CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

Tutela contra Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, registro julio 27 de 1998.

Rad.: Número 19980154T

Magistrada Ponente:

Dra. Amelia Mantilla Villegas

Aprobado según Acta 38 de julio de 1998.

Santafé de Bogotá, D.C., julio treinta de mil novecientos noventa y ocho.

CONSIDERACIONES:

1. Conforme se ve de lo consignado en precedencia las accionantes consideran que a sus menores hijos se les han vulnerado los derechos fundamentales de la igualdad y los derechos de los niños establecidos en los artículos 13 y 44 de la Carta Política por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario regional Viejo Caldas y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Risaralda entidades que de acuerdo a lo expresado en sus escritos y en su testimonio no vienen cumpliendo sus obligaciones en tal sentido, en tanto los niños no cuentan con alimentación balanceada y oportuna, carecen de implementos básicos de aseo e higiene como los pañales al igual que de medicinas, tampoco tienen atención pediátrica ni control de crecimiento y nutrición permanente ni aplicación de vacunas, la menor ... no está registrada a pesar de haber nacido en la reclusión de mujeres de Bogotá, no existe guardería en la cárcel ni cerca de ella y por la edad de las criaturas se dificulta su recepción en el jardín. De otro lado, consideran que se les debe garantizar el derecho al trabajo para poder disponer de algunos recursos que les permita cubrir las necesidades de sus hijos.

(...).

En efecto, las pruebas señalan que las madres que instauraron la presente acción de tutela con insistencia vienen reclamando a las directivas del centro de reclusión la protección y atención que necesitan sus hijos en orden a garantizarles sus derechos a la salud, la alimentación equilibrada, el derecho al nombre de ..., la instalación de una guardería dentro de la reclusión, el derecho al trabajo en favor de ellas para proveerse de algunos recursos que cubran en algo las necesidades de sus hijos, pero las autoridades de la cárcel al igual que las del Instituto de Bienestar Familiar no han desplegado acciones efectivas en orden a la protección real y total de los derechos de los niños.

Así, en cuanto a la alimentación los menores tienen que someterse a la misma establecida para las reclusas, con lo cual se evidencia claramente que no han promovido las condiciones necesarias para que, como el sentido común lo indica, los niños reciban las distintas atenciones que su fragilidad y debilidad demandan. De perogrullo entender que los horarios de alimentación, la clase de comidas y su preparación misma no puede ser igual para las reclusas que para los niños. Aquí se impone no perder de vista la orden constitucional que hace prevalecer sus derechos sobre los de los demás.

De ahí, para hacer efectiva esa ventaja en favor de los derechos de los niños, las directivas de la cárcel deben establecer horarios de comida apropiados para ellos y destinar productos adecuados para su organismo y necesidades de desarrollo que, conforme lo dice la carta debe ser armónico e integral. Con acciones prácticas y sencillas de mera organización y programación de labores de cocina y comedor las autoridades de la reclusión pueden realmente hacer prevalecer los derechos de los niños sobre los de las demás personas que se encuentran allí recluidas.

No bastan a los efectos del real cumplimiento de tales mandatos superiores las simples afirmaciones del director regional del Inpec —expresadas en su escrito de impugnación— de colaborarle a las madres al máximo para que su estadía en la cárcel sea cada día mejor, pues la obligación que impone la constitución a la familia y al estado es la de velar directamente por los niños y no mediante ese procedimiento mediatizado que plantea, ya que conforme al artículo 44 superior “La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral” y conforme al artículo 13 ibídem “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física y mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” que ineluctablemente son las que le corresponde y viven tanto los hijos de las reclusas como ellas mismas dada su concreta situación.

En tales condiciones, las obligaciones y las responsabilidades del Estado (a través de sus diversos órganos) se hacen más evidentes y urgentes de ser cumplidas, por cuanto, la misma Carta establece la ineludible acción protectora y asistencial del Estado en favor de los desvalidos dándole carácter prevalente a sus derechos cuando se trata de los niños. Obrar en forma contraria, constituye mera actitud formal que como tal desconoce lo realmente querido por el constituyente en orden a lograr que el derecho fundamental a la igualdad sea real y efectivo, más aún cuando adicionalmente otorga superioridad a los derechos de los niños frente a los de los demás.

Por tanto, el director regional del Inpec, no tiene razón cuando en lugar de proceder derechamente en la búsqueda de soluciones efectivas a garantizar la protección, atención y asistencia de los niños, riposta que la condición de delincuentes de las madres es la causante del peligro en el que se encuentran pues con esa forma de pensar y de obrar evidencia el incumplimiento de sus deberes constitucionales que dada su condición de órgano del Estado no puede eludir, menos aún en tratándose de los derechos prevalentes de los niños, respecto de los cuales no existe en el ordenamiento diferenciación según se traten de hijos de reclusas o no.

Por con siguiente conforme lo impuso el a quo en el punto segundo de la parte resolutiva del fallo de amparo el Inpec regional Viejo Caldas y el ICBF regional Risaralda dentro del ámbito de sus funciones y en desarrollo de la cooperación interinstitucional, acordados entre ellos, deben propender para que los derechos fundamentales de los niños a la salud, la alimentación equilibrada y su congrua subsistencia sean eficazmente protegidos y garantizados en forma prevalente y privilegiada sobre los derechos de las demás personas recluidas en la cárcel. Dentro de la cobertura y efectiva protección de la salud de los niños se incluye la aplicación de vacunas, el suministro de medicamentos, el control permanente de su crecimiento y nutrición y la periódica atención de un médico pediatra cuya experiencia y conocimientos se hacen indispensables para comprobar el real buen estado de salud de los niños, actividad en la cual puede ayudar la señora Lucelly Colorado Villa destinada por el instituto de bienestar a esos fines según lo dice el impugnante, pero quien de ninguna manera podrá sustituir al experto pediatra, menos aún cuando los niños frecuentemente presentan síntomas de afecciones respiratorias y estomacales.

En cuanto a la alimentación equilibrada en favor de los niños, igualmente las autoridades de la reclusión deben prestar especial, atención, toda vez que según se observa en autos para el mes de junio de 1998 las madres seguían reclamando ese derecho para sus hijos. Así, mediante actitud airada que a Ruby Mendieta le significó sanción disciplinaria mediante la Resolución 058 del 17 de junio en la que se lee que la interna “no niega los cargos que se le han hecho en los informes y afirma que es capaz de robar o matar en el caso de que le falte leche a su hija, que por su hija es capaz de todo ...” y el informe que sirvió de base para imponerle sanción de cuarenta días de aislamiento celular dice “... ayer a eso de las 9:00 horas, se acercó la interna arriba nombrada al comando de guardia y se dirigió a mí en forma altanera solicitándome leche para su hija, dijo que si no le conseguía la leche no se encerraba ...”. Estas circunstancias ilustran claramente que la acción de las autoridades de la cárcel ha sido insuficiente para cumplir con su deber de asistir y proteger los derechos fundamentales de los niños hijos de las reclusas, por lo que la orden de protección impartida en el fallo impugnado conserva plena validez y amerita ser confirmada.

3. La condición delincuencial de las madres no puede acarrear a sus hijos restricción ni desconocimiento de sus derechos, pues la sujeción especial de ellas a la administración por efecto del hecho punible atribuido, no puede extenderse también a sus hijos quienes precisamente pueden permanecer con ellas en la reclusión para protegerlos, para que reciban cuidado y amor de su progenitora evitando mayores desajustes tanto en su personalidad como en el entorno familiar, por lo cual esa cercanía de la madre reclusa con su hijo menor de tres años busca preservar y, no obstante las especiales circunstancias en las que deben vivir, fomentar el amor materno filial. Además, por virtud de la obligación del Estado de asistencia y protección al niño, el cumplimiento de dicha carga se acentúa en el órgano estatal, dado que la madre interna está en franca imposibilidad de hacerlo sola.

Por tanto, tienen razón las impugnantes cuando dicen que sus hijos no pueden considerarse en estado de abandono o de peligro suscitado por ellas, sino necesitados de la protección y asistencia prevalente impuesta por la carta a la familia, la sociedad y al estado, siendo razonable entender que la madre reclusa tiene menos posibilidad y recursos para atender esos deberes por lo cual el mayor peso de esas obligaciones en favor de los niños debe proceder a cumplirlo al estado y la sociedad.

En dichas circunstancias en las cuales la madre o la familia del menor carecen de medios suficientes para la satisfacción de las necesidades de los niños, corresponde al Estado dispensar la atención básica que ellos requieran de modo que con esa acción protectora se busca apoyar a la familia para la atención integral del menor, procurando no separarlo de su medio familiar” (C. del menor, art. 131).

Estas medidas de protección se avienen a lo dispuesto en el artículo 44 de la Carta y con ellas el estado cumple valiosa labor de apoyo a la familia, y en el caso de la presente acción de tutela, a las madres reclusas que dada su situación no cuentan con recursos para hacerlo. Por tanto, la sala advierte que la decisión del a quo de ordenarle a las entidades accionadas la ubicación transitoria de los menores en un hogar sustituto, debe entenderse matizada en los términos acabados de señalar, pues realmente no pueden considerarse en estado de abandono o de peligro propiciado por las madres, quienes, al contrario, luchan y se esfuerzan dentro del limitado marco de acción que deben soportar, por cuidar, proteger y brindarle amor a sus hijos, propósitos que no podrían cumplir si se les separa de ellos.

El proceso enseña la ejecución de acciones en ese sentido mediante los convenios de cooperación interinstitucional suscritos entre la directora de la reclusión de mujeres de Pereira y la directora regional del ICBF, para brindar atención integral a los menores de tres años hijos de internas de tal manera que en el día los niños acudan a las instalaciones del bienestar familiar para atender sus aspectos psicopedagógicos y psicomotriz y en la noche tengan albergue en la reclusión al lado de sus madres. Por tanto, siguiendo esos parámetros es como debe entenderse la orden del a quo contenida en el punto cuatro de la parte resolutiva del fallo de tutela.

Con esta aclaración, la inconformidad de las accionantes con el mencionado fallo encuentra solución apropiada ya que las entidades demandadas deben poner en práctica los convenios de cooperación para que de esa manera a la vez que las reclusas ejercen su maternidad sus hijos reciben los cuidados, atenciones y cariño que requieren para su desarrollo armónico e integral, amén de la protección y la asistencia a cargo del Estado representado en el presente.

______________________________________