Sentencia 1998-80302 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 1998803020 01 (31544)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Emilio Alberto Muñoz Mosquera y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia - Fiscalía General de la Nación y otros

Naturaleza: reparación directa

Bogotá D.C., seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia,(1) la segunda instancia corresponde a esta corporación en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error jurisdiccional(2).

2. Caducidad.

La Sala encuentra que la acción se interpuso oportunamente, en relación con los hechos que dieron lugar a la privación de la libertad del señor Muñoz Mosquera entre el 25 de mayo de 1995 y el 6 de noviembre de 1996 —nov. 6/98—, no así respecto de la impuesta entre el mes de junio de 1990 y el 25 de febrero de 1994. De modo que por este aspecto la providencia impugnada será confirmada.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver si la Nación - Ministerio de Justicia y el Derecho y/o Fiscalía General debe responder por la privación injusta de la libertad que debió soportar el señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera entre el 25 de mayo de 1995 y 6 de noviembre de 1996.

3. El daño

De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

3.1. De la unión de Emilio Alberto Muñoz Mosquera y Ana Julia Gutiérrez Mejía nacieron Lesly Vanessa y Edna Milena Muñoz Gutiérrez el 22 de febrero de 1988 en la ciudad de Bogotá, según dan cuenta las actas de registro civil de nacimiento visibles a folios 285 y 287 del cuaderno de pruebas 2.

3.2. Los señores Fernando Antonio Muñoz y Liliam Emérita Mosquera Guevara contrajeron matrimonio el 28 de febrero de 1953 —registro civil visible a fl. 3, cdno. pruebas 2—. De dicha unión nacieron Robín Eulogio el 1º de enero de 1954 —fl. 7, cdno. pruebas 2—; Emilio Alberto el 19 de julio de 1955 —fl. 87, cdno. pruebas 2—; Geany del Socorro el 22 de septiembre de 1956 —fl. 8, cdno. pruebas 2—; Romel Alexis e Isaías Fernando el 17 de octubre de 1962 —fls. 4 y 5, cdno. pruebas 2—; Liliana Patricia el 3 de abril de 1964 —fl. 9, cdno. pruebas 2—; Normallin el 19 de febrero de 1968 —fl. 10, cdno. pruebas 2—; Ken Daniel el 10 y Sandra Alexia el 10 de agosto de 1971 —fls. 6 y 11, cdno. pruebas 2—.

3.3. Aunque está demostrado que de la unión de los señores José Antonio Gutiérrez Rey y Ana Felisa Mejía Domínguez nacieron José Antonio el 7 de septiembre de 1955 —fl. 15, cdno. pruebas 2—; Jorge Enrique el 5 de diciembre de 1957 —fl. 14, cdno. pruebas 2—; Rafael el 22 de marzo de 1959 —fl. 19, cdno. pruebas 2—; Juan Pablo el 23 de noviembre de 1961 —fl. 20, cdno. pruebas 2—; Jairo el 22 de abril de 1963 —fl. 16, cdno. pruebas 2—; Fernando el 26 abril de 1964 —fl. 17, cdno. pruebas 2—; Héctor Alfonso el 12 de mayo de 1965 —fl. 13, cdno. pruebas 2— y Carolina Liliana el 26 de septiembre de 1972 —fl. 18, cdno. pruebas 2—, no se acreditó su parentesco con la señora Ana Julia Gutiérrez Mejía, compañera permanente del antes nombrado Muñoz Mosquera, en tanto no se allegó el acta de registro civil de nacimiento de esta última. Registro que además no se echa de menos si se considera que de contar con él nada aportaría en tanto el solo parentesco con Ana Julia no da lugar a padres y hermanos de los compañeros permanentes a demostrar un daño moral. De modo que por esta razón la Sala no dispondrá de oficio que se allegue el documento y no accederá a la reparación que los mismos invocan.

3.4. Con ocasión de la investigación adelantada por un presunto plan terrorista tendiente a atentar contra la vida del señor Fiscal General de la Nación Alfonso Valdivieso Sarmiento se dispuso la captura del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, entonces retenido en la Cárcel Nacional Modelo, conforme da cuenta la indagatoria recepcionada el 26 de mayo de 1995 —fl. 107, cdno. pruebas 16—.

3.5. En providencia de 5 de junio de 1995, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional decretó detención la preventiva del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera como presunto autor de los hechos punibles de concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. Al tiempo se abstuvo de conceder al procesado el beneficio de libertad provisional —fl. 117, cdno. pruebas 16—.

Sostuvo la Fiscalía en dicha oportunidad reflexionó en estos términos:

“En efecto, las pruebas que por el momento se han allegado al proceso así no lo señalan. La declaración de la doctora Ana Montes Calderón, ex funcionaria del DAS, quien para noviembre del año pasado se desempeñaba como subdirectora de esa institución, manifestó que el señor Rafael Mauricio Galindo, hoy desaparecido, le había informado personalmente que existía un plan terrorista tendiente a atentar contra la vida del señor Fiscal General de la Nación ordenado por el señor Juan Diego Arcila Henao en represalia porque el Dr. Valdivieso Sarmiento se había opuesto al acuerdo y beneficios que había obtenido en la administración pasada y además porque había impedido su salida de la cárcel. Así mismo la declarante expuso que Arcila Henao ordenaba reunir un grupo de personas para tal fin, entre quienes se encontraba precisamente el hoy sindicado Emilio Alberto Muñoz Mosquera, quien junto otros sindicados dentro de este proceso se encargaría de obtener dinamita para perpetrar el hecho. Se dice que el sitio de reunión de los integrantes de la organización era el sitio denominado El Toboso, ubicado en la capital de la República. Se expresa además que otra de las misiones que tenía el grupo organizado por Arcila Henao era la de atentar contra aquellas personas que habían declarado contra Dandeny Muñoz Mosquera, en el proceso que se le adelantó en los Estados Unidos, hermano del sindicado Emilio Alberto.

La anterior declaración se encuentra corroborada por diferentes informes allegados al proceso, en especial el fechado 28 de febrero de 1995, suscrito por miembros del DAS, que tuvieron acceso al informante Rafael Mauricio Galindo Fernández. Allí se deja de presente que el jefe de la operación encargada de atentar contra la vida del señor Fiscal General de la Nación y de organizar toda la agrupación sicarial y terrorista era precisamente Emilio Alberto Muñoz Mosquera.

3.6. Consta que en providencia de 17 de enero de 1996, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional modificó la situación jurídica del procesado Muñoz Mosquera —fl. 80, cdno. pruebas 16— así:

1. MODIFICAR la situación jurídica del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, resuelta el día cinco (5) de junio de 1995, en el sentido de imputarle únicamente la autoría del hecho punible de concierto para delinquir descrito en el artículo 7º del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991 y no imputar la autoría del hecho punible de utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, descrito en el artículo 16 del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991. Por lo aducido en la parte motiva de esta resolución.

2. No revocar la medida de aseguramiento IMPUESTA a Emilio Alberto Muñoz, de anotaciones civiles y personales conocidas en autos, el día cinco (5) de junio de 1995, por ser presunto autor del hecho punible de concierto para delinquir descrito en el artículo 7º del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991.

3. POR LO ANTERIOR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO que le fuera impuesta a Emilio Alberto Muñoz Mosquera SEGUIRÁ VIGENTE. No se concede el beneficio de libertad provisional por prohibición del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.

En suma la decisión se fundamentó en estos términos:

“El día cuatro (4) de noviembre de 1994 el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, obtiene información con un presunto plan terrorista tendiente a dar muerte al señor Fiscal General de la Nación Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento.

Realizadas las investigaciones preliminares se estableció que el plan terrorista estaba siendo organizado por el señor Juan Diego Arcila Henao, alias El Tomate y por Juan David Rossi Ramírez, desde el interior de la Cárcel Modelo de Santafé de Bogotá, quienes utilizando teléfonos celulares y bíperes, ingresados al establecimiento de manera ilegal, daban las órdenes para concretar el plan a otros sindicados, entre los que se encuentran el señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera.

El cinco (5) de junio de 1995, este despacho impone medida de aseguramiento consistente en detención preventiva a Emilio Alberto Muñoz Mosquera, por ser el presunto autor de los hechos que re investigan en el proceso de la referencia.

(...)

Al señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera se le ha imputado la autoría de los hechos punibles de concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, descritos en los artículos 7º y 16 del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991.

Frente al hecho punible de concierto para delinquir descrito en el Decreto 180 de 1988 solamente se exige que el sujeto haga parte de una organización terrorista o a un grupo de sicarios. Dentro del proceso de la referencia está establecido por el momento que Emilio Alberto Muñoz Mosquera hacía parte de una agrupación de sicarios organizada por los señores Juan Diego Arcila Henao, alias El Tomate y por Juan David Rossi Ramírez, Alias Jader o Juancho, desde el interior de la Cárcel Modelo de Santafé de Bogotá.

(...)

Así pues está evidenciada la vinculación de Emilio Alberto Muñoz Mosquera a una agrupación sicarial. Existen sindicaciones claras a este respecto, sindicaciones precedentemente enunciadas. Imputaciones que no han sido desvirtuadas hasta el momento y que por tanto deben mantenerse.

Ahora bien al sindicado Emilio Alberto Muñoz Mosquera también se le ha imputado la utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, descritos en el artículo 16 del Decreto 180 de 1988. Realizada prueba expectográfica y analizando los cassetes allegados al proceso, con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento al sindicado Muñoz Mosquera, se estableció que en efecto este no había realizado conversación alguna, llegando a concluir el perito especial que era inconcluyente la prueba respecto a esta persona.

Esta prueba técnica lleva a este despacho a revocar la imputación que por el delito de utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, se le hicieron el día cinco (5) de junio de 1995 al sindicado Emilio Alberto Mosquera. Razón por la cual se deberá modificar los hechos punibles imputados a este sindicado en la fecha ya indicada, pero la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva continuara vigente en razón al concierto para delinquir.

(...)

4. La imputación

4.1. El 6 de noviembre de 1996, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional, modificó la resolución de acusación de 22 de marzo de 1996, en lo que se refiere al señor Alberto Muñoz Mosquera, pues le precluyó la instrucción en relación con los cargos imputados, al tiempo que revocó la medida de aseguramiento y en su lugar dispuso la libertad inmediata e incondicional —fl. 42, cdno. pruebas 16—. Se destaca:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la resolución de 22 de marzo de 1996, apelada en el sentido de que la resolución de acusación dictada en contra de JUAN DIEGO ARCILA HENAO, JUAN DAVID Rossi Ramírez, JORGE OMAR VERDUM ALTAMIRANDA, SANTIAGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ DUARTE y JUAN CARLOS ARANGO AGUDELO, procede solamente por el delito de conformación de grupos de sicarios de que trata el artículo 7º del Decreto 180 de 1988, (...)

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales primero y segundo de la resolución del 22 de marzo de 1996, apelada, en el sentido de revocar la resolución de acusación dictada en contra de TOMÁS BAUTISTA PASACHOA, JULIO CÉSAR GALINDO PACHÓN, JAIME AMATEUS MOYA y ALBERTO MUÑOZ MOSQUERA.

Para concluir lo anterior reflexionó así:

“Subsanadas las irregularidades observadas en las resoluciones anteriores se resolverán los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones del 19 de marzo de 1996, por medio de la cual el instructor se abstuvo de conceder la libertad provisional...

De igual forma se consulta la parte pertinente de la misma resolución en la que se precluyó la instrucción a favor de Emilio Alberto Muñoz Mosquera por el delito descrito en el artículo 16 del Decreto 180 de 1988...

Como ya se ha venido repitiendo en pretéritas oportunidades, originó la intervención de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, la información verbal del director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación al señor fiscal regional delegado ante la Dirección Nacional del CTI, el cinco de diciembre de 1994, en donde le comunicaba un posible atentado al señor Fiscal General de la Nacional, Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, dirigido desde la Cárcel Nacional Modelo, por el sujeto Juan Diego Arcila Henao, alías El Tomate.

Iniciada la correspondiente investigación previa, se dispuso la práctica de varias pruebas tendientes a establecer si era o no procedente iniciar la correspondiente investigación penal.

Dictada resolución de apertura de instrucción, el funcionario instructor dispuso la vinculación mediante indagatoria de (...) Tomas Bautista Pasachoa, Julio Cesar Galindo Pachón, Juan Diego Arcila Henao; Emilio Alberto Muñoz Mosquera; (...) quienes fueron afectados con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores.

Cerrada la investigación y calificado su mérito, el instructor acusó ante los señores jueces regionales a (...) por el delito de concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; y, a Muñoz Mosquera por el concierto para delinquir. De igual forma precluyó la instrucción a favor del último de los citados por el delito de utilización ilícita de transmisores o receptores (...).

No se demostró que realmente se intentara atentar en contra del señor Fiscal General de la Nación, por cuanto los testimonios de la Dra. Ana Montes y de los detectives del DAS, que intervinieron en la pesquisa inicial son de oídas, no merecen credibilidad y no tienen ningún respaldo probatorio. Testigos que según los impugnantes merecen censura al no recibir declaración al presunto informante después de algo más de dos meses de haber tenido contacto con el mismo, por demás, tampoco merece credibilidad por tratarse de un sujeto que solo quería beneficiarse económicamente al exigir a los investigadores una contraprestación en dinero, acordando la entrega de veinte millones de pesos con los funcionarios del DAS, y su ubicación en el extranjero.

Consideran algunos de los censores que la información de la Dra. Montes sobre los motivos por los cuales se pensaba atentar en contra del Fiscal General no son ciertos por cuanto quien improbó los acuerdos a que Arcila Henao había llegado con el Dr. De Greiff fueron los jueces regionales y el tribunal nacional. Que Rossi Ramírez no tenía ningún interés para llevar acabo el mencionado atentado por cuanto respecto de él no existía ningún acuerdo.

Que los hechos a que se refieren las conversaciones interceptadas no se refieren a atentados terroristas, sino, a problemas personales o familiares y por lo tanto, de investigarse no sería de competencia de la fiscalía regional.

(...)

La existencia del citado complot no se conformó o desvirtuó; el mismo se resumió a la versión que el informante Rafael Mauricio Galindo Fernández (desaparecido), entregara a la entonces Subdirectora del DAS, Dra. Ana Montes Calderón y a los detectives de esa misma institución distinguidos con los carné 4371 y 0314, quienes rindieron testimonio sobre lo revelado por el delator; la pérdida del contracto por su desaparición dejó trunca la investigación, las pesquisas (seguimientos e interceptaciones) que se llevaron a cabo a fin de verificar tal información, si bien es cierto confirmaron la información dada a cerca de las personas que llegaban y se comunicaban con el bar El Toboso de Bogotá y el Taller Todomotor de la ciudad de Medellín, no confirmaron el plan terrorista tendiente a quietarle la vida al Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, Fiscal General de la Nación; si este existió, solo podemos hacer mención a unos actos preparatorios, como ya se dijo en anterior oportunidad por esta Delegada.

(...)

Lo reitera esta delegada, no obstante las afirmaciones que hacen algunos de los censores; el tipo penal a que se refiere la norma antes citada es de los denominados de mera conducta; lo que quiere decir que no requiere la concertación de dos o más personas con el propósito de ejecutar delitos, sino, el de hacer parte de un grupo terrorista o de un grupo de sicarios (resaltado por el Despacho), por el solo hecho de pertenecer a dicha agrupación; por lo tanto, no se requiere que se compruebe la ejecución de otro u otros delitos.

(...)

De lo anterior se puede concluir que se reúnen los presupuestos procesales para acusar ante los jueces regionales a Arcila Henao, Rossi Ramírez Verdum Altamira, Arango Agudelo y Fernández Duarte por el delito descrito en el artículo 7º del Decreto 180 de 1988, como miembros de un grupo de sicarios, tal como se consideró en los acápites anteriores; quedando claro que la acusación no se hace por su vinculación al presunto complot para asesinar al Fiscal General de la Nación, sino por hacer parte de un grupo de sicarios, como se analizó en esta resolución; en tal sentido, se confirmará la resolución apelada en este sentido.

En relación con la responsabilidad penal de los sindicados Tomás Bautista Pasachoa, Emilio Alberto Muñoz Mosquera, Julio César Galindo Pachón y Jaime Mateus Moya; no puede llegar esta delegada a la conclusión que llegó el funcionario de primera instancia, en tal sentido se considera.

Como se ha venido repitiendo y lo dijo el funcionario instructor desde el mismo momento en que se resolvió la situación jurídica de los sindicados, la investigación no se podía dirigir a establecer la responsabilidad de los sindicados en el presunto atentado en contra del señor Fiscal General de la Nación, por cuanto si este existió estaríamos en los actos preparatorios los cuales no pueden ser sancionados, resta establecer si hacían parte de una organización terrorista o de un grupo de sicarios, como se asegura en la resolución apelada

(...)

La vinculación de... Muñoz Mosquera y... tuvo razón de ser en lo dicho por la Dra. Ana Montes Carderón (sic) y los dos detectives del DAS, confidentes del informante que les reveló el posible atentado de que iría a ser objeto el señor Fiscal General de la Nación, afirmando que el café de propiedad del primero de los citados ser reunían quienes iban a participar en el plan criminal ideado por Arcila Henao, entre ellos, Muñoz Mosquera, quien era el que lo estaba dirigiendo y Mateus Moya quien junto con el primero conseguirían la dinamita, los cuales tenían una vasta experiencia en esta clase de delitos por cuanto habían participado en la colocación de la bomba de la 93.

A pesar a haberse establecido que al establecimiento el Toboso llamaba Arcila Henao e intercambiaba palabras con Bautista Pasachoa, y a él concurrían Muñoz Mosquera, Mateus Moya, y en algunas ocasiones Galindo Pachón, tal como se dice lo dijo el informante, se repite, no se logró demostrar que allí se estuviera preparando atentado alguno en contra del señor Fiscal General de la Nación, no obstante haberse interceptado inmediatamente el teléfono del lugar y haberse hecho los respectivos seguimientos; los testimonios de los funcionarios del DAS, simplemente están repitiendo una información que no logró ser verificada, los mismos no tienen la entidad suficiente como para sostener una acusación.

En el voluminoso expediente no aparece prueba alguna, diferente a los testimonios antes citados, que indiquen que Bautista Pasachoa, Muñoz Mosquera y Mateus Moya, se hayan concertado para cometer el acto terrorista a ellos imputado; contrario a lo ocurrido con la gente de Medellín, en Bogotá no fueron interceptadas llamadas en las cuales se mencionara nombres o apodos de los cuales se pudiera deducir que se hiciera mención a Bautista Pasachoa, Muñoz Mosquera o Mateus Moya y a la adquisición de elementos tales como la dinamita.

No puede constituirse como indicio grave en contra de alguno de ellos la familiaridad o la amistad con algún reconocido delincuente, como lo insinúa el instructor; se debe tener en cuenta que la responsabilidad penal es intransferible, a esta no se llega por lasos de consanguinidad o de amistad, aceptar tales planteamientos sería volver a la teoría peligrosista, afortunadamente en desuso.

4.2. Consta boleta de libertad 05641 de 7 de noviembre de 1997 del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, dirigida al director de la Cárcel Nacional Modelo por la Secretaría Común de la fiscalía delegada ante el tribunal nacional —fl. 67, cdno. pruebas 16—.

4.3. Con anterioridad a los hechos expuestos y con ocasión de la explosión del carro bomba dejado abandonado en el barrio “Las Villas “de la ciudad de Bogotá el 25 de mayo de 1990, fueron capturados los señores Aicardo Antonio Pineda Osorio, Julio Cesar Díaz Mogrovejo, Fernando Quintero Vallejo y Emilio Alberto Muñoz Mosquera, según da cuenta la providencia de 22 de junio de 1990 —fl. 290, cdno. pruebas 6—.

4.4. Consta que en esa ocasión el señor Muñoz Mosquera ingresó a la Cárcel Nacional Modelo el 6 de junio de 1990, según da cuenta la dirección jurídica del establecimiento carcelario —fl. 296, cdno. pruebas 4— y que mediante providencia del día 22 de junio de 1990, el Juzgado Tercero decretó su detención y la de los demás capturados, como presuntos responsables del delito de terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales. Al tiempo que les negó el beneficio de libertad provisional —fl. 280, cdno. pruebas 1—.

Se señaló al respecto:

“De otro lado, puede con claridad establecer el Despacho, que ciertamente Aicardo Antonio Pineda Osorio y Julio Cesar Díaz Mogrovejo participaron activamente en el ilícito que se investiga, ay que así lo aceptaron en el momento de rendir sus descargos en este despacho, tal es el caso de Pineda Osorio, quien afirma que el día veinticinco de mayo del año en curso, llegó a la ciudad de Medellín aproximadamente a las seis de la tarde y se dirigió al sitio en donde debía recoger un carro bomba, para ser colocado en un barrio al norte de la ciudad, cuando llegó al sitio donde se encontraba el vehículo, allí una persona conocida con el alias de “Pacho”, le entregó las llaves del auto y procedió a dirigirse a recoger a Julio César Díaz Mogrovejo, que era el encargado de prender la mecha lenta del automotor, como en efecto lo hicieron, pero con tan mala suerte que en el momento en que abandonaban el lugar, fueron aprehendidos por un agente de la Policía Nacional, quien los dejó a disposición de la autoridad competente. Para cuando Aicardo Pineda realizara el trabajo asignado y regresara a la ciudad de Medellín recibiría la suma de tres millones de pesos.

Sobre la situación de Emilio Alberto Muñoz Mosquera y Fernando Quintero Vallejo, tenemos que decir que ambos cumplían funciones específicas dentro del grupo, obsérvese que mientras Muñoz Mosquera alojaba en su residencia a Pineda Osorio y compañía, Fernando Quintero era el encargado de cuidar el sitio en donde se guardaban los explosivos para arreglar los carros y posteriormente hacerlos detonar en los lugares escogidos por estos, como en el norte de la ciudad o bien cerca de algún centro comercial o entidad financiera.

(...)

Aunado a lo anterior, obra en el expediente la declaración de capitán de la Policía Óscar Jacinto Mariño Romero, quien sostiene que minutos después de que hizo explosión el carro bomba en el barrio “Las Villas” se dirigió al sitio con otros oficiales para revisar el lugar, y allí se enteró que el agente de la Policía Óscar Valbuena, de la subestación Niza, había retenido a dos individuos sospechosos, los que le fueron entregados para la correspondiente investigación, procediendo de inmediato a separarlos y a interrogarlos, encontrando varias contradicciones en sus dichos, se constató que evidentemente venían de la ciudad de Medellín, así como también que Aicardo Pineda Osorio, trasladó el vehículo al lugar donde hizo explosión y que Julio Cesar Díaz Mogrovejo fue el encargado de dar inicio a la mecha lenta para la detonación de la carga en dicho lugar. Por indicaciones de Pineda Osorio y Díaz Mogrovejo llegaron al inmueble donde tenían oculto el carro y los explosivos, ubicado en la calle 131B Nº 108-31 barrio “Tibabuyes”, tercer sector, donde penetraron y encontraron allí a Fernando Quintero Vallejo y a los hermanos Gacha Virguez , procedieron a requisar el inmueble y localizaron en el sector del garaje dos tanques de eternit cubiertos con tierra y palos, los mismos tenían capacidad para quinientos kilos cada uno y en su interior había dinamita, elementos para detonar diferentes cargas, también había unos repuestos del vehículo que hizo explosión en el barrio “Las Villas”. Seguidamente Fernando Quintero Vallejo, manifestó que él trabajaba a órdenes de Emilio Alberto Muñoz Mosquera, quien vivía ahí cerca, que este era oficial de la Fuerza Aérea y que por orden de él se habían enterrado los tanques de eternit, que este individuo era quien pagaba la obra y financiaba los atentados terroristas en Bogotá y que tenía un hermano apodado “Tayson” mano derecha de Pablo Escobar Gaviria. Posteriormente con las indicaciones que dio Quintero Vallejo se dirigieron a la residencia de Emilio Alberto Muñoz Mosquera donde lo encontraron y al ser sometido a requisa le decomisaron dos armas de fuego y una moto, elementos de los cuales no pudo explicar su procedencia.

4.6. La investigación penal por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales también cobijó a los señores señor Pablo Escobar Gaviria, Luis Fernando y William Gacha Vírguez.

4.7. Luego en providencia de 15 de febrero de 1994, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín, al calificar el mérito del sumario, por los mismos hechos declaró extinguida la acción penal contra Pablo Escobar Gaviria por muerte y extinguida la acción penal y precluída la investigación contra los hermanos Luis Hernando y William Gacha Virguez y Emilio Alberto Muñoz Mosquera porque no se encontró prueba en su contra, al tiempo que revocó la medida de aseguramiento —fl. 214, cdno. pruebas 6 bis—.

Para llegar a esta conclusión reflexionó en estos términos:

Prueba que compromete la responsabilidad de Emilio Alberto Muñoz Mosquera, respecto de los delitos imputados e investigados:

Las autoridades policivas que intervinieron en las primeras diligencias desde el informe policivo visible del folio 46 a 51 (cdno. 1) señalaron a Emilio Alberto Muñoz Mosquera, como el que:

— Ordenó enterrar los tanques de eternit donde fue hallado el material explosivo.

— Financió la obra de casa lote.

— Pagó los atentados terroristas en la ciudad de Bogotá.

(...)

Que partiendo de los conceptos que se han transcrito en este segmento de providencia permite concluir que dentro del proceso no aparece elemento de juicio derivado de la prueba testimonial, documental o indicios graves u otro medio probatorio idóneo que dé certeza o lo comprometa como: autor, coautor o cómplices, encubiertos, auxiliador de las actividades terroristas endilgadas por el personal policivo.

(...)

Esto corresponde a un análisis subjetivo del funcionario judicial de la época en que se tomó dicha decisión pero si releemos, estudiadas las pruebas que a continuación se anota, necesariamente se llega a la conclusión de que Emilio Alberto Muñoz Mosquera no hizo parte de ninguna cadena terrorista y menos aún no contribuyó a la realización del acto del 25 de mayo de 1990 de “las Villas”...

(...)

En esta misma diligencia a folios 454 (cdno. 1), cita a los apodados Perro, Yoyo, Monito y Pacho como personas que le hablaron de haber cometido atentados dinamiteros en la ciudad de Bogotá, al parecer a una cadena de televisión. Pero en esta ampliación en ninguna forma vincula a los mencionados terroristas con Emilio Alberto Muñoz Mosquera, ni que aquellos hubieren estado en la casa de este.

Es pertinente recordar que Aicardo Antonio Pineda Osorio fue la columna vertebral para esta investigación y desde el mismo momento de su aprehensión manifestó a los policivos su intención de colaborar y de señalar los responsables materiales e intelectuales del hecho y personas reales posibles de individualizar e identificar y permitiéndole a la segunda instancia darle la libertad por su colaboración eficaz.

Mirando en forma objetiva las intervenciones de Aicardo Antonio Pineda Osorio, concluimos que Emilio Alberto Muñoz Mosquera no participó en manera alguna en las actividades terroristas que le fueron imputadas en la medida de aseguramiento y menos intervino en los hechos de 25 de mayo de 1990.

4.8. El 25 de febrero de 1994, el sindicado Muñoz Mosquera suscribió diligencia de compromiso, en “cumplimiento de lo ordenado en providencia de 15 de febrero de 1995 —fl. 266, cdno. pruebas 6—.

4.9. Mediante providencia de 3 de mayo de 1995, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional confirmó la decisión consultada, en cuanto precluyó la investigación penal a favor del señor Muñoz Mosquera. Al respecto sostuvo:

“(...)”

No puede esta instancia desconocer el esfuerzo valorativo que realizó el señor fiscal regional para llegar a concluir que ninguna responsabilidad le cabía a esta Muñoz Mosquera en los actos terroristas que hicieron tristemente célebres a sus hermanos y al llamado cartel de Medellín; empero, no obstante las citas textuales traídas a colación, consideramos que no puede afirmarse de manera absoluta y plena que Emilio Alberto no hubiese intervenido en la empresa criminal que buscaba desestabilizar el país y el gobierno; por eso creemos que la preclusión de la investigación en su favor es procedente, pero por falta de mérito probatorio para formular en su contra resolución acusatoria, así como por no existir plena prueba acerca de cualquiera de las causales establecidas en el artículo 36 del Estatuto de Procedimiento Penal...”.

De manera que el análisis que ocupa la atención de la Sala quedará circunscrito a la medida de aseguramiento impuesta al señor Muñoz Mosquera en el mes de mayo de 1996, por su presunta participación en un eventual atentado contra el señor Fiscal General de la Nación. Como quedó demostrado, la acción dirigida a que se declare la responsabilidad estatal por la medida de aseguramiento impuesta a uno de los demandantes en razón de su presunta participación en el atentado terrorista ocurrido en Bogotá el 25 de mayo de 1990, no se interpuso a tiempo.

5. Juicio de responsabilidad.

Se conoce que el 5 de junio de 1995, es decir en vigencia el Decreto 2700 de 1991, que desarrollo el artículo 90 constitucional en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, se libró medida de aseguramiento en contra del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, por violación del Decreto 180 de 1988 adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, así mismo que recobró su libertad el 7 de noviembre de 1997, es decir en vigencia de la Ley 270 de 1996.

Ahora la jurisprudencia actual de la Sala se enfoca hacía la libre motivación de las decisiones, en lo que tiene que ver con la responsabilidad estatal, al amparo del artículo 90 de la Carta, pues lo que en realidad interesa para definir la responsabilidad, más que el título de imputación elegido,(3) tiene que ver con el daño antijurídico y la acción u omisión de la autoridad para ocasionarlo.

De donde, al margen de la vigencia del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, para resolver sobre la responsabilidad estatal es menester determinar si la detención ocurrió, el sindicado tenía que soportarla y qué autoridad la ordenó, aunque resulta útil, en todo caso, tener presente que el artículo 414 en cita preveía:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

El daño habrá de considerarse antijurídico y la reparación ordenarse, siempre que medie exoneración en sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, pues para el efecto lo que interesa es que al inculpado no le fue desvirtuada su presunción de inocencia, conclusión a la que de ordinario se arriba i) porque el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta no constituía hecho punible.

Igualmente, la Sala ha sostenido que las hipótesis de responsabilidad por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414(4) del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición,(5) en cuanto la norma en cita se ocupó de desarrollar el artículo 90 de la Carta, cometido del que también se ocupa la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del principio de in dubio pro reo(6). Lo enunciado, con fundamento en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución política,(7) pues los parámetros de la norma constitucional, fueron los que guiaron la interpretación del citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, para derivar de él, la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Esto, porque la Sala ha considerado que el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, de modo que la responsabilidad no queda circunscrita a la actuación “abiertamente arbitraria”, sino que comprende todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Lo anterior cobra vigor en concordancia con el alcance que comporta el ejercicio del derecho a la libertad, más allá de su dimensión humana y fundamental, es por ello que en sentencia de 29 de agosto de 2013 dejó expreso su pensamiento(8):

“La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y a la libertad como uno de sus valores fundantes (preámbulo) y como principio normativo básico (art. 1º).

La dimensión axiológica de la libertad se concreta, a su vez, en una serie de derechos fundamentales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado(9).

Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, para el efecto la Carta Política en su artículo 28 preceptúa:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

De entrada la norma trascrita prevé, con una alta dosis garantista, que toda persona es libre en su sentido más amplio, pues ninguna persona podrá ser reducida a prisión sino en virtud al mandamiento escrito de autoridad judicial con competencia y por motivos previamente definidos en la ley.

Desde las primeras manifestaciones del Estado de derecho, la protección de la libertad individual y la concepción de garantías para asegurarla contra los actos arbitrarios de las autoridades públicas, se han hecho elementos esenciales del sistema normativo y constitucional.

En Sentencia C-237 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la libertad personal comprende “(...) la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

Acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972, “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

El respeto a la libertad personal es una conquista del Estado de derecho, reconocimiento que se trasladó al Estado social con mayor envergadura, en cuanto no solo tiene que ver con el principio de legalidad de la pena, sino con la dignidad humana que hace de la presunción de inocencia principio fundante y requisito esencial de quienes invocan la pertenencia a la comunidad internacional. Al punto que la jurisprudencia ha destacado el proceso de constitucionalización de este derecho fundamental, que, además, ha tenido su inclusión en convenios y tratados internacionales de obligatorio cumplimiento —se destaca—:

En efecto, en vigencia del antiguo régimen existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución Francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos. Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama del poder que administraba justicia(10).

Siendo así, la Constitución de 1991 no podía sino reconocer el derecho a la libertad como valor, principio y norma jurídica de inmediata aplicación. En este sentido la jurisprudencia constitucional se ha detenido en el significado transversal de la noción, para admitir con amplitud la obligación general de las autoridades de hacer realidad el principio, esto es, garantizarlo efectivamente.

El preámbulo de la Constitución señala la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento de una directriz orientadora en el sentido que la filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria(11).

Ahora, descendiendo al caso concreto, y valoradas las pruebas existentes en el proceso, no hay duda de que el actor fue privado de la libertad por un espacio de dieciséis meses, por orden de la fiscalía delegada ante el tribunal nacional, la diligencia de indagatoria y la providencia de 5 de junio de 1995 que decretó su detención preventiva, como presunto autor de los hechos punibles de concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, al tiempo que le negó el beneficio de libertad provisional y que el 6 de noviembre de 1996, recobró su libertad, en tanto en providencia de la misma fecha la fiscalía delegada ante el tribunal nacional dispuso su libertad inmediata e incondicional, por encontrar que no hay pruebas que establezcan la veracidad de la información relacionada con el atentado al entonces Fiscal General de la Nación Alfonso Valdivieso Sarmiento, por lo que no hay pruebas que demuestren el posible atentando, pues los testimonios existentes son de oídas, no merecen credibilidad y no tienen ningún respaldo probatorio, por el contrario el eventual informante corresponde a un sujeto que pretende beneficiarse económicamente al exigir a los investigadores una contraprestación en dinero, aunado a que las interceptaciones telefónicas no tienen que ver con algún atentado terrorista sino con problemas de índole personal y aunque se estableció la existencia de los establecimientos donde se concertaron algunas reuniones, de ello no se sigue que los sindicados convinieran el eventual atentado, a más de que las informaciones recibidas por los funcionarios del DAS tampoco fue verificada.

Analizados los elementos de juicio incorporados al plenario, permiten inferir que aunque no existió certeza sobre el hecho investigado, se favoreció al imputado con el beneficio de la duda, en realidad el ente instructor concluyó que el hecho no existió. En realidad este fue el argumento central de la decisión adoptada por la fiscalía delegada ante el tribunal, a lo que se agrega que la medida de aseguramiento se basó, fundamentalmente, en los testimonios de oídas, versiones que no fueron ratificadas por sus respectivas fuentes y que las interceptaciones telefónicas no resultaron suficientes para probar el hecho dañoso, por lo que es válido concluir que el señor Muñoz Mosquera resultaba ajeno a los hechos investigados, aunado a que el solo vínculo de consanguinidad existente entre la víctima y los lugarteniente de narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, los señores Brancey Muñoz Mosquera alías “Tayson” y Dandenis Muñoz Mosquera alias “La Quica”, no comporta argumento razonable y suficiente para mantenerlo privado de la libertad.

Bajo las circunstancias anteriores, no queda sino concluir la responsabilidad de la entidad, en tanto la privación de la libertad se torna a todas luces injustificada y resulta indiferente determinar las razones que permitieron adoptarla, siempre que la presunción de inocencia no logró desvirtuarse, bien porque el inculpado no cometió el delito, el hecho no lo constituía o porque el mismo no existió.

Siendo así y dado que el señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera no incurrió en concierto para delinquir, la sentencia impugnada será revocada, para en su lugar declarar la responsabilidad.

Por último, la entidad llamada a responder será la Nación - Fiscalía General de la Nación, en tanto se trata de hechos imputables al ente acusador, al margen de la vinculación al Ministerio de Justicia ajeno a los hechos de que trata la controversia.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó por concepto de perjuicios morales el pago de 3.000 gramos oro a favor del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera. No obstante, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Exp. 13232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral, en su mayor grado, debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(12).

Para el establecimiento del quantum se tendrán en cuenta los parámetros que para eventos de privación injusta de la libertad ha definido recientemente la Sala Plena de la Sección(13):

“Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera y unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio.

Así las cosas, como en el presente caso el señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera estuvo privado de la libertad por un periodo de dieciséis meses, esto es, entre el 5 de junio de 1995 hasta el 6 de noviembre de 1996 cuando efectivamente recobró su libertad, habrá que condenarse a la entidad demandada, conforme a los lineamientos expuestos por la jurisprudencia de la Sala. Igualmente, se reconocerán perjuicios de la misma índole a los miembros de su núcleo familiar siguiendo los lineamientos expuestos por la jurisprudencia en cita. Siendo así la Nación - Fiscalía General pagará por concepto de perjuicios morales a favor del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, con ocasión de la privación injusta de la libertad, la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia. A favor de Fernando Antonio Muñoz, Liliam Emérita Mosquera Guevara, Ana Julia Gutiérrez Mejía, Lesly Vanessa y Edna Milena Muñoz Gutiérrez la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos. A favor de Geany del Socorro, Romel Alexis, Isaías Fernando, Robín Eulogio, Liliana Patricia, Normallin, Ken Daniel y Sandra Alexia Muñoz Mosquera en su condición de hermanos de la víctima la suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

En cambio se negará los perjuicios solicitados por los señores Ana Felisa Mejía Domínguez; Jorge Enrique, Rafael, Juan Pablo, Jairo, Fernando, Héctor Alfonso Y Carolina Liliana Gutiérrez Mejía, en tanto no demostraron interés jurídico para concurrir al proceso.

5.2. Perjuicios materiales.

La Sala reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por el tiempo en que el señor Muñoz Mosquera permaneció privado de la libertad. Esto es, desde el mes de junio de 1995 hasta el 6 de noviembre de 1996.

Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de esta sentencia más el 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir la suma de $ 589.500 más el 25% por prestaciones sociales, para un total de $ 737.000, pues, aunque el demandante para la fecha de los hechos se encontraba vinculado a la Fuerzas Aéreas, no se acompañó certificación sobre la asignación mensual respectiva.

S1998030200CEECUA1
 

Donde:

S = la suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

S1998030200CEECUA2
 

S = $ 12.232.370

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, “una persona puede tardar hasta 35 semanas”,(14) esto es 8.75 meses en conseguir empleo, después de que recupera la libertad,(15) cuando ha sido privada de la misma, en razón de una orden judicial. De este este modo, ha dicho la Sala que, en casos como el sub judice, la indemnización por lucro cesante debe abarcar lo dejado de percibir “desde el día en que se produjo (...) la privación injusta de la libertad hasta pasadas 35 semanas después de que la persona ha sido nuevamente puesta en libertad(16)”.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso se tiene que, a la suma de dinero indicada en precedencia, que corresponde a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que la demandada deberá pagar a la víctima, habrá de agregarse la que sigue:

$ 736.875 x 8.75 (meses) = $6 447 656

Total: $ 12.232.370 + $ 6.447.656 = $18.680.000

En consecuencia, la Nación - Fiscalía General pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, la suma de dieciocho millones seiscientos ochenta mil pesos moneda corriente ($ 18.680.000 m/cte.).

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCASE la sentencia proferida el 23 de febrero de 20005, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General por la privación injusta de la libertad que debió soportar el señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera entre el 26 de mayo de 1995 y 7 de noviembre de 1996.

2. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General a pagar por concepto de perjuicios morales a favor del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia. A favor de Fernando Antonio Muñoz, Liliam Emérita Mosquera Guevara, Ana Julia Gutiérrez Mejía, Lesly Vanessa y Edna Milena Muñoz Gutiérrez la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos. A favor de Geany del Socorro, Romel Alexis, Isaías Fernando, Robín Eulogio, Liliana Patricia, Normallin, Ken Daniel y Sandra Alexia Muñoz Mosquera en su condición de hermanos de la víctima la suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

3. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Emilio Alberto Muñoz Mosquera, la suma de dieciocho millones seiscientos ochenta mil pesos moneda corriente ($ 18.680.000 m/cte.).

4. DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

(2) En tal sentido, Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, Expediente. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 13.606. La Sala expresó: “En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, ‘objetiva o amplia’, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, esta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no se constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención” (negrillas del original, resalta la Sala). Ver recuento jurisprudencial sobre el tema en la decisión del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076.

(4) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (negrilla del original, subrayado adicional).

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, Expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, Bogotá, D.C., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Sobre el particular consultar la sentencia de cuatro de diciembre de 2006, Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

(8) Proceso 27525. Actor: Jairo Ángel Manrique. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B.

(9) Al respecto, se puede consultar la sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 24688 con la misma ponencia del presente fallo.

(10) Sentencia C-221 de 1994.

(11) Sentencia C-221 de 1994.

(12) Sobre el particular se pueden consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, Expediente 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, y del 11 de febrero de 2009, Expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero de Bermúdez, entre otras.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, M.P. Enrique Gil Botero.

(14) “Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22”.

(15) Sentencia de 25 de febrero de 2009, Expediente 25508, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(16) “Sobre el particular ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 4 de diciembre de 2006, dentro del expediente radicado con el número 13.168, en la cual se precisó: ‘en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses). || Lo anterior quiere decir que el señor Audy Hernando Forigua Panche, como consecuencia cierta y directa de la privación de la libertad de que fue objeto, dejó de percibir los salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de adjunto primero en la Policía Nacional, por un total de 31.75 meses’”.