Sentencia 1999-00098 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100019990009801

Expediente: 32.275

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Guillermo Pabón Barahona

Demandados: Nación – Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 2 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca(1), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor fue estimada en $ 209’898.125 que, por concepto de perjuicios materiales, solicitó el acá demandante.

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto por el demandante el 29 de agosto de 2005 (fl. 315, cdno. Ppal.), esto es, en vigencia de la Ley 954 de ese mismo año (28 de abril), que dio aplicación a lo dispuesto por la Ley 446 de 1998; al respecto, el artículo 1º de la citada Ley 954 dispuso:

“ART. 1º—Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

“Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos (…)” (se destaca).

Así las cosas, a partir del 28 de abril de 2005, fecha en que entró en vigor la Ley 954 y hasta cuando empezaron a funcionar los Juzgados Administrativos, esto es, el 1 de agosto de 2006(2), los tribunales conocieron, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes(3).

2.2 Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, el 30 de octubre de 1997 el entonces Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ordenó la toma de posesión de la Cooperativa de Ahorro e Inversión, Cooservir Ltda., a fin de proceder a su liquidación (fls. 202 a 217, cdno. Ppal.) y la demanda fue instaurada el 18 de diciembre de 1998, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3 Las asociaciones de economía solidaria.

Mediante la Ley 24 de 1981, la Superintendencia Nacional de Cooperativas se transformó en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, el cual, según el artículo 2º (num. 5º), tenía dentro de sus objetivos el de “Ejercer el control y la vigilancia sobre entidades que cobija su acción, para que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones leales sobre el particular y los intereses de los asociados”.

Por su parte, la Ley 79 de 1988, “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”, tuvo como propósito dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, pues, según el artículo 2º de la citada norma, “El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas”.

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo, el cual, a términos del artículo 3º ibídem, se define como el “contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro”.

Las cooperativas, según el artículo 10 ibídem, deben prestar preferencialmente sus servicios al personal asociado, aunque, de acuerdo con sus estatutos, pueden “extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo”; además, su administración está a cargo de la asamblea general, el consejo de administración y el gerente —artículo 26—.

El artículo 38 de la mencionada ley señala que, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre las cooperativas, estas deben tener una junta de vigilancia y un revisor fiscal. Dice también esa ley, en su artículo 40, que dentro de las funciones que le corresponden a la junta están la de velar porque las actuaciones de los órganos de administración se ajusten al ordenamiento legal, en especial a los principios cooperativos, así como el deber de “informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse”.

Por su parte, el artículo 151 ibídem prevé que las cooperativas estarán sometidas a la inspección y vigilancia del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, a fin de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación se ajusten a las normas legales y estatutarias dispuestas para tal efecto. En todo caso, “las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas”.

Ahora bien, mediante la Ley 454 de 1998 se transformó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial y se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Según el artículo 2º de la norma citada, se denomina economía solidaria “al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.

Las organizaciones de economía solidaria son personas jurídicas cuyo fin no es otro que realizar actividades sin ánimo de lucro, donde los trabajadores o usuarios, según el caso, son sus aportantes y gestores, su objeto es producir, distribuir y consumir bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de sus miembros y propender por el desarrollo de obras, para el beneficio de la comunidad en general —artículo 6º—.

De conformidad con el anterior panorama normativo, aplicable para la época de los hechos, cabe resaltar que las sociedades de economía solidaria, como las cooperativas de ahorro y crédito, están sujetas a un doble control de inspección y vigilancia, orientado particularmente a que los actos de los órganos de administración, que sean atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social, disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. Ese doble control está constituido, por un lado, por el control interno, el cual está a cargo de la junta de vigilancia y del revisor fiscal de cada entidad y, por el otro, por el que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, luego Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Decreto 4122 de 2001 transformó el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, en una Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, cuyo objetivo es “diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política” —artículo 3º—.

2.4. El caso y su análisis.

Está acreditado que, mediante Resolución 242 del 11 de septiembre de 1963, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas reconoció personería jurídica a la sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Hospital San Juan de Dios Ltda., la cual, mediante reforma estatutaria, sancionada por DANCOOP a través de la Resolución 2755 del 10 de agosto de 1992, cambió su razón social por la de Cooperativa de Ahorro y Crédito e Inversión Social, Cooservir LTDA. (Fl. 202, cdno. 1).

Asimismo, obran en el expediente los “Certificados de Depósito de Ahorro a Término”, constituidos por la Cooperativa de Ahorro e Inversión Social, Cooservir Ltda., a nombre del señor Guillermo Pabón Barahona (fls. 242 a 264, cdno. 1) y las respectivas reclamaciones que, al efecto, este formuló a dicha Cooperativa, a fin de que le fueran restituidos sus ahorros (fls. 21 a 27, cdno. 1).

Según la demanda, Dancoop, hoy Dansocial, omitió su deber de vigilancia de la actividad financiera desarrollada por Cooservir Ltda., lo cual ocasionó que ésta entrara en cesación de pagos e iliquidez y que, por tanto, se perdieran los ahorros del acá demandante, de suerte que se procede a analizar, de conformidad con el material probatorio que milita en el expediente y las normas que regulaban la materia, si la entidad incurrió o no en una falla del servicio, para lo cual resulta de suma importancia hacer algunas precisiones previas:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 1134 de 1989, “Por la cual se reglamenta la actividad de ahorro y crédito desarrollada por las cooperativas y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de estas”, los revisores fiscales de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito debían rendir informes cada tres meses al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, sobre los siguientes aspectos:

“1. Si la entidad ha mantenido constantemente los depósitos de liquidez sobre los recursos captados de ahorro en el porcentaje establecido por este decreto.

“2. Si la entidad se ajustó permanentemente a las relaciones de endeudamiento establecidas en el presente decreto y durante el término materia del informe.

“3. Si los préstamos otorgados constan en títulos valores debidamente diligenciados y con las correspondientes garantías.

“4. Si la cartera del servicio de ahorro y crédito está debidamente clasificada, si sobre ella se vienen efectuando las previsiones que la amparan y si estas cubren la totalidad de las obligaciones de dudoso recaudo.

“5. Si la entidad se ajustó al régimen de inversión señalado en este decreto en relación con los recursos de captación de ahorros y si los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer los citados recursos.

“6. Si la administración del servicio de ahorro y crédito se ha desarrollado en forma normal y sin alteraciones que hayan ocasionado pérdida de confianza en los ahorradores, o corridas imprevistas de depósitos de ahorros.

“7. Si la revisoría fiscal cuenta con los medios suficientes y adecuados para garantizar una normal y periódica vigilancia de las operaciones de ahorro y crédito”.

En los informes de la revisoría fiscal de la Cooperativa Cooservir Ltda., correspondientes a los trimestres de enero a marzo y de abril a junio de 1996, rendidos a Dancoop el 25 de abril y el 26 de julio de ese mismo año, respectivamente, quedó consignado que las relaciones de endeudamiento de dicha cooperativa presentaron buen comportamiento, los créditos otorgados a los asociados fueron debidamente respaldados con garantías, la cooperativa se ajustó al régimen de inversiones fijado para los recursos de captación de ahorro y prestó los servicios sociales de previsión, asistencia y solidaridad, sin comprometer los recursos captados, mientras que la administración del servicio de ahorro y crédito se desarrolló normalmente, generando confianza a los asociados y ahorradores (fls. 162 a 166, cdno. 1).

En relación con los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 1996 y de enero a marzo de 1997, los informes de revisoría fiscal rendidos a Dancoop el 23 de octubre de 1996, el 30 de enero y el 30 de abril de 1997, respectivamente, establecieron que la Cooperativa Cooservir Ltda. mantuvo un endeudamiento con terceros que superó el 80% de su capacidad máxima, los créditos otorgados a los asociados fueron debidamente respaldados con garantías, la cooperativa se ajustó al régimen de inversiones fijado para los recursos de captación de ahorro y prestó los servicios sociales de previsión, asistencia y solidaridad sin comprometer los recursos captados, mientras que la administración del servicio de ahorro y crédito se desarrolló normalmente, generando confianza a los asociados y ahorradores. Estos últimos informes revelaron, además, que la empresa encargada de la revisoría fiscal contaba con los medios suficientes y adecuados para garantizar una normal y periódica vigilancia de las operaciones de ahorro y crédito (fls. 167 a 173, cdno. 1).

El informe de revisoría fiscal correspondiente al trimestre de abril a junio de 1997, rendido a Dancoop el 24 de julio de ese mismo año, mostró que Cooservir Ltda presentó déficit de su fondo de liquidez, mantuvo un endeudamiento que excedió el 67% de su capacidad máxima y registró cuentas por cobrar por $ 22.642 millones, por concepto de préstamos a particulares, incluidos los intereses causados, obligaciones estas que se encontraban vencidas, sin que existieran prórrogas o acuerdos de pago diferentes a los inicialmente pactados y sobre las que no se constituyó provisión alguna para su protección.

Adicionalmente, Cooservir Ltda. no se ajustó al régimen de inversión en relación con los recursos de captación de ahorro y los servicios de previsión, asistencia y solidaridad, debido a la situación de iliquidez, a lo cual se sumó que, a 30 de junio de 1997, la administración del servicio de ahorro y crédito se vio afectada, por el deterioro de los índices de liquidez y del estado económico y financiero (fls. 175 a 177, cdno. 1).

Debido a las irregularidades presentadas, Dancoop, mediante auto del 4 de agosto de 1997, nombró una comisión, a fin de que iniciara una investigación preliminar contra la mencionada cooperativa, para establecer “si su funcionamiento se encuentra acorde con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias” (fl. 115, cdno. 1); en tal virtud, entre el 5 y el 15 de agosto de 1997, la demandada practicó una visita a las instalaciones de dicha cooperativa, cuyo informe —sin fecha de presentación— reveló varias inconsistencias en torno al manejo que se le había dado a la misma.

Aquellas inconsistencias fueron: vencimiento de la autorización para el funcionamiento de Cooservir Ltda.(5), los actos de nombramiento de los últimos directivos de la cooperativa no fueron remitidos a Dancoop, para el control de legalidad(6), cartera morosa, créditos sin garantía otorgados por los gerentes que excedían los aprobados por el comité de crédito(7), incremento notable de los gastos del personal de la cooperativa, omisión en la práctica de retención en la fuente a los proveedores y contratistas(8), ausencia de informes por parte de los gerentes, exceso en el margen de endeudamiento y de captación(9), problemas de iliquidez(10), desbordamiento en los créditos, lentitud en la recuperación de cartera(11), falta de control en el manejo de recursos y utilización de los dineros del fondo para fines distintos(12).

Con fundamento en lo anterior, la comisión concluyó que existían anomalías y hechos irregulares violatorios de las normas legales, estatutarias y reglamentarias y, por tanto, motivos suficientes para i) decretar la disolución y liquidación de la cooperativa, ii) abrir investigación administrativa contra los directivos responsables y iii) compulsar copias de la investigación a la autoridad competente (fls. 159 y 160, cdno. 1).

Así las cosas, a través de la Resolución 1775 del 30 de octubre de 1997, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas –Dancoop, al tenor de lo dispuesto por el artículo 114 (literales a, b y e) del Decreto 663 de 1993, esto es, por haber suspendido el pago de sus obligaciones, persistir en la violación de los estatutos o de la ley y manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, ordenó tomar posesión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito e Inversión Social, Cooservir LTDA., para liquidarla (fls. 202 a 217, cdno. 1).

Según el artículo 9º (inciso cuarto) del Decreto 1134 de 1989, “Por el cual se reglamenta la actividad de ahorro y crédito desarrollada por las cooperativas y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de estas”, la captación de ahorros de terceros por las cooperativas de ahorro y crédito “no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del total del endeudamiento”; por su parte, el artículo 12 ibídem dispuso que tales cooperativas mantendrían un fondo de liquidez permanente equivalente al 10% del total de sus captaciones de ahorros a la vista y a término.

Sin embargo, se evidenció que, a partir del trimestre de julio a septiembre de 1996, Cooservir LTDA. mantuvo un endeudamiento que superó el 80% de su capacidad máxima, situación que se repitió en los trimestres siguientes, esto es, octubre a diciembre de 1996 y enero a marzo de 1997 (ver página 12 de este fallo), hechos que, mediante informes de revisoría fiscal, fueron puestos en conocimiento de Dancoop.

Si bien para la época acabada de referir Cooservir Ltda. se ajustó al régimen de inversiones fijado para los recursos de captación de ahorro, prestó los servicios sociales de previsión, asistencia y solidaridad, sin comprometer los recursos captados y, además, los créditos otorgados fueron respaldados con garantías, lo cierto es que, para entonces, ya empezaba a evidenciarse un excesivo endeudamiento, el cual continuó hasta mediados de 1997, cuando la cooperativa presentó déficit en su fondo de liquidez, que originó una investigación preliminar en su contra, la cual, como se vio, culminó con la toma de posesión, para liquidarla, mediante Resolución 1775 de 1997.

No obstante que la Ley 79 de 1988 y sus decretos reglamentarios (vigentes para la época de los hechos) no establecían términos para la adopción de medidas de intervención y liquidación, de modo que las mismas, conforme a las reglas de la experiencia, debían ser tomadas con prudente juicio y en términos razonables, lo cierto es que, a juicio de la Sala, tales medidas no fueron oportunas, no solo por los graves problemas de endeudamiento evidenciados en Cooservir Ltda. un año antes de que se iniciara en su contra una investigación preliminar, sino porque, además, dentro del período comprendido entre enero de 1996 y julio de 1997 esa cooperativa desarrolló su actividad financiera sin tener autorización para ello, pues el respectivo permiso se encontraba vencido, circunstancia que era conocida por la demandada.

En efecto, el 26 de marzo de 1996 Dancoop requirió a Cooservir Ltda., a fin de que allegara la documentación necesaria para la renovación de la actividad financiera, pues, según dijo, mediante Resolución 5058 del 19 de diciembre de 1991, notificada el 17 de enero de 1992, “se le concedió la autorización para ejercer la Actividad Financiera por un termino (sic) de 4 años, los cuales se encuentran vencidos a la fecha” (fl. 180, cdno. 1).

Teniendo en cuenta que Cooservir Ltda. no allegó los documentos exigidos, Dancoop ofició nuevamente a ésta el 25 de noviembre de ese mismo año, esto es, 9 meses después, a fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto en el oficio del 26 de marzo de 1996 (fl. 181, cdno. 1), solicitud que se repitió el 23 de junio de 1997 (fl. 182, cdno. 1), esto es, casi un año y tres meses después del primer oficio dirigido a la cooperativa.

Como se observa, a pesar de que el permiso de funcionamiento de Cooservir Ltda venció el 17 de enero de 1996, ésta siguió desarrollando normalmente sus actividades financieras, con el agravante de que, durante 1996 y 1997, se presentaron las situaciones anómalas que la afectaron. Precisamente, una de las irregularidades detectadas por la comisión que practicó la visita a las instalaciones de Cooservir Ltda. fue la ausencia del permiso para su funcionamiento (fl. 117, cdno. 1).

Según el artículo 17 de la Ley 79 de 1988, “En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro de la cooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y el de su representante legal, debidamente identificado, y se autorizará su funcionamiento”; por su parte, el artículo 151 ibídem dispuso que “Las cooperativas estarán sujetas a la inspección y vigilancia permanente del departamento administrativo nacional de cooperativas, de conformidad con la ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias” (se destaca).

Pues bien, con fundamento en las disposiciones acabadas de citar, es claro que Dancoop no solo era el encargado de autorizar el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, sino que, además, tenía la obligación de constatar que los actos atinentes a su funcionamiento se ajustaran a las normas legales y estatutarias.

A pesar de lo anterior, la demandada faltó al deber de inspección y vigilancia permanente de Cooservir Ltda., pues, no obstante que el permiso de funcionamiento de esta última se encontraba vencido, aquella permitió inexplicablemente que la cooperativa siguiera desarrollando su actividad financiera, lo cual no era posible, teniendo en cuenta que, a términos del artículo 2º del Decreto 1134 de 1989, “las cooperativas especializadas de ahorro y crédito podrán ejercer la actividad financiera de captar ahorros en depósitos de terceros y otorgarles préstamos a estos si así lo consagran expresamente sus estatutos, cumplen los requisitos establecidos en este decreto y reciben autorización previa del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas para desempeñar la citada actividad financiera”.

Así las cosas, no obstante que los principales responsables de la situación anómala descubierta en Cooservir Ltda. fueron sus propias directivas, lo cierto es que el material probatorio valorado evidencia la presencia de una falla en la prestación del servicio, imputable a la demandada, por haber omitido los deberes de inspección y vigilancia a los que estaba obligada, teniendo en cuenta que, por una parte, retardó la implementación de las medidas dirigidas a evitar el desbordado endeudamiento de la cooperativa, lo cual, en últimas, afectó su estado de liquidez y, por otra parte, porque permitió, inexplicablemente, que ésta siguiera desarrollando su actividad financiera durante un año y medio, a pesar de que su permiso de funcionamiento se encontraba vencido, período en el cual, como se vio, ocurrieron las irregularidades que afectaron a Cooservir Ltda., lo que produjo que ésta entrara en cesación de pagos e iliquidez y que, por tanto, se perdieran los ahorros del acá demandante.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala revocará el fallo apelado.

III Indemnización de perjuicios.

3.1. Perjuicios morales.

El actor solicitó que se condenara a la demandada a pagar, por dicho concepto, el equivalente a 3000 gramos de oro; sin embargo, no obran pruebas en el plenario que los demuestren y, por tanto, la Sala los negará.

3.2. Perjuicios materiales.

El actor solicitó, por este concepto, $ 209’898.125; al respecto, obran en el plenario los certificados de depósito a término 0002301, por $ 7’000.000 (fl. 242, cdno. 1); 0003192, por $ 7’000.000 (fl. 243, cdno. 1); 0003174, por $ 10’000.000 (fl. 244, cdno. 1); 0002992, por $8’000.000 (fl. 245, cdno. 1); 0003186, por $ 12’000.000 (fl. 246, cdno. 1); 0003751, por $ 11’000.000 (fl. 247, cdno. 1), constituidos por Cooservir LTDA. a favor del señor Guillermo Pabón Barahona.

Asimismo, obran los certificados de depósito a término 0003183, por $ 12’000.000 (fl. 248, cdno. 1); 0003184, por $ 11’000.000 (fl. 249, cdno. 1); 0003185, por $ 11’000.000 (fl. 250, cdno. 1); 0002999, por $ 902.589 (fl. 251, cdno. 1); 0002031, por $ 2’003.905 (fl. 252, cdno. 1); 0002997, por $ 7’103.570 (fl. 253, cdno. 1); 0001833, por 3’000.000 (fl. 254, cuaderno 1); 0003246, por $ 773.420 (fl. 255, cdno. 1); 0003235, por $5’000.000 (fl. 256, cdno. 1), 0003662, por $ 1’222.522 (fl. 257, cdno. 1); 0001020, por $ 3’000.000 (fl. 258, cdno. 1); 0002980, por $ 1’200.000 (fl. 259, cdno. 1); 0003218, por $ 3’188.325 (fl. 260, cdno. 1); 0002991, por $ 1’300.000 (fl. 261, cdno. 1); 0003670, por $ 3’000.000 (fl. 262, cdno. 1); 0003180, por $ 3’000.000 (fl. 263, cdno 1) y 0000373, por $3’000.000 (fl. 264, cdno. 1), constituidos por Cooservir LTDA., en los que el señor Guillermo Pabón Barahona figura como cesionario.

La suma de los valores anotados arroja $ 126’694.331

Según la parte actora, Dancoop aún no ha restituido las sumas representadas en los certificados de depósito a término acabados de referir, hecho que la enjuiciada no desvirtuó en el proceso; por lo tanto, la Sala la condenará a pagar la suma acabada de mencionar.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 126’694.331) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que Dancoop ordenó la toma de posesión, para liquidar a Cooservir Ltda.

1999-00098 1

Adicionalmente, sobre el valor histórico se reconocerán intereses del 6% anual, por la pérdida de la rentabilidad del dinero(13) —artículo 2232 del Código Civil—, obteniendo así la suma de $ 127’327.802,7, según la siguiente liquidación:

0,5 x Valor histórico

i = 0,5 x valor histórico- X (No. de meses)

100

Donde:

i = interés técnico

Valor histórico = $ 126’694.331

Número de meses = 201 (30 de octubre de 1997 hasta 30 julio de 2014)

0,5 x 126’694.331

i= ----------------------------- x 201

100

i= $127’327.802,70

La sumatoria de los valores anteriores arroja un total a indemnizar de $ 463’318.961,30

3.3. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 2 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar:

2. DECLARÁSE la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias(14), por la omisión y retardo de su deber de inspección y vigilancia de la actividad financiera desarrollada por la Cooperativa de Ahorro e Inversión Social, Cooservir LTDA., que ocasionó que ésta entrara en cesación de pagos e iliquidez y que el señor Guillermo Pabón Barahona perdiera los ahorros depositados en dicha cooperativa.

3. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a pagar, a favor del señor Guillermo Pabón Barahona, la suma de cuatrocientos sesenta y tres millones trescientos dieciocho mil novecientos sesenta y un pesos con treinta centavos ($ 463’318.961,30), por concepto de perjuicios materiales.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

6 Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

7 Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Dicha sentencia fue notificada por edicto, que permaneció fijado entre el 23 y el 25 de agosto de 2005 (fl. 316, cdno. Ppal.).

(2) Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006, “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los juzgados administrativos”.

“ART. 2º—Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos Despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los juzgados administrativos el día 1º de agosto del año 2006”.

(3) Para el año de presentación de la demanda (1998), el valor del salario mínimo era de $ 203.826 y, por tanto, los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $ 101’913.000.

(4) Ley 446 de 1998.

(5) Folio 116 del cuaderno 1.

(6) Folio 117 del cuaderno 1.

(7) Folio 120 del cuaderno 1.

(8) Folio 126 del cuaderno 1.

(9) Folio 132 del cuaderno 1.

(10) Folios 136 y 137 del cuaderno 1.

(11) Folio 139 del cuaderno 1.

(12) Folio 143 del cuaderno 1.

(13) Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 17.616).

(14) El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria –Dancoop, luego Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, es hoy la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la cual, por virtud del Decreto 4122 de 2011, se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente.