Sentencia 1999-00071 de octubre 12 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 52001-23-31-000-1999-00071-01(21601)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Lucy Zenayda Huaca Luna y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

13. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en un proceso que, por su cuantía (fl. 2 cdno. 1)(1) analizada al momento de la interposición del recurso de apelación, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

II. Hechos probados

14. Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas que resultan relevantes para la solución del problema jurídico que a continuación se plantea, teniendo en cuenta que la parte actora es la única recurrente:

14.1. El parentesco existente entre Fulvio Edgar Solarte Ojeda (occiso) con María Liduvina Ojeda Pasinga (madre), Demetrio Jesús Solarte Burbano (padre), Cristian Camilo Solarte Huaca (hijo), Mardoqueo Felipe Solarte Andrade (abuelo) y, José Ricardo, Henry, Ever, Lidia Margoth y Nora Edith Solarte Ojeda (hermanos) (copia auténtica del registro civil de nacimiento de cada uno, en los que constan los nombres de los progenitores del inscrito, fls. 26 a 33 cdno. 1).

14.2. Fulvio Edgar Solarte Ojeda sostenía una unión marital de hecho con la señora Lucy Zenayda Huaca Luna dentro de la cual nació el menor Cristian Camilo Solarte Huaca (testimonios rendidos ante esta jurisdicción por los señores Carmen Rosero, James Meza e Irma Cecilia Laso, y copia auténtica del registro civil de nacimiento del menor; fls. 27, 121, 123, 125 a 126 cdno. 1).

14.3. Para el año de 1998, el señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda se desempeñaba como dragoneante código 5260, grado 06, de la planta global del Inpec, adscrito a la Cárcel del Circuito Judicial de Mocoa (Putumayo), y cuyo salario mensual ascendía a la suma de $ 630 576 (copia autenticada de las resoluciones Nos. 5694, 4485 y 4486 de 1998, por medio de las cuales “se efectúa un reconocimiento”, fls. 73 a 80 cdno. 3; y constancia de asignación mensual suscrita por la pagadora de la Cárcel de Mocoa, fl. 99 cdno. 2).

14.4. El 14 de abril de 1998, el señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda se dispuso a cumplir la orden de desplazar a unos internos del centro carcelario donde laboraba, hacia las cárceles de Pasto y Buga. Cuando se desplazaba por la carretera que conduce de Mocoa a Pasto a la altura de la vereda “Rumiyaco”, el camión fue asaltado por varios hombres armados, lo cual produjo un enfrentamiento entre los delincuentes y los miembros de seguridad y vigilancia del Inpec. En los hechos, Fulvio Edgar Solarte Ojeda resultó muerto (informe de la CTI de la Fiscalía General de la Nación, protocolo de necropsia Nº 019-98, registro de defunción; fls. 35 cdno. 1, 24 a 25, 30 a 31 cdno. 2).

III. Problema jurídico

15. Comoquiera que sólo recurrió el actor, procede la Sala a determinar si resulta aplicable la exoneración parcial de responsabilidad del Inpec en el daño causado a la parte actora, debido a la participación de un tercero en los hechos en los cuales murió el señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda. De igual manera, se analizará si la compañera permanente y el hijo, y los hermanos del occiso, tienen derecho al reconocimiento de perjuicios materiales y morales respectivamente.

IV. Análisis de la Sala

16. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora y las circunstancias en las cuales ocurrió el mismo, es decir, está debidamente acreditado que el 14 de abril de 1998, el entonces dragoneante Fulvio Edgar Solarte Ojeda, perdió la vida en un ataque perpetrado por subversivos, cuando cumplía la orden impartida por su superior de desplazarse desde la Cárcel del Circuito Judicial de Mocoa, hasta los centros de reclusión de las ciudades de Pasto y Buga, con el fin de trasladar a unos internos.

17. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los agentes de la fuerza pública profesionales constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la fuerza pública; de allí que cuando el riesgo se concreta, en principio no resulte jurídicamente viable atribuirle al Estado responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se hubiere visto sometido el agente afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hubieren visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada(2).

18. Hay eventos en los cuales el daño antijurídico cuya reparación se reclama deriva de las lesiones o de la muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del DAS o de cualquier organismo similar, entidades cuyo común denominador está constituido por el elevado nivel de riesgo para su integridad personal al cual se encuentran expuestos los agentes que despliegan actividades operativas, de inteligencia o, en general, de restauración y mantenimiento del orden público o de defensa de la soberanía estatal que, por su propia naturaleza, obligan a afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre ellas el eventual enfrentamiento con la delincuencia de la más diversa índole o la utilización de armas de dotación oficial.

19. Por tal razón el legislador se ha ocupado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial que reconoce esa circunstancia de particular riesgo que resulta connatural a las actividades que deben desarrollar los referidos servidores públicos, quienes, en consecuencia, se hallan amparados por una normatividad que, en materia prestacional y de protección de riesgos, habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las previstas en las normas que, en este ámbito, resultan aplicables al común de los servidores del Estado. Por eso mismo, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha considerado también que, en la medida en la cual una persona ingresa libremente a una de las mencionadas instituciones con el propósito de desplegar dicha clase de actividades riesgosas para su vida e integridad personal, está aceptando la posibilidad de que sobrevengan tales eventualidades y las asume como una característica propia de las funciones que se apresta a cumplir, de manera que cuando alguno de los riesgos usuales se concreta, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones y de los beneficios previstos en el régimen laboral especial al cual se halla sujeta, sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional al Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos hubieren sido causados, según se indicó, por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con aquel que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas.

20. Al efecto, el tribunal de primera instancia determinó que hubo falla en el servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— (párr. 8, 9 y 10) en la ocurrencia de los hechos en los que resultó muerto Fulvio Edgar Solarte Ojeda, pero que con ocasión de la participación de un tercero, su responsabilidad se reduce en un 50%, y así se ve reflejado en la condena impuesta. Al decir del Tribunal Administrativo de Nariño:

En el traslado de los internos se expusieron (sic) a los guardianes por carencia de un plan de operaciones que necesariamente tenía que considerar la eventualidad de interferencias o ataques. En este aspecto resulta evidente la falla del servicio por omisión de las autoridades en su prestación adecuada y la comisión de errores protuberantes que dieron como resultado el deceso del dragoneante Fulvio Edgar Solarte Ojeda.

(…)

Acredita el informativo una causal exonerativa de responsabilidad de la entidad demandada en forma parcial por la participación de un tercero en la ocurrencia de los hechos que deslinda objetivamente la responsabilidad de la administración, pero no al punto de excluirla. La precariedad del traslado de los detenidos compromete la responsabilidad de la administración aunque la participación de los agresores la atenúa en un cincuenta por ciento (50%).

21. Habida consideración de que dicha exoneración parcial de responsabilidad es uno de los puntos en los que converge el debate propuesto en la apelación, es preciso indicar las apreciaciones señaladas en el dictamen pericial decretado y practicado oportunamente en el trámite probatorio. En dicho experticio(3) se establecieron todas y cada una de las fallas en las que incurrió el Inpec, las cuales facilitaron el ataque en el que resultó muerto Fulvio Edgar, así:

Lo más recomendable era haber portado las escopetas las cuales en buenas condiciones nos brindan algunas ventajas como: Es un arma sencilla y confiable, su disparo ante cualquier emergencia suele ser más efectivo que otras armas, pues su radio de acción es amplio y superior, es un arma devastadora en distancias cortas y de gran precisión en distancia de 35 a 50 metros. Las escopetas hubieran sido muy útiles en el caso que nos ocupa, ya que los tiros de acción con esta clase de arma suele ser muy efectivo, por la cantidad de perdigones que posee, su distribución en el momento de impactar es grande. (…) Por lo anterior se deduce que el armamento y la munición, no era el más recomendable, además según las declaraciones de los guardianes las cuales se encuentran en el proceso, los revólveres estaban en malas condiciones y la munición fue muy poca.

3. El vehículo fue inapropiado e insuficiente, presentando las siguientes desventajas.

— El vehículo para la remisión era conocido tanto por personal recluido en la cárcel como por personal de afuera, colocado al comboy que se desplazaba en una situación de riesgo ya que en la distancia era conocido fácilmente aún más cuando el desplazamiento fue realizado en horas diurnas.

(…).

— El vehículo utilizado camión Chevrolet, de placas SKE-730, se encontraba carpado en su totalidad y esto presenta muchas debilidades para el personal que va en la carrocería, por cuanto no puede tener una visibilidad para poder detectar a tiempo alguna anomalía y reaccionar debidamente.

— El vehículo asignado para la misión debía llevar también asientos en la parte trasera para el personal de custodia, pues en las condiciones de carretera destapada los movimientos del vehículo lo imposibilitan para tener buena vigilancia y poder reaccionar eficazmente ante eventualidad de riesgo.

4. En estos eventuales casos sí es necesario la colaboración y apoyo por parte de la Policía o el Ejército Nacional, algunos motivos son:

— Esta carretera es conocida por estas instituciones por cuanto se están recorriendo constantemente en cumplimiento de diferentes actividades.

— Poseen vehículos, armamento, comunicaciones y personal capacitado para este tipo de desplazamientos.

— Se cuenta con organismos de inteligencia para realizar el análisis de riesgo.

— Se realiza un estudio con fuentes de información para determinar la presencia de grupos al margen de la ley, sobre la vía a transitar.

— Se estudia cuidadosamente la hora, día y detalles de seguridad que en un momento dado son vitales para nuestra protección.

5. La divulgación o el mal manejo de la reserva profesional en todos los casos ocasiona problemas lamentables directa o indirectamente, en este caso se presentaron algunos errores como:

— El señor director de la Cárcel del Circuito Judicial de Mocoa, debió tener la discreción y reserva absoluta con el traslado del personal detenido, teniendo en cuenta que no debió informar al personal de guarda sobre la misma a cumplir, sino minutos antes del desplazamiento, porque los guardianes voluntaria o involuntariamente pudieron haber informado a los reclusos.

— El personal a trasladar no debió tener ningún contacto con familiares, amigos, etc., ya que estos pueden portar radios de comunicación, teléfono e informar a los asaltantes.

Según las diligencias de testimonio realizadas el 011199, a los señores Carlos Mario Calderón Cañola (…) Olmedo Jacinto Carlosama Duarte (…), Yimy Wallinton Velásquez Parrada (…), Luis Antonio Santacruz (…), y Wilson Freddy Delgado (…), los cuales manifiestan que el personal de guardia como los internos tenían conocimiento de la remisión que se iba a realizar a las ciudades de Pasto y Buga respectivamente, lo que coloca en evidencia el descuido en el manejo de la información.

6. (…) Remitirlos en un solo operativo no tomaba demasiado riesgo, si no se hubiera perpetrado la fuga de información, pues al parecer se tenía un amplio conocimiento del día, la hora y el vehículo utilizado, igualmente la falta de un vehículo escolta jugó un papel determinante en la situación que se presentó.

7. Las características del vehículo no fueron las apropiadas porque el personal que iba en la parte de atrás, se encontraba sentado en el piso, el camión debía llevar unas bancas o soportes ubicados en la parte delantera de la carretera, pues el personal de custodia tuviera comodidad, buena visibilidad hacia la parte frontal y lateral del vehículo /derecha e izquierda, además es necesario para que estos puedan analizar, identificar y reaccionar al peligro de una manera eficaz y así poder reducir el riesgo, pues brinda además la oportunidad de llevar el armamento en la mano con buena estabilidad y listos para reaccionar en el menor tiempo posible.

— La relación numérica de los guardianes no era suficiente y la distribución del personal en la parte trasera no era adecuada, pues iban cuatro retenidos y tres guardianes, lo que hubiera podido ocasionar una fuga fácilmente ya que el camión estaba totalmente cerrado y no se tenía ninguna clase de comunicación porque no portaban radios.

— Es necesario que el personal conozca el funcionamiento y condiciones del arma que va a utilizar, pues según lo manifestado por los cinco declarantes nombrados en el Nº cinco, manifiestan que el armamento y la munición no se encontraban en buenas condiciones, lo que deja de manifiesto que faltó gestión para solicitar la revisión por parte de un armero de este armamento y munición y así poder determinar su funcionamiento y conservación.

— El armamento no fue el más adecuado, pues en estos casos es necesario la utilización de armas más contundentes, como fusiles o escopetas, porque fácilmente nos podemos ver abocados en enfrentamientos con asaltantes, guerrilla u otros grupos al margen de la ley dotados de buen armamento.

— En cuanto a la munición se concluye que el establecimiento carcelario al parecer en esos momentos contaba con muy poca munición, debiéndose gestionar por otros medios la consecución de una buena cantidad, teniendo en cuenta el alto riesgo en el traslado de los retenidos.

— El apoyo es sumamente importante porque si el enemigo se ve en desventaja numérica es posible que desista del ataque, igualmente si hubiera ido otro vehículo adelante o atrás con personal bien ubicado mejores hubieran sido los resultados, pues el vehículo escolta estará pendiente de cualquier anomalía en la vía y debe reaccionar en forma rápida y oportuna, de la misma forma deben poseer radios de comunicaciones entre los dos vehículos, según lo manifestado por el señor Carlos Mario Calderón Cañola, que estuvo en el atentado, los primeros impactos no hicieron blanco sobre los occisos, sino minutos después y allí donde hubiera existido personal de apoyo este debía repeler el ataque para que no sea solamente un vehículo el objetivo de los agresores, sino que tenga que defenderse desde diferentes ángulos de disparo y no puedan obtener los resultados que quieran.

8. Dentro del presente caso el procedimiento a seguir no tuvo ninguna planificación ya que según las pruebas recolectadas en el proceso no se tuvieron en cuenta alguno pasos a seguir como:

(…).

La discreción en cuanto a la información no se tuvo en cuenta, según lo manifestado en las declaraciones expuestas en el proceso, el personal de guardia y los reclusos ya sabían de la remisión con anticipación, faltando a una de las reglas esenciales de la seguridad.

— La verificación de apoyos externos no se gestionó debiendo haberse oficiado al Departamento Administrativo de Seguridad, Policía, Ejército o haber llevado el vehículo Campero Toyota 4.5 cabinado, que se encontraba también al servicio del Inpec, Mocoa con más personal de escolta para el camión.

— No se realizó la respectiva división de la misión, porque no se planificó por parte del director de la cárcel ni del jefe de seguridad, pues la distribución tanto de detenidos como escoltas no fue la más acertada.

— La munición no fue suficiente de acuerdo al tiempo del enfrentamiento y la valoración de la agresión.

— El vehículo fue insuficiente porque al no llevar escolta el ataque se centró en un solo vehículo y sus ocupantes.

9. Sí era posible adoptar medidas con más garantías de seguridad, entre estas tenemos:

— La utilización de un vehículo escolta. Según las averiguaciones adelantadas, la cárcel para ese tiempo contaba con un campero Toyota 4.5, tres puertas, con capacidad para seis personas, el cual pudo haberse utilizado con más guardianes.

— Se pudo haber solicitado apoyo del personal de la Policía, ya que en varias oportunidades la Sijin, del departamento le ha prestado este servicio.

(…).

22. De conformidad con lo expuesto y una vez establecido el daño padecido por la parte demandante, considera la Sala que sí es posible deducir la responsabilidad total del Inpec en la ocurrencia del mismo, en atención a que este se produjo como consecuencia de su conducta omisiva constitutiva de falla del servicio, la cual propició que los riesgos propios del servicio que el señor Flavio Edgar Solarte Ojeda decidió asumir cuando voluntariamente ingresó a la instituto carcelario, fueran superados ostensiblemente.

23. La omisión en la que incurrió el director del Inpec consistió en la inobservancia de los parámetros esbozados en la prueba pericial ya que, de manera prematura, descuidada y desprovista de toda confidencialidad, impartió la orden de traslado de internos a cargo de seis guardias de vigilancia y seguridad, quienes además de no representar un equipo completo para este tipo de operaciones, no contaban con el armamento, la munición, el apoyo de personal de escoltas, ni el medio de trasporte adecuado para enfrentar un posible ataque o interferencia durante la marcha.

24. Para la Sala, tal falencia resulta constitutiva de una falla del servicio de la cual es posible imputar la responsabilidad al Inpec en la producción del daño, en tanto que fueron vulnerados los deberes que el ordenamiento jurídico imponía a la demandada, pues el director del instituto desconoció sus obligaciones profesionales, fue negligente, descuidado y expuso a un inminente riego al personal de vigilancia y a los reclusos.

25. Al efecto, si bien en los hechos del 14 de abril de 1998 en los cuales resultó muerto el señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda hubo participación de delincuentes, lo cierto es que tal circunstancia representa eximente de responsabilidad cuando la acción del tercero resulta ser exclusiva y determinante en la producción de daño, caso que no se da en el presente asunto, por cuanto a la luz del dictamen pericial, los resultados obedecieron palmariamente a la concurrencia de las fallas por parte del Inpec, pues la lectura del mismo indica que si se hubieren observado cada una de las medidas, cuidados y previsiones para la remisión de internos de una ciudad a otra, no se habría presentado el ataque, o los delincuentes hubieren desistido del mismo, o a lo sumo, los resultados no hubieren sido fatales. De acuerdo con lo anterior y, en concordancia con el principio de solidaridad, es imputable al Estado el deber del resarcir el perjuicio ocasionado a la parte actora.

26. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia apelada y declarará la responsabilidad del Inpec, por el daño padecido por la parte actora, sin exoneración alguna.

V. Liquidación de perjuicios

27. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda, y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

V.1. Perjuicios inmateriales

a. Perjuicios morales.

28. Por concepto de perjuicios morales, el juez de primera instancia condenó al Inpec a pagar 500 gramos oro a favor de Lucy Zenayda Huaca Luna, Cristian Camilo Solarte Huaca, Demetrio Jesús Solarte Burbano y María Liduvina Ojeda Pasinga, y 250 gramos oro a favor de Mardoqueo Felipe Solarte Andrade por su condición de abuelo de la víctima, es decir, de conformidad con lo señalado en el párrafo 9, el 100% de la condena ascendió a 1.000 gramos oro. Comoquiera que estos perjuicios se definieron en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales, por cuanto la Sala abandonó el sistema de cálculo de los perjuicios morales con base en el patrón gramo de oro, para acoger en su lugar la indemnización de los mismos en salarios mínimos legales(4). En consecuencia, se condenará al Inpec a pagar la suma equivalente a 100 y 50 SMMLV, respectivamente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

29. Respecto a los perjuicios morales a favor de los señores Henry, Ever, Lidia Margoth, Nora Edith y José Ricardo Solarte Ojeda, todos mayores de edad, en calidad de hermanos de la víctima, se puede inferir(5) que padecieron pena, aflicción o congoja con la muerte de Fulvio Edgar Solarte Ojeda, con lo cual se los tienen como damnificados por tal suceso, sin que sea necesario que acrediten tal circunstancia en razón de su edad. Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce indiciariamente a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos del señor Lázaro Fulvio Edgar, a raíz de su muerte(6).

30. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala condenará al Inpec a pagar a favor de cada uno de los señores Henry, Ever, Lidia Margoth, Nora Edith y José Ricardo Solarte Ojeda (hermanos) la suma equivalente a 50 SMMLV, con el fin de compensar el daño moral padecido por estos como consecuencia de la muerte de quien fuera su hermano.

V.2. Perjuicios materiales

a. Lucro cesante

31. La Sala advierte que debido a que la parte demandante acreditó que Fulvio Edgar Solarte Ojeda sostenía una unión marital de hecho con Lucy Zenayda Huaca Luna (párr. 14.2), dentro de la cual fue procreado el menor Cristian Camilo Solarte Huaca, se reconocerán los perjuicios materiales a que tienen derecho.

32. En cuanto al ingreso base para llevar a cabo la liquidación del lucro cesante a favor de la compañera permanente y el hijo del señor Solarte Ojeda, en el expediente obra prueba acerca del monto exacto de los ingresos que este percibía mensualmente como agente de la Policía Nacional, los cuales correspondían a la suma de $ 630 576, monto que se actualizará a la fecha en la cual se profiere la presente sentencia (certificado del último salario devengado por el dragoneante Solarte Ojeda, fl. 99 cdno. 2):

— Actualización de la renta

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Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta histórica, el último salario mensual devengado por la víctima, $ 630 576.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 108,01 que es el correspondiente a agosto de 2011.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 49,64 que es el correspondiente al mes de abril de 1998.

 

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33. A dicho monto se le suma el 25%, por concepto de prestaciones sociales quedando la suma de $ 1.751.061. En cuanto al porcentaje que de sus ingresos dedicaba el occiso a gastos personales y familiares, no hay prueba que permita deducirlo; por lo tanto, es necesario aplicar las reglas de la experiencia(7), según las cuales no es posible afirmar que la víctima destinaba todos sus ingresos al mantenimiento de su familia, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia, el cual es estimado por la Sala, cuando menos, en un 25%. Entonces, a la renta actualizada se le descontará el 25%, correspondiente al valor aproximado que el señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda debía destinar para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 1.286.296.

34. El 50% de este valor se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la compañera permanente Lucy Zenayda Huaca Luna y, el 50% restante para la indemnización de su hijo Cristian Camilo Solarte Huaca, de modo que la suma base para el cálculo de la indemnización a que tiene derecho cada una de ellas será de $ 643.184.

35. Como límite temporal se tendrá en cuenta, respecto del hijo, la fecha en la cual este cumpliría 25 años de edad, en tanto que las reglas de la experiencia indican que ese sería el momento aproximado en el cual aquel conformaría su propia familia, es decir, se emanciparía del seno familiar y, por lo tanto, dejaría de percibir la ayuda económica paterna. Respecto de la compañera permanente, se tendrá en cuenta la vida probable del occiso, por ser este mayor que aquella.

36. Con base en lo anterior, se tasará la indemnización debida o consolidada, que abarca el lapso transcurrido desde la época de los hechos hasta la sentencia en la cual se dispone la indemnización y la indemnización futura o anticipada, que abarca el periodo transcurrido entre la sentencia y la vida probable del señor Solarte Ojeda o los 25 años de su hijo.

Para Lucy Zenayda Huaca Luna (compañera permanente)

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica

 

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Para aplicar se tiene:

S="Suma a obtener.
Ra="Renta actualizada, es decir $ 643.148.
i="Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n="Número de meses transcurridos desde el momento del daño —14 de abril de 1998— hasta la fecha de sentencia 12 de octubre de 2011, estos son, 161,9 meses.
1="Es una constante.

 

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— Cálculo de la indemnización futura o anticipada

 

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Para aplicar se tiene:

S="Suma a obtener.
Ra="Renta actualizada, es decir $643.148.
i="Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n="Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable del occiso (de 26 años al momento del daño), es decir 439,06 meses.
1="Es una constante.

 

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37. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para la compañera permanente del señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda es el siguiente:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 157.876.289$ 116.467.948$ 274.344.237

 

Para Cristian Camilo Solarte Huaca (hijo)

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica

 

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 643.148.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el momento del daño —14 de abril de 1998— hasta la fecha de sentencia 12 de octubre de 2011, estos son, 161,9 meses.
1=Es una constante.

 

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— Cálculo de la indemnización futura o anticipada

 

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $643 148
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses a transcurrir desde la sentencia, hasta los 25 años de edad del damnificado (nacido el 9 de noviembre de 1995), es decir 108,9 meses.
1=Es una constante.

 

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38. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para el hijo del señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda es el siguiente:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 157.876.289$ 54.264.859$ 212.141.148

 

VI. Costas

39. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición y se revocará lo decidido al respecto por el a quo.

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia de junio 8 de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por la muerte del señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda, en el mes de abril de 1998.

2. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar, por concepto de perjuicios morales con ocasión de la muerte del señor Fulvio Edgar Solarte Ojeda, las siguientes sumas de dinero:

2.1. Cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV) a favor de cada una de las siguientes personas: Lucy Zenayda Huaca Luna, Cristian Camilo Solarte Huaca, Demetrio Jesús Solarte Burbano y María Liduvina Ojeda Pasinga.

2.2. Cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) a favor de las siguientes personas: Mardoqueo Felipe Solarte Andrade y, José Ricardo, Henry, Ever, Lidia Margoth y Nora Edith Solarte Ojeda.

3. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de doscientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y siete pesos ($ 274.344.237) a favor de señora Lucy Zenayda Huaca Luna.

4. CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de doscientos doce millones ciento cuarenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 212.141.148) a favor de Cristian Camilo Solarte Huaca.

5. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 22 de enero de 1999, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios materiales, en $ 79.200.000 a favor de la compañera permanente y el hijo de Fulvio Edgar Solarte Ojeda, para cada uno. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.

(2) Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de mayo 3 de 2001, Expediente 12338, C.P. Alier Hernández; marzo 8 de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y octubre 7 de 2009, Expediente 17884, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Oficio Nº 205/PSIJI DEPUY, dictamen rendido por el investigador judicial Sijin del departamento de Policía del Putumayo, cabo primero Marco Aurelio Ramírez Lyton, con Vo. Bo. del comandante del mismo departamento, el mayor Luis Alfonso Berrío Zuleta (fls. 278 a 284 cdno. 2).

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, Expediente 13232-156446, C.P. Alier Hernández.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Expediente 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

(6) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Expediente 12703, C.P. María Elena Giraldo.

(7) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 6 de 2005, Expediente 13406, C.P. Alier Hernández, entre otras.