Sentencia 1998-24073 de mayo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 76001-23-31-000-1998-24073-01 (27.002)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Fabio Cáceres Sarria

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(2), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Prueba trasladada.

Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquéllos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieran sido practicados con audiencia de ésta no podrán ser valorados en el sub lite(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas hubiere sido solicitado por ambas partes, ellas podrán ser tenidas en cuenta, aún cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que aquéllas hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

Pues bien, en el expediente obran sendas copias del proceso penal radicado con el Nº 114700-5, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Local de Departamento Económico, despacho fiscal 5, contra en señor Silvio Estrada Salazar, por el delito de abuso de confianza (copia remitida a este proceso por el fiscal 5 local(5)) y del proceso disciplinario 2874, adelantado por esa misma autoridad judicial, en contra del abogado Álvaro Drada González(6), pruebas que fueron solicitadas por la parte demandante, petición a la que adhirió la demandada(7). En este orden de ideas, tales copias se tendrán como prueba en este proceso.

3. La legitimación en la causa.

Habida cuenta que el señor Fabio Cáceres Sarria pretende el resarcimiento del daño que asegura haber sufrido con ocasión del hurto del vehículo de placas NEB 565, encontrándose en poder del secuestre, señor Silvio Estrada Sánchez, sea lo primero determinar si la parte accionante está legitimada para actuar y si la entidad demandada es la llamada a responder.

La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda —legitimación por activa— frente a quien fue demandado —legitimación por pasiva—. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo, quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva) es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado; así las cosas, ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que no le asiste la razón al tribunal de primera instancia al haber negado las pretensiones de la demanda, con base en una supuesta falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que, según constancia original de octubre 6 de 1997, expedida por la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Tránsito y Transporte, el señor Fabio Cáceres Sarria es el propietario del vehículo de placa NEB 565, marca Nissan, modelo 1981, color azul marfil, tipo 14 cabinado, con número de motor P521676, chasis G6105995 y serie 05995 (fl. 85, cdno. 1).

Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sala pone de presente que el artículo 149 del Decreto 1 de 1984 señalaba que la representación de la Nación - Rama judicial, en asuntos judiciales, estaba en cabeza del Ministro de Justicia. Con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996(8) —Estatutaria de la Administración de Justicia—, dicha representación fue radicada en la dirección ejecutiva de administración judicial, entidad a la que se le notificó la demanda e intervino a lo largo del proceso ejerciendo su derecho de defensa, con ocasión de la denuncia del pleito propuesta por el mencionado Ministerio y aceptada en el trámite de primera instancia.

4. Valoración probatoria y caso concreto.

La Sala abordará el análisis de imputación de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por los perjuicios que el demandante asegura haber padecido con ocasión de la pérdida del vehículo de placas NEB 565 de su propiedad, al ser objeto del ilícito de hurto que tuvo lugar el 11 de agosto de 1996, en la residencia del abogado Álvaro Drada González, cuando se encontraba bajo la custodia del secuestre Silvio Estrada Salazar.

Se probó que, mediante providencia del 7 de julio de 1994, el Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Cali resolvió la situación jurídica del señor Fabio Cáceres Sarria, sindicado del delito de lesiones personales, en los siguientes términos (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“PRIMERO: DECRETAR como en efecto se hace, Medida de Aseguramiento de caución prendaria por la suma de Noventa y Ocho mil Setecientos pesos ($ 98.700), en contra del señor Fabio Cáceres Sarria, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, como presunto autor del delito de lesiones personales, en accidente de tránsito, de acuerdo a las razones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

“SEGUNDO: DECRETAR el embargo y secuestro preventivo del vehículo automotor de las siguientes características: Campero, Nissan Patrol, modelo 81, cabinado, color Azul y Marfil, de placas NEB-565, Motor P521676, chasis G61-05995”.

De la misma manera, se demostró que, el 11 de octubre de 1994, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Quinta Estación Siloé, informó que el vehículo objeto del decreto de embargo recién mencionado “fue inmovilizado… a eso de las 17:00 horas en la 13 N # 4 N - 07 cuando era conducido por el señor Fabio Cáceres Sarria: c.c. 14’933.317 de Cali. El motivo de su inmovilización se debio (sic) a la Orden (sic) impartida por el Juzgado 19 Penal Municipal, el día 4 de octubre del año en curso, en donde manifiesta que la inspección 12 de comisiones civiles, practicará la diligencia aludida” (Oficio 1956/COMAN-QUI, oct. 12/94, fl. 46, cdno. 3).

Se probó que, en audiencia pública de octubre 12 de 1994, la Inspección Doce de Comisiones Civiles de Cali, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Cali, practicó la diligencia de secuestro del vehículo del señor Cáceres Sarria, previa designación del señor Silvio Estrada Salazar como secuestre del bien, así (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Se trata de un vehículo automotor de las siguientes características: Campero, Nissan Patrol, modelo 81, cabinado, de color azul y marfil, de placas NEB-565, clase campero, modelo 1.981, tipo cabinado, motor P52 1676 y chasis G6105995 (…); el estado general del vehículo es regular (…); se desconoce su funcionamiento. Es todo. Una vez relacionado el vehículo material de comisión, el despacho procede a declararlo legalmente embargado y secuestrado y de él se hace entrega en forma real y material al secuestre nombrado y posesionado para ésta diligencia, señor Silvio Estrada Salazar, quien manifiesta: Recibo conforme al acta y procede a retirar el vehículo secuestrado, el cual permanecerá guardado en la diagonal 24-A Nº T-11-85 barrio Santa Clara de Cali” (fl. 45, cdno. 3).

El 11 de agosto de 1996, el señor Álvaro Drada González, residente en la diagonal 24 Nº T 11-85, compareció ante el Fiscal Seccional 122, con el fin de denunciar el hurto del vehículo ya mencionado, de la siguiente manera:

“(…) esta mañana siendo las 7 a.m. de hoy 11 de agosto (…) al observar hacia el antejardín observé que el carro de marca Nissan Patrol, modelo 81, de placas NEB-565 color azul capota crema, no se encontraba donde lo había dejado paqueado, de inmediato salí a averiguar por el vigilante de la cuadra que se llama Jesús Geovany Villaquiran López y me dijo que el carro lo había visto sacar desde una distancia de unos 500 metros y pensó que era yo que lo había sacado y me había ido en él, siendo más o menos dijo él entre 11 y 12 de la noche del día anterior a hoy. Quiero dejar constancia en esta diligencia que el suscrito tenía el carro a título provisional, pues el mismo vehículo se encontraba por cuenta del juzgado 19 penal municipal de esta ciudad, embargado y secuestrado… quiero también dejar constancia que la persona que actúa como secuestre y que me había dejado el carro a mí provisionalmente, era el señor Silvio Estrada” (fl. 80, cdno. 3).

Se demostró que, en auto interlocutorio 002 del 19 de enero de 1997, el Juzgado 19 Penal Municipal de Cali canceló la licencia de auxiliar de la justicia a Silvio Estrada Salazar y lo relevó de todas las designaciones como secuestre, al evidenciar el incumplimiento de las obligaciones que le imponía el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, pues no tuvo el cuidado suficiente con el vehículo a él confiado y dejado bajo su guarda y, además no prestó la caución de que trata el artículo 688 del mismo ordenamiento (fls. 320 a 325, cdno. 3).

El 26 de marzo de 1999, el Juzgado Quince Penal Municipal de Cali dictó sentencia en el proceso que se adelantaba en contra de Fabio Cáceres Sarria, en el sentido de absolverlo de responsabilidad por el delito de lesiones personales; en consecuencia, canceló la medida cautelar ordenada sobre el vehículo de su propiedad, de placas NEB 565 (fls. 100 a 117, cdno. 3).

Así las cosas, es necesario señalar que esta corporación ha sostenido, en múltiples pronunciamientos, que la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración será posible siempre que se acredite la concurrencia de los elementos constitutivos de la misma, así: i) el daño antijurídico, patrimonial o moral, que el demandante no tenía por qué soportar, ii) la acción o la omisión constitutiva de una falla del servicio de la administración y iii) la relación o nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores.

Así mismo, el Consejo de Estado ha establecido que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debe producir un daño personal y cierto que haya resultado antijurídico, en la medida en que se evidencie que el titular no tenía la obligación jurídica de soportarlo. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales(9). En relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que, cuando con éstas se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios.

Así lo dispuso el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que, en desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, reguló la responsabilidad del Estado y la de sus funcionarios y empleados judiciales, en los siguientes términos:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Al respecto, esta corporación ha dicho:

“Así las cosas, la actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes que la constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, no solamente su responsabilidad personal y patrimonial de tales servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. Todo esto derivado del acentuado intervencionismo en la actividad para confeccionar las listas, para designar a los auxiliares de la justicia y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes. Claro está, que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, así lo sea transitoriamente aquél deber (sic) repetir contra éste, según claras voces del artículo 90 Constitución Nacional”(10).

En estos casos, ese detrimento debe ser acreditado, no sólo porque no siempre la falla en la prestación del servicio de administración de justicia genera un daño antijurídico sujeto a resarcimiento, sino porque, aún cuando no es un elemento suficiente para construir la imputabilidad que se pretende, es a partir del mismo que el análisis de la falla alegada por quien demanda y la relación de causalidad cobran importancia, porque “si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”(11).

Así las cosas y apreciando en su conjunto el material probatorio allegado al proceso (CPC, art. 187), la Sala observa que el demandante solicita el resarcimiento de los perjuicios causados con ocasión de la pérdida total y definitiva del vehículo identificado con placas NEB 565, al ser hurtado por desconocidos, cuando se encontraba bajo medida de secuestro a cargo del auxiliar de la justicia, Silvio Estrada Salazar.

Sobre este punto, esto es, sobre el hurto del automotor de Fabio Cáceres Sarria, la parte demandante aportó al proceso, solamente, la denuncia penal elevada por Álvaro Drada González ante la Fiscalía General de la Nación. Para la Sala, dicha pieza probatoria no es demostrativa del presunto hecho ilícito cometido en la residencia del denunciante, pues sólo corresponde a un documento en el que consta que se registró la declaración sobre unos hechos, sin que de su lectura sea posible determinar la comisión de conductas presumiblemente delictivas de las que habría sido objeto el vehículo.

No obstante lo anterior, la Sala no puede desconocer que el campero Nissan se encontraba bajo la custodia y la administración del Estado, en tenencia del auxiliar de la justicia, Silvio Estrada Salazar, a quien le correspondía, no sólo guardarlo y cuidar de él —funciones que, a diferencia de lo que dice el Ministerio Público, no le corresponden al propietario—, sino restituir el vehículo a su dueño, en cumplimiento de la orden del Juzgado Quince Penal Municipal de Cali, proferida el 26 de marzo de 1999. De no hacerlo, como en este caso ocurrió, surge para la administración, conforme a todo lo hasta acá dicho, el deber de responder por los daños ocasionados con ello, sin perjuicio de que logre demostrar, a efectos de liberarse de toda responsabilidad, la entrega real y material del bien, en esta oportunidad al señor Fabio Cáceres Sarria, o la ocurrencia de alguna eximente de responsabilidad, como la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

Comoquiera que en el proceso no obra prueba alguna que de cuenta del cumplimiento del deber de entregar el bien a su dueño, se tiene acreditada la configuración del daño antijurídico irrogado al señor Cáceres Sarria, consistente en el detrimento patrimonial que padeció, precisamente, al no habérsele devuelto el vehículo, el cual, previa orden judicial, le había sido embargado y secuestrado; por lo mismo, y como la dirección ejecutiva de administración judicial no demostró, a efectos de redimirse de la imputación del perjuicio ocasionado por el obrar mismo de un auxiliar de la justicia, la existencia de una causa extraña, imprevisible e irresistible que le haya impedido restituir del automotor a su propietario, es claro que ese daño le resulta imputable.

En suma, ante la demostración del daño alegado y la imputación del mismo a la dirección ejecutiva de administración judicial, dada la ocurrencia de fallas por el incumplimiento de los deberes de custodia, administración y restitución del vehículo a su dueño, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ordenará la indemnización de los perjuicios a que haya lugar.

V. Indemnización de perjuicios

1. Perjuicios morales.

En lo que se refiere a perjuicios inmateriales, que abarcan el aspecto interno del individuo y la afección directa a sus sentimientos como la congoja o la tristeza, cuando hay afectación de bienes la Sala accede a su reconocimiento siempre y cuando se demuestre que fueron de una proporción o intensidad tal que lo amerite. Comoquiera que, en este caso, no obra elemento alguno que pruebe el perjuicio moral que el demandante aseguró haber padecido, no habrá lugar a su indemnización.

2. Perjuicios materiales.

Daño emergente

Milita en el expediente un dictamen pericial(12) que calcula el valor del daño emergente causado al demandante, con ocasión del hurto del vehículo de placas NEB 565, y del uso indebido del que habría sido objeto por parte del abogado Álvaro Drada González. De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 27 de septiembre de 1999, corrió traslado del mismo, sin que las partes se manifestaran.

Teniendo en cuenta que la reparación de perjuicios debe recaer sobre aquellos que resultaron probados, la Sala advierte que no reconocerá el valor correspondiente al segundo concepto del peritaje, esto es, al “daño emergente por uso indebido del jeep” habida cuenta que tal deterioro del rodante no fue acreditado. Al respecto, se observa que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Disciplinaria, mediante auto de 25 de agosto de 1998(13), abrió investigación en contra del abogado Álvaro Drada González, por la presunta infracción al artículo 52 del Decreto 196 de 1971, estatuto del ejercicio de la abogacía; no obstante, esta providencia corresponde a una disposición preliminar de la investigación, sin que sea posible entenderla como una decisión definitiva sobre la responsabilidad del encartado, por la conducta que se le imputa derivada del uso indebido del vehículo secuestrado y dejado en depósito en su residencia.

Ahora, en lo que respecta al valor del vehículo, a efectos de calcular el monto del daño emergente, se tiene que el dictamen pericial tuvo en cuenta “precios de venta similar (sic) de agencias automotores (sic), incluyendo publicaciones especializadas como la revista motor”, y concluyó que “este jeep en buen estado en 1996 tenía valor de $ 7.000.000”, según el siguiente cálculo (se resalta):

“3.2. Meses transcurridos entre la fecha del robo del jeep 11 de agosto de 1996 y este dictamen 10 sept. 1999.………..– 37 –

“3.3. Factor actualización tabla garufa …..……………… 1.9001

“3.4. Interés técnico legal, correcc/15.0 interés 6,0…………21%

“Fórmula: s= (1+I) n x $ valuación

“Donde: S = Factor

n = número meses transcurridos

i = % interés técnico legal

“3.5. Liquidación: $ 7.000.000 x 1.9001 = $ 13.300.700”.

La Sala no otorgará mérito probatorio al dictamen pericial practicado, en la medida en que el mismo no cumple fielmente las exigencias dispuestas por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no se observa firmeza, ni precisión, ni contundencia en sus conclusiones, pues los peritos se limitaron a señalar las fuentes consultadas, sin explicar el proceso de razonamiento (vgr. valores cotizados y el promedio de los mismos) que los haya llevado a avaluar el automotor en $ 7’000.000. Es de advertir, además, que este experticio no guarda relación con los demás elementos probatorios que obran en el proceso, toda vez que se realizó sobre el valor comercial de un vehículo en buen estado y de características similares a aquél de propiedad de Fabio Cáceres Sarria, desconociendo con ello que, según la Inspección Doce de Comisiones Civiles de Cali, autoridad que llevó a cabo la audiencia pública de secuestro, el bien objeto de la medida se encontraba en regular estado.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que no es posible determinar un valor del vehículo que permita realizar una tasación concreta de la indemnización que debe decretarse a cargo de la dirección ejecutiva de administración judicial, la Sala dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo(14) y condenará en abstracto a la parte demandada a pagar al señor Fabio Cáceres Sarria, a título de indemnización de perjuicios materiales, el valor comercial del mencionado vehículo, teniendo en cuenta las condiciones en las que el mismo se encontraba cuando fue secuestrado, según el acta de la diligencia del 12 de octubre de 1994.

Para la liquidación, se observarán los siguientes parámetros:

1. El incidente debe ser promovido dentro de la oportunidad dispuesta por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998 (CCA, art. 172; D. 1/84).

2. La indemnización corresponderá al cien por ciento (100%) del valor del vehículo para marzo de 1999 (fecha en la que se ordenó el levantamiento del secuestro), según las características particulares del mismo, señaladas en la diligencia de secuestro, así: “Campero, Nissan Patrol, modelo 81, cabinado, de color azul y marfil (…), cinco (5) llantas a media vida, un (1) espejo retrovisor externo, uno (1) interno, tres (3) plumillas con su brazo, una (1) antena en mal estado, dos (2) farolas, dos (2) exploradoras, una de ellas rota, dos (2) bompers, dos (2) cojines traseros, dos (2) cojines delanteros con cabecera, vidrios en buen estado, la mica lateral lado (sic) derecho trasero se encuentra rota, una (1) tapa de gasolina, un (1) radio pasacintas marca PIONER (sic), tres (3) tapetes, dos (2) viseras internas (…), cuatro (4) parlantes, su pintura en regular estado; el estado general del vehículo es regular, tiene como herramientas el gato, y crucetas, tiene una batería; se desconoce su funcionamiento”.

3. En resultado del cálculo debe ser actualizado, de acuerdo con la fórmula matemático actuarial utilizada por el Consejo de Estado(15).

3. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 19 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la dirección ejecutiva de administración judicial, por los daños causados al señor Fabio Cáceres Sarria, por la falta de devolución de su vehículo

2. CONDÉNANSE en abstracto a la dirección ejecutiva de administración judicial a pagar a Fabio Cáceres Sarria, a título de indemnización de perjuicios materiales, el valor total del vehículo secuestrado en diligencia del 12 de octubre de 1994.

El interesado deberá promover el respectivo incidente ante el tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. Para establecer la cuantía de la condena, se observarán estrictamente las reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. ABSTIÉNSE de condenar en costas.

5. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

6. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20300

(4) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12789

(5) Oficio DF5-944-114700-5 de 4 de noviembre de 1999 (fl. 1, cdno. 3).

(6) Oficio 1527 de 9 de diciembre de 1999 (fl. 118, cdno. 3).

(7) Folio 113, cdno. 1.

(8) “ART. 99.—Del director ejecutivo de administración judicial: (…) Son funciones del director ejecutivo de administración judicial:

(…).

“8. Representar a la Nación-Rama judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 1991, expediente 6380, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Henao, Juan Carlos. “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho Colombiano y Francés”. Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 36.

(12) Folios 1 a 5, cdno. 2.

(13) Folio 230 a 234, cdno. 3.

(14) “ART. 172.—Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 56. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

“Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o a la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

(15) Valor presente = valor histórico * IPC final / IPC inicial.