Sentencia 1998-21524 de julio 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ref.: Exp. 110131030261998-21524-01

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil doce

Aprobada en Sala de tres de julio de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Internacional Veterinaria Ltda. “Invet LTDA.” contra la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2010, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que aquella promovió frente a American Home Products Corporation.

I. El litigio

1. La actora pidió declarar que entre ella y la demandada existió una agencia comercial, desde el 1º de marzo de 1980 hasta el 1º de abril de 1998, lapso durante el cual ejecutó las prestaciones propias de esa especie de pacto a favor de esta última y sus antecesoras; e, igualmente, que dio por terminado ese negocio jurídico por justa causa. Consecuentemente se le condenara a pagarle la prestación económica prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio y a indemnizarle los perjuicios causados por la responsabilidad que tiene al haber provocado la culminación del vínculo, debidamente indexados.

2. Funda las súplicas en la relación fáctica que a continuación se compendia (fls. 138 a 142, cdno. 1):

a.) De acuerdo con el contrato suscrito el 1º de marzo de 1980, Fromm Laboratories Inc., subsidiaria de Salsbury Laboratories Inc., designó como su agente comercial a Santiago Pardo, y como sucesora de este a la aquí accionante, para la comercialización y distribución exclusiva de sus productos de salud animal.

b) En dicha convención, el agente se obligó a promover la venta de las vacunas en Colombia y a gestionar su registro en los organismos gubernamentales competentes, prohibiéndole impulsar otros laboratorios.

c) La agenciada se comprometió con el otro contratante a darle asistencia en la promoción y venta de los fármacos, por conducto del personal de Salsbury; suministrarle literatura y material para ejecutar tal labor; asesorarlo en los trámites que hubiere que adelantar y a reembolsarle su valor; e informarlo sobre los nuevos artículos y las políticas.

d) La promotora del litigio durante la ejecución del pacto obtuvo el registro sanitario de varios de esos medicamentos y los introdujo al mercado colombiano, en el que los distribuyó en forma exclusiva por dieciocho años; incluso, gestionó el cumplimiento de los requisitos necesarios para la comercialización de otros, sin que finalmente hubiesen sido traídos al país por decisión de la empresa representada.

e) From Laboratories Inc. le comunicó a Invet Ltda. que desde el 1º de enero de 1990 la reemplazaría Solvay Veterinary Inc., subsidiaria de Solvay Animal Health Inc.; posteriormente, le informó que el negocio continuaría ejecutándose directamente con esta última.

f) American Home Products Corporation compró la sociedad Solvay Animal Health Inc., por lo que Invet Ltda. fue notificada de que, a partir de 28 de febrero de 1997, agenciaría en Colombia la distribución de los referidos artículos a nombre de Fort Dodge Animal Health, división de la primera mencionada.

g) De esa manera, la relación negocial “nacida el primero de marzo de 1980 entre Fromm Laboratories, Inc. y Santiago Pardo, asumida desde sus inicios por Invet Ltda., quedó en cabeza de Fort Dodge Animal Health como empresa agenciada sucesora de sus antecesoras”, entidad que presionó a la actora para que renunciara a su condición de agente y a cambio suscribiera un contrato de suministro, cuyo texto le remitió incluyendo cláusulas que comportaban la pérdida de la exclusividad y de las prestaciones propias de la agencia comercial, como también de su antigüedad y del derecho a regirse por las normas nacionales.

h) Inveth Ltda. no aceptó tales condiciones y, por ello, la otra estipulante canceló los despachos de la mercancía, lo que aparejó para aquella el deterioro de su imagen frente a la clientela, la reducción del mercado y la suspensión de los servicios del personal comercial, todo lo cual generó perjuicios económicos a la sociedad.

i) La gestora del litigio para cumplir su encargo formó profesionales en ventas, asumiendo la introducción de las vacunas al comercio nacional y la cobertura del mismo, trabajando por aumentar sus volúmenes y mantener la imagen de la agenciada. Por eso, tiene derecho a la prima prevista en el artículo 1324 del Código Mercantil, en la cuantía que señaló en los hechos del escrito introductor.

3. La admisión del libelo fue notificada en forma personal a la demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones y adujo en su defensa la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, e “inexistencia del contrato de agencia comercial entre American Home Products Corporation e Internacional Veterinaria Ltda.” (fls. 197 y 198, cdno.1).

4. El proceso fue abierto a pruebas, tras fracasar la conciliación, y, una vez practicadas, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes lo hicieron en los escritos visibles a folios 654 al 736, cuaderno 1.

5. La sentencia de primera instancia declaró la existencia de la agencia comercial, entre el 1º de marzo de 1980 al 1º de abril de 1998, fecha en que la actora la dio por terminada por justa causa; y, en consecuencia, condenó a la accionada a pagar la prestación y la indemnización prevista en el artículo 1324 del estatuto mercantil, en la cuantía indicada e indexada (fls. 737 al 756, cdno. 1).

6. El tribunal revocó esa decisión al desatar la alzada interpuesta por la opositora y, en su lugar, declaró probada la falta de legitimación (fls. 116 al 130, cdno. 6). Contra esta providencia, la accionante interpuso recurso de casación (fl. 132, cdno.6), el que ahora es objeto de estudio.

II. Fundamentos del fallo impugnado

Admiten la siguiente síntesis:

1. La demandante pretende que se declare la existencia de una agencia mercantil entre ella y su contendora.

2. El negocio jurídico discutido ha sido la constante, pero los contratantes han variado, por lo que el material probatorio necesariamente debía revelar el fenómeno por medio del cual los primeros estipulantes habían transmitido a otros las obligaciones adquiridas en su momento, sea que se tratare de cambio de nombre, cesión de derechos, fusión de sociedades, absorción de una de ellas respecto de otra, compra de activos y/o pasivos, etc.

3. Esas figuras eran susceptibles de acreditarse; así, por ejemplo, las reformas societarias podían demostrarse con los actos registrales o la declaración de la autoridad competente, y la sustitución de la posición contractual de una persona natural por una jurídica con el medio de persuasión “pertinente”.

4. Invet Ltda. invocó la calidad de agente mercantil en la mentada relación, transmitida por Santiago Pardo, pero no probó esa mutación, hecho que quedó relegado a una mera afirmación; además, el certificado de existencia y representación legal de esa entidad no es prueba de ella, aun cuando su representante legal y socio capitalista sea el señor Pardo, toda vez que la sociedad es una persona distinta a los asociados individualmente considerados.

5. El agente le atribuye a American Home Products Corporation el carácter de agenciada en el aludido negocio jurídico, calidad que afirmó fue trasmitida así:

a.) El convenido se ajustó con Fromm Laboratories Inc.

b.) Esta sociedad comunicó a la actora que a partir del 1º de enero de 1990 la reemplazaría Solvay Veterinary Inc., subsidiaria de Solvay Animal Health Inc.

c.) Esta última empresa la compró la opositora, asumiendo una división de ella (Fort Dodge Animal Health) el referido pacto.

6. La transferencia de dicha posición contractual también está desprovista del soporte probatorio de los actos perfeccionados entre 1980 y 1997, respecto de la cesión del negocio suscrito por las prenombradas sociedades, o de la absorción, fusión, cambio de nombre o cual fuere la figura jurídica utilizada para tal efecto.

7. Los documentos sobre la existencia y representación legal de la accionada y la correspondencia cruzada entre las partes con ocasión del mercadeo de los productos materia de distribución no suplen la prueba de la transmisión de la posición contractual, ni ofrecen la convicción necesaria, “cuando para acreditar la transmisión de derechos, la cesión de contratos y las reformas societarias, otros son los elementos conducentes y procedentes”.

8. Ninguna incidencia en la acreditación del punto en cuestión tiene el hecho de que la accionada fuese una empresa domiciliada en el extranjero, sometida en su país a las normas que allí regulan la prueba de la existencia y representación legal; por el contrario, siendo ello así, le competía a la demandante aportarla con sujeción a esa legislación y demostrar esta conforme lo dispone el artículo 188 del estatuto procesal civil, en aras de acreditar la transformación societaria.

9. La convención firmada el 10 de marzo de 1980 y la propuesta por Fort Dodge Salud Animal a la demandante, las misivas visibles a folios 17, 21 y 24, el dictamen pericial y las facturas incorporadas al expediente, no acreditan la mutación de los contratantes, como tampoco el hecho de que el representante legal de la opositora haya comparecido al juicio reconociendo su calidad de tal.

10. De la transferencia de las marcas de que dan cuenta las resoluciones de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni de la promoción y distribución por la actora de los productos de la misma marca durante la vigencia del negocio, puede presumirse su cesión entre las empresas que fueron adquiriendo el derecho al uso de aquellas.

11. La durabilidad de la relación negocial discutida ligada a su estabilidad, por sí sola no permite predicar que la verdadera intención de los estipulantes era pactar una agencia comercial.

12. En esas condiciones, no se demostró la legitimación en la causa de los extremos procesales.

III. La demanda de casación

De los tres cargos propuestos solo fue admitido el primero de ellos, cuyo estudio se abordará a continuación.

Cargo primero

El censor acusa la decisión opugnada de haber violado, por la vía directa, los artículos 824, 887, 888, 889 y 895 del Código de Comercio, toda vez que omitió aplicarlos al declarar la falta de legitimación de las partes.

1. Inaplicó tales preceptos al resolver lo atinente al extremo activo, por las siguientes razones:

a.) El tribunal exigió una prueba formal de la transferencia de la posición contractual a las partes en litigio por los estipulantes del negocio discutido, toda vez que asentó: “Invet no puede pretender derivar del inicial contratante Santiago Pardo, por la ‘sola atestación que de él se haga por la atribuida parte demandante, desprovisto como está en caso bajo examen, de la prueba respectiva sobre la mutación en el contrato de la persona natural mencionada, por la sociedad limitada que se dice haber entrado a detentar la posición de agente en que basa la actora su libelo”.

b.) Santiago Pardo y Fromm Laboratories Inc. suscribieron el 1º de marzo de 1980 la convención en litigio, y días después el primero le manifestó a la última su voluntad de que aquella fuese ejecutada por Invet Ltda., sociedad constituida mediante la escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1979 e inscrita en el registro mercantil el 10 de agosto de esa anualidad.

c.) Seis meses después, Salsbury International, matriz de la sociedad Fromm, le comunicó al señor Pardo que preparó “un nuevo contrato a nombre de Invet Ltda.” y que están legalizando los documentos respectivos; igualmente, que aplazó la elaboración de las vacunas contra la rabia hasta que sean introducidas otras para caninos.

d.) De acuerdo con la situación antes descrita, operó el fenómeno de la cesión del contrato y, por tanto, el sentenciador se equivocó al exigir para acreditarla “algún tipo de contrato solemne, documento formal y auténtico, o comprobación de alguna clase de registro”.

e.) Con el requerimiento de esa prueba inaplicó el artículo 824 del Código de Comercio, porque la trasferencia de la condición de contratante de Santiago Pardo a Invet Ltda. está demostrada, en la medida en que aquel siendo el gerente de tal empresa ejecutó en su nombre todos los compromisos adquiridos en la negociación; incluso, la actora figuraba en los registros sanitarios de los medicamentos como su importadora y vendedora, amén que los compraba, distribuía, facturaba y recaudaba su valor.

f.) Por otra parte, el citado precepto consagra el principio de la consensualidad mercantil, cuya aplicación es evidente en la cesión de contrato, tema que el estatuto en mención trata en un capítulo independiente, esto es, en el sexto del título primero del libro cuarto, concretamente, en los artículos 887, 888 y 889.

El artículo 887, dispone que “en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución”. Y esa sucesión podrá hacerse verbalmente o documentarse, según que la convención conste o no por escrito (art. 888 ib.); no obstante, en los contratos de suministro la aquiescencia tácita de su continuación por un tercero se entenderá como cesión del contrato (art. 889 ejusdem).

g.) De acuerdo con esa normatividad, la simple voluntad, expresa o tácita, desprovista de toda solemnidad, y sin que sea necesaria la aquiescencia del otro estipulante, produce una cesión válida tratándose de un pacto mercantil de ejecución sucesiva; vale decir, que en esa especie de negocio jurídico la sustitución de un contratante por otro puede hacerse indistintamente por escrito o verbalmente.

Por tanto, “(...) el solo hecho de que Invet Ltda., a ciencia y paciencia de Pardo, y con él mismo como representante, ejecutara el desarrollo contractual constituye prueba válida e incontrovertible de la cesión de dicho contrato, y las demás pruebas, formalidades, documentos, inscripciones, etc. que echa de menos el Tribunal en la sentencia recurrida no son exigibles, no se requieren para la ley (...)”.

2. La mentada normatividad también era aplicable a la legitimación en la causa por pasiva en este litigio; sin embargo, el ad quem no las tomó en consideración. En efecto:

a.) La calidad de agenciada en la relación negocial en cuestión fue cedida, sea que From Laboratories Inc. y sus sucesoras se hubieren fusionado o mediado entre ellas ventas, cambio de razón social o cualquier otra situación, dado que lo realmente comunicado al agente era “una cesión”, en tanto que en adelante debía tener como contraparte contractual a una nueva entidad.

b.) Tanto era así que los distintos entes extranjeros entre los que operó esa mutación funcionaban en las mismas plantas industriales, empleaban su papelería indistintamente, compartían logotipos y otras formas de identificación corporativa, coexistiendo a la vez.

c.) En el plenario obran varios elementos de juicio demostrativos de que la sustitución de la parte agenciada operó mediante la institución jurídica antes nombrada, así:

(i) La carta de 11 de septiembre de 1980, dirigida por el gerente de Salsbury Internacional a Invet Ltda., la cual revela que aquella actuaba como filial de Salsbury Laboratories Inc., siendo subsidiaria de esta la sociedad From Laboratories Inc., además, que conocía y aceptaba la cesión, la que para esa época ya se había realizado.

(ii) El documento visible a folio 12 del cuaderno principal, impreso en papelería de Salsbury Laboratories Inc., anunciándose como miembro del grupo Solvay.

(iii) La comunicación de 1º de febrero de 1989 sobre la remisión de vacunas con etiqueta a nombre de Solvay Veterinary (fl. 14, cdno. 1).

(iv) La misiva notificando a la actora sobre la reorganización de Salsbury Laboratories Inc. y Solvay Veterinary Inc. en una nueva empresa denominada Solvay Animal Health (fl. 17, cdno.1).

(v) La certificación sobre comercialización de las vacunas (fl. 21, cdno. 1.).

(vi) Los documentos elaborados en papelería de Solvay Animal Health Inc., utilizando idéntico logotipo que las empresas en mención.

(vii) El registro de importación de 12 de mayo de 1982 y los escritos incorporados a folios 207 al 237, 246 a 247, 263 a 264, 271 a 272, 275 a 276, entre otros.

(viii) El interrogatorio de Eduardo Zuleta Jaramillo en que afirmó que Fort Dodge Animal Health es una división de American Home Products y que esta compró los activos a Solvay en el año 1997.

7. Por último, alega que está probado que desde el 1º de marzo de 1980 hasta 1997, Santiago Pardo y luego la actora como cesionaria de este “promovieron y distribuyeron” productos que fueron sucesivamente de Fromm, Salisbury y Solvay, atendiendo la notificación que cada una de ellas le hizo de ser reemplazada por la siguiente, en virtud de la cesión de su posición contractual derivada de las distintas “afectaciones”, de las que la actora era ajena, limitándose a acatar las instrucciones que cada vez le impartían por considerar a la cesionaria como su proveedora y agenciada.

Consideraciones

1. La actora pidió que se declarara que ella y American Home Products Corporation estuvieron ligadas por una agencia comercial desde el 1º de marzo de 1980 hasta el 1º de abril de 1998, lapso durante el que ejecutó las prestaciones a favor de la demandada y sus antecesoras en esa relación contractual; consecuentemente, solicitó que se condenara a su contendora a pagarle la prima prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio y la indemnización del perjuicio que le causó al haber provocado la terminación del contrato, debidamente indexados.

2. El tribunal desestimó tales súplicas, porque no halló acreditada la legitimación, dado que las partes del negocio jurídico variaron durante su existencia y los actos contentivos de esas mutaciones no fueron traídos al proceso, sin que las pruebas aportadas sean idóneas para probar las mismas.

3. La censura denuncia que esa decisión violó, por vía directa la ley sustancial, por cuanto desconoció que como la cesión de la calidad de contratante en los pactos de ejecución sucesiva es de carácter consensual puede demostrarse con cualquier probanza, sin que se requiera, como entendió el sentenciador, “algún tipo de contrato solemne, documento formal y auténtico, o comprobación de alguna clase de registro”.

De ahí, que si las probanzas reseñadas en la acusación revelan que Invet Ltda., a ciencia y paciencia de Santiago Pardo y por conducto de este como representante legal, promocionó y distribuyó los productos de la demandada y sus antecesoras, durante el periodo comprendido del 1º de marzo de 1980 al 1997, sin solución de continuidad, resulta evidente que con esos hechos está acreditada la cesión del negocio discutido, por ambos extremos de la relación.

4. Ese cargo aunque anuncia la violación directa de la ley sustancial, realmente viene trazado por la vía indirecta, por cuanto en su desarrollo denuncia es un yerro de derecho, puesto que parte de la base de que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero que el Tribunal desconoció su valor persuasivo, amén que incluyó dentro de los preceptos infringidos los de índole probatoria exigido en la formulación de ese tipo de yerro.

Ciertamente, cita como inaplicado el artículo 824 del Código Mercantil, el que consagra el principio de la libertad de los medios de convicción, en cuanto estatuye que los comerciantes pueden expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito u otro modo inequívoco, lo que comporta que las partes para demostrar tales actos pueden servirse de cualquier elemento de juicio que sea útil para la formación del convencimiento (CPC., art. 175).

Relaciona también como violado el artículo 888 ibídem el cual refiere las formas de hacer la sustitución de las partes de una convención, fijando las solemnidades a que debe ceñirse cuando consta en escritura pública o en un documento inscrito, cuestiones de indiscutible cariz demostrativo.

Por tanto, los fundamentos del ataque permiten superar la deficiencia técnica de entremezclar el quebrantamiento directo y el indirecto de la norma sustantiva, puesto que no dejan duda de que aquel corresponde a la segunda forma de vulneración de ella, pues está enderezado a evidenciar la comisión de un supuesto yerro de derecho.

De esa manera, la Sala ha interpretado cargos propuestos en similares condiciones, en varias sentencias de casación, entre ellas la proferida el 13 de agosto de 1996, dentro del Expediente 4570, en la que sostuvo:

“‘El quebranto directo del art. 2341 del Código Civil por interpretación errónea como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la prueba por preterición, por cuanto no se vio la prueba idónea de los hechos que estructuran la responsabilidad, es resumidamente el contenido del cargo formulado por la casacionista, quien en desarrollo de él indica las pruebas que fueron omitidas en cuanto a su apreciación por el ad quem. ‘El cargo así propuesto, visto en la objetividad de su literalidad, resultaría inadmisible, porque ciertamente es incompatible el ataque simultáneo, en un mismo cargo, por la vía directa y la indirecta, sea por error de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, pues como con insistencia lo ha reiterado la corporación, una y otra son absolutamente diferentes...‘Sin embargo, esa falta de técnica y defectos de que adolece el cargo examinado, se superan habida consideración de los fundamentos que le sirven de base, porque examinados ellos en su integridad con lógica se pudiera concluir que la impugnación viene dirigida por la llamada vía indirecta, si es que se tiene en cuenta que todo el desarrollo del cargo está destinado a demostrar los errores de hecho en que incurrió el tribunal al omitir la apreciación de las pruebas determinadas por la recurrente, que en su sentir demostraban los hechos que permiten deducir la responsabilidad de los demandados. Fundamentación del cargo que a su vez armoniza con el planteamiento inicial de error de hecho por preterición, donde lo concerniente al ‘quebranto directo’ queda como una ínsula inopinada. ‘La interpretación de la demanda de casación que se realiza, no obstante el imperio de los principios acusatorio y de dispositividad que obran como limitantes de la actividad de la Corte cuando actúa como Tribunal de casación, resulta válida y viable habida consideración de la vigencia de las pautas de interpretación establecidas por el artículo 51 del decreto 2651 de 1991, prorrogado últimamente por la Ley 287 de 1996’ ” (Decisión reiterada en la Sent. Cas. Civ. de dic. 16/2010, Exp. 2004-00270-01).

4. Para los efectos que conciernen con la decisión que aquí se adoptará resultan relevantes los hechos siguientes:

a.) El 1º de marzo de 1980, Fromm Laboratories, subsidiaria de Salsbury Laboratories Inc., y Santiago Pardo celebraron, por escrito, la convención que denominaron “contrato de distribución” (fls. 4 al 8, cdno.1).

b.) Inveth Ltda., aduciendo su condición de sucesora de Santiago Pardo, reclama frente a American Home Products Corporation, a quien señala como causahabiente de Fromm Laboratories y sus antecesoras, que se reconozca que el referido acuerdo corresponde en realidad a una agencia comercial (fls. 43 al 55, cdno.1).

c.) Que al proceso no fue incorporado escrito alguno contentivo de la cesión de la posición contractual de los estipulantes del aludido negocio jurídico.

5. La legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo ha tiene decantado la jurisprudencia.

En efecto, esta ha sostenido que “el interés legítimo, serio y actual del “titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico” (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pág. 360), exige plena coincidencia “de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)” (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla “con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular” (cas. civ. Sent. de jul. 1º/2008, [SC-061-2008], Exp. 11001-3103-033-2001-06291-01).

Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico “ ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este’ ” (Sent. de Cas. Civ. de ago. 14/95, Exp. 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. 6050).

6. En la agencia mercantil, contrato debatido en este litigio, un comerciante asume, en forma independiente y de manera estable, el encargo de promover o explotar negocios de un empresario nacional o extranjero, en cierto ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de este, o fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo (C. Co., art. 1317).

La Corte ha estudiado esa convención en múltiples providencias, entre ellas los fallos dictados el 15 de diciembre de 2006, 1º de diciembre de 2011 y 27 de marzo de 2012, dentro de los expedientes 1992 09211, 1999 01889 01 y 2006 00535 01, en los que, en síntesis, expuso:

De acuerdo con la normatividad que regula el mentado pacto (arts. 1317 al 1331 ib.), su objeto es “la promoción o explotación de los negocios del agenciado”, labor que presupone, en términos generales, un trabajo de intermediación entre este último y los consumidores, orientado a conquistar, conservar, ampliar o recuperar clientela para aquel.

La actividad es ejecutada en favor de quien confirió el encargo y, por tanto, el agente actúa por cuenta ajena, percibiendo en contraprestación una remuneración que, en principio, depende de los negocios celebrados; empero, los efectos económicos de su gestión repercuten directamente en el patrimonio del agenciado, quien hace suyas las consecuencias benéficas o adversas que arrojen tales operaciones, como también la clientela conseguida con ellas, cuestión que justifica el reconocimiento de la prestación e indemnización contemplada en el artículo 1323 ejusdem.

El agente obra con independencia y autonomía, por cuanto asume “la promoción y explotación de la actividad” del otro contratante sin estar subordinado a este, ni hacer parte de su organización. De ahí que está facultado para diseñar los métodos de trabajo, designar colaboradores, y en fin para adoptar las decisiones que competan con el cumplimiento del encargo; sin embargo, el agenciado puede impartirle ciertas instrucciones (E.M., art. 1321), relativas a las condiciones de la ejecución del pacto, sin que ello atente contra las susodichas potestades.

Otra particularidad de la referida convención es la estabilidad, la cual comporta que la intermediación quede atada a la promoción del negocio del empresario en general y no circunscrito a la celebración de uno específico; además, implica la continuidad en el ejercicio de la tarea encomendada, pues solo así el agente logrará la consecución e incremento de la clientela.

El compromiso adquirido por el comerciante lo cumple en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, elemento fundamental para la efectividad de la exclusividad que a favor del agente consagra el artículo 1318 de la prenombrada codificación, amén que permite imponer la remuneración prevista en el artículo 1322 ibídem.

7. En punto de la cesión de la posición contractual, se tiene que fue instituida por el legislador colombiano en los artículos 887 al 896 del Código de Comercio, con el propósito de dotar el sistema jurídico de una herramienta para la preservación del contrato como instrumento de regulación de las relaciones económicas que se extienden en el tiempo, vale decir, para facilitar su circulación, en aras de asegurar la continuidad del mismo pese a la alteración de cualquiera de sus contrayentes.

Esta figura consiste en el acuerdo mediante el cual el estipulante de una convención le transfiere a otro la posición que le corresponde dentro de ella. Dicho convenio crea un vínculo jurídico entre cedente y cesionario y, por ende, solo requiere la voluntad de estos para su perfeccionamiento.

Así emerge del artículo 887 ibídem, según el cual quienes celebran pactos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva pueden hacerse sustituir por un tercero, en todas o algunas de las relaciones emanadas de él, sin necesidad de aceptación expresa del estipulante cedido, siempre y cuando tal sucesión no esté prohibida o limitada, por la ley o por una cláusula acordada por sus suscriptores.

Dicho precepto autoriza esa sustitución también en los contratos comerciales de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados intuitu personae, pero en estos eventos es menester la aceptación del cedido.

De la reseñada disposición y, en general de las normas que regulan la cesión en cuestión, afloran las particularidades que se pasa a destacar:

a.) Su objeto no es propiamente el negocio jurídico, sino “la posición contractual” de los sujetos ligados por el vínculo obligacional establecido en él. Tan así es que con ella no se produce ningún cambio en el contenido preceptivo de aquel, ya que únicamente transmite la calidad de contratante y, por ende, el tercero sustituyente asume los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

Esta corporación, refiriéndose a dicho aspecto sostuvo que “(...) El tercero cesionario toma el contrato y la relación jurídica en el estado en que se encuentra al instante de la cesión, convirtiéndose a partir de esta, en parte, titular de los derechos y sujeto pasivo de las obligaciones en la misma situación existente entonces, sin producirse su alteración, modificación o extinción y, por ende, los derechos ejercidos y las prestaciones ya cumplidas no podrán ejercerse ni exigirse nuevamente, los pendientes se regularán por la ley y el contrato cedido y, las consecuencias nocivas de los incumplimientos tanto respecto del contratante cedente cuanto del contratante cedido proyectan plenos efectos frente al tercero cesionario, quien según el caso, podrá ejercer los derechos, acciones y pretensiones que correspondían al cedente frente al incumplimiento del contratante cedido y queda expuesto a las acciones de este en el caso de incumplimiento del cedente, todo sin perjuicio, de lo que expresamente acuerden al momento de la cesión, de las reservas pertinentes al de la notificación o aceptación y de la conducta negocial asumida por las partes, incluso, concluyente, ad exemplum, en punto de la condonación de los incumplimientos” (Sent. Cas. Civ., de oct.19/2011, Exp. 2011 00847 01).

b) En esa relación intervienen únicamente el cedente y el cesionario. El primero, es el sujeto que ostenta la calidad de “contratante” en el pacto original; el segundo, es quien recibe la posición de la cual es titular el primero en el negocio cedido. Es obvio, además, que quien ocupa ese lugar debe ser una persona distinta e independiente del cedente, de ahí que no será una verdadera sustitución de la condición de estipulante la que realiza una sociedad matriz a una filial a la que controla.

Sobre el particular, la Sala ha explicado que “en la cesión de contrato, el contratante cedente es sustituido por un tercero (cesionario), en ‘la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato’. (...). Por su virtud, el tercero cesionario adquiere del contratante cedente la posición o situación jurídica que le corresponde, sustituyéndolo, en la totalidad o en un segmento de las relaciones jurídicas (...). No se trata de una cesión de crédito, acción, pretensión o derecho, sino de toda o parte de la relación jurídica emanada del contrato y, por consiguiente de la posición de contratante, en tanto el cesionario sustituye al cedente en los derechos y obligaciones, adquiere la calidad de acreedor y deudor así sea en el fragmento al cual concierne, distinguiéndose así de la cesión de un crédito, derecho, acción o pretensión y de la asunción de la deuda”. (...) La cesión del contrato envuelve la posición de parte y, por ende, el tercero cesionario podrá ejercer frente al contratante cedido los derechos, acciones y pretensiones correspondientes al contratante cedente, quien podrá oponer las mismas excepciones y ejercer los mismos derechos, acciones y pretensiones que tenía frente al cedente, salvo las inherentes a la calidad o estado personal de las partes o a causas ajenas al contrato (C. Co., art. 895). ....” (Sent. Cas. Civ., oct. 19/2011, Exp. 2001 00847 01).

c) La aceptación del sujeto sustituido no es requisito para el perfeccionamiento de la cesión, en virtud de que esta produce efectos entre el cedente y el cesionario desde su celebración (arts. 887 y 894 ib.).

No obstante, para que ese traspaso de la posición contractual sea oponible al cedido será necesario notificársela, en razón a que a este le asiste un legítimo interés en conocer la misma y en particular la identidad de quien asumirá los compromisos adquiridos por la persona con cual negoció; además, tal comunicación apareja la oponibilidad frente a terceros.

Incluso, en casos excepcionales no es suficiente con el referido acto de enteramiento, pues la ley exige la aprobación de la parte cedida, conforme acontece cuando el negocio ha sido celebrado intuitu personae y en los de ejecución instantánea con prestaciones pendientes.

En síntesis, se cede la posición contractual constituida por los créditos y obligaciones, y para que tenga efectos liberatorios respecto del transmitente se requiere la voluntad del estipulante sustituido.

Sobre la validez y los efectos de la cesión, la Sala puntualizó: “De conformidad con el inciso 1º del artículo 887 del Código de Comercio, la validez de la cesión de un contrato mercantil de ejecución periódica o sucesiva, puede predicarse con independencia de la aceptación expresa del contratante cedido, salvo que exista prohibición legal o las partes hayan limitado o proscrito la sustitución. Por supuesto, que una cosa es la aceptación como condición de validez, que no se precisa, y otra el rol que ella juega para determinar los efectos de la cesión, pues mientras que estos se producen entre cedentes y cesionario desde cuando el acto se celebra, tratándose del contratante cedido y de terceros, estos solo se producen ‘desde la notificación o aceptación, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo 888...” (Sent. Cas. Civ., abr. 4/2001, Exp. 5628).

d) Cuando uno de los sujetos de la relación negocial cede su posición en ella confluyen dos convenciones: la original, en la cual fue adquirida la calidad de contratante, y la ajustada para transferir esta a un tercero. Las dos mantienen su autonomía e independencia, aunque están conectadas, en virtud de que uno de los estipulantes originales es sustituido por otro, sin alterar el contenido de la primera de ellas.

e) La cesión comercial debe versar necesariamente sobre un contrato susceptible de ser cedido.

Respecto de esa exigencia, la norma atrás reseñada consagra, como regla general, la cedibilidad de las convenciones, lo cual significa que, salvo disposición en contrario, la calidad de parte en esa relación es susceptible de transferirse de un sujeto a otro; empero, la restringe en los casos que puntualmente precisa, los que, itérase, son:

(i) Por disposición legal.

(ii) Si fueron concertadas cláusulas que limiten o excluyan la cesión. Y es que las partes gozan de autonomía para convenir el clausulado que regirá la negociación que pretendan ajustar, claro está, sin que contravenir el orden público y las buenas costumbres (C.C., art. 16). Por esa razón, en principio, las estipulaciones que comporten la prohibición de ceder la posición contractual son válidas, excepto si en ciertas condiciones son consideradas abusivas.

(iii) En los pactos de ejecución instantánea, cuyas obligaciones fueron cumplidas sustancialmente, dado que agotado su objeto pierden su valor instrumental y, por ende, la cesión carecería de interés, ya que no reportaría utilidad alguna.

(iv) En los convenios intuitu personae, puesto que en estos la persona contratada es el elemento esencial, en el sentido de que un motivo cualquiera a inducido a escogerla como estipulante, ya sea por estar dotada de cualidades o aptitudes especiales o de una particular pericia técnica. Es por ello, que la cesión de aquellos está sujeta a la autorización del cedido.

8. La forma como debe efectuarse la cesión del acuerdo de voluntades está regulada en el artículo 888 ejusdem, el cual dispone que “la sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito”.

Señala, además, que si aquel consta en escritura pública, la cesión podrá hacerse por escrito privado previa autenticación de la firma del cedente, si esta no es auténtica o no se presume tal, pero no producirá efectos respecto de terceros mientras no sea inscrita en el correspondiente registro.

Y en el párrafo tercero admite la posibilidad de trasmitir la condición de contratante por endoso de aquellos convenios que contienen la cláusula “a la orden” u otra equivalente. O sea, sin ser título valor puede por ese medio transferirse los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de parte en esa relación contractual.

Como quedó dicho, la cesión de la posición contractual es consensual; sin embargo, según lo estatuye el citado artículo 888, esa manifestación de voluntad requiere o no recogerse por escrito, dependiendo de la formalidad que hayan observado las partes al celebrar la convención materia del traspaso.

Nótese, entonces, que el hecho que define la forma como debe celebrarse el pacto en estudio es la acogida en el negocio jurídico original. Así, si el contrato inicial consta por escrito, el de la sustitución de la condición de parte en él debe realizarse también de esa manera para que sea válido, y si, por el contrario, aquel se ajustó verbalmente, la cesión puede pactarse válidamente por cualquier medio.

Por esa razón, tratándose de la cesión de una convención ajustada por escrito, la prueba admisible de su celebración es el documento contentivo de la misma. Ese es el medio de persuasión al que la ley le reconoce idoneidad para acreditar la existencia de esa especie de pacto, sin que con ello esté regulando su grado de convicción, pues el juzgador tiene absoluta libertad para apreciarlo y conferirle el mérito que considere, en ejercicio de la facultad inherente a la autonomía que le es propia.

Por supuesto que la aptitud legal de la aludida documental no comporta que goce por sí misma de fuerza demostrativa, porque esta emerge es de su contenido, cuya ponderación le corresponde efectuar al juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica que rigen el sistema de persuasión racional.

El legislador consagra una excepción a la mentada regla probatoria, pues establece que la cesión de la posición contractual en los pactos que constan por escritura pública, sea que obedezca a una formalidad sustancial exigida por la ley o establecida por los contratantes ad probationem, no requiere instrumento público, pues basta con documentarla en un escrito privado, conforme lo autoriza el precitado artículo 888, según quedó atrás expuesto.

Por lo demás, el estatuto mercantil excluye de la sujeción a tales formalidades el suministro, toda vez que en su artículo 889 establece que “no obstante lo previsto en el artículo anterior, en los contratos de suministro la simple aquiescencia tácita a su continuación por un tercero, se entenderá como cesión de contrato”.

9. Sobre el alcance del citado artículo 888 en el campo probatorio, conviene memorar que la Corte en la sentencia proferida el 15 de mayo de 2001, dentro del proceso ordinario promovido por Francisco Emilio Ospina López frente a Almacenes Generales de Depósito de Occidente S.A. “Al Occidente” (Exp. 5737), concluyó que como el contrato de depósito simple, objeto del incumplimiento discutido, fue ajustado por escrito, la cesión de la posición contractual del depositante debía haberse efectuado de esa forma, y al no obrar en el plenario prueba de ello era evidente la falta de legitimación del actor que echó de menos el fallo opugnado.

En ese litigio, el actor reclamó que se declarara que la demandada incumplió la susodicha convención suscrita entre esta y el Fondo Rotatorio de Aduanas de Cartagena, por cuanto la depositaria no le hizo entrega de la mercancía dejada bajo su custodia y cuidado, la cual le enajenó el depositante de la misma, cediéndole supuestamente su posición en la aludida relación contractual.

En la providencia indicada se anotó concretamente que “(...) esa legitimación permanece en cabeza del original depositante, en tanto este no haya cedido su posición contractual, conforme lo permite el artículo 887 del Código de Comercio, pues de acuerdo con esta norma cada una de las partes de un contrato mercantil puede hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en algunas de las relaciones derivadas del contrato, siempre y cuando se trate de contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, o de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, como lo sería el de depósito sub examen. Claro está, que para que esta sustitución pueda nacer a la vida jurídica tiene que realizarse conforme a las pautas indicadas por el artículo 888 del Código de Comercio, es decir, por escrito o verbalmente, ‘según que el contrato conste o no por escrito. De manera, que como en este caso el contrato de depósito simple se efectuó por escrito (...), la cesión también debió haberse efectuado por escrito, (...) y lo cierto es que en este asunto no existe prueba de la misma, ya que ni el acta (...), ni en el contrato de depósito, ni en ningún otro escrito se hizo alusión alguna al respecto”.

10. Pues bien, el pacto aquí discutido consta por escrito (fls. 4 y 5, cdno.1), motivo por el que la cesión de la calidad de contratante debió recogerse de esa misma forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 888 del estatuto mercantil. En esas condiciones, en este caso en particular y dada la circunstancia ya anotada de que su inicial celebración se redujo a un texto literal, la prueba apta para demostrar la existencia de esa segunda convención era el documento contentivo de la misma, motivo por el cual el sentenciador no incurrió en el error de derecho atribuido por la censura al echar de menos ese elemento de juicio y negarle eficacia demostrativa a los elementos de juicio recaudados para acreditar la cesión de la posición contractual de los estipulantes originales a la gestora del litigio y a la empresa accionada.

En efecto, aquel se percató que las partes del negocio jurídico discutido variaron durante su existencia y que los documentos comprensivos de esas mutaciones no fueron traídos al proceso, por lo que no encontró probada la aludida cesión y, por contera, tuvo por no establecida la legitimación tanto por activa como por pasiva, como secuela de la omisión destacada a todo lo largo de la presente providencia.

11. En conclusión, la cesión de la calidad de contratante en una convención, como lo que ha sido objeto concreto y específico de este escrutinio, no puede acreditarse con cualquier medio de persuasión como adujo la censura, sino con el documento contentivo de la misma, conforme aflora de las prescripciones del ya mencionado artículo 888.

12. En consecuencia, el cargo no prospera.

13. Ante el fracaso del recurso de casación se impone condenar en costas al impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará.

Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2010, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

Notifíquese y devuélvase

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz