Sentencia 1999-00099 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 68001-23-31-000-1999-00099-01 (42375)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velázquez Rico

Actor: Jorge Armando Rico Castro

Demandado: La Nación - Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - defectuoso funcionamiento de la administración de justicia I EMBARGO VEHÍCULO AUTOMOTOR - falta de productividad del bien I SECUESTRE - omisión por no prestar caución ni rendir informe de su gestión I DAÑO - el bien embargado no reportó utilidades a favor del ejecutado en el proceso ejecutivo.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó las pretensiones de la acción de reparación directa.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 18 de enero de 1999, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, el señor Jorge Armando Rico Castro presentó demanda contra la Nación —Rama Judicial— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial(1), con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados “...como consecuencia de la falta o falla en el servicio, por error judicial o por mal servicio administrativo de justicia, dentro del proceso ejecutivo mixto radicado bajo el # 17.069 que conoció —o conoce— el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga”.

Como consecuencia de la anterior declaración, el señor Rico Castro solicitó que se condenara a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar, por concepto de daño moral, la suma equivalente a 1.000 gramos oro.

Así mismo, pidió que se condenara a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 14'000.000.

A título de lucro cesante, el demandante solicitó que se reconocieran “...los valores que dejó de producir el vehículo de servicio público de placas URG-914 de propiedad del señor JORGE ARMANDO RICO CASTRO, desde el momento de la diligencia de secuestro, realizada por el comisionado Juez Primero Civil Municipal de Cúcuta, el 10 de abril de 1996 hasta el 25 de julio de 1997, valores debidamente indexados”.

2. Fundamentos fácticos de la demanda.

Se narró que la Fundación para la Educación Superior, FES, promovió demanda ejecutiva mixta contra el señor Jorge Armando Rico Castro y la sociedad ARTECOL LTDA. por el incumplimiento de la obligación contenida en el pagaré Nº 32539. Como garantía de esa obligación se constituyó prenda abierta sin tenencia sobre el vehículo de servicio público de placas URG-914.

Ese proceso fue conocido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, el que mediante providencia del 23 de marzo de 1995 decretó el embargo, secuestro y retención del microbús de placas URG-914, de propiedad del señor Rico Castro.

El 12 de septiembre de 1995, una vez el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte informó sobre el cumplimiento de la orden de embargo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga ordenó la retención del vehículo de placas URG-914.

En cumplimiento de lo anterior, el 29 de septiembre de 1995, el Departamento Administrativo de Tránsito de Cúcuta inmovilizó el microbús y lo puso a disposición de ese despacho judicial.

Mediante providencia del 29 de noviembre de 1995, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga comisionó al Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta para que realizara la diligencia de secuestro del vehículo URG-914. Esa diligencia se practicó el 10 de abril de 1996 y en esta se designó como secuestre al señor Rafael Tarazona Berbesi, quien, según lo dicho por la parte actora, no puso este bien a producir “...para que con ello se pagase el monto de los intereses y capital de la obligación que dio lugar al ejecutivo mixto”.

Indicó el demandante que solicitó al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga que requiriera al auxiliar de la justicia para que rindiera cuentas sobre el producido del vehículo, razón por la que, por auto del 28 de abril de 1997, ese despacho judicial requirió al señor Rafael Tarazona Berbesi para que rindiera los informes correspondientes, pero el secuestre no cumplió con esa obligación.

Señaló el actor que el microbús de su propiedad estuvo inmovilizado en los patios del Departamento de Tránsito y Transporte de Cúcuta desde el día en que se retuvo hasta el día en que se le entregó materialmente a la entidad demandante —25 de julio de 1997—, después del proceso de remate, sin que el auxiliar de la justicia hubiese puesto a producir el vehículo, pese a ser de servicio público.

Alegó la parte actora que se configuró una falla en la prestación del servicio porque el auxiliar de la justicia “...no cumplió fielmente con sus deberes, pues resulta apenas obvio que si el vehículo [era] de servicio público, el secuestre designado y debidamente posesionado, hubiera cumplido con las obligaciones que como tal le exigía las normas del artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, no solo se había conservado el bien en condiciones normales de funcionamiento, sino que había seguido produciendo el rendimiento económico que produce esta clase de vehículos y de cuyas cuentas tenía que haber rendido al despacho. El juez de conocimiento, es decir el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, no cumplió con lo estatuido en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil en lo pertinente a la exigencia de la caución allí ordenada” (se transcribe con errores incluidos).

3. Trámite procesal.

Mediante providencia del 26 de abril de 1999, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda(2). Esa decisión se notificó a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en debida forma(3).

4. La contestación de la demanda.

4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, oportunamente, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Sostuvo que en el presente asunto no se configuró ni un error judicial ni un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, porque el proceder del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga se ajustó a los parámetros legales.

Agregó que los actos de la Administración de Justicia solo generaban indemnizaciones cuando estaba demostrado el daño jurídico y el nexo causal y que, en este caso, no existe ni existió ninguno de estos elementos.

Precisó que “...el vehículo secuestrado estaba pignorado a favor de la Fundación para la Educación Superior 'FES' y que como prenda que era, se tenía que someter a las prescripciones de la ley procesal en esta materia, tal como el juzgado lo realizó, y competía al secuestre la custodia del mismo y que si bien es cierto no rindió cuentas como el juzgado se lo solicitó, la verdad, es que la parte interesada en ellas, guardó silencio y no lo exigió y entonces no puede ahora alegar su propia culpa para endilgar responsabilidad a quien no la tiene” (transcripción con errores incluidos).

Propuso como excepciones: i) la “culpa exclusiva de la víctima”, toda vez que el ejecutado no exigió que el secuestre rindiera cuentas, “… con lo cual admitía que no había cuentas que rendir” y ii) la “inexistencia de perjuicios”, por cuanto, según su dicho, los actos jurisdiccionales fueron normales y legales de la Administración de Justicia y, por ende, no hubo daño antijurídico ni tampoco perjuicios que reconocer(4).

5. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 23 de junio de 2011, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

El Tribunal Administrativo de primera instancia señaló que en el sub lite se presentó un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, porque se omitió por parte del secuestre prestar caución para el ejercicio de su cargo y rendir cuentas de la puesta en producción del bien embargado.

Por otra parte, sostuvo que si bien existió un daño que consistió en no poner a producir el vehículo de servicio público que se encontraba bajo la custodia de un secuestre y, por ello, no se generaron ingresos que pudieran ser abonados a la deuda, lo cierto era que no se demostró que este daño fuera antijurídico, pues no se acreditó un menoscabo cierto y particular del patrimonio del actor ni de sus derechos jurídicamente protegidos.

Explicó el a quo que “...en este caso el daño antijurídico no se presenta porque, en primer lugar, la no producción del bien no generó ninguna consecuencia negativa para el actor, el actor como ejecutado del proceso, no ejerció los mecanismos con los que contaba para evitar el daño, el actor con su conducta omisiva no prestó los medios necesarios para poner a producir el bien y, por último, el bien había salido de la esfera de dominio del actor y sus rentas y frutos no enriquecían su patrimonio sino el del ejecutante en el sentido [de] que este había solicitado la medida cautelar para asegurar el pago de la deuda contenida en el pagaré firmado por el señor RICO CASTRO” (se transcribe con errores incluidos).

Como sustento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de primera instancia manifestó que el demandante no impugnó el auto que decretó la medida cautelar, ni se opuso oportunamente a la diligencia de secuestro que se practicó el 10 de abril de 1996, es decir, no ejerció el derecho de defensa de la forma prevista por la ley.

Agregó que tampoco solicitó el relevo del secuestre al notar que este no había prestado caución y que no rindió cuentas de su administración, tal y como lo consagra el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, lo que evidencia que el señor Rico Castro, dentro del proceso ejecutivo mixto fundamento de esta acción, dejó pasar las irregularidades que ahora alega como generadoras de un perjuicio.

Mencionó que el vehículo de servicio público secuestrado se encontraba sujeto a rutas o recorridos asignados por la empresa de transporte a la que estaba afiliado y, si el ejecutado pretendía que se explotara, era su deber informar cuáles eran los recorridos autorizados al vehículo, pero no lo hizo.

Refirió que “...la buseta de servicio público posee lo que se denomina un 'cupo', el cual no fue embargado ni solicitado por el ejecutado, pudiendo haberlo hecho en esta clase de procesos, sin embargo era de su voluntad disponer o no de ese derecho, y en el presente caso, no lo hizo, por tanto, este siguió siendo de propiedad del actor o de un tercero, debiendo este, manifestar que autorizaba su uso para darle la explotación que se le venía dando a la buseta de servicio público, ya que sin éste no se puede prestar el servicio, en el mismo sentido, este al ser propiedad del actor o de un tercero, podía ser vendido, cedido o utilizado por el mismo actor o quien fuera su propietario, en otro vehículo de servicio público de las mismas características, situación que se desconoce por esta Sala” (se transcribe con errores incluidos).

Concluyó el tribunal que “...en este asunto se presenta el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, sin daño antijurídico, porque si bien se presentó mal funcionamiento de la Administración de Justicia, dicha irregularidad no produjo una lesión que el actor no estuviera en la obligación de soportar, es decir, carece de antijuridicidad, teniendo en cuenta que obedeció a una situación que el mismo actor generó al no cancelar el pagaré que suscribió con la Fundación FES y que terminó en un proceso ejecutivo en su contra, con el embargo y secuestro del bien que respaldaba la deuda en prenda sin tenencia”(5) (transcripción literal).

6. El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

Señaló que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de primera instancia en cuanto afirmó que no existió un daño antijurídico, porque, según su dicho, al no poner a producir el vehículo secuestrado se generó un menoscabo en su patrimonio, toda vez que el dinero producido por el bien embargado pudo ser abonado al monto adeudado e, incluso, pudo haberse cumplido la totalidad de la obligación dineraria “...circunstancia que no se dio ni siquiera con el remate del bien embargado, permitiendo así que la entidad acreedora pueda seguir persiguiendo su patrimonio perjudicándolo notablemente”.

Alegó la parte apelante que se atentó contra sus derechos jurídicos protegidos, tales como el derecho al debido proceso, a la debida y correcta administración de justicia y a la igualdad, porque el secuestro del vehículo de su propiedad no cumplió las disposiciones previstas en los artículos 682 y 684 del Código de Procedimiento Civil.

Afirmó que “...el hecho de omitir funciones y deberes propios del cargo de secuestre y más aún la omisión del señor Juez Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga al pasar inadvertido que el secuestre no estaba cumpliendo cabalmente con sus deberes, debió por tanto dar aplicación a la ley y no solo inferir que las actuaciones debían ser realizadas por la parte y que como no las hizo quedaron subsanadas, tal como lo expresa el honorable Tribunal Administrativo de Santander en su providencia fechada 23 de junio hogaño.

Resulta por tanto, lesivo para el actor, que actuaciones que corresponden al órgano jurisdiccional, le competa a mi mandante su solicitud, requerimiento y pronunciamiento” (con errores incluidos).

Mencionó que, tal y como lo afirmó el a quo, se configuró un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por cuanto el secuestre no cumplió con las obligaciones que le imponía el Código de Procedimiento Civil y, además, porque el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, pese a que conocía las irregularidades presentadas, no lo relevó del cargo en aplicación del artículo 688 de dicho código.

Insistió en que las omisiones tanto del secuestre como del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga constituyen “...irregularidades en la función por parte del Estado de impartir justicia, que desembocan en falla en el servicio, son las causantes de los perjuicios económicos ocasionados al actor, lo que en virtud de la inadecuada Administración de Justicia conllevó al detrimento en el patrimonio del señor Jorge Rico Castro y, por tanto, deterioró su capacidad económica y la de su familia(6) (con errores incluidos).

7. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

Los sujetos procesales guardaron silencio en segunda instancia.

8. Ministerio Público.

El Ministerio Público señaló que se debía confirmar el fallo de primera instancia, porque no existió un daño antijurídico, pues no se demostró un menoscabo en el patrimonio del actor, ni de sus derechos jurídicamente protegidos.

Explicó que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga otorgó todas las garantías al demandado para que presentara excepciones, solicitara el desembargo, se opusiera al secuestro del bien sobre el cual pesaba la medida cautelar, interpusiera los recursos contra el auto que libró mandamiento de pago y contra aquel que efectuó la liquidación del crédito y, también, pudo exigir la caución que debía prestar el secuestre y pedir la rendición de cuentas, pero el ejecutado (ahora demandante) no lo hizo.

Afirmó que si bien es cierto que el vehículo de servicio público no produjo rentabilidad mientras estuvo secuestrado, también lo es que ello obedeció a que el actor no facilitó las herramientas para explotar el bien, como las llaves y la tarjeta de propiedad. Además, no informó las rutas de servicio urbano que cubría dicho vehículo para continuar con la prestación del servicio(7).

II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de junio de 2011, que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Para lo anterior, se abordará el asunto en el siguiente orden: i) verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, la legitimación en la causa por activa y el ejercicio oportuno de la acción; ii) responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; iii) análisis de responsabilidad de la Rama Judicial en el caso concreto, iv) liquidación de perjuicios y v) la condena en costas.

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(8).

1.2. Legitimación en la causa por activa.

En el caso bajo estudio, el señor Jorge Armando Rico Castro se encuentra legitimado para actuar dentro del presente proceso, porque fue el demandado dentro del proceso ejecutivo, en el que el secuestre incumplió la obligación de prestar caución y rendir los informes pertinentes en relación con el vehículo que le fue embargado y secuestrado para efectos de garantizar la deuda contraída con la Fundación FES, omisión que, a su juicio, constituye una falla por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

1.3. El ejercicio oportuno de la acción.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable), en su artículo 136-8(9), consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Respecto del cómputo del término de caducidad en un caso como el que se estudia, esta Subsección sostuvo:

“Lo pretendido en este caso es la reparación de los perjuicios derivados de la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del Juzgado Quinto de Familia de Ibagué, que terminó con el detrimento patrimonial de los actores, por un monto de $ 50´176.534.

“Así, el término de caducidad comienza a contarse desde cuando se le venció el plazo al secuestre para que consignara dicho saldo, esto es, desde marzo de 2009, por lo que se podía presentar la demanda hasta marzo de 2011; así, como se presentó en junio de 2010, ello ocurrió en tiempo”(10).

Según la jurisprudencia transcrita, en los casos en los que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se fundamenta en el incumplimiento de los deberes de los secuestres, el término de caducidad debe contabilizarse desde la fecha en la cual que se venció el plazo para el acatamiento de la obligación impuesta.

Como en el presente asunto se alega la omisión en la que habría incurrido el secuestre al no prestar caución para el desempeño de sus funciones y al desatender la obligación de rendir cuentas sobre su gestión, la Sala considera que, en principio, el término de caducidad debe contabilizarse desde la fecha en que venció el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Ahora bien, revisadas las pruebas del expediente, se observa que mediante auto del 24 de junio de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, entre otras cosas, resolvió “... se librará oficio al secuestre para que proceda, dentro de los tres días siguientes al recibo del oficio, a la entrega que corresponde y dentro de los 10 días siguientes, rinda cuentas de su gestión para proceder al señalamiento de sus honorarios definitivos”(11).

Como esa providencia se notificó por estado del 26 de junio de 1997, se tiene que el plazo de 10 días que, en aplicación del artículo 689(12) del Código de Procedimiento Civil, se concedió para el cumplimiento de la obligación impuesta venció el 6 de julio de 1997.

Entonces, el término de caducidad inició su cómputo el 7 de julio de 1997 y venció el 7 de julio de 1999. Como la demanda se presentó el 21 de enero de 1999(13), se debe concluir que la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad que consagraba el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo.

2. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De conformidad con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, existen tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(14).

Igualmente, se han destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y; 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(15).

En reciente pronunciamiento, respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Subsección señaló: 

“... resulta procedente precisar que en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función jurisdiccional en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales y los auxiliares de la justicia, según surge de los artículos 69 de la Ley 270 de 1996. 

“Ahora bien, según el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil, los cargos de auxiliares de la justicia, como el de los secuestres, “son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad”, que tienen a su cargo la custodia, es decir, la preservación, vigilancia, cuidado y administración de los bienes puestos a su disposición y, cuando se trata de bienes productivos de renta, como es este el caso, cuentan con las facultades previstas en el Código Civil para los mandatarios(16)(17)

3. Análisis de responsabilidad de la Rama Judicial en el caso concreto.

Para verificar si se configuró o no el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por el señor Jorge Armando Rico Castro, se hace necesario referirse a lo que se encuentra probado en el expediente, así:

• Mediante providencia del 23 de marzo de 1995, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga libró mandamiento de pago contra el señor Jorge Armando Rico Castro y la sociedad Artecol Ltda. y a favor de la Fundación FES(18).

• Por providencia de esa misma fecha, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga decretó como medida cautelar, entre otras, el embargo, secuestro y retención del vehículo de placas URG-914, de propiedad del señor Rico Castro, pignorado a la Fundación FES(19).

• Mediante escrito radicado el 31 de mayo de 1995, el señor Jorge Armando Rico Castro le manifestó al despacho judicial: “... me doy por notificado del mandamiento de pago dictado dentro del proceso de la referencia. Dentro del proceso se persigue el vehículo de placas URG 914 que garantiza el crédito con prenda abierta sin tenencia a favor de la FUNDACIÓN FES. Manifiesto al señor juez que renuncio a términos para excepciones y ejecutoria del auto que resuelva esta solicitud”(20) (se transcribe con errores).

• En atención a lo anterior, por auto del 8 de junio de 1995, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió tener por notificado al señor Rico Castro del mandamiento de pago, por conducta concluyente(21). No obstante, mediante providencia del 11 de octubre de 1995, dicho despacho judicial designó curador ad litem para que representara al señor Jorge Armando Castro Rico y a la sociedad Artecol Ltda.(22).

• Una vez inscrito el embargo del microbús de placas URG 914, se ordenó la retención del mismo, razón por la que, mediante oficio del 29 de septiembre de 1995, el Departamento de Tránsito y Transporte de Cúcuta le informó lo siguiente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga (se transcribe literalmente, incluso con errores incluidos):

“Para su conocimiento y más fines enviamos a su despacho vehículo inmovilizado dando cumplimiento al oficio 4003-17069, de fecha 22-09195, de ese juzgado, de las siguientes características:

“TIPO: MICRO-BUS.

“PLACAS: URG-914

“Nº INTERNO: 607

“EMPRESA: TRASAN”(23).

• El 10 de abril de 1996, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta (juez comisionado) realizó la diligencia de secuestro del referido vehículo(24). En esa diligencia se designó el respectivo secuestre(25). En el acta respectiva se consignó (se transcribe literal, incluso posibles errores):

“... la persona que atiende la diligencia no puso a nuestra disposición las llaves del automotor, manifestando que las mismas estaban en poder de la persona que le retuvo la buseta. (...) teniendo en cuenta que no se presentó oposición a la diligencia de secuestro la suscrita juez declara legalmente embargado y secuestrado el vehículo antes reseñado y le hace entrega real material al señor secuestre, quien lo recibe de conformidad con lo descrito en esta diligencia y manifiesta que dará cumplimiento a las normas que rigen la materia (...) la suscrita juez le hace saber al auxiliar de la justicia que debe rendir cuentas mensuales ante el juez comitente sobre el estado del vehículo y que debe informar cualquier cambio que haga del vehículo”.

• Mediante providencia del 17 de septiembre de 1996, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió (se transcribe literal, incluso errores):

“PRIMERO: Decretar la venta en pública subasta, previo avalúo, del bien inmueble —vehículo—, determinado en la demanda y en la parte motiva de esta providencia, para que con su producto se pague a la parte demandante, el crédito por su capital e intereses.

“SEGUNDO: Ordenar la práctica de la liquidación del crédito en la forma establecida en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.

“TERCERO: Condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso, en favor de la actora”(26)(con errores incluidos).

• Por auto del 26 de septiembre de 1996, el despacho judicial liquidó costas a cargo de la parte demandada(27).

• En escrito radicado el 15 de octubre de 1996, el apoderado del ejecutante —Fundación FES— presentó la liquidación del crédito, así(28) (se transcribe literalmente):

“SALDO DE CAPITAL:$ 11 '047.820
“MORA:AGOSTO 12/94
“INTERESES:5.836% MENSUAL
“ABONO A OBLIGACIÓN:MARZO 08/95
“VALOR INTERESES MORA MENSUAL:$ 644.750
“VALOR INTERESES MORA DIARIO:$ 21.491.69
“VALOR INTERESES DE AGOSTO 12/94 A FEBRERO 12/95$ 3.868.500
“VALOR INTERESES DE FEBRERO 12/95 A MARZO 08/95$ 537.292
“Subtotal mora a marzo 8 de 1995$ 4'405.792
“ABONO A OBLIGACIÓN MARZO 08/95$ 4'000.000
“EL CAPITAL QUEDA IGUAL Y LOS VALORES DE INTERESES
“VALOR INTERESES DE MARZO 08/95 A NOVIEMBRE DE 08/95



$ 12'895.000
“CONSOLIDADO:
“SALDO DE CAPITAL

$ 11'047.820
“SALDO INTERESES MORA 1ª LIQUIDACIÓN$ 405.792
“NUEVA LIQUIDACIÓN INTERESES MORA$ 12'895.000
“'TOTAL$ 24´348.612”.

• En memorial radicado el 24 de octubre de 1996, el señor Jorge Armando Rico Castro (ahora demandante) confirió poder a un abogado para que lo representara dentro del proceso ejecutivo mixto adelantado en su contra(29).

• Por auto del 5 de noviembre de 1996, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga designó dos peritos avaluadores para que procedieran al avalúo de los bienes embargados(30).

Mediante providencia de esa misma fecha —5 de noviembre de 1996—, el despacho judicial dispuso (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“APRUÉBASE en todas y cada una de sus partes la liquidación de costas, visible a folio 56 de este cuaderno, por no haber sido objetada.

“De la liquidación de crédito, practicada y presentada por el señor apoderado judicial de la parte actora, a través del escrito anterior, córrase traslado a la parte demandada por el término de tres días.

Tiénese al Dr. (...) abogado titulado, inscrito y en ejercicio, como apoderado del demandado señor JORGE RICO, para que lo represente en este asunto y hasta el final del mismo en los términos y para los efectos del poder conferido”(31) (resaltado fuera del texto).

• El 12 de diciembre de 1996, se presentó el avalúo del vehículo embargado(32). En auto del 17 de enero de 1997 se corrió traslado a las partes del dictamen pericial(33).

• Mediante providencia del 17 de enero de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió: “SE APRUEBAN en todas y cada una de sus partes las anteriores liquidaciones del crédito y las costas, en virtud de no haber sido objetadas y encontrarse ajustadas a derecho(34).

• Por auto del 19 de marzo de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga fijó fecha y hora para la diligencia de remate(35).

• Por escrito radicado el 22 de abril de 1997, el apoderado del ejecutado solicitó “... ordenar al secuestre del vehículo de servicio público embargado y secuestrado por orden de su despacho, que rinda cuentas, para efectos de que el producido depositado por el auxiliar de la justicia, se tenga en cuenta al momento de la liquidación definitiva del crédito(36).

• En atención de la anterior petición, por providencia del 28 de abril de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga requirió “... al secuestre (...) para que rinda los informes correspondientes como administrador del vehículo de placas URG-914 y, de haber recibido dineros en esta calidad, proceda como lo indica el primer inciso de la norma citada(37).

• Como el remate resultó desierto por falta de postores, por auto del 24 de junio de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió (se transcribe literal, incluso posibles errores):

“1. ADJUDICAR a la FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FES por cuenta y para el pago del crédito y las costas, por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 11.340.000), el vehículo dado en garantía prendaria, embargado, secuestrado y avaluado: Microbus tipo Luv, modelo 1993, de placas URG-914, color blanco calma, marca Chevrolet, motor Nº 251338, chasis TSD96814.

“2. Levantar el embargo y secuestro decretados. Líbrese el oficio correspondiente a la Oficina de Circulación y Tránsito de esta ciudad.

“Así mismo, se librará oficio al secuestre para que proceda, dentro de los tres días siguientes al recibo del oficio, a la entrega que corresponde y dentro de los 10 días siguientes, rinda cuentas de su gestión para proceder al señalamiento de sus honorarios definitivos(38).

• Mediante escrito del 26 de septiembre de 1997, el secuestre le manifestó al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga lo siguiente (se transcribe con errores incluidos)(39):

“Antes de entrar en detalle, quiero excusarme por la demora en este oficio, pero motivos ajenos a mi voluntad “quebrantos de salud” me impidieron enviarlo antes.

“Por medio del presente estoy informándoles que di cumplimiento a lo ordenado en su oficio 2959-17.069, del mes de julio del año en curso, en el cual se me ordena hacer entrega del vehículo que figura embargado y secuestrado y del cual era el secuestre.

“Procedí a hacer la entrega real y material del vehículo, tipo lechuza, de placas URG-914, número interno 607, afiliado a la empresa TRASAN S.A. de la ciudad de Cúcuta, el cual se encontraba en el parqueadero de tránsito municipal, bajo mi custodia.

“Dicha entrega se efectuó el día 25 de julio/97, a entera satisfacción al portador del oficio emanado por su despacho (...).

“Es todo lo que tengo que informar por el momento”.

Para efectos de establecer si hay lugar a condenar a la Rama Judicial por los hechos expuestos en la demanda de reparación directa, se hace necesario analizar la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, el daño y la imputación fáctica y jurídica.

3.1. Daño.

El señor Rico Castro pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que habría incurrido, porque tanto el juez civil que tramitó el proceso ejecutivo adelantado en su contra como el auxiliar de la justicia designado como secuestre en dicho proceso desatendieron las obligaciones que les imponía la ley.

Puntualmente, indicó la parte actora que el secuestre designado para custodiar el vehículo de su propiedad incumplió el deber de prestar caución oportunamente y presentar los informes de su administración, mientras que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga faltó al deber de exigir al auxiliar de la justicia el cumplimiento de tales funciones.

Según el señor Rico Castro, el daño causado por las omisiones consistió en impedirle que se usufructuara el vehículo de servicio público de su propiedad durante el tiempo que estuvo secuestrado y, por ende, dejar de reportar ingresos que pudieran abonarse a la deuda adquirida con la Fundación FES.

En primer lugar, debe decirse que, según las normas civiles aplicables al caso, era procedente que el vehículo automotor de placas URG-914 fuera explotado con el fin de que los dineros producidos se tuvieran como parte de pago de la obligación dineraria que dio origen al proceso ejecutivo adelantado en contra del demandante.

En efecto, el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil establecía:

“ART. 684.—BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:

“1. Los de uso público.

“2. Los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionario de éstos; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuandoelservicioloprestenlosparticulares,podránembargarselosbienesdestinadosaél,asícomolarentalíquidaqueproduzcan,velsecuestrosepracticarácomoeldeempresasindustriales. 

“3. (...)” (se resalta).

Por su parte, el artículo 682-8 de la misma norma indica que “... si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el secuestre asumirá la dirección y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta de aquél, el propietario podrá ejercer las funciones que se indican en la parte final del inciso primero del numeral 6º”.

De lo anterior se desprende que era posible secuestrar un bien de servicio público siempre y cuando el servicio sea prestado por un particular y que puede continuar con su actividad normal bajo el manejo y la dirección del secuestre designado para su custodia.

Ahora bien, según las pruebas aportadas al proceso, puntualmente el oficio del 29 de septiembre de 1995 y de la diligencia de secuestro celebrada el 10 de abril de 1996 —relacionadas con anterioridad—, el vehículo de placas URG-914 estaba destinado al servicio público de pasajeros y, además, se encontraba afiliado a la empresa TRASAN S.A., lo que implica que el servicio estaba siendo prestado por un particular.

Así las cosas, pese a que dicho bien era susceptible de embargo, lo cierto es que podía continuar desarrollando su actividad bajo la dirección del secuestre designado de su cuidado y administración.

No obstante, según certificación expedida el 17 de julio de 2000 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga “... no se halló constancia alguna de haberse consignado dinero alguno por cuenta del secuestre Rafael Tarazona B., tanto en la liquidación de costas, como de crédito no existe incluido ningún valor como depósito hecho por el respectivo secuestre”(40).

Por consiguiente, como el vehículo secuestrado para garantizar el cumplimiento de la obligación dineraria no obtuvo ninguna ganancia que pudiera ser abonada al crédito contraído con la Fundación FES, es claro que al señor Jorge Armando Rico Castro se le causó un daño, pues el proceso ejecutivo contra él continuó, al punto de que el 31 de agosto de 1998 se decretó el embargo y el secuestro de otro de sus bienes(41).

3.2. La imputación.

Establecida la existencia del daño en el que se fundamentan las pretensiones indemnizatorias, la Sala procederá a analizar si el mismo es atribuible a la Rama Judicial y, por tanto, si debe responder por los perjuicios que le pudo causar al demandante.

Como se expuso, son dos las omisiones que, a juicio del señor Rico Castro, configuraron el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la primera, consiste en que el secuestre designado para custodiar el vehículo de su propiedad no prestó caución oportunamente y, la segunda, en que no presentó los informes de su administración ni rindió cuentas acerca de la producción de ese vehículo.

Además, expuso que pese a esos incumplimientos, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga no requirió al auxiliar de la justicia el cumplimiento de tales funciones ni lo removió de su cargo.

Pues bien, de la relación de los hechos probados en el expediente se observa que dentro del proceso ejecutivo adelantado contra el señor Rico Castro, el juzgado encargado de realizar la diligencia de secuestro no le fijó caución al auxiliar de la justicia designado para custodiar el vehículo secuestrado, en aras de garantizar el adecuado desempeño de sus funciones.

Al respecto, se debe decir que esta situación no constituye una omisión por la que la Rama Judicial deba responder, habida cuenta de que no era necesario prestar caución, en los términos de las normas del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, el artículo 683 de dicho código establecía que “... cuando no se trate de los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución que el juez fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido”.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil consagraba que “en las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como secuestres personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa constitución de una garantía del cumplimiento de sus funciones a favor del consejo”.

A su turno, el inciso quinto de la misma norma indicaba que: “la notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la justicia dentro del proceso”.

De las anteriores disposiciones se desprende que solo era necesario prestar caución ante el juez de conocimiento cuando el secuestro se decretaba en una ciudad con menos de 200.000 habitantes, pues, de lo contrario, la constitución de la garantía para el cumplimiento de las funciones del auxiliar de la justicia debía hacerse al momento de obtener la licencia respectiva y a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Entonces, como para la época en que se realizó la diligencia de secuestro —10 de abril de 1996—, San José de Cúcuta —lugar en la que se celebró esa diligencia— tenía más de 200.000 habitantes(42), no era necesario fijar caución para el desempeño del cargo de secuestre dentro del proceso ejecutivo adelantado contra el señor Rico Castro, por existir una garantía previamente constituida.

En otras palabras, al no tener la obligación de fijar caución, no podría atribuirse a la Rama Judicial un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por omisión. Sobre el particular, esta Subsección sostuvo:

“... es claro para la Sala que le asistió la razón al tribunal al negar las pretensiones por estimar que el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué no incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no era su deber ordenar al secuestre que prestara caución dentro del proceso de sucesión en el que los aquí demandantes eran herederos, pues la propia norma aludida al respecto en la demanda, esto es, el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil (inc. tercero) dispone que cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10 de ese mismo código(43), el secuestre deberá prestar la caución que el juez le fije, es decir, que como Ibagué es una ciudad con más de 200.000 habitantes, la garantía por parte del secuestre debió constituirla previamente en el trámite de la licencia como auxiliar de la justicia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura y no ante el juez de conocimiento”(44).

No ocurre lo mismo respecto del deber de presentar oportunamente los informes de gestión del secuestre y rendir cuentas de la producción del vehículo embargado, pues estas funciones sí fueron incumplidas, tal como pasa a explicarse.

El inciso tercero del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil establece que “... el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas”.

Por su parte, el artículo 689 del mismo código establecía que “... al terminar el desempeño del cargo por cualquier causa, el secuestre deberá rendir cuentas comprobadas de su administración, dentro de los diez días siguientes, sin lo cual no se le señalarán honorarios. El juez, de oficio o a petición de parte, también podrá disponer que se rindan cuentas en cualquier tiempo, mientras el secuestro subsista”.

Ahora bien, según las pruebas obrantes en el proceso —relacionadas con anterioridad—, el secuestre designado para la custodia del vehículo de placas URG-914 no cumplió una sola de estas obligaciones, pues durante el tiempo que se desempeñó como secuestre, esto es, desde el 10 de abril de 1996 (fecha en la que se realizó la diligencia de secuestro y se designó el secuestre), hasta el 25 de julio de 1997 (fecha en la que se entregó el vehículo a la Fundación FES) no presentó informes mensuales acerca del desarrollo de sus funciones.

El referido auxiliar de la justicia tampoco rindió cuentas al terminar el desempeño de su cargo, pese a que por auto del 24 de junio de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga le impuso esa obligación, con el fin de proceder al señalamiento de los honorarios definitivos, simplemente, por escrito del 26 de septiembre de 1997, se limitó a informar que el vehículo había sido entregado a la fundación acreedora.

Estas situaciones evidencian que el auxiliar de la justicia designado como secuestre fue negligente frente al cumplimiento de sus funciones y obligaciones, lo que impidió que se conociera en qué condiciones se encontraba el vehículo secuestrado y si se estaba usufructuando para que su ganancia pudiera ser abonada a la deuda contraída con la Fundación FES. Además, limitó la posibilidad de buscar mecanismos alternativos para garantizar la efectividad de las medidas cautelares, pues, como se explicó con anterioridad, por ser un vehículo de servicio público prestado por un particular, podía continuar con su actividad para que los frutos de la misma se abonaran al crédito por el que se inició el proceso ejecutivo.

Aunado a lo anterior, se observa que en el expediente no existe prueba que acredite que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga requirió al secuestre para el cumplimiento de sus funciones o, por lo menos, no antes de que fuera solicitado por el apoderado del ejecutado, por escrito del 22 de abril de 1997.

De igual forma, no se evidencia que ese despacho judicial hubiere adelantado gestiones para relevar al secuestre, pese a que, según el artículo 638 del Código de Procedimiento Civil podía hacerlo de oficio, entre otras causales, cuando el auxiliar de la justicia “... deja de rendir cuentas de su administración o de presentar los informes mensuales...”.

Entonces, a juicio de la Sala, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga incurrió en una omisión que contribuyó a la causación del daño, dado que fue indiferente frente a la inactividad del secuestre del vehículo de propiedad del aquí demandante, dado que si bien los artículos 37(45) y 39(46) del Código de Procedimiento Civil le otorgan los poderes de dirigir el proceso y sancionar a quien o quienes incumplan sus órdenes, nada hizo al respecto. 

En efecto, pese a que desde la fecha de la designación del secuestre, esto es, el 10 de abril de 1996, ese auxiliar de la justicia no rindió un solo informe acerca de su gestión, el juez del proceso ejecutivo nunca lo requirió para que cumpliera con sus obligaciones, ello tan solo ocurrió, previa solicitud del ejecutado, mediante auto del 28 de abril de 1997, es decir, un año después de la designación.

Conviene precisar que, según las pruebas del expediente, luego de la fecha en la que se le ordenó al secuestre que rindiera los informes correspondientes como administrador del vehículo de placas URG-914 (abr. 28/97), tampoco se hizo y, sin embargo, el juzgado de conocimiento nada dijo al respecto, ni adelantó gestiones para relevar del cargo al auxiliar de la justicia, toda vez que, como quedó establecido, su designación terminó el 25 de julio de 1997 cuando entregó el bien secuestrado a la Fundación FES.

Así las cosas, resulta evidente que el proceder del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga incurrió en una omisión, constitutiva de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, por tanto, debe responder por el daño causado a la parte actora. Sobre el particular, en un caso con similares supuestos fácticos al que aquí se decide, esta Subsección sostuvo:

“No obstante lo anterior, no obra prueba de que, previo a las solicitudes de los interesados, el juzgado haya requerido por iniciativa propia al secuestre para ese efecto durante toda su gestión, la cual inició el 2 de mayo de 2007, fecha en la que éste se posesionó en las diligencias de secuestro de los bienes inmuebles, lo que quiere decir que el juez permaneció indiferente a la actividad del secuestre durante 18 meses —del 2 de mayo de 2007 al 10 de noviembre de 2008—, pues en esta última fecha el juzgado requirió por primera vez al secuestre de los inmuebles embargados y secuestrados en el proceso de sucesión, para que rindiera cuentas de su administración.

“(...).

“Así la cosas, resulta evidente que, con su comportamiento, el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué omitió el cumplimiento de sus funciones como director del proceso, como quiera que no intervino de ningún modo para verificar si el secuestre estaba llevando a cabo sus obligaciones, pues, no obstante que aquél no le rendía cuentas, tampoco lo requirió durante cerca de 18 meses para que lo hiciera, con lo que incumplió las obligaciones y deberes que le imponía el Código de Procedimiento Civil, a saber: i) artículo 2º, que impone a los jueces la tarea de “adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”, ii) artículo 37, numeral 1º, “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran” y iii) ejercer las potestades disciplinarias de que trata el artículo 39, numeral 1º, esto es, “Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución”.

“De haber desarrollado sus funciones a cabalidad, el juzgado hubiera detectado la negligencia y la actuación irregular del secuestre, le hubiera solicitado oportunamente la rendición de cuentas y hubiera tomado las medidas tendientes a relevarlo de ese cargo desde antes, con lo que se hubiera evitado, por casi 18 meses, el daño por el que aquí se demandó”(47).

Como consecuencia de lo expuesto, se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se declarará patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por el daño causado al señor Jorge Armando Rico Castro.

3.3. La concurrencia de culpas.

En relación con la concausa, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (C.C., art. 2357) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño(48).

Según se desprende de las pruebas relacionadas con anterioridad, desde el inicio del proceso ejecutivo el señor Rico Castro tuvo conocimiento de que se estaba persiguiendo el vehículo de servicio público de placas URG-914, por ser la garantía de su obligación, tan es así que mediante escrito del 31 de mayo de 1995 lo informó al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y renunció a términos para proponer excepciones.

Esta situación, a juicio de la Sala, implicaba que para el ejecutado —ahora demandante— era evidente que su automotor sería objeto de las medidas cautelares de que trata el Código de Procedimiento Civil (embargo, retención y secuestro).

Sin embargo, pese al conocimiento de la existencia del proceso y la procedencia de las medidas cautelares sobre su vehículo, el señor Rico Castro no desplegó ningún tipo de actuación para verificar si el auxiliar de la justicia designado para la custodia de ese bien estaba cumpliendo o no con las obligaciones que le imponía el Código de Procedimiento Civil, ni tampoco si su automotor era usufructuado y qué tipo de ganancias estaba reportando para ser abonadas al crédito adquirido con la Fundación FES —lo que constituye el daño que ahora deprecó en el presente litigio—.

Por el contrario, se observa que solo hasta el 22 de abril de 1997, el ejecutado solicitó al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga que se le ordenara al secuestre que rindiera cuentas y que “... el producido depositado por el auxiliar de la justicia, se tenga en cuenta al momento de la liquidación definitiva del crédito”, cuando el vehículo ya llevaba inactivo un año, desde que se realizó la diligencia de secuestro del mismo.

Cabe precisar que el estatuto procesal civil establecía la posibilidad de que la parte solicitara que se relevara el secuestre cuando se verificara el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley civil. Entonces, si el señor Rico Castro hubiera actuado con mayor diligencia, agilidad y prontitud en el proceso ejecutivo, habría podido lograr que se relevara al perito designado en la diligencia de secuestro y, de esta manera, impedir que su vehículo estuviere cesante durante el tiempo que duró la medida cautelar.

Dentro de ese contexto, la Sala considera que la conducta de la parte actora contribuyó en la causación del daño, por cuanto resulta evidente su pasividad y desatención dentro del proceso ejecutivo fundamento de las pretensiones.

Así las cosas, como la víctima del daño, de manera cierta y eficaz, contribuyó con la producción del daño, se descontará el quantum indemnizatorio en un 40% de la condena que aquí se impondrá.

4. Indemnización de perjuicios.

En el libelo introductorio se indicó (se transcribe literalmente, incluso posibles errores):

“2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JURISDICCIONAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar al actor JORGE ARMANDO RICO CASTRO, o a quien represente legalmente sus derechos los perjuicios de orden material y moral objetivados y subjetivados, actuales y futuros los cuales se estiman como mínimo en la cantidad de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40'000.000) que comprenden:

“A. los perjuicios de orden material, consistente en el daño emergente, corresponde al valor debidamente indexado del vehículo de servicio público de placas URG-914 plenamente identificado en el hecho segundo de esta demanda, al momento del secuestro del referido inmueble, es decir el 10 de abril de 1996, que era de CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14'000.000).

“B. Los perjuicios materiales consistentes en el lucro cesante, es decir los valores que dejó de producir el vehículo de servicio público de placas URG-914 de propiedad del señor JORGE ARMANDO RICO CASTRO, desde el momento de la diligencia de secuestro realizada por el comisionado Juez Primero Civil Municipal de Cúcuta, el 10 de abril de 1996 hasta el 25 de julio de 1997, valores debidamente indexados.

“C. Los perjuicios morales, consistentes en un mil (1.000) gramos oro fino para el actor señor JORGE ARMANDO RICO CASTRO”.

Daño emergente

Como se señaló, en la demanda se pidió, por concepto de daño emergente, la suma de $ 14'000.000, por concepto del valor del vehículo de servicio público de propiedad del demandante.

A juicio de la Sala, no hay lugar a dicho reconocimiento, por cuanto no existe nexo entre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que incurrió la Rama Judicial y la pérdida de la propiedad del vehículo de placas URG-914.

En efecto, si bien el señor Rico Castro perdió la propiedad de su vehículo, porque el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante providencia del 24 de junio de 1997, se la adjudicó a la Fundación FES, lo cierto es que esa situación no fue consecuencia de las omisiones de la entidad demandada, sino del incumplimiento de la obligación de pago por parte del mencionado señor.

Conviene precisar que, como quedó establecido con anterioridad, el señor Rico Castro garantizó el crédito adquirido con dicha fundación con el vehículo en mención y, por tanto, independientemente de que se hubiesen o no presentado los informes por parte del secuestre del vehículo y se hubiese usufructuado, ese bien, sería utilizado para amortizar la deuda que dio origen al proceso ejecutivo.

Lucro cesante

Por lucro cesante, la parte actora solicitó el reconocimiento de los valores que dejó de producir el vehículo desde la fecha del secuestro —10 de abril de 1996— hasta la fecha en que se le entregó al acreedor —25 de julio de 1997—.

Para probar este perjuicio, dentro del proceso de reparación directa, se solicitó y practicó un dictamen en el que se indicó (se transcribe literalmente):

“Para determinar el lucro cesante desde el 10 de abril de 1996 hasta el 25 de julio de 1997, tomamos como base lo que dejó de producir el vehículo de servicio público de placas URG-914, para lo cual los peritos hicimos las averiguaciones pertinentes en diferentes empresas de transporte urbano, llegando a la conclusión de que un vehículo de las mismas características del que nos ocupa producía en promedio de $ 600.00 (sic) mensuales líquidos.

“Con lo anterior procedemos a liquidar, indexado, mes a mes el producido del vehículo.

“(...).

“VALOR LUCRO CESANTE........ $ 14 '925.061

“SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE.”(49).

No obstante, la Sala se apartará del aludido dictamen pericial, porque aunque en dicho documento se indicó que el lucro cesante que allí se determinó tuvo como fundamento los valores que, según “las averiguaciones pertinentes en diferentes empresas de servicio urbano”, producía un vehículo con las características del rodante de propiedad del demandante, lo cierto es que no se especificó en qué tipo de empresa se hizo la averiguación, si operaba en las mimas rutas que cubría el automotor de placas URG-914 y si manejaban los mismos horarios.

Así las cosas, la Sala entenderá que el vehículo de propiedad del ahora demandante producía por su explotación mensual un salario mínimo y ese será el ingreso base de liquidación.

Entonces, se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($ 737.717), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos, sin el aumento del 25% ya que este correspondería a prestaciones sociales y no hay lugar a reconocerle este concepto al vehículo.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

xxx19
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante por la producción del automotor de su propiedad: de $ 737.717.

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización, esto es, del 10 de abril de 1996 —fecha en que se realizó la diligencia del secuestro— al 25 de julio de 1997 (fecha en la cual se entregó el vehículo a la Fundación FES): 15,5 meses.

Reemplazando tenemos:

xxx20
 

S = $ 11'847.065

No obstante, el quantum indemnizatorio se reducirá en un 40% teniendo en cuenta la concurrencia de culpas. Por consiguiente, la Sala reconocerá por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Jorge Armando Rico Castro como propietario del vehículo de placas URG-914, la suma de: $ 7'108.239.

Perjuicios morales

Se solicitó, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.000 gramos oro.

Respecto del reconocimiento de perjuicios morales ocasionados por una pérdida material, la Sala ha sostenido(50).

“... la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba...”.

Pues bien, en el proceso no obra elemento de juicio alguno que permita establecer que efectivamente al señor Rico Castro se le causó un perjuicio moral, como consecuencia del no usufructo del vehículo de su propiedad durante el tiempo en que estuvo secuestrado y, por tanto, la Sala denegará el reconocimiento de perjuicios morales.

5. Condena en costas.

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida el 23 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, declarar patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por el daño causado al señor Jorge Armando Rico Castro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Condenar a la Rama Judicial a pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 7'108.239, a favor del señor Jorge Armando Rico Castro.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 22 a 29, cuaderno 1.

2 Folios 31-32, cuaderno 1.

3 Folio 39, cuaderno 1.

4 Folios 36 a 45, cuaderno 1.

5 Folios 136-146, cuaderno 2.

6 Folios 149 a 153, cuaderno 2.

7 Folios 169 a 175, cuaderno 2.

8 Consejo de Estado, Sala Plena, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

9 “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

(...)”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 10 de mayo de 2017, radicación 73001-23-31-000-2010-00285-01(42.796).

11 Folio 76-77, cuaderno 4.

12 “ART. 689.—Cuentas del secuestre. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º del artículo 627> Al terminar el desempeño del cargo por cualquier causa, el secuestre deberá rendir cuentas comprobadas de su administración, dentro de los diez días siguientes, sin lo cual no se le señalarán honorarios definitivos. El juez, de oficio o a petición de parte, también podrá disponer que se rindan cuentas en cualquier tiempo, mientras el secuestro subsista.

“Para el trámite de las cuentas se aplicará lo dispuesto en el artículo 599”.

13 Folio 30, cuaderno 1.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-2000-01353-01 (27452), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

16 Original de la cita: “ART. 683.—Funciones del secuestre y caución. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 341 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.

“Si los bienes secuestrados son consumibles y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma establecida en el artículo 10 y rendirá al juez informe de la venta.

“Cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución que el juez fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido.

“No se exigirá caución al opositor o a quien se dejen los bienes en calidad de secuestre, ni cuando las partes lo soliciten de común acuerdo.

“El gobierno reglamentará lo relacionado con el desempeño del cargo de secuestre y con la custodia, manejo y disposición de los bienes secuestrados”.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 10 de mayo de 2017, radicación 73001-23-31-000-2010-00285-01 (42796).

18 Folios 14-15, cuaderno 3.

19 Folio 5, cuaderno 4.

20 Folio 20, cuaderno 3.

21 Folio 21, cuaderno 3.

22 Folio 45, cuaderno 3.

23 Folio 11, cuaderno 4.

24 Según lo señalado en el acta, el vehículo a secuestrar se encontraba en las oficinas de tránsito municipal de Cúcuta y la diligencia fue atendida por un agente de dicha oficina.

25 Folios 10-12, cuaderno 4.

26 Folios 53-55, cuaderno 3.

27 Folio 56, cuaderno 3.

28 Folios 57-58, cuaderno 3.

29 Folio 59, cuaderno 3.

30 Folio 51, cuaderno 4.

31 Folio 61, cuaderno 3.

32 Folios 57-59, cuaderno 4.

33 Folio 60, cuaderno 4.

34 Folio 62, cuaderno 3.

35 Folio 64, cuaderno 4.

36 Folio 65, cuaderno 4.

37 Folio 66, cuaderno 4.

38 Folios 76-77, cuaderno 4.

39 Folio 80, cuaderno 4.

40 Folio 83, cuaderno 1.

41 Folio 32, cuaderno 4.

42 Según información consultada en la página web https://www.dane.gov.co/files/censos/analisis/cucuta/cucuta_luz.pdf en Cúcuta la población censada en el año 1993 era de 482.490.

43 Original de la cita: “En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como secuestres personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa constitución de una garantía del cumplimiento de sus funciones a favor del consejo.

“La notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la justicia dentro del proceso”.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 10 de mayo de 2017, radicación 73001-23-31-000-2010-00285-01(42796).

45 “ART. 37.—DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:

“1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.

“2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga.

“3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

“4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.

“5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los empleados judiciales.

“6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.

“7. Hacer personal y oportunamente el reparto de los negocios.

“8. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal.

“9. Verificar verbalmente con el secretario las cuestiones relativas al proceso, y abstenerse de solicitarle por auto informes sobre hechos que consten en el expediente.

“PAR.—La violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen disciplinario”.

46 “ART. 39.—PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ. El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios:

“1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

Las multas se impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La resolución se notificará personalmente y contra ella sólo procede el recurso de reposición; ejecutoria, si su valor no se consigna dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días.

Las multas se impondrán a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, salvo disposición en contrario; su cuantía y tasa de conversión en arresto, serán revisadas periódicamente por el gobierno.

“2. Sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del escrito respectivo.

El arresto se impondrá por medio de resolución motivada que deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de reposición.

Ejecutoria la resolución, se remitirá copia al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla cumplir inmediatamente.

“3. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros.

“4. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

“5. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga”.

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 10 de mayo de 2017, radicación 73001-23-31-000-2010-00285-01(42796).

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de septiembre de 1999, expediente 14.859 y de 10 de agosto de 2005, expediente 14.678, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

49 Folios 89-91, cuaderno 1.

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226, M.P. Ricardo Hoyos, reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2015, expediente 32.519, M.P. Hernán Andrade Rincón.