrativamente responsable por la falla en el servicio de que fueron víctimas Jorge Alirio Borda Mancipe, José Omar Páez Pinilla, Jhon Kenedy Rubio Calixto y Pablo Manuel Rivas, dentro del marco de circunstancias que se relataron en los considerandos de este fallo.

Segundo: como consecuencia de la declaratoria anterior, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales las cantidades que a continuación se indican y a las personas que se relacionan, así:

2.1. A Sindry Patricia Borda Mancipe, hija de Jorge Alirio Borda Mancipe, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.2. A los señores Flor Estrella Borda Mancipe y José Julio Borda Mancipe, hermanos de Jorge Alirio Borda Mancipe, la suma de veinticinco salarios mínimos legales a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, para cada uno de ellos.

2.3. A la señora Bertha Marleny Cristancho Vaca, cónyuge de José Omar Páez Pinilla, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.4. A Omar Andrés Páez Cristancho, John Edison Páez Cristancho y Javier Iván Páez Cristancho, hijos de José Omar Páez Pinilla, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, para cada uno de ellos.

2.5. A John Kenedy Rubio Calixto, victima directa, la suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.6. A los señores Ana Teresa Calixto Barrera, Pedro José Julio Rubio Rodríguez, María Ibeth Ríos Rodríguez, John Alejandro Rubio Ríos, Elkin Javier Rubio Ríos, Camilo Andrés Rubio Ríos, Pablo Herney Rivas Suárez y José Jefer Rubio Calixto, familiares de John Kenedy Rubio Calixto, la suma de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, para cada uno de ellos.

2.7. A Pablo Manuel Rivas, víctima directa, la suma de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

2.8. A los señores María Norma Suárez Vega, Simri Milena Rivas Suárez, Norma Gicella Rivas Suárez, Fleider Manuel Rivas Suárez y Pablo Herney Rivas Suárez, familiares de Pablo Manuel Rivas, la suma de 3.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, para cada uno de ellos.

Tercera: como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales las cantidades que a continuación se indican y a las personas que se relacionan, así:

3.1. A Sindry Patricia Borda Mancipe, hija de Jorge Alirio Borda Mancipe, la suma de ocho millones ciento cuarenta y ocho mil veintinueve pesos ($ 8.148.029).

3.2. A la señora Bertha Marleny Cristancho Vaca, cónyuge de José Omar Páez Pinilla, la suma de treinta y siete millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta pesos ($ 37.788.260).

3.3. A Omar Andrés Páez Cristancho, hijo de José Omar Páez Pinilla, la suma dos millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($ 2.852.459).

3.4. A John Edison Páez Cristancho, hijo de José Omar Páez Pinilla, la suma de dos millones novecientos ochenta y tres mil trescientos doce pesos ($ 2.983.312).

3.5. A Javier Iván Páez Cristancho, hijo de José Omar Páez Pinilla, la suma de tres millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos noventa pesos ($ 3.635.790).

3.6. A John Kenedy Rubio Calixto, victima directa, la suma de tres millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos setenta pesos ($ 3.346.770).

3.7. A Pablo Manuel Rivas, víctima directa, la suma de un millón setecientos cincuenta y siete mil quinientos diecisiete pesos ($ 1.757.515).

Cuarta: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. Compúlsense copias de la presente actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se investigue la conducta de los señores Ana Delina Mancipe de Borda, Josefina Margoth Borja de Borda, Fabio Borda Mancipe, José Julio Borda Mancipe y Arturo Borda Mancipe.

4. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(7) En los años 1996 y 1997, cuando se presentaron las demandas que nos ocupan, las cuantías para que los procesos de reparación directa tuvieran doble instancia eran de $ 13.460.000; en el sub lite se solicitaron en todos los casos indemnizaciones de 1.000 gramos de oro como indemnización por daños morales, superando, en todos los asuntos, los topes referidos.

(8) “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(9) No se hace relación a los demás actores que inicialmente presentaron la acción en estos dos procesos, toda vez que respecto de estos existió un acuerdo conciliatorio que se encuentra en firme.

(10) Al plenario fue aportado la partida de matrimonio entre el señor Manuel Rivas y María Norma Suárez de fecha del 16 de abril de 1983, que no puede ser tenida en cuenta, pues de conformidad con lo establecido en la Ley 92 de 1938, las partidas eclesiásticas solo eran idóneas para acreditar situaciones del estado civil de las personas ocurridas durante su vigencia, la cual se extendió hasta la entrada en vigencia del artículo 105 del Decreto 1260 de 5 de agosto de 1970, y comoquiera que el matrimonio no fue celebrado en vigencia de dicha norma, la prueba del estado civil solo puede hacerse a través del registro civil.

(11) Tales como la historia clínica del señor Pablo Manuel Rivas en el Hospital San Rafael, lugar donde fue tratado luego del accidente y donde se menciona a la señora María Suárez como su cónyuge (fl. 57, cdno. 14)

(12) Folios 14-17, cuaderno 2; folios 44-47, cuaderno 4; folios 8-11, cuaderno 5; folios 26-29, cuaderno 7; folios 12-19, cuaderno 8; folios 48-51, cuaderno 11; folios 11-14, cuaderno 12 y folios 71-78, cuaderno 14

(13) Expedientes 16535 y 16872 (fl. 25 vto. cdno. ppal. y fl. 22 vto., cdno. 4).

(14) Expediente 16912 (fl. 21 vto., cdno. 18).

(15) Expediente 17240 (fl. 35 vto., cdno. 14).

(16) Radicado 17303 (fl. 13 vto., cdno. 9).

(17) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

(19) Dentro de estas copias obran las declaraciones de los señores José César Sanabria Farfán (fls. 8-10, cdno. 4), Juan Carlos Camacho Franco (fls. 11-14, cdno. 4), Siervo de Jesús Santo Daza (fls. 15-18, cdno. 4), Julio César Macías Macías (fls. 22-24, cdno. 4), Álvaro Evaristo Guaqueta Rincón (fls. 25-27, cdno. 4), José Manuel Rincón Guzmán, José Silverio Sánchez Pinzón (fls. 30-31, cdno. 4) y Víctor Avendaño Avendaño (fls. 40-43, cdno. 4) que serán tenidas en cuenta como prueba.

También obran las declaraciones que bajo la gravedad de juramento rindieron los agentes sobrevivientes que sobrevivieron al hecho y demandan en el proceso (agentes Pablo Manuel Rivas fls. 32-35, cdno. 4 y John Rubio Calixto fls. 36-39, cdno. 4) que no podrán ser valoradas en autos, toda vez que al tratarse de declaraciones de parte, las mismas debían cumplir las formalidades del interrogatorio de parte, tal y como lo ha expresado la jurisprudencia de la sección en varias oportunidades. Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de diciembre de 2013, Expediente 25973.

(20) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, Expediente 25712, C.P. Enrique Gil Botero.

(22) Sobre el daño causado por un aprendiz de conducción de vehículos, el tratadista Javier Tamayo Jaramillo indicó: cuando una persona está aprendiendo a dirigir o conducir una actividad peligrosa y con ella causa daños a terceros, la responsabilidad pertenece al instructor y no al alumno, ya que toda la dirección intelectual de la operación está en cabeza de él. El maestro o su patrono, según el caso, responderá conforme al artículo 2356 del Código Civil, mientras que el alumno solo responderá de una culpa demostrada, pues se considera que no era él quien ejercía la actividad peligrosa. Es el caso del aprendiz de conducción de vehículos. Sin embargo, es necesario hacer una distinción en esa posible culpa del alumno. En efecto, si este maneja mal debido a ignorancia e inexperiencia, ello no constituye una culpa, pues la ley autoriza la conducción y precisamente estaba en el aprendizaje; solo cuando desatiende las órdenes del instructor y por esa causa se produce el daño, se puede hablar de culpa compartida.

Lógicamente, nos referimos al aprendizaje autorizado por la ley, porque si se trata de uno ilegal, tanto el alumno como el profesor serán responsables de la actividad peligrosa y fuera de ello serán responsables a la luz del artículo 2341, pues la conducta en sí misma debe ser considerada como una culpa probada. Además de ejercer una actividad peligrosa, cometieron la imprudencia de violar claras disposiciones legales y administrativas. Javier Tamayo Jaramillo. Tratado de responsabilidad civil tomo I. Segunda edición. Págs. 925-926.

(23) Máxime si se trata del aprendizaje de una actividad peligrosa en la que debe existir seguridad tanto para el alumno como para su instructor.

(24) Sí los agentes resultaron muertos y lesionados durante un curso de conducción que impartía la accionada en cumplimiento de la normatividad colombiana para la época del accidente, la guarda de la actividad peligrosa estaría en cabeza de la demandada por lo que deberá responder bajo un régimen objetivo, a menos de que se demuestre la existencia de una falla en el servicio; por el contrario, si los agentes resultaron muertos y lesionados en un curso de conducción impartido por la accionada que no cumplía los requisitos de ley, aquella responderá por falla en el servicio, así mismo se deberá establecerse si los agentes involucrados en el hecho, tenían conocimiento de la ilegalidad, caso en el cual también les asistirá responsabilidad en el hecho.

(25) Lo anterior, de conformidad con la constancia del 7 de octubre de 1999 (fl. 32, cdno. 9), los oficios 518 REHUM C-929 (fl. 40, cdno. 7), 519 REHUM C-929 (fls. 26-27, cdno. 3), 931 YREHUM-929 (fl. 39, cdno. 7) del 16 de octubre de 1997 y certificado de la misma fecha (fls. 30-31, cdno. 3) proferidos por la unidad de recursos humanos Deboy; así como el extracto (fl. 64, cdno. 11) y hoja de vida de Jorge Alirio Borda Mancipe (cdno. 17).

(26) Mediante oficio 343 SIJINC del 16 de octubre de 1997 (fl. 20, cdno. 3) del jefe de automotores de la Sijin - Boyacá, se informó a su vez, que dicho vehículo para el día 29 de julio de 1996 se encontraba en los patios de la policía de carreteras a órdenes de la fiscalía URI de Tunja.

(27) Concretamente en el artículo 9º estableció que las escuelas de enseñanza automovilística para obtener la licencia de funcionamiento, debían acreditar los siguientes requisitos:

1. Solicitud de otorgamiento de licencia de funcionamiento presentada ante la Oficina del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, en la cual se indicará: nombre o razón social de la escuela, domicilio, nombre del propietario o representante legal y de su director, relación de los instructores en técnicas de conducción con que cuenta para impartir la enseñanza, acompañada de fotocopia auténtica de la licencia de instructor expedida por el Intra y del contrato de trabajo, especificando la clase y características de los vehículos sobre los cuales versará la enseñanza.

2. Poseer (en propiedad o arrendamiento) instalaciones locativas en donde debe funcionar tanto una oficina adecuada para el manejo administrativo de la escuela. Como él (las) aula(s) de que trata el siguiente numeral.

3. Poseer aula(s) acondicionada(s) exclusivamente para la enseñanza automovilística con una capacidad mínima para diez (10) y máxima para cuarenta (40) aprendices. El área no puede ser inferior aun (1) metro cuadrado por aprendiz.

4. Presentar patente de sanidad vigente para establecimiento docente, expedida por la autoridad competente.

5. Poseer las ayudas didácticas necesarias para impartir la enseñanza.

6. Poseer como mínimo dos (2) vehículos automotores para tercera (3a) categoría, técnicamente adaptados. Todos los vehículos deben ser de propiedad de la escuela o estar sujetos a contrato de leasing a favor de la misma.

El modelo de los vehículos no puede ser superior a quince (15) años de antigüedad, para los correspondientes a las categorías primera (la) a cuarta (4a) de la licencia de conducción, ni superior a veinte (20) años

7. Categoría (s) de la licencia (le conducción para la (s) cual (es) puede impartir la enseñanza.

8. Vigencia de la misma.

PAR.—El director de la escuela informará a la oficina del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito que expidió la licencia de funcionamiento, cualquier modificación de los datos contenidos en la misma para su actualización, so pena de ser sancionada de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo.

(28) Tales como el certificado (fls. 32-33, cdno. 3) y oficios 930 YRHUM-929 (fl. 21, cdno. 3), 1007 YESPC-6 (fls. 34-35, cdno. 3), 1009 YESPC-C (fl. 41, cdno. 4) y 519 REHUM C-929 del 16 de octubre de 1997 (fl. 21, cdno. 3).

(29) De igual forma, en la minuta de servicios de la sección policía judicial e investigación del 29 de julio de 1996, se indicó que el agente Jorge Borda Mancipe se encontraba ese día en curso de conducción (fl. 37, cdno. 2; fl. 58, cdno. 2; fl. 42, cdno. 7 y fl. 19, cdno. 11); en la minuta de guaría de la estación de policía de carreteras de dicha fecha (fls. 22-25, cdno. 3 y fls. 35-38, cdno. 7), “se indicó que a las siete de la mañana salió el vehículo Hyundai conducido por el Dg. Avendaño Avendaño Víctor y el vehículo taxi Chevrolet Chevete conducido por el Ag. Alfonso, impartir instrucción el personal de la Ponal (curso de conducción) ordenado por mi cc comandante del depto.”.

(30) La Dirección de Tránsito y Transporte de Tunja en oficio del 22 de octubre de 1997 (fl. 52, cdno. 7), señaló que en ninguna de sus dependencias reposaban documentos inherentes a la expedición de licencias de funcionamiento para enseñar con destino al comando de la policía de Boyacá y que era el ministerio quien controlaba la enseñanza automovilística.

(31) Mediante oficio 611 YESCP del 25 de junio de 1997, el comandante de la Policía de Carreteras de Boyacá informó que el vehículo marca Hyundai de placas BCT-757 había sido inmovilizado por la Policía de Carreteras sin que se supiera quien era su propietario y que había sido designado para realizar algunas actividades del comando del Departamento de Policía de Boyacá, encaminadas a instruir el personal voluntario para capacitarlos, contando con personal idóneo y suficiente experiencia perteneciente a la Policía de Carreteras y con los elementos para tal fin” (fl. 63, cdno. 2). Respecto de la autorización de la policía para utilizar el vehículo, no existe ninguna orden de la fiscalía URI de Tunja. A cuya disposición se encontraba el rodante, señalando que este podía ser utilizado por la policía.

(32) Aspecto que conforme la normatividad se requería para dictar el curso.

(33) Recuérdese que la normatividad vigente para la época de los hechos, exigía que los vehículos de enseñanza debían ser blancos, debían contar con doble pedal de freno y embrague y tener la palabra enseñanza en letras reflectivas de color verde.

(34) En las declaraciones que rindieron ante el Juzgado 137 Penal Militar Deboy, los agentes Pablo Manuel Rivas y John Kennedy Rubio Calixto indicaron que en el curso tan solo habían entre veinticinco y treinta policías.

(35) Corte Constitucional. C-309 del 25 de junio de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Mediante la cual se declaró la exequibilidad del artículo 178 del Decreto 1344 de 1970, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, en cuanto se refiere al uso del cinturón de seguridad.

(36) El Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 18376, en relación al Decreto 1344 de 1970 indicó que “las normas legales de tránsito y transporte son de imperativo cumplimiento, por manera que todas las personas que desarrollen actividades relacionadas con el tránsito terrestre deben acatarlas, pues la aplicación de las mismas no se suspende bajo ninguna circunstancia”.

(37) Folios 14-17, cuaderno 2, folio 14-17, cuaderno 3, folios 44-47, cuaderno 4, folios 8-11, cuaderno 5, folios 26-29, cuaderno 7, folios 12-19, cuaderno 8; folios 48-51, cuaderno 11, folios 11-14, cuaderno 12; folios 71-78, cuaderno 14.

(38) La demandada, apelante único en el Expediente 16535, solicitó que se revocará en su totalidad la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la demanda.

(39) Según constancias aportadas al plenario (fls. 39, cdno. 2, 41, cdno. 7 y 20, cdno. 11).

(40) Suma de dinero que no corresponde a la actualización.

(41) En primera instancia fue condenada a la suma de $ 19.471.581,61 que al ser actualizados arrojan un total de $ 27.578.520,56, valor este que supera con creces la condena que le correspondía a la entidad, como será visto en párrafos subsiguientes.

(42) La actualización monetaria de ningún modo desconoce el principio de la no reformatio in pejus, sino que, por el contrario, reconoce un factor de justicia material relativo a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo.

(43) Que resultan de dividir el salario actualizado del señor Jorge Alirio Borda Mancipe ($ 740.257) entre la compañera permanente y los cuatro hijos del señor Borda, correspondiendo a la primera un 50% y a los demás el otro 50% dividido proporcionalmente.

(44) Nació el 13 de marzo de 1981 (fl. 147, cdno. ppal. y fl. 7, cdno. 18) por lo que cumplió 25 años el 13 de marzo de 2006.

(45) En ningún momento se desvirtuó la presunción de que la menor de edad dependía de su progenitor y estudiaría hasta los veinticinco años de edad, de igual forma, tampoco se acreditó que aquella tenía alguna limitación que le impidiera trabajar luego de que cumpliera los veinticinco años de edad.

(46) El que encuentra su fundamento según constancia del 20 de septiembre de 1999 suscrita por el Tesorero Principal del Departamento de Policía de Boyacá (fl. 31, cdno. 9).

(47) La diferencia con el Expediente 16535, es que en aquel la condena en primera instancia resultó más gravosa para la entidad, mientras que en el Expediente 17303 la condena le fue más favorable. Ahora bien, como la entidad demandada solicitó se revocara en su integridad la sentencia de primera instancia y la parte actora en ningún momento presentó inconformidad contra la providencia impugnada —en el Expediente 17303 solo manifestó inconformidad en cuanto a la tasación de perjuicios morales—, esta Sala no puede favorecerla, pues ello sería desconocer el debido proceso que le asiste a la parte que apeló.

Dentro del Expediente 17303 al actualizar la condena de primera instancia y observar que dicha condena resulta más favorable a la demandada no se procederá a reliquidar la misma, caso contrario fue en el Expediente 16535, donde la reliquidación le fue más favorable.

(48) Suma de dinero reconocida al demandante en primera instancia luego de la reducción del 50% por existir concurrencia de culpas.

(49) Que se obtienen de multiplicar $ 2.093.184.37 por 115,26 (IPC para febrero de 2014) y el resultado dividirlo en 80,87 (IPC para enero de 2005).

(50) Suma de dinero reconocida al demandante en primera instancia luego de la reducción del 50% por existir concurrencia de culpas.

(51) Tal y como quedó consignado en el registro civil de nacimiento de su hijo Javier Iván Páez Cristancho y donde se indicó que ambos padres contaban para el 8 de agosto de 1987 con 24 años de edad.

(52) Obtenidos luego de aumentarle al salario que José Omar Páez Pinilla percibía para el momento de su muerte, el porcentaje por prestaciones sociales y al resultado restarle lo que se presupone la víctima ganaba para su propio sostenimiento.

(53) Como quiera que el señor José Omar Páez Pinilla le sobreviven tres hijos y su cónyuge, el salario que aquel percibía debe ser distribuido en proporción a estos, en consecuencia, a la señora Bertha Marleny Cristancho le corresponde un 50% y el restante 50% fue dividido entre sus hijos.

(54) Esto es el 7.81% según dictamen 018-Mj del 1º de junio de 1998 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fls. 296-298, cdno. 3).

(55) Los actores solo solicitaron la condena patrimonial de la accionada y el reconocimiento de perjuicios morales y materiales.

(56) Ver, Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias de 19 de octubre de 2001, Expediente 20.083, C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 18 de marzo de 2004. Expediente 14.733, C.P. María Elena Giraldo Gómez; 25 de marzo de 2004. Expediente 26.071, C.P. María Elena Giraldo Gómez; junio de 2005, Expediente 15.537, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y de 28 de julio de 2005, Expediente 15.492, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(57) Esto es el 9% según dictamen 030-Mj del 15 de junio de 1998 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fls. 87, 89-90, cdno. ppal.).

(58) La suma de $ 247.720 de conformidad con las constancia del 16 de octubre de 1997 (fl. 41, cdno. 7), 11 de agosto de 1998 (fl. 39, cdno. 2) y 14 de septiembre de 1999 (fl. 20, cdno. 11) suscritas por el tesorero principal del Departamento de Policía de Boyacá.

(59) No se compulsará copias al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que de conformidad con los documentos obrantes en el proceso, se tiene que por estos hechos se adelantó una investigación disciplinaria por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura bajo el radicado 20000341, M.P. José Oswaldo Carreño Hernández (fl. 206, cdno. ppal.).