Sentencia 1999-00132 de octubre 21 de 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 05001-23-31-000-1999-00132-01(36221)

Consejero Ponente:

Mauricio Fajardo Gómez

Actor: María Fidelina Lopez Vidales y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Referencia: Conciliación judicial. Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil nueve.

Procede la Sala a pronunciarse acerca de la conciliación judicial celebrada entre las partes el día 23 de julio de 2009 ante esta corporación, en la cual se acordó lo siguiente:

“1. Que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pagará el 82% de la condena impuesta en la providencia de primera instancia a favor de cada uno de los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la misma, debidamente indexada al momento de la ejecutoria del auto aprobatorio del acuerdo y calculado con base en el salario mínimo legal vigente para ese momento.

2. Que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, efectuará el pago dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que apruebe la conciliación, previa presentación de la cuenta de cobro ante la entidad demandada, quien al momento del pago realizará la indexación correspondiente a las sumas a cancelar.

3. Que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, reconocerá intereses de mora desde la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación, en consonancia con lo establecido por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (fls. 846 a 848, cdno. ppal.)”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El presente proceso corresponde a los expedientes acumulados Nos. 05001233100019990132, 1999-0133, 1999-0299, 1999-0301, 1999-0317, 1999-0318, 1999-319, 1999-0395, 1999-0396, 1999-0397, 1999-0398, 1999-0399, 1999-0400, 1999-499, 1999-0502, 1999-0503, 1999-0589, 1999-0590, 1999-0591, 1999-0592, 1999-0600, 1999-0602, 1999-0603, cuya acumulación fue dispuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia de 1º de diciembre de 1999 (fls. 120 a 124, cdno. 2).

1.1. Hechos.

En todos los procesos acumulados(1), la demanda se fundamentó en los siguientes hechos:

“1.1. A comienzos del año de 1997 se rumoraba en el municipio de Apartadó (Ant.), que grupos subversivos planeaban perpetrar un atentado terrorista contra la sede del Comando de Policía de dicho municipio.

1.2. Efectivamente, el día 27 de febrero de 1997, grupos subversivos hicieron explotar un carro-bomba (volqueta) frente a la sede del Comando de Policía del municipio de Apartadó (Ant.), causando la destrucción total del vehículo automotor empleado para cometer el ilícito, daños en las propiedades y establecimientos de comercio cercanos al comando, la muerte y grave lesionamiento de varias personas.

(…) (fls. 59-71, cdno. 2)”.

1.2. Los procesos acumulados.

Expediente 0132

Mediante escrito presentado el día 21 de enero de 1999, los señores María Fidelina López Vidales, Luis Javier, Jaime de Jesús, Luis Arturo, Francisco María, Luis Ángel, Gabriel Ángel, Rafael Ángel, Edder de Jesús y Luis Alexander Agudelo López, María Rosa, Miguel Ángel y Francisco Antonio Agudelo Carvajal, José Antonio Aricapa León, María Candelaria Uchima, Nhora Luz Aricapa Uchima, José Humberto Aricapa Aguirre, Lucelly Uchima, Nelson de Jesús Uchima y Gabriel Ángel Uchima, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de las muertes de los señores Luis Arturo Agudelo Carvajal y Porfidio Aricapa Uchima.

Como pretensiones se formularon las siguientes:

a) Deudos de Luis Arturo Agudelo Carvajal (víctima 1)

El demandado es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios, tanto morales como materiales causados a los demandantes por la muerte de Luis Arturo Agudelo Carvajal.

Se condene al demandado a las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales subjetivos:

DemandanteRelaciónCantidadValor actual
María Fidelina López VidalesEsposa2000 Grs.$ 30´000.000
Luis Javier Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
Jaime de Jesús Agudelo LópezHijo1.000 Grs.$ 15´000.000
Luis Arturo Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
Francisco María Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
Luis Ángel Agudelo LópezHijo1.000 Grs.$ 15´000.000
Gabriel Ángel Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
Rafael Ángel Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
Edder de Jesús Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
Luis Alexander Agudelo LópezHijo1000 Grs.$ 15´000.000
María Rosa Agudelo CarvajalHermana500 Grs.$ 7´500.000
Miguel Ángel Agudelo CarvajalHermano500 Grs.$ 7´500.000
Francisco Antonio Agudelo CarvajalHermano500 Grs.$ 7´500.000
Totales 12.500 Grs. $ 187´500.000

b) Deudos de Porfidio Aricapa Uchima (víctima 2)

El demandado es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios, tanto morales como materiales causados a los demandantes por la muerte de Porfidio Aricapa Uchima.

Se condene al demandado a las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales subjetivos:

DemandanteRelación Cantidad Valor actual
José Antonio Aricapa LeónPadre2.000 Grs.$ 30´000.000
María Candelaria UchimaMadre2.000 Grs.$ 30´000.000
Nhora Luz Aricapa UchimaHermana500 Grs.$ 7´500.000
José Humberto Aricapa AguirreHermano500 Grs.$ 7´500.000
Lucelly UchimaHermana500 Grs.$ 7´500.000
Nelson de Jesús UchimaHermano500 Grs.$ 7´500.000
Gabriel Ángel UchimaHermano500 Grs.$ 7´500.000
Totales 6500 Grs.$ 97´500.000

Por concepto de perjuicios materiales de lucro cesante, lo siguiente:

DemandanteInd. Debida Ind. futuraInd. Total a la
fecha de
presentación de
la demanda
José Antonio Aricapa León$ 3´052.125$ 223.875$ 3´726.000
María Candelaria Uchima$ 3´052.125$ 223.875$ 3´276.000
Totales$ 6´104.250$ 447.750$ 6´552.125.oo

Expediente 0133

Mediante escrito presentado el 21 de enero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, el señor Carlos Arlen Giraldo Monsalve, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de las lesiones producidas al señor Giraldo Monsalve (fls. 24-34, cdno. 21).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

El demandado es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios, causados al actor, con ocasión de las graves lesiones sufridas en el atentado terrorista.

Se condene al demandado a las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales subjetivos:

Demandante RelaciónCantidadValor actual
Carlos Arlen Giraldo MonsalveVíctima2000 Grs.$ 30´000.000
Totales 2000 Grs.$ 30´000.000

Por concepto de perjuicios fisiológicos:

Demandante Relación Cantidad Valor actual
Carlos Arlen Giraldo MonsalveVíctima2000 Grs.$ 30´000.000
Totales 2000 Grs. $ 30´000.000

 

Por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante:

Demandante Ind. debidaInd. FuturaInd. Total hoy
Carlos Arlen Giraldo Monsalve$ 4´533.000$ 28´993.500$ 33´526.500
Totales$ 4´533.000$ 28´993.500$ 33´526.500

Expediente 0299

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora María Delfina Barbosa de Ardila, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción parcial del inmueble de su propiedad destinado a casa de habitación y a local comercial (fls. 32-42, cdno. 14).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 30´000.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 2´000.000.

Por concepto de perjuicios morales la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0301

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Gloria Irene Betancur Rico, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de los daños en su establecimiento de comercio denominado Tienda Scape o Boutique Scape (fls. 51-60, cdno. 11).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 24´534.873.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 10´245.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0317

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, los señores Luz María, Miriam del Carmen o María del Carmen, María Beatriz Valencia Bedoya y Orlando de Jesús Arredondo Bedoya, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción parcial del primer piso y total del segundo del inmueble de propiedad de la señora María Virginia Bedoya Vda. de Arredondo (fallecida) (fls. 27-37, cdno. 19).

Como pretensiones se formularon las siguientes a favor de los demandantes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 92´499.440.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 4´340.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0318

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, el señor Diego Orozco Grisales presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción total de los inmuebles de propiedad del demandante, los cuales estaban destinados a locales comerciales y apartamentos (fls. 50-60, cdno. 22).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 100´000.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 11´136.000.

Por concepto de perjuicios morales la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0319

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, el señor Alberto de Jesús Vélez Cañas presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción total del vehículo automotor, tipo volqueta, marca internacional, color verde y blanco, modelo 1961, de servicio público, carrocería platón, motor V34575628 regrabado, serie SB 167307F, capacidad 5 toneladas y con placas TMJ829 de propiedad del señor Vélez Cañas (fls. 29-39, cdno. 23).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 22´000.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 129´600.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0395

Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, el señor Jairo Alcides Buenaño, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción de las mercancías que tenía en su establecimiento de comercio denominado “Creaciones Fabú” (fls. 21-31, cdno. 9).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 16´706.898.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad del lucro cesante, la suma de $ 10´036.248.

Por concepto de perjuicios morales la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0396

En escrito presentado el 18 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Nubia Esther Quinceno Garcés, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción parcial de las mercancías que tenía en su establecimiento de comercio denominado “Almacén Hernán” (fls. 23-33, cdno. 12).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 25´000.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 6´000.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0397

En escrito presentado el 18 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Enna Margarita Trujillo de Guerrero, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción parcial de las mercancías que tenía en su establecimiento de comercio denominado “Almacén Leymar” (fls. 24-34, cdno. 13).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 20´000.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 3´000.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0398

En escrito presentado el 18 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Fanny Stella Trujillo Chaparro, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción de las mercancías que tenía en su almacén denominado “Exclusividades Bucaramanga” (fls. 24-34, cdno. 20).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 20´939.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 8´160.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0399

En escrito presentado el 30 de junio de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora María Fidelina López Vidales, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción total del inmueble de propiedad de la demandante, conformado por una edificación de dos pisos o plantas distribuidas en tres locales comerciales en el primer piso y una casa de habitación en el segundo nivel (fls. 33-43, cdno. 18).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 51´834.551,28.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 11´300.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0400

En escrito presentado el 18 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, los señores Sabino Antonio González Pineda y Franquelina Higuita de González, presentaron demanda de reparación directa contra la la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la destrucción parcial de la edificación de propiedad de los demandantes, conformada en la primera planta por un local comercial en el que funcionaba el establecimiento de comercio denominado “Almacén Flandes” y una casa de habitación en el segundo y tercer piso (fls. 34-45, cdno. 15).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 62´108.699.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 6´000.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000, para cada uno de los demandantes.

Expediente 0499

En escrito presentado el 23 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, los señores Luis Javier, Jaime de Jesús, Luis Arturo, Francisco María, Luis Ángel, Gabriel Ángel, Rafael Ángel, Edder de Jesús y Luis Alexander Agudelo López, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios con ocasión de la destrucción total de un inmueble de tres pisos, distribuido en 4 locales comerciales en el primer piso, 1 bodega y 3 locales comerciales en el segundo piso y una casa de habitación en el tercero (fls. 83-95, cdno. 24).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 113´657.647.60.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 32´500.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de 1000 gramos oro para cada uno de los demandantes.

Expediente 0502

En escrito presentado el 23 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Gloria Stella Betancur Quintero, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios con ocasión de la destrucción total de las mercancías, bienes, muebles y enseres que se encontraban en los establecimientos de comercio denominados “Hotel D´León” y “Taberna Glotaos” de propiedad de la demandante (fls. 17-27, cdno. 17).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 78´400.000.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 4´560.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0503

En escrito presentado el 23 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, los señores Ricardo León y Gloria Lucía Moreno, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios con ocasión de la destrucción parcial del inmueble de propiedad de los menores Ricardo León y Gloria Lucía Moreno Betancur, conformado por una edificación de tres pisos, distribuida en tres locales en el primer piso, una casa de habitación en el segundo piso y una casa de habitación en el tercer piso (fls. 88-99, cdno. 16).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 44´242.980.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 4´000.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 30´000.000.

Expediente 0589

En escrito presentado el 26 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, los señores Jaime Alberto Sánchez Restrepo, Sol Mery Salazar de Sánchez, Marisol Sánchez Salazar y Carlos Mario Sánchez Salazar, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios con ocasión de las lesiones sufridas por la señora Sol Mery Salazar de Sánchez, así como la destrucción de varios inmuebles y establecimientos de comercio de propiedad del señor Jaime Alberto Sánchez Restrepo (fls. 312-337, cdno. 25).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

a) Para el señor Jaime Alberto Sánchez Restrepo

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 276´887.638.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 46´150.000.

Por concepto de perjuicios morales: 6000 gramos oro.

b) Para la señora Sol Mery Salazar Sánchez

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 1´988.009.

Por concepto de perjuicios fisiológicos: 2000 gramos oro.

Por concepto de perjuicios morales: 3000 gramos oro.

c) Para Marisol Sánchez Salazar

Por concepto de perjuicios morales: 3000 gramos oro.

d) Carlos Mario Sánchez Salazar

Por concepto de perjuicios morales: 3000 gramos oro.

Expediente 0590

En escrito presentado el 1º de marzo de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Adelaida Bermúdez Loaiza, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios causados con ocasión de la destrucción parcial de los muebles y enseres que hacían parte del establecimiento de comercio denominado “Almacén Novedades Anlly” (fls. 21-30, cdno. 6).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 36´573.900.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 21´600.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0591

En escrito presentado el 1º de marzo de 1999, por intermedio de apoderado judicial, el señor Abel Jairo Escobar Fernández, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios con ocasión de la destrucción de las mercancías que tenía en su establecimiento de comercio denominado “Almacén País y Regalía” (fls. 13-21, cdno. 5).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 19´150.530.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 5´400.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0592

En escrito presentado el 1º de marzo de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora María Edith Londoño Orozco, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios causados con ocasión de la destrucción parcial de los inmuebles de su propiedad destinados a locales comerciales y casas de habitación (fls. 20-29, cdno. 7).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 78´300.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

Expediente 0600

En escrito presentado el 26 de febrero de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora María Avila Martínez Bejarano, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios causados con ocasión de las lesiones sufridas por la demandante, (fls. 16-26, cdno. 4).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 54´232.500.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 30´000.000.

Por concepto de perjuicios fisiológicos, la suma de $ 30´000.000.

Expediente 0602

En escrito presentado el 1º de marzo de 1999, por intermedio de apoderado judicial, los señores Francisco Javier Sánchez Aguirre y María Nohelia Villa Téllez, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios causados con ocasión de la destrucción total de muebles, enseres, mercancías y una motocicleta que tenían en su establecimiento de comercio denominado “Misceláneas y Mensajería Correcamino”; (fls. 18-28, cdno. 1).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 18´060.500.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 52´800.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 30´000.000.

Expediente 0603

En escrito presentado el 1º de marzo de 1999, por intermedio de apoderado judicial, la señora Cecilia del Socorro Yáñez Causal, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios causados con ocasión de la destrucción de muebles, enseres y mercancías que tenía en su establecimiento de comercio denominado “Almacén Diego” (fls. 23-32, cdno. 3).

Como pretensiones se formularon las siguientes:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 30´310.672.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 4´800.000.

Por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 15´000.000.

2. Surtido el trámite en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 19 de agosto de 2008, en la cual declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a los demandantes, en hechos ocurridos el 27 de febrero de 1997, en el Municipio de Apartadó (Antioquia), motivo por el cual condenó a la entidad pública demandada a pagar a los actores, los siguientes montos:

a) Por concepto de perjuicios morales:

DemandanteValor
María Fidelina López Vidales150 SMLMV
Luis Javier Agudelo López100 SMLMV
Jaime de Jesús Agudelo López100 SMLMV
Luis Arturo Agudelo López100 SMLMV
Francisco María Agudelo López100 SMLMV
Luis Ángel Agudelo López100 SMLMV
Gabriel Ángel Agudelo López100 SMLMV
Rafael Ángel Agudelo López100 SMLMV
Edder de Jesús Agudelo López100 SMLMV
Luis Alexander Agudelo López100 SMLMV
María Rosa Agudelo Carvajal50 SMLMV
Miguel Ángel Agudelo Carvajal50 SMLMV
Francisco Antonio Agudelo Carvajal50 SMLMV
José Antonio Aricapa León100 SMLMV
María Candelaria Uchima100 SMLMV
Nhora Luz Aricapa Uchima50 SMLMV
José Humberto Aricapa Aguirre50 SMLMV
Lucelly Uchima50 SMLMV
Nelson de Jesús Uchima50 SMLMV
Gabriel Ángel Uchima50 SMLMV
Carlos Arlen Giraldo Monsalve50 SMLMV
Sol Mery Salazar de Sánchez100 SMLMV
Jaime Alberto Sánchez Restrepo80 SMLMV
Marisol Sánchez Salazar60 SMLMV
Carlos Mario Sánchez Salazar60 SMLMV
María Ávila Martínez Bejarano70 SMLMV
Alberto de Jesús Vélez Cañas50 SMLMV

b) Por concepto de perjuicios fisiológicos:

 

DemandanteValor
Carlos Arlen Giraldo Monsalve40 SMLMV
María Ávila Martínez Bejarano70 SMLMV

 

c) Por concepto de perjuicios materiales:

Daño emergente

 

DemandanteValor
Sol Mery Salazar de Sánchez$ 103´047.903.75
María Delfina Barbosa de Ardila$ 57´520.907.oo
Gloria Irene Betancur Rico$ 48´522.291.oo
Luz Omaira Valencia Bedoya$ 9´041.965.25
Miriam del Carmen Valencia Bedoya$ 9´041.965.25
María Beatriz Valencia Bedoya$ 9´041.965.25
Orlando de Jesús Arredondo Bedoya$ 9´041.965.25
Diego Orozco Grisales$ 148´213.463.oo
Alberto de Jesús Vélez Cañas$ 54´645.487.oo
Jairo Alcides Buenaño$ 29´078.597.oo
Nuvia Esther Quiceno Garcés$ 49´677.715.oo
Enna Margarita Trujillo de Guerrero$ 42´226.058.oo
Fanny Stella Trujillo Chaparro$ 39´590.655.oo
María Fidelina López Vidales$ 41´148.051.oo
Sabino Antonio González Pineda$ 36´043.666.oo
Franquelina Higuita de González$ 36´043.666.oo
Luis Javier Agudelo López$ 22´962.143.89
Jaime de Jesús Agudelo López$ 22´962.143.89
Luis Arturo Agudelo López$ 22´962.143.89
Francisco María Agudelo López$ 22´962.143.89
Luis Ángel Agudelo López$ 22´962.143.89
Gabriel Ángel Agudelo López$ 22´962.143.89
Edder de Jesús Agudelo López$ 22´962.143.89
Luis Alexander Agudelo López$ 22´962.143.89
Rafael Ángel Agudelo López$ 22´962.143.89
Gloria Stella Betancur Quintero$ 156´981.580.oo
Ricardo León Moreno Betancur$ 54´947.254.oo
Gloria Lucía Moreno Betancur$ 54´947.254.oo
Jaime Alberto Sánchez Restrepo$ 98´109.916.75
Marisol Sánchez Salazar$ 98´109.916.75
Carlos Mario Sánchez Salazar$ 98´109.916.75
Adelaida Bermúdez Loaiza$ 21´239.707.oo
Abel Jairo Escobar Fernández$ 35´148.300.oo
María Edith Londoño Orozco$ 123´042.759.oo
Francisco Javier Sánchez Aguirre$ 16´220.395.oo
María Noelia Villa Téllez$ 16´220.395.oo
Cecilia del Socorro Yáñez Causil$ 62´868.818.oo

 

Lucro cesante

 

DemandanteValor
José Antonio Aricapa León$ 3´320.455.oo
María Candelaria Uchima$ 3´320.455.oo
María Avila Martínez Bejarano$ 173´205.966.oo
María Delfina Barbosa de Ardila$ 4´967.772.oo
Gloria Irene Betancur Rico$ 6´729.261.oo
Luz Omaira Valencia Bedoya$ 745.165.75
Miriam del Carmen Valencia Bedoya$ 745.165.75
María Beatriz Valencia Bedoya$ 745.165.75
Orlando de Jesús Arredondo Bedoya$ 745.165.75
Alberto de Jesús Vélez Cañas$ 370´198.386.oo
Nuvia Esther Quiceno Garcés$ 2´821.694.oo
Enna Margarita Trujillo de Guerrero$ 3´722.721.oo
Fanny Stella Trujillo Chaparro$ 11´661.844.oo
María Fidelina López Vidales$ 154´249.362.oo
Luis Javier Agudelo López$ 49´512.115.33
Jaime de Jesús Agudelo López$ 49´512.115.33
Luis Arturo Agudelo López$ 49´512.115.33
Francisco María Agudelo López$ 49´512.115.33
Luis Ángel Agudelo López$ 49´512.115.33
Gabriel Ángel Agudelo López$ 49´512.115.33
Edder de Jesús Agudelo López$ 49´512.115.33
Luis Alexander Agudelo López$ 49´512.115.33
Rafael Ángel Agudelo López$ 49´512.115.33
Gloria Stella Betancur Quintero$ 14´903.315.oo
Ricardo León Moreno Betancur$ 4´967.771.oo
Gloria Lucía Moreno Betancur$ 4´967.771.oo
Jaime Alberto Sánchez Restrepo$ 42´072.450.75
Sol Mery Salazar de Sánchez$ 42´072.450.75
Marisol Sánchez Salazar$ 42´072.450.75
Carlos Mario Sánchez Salazar$ 42´072.450.75
Adelaida Bermúdez Loaiza$ 154´249.362.oo
Abel Jairo Escobar Fernández$ 7´247.979.oo
Francisco Javier Sánchez Aguirre$ 334´206.813.oo
María Noelia villa Téllez$ 334´206.813.oo
Cecilia del Socorro Yáñez Causil$ 345´359.490.oo

 

3. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, impugnación que fue admitida mediante proveído de 27 de febrero de 2009 (fl. 803, cdno. ppal.); posteriormente se citó a audiencia de conciliación judicial, en atención a la solicitud que en tal sentido formuló el Ministerio Público (fl. 836, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

A. En relación con la caducidad de la acción, observa la Sala que las demandas fueron instauradas en ejercicio de la acción de reparación directa, en las siguientes fechas:

ExpedienteFecha de presentación de la demanda
1999-013221 de enero de 1999
1999-013321 de enero de 1999
1999-029911 de febrero de 1999
1999-030111 de febrero de 1999
1999-031711 de febrero de 1999
1999-031811 de febrero de 1999
1999-031911 de febrero de 1999
1999-039518 de febrero de 1999
1999-039618 de febrero de 1999
1999-039718 de febrero de 1999
1999-039818 de febrero de 1999
1999-039918 de febrero de 1999
1999-040018 de febrero de 1999
1999-049923 de febrero de 1999
1999-050223 de febrero de 1999
1999-058926 de febrero de 1999
1999-05901º de marzo de 1999
1999-05911º de marzo de 1999
1999-05921º de marzo de 1999
1999-060026 de febrero de 1999
1999-06021º de marzo de 1999
1999-06031º de marzo de 1999

De conformidad con lo anterior, es menester destacar que las demandas de los procesos Nos. 1999-590, 1999-591, 1999-592, 1999-0602 y 1999-0603 fueron presentadas el 1º de marzo de 1999; al respecto, el tribunal a quo manifestó que si bien es cierto que la oportunidad para interponer demanda de reparación directa se vencía el día 27 de febrero de 1999, lo cierto es que, la fecha citada fue sábado, por lo tanto el término se corría hasta el primer día hábil siguiente, correspondiente al 1º de marzo del mismo año(2).

Así las cosas, se observa que las demandas respectivas fueron interpuestas dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, el cual acaeció el 27 de febrero de 1997, razón por la cual la acción no se encuentra caducada (CCA, art. 136).

B. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha establecido que el juez, para aprobar una conciliación judicial, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción (L. 23/91, art. 61 modificado por L. 446/98, art. 81).

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (L. 23/91, art. 59 y L. 446/98, art. 70).

3. Que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar.

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (L. 23/91, art. 65A y L. 446/98, art. 73).

Si bien en el presente caso están dados los tres primeros requisitos antes señalados, estima la Sala que el acuerdo logrado entre las partes no cumple con el cuarto requisito, razón por la cual se improbará, puesto que una vez revisado el expediente en su integridad, se encuentra que existen varios procesos que no cuentan con las pruebas suficientes que acrediten los perjuicios sufridos, tal como se pasará a exponer a continuación:

Expediente 301

La parte demandante para acreditar la propiedad del establecimiento de comercio denominado “Tienda Scape” aportó en copia simple el certificado de matrícula mercantil (fl. 3, cdno. 11).

Expediente 318

La parte demandante para acreditar la propiedad de los bienes inmuebles afectados, ubicados en la carrera 99 Nos. 98-17/19 y en la calle 98-75/76, aportó en copia simple las escrituras públicas Nos. 1237 de 16 de noviembre de 1984 y 256 del 4 de septiembre de 1970 de la Notaría Única de Turbo (fls. 4-5 y 9-11, cdno. 22).

Expediente 503

La parte demandante para acreditar la propiedad del bien inmueble afectado, aportó en copias simples tanto la escritura pública 018 de 16 de enero de 1998 como el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (fls. 37-47 y 22-36, cdno. 16).

Expediente 592

La parte actora para acreditar la propiedad del bien inmueble afectado, aportó en copia auténtica la escritura pública 907 de 18 de noviembre de 1981, no obstante, no allegó original o copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria.

Expediente 602

La parte demandante para acreditar la propiedad de la motocicleta marca Kawasaki, placas DCB 87, modelo 79, aportó en copia simple la licencia de tránsito 92-1702693.

Así las cosas y tal como lo ha sostenido esta corporación, para la acreditación de los derechos reales como el de la propiedad, resulta indispensable demostrar el título y el modo correspondientes, dualidad inescindible que de no llegar a presentarse dentro de un proceso judicial da lugar a tener por no probada la condición de la persona que interviene en la litis en calidad de propietario y, por tanto, no es posible reconocer derecho alguno sobre los bienes respecto de los cuales predica su dominio(3).

Si bien es cierto que los demás procesos acumulados cuentan con las pruebas suficientes que acreditan los daños respectivos, el juez al momento de realizar el examen de legalidad de las conciliaciones no puede impartir aprobaciones parciales respecto de las mismas en cuanto que esto supone una invasión en la órbita que únicamente le corresponde definir a las partes.

Al respecto, esta Sala ha manifestado:

“Ahora bien, en cuanto concierne con la posibilidad de efectuar aprobaciones parciales, la Sala ha sido enfática en señalar que la conciliación, si bien puede comprender la decisión sobre varias pretensiones que podrían analizarse de manera individual o autónoma, lo cierto es que la misma constituye un “universo único”(4), es decir, un acuerdo de voluntades genérico, sobre el cual debe restringir su estudio a la legalidad de aquel y a la posible lesividad del mismo en relación con los intereses patrimoniales del Estado.

Sobre el particular la Sala, recientemente, manifestó:

El acuerdo conciliatorio es un “universo único” y en dicha medida, no resulta jurídicamente posible hacer aprobaciones parciales, esto es, sobre alguno de sus puntos conciliados, porque ello implicaría alterar la voluntad de las partes que pretendieron conciliar totalmente la controversia(5)(cursivas del texto original).

En ese orden de ideas, no es posible que el juez adelante aprobaciones parciales del acuerdo según su criterio y sana crítica, por cuanto en sede de la conciliación, el operador judicial sólo cuenta con competencia para verificar una serie de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, sin que sea posible invadir la órbita de las partes en cuanto a los acuerdos a los que llegaron en la audiencia correspondiente (v.gr. aprobar el acuerdo respecto de los perjuicios morales, pero improbarlo frente a los materiales).

El marco de la conciliación, parte de un objeto transaccional en el cual las partes adoptan una serie de medidas relacionadas con derechos inciertos, discutibles y disponibles, a partir de los cuales el juez de lo contencioso administrativo queda limitado a la constatación de fondo del cumplimiento de una serie de exigencias para que el mismo produzca efectos jurídicos vinculantes”(6).

De conformidad con lo anterior, la competencia del Juez Administrativo en materia de los acuerdos conciliatorios judiciales o extrajudiciales celebrados entre las partes se circunscribe únicamente a realizar un análisis de legalidad del acuerdo, sumado al estudio de la posible lesividad del mismo en relación con los intereses patrimoniales del Estado, sin que le sea permitido, por ende, entrar a modificarlo, fraccionarlo, sustituirlo o, en general, invadir la órbita en la cual se fijó el acuerdo de voluntades alcanzado por las partes.

Así las cosas y con fundamento en las facultades consagradas en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, la Sala estima necesario recaudar, de oficio, las pruebas documentales de la cuales carece el asunto de la referencia, citadas anteriormente, que permitan acreditar la propiedad de los bienes inmuebles y establecimientos de comercio respectivos sobre los cuales se pretende derivar algún derecho.

En consecuencia, una vez sean allegadas las pruebas requeridas, se citará a las partes dentro del asunto de la referencia a una nueva audiencia de conciliación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE

1. IMPROBAR el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes, el día 23 de julio de 2009.

2. Por Secretaría de la Sección, ofíciese a la parte actora para que remita al proceso, en original o en copia íntegra y debidamente autenticada, la siguiente documentación:

a) Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio denominado “Tienda Scape” (exp. 301).

b) Escrituras públicas 1237 de 16 de noviembre de 1984 y 256 del 4 de septiembre de 1970 de la Notaría Única de Turbo, que acreditan la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en la carrera 99 Nos. 98-17/19 y en la calle 98-75/76 (exp. 318).

c) Escritura pública 018 de 16 de enero de 1998 con el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (exp. 503).

d) Escritura pública 907 de 18 de noviembre de 1981 con el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (exp. 592).

e) Licencia de tránsito 92-1702693 que acrediten la propiedad de la motocicleta marca Kawasaki de placas DCB 87 (exp. 602).

3. Una vez se reciban los documentos correspondientes, por secretaría y sin necesidad de nuevo proveído, córrase traslado de los mismos a las partes del proceso y al Ministerio Público, por el término común de cinco (5) días.

4. Surtido el traslado de que trata el numeral anterior, devuélvase el expediente al despacho del magistrado ponente para decidir lo que corresponda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero, Presidente de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Mauricio Fajardo Gómez—Myriam Guerrero de Escobar.

(1) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante proveído de 1º de diciembre de 1999, decretó la acumulación de los citados procesos.

(2) Con respecto a la contabilización de los términos, los siguientes preceptos normativos disponen:

Artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal: En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil: En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.

Además mediante proveído de 27 de mayo de 2009 del Consejo de Estado, Sección Tercera, 36.609, se manifestó lo siguiente: “…si el término de caducidad de una determinada acción vence un día que no es hábil, como por ejemplo un día festivo o un día de aquellos comprendidos durante la vacancia judicial o incluso en un día de cese de actividades (paro judicial), la demanda deberá presentarse el siguiente día hábil, lo cual no se configuró en este caso”.

(3) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 4 de septiembre de 2003, expediente: AG-203, M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 16.770, M.P. Dra. Myriam Guerrero de Escobar. Ver también sentencia proferida por la Sección el 11 de febrero de 2009, expediente 16.980, actor: Rodrigo Rodríguez Estrada.

(3)(sic) Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 11 de febrero de 1994, expediente 9090, M.P. Julio César Uribe Acosta.

(4)(sic) Sobre el particular se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 11 de octubre de 2006, expediente 18047.

(5)(sic) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de julio de 2007, expediente 29273B, M.P. Enrique Gil Botero.