Sentencia 1999-00035 de junio 7 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 66001-23-31-000-1999-00035-01(22277)

Actor: Hernando Gómez Sanint

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Proceso: Acción Contractual

Referencia: Recurso de Apelación

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., siete de junio de dos mil doce

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el sr. Hernando Gómez Sanint contra la sentencia del 3 de diciembre de 2001, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Lo pretendido.

El 12 de enero de 1999(1) el sr. Hernando Gómez Sanint presentó demanda contra el Instituto de Seguros Sociales solicitando se declarara la nulidad de la Resolución 3892 del 27 de diciembre de 1996, por medio de la cual se dio por terminado de manera unilateral el Contrato 503 del 12 de diciembre de 1996, que se declarara que el demandado incumplió el mencionado contrato y que consecuencialmente se le condenara a pagar, debidamente indexada, la suma de $ 20.000.000 por concepto de los perjuicios materiales causados.

2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones.

El 12 de diciembre de 1996 demandante y demandado celebraron el Contrato 503 en virtud del cual aquel se obligaba a prestar a éste sus servicios profesionales como médico para atender a sus pacientes hospitalizados y ambulatorios en la ciudad de Pereira.

La duración del contrato se fijó hasta el día 30 de marzo de 1997 y por un valor total de $ 13.400.000.

Como causales de terminación unilateral solamente se pactaron las señaladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

El 27 de diciembre de 1996 el Instituto de Seguros Sociales expidió la Resolución 3892 dando por terminado de manera unilateral el referido contrato con fundamento en que Hernando Gómez Sanint lo había incumplido al no prestar el servicio de manera eficiente y oportuna.

El acto administrativo contiene una falsa motivación porque la queja de los usuarios no está prevista ni en la ley ni en el contrato como causa para darlo por terminado.

Esa terminación unilateral fue intempestiva porque previamente no se llamó al contratista para que rindiera descargos y pudiera ejercer su derecho de defensa.

3. El trámite procesal.

Admitida que fue la demanda y noticiado el demandado del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y dentro del término el accionado le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas.

Después de decretar y practicar pruebas y de resultar fracasada una audiencia de conciliación, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que sólo fue aprovechada por éste.

II. La sentencia del tribunal

En sentencia del 3 de diciembre de 2001 el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda resolvió decretar la nulidad de la resolución impugnada, condenar al demandado a pagar la suma de $ 20.614.191,71 por concepto de perjuicios materiales y negar las restantes súplicas de la demanda.

Para tomar estas decisiones el Tribunal expuso las siguientes razones:

El artículo 77 de la Ley 80 de 1993 dispone que en las actividades contractuales son aplicables las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa y el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la administración debe dar oportunidad a los interesados para expresar su opinión para luego, con fundamento en las pruebas e informes disponibles, tomar la decisión correspondiente con su debida motivación.

En este asunto se violó el artículo 29 de la Constitución Política así como las disposiciones antes mencionadas puesto que al demandante se le privó de la oportunidad de conocer la acusación, de rendir descargos y de aportar pruebas, lo que finalmente se traduce en una terminación unilateral y arbitraria del contrato.

Haciendo suya la argumentación que adujo el Ministerio Público, el Tribunal concluye que el acto acusado, además de violar el derecho de defensa, está indebidamente motivado porque no señala el bloque de legalidad en el que se apoya y las razones que aduce no son concordantes con el estatuto contractual.

Como el contrato tiene un valor de $ 13.400.000 y el demandante confiesa haber recibido $ 800.000, la indemnización se reduce a ordenar el pago de los restantes $ 12.600.000 con la correspondiente indexación para quedar finalmente en $ 20.614.191,71.

III. El recurso de apelación

Contra esta decisión se alzó el demandado.

Dice la recurrente que su inconformidad estriba en que la Resolución 3892 del 27 de diciembre de 1996 se ha calificado como sancionatoria sin serlo puesto que lo que hizo el Instituto de Seguros Sociales fue dar por terminado el contrato con fundamento en que el demandante incumplió con sus obligaciones contractuales.

En estas circunstancias no se violó el debido proceso porque no se trataba de imponer una sanción y como si fuera poco el contratista tuvo la oportunidad de interponer contra la resolución los recursos de ley para justificar allí la conducta que dio lugar a las quejas.

IV. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público opina que la sentencia recurrida debe ser confirmada y así lo solicita.

Fundamenta su solicitud en las siguientes razones:

Según el artículo 1602 del Código Civil los contratos válidamente celebrados son de obligatorio cumplimiento para las partes y en este caso el Instituto de Seguros Sociales desconoció sus compromisos al dar por terminado unilateralmente el contrato pues no existía un motivo válido para ese procedimiento.

La terminación unilateral del contrato está limitada a las causales contempladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 que en este caso no se configuran.

La inasistencia del contratista a una cita sólo daba lugar, según el contrato, a la imposición de una sanción equivalente al uno por mil del valor del contrato.

Se violó el artículo 29 de la Constitución Política porque no se le permitió al contratista intervenir en el procedimiento que concluyó con el acto administrativo demandado.

Habiéndose violado el debido proceso y estando indebidamente motivado el acto administrativo por no haberse cimentado en una causa legal, la consecuencia es su nulidad y por consiguiente el demandado es responsable de los perjuicios causados.

V. Consideraciones

1. En relación con el derecho de defensa esta Corporación ha expresado:

“En las actuaciones contractuales también rige el derecho a que “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa”, así como la garantía “a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”, del mismo modo que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, pero se requiere hacer dos precisiones.

De un lado, y en armonía con la garantía inmediatamente analizada, la necesidad de la prueba de los hechos que se imputan es conditio sine qua non de la validez de la decisión administrativa, porque sólo así se legitima la misma, y se contrarresta la arbitrariedad y el abuso del poder, que fácilmente se esconde tras una medida sin soporte en hechos demostrados. En esta perspectiva, la Corte Constitucional ha manifestado: “En conclusión, en toda actuación administrativa la apreciación de las pruebas por parte del funcionario deberá ceñirse a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en desarrollo del principio constitucional del debido proceso en actuaciones administrativas” (Sent. T-011/93).

De otro lado, el derecho de defensa también garantiza que se vincule al afectado con el procedimiento sancionatorio, para que exponga las razones que explican su percepción de los hechos investigados. Es tan arraigada esta garantía, que el Código Contencioso Administrativo ya aseguraba su defensa desde 1984. Sobre el particular, el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo protege, incluso, a las personas que pudieran afectarse con la decisión(2), de manera que ordena hacerlas parte del procedimiento administrativo. Y si esto acontece con los terceros, con mayor razón aplica para quien es parte(3).

Así mismo, el derecho de defensa no tiene más limitaciones en materia contractual, y por eso se admite cualquier manifestación suya. Es decir, que se ejerce mediante la presentación de pruebas, la controversia de las existentes(4), ser oído y que se practiquen pruebas y se controviertan, es decir, en síntesis, que se respete su derecho de audiencia y defensa, que permita fijar la posición de la parte, y en general, toda forma de participación en el procedimiento, que contribuya a defender una posición o postura jurídica”(5).

En cuanto a la imposición de sanciones administrativas de plano y el derecho al debido proceso esta misma corporación ha dicho que:

“El constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (C.P., art. 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva —nulla poena sine culpa—, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la analogía in malan partem, entre otras.

(…)

El principio de legalidad que inspira el derecho penal y administrativo comprende una doble garantía: la seguridad jurídica y la preexistencia de preceptos jurídicos (lex previa) que establezcan de manera clara (lex certa) las conductas infractoras y las sanciones correspondientes. Así sean admisibles en el ámbito administrativo algunas restricciones en el ejercicio de los derechos, dada la especial relación de sujeción del particular frente al Estado —v.gr. existencia de facultades exorbitantes o poder disciplinario—, los principios constitucionales del debido proceso (C.P., art. 29) deben ser respetados en su contenido mínimo esencial, particularmente en lo relativo a los requisitos de legalidad formal y tipicidad.

De otra parte, la legislación preconstitucional contencioso-administrativa recoge en sus principios orientadores la imparcialidad, publicidad y contradicción de todas las actuaciones administrativas (D. 001/84, art. 3º). La potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, máxime si la decisión afecta negativamente al administrado privándolo de un bien o de un derecho: revocación de un acto favorable, imposición de una multa, pérdida de un derecho o de una legítima expectativa, modificación de una situación jurídica de carácter particular y concreto, etc. En tales casos, la pérdida de la situación jurídico-administrativa de ventaja debe ser consecuencia de una conducta ilegal y culposa cuya sanción sea impuesta al término de un procedimiento en el que esté garantizada la participación del sujeto y el ejercicio efectivo de su derecho de defensa.

(…)

Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. La sola exigencia de una certificación secretarial o de una declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acusado, prescindiendo de que éste pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo.

Con fundamento en lo anterior, no es de recibo el argumento según el cual comprobada la inexactitud de la documentación fundamento de una decisión administrativa procede automáticamente la imposición de la sanción —en este caso la cancelación de la inscripción en el registro de constructores—, quedándole al afectado la posibilidad de ejercer su defensa mediante el ejercicio oportuno de los recursos de reposición y apelación. Si bien la presunción de legalidad de los actos administrativos y los principios de celeridad y eficacia (D. 001/84, art. 3º) podrían respaldar la imposición de sanciones de plano en defensa del interés general (C.P., art. 1º), la prevalencia de los derechos fundamentales (C.P., arts. 85 y 86) y la especificidad del principio de presunción de inocencia aplicable al ámbito de las actuaciones administrativas (C.P., art. 29), hacen indispensable que la sanción sólo pueda imponerse luego de conceder al interesado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

En el caso que se revisa por la vía de la apelación la autoridad pública adelantó una investigación mínima para demostrar la ocurrencia del presupuesto fáctico de una infracción administrativa —presentación de una información falsa e inexacta— con lo cual habría cumplido con los principios de legalidad y tipicidad. No obstante, la no vinculación del interesado al procedimiento que llevaría a modificar su situación jurídica de favor y permitirle ejercer los derechos a ser oído y a controvertir las pruebas que obraban en su contra, desconoce el principio de presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba y termina por colocarlo en situación de indefensión.

La notoriedad de la infracción y la posible prueba objetiva de la misma no justifica una sanción que prive de cualquier elemental garantía de defensa al inculpado, quedando ésta reducida al mero ejercicio posterior de los recursos administrativos. Estos están instituidos en favor de la administración para darle la ocasión de enmendar errores con virtualidad de desencadenar la responsabilidad patrimonial del Estado y no son propiamente una oportunidad procesal imparcial y previa para el ejercicio del derecho de defensa. Pese a que la prevalencia del interés general y la eficacia de su protección permiten la omisión de ciertas formalidades típicas del proceso penal —nombramiento de apoderado, formulación de pliego de cargos—, deben en todo caso constar como mínimo en el trámite administrativo las pruebas directas e incontrovertibles de los hechos imputados y garantizarse el ejercicio de los medios normales de defensa.

(…)

En consecuencia, carece de respaldo constitucional la imposición de sanciones administrativas de plano con fundamento en la comprobación objetiva de una conducta ilegal, en razón del desconocimiento que ello implica de los principios de contradicción y de presunción de inocencia, los cuales hacen parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso”(6).

Se desprende de lo que se ha citado que con anterioridad a la imposición de la sanción debe concedérsele al interesado la oportunidad para que exprese sus puntos de vista y ejerza su derecho de defensa y es por esta razón que no es suficiente que esas decisiones estén debidamente motivadas y que sean notificadas, pues hay un procedimiento de imperativo cumplimiento que debe surtirse en todas las actuaciones administrativas para garantizar el debido proceso.

Ahora, sobre la terminación unilateral de los contratos el Consejo de Estado ha expresado:

“En lo atinente a la terminación unilateral del contrato, si bien la ley otorga a las entidades públicas la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante, les impone el cumplimiento de presupuestos de forzosa aplicación y a la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma.

Efectivamente, para declarar la terminación unilateral se requiere i) que la manifestación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo, ii) que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto”(7).

“Con otras palabras, todo lo anterior significa que la potestad exorbitante que tiene la administración de dar por terminado el contrato no es una facultad discrecional sino que debe cimentarse en las causales previstas en la ley y por consiguiente en ningún caso puede soportarse la decisión en una cláusula contractual que no tenga correspondencia con una causa legalmente prevista.

Y como la determinación que haya de tomar la administración debe verterse en un acto administrativo, éste no sólo debe ser comunicado sino que además debe ser debidamente motivado y en su producción ha debido hacerse efectivo el debido proceso permitiendo la audiencia y la defensa del contratista”(8).

2. En lo que atañe a la posibilidad de reclamar perjuicios en los contratos estatales cuando estos han sido mutuamente incumplidos por las partes, ésta Subsección dicho lo siguiente:

“Pues bien, siendo todo lo anterior así resulta que tanto demandante como demandado incumplieron el contrato, el primero al no haber satisfecho las prestaciones que estaban a su cargo y el segundo al decretar la caducidad con violación del debido proceso.

Se presenta entonces esa especialísima situación en que ambos contratantes han de tenerse como incumplidos y por esa razón se siguen las consecuencias que señala el artículo 1609 del Código Civil, esto es que ninguno está en mora y por consiguiente ninguno puede pedir los perjuicios ni pedir la cláusula penal pues, como se sabe, para poder exigir alguna de estas cosas se requiere que el deudor esté en mora tal como se deduce de los artículos 1594 y 1615 del Código Civil”(9).

Y es que si se tiene en cuenta que la responsabilidad civil o del estado persigue la indemnización de los perjuicios causados y que en la responsabilidad contractual el deudor debe estar en mora pues de lo contrario no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal en su caso, tal como lo pregonan los artículos 1594 y 1615 del Código Civil, es conclusión obligada que si ambos contratantes han incumplido ninguno de ellos está en mora, pues así lo dispone el artículo 1609 del Código Civil, y por consiguiente ninguno puede reclamar perjuicios o la pena.

No otra cosa puede deducirse de tales normas que a la letra expresan:

“ART. 1594.—Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal…”.

“ART. 1615.—Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención”.

“ART. 1609.—En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. 

3. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación es evidente que el acto administrativo demandado (el que termina unilateralmente el Contrato 503 del 12 de diciembre de 1996) es nulo por haberse violado en su producción la garantía al debido proceso toda vez que al señor al contratista no se le comunicó previamente la intención de la administración de terminar el contrato para que pudiera presentar descargos, aducir pruebas y controvertir las quejas que contra él se formularon, lo que implica de parte del Instituto Colombiano de Seguros Sociales un incumplimiento del contrato que celebró con el demandante Hernando Gómez Sanint, sin perder de vista que la causal invocada para ello tampoco corresponde a una de las legalmente previstas.

Siendo nulo el acto administrativo demandado resulta ahora pertinente analizar si al demandante le asiste derecho alguno para intentar las pretensión indemnizatoria. 

Con las pruebas arrimadas al expediente se demuestra que Hernando Gómez Sanint también incumplió con las obligaciones a su cargo.

En efecto, la queja escrita que presentó Lyda Isabel Neira de Caicedo(10) da cuenta de que el demandante no se presentó el 19 de diciembre de 1996 a una junta médica que se había convocado para examinar con la presencia de la paciente Neira de Caicedo su caso oftalmológico, inasistencia que justificó el contratista aduciendo que se encontraba en Cartago y que se le había olvidado que debía concurrir a esa junta médica.

También narra la quejosa que ella y otros pacientes, ante la ausencia del médico, fueron “despachados tranquila y dulcemente como si no hubiera pasado nada” y que en consultas anteriores, a las que había sido citada a las 8.00 a.m., el médico Gómez Sanint “llegaba muy tranquilo después de las 9 a.m., para luego atender los pacientes a toda carrera, para así poder dar cumplimiento al horario de salida”.

Se pregunta entonces la quejosa en su escrito si “¿Esto es tener ética profesional? ¿Hay respeto por la dignidad del paciente? ¿Se está cumpliendo con el juramento de Hipócrates? ¿Esto es violación de los derechos Humanos?”

En estas circunstancias resulta evidente que el demandante Hernando Gómez Sanint también incumplió las obligaciones que eran de su cuenta. 

Esto determina que habiendo él también incumplido, su co-contratante (la entidad estatal) no se constituyó en mora y por ésta razón Hernando Gómez Sanint, a las voces de los artículos 1609 y 1615 del Código Civil, no puede reclamar perjuicios y por ende estos no le podían ni pueden ser concedidos. 

En consecuencia la sentencia apelada será reformada para revocar la indemnización de perjuicios que el a quo concedió en el numeral 3º de la parte resolutiva.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REFORMAR la sentencia apelada para REVOCAR EL NUMERAL TERCERO DE SU PARTE RESOLUTIVA, quedando por consiguiente así la decisión:

1. Declarar la nulidad de la Resolución 3892 del 27 de diciembre de 1996 por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales dio por terminado el Contrato 503 del 12 de diciembre de 1996, celebrado con el sr. Hernando Gómez Sanint.

2. Declarar que el Instituto de Seguros Sociales incumplió el Contrato 503 del 12 de diciembre de 1996 que celebró con el sr. Hernando Gómez Sanint.

3. Negar la pretensión indemnizatoria porque el sr. Hernando Gómez Sanint también incumplió el contrato.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Olga Valle de De La Hoz, Presidenta.—Enrique Gil Botero.—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folio 19 del cdno. 1.

2 Dispone el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo. “Deber de comunicar. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.

3 Entre otras cosas, la aplicación del Código Contencioso Administrativo al procedimiento contractual, y los demás que se deriven de él, se fundamenta en el artículo 77 de la Ley 80: “De la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
“Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición C-638 y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo” (negrillas fuera de texto).

4 Discurre la Corte al respecto, en la Sentencia T-796 de 2006, del siguiente modo: “6.1. En esta oportunidad las sociedades… consideran que el Invías incurrió en una vulneración a sus derechos fundamentales, al resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesión 388/97, pues no se les permitió objetar el dictamen pericial decretado por la administración, y en el cual se basó la liquidación del contrato. Si bien solicitaron su aclaración o complementación, los peritos se negaron a ello, y además, tampoco se les corrió traslado de dicha respuesta dada por los peritos.
(…)
“A juicio de la Sala, como lo consideraron los jueces de instancia, la anterior situación trasgrede el derecho fundamental al debido proceso en cabeza de las sociedades…, por cuanto no pudieron contradecir el dictamen pericial. En primer lugar, los peritos se negaron a aclarar o complementar el dictamen pericial rendido sin que la administración hiciera nada al respecto, pues ni exigió que los peritos cumplieron con su deber ni corrió traslado a las partes para que pudieran pronunciarse objetándolo por error grave, en los términos del numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, norma que se aplicaba al caso concreto dadas las razones desarrolladas en la parte dogmática de esta providencia.
(…)
“Así las cosas, no existe razón válida para que el Invías no haya corrido traslado a la respuesta de solicitud de aclaración o complementación al dictamen pericial que elevaron las sociedades accionantes en escrito radicado ante la entidad el 9 de agosto de 2005 (fls. 143 a 146 cdno. de primera instancia), sin importar en qué sentido lo hayan hecho los peritos, y que en el caso concreto se traduce en la negativa de proferir la aclaración. Por lo que el Invías al resolver los recursos de reposición, pretermitiendo el mencionado trámite, desconoció el derecho al debido proceso de las sociedades actoras, máxime cuando se trataba de un caso en que los peritos se negaron a la aclaración o complementación solicitada sin que al respecto la administración tampoco tomara alguna decisión”.

5 Sentencia del 23 de julio de 2010 (Exp. 16337).

6 Sentencia T-145/93.

7 Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2011, Expediente 19483.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de febrero de 2012, Expediente 19730.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 17858. En este mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de febrero de 2011, Expediente 16105; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de julio de 2011, Expediente 19150.

10 Folios 89 y 90 cdno. 1.