Sentencia 1999-00060 de septiembre 10 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 1300 12331 000 1999 00060 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Comercializadora Tuirán Ltda

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El hecho que determinó la actuación administrativa que concluyó con la adopción de las decisiones demandadas, consistió en que la mercancía traída al país por la sociedad demandante, resultó ser diferente de la que aparece relacionada en los documentos aduaneros, lo cual determinó su aprehensión y decomiso.

El cargo que se menciona en el recurso presentado por quienes actúan en el proceso como cesionarios del derecho litigioso, gira en torno a falta de aplicación del artículo 5º del Decreto 1960 de 1997 y en el cual se dispone lo siguiente:

ART. 5º—Modifícase el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, el cual quedará así:

“ART. 4º—Sanciones relativas a los documentos de viaje. La empresa transportadora responderá por la entrega en debida forma a la autoridad aduanera del manifiesto de carga y de los demás documentos señalados en el artículo 12 del Decreto 1909 de 1992.

Las mercancías que constituyen la carga, incluyendo las mercancías a granel, a bordo de un medio de transporte que ingrese al territorio nacional deberán estar relacionadas en el manifiesto de carga, salvo que estén amparadas con documentos de destino a otros puertos.

Cuando la empresa transportadora no entregue los documentos de viaje, la mercancía se aprehenderá de inmediato para proceder a declarar su decomiso y se le aplicará al transportador una multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor de los fletes internacionalmente aceptados correspondientes a la mercancía aprehendida.

Cuando se presenten excesos en el número de bultos o en el peso de la mercancía respecto de lo consignado en los documentos de transporte o se encuentre mercancía no relacionada en estos y este hecho fuere imputable al transportador, se impondrá a la empresa transportadora una multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los fletes internacionalmente aceptados de la mercancía no amparada.

Cuando no se entreguen los documentos de viaje o no se entregue la totalidad de los documentos de transporte en la oportunidad establecida en el inciso primero del artículo 12 del Decreto 1909 de 1992 o, cuando habiéndose entregado documentos de transporte provisionales enviados vía fax o por cualquier sistema de transmisión electrónica de datos, no se entreguen los documentos definitivos en el término establecido en dicho inciso, se impondrá al transportador una multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los fletes internacionalmente aceptados de la mercancía a que corresponden los documentos de viaje.

Cuando se entregue el manifiesto de carga sin los requisitos básicos contemplados en la normatividad vigente, la multa a la empresa transportadora será del cincuenta por ciento (50%) del valor de los fletes internacionalmente aceptados de la mercancía descargada en el lugar de arribo.

Las sanciones contempladas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de la aprehensión de las mercancías no amparadas y no subsanan la situación irregular en que se encuentren estas”.

Con respecto a las afirmaciones formuladas por los recurrentes en cuanto a la inaplicación del artículo que se acaba de reproducir, es del caso señalar que si bien es cierto que para la época de los hechos se encontraba vigente el Decreto 1960 de 1997, no es menos cierto que los preceptos en él contenidos, se limita simple y llanamente a adicionar el artículo 9º del Decreto 1909 de 1992 y a modificar los artículos 12, 13 y 17 del mismo decreto, así como los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992, sin entrar a modificar o adicionar lo preceptuado en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, norma, que como se puede constatar en el texto de los actos acusados, fue la que se aplicó en el presente caso.

Examinados los antecedentes administrativos por parte de la Sala y en particular el acta de aprehensión 298 de fecha 14 de noviembre de 1997 obrante a folio 57 del cuaderno principal, se llega a la plena convicción de que se encontraba configurada la causal prevista en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, pues el motor fuera de borda, los bolsos, camisas, bermudas, pantalones, suéteres, VHS, baterías, casetes de audio y de video, telas, deck estéreos, exhibidores plásticos, tocadiscos, linternas, teléfonos, televisiones, grabadoras, equipos de sonido, parlantes, cámaras de video, aspiradoras, amplificadores, relojes, flores sintéticas, masajeadotes, set de peluquería, aspiradoras, adaptadores de antena, planchas eléctricas, confecciones, lavadoras, gafas y estuches para gafas, no corresponden a la denominación de genérica “juguetes” a que se refieren los documentos de transporte, debiendo tenerse tales bienes como mercancía no presentada, siendo en consecuencia susceptible de aprehensión y decomiso.

Al respecto debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 72 y 80 del Decreto 1909 de 1992 y en los artículos 1º y 3º del Decreto 1750 de 1991, que a la letra disponen lo siguiente:

Decreto 1909 de 1992, artículo 72. Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana.

En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso 1º del artículo 3º del citado decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate.

ART. 80.—Decomiso. La mercancía de procedencia extranjera que haya sido aprehendida pasará a poder de la Nación, cuando no se legalice dentro de los términos previstos para el efecto en este Decreto, o una vez quede en firme la resolución que así lo disponga.

Decreto 1909 de 1992, artículo 1º. A partir del 1º de noviembre de 1991, elimínase el carácter de hecho punible de las conductas tipificadas en el estatuto penal aduanero. A partir de tal fecha dicho carácter se transmutará en el de las siguientes infracciones administrativas aduaneras:

a) Contrabando: incurrirá en infracción administrativa de contrabando quien realice una cualquiera de las siguientes conductas:

1. Importar o exportar mercancías de prohibida importación o exportación.

2. Importar o exportar o intentar exportar mercancías sin presentarlas o declararlas ante la autoridad aduanera, o por lugares no habilitados.

3. Sustraer del control de la aduana mercancía que no haya sido despachada para consumo o respecto de la cual no se haya autorizado régimen aduanero alguno.

4. Transportar, almacenar, tener, poseer, adquirir, vender, permutar, ocultar, usar, dar o recibir en depósito, destruir o transformar mercancía introducida al país de contrabando, sin participar en los hechos descritos anteriormente. Ser propietario, administrador o tenedor de trilladoras o tostadoras de café que funcionen sin autorización de la Dirección General de Aduanas.

5. Tener, poseer o almacenar café en lugares no autorizados, o transportarlo por rutas distintas de las autorizadas, o en medio de transporte no inscrito en la Dirección General de Aduanas, sin la guía de tránsito o el certificado de revisión.

6. Intervenir, sin permiso de autoridad competente, en el traspaso o matrícula irregular de automotor importado temporalmente o de contrabando.

7. Sin permiso de autoridad competente, poner en libre circulación, mercancías de circulación restringida tales como las importadas temporalmente para reexportación en el mismo estado o para perfeccionamiento activo.

b) Infracciones especiales: Incurrirá en infracción administrativa especial quien realice una cualquiera de las siguientes conductas:

1. Cambiar la destinación de mercancía despachada para consumo restringido, a lugares, personas o fines distintos de los autorizados.

2. Tener o poseer mercancía importada temporalmente, vencido el plazo de permanencia en el país.

3. Alterar la identificación de mercancías que no se encuentren en libre circulación.

Decreto 1909 de 1992, artículo 2º. Sanciones. Para efecto de las sanciones previstas en este decreto, constituye sanción aplicable la de multa, la cual consiste en pagar al fondo rotatorio de aduanas una suma determinada en moneda nacional.

Constituyen sanciones accesorias las siguientes:

1. Prohibición de ejercer el comercio.

2. Clausura y cierre de establecimiento comercial.

3. Prohibición de ejercer profesión u oficio relacionado con el comercio exterior.

4. Pérdida de empleo o cargo público.

La duración máxima de las sanciones indicadas en los numerales 1º a 3º será de cinco (5) años.

ART. 3º—Multas. Las situaciones previstas en el literal a) del artículo primero de este decreto acarrearán una multa equivalente a la mitad del valor de la mercancía decomisada.

Las situaciones previstas en el literal b) del artículo primero de este decreto acarrearán una multa equivalente a una suma que se fijará entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos mensuales.

De conformidad con lo preceptuado en la normativa aduanera anteriormente transcrita y teniendo presente que la mercancía aprehendida en realidad no aparece relacionada en el manifiesto de carga ni amparada en el documento de transporte entregado por la empresa transportadora que la condujo a puerto colombiano, la Sala concluye, sin necesidad de realizar otras consideraciones adicionales, que los actos administrativos demandados se ajustan a derecho, motivo por el cual habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Lo anterior permite concluir que hay violación del artículo citado, por lo cual, la sentencia apelada se confirmará.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida el 2 de mayo de 2006 por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el presente asunto.

2. Reconócese al abogado Antonio Granados Cardona como apoderado judicial de la UAE —Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales— DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 39 de este cuaderno y al doctor Oscar Mauricio Buitrago Rico, como apoderado del señor Nelson de Jesús Zuluaga Giraldo, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 276 del cuaderno principal.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión la fecha».

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