Sentencia 1998-6569 de julio 26 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

La incidencia que tiene la perturbación del orden público, en una situación contractual, puede llegar a ser previsible.

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Ref.: Expediente 050013103011-1998 6569-02

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil cinco.

Se resuelve el recurso de casación formulado por el demandado respecto de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Helados La Fuente S.A. contra Inversiones Gruval S.A.

Antecedentes

1. En la demanda que provocó este proceso, el demandante solicitó declarar que, a partir del 30 de septiembre de 1998, había terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en relación con el inmueble situado en la carrera 43ª Nº 31-159, piso tercero, de la ciudad de Medellín, debido a la existencia de una fuerza mayor y de la ausencia absoluta de culpa en el arrendatario, por lo que igualmente debía declararse que la demandante no está obligada a cancelar la indemnización prevista en el artículo 2003 del Código Civil, ni la cláusula penal convenida en el contrato.

2. Los fundamentos fácticos de las pretensiones se sintetizan de la siguiente manera:

a) Entre las partes se celebró un contrato de arrendamiento sobre el referido inmueble, con una vigencia de cinco años, contados a partir del 5 de noviembre de 1994, acuerdo que la demandante venía cumpliendo en debida forma.

b) El arrendatario comenzó a ser víctima de una extorsión por parte de varios grupos subversivos, quienes exigían la suma de $ 100’000.000.00 como “impuesto de guerra” para que la sociedad pudiera desarrollar sus actividades comerciales.

c) El demandante le solicitó al arrendador adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas que laboraban con Helados la Fuente, así como las oficinas que ella ocupaba en el edificio Gruval.

d) A pesar de que el demandante ofreció asumir los costos que las medidas de seguridad demandaban, no encontró en la arrendadora respuesta efectiva.

e) La ciudad de Medellín no reúne las condiciones suficientes para garantizar la seguridad de los funcionarios, empleados e instalaciones de la empresa demandante, razón por la cual, con suficiente antelación, le comunicó al arrendador su intención de dar por terminado el contrato, por lo que ofreció cancelar el valor de la cláusula penal.

3. Notificada la sociedad demandada del auto admisorio, procedió a darle contestación oponiéndose a las pretensiones. Igualmente, propuso como excepciones de mérito las que denominó: “ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y por falta de requisitos sustanciales”; “Trámites excluyentes”; “Inexistencia de causa jurídica”; “Buena fe exenta de culpa” e “Inexistencia de fuerza mayor”.

4. El Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín decidió la primera instancia mediante sentencia del 19 de noviembre de 1999, en la que denegó las pretensiones.

5. Inconforme la demandante con la decisión, apeló ante el tribunal superior, quien resolvió revocarla en su fallo de 13 de octubre de 2000, para, en su lugar, declarar la terminación del contrato de arrendamiento, ordenar la restitución del inmueble, si ya no hubiere ocurrido y condenar en costas a la demandada, en ambas instancias.

La sentencia del tribunal

El juzgador de segundo grado memoró el carácter vinculante del contrato, cuyas obligaciones debían ser atendidas por el deudor, a menos que demuestre la existencia de una fuerza mayor, fenómeno para cuya definición invocó el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, lo mismo que jurisprudencia de la Corte.

Se ocupó luego el tribunal de sintetizar las versiones rendidas por Gloria Patricia Isaza Monsalve, Luis Fernando Osorio Salazar y María Fabiola Valencia Chica, quienes expusieron sobre la existencia de las amenazas vía telefónica y las consignadas en documentos; las exigencias de carácter económico realizadas por grupos subversivos; los atentados contra instalaciones de la empresa; la solicitud elevada por el demandante al arrendador para que se adoptaran medidas de seguridad, así como las que de manera particular asumió Helados La Fuente; los traslados del personal directivo a la ciudad de Manizales; así como el desempeño de labores en las casas de los funcionarios, ante el peligro que ofrecían las instalaciones debido a las amenazas de los extorsionistas. A lo expuesto se agregó el grado de tensión y stress que se presentó dentro de los empleados, por lo que fue necesario hospitalizar a algunos de ellos, testimonios que, a su juicio, fueron corroborados por Gloria Luz Cepeda, Nancy Yaneth Gunter Camacho, Guillermo León Piedrahíta Orozco, Hernando de Jesús Arango Gutiérrez y Rodrigo Sánchez, que valoradas en conjunto, le permitieron concluir que las amenazas constituyeron una novedad, porque antes no se habían presentado, y que “dadas las circunstancias de normalidad en las que venía desarrollando sus actividades industriales y administrativas, no era lo suficientemente probable que tal empresa fuera a ser objeto de esa clase de actos” (fl. 40, cdno. 4).

Así mismo, acotó el tribunal que esas condiciones de normalidad justificaron que el demandante hubiera tomado en arrendamiento el inmueble sin cuestionar la seguridad que ofrecía el bien, por lo que calificó los riesgos como sobrevinientes e imprevisibles, los que no pudieron ser superados por el locatario, pese a las costosas medidas de defensa y seguridad que adoptó, por lo que concluyó que el incumplimiento del contrato de arrendamiento “obedeció a fuerza mayor, la que exime al arrendatario de la obligación de cumplir a aquel a partir del 30 de septiembre de 1998” (fl. 41) y de pagar la cláusula penal pactada.

La demanda de casación

Un solo cargo formuló el recurrente, al amparo de la causal primera de casación, por haber quebrantado, por la vía indirecta, los artículos 1º de la Ley 95 de 1890, 1494, 1495, 1517, 1527, 1602, 1603, 1604, 1618, 1625, 1626, 1627, 1973, 2000, 2003, 2005 inciso 1º, 2008-2, y 2013 del Código Civil, así como los artículos 2º, 822, 829-3, 864, 868 y 871 del Código de Comercio, a causa de los evidentes errores de hecho en la apreciación de las pruebas.

En la demostración de la censura, afirmó el recurrente que el tribunal cercenó el contenido de los testimonios que valoró y que ignoró por completo otros. De los primeros, expresó el censor que el ad quem se limitó a citar parcialmente a los testigos Gloria Patricia Isaza Monsalve, Luis Fernando Osorio Salazar, María Fabiola Valencia Chica, cuya versión encontró corroborada por la de los declarantes Gloria Luz Cepeda, Nancy Yaneth Gunter Camacho, Guillermo León Piedrahíta Orozco, Hernando de Jesús Arango Gutiérrez y Rodrigo Sánchez. Respecto de los segundos, afirmó que el sentenciador hizo caso omiso de “la existencia del cuaderno de pruebas Nº 3, y que tampoco le otorgó efectos a la prueba de confesión recaudada en el interrogatorio de parte del representante legal de la entidad demandante, corroborada por el texto de la demanda y por el documento obrante a folios 17 y 18 cuaderno 1, que también desconoció”.

Manifestó luego el impugnante, que a pesar de que el tribunal definió, con rigor, el fenómeno de la fuerza mayor y explicó sus elementos constitutivos, cayó en una indiscutible contraevidencia, al concluir que “las amenazas telefónicas y unos comunicados escritos de extorsión, así como el estallido de dos petardos”, fueron sucesos irresistibles, siendo que “las mismas pruebas tomadas en cuenta por el tribunal y otros medios probatorios” demuestran que el demandante, “con las múltiples medidas de seguridad que tomó a raíz de la explosión de los petardos, logró sortear con evidente eficacia los riesgos que anunciaban las injustas amenazas, logrando así resistirlas con laudable fortuna y buena suerte” (fl. 22, cdno. 5).

Puntualizó el recurrente que el tribunal se equivocó al pasar por alto que en la comunicación de 15 de mayo de 1998 (fls. 17 y 18, cdno. 1) —al igual que en la demanda—, el demandante confesó que por no existir consenso en las medidas de seguridad a adoptar para contrarrestar los atentados, se veía en la necesidad de entregar el inmueble ocupado el día 30 de septiembre, lo que demuestra que los atentados no constituían obstáculo o imposibilidad para seguir ocupando el bien y que, por tanto, “no comportaban hechos irresistibles para seguir cumpliendo el contrato de arrendamiento”, por lo que se cuestionó, “si ello no implica el claro reconocimiento de que los atentados y amenazas padecidas, no eran hechos irresistibles a los que no pudiera oponerse eficazmente y que implicaran imposibilidad absoluta para continuar ejecutando el contrato...” (fl. 23, cdno. 5).

Censuró, además, la ausencia de lógica jurídica en el argumento exculpativo, pues no resulta coherente que los atentados y amenazas no fueran obstáculo para seguir ocupando el inmueble hasta el 30 de septiembre, data en que se ofreció su entrega, pero que sí lo fuera a partir del día siguiente, “fecha escogida ad libitum, caprichosa y arbitrariamente por la sociedad arrendataria...”, para “dejar de cumplir las obligaciones a su cargo” (fl. 26, cdno. 5).

Adujo luego que el tribunal incurrió en error de hecho al no haber tenido en cuenta las declaraciones de Ana Lucía Hoyos Orozco, Juan Carlos Llano Gil, Jorge Iván Díaz y de Matilde Henao Salazar, quienes, en lo pertinente, relataron las medidas de seguridad que se tomaron y las que se rechazaron con motivo del atentado que el demandante sufrió en una de sus instalaciones, distinto del bien arrendado, e igualmente que no se han presentado incidentes que lamentar. Agregó que de haber sido valorados estos testimonios, se habría concluido que los hechos alegados por el demandante “carecen de la condición de irresistibilidad, pues a pesar de que ocurrieron en los meses de febrero y de marzo de 1998 y aun con anterioridad, no fueron obstáculo para que Helados la Fuente S.A. siguiera con el goce del tercer piso del edificio Gruval, y continuara ocupándolo en calidad de arrendataria hasta el 30 de septiembre del mismo año” (fl. 25, cdno. 5).

El recurrente también acusó al tribunal de haber fragmentado las declaraciones de los testigos que le sirvieron de base para afirmar la existencia de la fuerza mayor, toda vez que limitó su verdadero contenido, en cuanto no observó que los declarantes informaron que el demandante, a consecuencia de las medidas de seguridad adoptadas, “logró resistir con buena fortuna las amenazas y atentados de que da cuenta la demanda”, puesto que “después de que regresaron del trabajo provisional en sus casas”, fue más calmado; “que las oficinas en el tercer piso quedaron como un mini bunquer” que ofrecía todas las seguridades (fl. 32, cdno. 5); y que la sociedad continuó laborando en la ciudad de Medellín.

Concluyó el censor que el tribunal incurrió en error de hecho al “calificar como “irresistibles” amenazas y atentados, que por el contrario, fueron resistidos con favorable fortuna”, decisión que calificó de contraria a la evidencia, al “dar por acreditado el fenómeno liberatorio de la responsabilidad, llamado fuerza mayor” siendo que las pruebas cuya valoración se omitió y las que parcialmente se apreciaron, señalan “que no se dan las condiciones que comporta la eximente de fuerza mayor” (fl. 33, cdno. 5), todo lo cual condujo al ad quem a transgredir las normas sustanciales citadas, por lo que solicitó a la Corte que, actuando como tribunal de instancia, confirme la decisión absolutoria proferida por el juzgado de primera instancia.

Consideraciones

1. Uno de los temas más sistemáticamente tratados por la jurisprudencia de la Corte, es el de la fuerza mayor o caso fortuito, en torno al cual ha delineado lo que —de antaño— constituye doctrina probable, edificada a partir de una definición legislativa que concibe ese fenómeno como “el imprevisto a que no es posible resistir” (L. 95/1890, art. 1º).

Según esa doctrina de la Sala, para que un hecho pueda ser considerado como evento de fuerza mayor o caso fortuito —fenómenos simétricos en sus efectos—, es necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de súbito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto de determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, queda sometido irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora.

Imprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situación invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categoría genérica de causa extraña, puede ser considerada como tal.

En torno a tales requisitos, la Corte ha puntualizado que si “el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor…” (G. J. Tomos. LIV, página, 377, y CLVIII, página 63)”, siendo necesario, claro está, “examinar cada situación de manera específica y, por contera, individual”, desde la perspectiva de los tres criterios que permiten, en concreto, establecer si el hecho es imprevisible, a saber: “1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo” (Sent. jun. 23/2000; exp. 5475). Y en relación con la irresistibilidad, ha predicado la Sala que un hecho “es irresistible, “en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente —sojuzgado por el suceso así sobrevenido— en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito” (se resalta. Sent. nov. 26/99; exp. 5220).

2. Conviene ahora, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido al escrutinio de la Sala, destacar que un hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales —o personales— del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas. Ello sirve de fundamento para pregonar que la imposibilidad requerida para la liberación del deudor, en casos como el que ocupa la atención de la Corte, es únicamente la absoluta, cerrándosele entonces el camino a cualquier otra.

La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar un hecho de irresistible, pues las dificultades de índole personal que se ciernan sobre el deudor para atender sus compromisos contractuales, o aquellas situaciones que, pese a ser generalizadas y gravosas, no frustran —in radice— la posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, correlativamente reclaman la asunción de ciertas cargas o medidas racionales por parte del deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que la mayor onerosidad que ellas representen, de por sí, inequívocamente tenga la entidad suficiente de tornar insuperable lo que por esencia es resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, entonces, aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser superados con un mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que los soporta, no pueden ser considerados, en forma invariable, como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, en sentido estricto.

Sobre este particular, ha precisado diáfanamente la Sala que la fuerza mayor “Implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos” (Sent. mayo 31/65, G.J. CXI y CXII pág. 126), lo que será suficiente para excusar al deudor, sobre la base de que nadie es obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur). Por tanto, si irresistible es algo “inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias” (se resalta; sent. ene. 26/82, G.J. CLXV, pág. 21), debe aceptarse que el hecho superable mediante la adopción de medidas que permitan contener, conjurar o eludir sus consecuencias, no puede ser invocado como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, frente al cual, se insiste, el ser humano debe quedar o permanecer impotente.

3. En el caso de las acciones perpetradas por movimientos subversivos o, en general, al margen de la ley, o de los actos calificados como terroristas —lato sensu—, debe señalarse que, in abstracto, no pueden ser catalogados inexorable e indefectiblemente como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pues al igual que sucede con cualquier hecho que pretenda ser considerado como tal, es indispensable que el juzgador, in concreto, ausculte la presencia individual de los elementos antes referidos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que rodearon su génesis y ulterior o inmediato desenvolvimiento.

Lo señalado en precedencia, empero, no se opone a que con arreglo a dichas circunstancias individuales, los hechos aludidos y, en fin, los actos de agresión —o de violencia individual o colectiva— adelantados por grupos alzados en armas, por el grado de impacto e intimidación que ellos tienen o suelen tener; por el ejercicio desmesurado de fuerza que de ordinario conllevan; por el carácter envolvente y cegador que les es propio y, en ciertos casos, por lo inopinado o sorpresivo del acontecimiento, pueden adquirir la virtualidad de avasallar a un deudor que, en esas condiciones, no podría ser compelido a honrar cabalmente sus obligaciones, pero en el entendido, eso sí, de que el acto respectivo no haya podido preverse —considerando, desde luego, el entorno propio en que se encuentre la persona, o la colectividad, según el caso y el concepto técnico-jurídico de previsibilidad, ya esbozado—, y que, además, le haya sido totalmente imposible superar sus consecuencias.

Por tanto, la presencia y las acciones de movimientos de la tipología en comento, en sí mismos considerados, no le brindan ineluctable amparo a los deudores para que, de forma mecánica y sistemática, esto es, sin ninguna otra consideración y en todos los casos, se aparten de los deberes de conducta que les imponen las leyes contractuales, so pretexto de configurarse un prototípico caso de fuerza mayor. Más aún, la incidencia que tiene la perturbación del orden público interno, específicamente las acciones intimidatorias desplegadas por grupos al margen de la ley, en una situación contractual o negocial particular, puede llegar a ser previsible —así resulte riguroso reconocerlo, sobre todo en tratándose de regiones o naciones en donde desventuradamente, por numerosas razones, existe [o existió] una situación de violencia, más o menos generalizada—, de suerte que si una de las partes no adopta las medidas necesarias o conducentes para evitar ser cobijada por esos hechos, o se expone indebida o irreflexivamente a los mismos o a sus efectos, no podrá luego justificar a plenitud la infracción del contrato, o apartarse de él, alegando caso fortuito, como si fuera totalmente ajena al medio circundante y a una realidad que, no por indeseada y reprochable, deja de ser inocultable, máxime si ella no es novísima, sino el producto de un reiterado y endémico estado de cosas, de hondo calado y variopinto origen. Tal la razón para que un importante sector de la doctrina, afirme que dichos actos deben ser analizados con miramiento en las rigurosas condiciones que se presentaron en el caso litigado, en orden a establecer si por sus características particulares, ella se erigió en obstáculo insalvable para el cumplimiento de la obligación, al punto de configurar un arquetípico evento de fuerza mayor o caso fortuito.

4. Expuesto lo que antecede, necesario para el escrutinio del cargo formulado, importa señalar que en el caso que ocupa la atención de la Sala, es evidente que el tribunal incurrió en los errores de apreciación probatoria que le endilga el recurrente, pues aunque es cierto que la sociedad demandante fue objeto de súbitas amenazas de organizaciones criminales que, incluso, llegaron a materializarse en atentados contra instalaciones de la empresa, pasó por alto el sentenciador que, según la prueba recaudada, Helados La Fuente S.A. enfrentó y conjuró con éxito tales peligros, ciertamente importantes, al punto que para la época en que anunció la terminación de la relación arrendaticia con Inversiones Gruval S.A., ellos habían cesado, sin que, además, ninguno de tales actos oprobiosos e intimidantes de la paz social y de la armoniosa convivencia ciudadana, hubiere tenido como objeto inequívoco y frontal el inmueble arrendado propiamente dicho, ni haya impedido que la sociedad adelantara su objeto social, todo lo cual impedía —e impide— otorgarles el calificativo excepcional, afuer de exigente y restricto de irresistibles, necesario, como se advirtió, para configurar un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

En efecto, está fuera de discusión que la sociedad demandante, a partir de octubre de 1997, recibió diferentes comunicaciones —se dice— de grupos al margen de la ley —específicamente de naturaleza subversiva—, a través de las cuales la conminaban a entregarles diferentes sumas de dinero; tampoco se controvierte que en febrero de 1998, fue colocado un petardo en una de sus instalaciones de Medellín, al que le siguieron otros requerimientos de dichas organizaciones, en los que advertían a la empresa y a sus directivos, de las consecuencias negativas que traería la falta de atención de las peticiones que les formulaban. Es igualmente claro que el tribunal concluyó, rectamente, que la sociedad demandante adoptó diversas “medidas de seguridad que llevó a efecto y que le costaron varios cientos de millones de pesos” (fl. 41, cdno. 4), entre ellas, el “incremento de vigilancia y contravigilancia, blindaje de puertas, circuito cerrado de televisión..., adquisición de aparatos detectores de metales para la revisión de paquetes y verificar su contenido”, amén de habilitar provisionalmente “las casas de habitación de algunos empleados como oficinas”, y trasladar, también de forma temporal, algunos directivos a Bogotá, según lo aseveraron la mayoría de testigos (fl. 33, cdno. 4). Estos aspectos, entonces, son pacíficos.

El error del tribunal radica, pues, en no haber advertido que, según la misma prueba a la que hizo alusión, así como otra en la que no paró mientes, esa repentina situación de amenaza y de peligro no podía ser consideraba como hecho irresistible —con independencia del carácter imprevisible que el tribunal le otorgó y que la censura no examina y que, ad laterem, podría tildarse por lo menos de discutible—, habida cuenta que la demandante no se vio absoluta o definitivamente imposibilitada para atender sus compromisos contractuales con Inversiones Gruval S.A., como se requería, por no haber podido eludir los efectos de esas amenazas, en la medida en que, según emerge de la prueba recaudada, aquella adoptó una serie de medidas de seguridad para conjurar esos peligros, las cuales resultaron exitosas, lo que devela que los hechos eran superables, como en efecto lo fueron, por manera que ellos no podían determinar la conducta del arrendatario, entre otras consideraciones más.

Es así que el tribunal omitió apreciar que el testigo Juan Carlos Llano Gil, administrador del edificio, precisó que, fuera de un “asalto” que hizo un ladrón “en los años 94 o 95”, no se ha presentado “ningún otro, ni de esa fecha hacia acá, ni de esa fecha hacia atrás”, agregando que “el edificio está funcionando desde el año 94 y gracias a Dios a la fecha no hay ningún evento trágico que lamentar”. Más adelante, al preguntársele si Helados La Fuente S.A. continúa operando, contestó que “sí, sé que ellos siguen trabajando en la ciudad de Medellín puesto que como administrador del edificio me ha tocado llamar a solicitar certificados de retefuente y contestan de la empresa de Helados La Fuente; adicionalmente hasta figuran en el directorio telefónico de la ciudad de Medellín y sé que en las oficinas que ellos ocupan que quedan cerca de la mayorista tienen vehículos que guardan y distribuyen sus productos...” (se resalta; fls. 3 vto. y 4, cdno. 3).

Por su parte, el señor Jorge Iván Díaz, quien trabajó como vigilante de la edificación donde la sociedad demandante tenía sus oficinas, al ser interrogado —en mayo de 1999— sobre actos terroristas o hechos delictivos que se hubieren presentado en las instalaciones, declaró que “no, por el último año no” (fl. 7 vlto., cdno. 3). En el mismo sentido testificó Matilde Henao Salazar, arrendataria de un local del primer piso del edificio, pues manifestó que “allá nunca ha sucedido nada ni he notado que pase algo” (se resalta; fl. 8 vlto., ib.).

Más aún, el tribunal fragmentó los testimonios de Gloria Luz Cepeda, Nancy Janeth Gunther Camacho, Hernando de Jesús Arango, Luis Fernando Osorio, Gloria Patricia Isaza, Guillermo León Piedrahíta y Rodrigo Sánchez, quienes manifestaron que, “al principio —la situación— fue de mucha incertidumbre, miedo, hubo gente que se enfermó de los nervios, se volvió histérica..., pero después de que regresamos fue más calmado, con mucha tristeza porque nos teníamos que ir” (se resalta; Cepeda; fl. 2, cdno. 2); que en Medellín continúa funcionando “la regional de ventas que es donde se le venden los productos a los distribuidores o fleteros para la región de Antioquia” (Gunther; fl. 4, ib.), “instalaciones ubicadas sobre la autopista Sur, adyacentes a la mayorista”; que “desde febrero si no estoy mal que empezaron a funcionar en esta sede (es febrero de 1999), no tengo conocimiento de amenazas o actos terroristas contra estas nuevas instalaciones, sin embargo la firma Helados La Fuente continuó adoptando las mismas medidas de seguridad que tenían adoptadas en las instalaciones que tenían a un lado de la U. de A.” (Arango; fl. 12, ib.); que dicha sociedad no ha clausurado sus operaciones comerciales en Medellín, pues “se ha operado en las mismas condiciones” (Osorio; fl. 13 vlto., ib.); que “este problema se vivió en carne propia por más o menos dos meses a dos meses y medio, y se vino a normalizar cuando nos cambiamos de sede o sea en la regional, es decir nos fuimos para Itagüí, ya que era más seguro” (se resalta; Isaza; fl. 15 vlto., ib.); que en las oficinas localizadas en el edificio Gruval, “petardos no hubo, sólo sé que hubo amenazas por teléfono” (Cepeda, Piedrahíta y Sánchez; fls. 2 vlto., 17 vlto. y 40 vlto., ib.).

Si el tribunal hubiera apreciado estas pruebas, en su real contenido —y no simplemente en forma parcial—, habría podido concluir que, pese a las amenazas y atentados terroristas de que fue objeto Helados La Fuente S.A., que no se desconocen, claro está, ellas no impidieron que la empresa continuara sus labores en la ciudad de Medellín. De igual forma, que en las oficinas que tenían arrendadas a la sociedad demandada en el edificio Gruval, no se presentó ningún acto delictivo vinculado a esos hechos, y lo que es más importante, que para la época en que la arrendataria decidió terminar el contrato de arrendamiento (mayo de 1998), la situación ya se había “calmado”; que habían cesado las amenazas y que las medidas de seguridad, en todo caso, continuaron implementándose con éxito en las nuevas instalaciones de la regional de la empresa en dicha ciudad.

Lo anterior pone de presente que, sin desconocer la gravedad de la situación que enfrentó la sociedad demandante, ella, en el caso en particular, no tuvo la virtualidad de imposibilitar u obstruir, en términos absolutos o definitivos, a la arrendataria para atender sus obligaciones para con la sociedad arrendadora, sin que los temores, por fundados que hayan sido, la Corte no los pone en duda, constituyan en el sub lite motivo suficiente para autorizar el rompimiento unilateral o, en su caso, la terminación judicial del vínculo contractual, habilitación que tampoco se puede encontrar en el hecho de haber resultado más onerosa —o gravosa— la situación para el arrendatario, como consecuencia de unos hechos que, con independencia de su entidad para configurar otras tipologías como la llamada teoría de la imprevisión, no constituyen fuerza mayor o caso fortuito, en cuanto de ellos no puede predicarse que sean claramente irresistibles, por lo menos en este particular caso y por las condiciones en que se presentaron, ya recreadas por esta Sala.

Cabe resaltar que el tribunal también pasó por alto un hecho que, en sí mismo considerado, constituye elocuente muestra de que las amenazas y peligros que enfrentó la sociedad demandante, no le impedían, en términos absolutos, el cumplimiento de las obligaciones que contrajo en virtud del contrato de arrendamiento que celebró con Inversiones Gruval S.A. Se trata de la comunicación de 15 de mayo de 1998, dirigida por el representante legal de Helados La Fuente S.A. a su arrendador, en la que reconoce que la razón fundamental por la que “nos veíamos en la obligación de dar por terminado el contrato de arrendamiento”, era “la falta de seguridad que nos proporcionaba” el inmueble arrendado, dada la situación de anormalidad que se había generado, a raíz “de un atentado en las instalaciones situadas en la calle 65 número 55-26 de Medellín” (fls. 17 y 18, cdno. 1).

Si el tribunal se hubiere detenido a apreciar este documento, habría podido concluir, como ya lo anunciaban las pruebas antes reseñadas, que el inmueble que fue objeto de un acción armada contralegem, fue otro distinto del arrendado por la sociedad demandada; e igualmente, que la razón principal para finiquitar el negocio arrendaticio, radicó en que, a juicio del arrendatario, el bien arrendado no era lo suficientemente seguro —muy a pesar que la mayoría de testigos, como se apuntó, destacó la suficiencia de las medidas adoptadas por la empresa—.

6. En síntesis, el tribunal supuso que la sola ocurrencia de las amenazas y atentados a la sociedad arrendataria, constituían vis maior, sin advertir que por la posibilidad cierta y eficaz que ella tuvo de enfrentar la injusta y antijurídica agresión, según emerge de las pruebas, estaba demostrando que la alegada imposibilidad era de carácter relativo y, por ende, inidónea para configurar el caso fortuito o la fuerza mayor, de suyo exigente en su configuración, como se reseñó. Desde luego que esa equivocada intelección del material probatorio censurado, llevó al sentenciador a incurrir en manifiestos y evidentes errores de hecho, con plena aptitud para desconocer la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 1º de la Ley 95 de 1980.

4. Puestas de este modo las cosas, se impone abrirle paso a la censura, circunstancia que impone dictar sentencia sustitutiva.

Con este propósito, baste decir que los argumentos que han quedado expuestos para casar la sentencia del tribunal, son suficientes para confirmar el fallo desestimatorio de primera instancia, en el entendido, según se explicó, que los hechos alegados por la sociedad demandante para ponerle fin al contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad demandada, no son constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, cuya procedencia no es, no puede ser, ni generalizada, ni mecánica, como ya se mencionó, pues exige un escrutinio individual y sopesado de cada situación.

Decisión

Por el mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y, en sede de instancia, CONFIRMA la sentencia recurrida en apelación, esto es, la emitida por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín el 19 de noviembre de 1999.

Condénase en costas de segunda instancia a la sociedad apelante. Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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