Sentencia 1999-00035 de mayo 24 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 170012331000199900035-01 (24075)

Ref.: Reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Manuel Salvador Arango Caro

Demandado: Municipio de Salamina

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que denegó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia 26 de septiembre de 2002, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, con miras a establecer si el daño alegado por el actor resulta imputable a la acción u omisión de la entidad pública demandada, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación deberán prosperar. Lo anterior, previo el análisis de la caducidad de la acción planteada por el agente del Ministerio Público.

2.2.1. Caducidad de la acción.

La Sala considera que le asiste razón al tribunal a quo al señalar que en el caso sub examine no se configura la caducidad de la acción, como quiera que “no es la fecha de traspaso del derecho de dominio el punto de referencia”, toda vez que “(...) fue en fecha posterior, cuando afloraron los hechos ocultos que determinaron la pérdida de la tenencia del vehículo y la rebaja patrimonial que se aduce en la demanda”.

En efecto, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el actor fue privado del uso, goce y disfrute de su vehículo en el momento del decomiso por parte de la policía judicial el 7 de febrero de 1997, daño que se concretó con la decisión de la Fiscalía 25 Delegada del municipio de Dos Quebradas Risaralda de junio 23 de 1997, al disponer su entrega al anterior propietario, decisión esta que estuvo soportada en el estudio técnico de 28 de febrero del mismo año, que determinó la adulteración de las improntas del automotor. Por tanto, la demanda presentada el 21 de enero de 1999 lo fue en tiempo.

2.2.2. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada —pruebas decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo—, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal y los testimonios recibidos en primera instancia.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.2.1. Las pruebas indican que el camión de servicio público, marca Mazda, de placas WFE 922, fue matriculado en el municipio de Salamina Caldas y trasladado a la oficina de tránsito del municipio de Andes Antioquia. Figura a nombre del señor Manuel S. Arango Caro por traspaso de la señora Lucelly López Atuesta y aparece afiliado a la empresa de transporte Trocafé S.C.A. De ello dan cuenta los siguientes documentos:

a). El formulario único nacional Nº 093-3959715 suscrito por la señora Lucelly López Atuesta y el señor Manuel S. Arango Caro en el mes de octubre de 1995, presentado ante el Intra del municipio de Salamina, con el fin de tramitar el traspaso del vehículo de placas WFE 922. Para tales efectos, aportaron paz y salvos de impuestos, retención en la fuente, certificado de movilización, licencia de tránsito, seguro obligatorio y de responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, manifestó de aduana y certificado de nacionalización del automotor (documentos allegados a la actuación con el Ofi. STT 268 de sep. 12/2000, fls. 10-30 cdno. 1).

b). El registro de matrícula de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Salamina Caldas, que da cuenta del trámite adelantado i) por la señora Lucelly López Atuesta el 28 de septiembre de 1995, por concepto de matrícula inicial del vehículo de servicio público de placas WFE 922 y ii) por el señor Manuel S. Arango Caro el 12 de diciembre del año en mención, en razón del traspaso del mencionado automotor (documentos allegados a la actuación con el Ofi. STT 268 de sep. 12/2000; fl. 7, cdnos. 1 y 21-23 y fl. 31, cdno. 2).

c). Carné de afiliación a la empresa Trocafé S.C.A. de la ciudad de Medellín, con vigencia entre el 9 de octubre de 1995 y el 24 de julio de 1996 (fl. 4, cdno. 1).

d). Licencia de tránsito Nº 95-000122 de 27 de enero de 1996, correspondiente al vehículo de placas WFE 922, en la que figura como propietario el actor (documento allegado a la actuación con el Ofi. STT 268 de sep. 12/2000, fl. 11, cdno. 1).

e). La autorización de traslado de matrícula del referido automotor, de la oficina de tránsito del municipio de Salamina a la del municipio de Andes, Antioquia, de 21 de mayo de 1996, en la que figura el señor Manuel Arango Caro como su propietario (documento allegado a la actuación con el Oficio STT 268 de sep. 12/2000, fls. 8-9 cdno. 1).

f). La certificación expedida por el secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Salamina, en la que consta “que revisado el archivo que sobre automotores reposa en esa oficina, se encontró la carpeta del vehículo” individualizado con el número de placa WFE 922 no registra limitaciones a la propiedad, reserva de dominio, embargos o trámites pendientes, en la que figura como anterior propietaria la señora Lucelly López Atuesta y actual el señor Manuel S. Arango Caro (original visible a fl. 6, cdno. 1).

g). Certificado de 28 de septiembre de 2000, expedido por la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio de Andes (Ant.), en el que consta que el automotor de servicio público, marca Mazda, clase camión, tipo estacas, de placas WFE 922 es de propiedad del señor Manuel Arango Caro (aportado con Oficio 2661 de 28 de septiembre de 2000, proveniente de la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio de Andes, folios 39-83, cuaderno 2). El documento registra los siguientes trámites:

Certificado de tradición
Placa: WFE922Fecha: SEP. 25/2000
FormularioFecha
TrámiteNombre propietario
000095002715Sep. 22/95Matrícula inicialLópez Atuesta Lucelly
000933959715Oct. 24/95TraspasoArango Caro Manuel
000934242497May. 17/96Traslado de cuentaArango Caro Manuel
000934242795Jun. 11/96Radicado de cuentaArango Caro Manuel
000934242794Jun. 11/96Cambio de placaArango Caro Manuel

2.2.2.2. El día 7 de febrero de 1997, miembros de la policía judicial de la ciudad de Medellín inmovilizaron el automotor al percatarse de irregularidades en la documentación que presentó el conductor al momento de su detención, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 25 Delegada de Dos Quebradas Risaralda, autoridad esta que, según estudio técnico, determinó que fue objeto de adulteración de improntas y se pudo verificar la existencia de una denuncia por hurto. Al respecto, en el expediente obra la siguiente documentación:

a). Como consecuencia de la inmovilización del automotor, el 21 de febrero de 1997 el actor solicitó al comandante del departamento de Policía de Antioquia la entrega provisional del vehículo “mientras se adelanta y culmina la respectiva investigación y se toma una decisión de fondo” (original visible a fl. 8-9, cdno. 1).

Ante la petición, el mencionado funcionario respondió:

En atención a su solicitud relacionada con la devolución del camión Mazda Turbo de placas WFE-922, inmovilizado por personal de la sección de automotores, me permito informar que no es viable la entrega por parte de este comando, por cuanto fue dejado a disposición de la fiscalía 25 seccional de Dos Quebradas Risaralda, quien adelanta proceso Radicado con el número 1860, por lo cual sugiero solicitar lo pertinente ante ese despacho (original Ofi. 0103 de mar. 4/97, visible a fl., 10 cdno. 1).

b). En atención a la recomendación del Departamento de Policía de Antioquia, el 16 de junio del año en mención la apoderada del señor Arango Caro solicitó a la Fiscalía 25 Delegada de Dosquebradas Risaralda la entrega definitiva del automotor y, a la vez la cancelación de “cualquier orden o pendiente que sobre el automotor exista en relación con este expediente”, fundada en que el actor es “... un tercero completamente ajeno a la posible conducta delictual que en estas diligencias se trata de establecer, legítimo y lícito propietario, además de poseedor regular y de buena fe, motivo por el cual está plenamente facultado para pretender le sea entregado el bien patrimonial del cual ha sido privado en su disfrute y explotación...)” (original visible a fls. 11-18, cdno. 1).

c). En desarrollo de la investigación, la fiscalía ordenó la práctica de un estudio técnico al vehículo de placas WFE-922, con el objeto lograr su individualización y procedencia. De esta forma, la sección de automotores de la policía judicial de Antioquia dio cuenta de que las improntas del motor y el chasis se encontraban adulteradas. Del contenido del documento se destacan los siguientes apartes:

Por medio del presente nos permitimos informar los resultados del estudio técnico practicado al vehículo de las siguientes características:

Elementos de estudio

Camión Mazda Turbo

Modelo 1990

Motor C106997 Regrabado

Chasis T45-00305 Alterado

Serie T45-00302 Regrabado

Nº de seguridad 00258 Original

Análisis de los sistemas de identificación

La fábrica de estos vehículos estampan un número sobre una saliente del bloque de sus motores lado izquierdo, con el fin de identificarlos. Estampa el número de serie sobre una plaqueta metálica, la cual asegura a su carrocería. Sobre el larguero derecho parte delantera cara externa graban el número de chasis, sobre la carrocería junto a la palanca de cambios graba un número de seguridad, previa consulta con la fábrica puede identificar el vehículo.

Resultados del estudio

1. Examinada la superficie donde viene estampado el número del motor, se halló rastros de alteración causados con el esmeril o lima, hallándose sus guarismos regrabados.

2. La plaqueta de serie se halló de falsificación integral.

3. La superficie del chasis presenta alteración en los tres últimos guarismos (302), se hallan regrabados, preparada la superficie del chasis y aplicados los reactivos químicos del caso, se logró obtener el revelado (252), los cuales son los restantes guarismos que estampó la esambladora des (sic) su emsable (sic) quedando T4500252.

4. Se halló el número 00258 de seguridad original.

5. Las placas de circulación y tránsito presentan las características de las expedidas por las autoridades de tránsito.

6. Efectuado el examen de pintura dio blanco original.

Conclusiones

Vistos los puntos anteriores se conceptúa que el automotor motivo de estudio queda identificados con el número de chasis T4500252, obtenido mediante el revelado, por ser el número estampado originalmente y con el número de seguridad 00258, previa consulta con la casa fabricante por ser original. Se anexan improntas u fotografía del revelado para posteriores confrontaciones (documento allegado a la actuación con el Ofi. F11/2021 de nov. 2/2001, visible a fls. 99-101, cdno. 2).

d). Con fundamento en este estudio, el 23 de junio de 1997 la fiscalía negó la entrega del automotor al actor y, en su lugar, dispuso la devolución a su antiguo propietario, a la vez que concluyó con la investigación. De la decisión se destaca:

Con el estudio técnico practicado por la policía judicial de Medellín y con la factura que expidiera la empresa Distribuidora Dos Erres de Medellín, se ha comprobado que el vehículo puesto a disposición de esta unidad de fiscalía es el mismo que le fuera hurtado al señor Raúl Eduardo Duque Ríos, cuando era conducido por don Guillermo Valencia González, el pasado 21 de septiembre de 1995 (...). En consecuencia se ordena la entrega definitiva a la compañía Suramericana de Seguros S.A., quien se subrogó en los derechos luego de pagar el riesgo asegurado.

Aunque el señor Manuel Salvador Arango Caro, propietario del automotor al momento de la inmovilización, también lo reclama, cuando el vehículo ha sido hurtado y posteriormente recuperado, resulta indiscutible que debe ser devuelto de plano a su antiguo propietario, sin que la buena fe del último constituya impedimento para el efecto.

No se dará, entonces, curso al incidente propuesto por el señor Arango Caro a través de apoderada, pues si bien es cierto aportó documentos expedidos por las autoridades de tránsito de Salamina Caldas, donde se produjo la matrícula del camión, para el efecto se utilizaron documentos falsos, lo que conlleva a tener como ilegítimos los títulos de propiedad. Su condición de adquirente de buena fe le da derecho a iniciar las acciones civiles pertinentes para obtener la devolución del dinero que entregó por el automotor, pero no a la entrega que impetra (documento allegado a la actuación con el Ofi. F11/2021 de nov. 2/2001, visible a fls. 102-105, cdno. 2).

2.2.2.3. Como consecuencia de lo anterior, el actor sostiene que la administración accionada incurrió en una falla del servicio, como quiera que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Salamina Caldas incumplió con su obligación de control administrativo respecto de la documentación presentada para la diligencia de matrícula inicial y posterior traspaso del vehículo. Para acreditar lo anterior, en el proceso se recibieron las siguientes declaraciones:

El señor Fernando de Jesús Ospina Buitrago afirmó que conoció al actor y al señor William Alzate, como la persona que ofreció en venta un camión al primero de los mencionados. El testigo dio cuenta de la realización de la negociación por la suma de $ 17.000.000 o $ 18.000.000 y que el señor Manuel Arango entregó por el vehículo, a título de anticipo, la suma de $ 2.000.000.

En relación con el trámite adelantado en la oficina de tránsito, el testigo aseguró que no conoció al inspector de Tránsito y Transporte de la localidad, “... porque el doctor Arango fue el que entró directamente a esa oficina a hablar con él para mirar la carpeta de los papeles del camión, verificar si era legal o no, sino tenía ningún problema, por lo tanto yo me quedé en la parte de afuera de la oficina esperándolo que él saliera”. No obstante, luego realizó varias manifestaciones como si hubiese estado presente en el momento de la visita del demandante a la oficina de tránsito. Al respecto, se destacan los siguientes apartes:

Comenzaron a hacer el trámite en el tránsito en esa misma semana y cuando la matrícula le llegó ya al doctor Arango a nombre de él, el Dr. (sic) aprovechó y subió a Salamina para aprovechar en ese entonces estábamos en una amnistía de traslado de cuentas para ese municipio, entonces el Dr. (sic) se presentó al Tránsito de Salamina para mirar que la matrícula si fuera legal para proceder a pagarle el resto de plata al señor. Cuando ya el señor Inspector le dijo al Dr. (sic) que todo estaba al día, que todo era legal y que se podía ir tranquilo, entonces el Dr. (sic) ya viendo todos los papeles a nombre de él procedió a pagarle el resto de plata.

Interrogado por “qué averiguaciones haría el doctor Arango Caro antes de proceder a negociar ese vehículo”, el testigo contestó:

Él primero investigó por la señora que figuraba en la matrícula, quién era la señora, era una viuda y después de averiguar por esa señora que le dijeron que era muy correcta y todo lo demás, eso lo dijo la gente de allá de Manizales que la conocía que era una pobre viuda y que había quedado muy endeudada y que ella necesitaba ese carro rápido para pagarle una plata al señor Alzate que le debía. Sin embargo yo le dije al doctor Arango que lo mejor era ir al tránsito directamente, a lo cual hicimos, fuimos a verificar allá que eso si fuera correcto y el doctor Arango ya se entrevistó con el inspector y la secretaria y el doctor Arango revisó todo el expediente completo que tenía el carro allá, todo el historial y él se asesoró bien en forma del señor inspector de que el carro no tuviera ningún problema y el señor inspector le dijo al Dr. (sic) que comprara ese carrito (...) el señor William Alzate como gestor se encargó de hacer todas las vueltas de traspaso porque él ya tenía en sus manos el formato del tránsito para traspaso firmado por la señora Lucelly, ellos se encargaron de hacer el traspaso directamente al doctor Arango con sus respectivos seguros, pago de impuestos y que todo estuviera en regla.

El deponente señaló, por otra parte, que el vehículo que adquirió el señor Arango Caro prestaba servicio a una cooperativa lechera de Colanta, de la que era dueño, “haciendo los repartos de leche diario y haciendo los viajes adicionales a la ciudad de Medellín”, entre octubre de de 1995 y febrero de 1997 “cuando fue retenido por la Sijín”, actividad de la cual el actor recibía un valor mensual aproximado de $ 1.200.000 (fls. 85-88 vto, cdno. 2).

Y el señor Rubén Darío Ospina Buitrago, por su parte, dio cuenta sobre la realización de la negociación del vehículo por una suma que oscilaba entre $ 16.000.000 y $ 17.000.000, su vinculación a una empresa distribuidora de leche en el municipio de Andes Antioquia hasta el mes de febrero de 1997 “cuando lo decomisaron”, su producción mensual aproximada y el trámite de traspaso de cuenta al mencionado ente territorial (fls. 88 vto-90, cdno. 2).

2.2.2.4. Los perjuicios materiales alegados por el actor, encuentran fundamento en la prueba testimonial y pericial practicada en el proceso, así:

a). La prueba testimonial recaudada en el plenario refiere que el vehículo de que trata el presente asunto, estaba vinculado a una empresa distribuidora de leche en el municipio de Andes Antioquia, entre octubre de 1995 y febrero de 1997, por lo que percibía una suma mensual aproximada de $ 1.200.000, previas deducciones de gastos de mantenimiento. De ello dan cuenta los señores Fernando de Jesús y Rubén Darío Ospina Buitrago.

b). La prueba pericial decretada en el sub lite señala que el vehículo —al momento de rendir la experticia - febrero de 2002—, se encontraba en “regular estado de conservación” y su avalúo comercial ascendía a la suma de $ 24.000.000, sin que los profesionales designados en el proceso justificaran la razón de sus conclusiones (fls. 106-107, cdno. 2).

2.2.3. Análisis del caso.

En el presente asunto, el actor solicitó declarar responsable al municipio de Salamina Caldas - Secretaría de Tránsito y Transporte, a título de falla del servicio por omisión, consistente en “(...) haber permitido el registro o matrícula del automotor de placas WFE-922 sin el cumplimiento de claras exigencias previstas en la ley, en cuanto a la procedencia del mismo y su plena identificación pericial, conducta omisiva o dolosa que impidió descubrir en ese momento que se trataba de una máquina adulterada, de procedencia ilegítima”, circunstancia esta que, según su versión, le causó perjuicios de orden material y moral por la “(...) pérdida del derecho real de dominio sobre el camión marca Mazda T-45 de 4.5 toneladas, tipo estacas, color blanco cristal, de servicio público y placas WFE-922”.

Frente a las pretensiones del actor, el tribunal encontró acreditado el daño, empero no la imputación. Consideró que resulta atribuible al hecho exclusivo y determinante de la víctima, pues al momento de la negociación del automotor el adquiriente se abstuvo de verificar la procedencia del vehículo, sin perjuicio del saneamiento a cargo del vendedor de que trata el derecho civil.

En un caso similar, la Sala conoció de una acción de reparación directa en la que se solicitó condenar a la entidad demandada —Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima— por haber matriculado un vehículo con documentos falsos, adquirido por el demandante y luego decomisado por la Policía Nacional, con el argumento de que haber sido hurtado meses atrás en la ciudad de Medellín. La Sección denegó las súplicas de la demanda, como quiera que el ordenamiento legal no exige a las autoridades de tránsito cotejar firmas, huellas o improntas, pues su labor se limita a la evaluación formal de los documentos sometidos a inscripción(3).

Para llegar a dicha conclusión, la Sala recordó el desarrollo jurisprudencial sobre los asuntos relacionados con la expedición de licencias y autorización de traspaso de dominio de vehículos, así:

En sentencia de 6 de octubre de 1995, la Sala dijo:

(...).

Si aún en gracia de discusión se aceptara la veracidad del hecho, no existe fundamento para imputar responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios que dice haber sufrido el demandante, dado que el daño sufrido no le es imputable por cuanto no fue causado por la acción o la omisión de uno de sus agentes. En efecto, el DATT de Nariño se limitó a adelantar un trámite de matrícula de un automotor porque para el efecto el interesado allegó toda la documentación que los reglamentos requieren. No se observa en el trámite ninguna falla, o negligencia de la cual pueda deducirse responsabilidad en contra de esa entidad.

De otro lado, el demandante antes de hacer la negociación debió cerciorarse de la legalidad del automotor que adquiría, trámite que debe adelantarse ante la Sijín, entidad encargada de revisar los automotores y certificar en relación con su procedencia y que no presenten pendientes por hurto y otros delitos. No procedió así el demandante. Aunque al formular la denuncia afirmó que había llevado el automotor a la Sijín, ese hecho tampoco se demostró en el proceso, al contrario, todo indica que los vendedores lo que hicieron fue entregarle el informe técnico número 3003, que a la postre resultó falso, pero el interesado no se dirigió a la autoridad correspondiente a verificar su autenticidad.

El daño que pueda haber sufrido el demandante, cuya demostración tampoco se acreditó como quiera que no se demostró la retención del automotor, solo tiene como causa su propia culpa, al no haber tomado las medidas necesarias antes de celebrar la negociación(4).

En sentencia de 8 de noviembre de 2001, la corporación sostuvo:

(...).

La exigencia de inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que presenta un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos límites.

(...).

No obstante, la certificación oficial de los datos que consten en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.

En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro y posterior certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrada por un particular y no de un acto que la autoridad que expida la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer unas medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante este.

En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

(...).

Ahora bien, lo que debe resolverse en este caso es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.

La respuesta a este interrogante debe ser positiva siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por funcionarios de la dirección de aduanas o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto.

En relación con el primer supuesto, no obra en el expediente ninguna prueba que permita vincular a los funcionarios de la dirección de aduanas con el hecho. Es decir, que no hay razones para afirmar que en el delito de falsedad intervino ningún funcionario del Estado. El demandante afirmó haber denunciado penalmente por el delito de estafa al señor Manuel Rueda Guzmán, anterior propietario del vehículo, pero no a funcionario alguno (...).

En el caso concreto el registro se realizó con fundamento en los documentos que fueron aportados por el propietario del bien y en la factura se autenticó la firma del vendedor, como exige el decreto referido.

En consecuencias no hubo falla del servicio de la entidad administrativa demandada que cumplió con el deber de controlar los datos consignados en el registro, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. En tales condiciones, el hecho es imputable al particular que incurrió en delito de falsedad y por lo tanto, será este quien deba indemnizar el daño causado al demandante(5).

En un caso en el que el Instituto Departamental de Tránsito del Tolima expidió una licencia de tránsito de un vehículo hurtado y posteriormente retenido por la Sijín, la Sala señaló:

(...).

En efecto, del procedimiento aplicado por la entidad demandada y de los documentos aportados por los particulares que intervinieron en ellos, no llevaba a exigir de la entidad demandada una actuación diferente a la que efectivamente desarrolló; no se determinaba por la ley que se requiriera a otras autoridades la remisión de los antecedentes del vehículo; en efecto, nada conducía a ejercer medidas de control adicionales para establecer la procedencia del vehículo, como tampoco la legislación vigente al momento de los hechos establecía el deber de hacerlo; luego, se cumplieron de manera plena los requisitos exigidos por las normas que regían, en ese momento, este tipo de actuaciones. Se podría argüir que el vehículo debía ser examinado por peritos de la entidad demandada; sin embargo, las normas de registro inicial ni las de traspaso de propiedad lo exigían, por cuanto fue registrado como vehículo último modelo y en ninguna circunstancia lo exigía el traspaso.

Se concluye, entonces, que las autoridades de tránsito actuaron de acuerdo con las normas vigentes al momento del hecho sin que pudiera reclamarse de ellas una conducta diferente, ya que no era posible deducir de manera evidente algún tipo de irregularidad o falsedad de los documentos aportados por quienes registraron el vehículo o realizaron el traspaso de propiedad del mismo(6).

Todo lo anterior para concluir que los organismos de tránsito no tienen atribuida la facultad de investigar la autenticidad de los documentos allegados por los interesados en su trámite y menos la competencia legal para verificarla, toda vez que en relación con ese tipo de actuaciones se presume la buena fe de los particulares, quienes asumen la responsabilidad sobre la información suministrada a efectos de brindar celeridad y eficacia a los trámites.

En el presente asunto, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor Manuel Salvador Arango Caro adquirió el vehículo de placas WFE 922, por compra realizada a la señora Lucelly López Atuesta en el municipio de Salamina Caldas, previo trámite de traspaso adelantado ante la oficina de tránsito de la localidad. Para tales efectos, aportaron paz y salvos de impuestos, retención en la fuente, certificado de movilización, licencia de tránsito, seguro obligatorio y de responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, manifestó de aduana y certificado de nacionalización del automotor. De ello da cuenta, la prueba documental y testimonial que reposa en la actuación.

Así mismo, las pruebas indican que el día 7 de febrero de 1997, miembros de la policía judicial de la ciudad de Medellín inmovilizaron el automotor al percatarse de la existencia de irregularidades en la documentación que presentó el conductor al momento de su detención, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 25 Delegada de Dos Quebradas Risaralda, autoridad esta que, según estudio técnico, determinó que el vehículo era hurtado, como quiera que el mismo fue objeto de adulteración de improntas.

En efecto, el informe técnico dio como resultado que el número de motor, chasis y serie del camión de placas WFE 922, marca Mazda fueron regrabados, como quiera que en i) “(...) la superficie donde viene estampado el número del motor, se halló rastros de alteración causados con el esmeril o lima, hallándose sus guarismos regrabados”; ii) “la plaqueta de serie se halló de falsificación integral” y iii) “(...) la superficie del chasis presenta alteración en los tres últimos guarismos (302), se hallan regrabados, preparada la superficie del chasis y aplicados los reactivos químicos del caso, se logró obtener el revelado (252), los cuales son los restantes guarismos que estampó la ensambladora (...) quedando T4500252”.

Para la época de los hechos, la expedición de licencias de tránsito y el traspaso de vehículos se encontraban regulados por el Decreto-Ley 1344 de 1970(7), Código Nacional de Tránsito, modificado por el Decreto 1809 de 1990 y los acuerdos números 0034 de 12 de agosto de 1991 y 51 de 1993, expedidos por la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Tránsito —Intra—.

El artículo 2º del citado Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, definía la licencia de tránsito como un “(...) documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.

El artículo 87 ibídem, modificado por el numeral 75 del artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, establecía:

La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

1. Características de identificación del vehículo.

2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

4. Limitaciones a la propiedad.

5. Número de placa asignada.

6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasis o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente.

El artículo 92, modificado por el numeral 80 del artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, por su parte, disponía que la licencia de tránsito debía solicitarse por el propietario del vehículo “de acuerdo con la reglamentación que expida el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”.

En relación con los trámites adelantados ante las autoridades de tránsito, el artículo 2º del Acuerdo 51 de 14 de octubre de 1993(8) consultando para el efecto el artículo 83 constitucional dispuso que en las gestiones ante las autoridades de tránsito se presume la buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad del interesado en las diligencias respecto del procedimiento adelantado, en los términos del artículo 3º así:

La responsabilidad de todos los trámites que se lleven a cabo ante los organismos de tránsito y ante el Intra, estará en cabeza del propietario, vendedor, comprador, mandatario, importador, tenedor, poseedor del vehículo; médicos en el evento de la práctica de los exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc., sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprenda.

Aunado a lo anterior, el inciso primero del artículo 73 ibídem establecía que el “... registro inicial de un vehículo automotor se efectuará ante el organismo de tránsito competente, por el comprador o por quien importe directamente el vehículo (...)”.

De conformidad con la anterior normatividad y en aplicación del principio de la buena fe de que trata el artículo 83 constitucional, la autoridad de tránsito se limita a registrar los documentos que los interesados le presentan partiendo de la premisa de que la información que contienen es cierta; sin perjuicio de que los datos del vehículo deben coincidir con las improntas que deben aparecer en el formulario único nacional.

No hay duda que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Salamina Caldas, amén de cumplir con su deber de registrar la matrícula inicial a nombre de Lucelly López Atuesta y el traspaso que la misma hiciera a Manuel Arango Caro e informo sobre las anotaciones, de manera que el daño no le resulta imputable, en la medida en que aquél devino del engaño de un tercero que aportó al procedimiento papeles falsos, respecto de los cuales las autoridades de tránsito no les correspondía detectar y valorar.

Cabe anotar que quienes adelanten estos procedimientos están en la obligación de tomar las precauciones necesarias para verificar la autenticidad u originalidad de los datos de identificación del automotor que pretende adquirirse, acudiendo a las autoridades competentes para ello, como es el caso de la SIJIN o policía judicial y, de ser necesario, con la colaboración de expertos en la materia, precaución que no cumplió el demandante. De ello da cuenta la declaración del señor Fernando de Jesús Ospina Buitrago, cuando aseguró que el actor, cuando ya había entregado un anticipo del valor del automotor, solo “... investigó por la señora que figuraba en la matrícula, quién era la señora, era una viuda y después de averiguar por esa señora que le dijeron que era muy correcta y todo lo demás, eso lo dijo la gente de allá de Manizales que la conocía que era una pobre viuda y que había quedado muy endeudada y que ella necesitaba ese carro rápido para pagarle una plata al señor Alzate que le debía”, además de visitar la oficina del Inspector de Tránsito de la municipalidad para revisar “(...) el expediente completo que tenía el carro allá, todo el historial”. Luego, el actor acogió la recomendación del funcionario y la del testigo de “comprar ese carrito”, con el atenuante de que no fue él quien adelantó el trámite ante la oficina del tránsito, sino “(...) el señor William Álzate como gestor se encargó de hacer todas las vueltas de traspaso porque él ya tenía en sus manos el formato del tránsito para traspaso firmado por la señora Lucelly, ellos se encargaron de hacer el traspaso directamente al doctor Arango con sus respectivos seguros, pago de impuestos y que todo estuviera en regla”.

De lo anterior no puede configurarse la falla del servicio alegada en la demanda, como quiera que, en el sub lite, las pruebas son indicativas de que el daño sufrido por el accionante tuvo origen en la actuación delictiva de un tercero, que en forma fraudulenta logró la inscripción inicial del vehículo en el registro automotor con apariencia legal, sin perjuicio de la responsabilidad que por los hechos le corresponde a la víctima y de las acciones civiles pertinentes para obtener la devolución del dinero que entregó por el automotor, en los términos el artículo 1895 del Código Civil(9).

De ahí que en este caso se mantendrá la sentencia impugnada.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2002, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) El 21 de enero de 1999, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en $ 41.600.000, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

(3) Sentencia de 10 de junio de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 16303.

(4) Sentencia de 6 de octubre de 1995, M.P. Daniel Suárez Hernández, Exp. 10282.

(5) Exp. 13730.

(6) Sentencia de 7 de julio de 2005, M.P. Alier E. Hernández Enríquez, Exp. 14975.

(7) El Decreto-Ley 1344 de 1970, al igual que sus disposiciones reglamentarias y modificatorias, fueron derogadas por la Ley 769 de 2002, actual Código Nacional de Tránsito.

(8) “Por el cual se dictan disposiciones en materia de Tránsito
Terrestre automotor y se derogan los acuerdos 0034 de 1991,
00022 de 1992 y 00052 de 1992”, expedido por la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

(9) “Artículo 1895. “Saneamiento por evicción”. El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario”.