Sentencia 1999-00029 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Acción de reparación directa

Exp.: 88001-23-31-000-1999-00029-02 (25.698)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Víctor Vélez Lynton y otros

Demandado: La nación - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura y otro

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 8 de agosto de 2003, por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(1), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Cuestión previa.

Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieran sido practicados con audiencia de esta no podrán ser valorados en el primer proceso(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

Las copias auténticas que obran en el expediente del proceso penal adelantado por la Fiscalía Delegada 62 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, contra el señor Víctor Vélez Lynton, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica, fueron solicitadas por la parte demandante y por las partes contra las cuales se aducen(4) y fueron decretadas por el tribunal, en auto de 12 de mayo de 2000(5). En este orden de ideas, se tendrán como prueba en este proceso.

3. Responsabilidad patrimonial de la nación respecto de las condenas que se profieran en su contra por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

El artículo 149 del Decreto 1 de 1984 preveía que la representación de la nación - rama judicial - radicaba en el Ministro de Justicia. Con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996(6) —estatutaria de la administración de justicia—, dicha representación se asignó al director ejecutivo de administración judicial. A su turno, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998(7), norma que modificó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, dispuso que la representación de la nación, para efectos judiciales, por actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, le correspondía al Fiscal General de la Nación.

No obstante esto último, la jurisprudencia del Consejo de Estado entendió que la norma contenida en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 no contravino lo prescrito por el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, de allí que se le haya conferido a dichas disposiciones una interpretación integral, para entender que tanto el director ejecutivo de administración judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la nación(8).

La Sala, en reiterada jurisprudencia(9), ha señalado que, si bien la Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial, ella goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deben ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de esta.

4. El régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Víctor Vélez Lynton, desde el 10 de julio de 1996 hasta el 9 de julio 1997, fecha esta última para la cual ya estaba en vigencia la Ley 270 de 1996(10), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

(...).

ART. 68.—Privacion injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(11), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(12) (se destaca).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414, antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(13).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(14).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(15). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(16).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(17). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(18).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(19): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código, concretamente a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(20).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

... Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(21).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; en cambio, si se presenta un evento no contemplado dentro de aquellas tres (3) causales, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o porque esta no haya interpuesto los recursos de ley, casos en los cuales el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P. art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(22).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución señala, sin ambages, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P. art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(23).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(24).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(25).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil —sin que opere como eximente de responsabilidad el actuar doloso o gravemente culposo de la víctima—, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, no está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Víctor Vélez Lynton.

5. El caso concreto.

Los actores deprecan la declaratoria de responsabilidad del Estado, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Víctor Vélez Lynton, por cuenta de las actuaciones adelantadas por la entidad demandada, consistentes en el hecho de que, en su contra, inició una investigación penal, profirió resolución de acusación e impuso medida de aseguramiento, por la materialización de unos delitos que, según el Juez Penal en la sentencia absolutoria, no cometió.

Las pruebas válidamente practicadas demuestran lo siguiente:

1. Los señores Óscar Solano Ríos y Julio de Oro Chaker, en condición de investigadores fiscales de la Contraloría General de la República, formularon denuncia en contra de Víctor Vélez Lynton y de María Teresa Uribe Bent, en su condición de tesorero y de intendente de la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia, respectivamente, por la presunta comisión de delitos contra la fe pública y de peculado, al haber otorgado y cancelado, con cargo al rubro “pobres de solemnidad”, unos tiquetes aéreos en la ruta San Andrés - Barranquilla - San Andrés, y otros en la ruta San Andrés - Montería - San Andrés, a favor de “personas que viajan por calamidad familiar y no cuentan con suficientes recursos para sufragar los gastos” (fl. 4-4, cdno. 11).

2. Previa apertura de la investigación, dispuesta por el Juzgado 7 de Instrucción Criminal de San Andrés Islas, la Fiscalía 16 de Investigaciones Especiales de Cartagena profirió providencia, el 15 de marzo de 1994, por medio de la cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de María Teresa Uribe Bent y de Víctor Vélez Lynton; sin embargo y pese a que, el 17 de marzo de 1995, la unidad de fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito decretó la preclusión de la instrucción, mediante resolución 62 de julio 9 de 1996, la unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena modificó parcialmente la decisión anterior, en el sentido de proferir resolución de acusación e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Víctor Vélez Lynton, por los delitos de peculado y falsedad ideológica (fl. 21-22, 191-198 y 247-254, cdno. 11; 6-25, cdno. 6).

3. El 10 de julio de 1996, el Departamento de Policía San Andrés y Providencia capturó al señor Víctor Vélez Lytnon[sic], quien fue recluido, el día siguiente, en el establecimiento carcelario de San Andrés Islas (fl. 39 y 66, cdno. 6).

4. El Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, mediante auto de 8 de noviembre de 1996, concedió el beneficio de detención domiciliaria al señor Vélez Lynton y, el 23 de abril de 1997, le concedió la libertad provisional, previa diligencia en la que el investigado se comprometió a “1) Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite. 2) Observar buena conducta individual, familiar y social. 3) Informar todo cambio de residencia. 4) No salir del país sin previa autorización del funcionario” (fl. 66-78, cdno. 4; 31-33 y 36, cdno. 3).

5. El 9 de julio de 1997, el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, luego de analizar el material probatorio, absolvió de todos los cargos imputados al procesado, señor Víctor Vélez Lytnon[sic], con fundamento en las siguientes consideraciones:

“No dimana clara la imputación que se deduce al encartado, no se especifica de qué se apropió Vélez Lynton y, si no se apropió, tampoco cómo se desarrolló su labor de complicidad en caso de que este fuera el enfoque que quisiera dársele, ni hubo un desarrollo del fenómeno de la culpa a su respecto si de pronto se pensó en esta forma de culpabilidad.

(...).

La realidad procesal muestra entonces al sindicado Vélez Lynton ejecutando un acto propio de sus funciones como tesorero intendencial al autorizar el pago por concepto de pasajes, sin que le fuera dable no hacerlo en razón a que las cuentas para dicho cobro estaban plenamente legalizadas administrativamente y porque sobre la legalidad del acto que produjo el pago existía un control previo que se ejercía en otras dependencias como la de revisión interna de documentos, auditoría que daba el visto bueno para pagar, la secretaría interna de protocolo y el visto bueno de la trabajadora social, de todo lo cual dan cuenta bajo la gravedad de juramento personas como Georgina Santana (...) todas ellas ampliamente conocedoras de los trámites administrativos para la época de los hechos que fueran materia de investigación.

(...).

Lo que se deja expresado pone de relieve que esta instancia de la administración de justicia no encuentra en las pruebas aducidas al proceso la certeza que se requiere por ley para afirmar en el sindicado Vélez Lynton autoría criminal en el punible que se le atribuye, concordando en ello con las juiciosas apreciaciones que sobre el particular esgrimen el fiscal delegado y el señor defensor en la diligencia de audiencia pública.

La falsedad ideológica en documento público que hipotisa (sic) como delito el artículo 219 del Código Penal es punible de sujeto activo calificado en cuanto solo puede ser cometido por empleado oficial en ejercicio de sus funciones. El acusado Vélez Lynton no tenía la condición de empleado oficial el día nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) tal y como se estableció mediante certificación emanada de la jefatura de la división de servicios administrativos de la Intendencia de San Andrés, (...) luego no le es atribuible este punible por haber rendido un informe de contenido que no concordó con la verdad, dado que la única falsedad que un particular puede cometer en documento oficial es la material y no es este el caso que se ha debatido.

Siendo netamente objetivas las razones que demuestran la no (sic) concurrencia de causales de responsabilidad en el acusado frente a los punibles a los que se ha venido aludiendo, esta circunstancia relevaría al despacho de pronunciarse con respecto al rubro denominado ‛pobres de solemnidad’. Sin embargo, no está por demás señalar que dicho rubro no fue objeto de reglamentación, que es un fondo difuso al que la costumbre de las distintas administraciones intendenciales denominó en veces con nombres distintos y venía siendo utilizado con fines altruistas de servicio a la comunidad cuando la estrechez económica del solicitante para desplazarse a otra localidad así lo aconsejaba y previo el lleno de algunos requisitos, sin que al aporte de pasajes se le diera connotación de un verdadero auxilio, constituyendo por lo mismo a juicio del despacho, un hecho desprovisto de la intención de despilfarrar los haberes patrimoniales de la administración” (—fl. 11-116, cdno. 3—) (se destaca).

En línea con lo expuesto, la Sala concluye que la actuación adelantada por la unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Víctor Vélez Lynton resultara injusta, en los términos prescritos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por cuanto, luego de un análisis detallado de las pruebas recaudadas en el proceso penal, el juez de conocimiento decidió absolver al procesado, con fundamento en claras razones que dieron cuenta de la ausencia de responsabilidad y de que su conducta no estaba tipificada como un hecho punible.

Por lo anterior, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que el mismo debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes, conforme lo dispone el citado artículo 414.

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados; en cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(26), causales que no fueron acreditadas en el plenario.

Ahora bien, en lo que atañe al momento en el cual se dio la privación injusta de la libertad del actor, debe señalarse que aquella se presentó a partir del 10 de julio de 1996 —fecha en la cual se capturó al señor Vélez Lynton, en el Hotel Lord Pierre de San Andrés— y se extendió hasta el 23 de abril de 1997, cuando se le otorgó la libertad provisional, es decir, la privación de la libertad perduró durante 9 meses y 13 días.

Vistas así las cosas, se confirmará la sentencia apelada, en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial de la nación por la privación injusta de la libertad del señor Víctor Vélez Lynton, propiciada por la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

V. Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

La parte actora acreditó el parentesco entre el señor Víctor Vélez Lynton (víctima) y los afectados Margarita Barrero de Vélez (cónyuge), Víctor Hugo, Mauricio Iván, Diana Marcela y Alexandra Patricia Vélez Barrero (hijos), y Rodolfo Alejando, Helena Cecilia, Álvaro, Hugo y Gioconda Vélez Lynton (hermanos), ya que obra en el expediente copia auténtica de los correspondientes certificados de registro civil y partidas de bautismo(27).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presumen el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño, por la privación injusta de su libertad(28); así mismo, ello se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(29).

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(30).

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Víctor Vélez Lynton fue privado injustamente de la libertad durante 9 meses y 13 días, y que dicha medida les produjo a él y a sus seres queridos, dentro del grado de consaguinidad más próximo, un padecimiento moral importante que debe ser resarcido, habrá lugar a reconocer la suma equivalente en dinero a 50 smmlv a favor de cada una de las siguientes personas: Víctor Vélez Lynton, Margarita Barrero de Vélez, Víctor Hugo Vélez Barrero, Mauricio Iván Vélez Barrero, Diana Marcela Vélez Barrero y Alexandra Patricia Vélez Barrero. Igualmente, se reconocerá el equivalente a 25 smmlv a favor de cada una de las siguientes personas: Rodolfo Alejando Vélez Lynton, Helena Cecilia Vélez Lynton, Álvaro Vélez Lynton, Hugo Vélez Lynton y Gioconda Vélez Lynton.

Perjuicios materiales

Daño emergente

Comoquiera que el tribunal de primera instancia accedió al resarcimiento del daño emergente padecido por la parte demandante y, teniendo en cuenta que este aspecto no fue debatido en los recursos de apelación, la Sala actualizará la suma reconocida en esa oportunidad ($ 22.625.382), así:

JAE.JPG
 

En donde:

VA = valor actualizado

VH= valor histórico

Índice final = índice de precios al consumidor para la fecha de la presente providencia.

Índice inicial = índice de precios al consumidor vigente al momento en que se profirió la sentencia de primera instancia (ago. 8/2003).

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VA= $ 33.788.924

Lucro cesante

Se solicitó el reconocimiento del lucro cesante, a que tiene derecho el afectado directo con la medida de aseguramiento, por las sumas de dinero que dejó de percibir, dada su calidad de socio y subgerente de la sociedad “Morgan’s Tour Limited”, durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.

Sobre el particular, es preciso mencionar que el tribunal a quo negó la indemnización de este perjuicio ya que, según el dictamen pericial que se practicó con el fin de determinar “cómo incidió en la fluctuación de los estados financieros de la empresa ‛Morgan’s Tour Limited’, la ausencia de su gerente y administrador durante su detención”, no se logró la elaboración de un concepto de fondo por la ausencia de pruebas que acreditaran la realidad financiera del negocio; sin embargo, esta circunstancia no obsta para que la Sala, en esta oportunidad, acceda al reconocimiento de la indemnización por concepto de lucro cesante, habida cuenta que el perjuicio reclamado es el que padeció la parte demandante y no, aquel que debió asumir la sociedad comercial en la que la víctima tenía participación.

Así las cosas y pese a que no existe material probatorio que demuestre que el señor Víctor Vélez Lynton desarrollaba alguna actividad económica al momento de su detención, se presume que, debido a su edad productiva (56 años), era un hombre con capacidad de ejercer una actividad laboral o comercial que le permitiera percibir por lo menos un salario mínimo.

En este orden de ideas, la Sala liquidará el mencionado perjuicio teniendo en cuenta el valor del salario mínimo mensual vigente a la fecha de la presente sentencia, es decir, la suma de $ 589.500(31), pues esta resulta, en términos de equidad, más beneficiosa que la que arroja la actualización del salario mínimo vigente para la época en que se produjo su detención ($ 440.760), la cual se deriva de aplicar al salario mímimo de esa época ($ 142.125) la fórmula utilizada para actualizar la renta, así:

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El valor del salario mínimo legal vigente será incrementado en un 25% ($ 147.375), por concepto de prestaciones sociales; así, se tomará como base para la liquidación la suma de $ 736.875.

Ahora, el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el periodo consolidado, es decir, el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de la libertad, esto es, 9.04 meses y el lapso en que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses, para un total de 17.79 meses, teniendo en cuenta que, al respecto, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tomar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8,75 meses)”(32).

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para el señor Víctor Vélez Lynton es:

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Donde “S” es el valor a pagar, “Ra” es la renta actualizada (en este caso y como ya se explicó, se toma el salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 25%), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses transcurridos desde el 10 de julio de 1996 hasta el 23 de abril de 1997 (9.04 meses), más los referidos 8.75 meses.

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Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia de 8 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Víctor Vélez Lynton.

2. CONDÉNASE a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a pagar a las personas que a continuación se relacionan las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Víctor Vélez Lynton
Margarita Barrero de Vélez
Víctor Hugo Vélez Barrero
Mauricio Iván Vélez Barrero
Diana Marcela Vélez Barrero
Alexandra Patricia Vélez Barrero
Rodolfo Alejando Vélez Lynton
Helena Cecilia Vélez Lynton
Álvaro Vélez Lynton
Hugo Vélez Lynton
Gioconda Vélez Lynton
50 SMMLV
50 SMMLV
50 SMMLV
50 SMMLV
50 SMMLV
50 SMMLV
25 SMMLV
25 SMMLV
25 SMMLV
25 SMMLV
25 SMMLV

3. CONDÉNASE a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a pagar a Víctor Vélez Lynton, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de treinta y tres millones setecientos ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos ($ 33.788.924).

4. CONDÉNASE a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a pagar a Víctor Vélez Lynton, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de trece millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y un pesos ($ 13.658.951).

5. Sin condena en costas.

6. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 de este último código.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Exp. 20300

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12789

(4) Folios 63 y 84 cdno. 1.

(5) Folios 154 a 155 cdno. 1.

(6) ART. 99.—“Del director ejecutivo de administración judicial: (...) Son funciones del director ejecutivo de administración judicial (...) ‛8. Representar a la nación - rama judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales’”.

(7) Art. 49.- “Representación de las personas de derecho público. El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: (...) ‛En los procesos contencioso administrativos la nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho’”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de diciembre de 2.001, Exp. 12.787

(9) Entre otras, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de junio de 2001, Exp. C-736, actor: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, M.P. Ligia López Díaz. Y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 15.769, Actor: Jairo Berbeo Medina y otros.

(10) La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

(11) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(13) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C, en sentencia de 19 de octubre 2011, Exp. 19151, precisó: “... no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma...”.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463.

(15) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 7058.

(16) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.

(17) Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, Exp. 9391.

(18) Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.

(19) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(20) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, Exp. 11754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubiopro reo.

(21) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp.: 15.980.

(22) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

(23) El Tribunal Constitucional Español, en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de dic. 10) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines”.

(24) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(25) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(26) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17517, reiterada en sentencias de abril 15 de 2011, Exp. 18284, y de 26 de mayo de 2001, Exp. 20299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Para acreditar el parentesco con la víctima, los señores Álvaro, Rodolfo Alejando y Helena Cecilia Vélez Lynton allegaron copia autenticada de sus respectivas partidas de bautismo, expedidas por la diócesis de San Andrés y Providencia, en las que consta que son hijos de Rodolfo Vélez y Casilda Lynton de Vélez y que la fecha de nacimiento de cada uno de ellos es, en su orden: 11 de diciembre de 1937, 23 de junio de 1936 y 5 de julio de 1934; al respecto, debe tenerse en cuenta que, en virtud de lo dispuesto por la Ley 92 de 1938 y el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, las partidas eclesiásticas son idóneas para probar el estado civil de las personas cuando los hechos a acreditar ocurrieron antes de la vigencia de la mencionada ley. Los acaecidos con posterioridad a ella deben probarse con la copia del folio del registro civil o con certificados expedidos con base en el mismo (fls. 11, 12 y 13, cdno. 1). Los demás demandantes acreditaron el parentesco con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 5 a 10 y 14 a 15, cdno. 1.

(28) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12076.

(29) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 15980.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232 a 15646.

(31) Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013

(32) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 8 de junio de 2011, Exp. 19.502, actor: Germán Arcos Gómez y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.