Sentencia 1998-25496 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 76001-23-31-000-1998-25496-01(25878)

Actor: Jose Adelmo Angulo Riascos

Demandado: Municipio de Buenaventura

Ref.: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 5 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que decidió lo siguiente:

“Negar las pretensiones de la demanda” (fls. 127 a 138, cdno. 3).

I. Antecedentes

1.1. La demanda.

El 10 de diciembre de 1997, los actores(1), en ejercicio de la acción de reparación directa y mediante apoderado judicial, solicitaron que se declarara responsable al municipio de Buenaventura, por los daños ocasionados a sus viviendas, a raíz de la construcción defectuosa de un muro de contención, en el barrio Oriente, de Buenaventura, lo cual provocó que las aguas se filtraran y deterioran paulatinamente los inmuebles, al punto que la mayoría de ellos presentan ruina total.

Aseguraron que, debido a la situación padecida y dado que la administración no tomó cartas en el asunto, no obstante los distintos requerimientos por ellos formulados, se vieron en la obligación de instaurar una acción de tutela, a fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales y, mediante sentencia del 17 de julio de 1996, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura ordenó que el municipio demandado construyera, en el término improrrogable de dos meses, las obras necesarias para mitigar los daños causados y evitar así una tragedia; sin embargo, la administración incumplió la orden impuesta y la situación empeoró, de modo que debe resarcir los daños y perjuicios causados a los inmuebles, los cuales fueron estimados en una suma superior a $366.000.000.

1.2. Admisión de la demanda.

El 26 de enero de 1998, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó la notificación del auto admisorio al Ministerio Público y al Municipio de Buenaventura, el cual se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 69 y 70, 82 y 83, cdno. 1).

1.3. Alegatos de conclusión en primera instancia.

Practicadas las pruebas decretadas y fracasada la audiencia de conciliación, el 4 de diciembre de 2001 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fls. 93 a 95, 123 a 125, cdno. 1).

1.3.1. Las partes guardaron silencio (fl. 126, cdno. 1).

1.4. La sentencia recurrida.

Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2002, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, en consideración a que no se demostró en el plenario la responsabilidad de la demandada por los hechos acá imputados (fls. 127 a 138, cdno. 3).

A juicio del a quo, si bien con la documentación allegada al proceso, en su gran mayoría proveniente del expediente iniciado con ocasión de la acción de tutela que los demandantes promovieron contra el municipio de Buenaventura, se logró establecer que algunas de las viviendas del barrio Oriente, entre ellas las que habitaban los actores, sufrieron deterioro en razón de la situación de inestabilidad que presentó el terreno, no es posible determinar si tales efectos dañinos obedecieron a la construcción de un muro de contención, como lo aseguraron los demandantes, pues, según el informe del comité local para la prevención y atención de desastres, la inestabilidad del terreno se debió, posiblemente, a fugas de agua en la red de acueducto y a una sobresaturación por las fuertes lluvias caídas en los meses de abril y mayo de 1996, es decir, la documentación traída al proceso, según dijo, no ofrece certeza suficiente sobre la presencia de una falla en la prestación del servicio, “pues en la producción de los perjuicios pudieron coexistir varias causas, unas debido a la actuación humana y otras a causas de la naturaleza, pero sin que se logre establecer el porcentaje de cada una de ellas”.

No obstante que la tutela concedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura protegió los derechos de los demandantes, en la medida en que se comprobó la violación de derechos fundamentales, en el proceso contencioso administrativo no se demostró la falla del servicio ocasionada por la construcción defectuosa de un muro de contención, como tampoco se demostró el nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el deterioro que presentaron las viviendas que habitaban los demandantes y, por lo tanto, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar.

1.5. Del recurso de apelación.

Dentro del término legal, el apoderado de la parte actora formuló recurso de apelación contra la sentencia anterior, a fin de que la misma fuera revocada y se accediera a las pretensiones de la demanda, por estimar que, en el sub lite, se encuentran acreditados los daños que sufrieron los inmuebles que habitaban los actores, a raíz de la construcción defectuosa de un muro de contención, que produjo la filtración de aguas en las viviendas y, por ende, que estas sufrieran un agrietamiento progresivo.

Señaló que tales hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, motivo por el cual la secretaría de obras públicas practicó varias inspecciones al lugar de los hechos y recomendó la implementación de medidas urgentes, a fin de conjurar la difícil situación presentada.

Agregó que los ingenieros comisionados para las inspecciones que se practicaron en las viviendas del barrio Oriente, de Buenaventura, estimaron que los agrietamientos tenían relación con las obras realizadas por el municipio demandado, ya que unos filtros, instalados para el drenaje de las aguas, quedaron funcionando deficientemente, cosa que fue corroborada por el Juez Tercero Penal del Circuito de Buenaventura, durante la diligencia de inspección judicial practicada dentro del trámite de la acción de tutela promovida por los demandantes.

Manifestó que los perjuicios causados por el deterioro de las viviendas fueron acreditados con estimativos de los daños que realizó un arquitecto, quien, en declaración juramentada rendida en el curso de este proceso, suministró las correspondientes explicaciones acerca de los fundamentos de sus apreciaciones.

Así las cosas, al encontrarse acreditada la falla en la prestación del servicio, imputable al municipio de Buenaventura, por la construcción defectuosa de un muro de contención, que produjo la filtración de aguas y, por ende, el agrietamiento de las viviendas que habitaban los demandantes, aquél tiene la obligación de resarcir los perjuicios causados (fls. 127 a 138, cdno. 3).

1.6 Alegatos de conclusión en segunda instancia.

1.6.1. Por auto del 27 de junio de 2003, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concedió el recurso de apelación formulado por el actor contra la sentencia anterior (fl. 146, cdno. 3) y, mediante auto del 30 de enero de 2004, el Consejo de Estado lo admitió (fl. 152, cdno. 3).

1.6.2 El 12 de marzo de 2004, el despacho corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fl. 154, cdno. 3).

1.6.3 Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 155, cdno. 3).

II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, por virtud del recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 5 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor fue de $28’733.000, por concepto de perjuicios materiales, para Fanny Ortiz Guerra, y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1997(2), para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $13’460.000(3).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en su versión vigente para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caducaba al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, los actores señalaron que los daños que afectaron las viviendas que habitaban en el barrio Oriente se debieron a una falla en la prestación del servicio, imputable al municipio de Buenaventura, por haber construido defectuosamente un muro de contención, lo que habría provocado la filtración de aguas y el deterioro de los inmuebles; sin embargo, tales daños se habrían hecho evidentes después del 10 de mayo de 1996, según se desprende del escrito del 12 de junio de 1996 (fls. 5 y 6, cdno. 2) que los actores dirigieron al alcalde del municipio de Buenaventura, solicitando su intervención inmediata en el asunto y la implementación de medidas, a fin de solucionar los inconvenientes presentados.

Al respecto, es indispensable señalar que, si bien el término de caducidad empieza a correr a partir del acaecimiento del hecho dañoso, o desde el día siguiente, según la época de los hechos, en los eventos en los que no es posible establecer, a ciencia cierta, cuándo ocurrió aquél, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se tuvo conocimiento del mismo. En el presente asunto, los actores señalaron que los daños, derivados de la obra construida por la Administración empezaron a hacerse notorios a partir del 10 de mayo de 1996; por lo tanto, los dos años de los que habla la norma en cita deben contabilizarse desde la fecha acabada de mencionar y, dado que la demanda fue instaurada el 10 de diciembre de 1997, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Pruebas trasladadas.

Además del material probatorio aportado con la demanda, la parte actora solicitó el traslado de las pruebas practicadas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura en el curso de la acción de tutela promovida contra el municipio demandado (fl. 64, cdno. 1). Si bien ese traslado no fue coadyuvado por este último, tales pruebas podrán valorarse en el sub lite, toda vez que fueron practicadas con audiencia del municipio de Buenaventura que, por lo tanto, tuvo la oportunidad de controvertirlas, de modo que se garantizó su derecho de defensa(5); además, mediante oficio 626 del 20 de junio de 2000 (fl. 1, cdno. 1), el citado Juzgado remitió el expediente en mención al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

No se tendrán en cuenta, en cambio, los testimonios rendidos en el trámite de la acción de tutela por el ingeniero Hari Mosquera Chávez (fls. 10 y 11, cdno. 2) y la señora Fanny Ortiz Guerra, toda vez que en dichas diligencias no intervino el municipio de Buenaventura, a lo cual se suma que la última de las citadas funge en este proceso como demandante(6).

2.4. Caso concreto y análisis probatorio.

Se encuentra acreditado en el proceso que Luz Mercedes Carvajal de Olaya, Judy Teresa D’Costa Ramos, Fabiola Angulo Moreno, Omaira Núñez Sevillano, Fanny Ortiz Guerra, Calixta Vente de Amu, Delfina Fernanda Flecher Ortiz y Darleny Payán Cuero son poseedoras de los inmuebles ubicados en el lote que se encuentra localizado en la transversal 47 A 8-15, del barrio Oriente, de Buenaventura, calidad con la que concurrieron al proceso y que se encuentra acreditada, respectivamente, con las copias auténticas de las escrituras públicas que declararon su posesión sobre los citados inmuebles, a saber: 1208 del 15 de julio de 1996 (fl. 10, cdno. 1), 2018 del 7 de julio de 1988 (fl. 18, cdno. 1), 2363 del 17 de mayo de 1993 (fl. 22, cdno. 1), 1358 del 9 de agosto de 1996 (fl. 30, cdno. 1), 1705 del 7 de julio de 1985 (fls. 38 y 39, cdno. 1), 1693 del 5 de julio de 1996 (fl. 43, cdno. 1), 3249 del 27 de diciembre de 1995 (fls. 48 y 49, cdno. 1) y 1797 del 21 de octubre de 1996 (fl. 54, cdno. 1),

Es indispensable anotar que José Adelmo Angulo Riascos, Jorge Eliécer Cuero Soliman y Deicy Manyoma Núñez no acreditaron la posesión que dijeron ostentar sobre los inmuebles que habitaban en el barrio Oriente, de Buenaventura, pues las escrituras públicas 1770 del 16 de octubre de 1996 (fl. 2, cdno. 1), 1703 del 4 de octubre de 1996 (fl. 6, cdno. 1) y 730 del 10 de abril de 1995 (fl. 34, cdno. 1), aportadas con la demanda para ese fin, en cuanto dicen que las referidas personas ostentan la calidad de poseedoras, obran en copia simple y, por lo mismo, conforme al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(7), carecen de valor probatorio, lo cual impide que el juez las pueda valorar; además, no obran en el plenario pruebas adicionales que permitan demostrar la calidad de poseedores que dijeron tener sobre los inmuebles en cuestión.

La misma situación ocurre en relación con la señora Gregoria Murillo de Angulo, pues, si bien la escritura pública 2048 del 28 de abril de 1993 (fl. 26, cdno. 1), aportada con la demanda y por medio de la cual pretende acreditar la posesión sobre el inmueble afectado, contiene un sello de autenticación proveniente de la Notaría Segunda del Círculo de Buenaventura, en el mismo se indica que el citado documento fue contrastado con una copia simple (fl. 26, respaldo), lo cual impide otorgarle valor probatorio y a ello se agrega que no existen pruebas adicionales que permitan acreditar la calidad de poseedora que alega dicha señora.

Ahora, en relación con los daños que habrían sufrido varios de los inmuebles ubicados en el barrio Oriente, de Buenaventura, cuya posesión ostentan algunos de los demandantes, se encuentra acreditado en el plenario que, el 12 de junio de 1996, los actores dirigieron el siguiente escrito al Alcalde municipal, a fin de enterarlo de la situación presentada en sus viviendas (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Al efectuarse la pavimentación de la calle principal de nuestro barrio hubo la necesidad de hacer un muro de contención para detener la tierra de una loma que conforma los terrenos de Telecom, donde funciona la Estación de Marítimos, parece ser que no se le hizo ningún desagüe (...).

“Hace aproximadamente unos seis (6) meses comenzamos a notar unas pequeñas grietas en los andenes, escaleras y muros de nuestras viviendas, pero a partir del 10 de Mayo/96 que aumentaron las lluvias a diario, parecían las grietas de mayor tamaño y se inició el hundimiento del terreno, comenzó el desprendimiento de paredes, vigas y columnas agrietadas.

“Informamos de esto a la comisión física del municipio, quien envió al Ingeniero Gumercindo Mosquera, quien hizo la inspección correspondiente, cuyo resultado se puede apreciar en la comunicación de fecha junio 4/96 (...)” (fls. 5 y 6, cdno. 2).

En efecto, a fin de verificar los hechos denunciados por los actores, el 4 de junio de 1996 el ingeniero Gumercindo Mosquera, de la División Física del Departamento de Planeación Municipal, practicó una inspección al lugar de los hechos y rindió el siguiente concepto:

“... Pude observar y analizar los grandes daños en el cimiento y los muros que están presentando doce casas del sector, esto debido a unas aguas que no fueron canalizadas y están pasando estas aguas por debajo de las viviendas, haciendo que por la humedad, el suelo presente problemas de socavamiento y hundimiento de las viviendas, agrietándose en forma considerable las paredes, andenes y muros de las viviendas.

“Recomiendo como solución al problema, coger esas aguas que vienen de una loma y llevarlas hasta la cámara de desagüe más cercano, ya que este problema cada vez es mayor y requiere de una pronta solución” (fl. 4, cdno. 2).

Por su parte, el comité local para la prevención y atención de desastres, CLE, practicó el 17 y 18 de junio de 1996 una inspección al lugar de los hechos y corroboró los daños que presentaban algunas de las viviendas ubicadas en el barrio Oriente, de Buenaventura; al respecto, el citado informe sostuvo:

“Los predios de la margen izquierda (incluidos lotes) presentan agrietamientos en el terreno, con desplazamientos del orden de 1 a 5 centímetros. Todas las construcciones, en madera y en ladrillo, presentan algún grado de afectación (...)

“En esta zona todos los habitantes coinciden en afirmar que los agrietamientos se empezaron a notar a partir de fuertes lluvias y prolongados aguaceros ocurridos el pasado 10 de mayo. Además ellos establecen correlación empírica entre la ocurrencia de lluvias fuertes y aumento de los agrietamientos.

“Las viviendas localizadas sobre los predios de la margen derecha de la vía presentan agrietamientos más antiguos, desde hace dos o más años, según los moradores (...)” (fls. 14 y 15, cdno. 2).

Según los demandantes, el agrietamiento de sus viviendas obedeció a la construcción defectuosa de un muro de contención por parte del municipio de Buenaventura, lo que habría provocado la filtración de aguas y, por ende, el agrietamiento de las edificaciones; sin embargo, el informe de la inspección técnica practicado por el comité local para la prevención y atención de desastres concluyó que los daños que presentaron las viviendas ubicadas en el barrio Oriente, de Buenaventura, obedecieron a factores de inestabilidad del terreno, originados, posiblemente, “por saturación de los terrenos debido a fugas inducidas en la red de acueducto y a sobresaturación a raíz de las fuertes lluvias que caracterizaron la región entre finales de abril y principios de mayo de este año, incluido el torrencial aguacero reportado el 10 de mayo” (fl. 20, cdno. 2), a lo cual se suma, según el citado informe, el intenso proceso de deforestación y los cambios en la tipología de la construcción, principalmente porque se pasó de construcciones de madera a construcciones de ladrillo y cemento, de dos pisos.

En línea con lo anterior, es indispensable anotar que el mismo informe descartó que los daños ocasionados a las viviendas de los actores obedecieran a la construcción del muro de contención, como lo alegaron los demandantes, frente a lo cual bien vale la pena señalar lo que dijo el citado informe (se transcribe tal cual obra en el expediente):

El muro de contención existente dispone de filtros y drenaje final sobre una canal, los cuales se observaron en adecuado funcionamiento.

Algunos de los pobladores creen que existe relación entre estas obras y las fisuras de sus casas, pero esto no es sustentable con la información disponible. El argumento de que el muro de contención puede influir para que el nivel freático haya descendido, apoyado en que después de su construcción se observó mayor humedad en el nivel del terreno bajo las viviendas, no parece ser convincente a la luz del siguiente punto.

“(...).

“Sobre el límite occidental de la vía se dispone de dos tuberías de PVC de 10 y 2.5 pulgadas de diámetro. Durante la visita de campo se observó que a lo largo de la zona afectada, frente a varios de los predios, la tubería de 10” había sido perforada, presentándose agujeros circulares (hechos con berbiquí) e irregulares (hechos con cuchillo), según informes de algunos de los pobladores. Estos agujeros estaban taponados artesanal o provisionalmente mediante tacos de PVC, madera y plástico.

En algunos de estos sitios había fugas, las cuales habían sido objeto de reparaciones por parte de Acuavalle.

El 11 de mayo pasado, después del intenso aguacero del día anterior, más fuerte de lo normal según vecinos, éstos descubrieron que en por lo menos un lugar las fugas se habían incrementado” (fls. 18 y 19, cdno. 2) (se resalta).

Además, el señor Hari Mosquera Chávez, quien para la época de los hechos fungía como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Buenaventura, en declaración rendida el 22 de junio de 2000 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, en cumplimiento del despacho comisorio 88 emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, manifestó que los peritos que visitaron el lugar de los hechos concluyeron que el muro construido por la Administración para la estabilidad del terreno se encontraba en perfectas condiciones y que, por lo mismo, dicha obra pública nada tuvo que ver con las averías que presentaron los inmuebles afectados (fls. 116 y 117, cdno. 2).

Así, toda indica que los daños que afectaron las viviendas del barrio Oriente, de Buenaventura, obedecieron a la sumatoria de varios factores, entre ellos, fugas inducidas en la red de acueducto, pues se comprobó que las tuberías habían sido perforadas, a lo cual se suma la permanente deforestación y la construcción de las edificaciones sin la observancia de las normas de urbanización, así como las continuas lluvias caídas en la zona, que sobresaturaron el terreno; además, el informe del comité local para la prevención y atención de desastres reveló que las viviendas afectadas están localizadas en una colina, con pendientes superiores al 30% (fl. 15, cdno. 2).

Se descarta, por lo tanto, que las filtraciones de agua y las averías que presentaron las viviendas de los actores se debieron a deficiencias en la construcción de un muro de contención por parte del municipio de Buenaventura, como se asegura en la demanda y, por lo mismo, ninguna falla en la prestación del servicio se configuró en este caso, de modo que la demandada será exonerada de responsabilidad por los hechos acá imputados.

Habría que adicionar, finalmente, que si bien el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura tuteló los derechos fundamentales de los demandantes a la vida, a la salud y a la propiedad, por estimar que sus viviendas amenazaban con derrumbarse, pues, según dijo, se evidenció la actuación arbitraria de la administración, ya que “fue la construcción defectuosa del muro de contención, no profesionalmente construido, lo que generó la desestabilización del terreno” (fls. 70 a 84, cdno. 1), las pruebas que militan en este proceso no demostraron que los daños sufridos en las edificaciones que habitaban los actores obedecieran a deficiencias en la construcción de dicho muro, sino a la presencia de otros factores, como aquéllos a los que se hizo referencia anteriormente y, por lo mismo, las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad.

Conforme a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 5 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2.5. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas al demandante, por cuanto su conducta procesal no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Abstiénese de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) El grupo demandante está conformado por José Adelmo Angulo Riascos, Jorge Eliécer Cuero Soliman, Luz Mercedes Carvajal de Olaya, Cleotilde Campaz Moreno, Judy Teresa D’Costa Ramos, Fabiola Angulo Moreno, Gregoria Murillo de Angulo, Omaira Núñez Sevillano, Deicy Manyoma Núñez, Fanny Ortiz Guerra, Calixta Vente de Amu, Delfina Fernanda Flecher Ortiz y Darleny Payán Cuero.

(2) La demanda fue instaurada el 10 de diciembre de 1997

(3) Decreto 597 de 1988

(4) Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 —7 de julio de ese año—, norma que modificó el artículo 136 del Decreto 2304 de 1989, se estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

(5) En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado que aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla no podrán ser valoradas en dicho proceso. También ha manifestado la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión (C.E., Sección Tercera, sent. feb. 21/2002, exp. 12.789).

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2011, expediente 18.648.

(7) ART. 254.—Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.