Sentencia 1999-00133 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 25000232600019990013301 (27683)

Actor: Jaime Arturo Pulido Ibáñez y otros

Demandado: Ministerio De Defensa Nacional - Fuerza Aérea

Acción: Reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia del 12 de febrero de 2004 proferida por la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. Síntesis del caso.

La demanda interpuesta el 16 de diciembre de 1998(1), presenta una serie de supuestos fácticos que bien pueden resumirse en que el menor Brayan Arturo Pulido Barrera, quien adelantaba estudios en el grado de segundo de primaria en el Instituto Militar Flavio Angulo Piedrahita de la Fuerza Aérea Colombiana, en la base aérea de Palenquero, fue lesionado con un lápiz por uno de sus compañeros, durante el transcurso de una clase, siéndole propinada una herida en el ojo izquierdo, la cual le dejó como secuela una excoriación permanente denominada “ptosis palpebral izquierda(2) con leve midriasis paralítica(3)”, la cual, según aduce la demanda, implica casi una pérdida total de la visión por el ojo izquierdo y la consecuente disminución de su visión por el ojo derecho derivada del mayor esfuerzo requerido por dicho órgano para suplir la deficiencia del otro ojo.

Una vez acaecidos los hechos, el menor fue atendido tanto en el hospital de la unidad militar, como en el Hospital Militar Central, en donde, al momento de la interposición de la demanda el menor siguió siendo tratado dada la posibilidad de que éste perdiera completamente la visión por ambos ojos.

Así las cosas, a juicio de la parte actora, el daño sufrido por el menor BRAYAN ARTURO PULIDO BARRERA, tuvo como causa una falla en el servicio de vigilancia y control de los educadores sobre los alumnos de dicha institución educativa.

1.2. Lo que se pretende.

Con fundamento en los anteriores hechos, —a través de abogado—, los señores Jaime Arturo Pulido Ibáñez y Ruth Helena Barrera Hernández, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos Brayan Arturo, Geraldine e Ivonne Julieth, deprecan las siguientes pretensiones:

1. DECLÁRESE a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa Nacional extracontractual y administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios materiales y morales causados a los actores por las lesiones físicas y psíquicas causadas a sí mismos y a su entrañable hijo y hermano Brayan Arturo Pulido Barrera cuando asistía a clases como alumno del instituto o colegio de la FAC en Puerto Salgar (Cund.), según hechos ocurridos el día 8 de octubre de 1997, como fatal consecuencia de la omisión o falla o falta del servicio en la vigilancia, protección, control y cumplimiento de los servicios asignados al personal de docentes y de las medidas de seguridad que debiendo prestar la institución no se le dieron en debida forma al menor.

2. Como consecuencia de la anterior declaración:

2.1. CONDÉNESE a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa Nacional a cancelar a la parte demandante, es decir, a Jaime Arturo Pulido Ibáñez y Ruth Helena Barrera Hernández, como padres del lesionado, y a Brayan Pulido Barrera en calidad de lesionado, los daños materiales causados con las lesiones físicas y psíquicas de su amado hijo y suyas propias, fijando la cantidad de cuatro mil (4.000) gramos oro fino, para los padres y cuatro mil (4.000) gramos oro fino para el lesionado Brayan Arturo Pulido Barrera, en su equivalente en pesos colombianos para la fecha de la ejecutoria de la respectiva providencia.

2.2. CONDÉNESE a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa Nacional a cancelar a todos y cada uno de los demandantes, la cantidad de un mil (1.000) gramos de oro fino (sic), en su equivalente en pesos colombianos a la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia, por concepto de daños morales; es decir:

2.2.1. Un mil (1.000) gramos oro fino (sic) para Jaime Arturo Pulido Ibáñez en calidad de padre del lesionado.

2.2.2. Un mil (1.000) gramos oro fino (sic) para Ruth Helena Barrera Hernández en calidad de madre del lesionado.

2.2.3. Un mil (1.000) gramos oro fino (sic) para Brayan Arturo Pulido Barrera en calidad de lesionado.

2.2.4. Un mil (1.000) Gramos oro fino (sic) para Ivonne Julieth en calidad de hermano del lesionado (sic).

2.2.5. Un mil (1.000) Gramos oro fino (sic) para Ivonne Julieth en calidad de padre del lesionado (sic).

3. La demandada, Nación colombiana, dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y Decreto 768 de 1993.

1.3. La contestación de la demanda.

La Nación - Ministerio de Defensa se opuso a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda y solicitó la denegatoria de las mismas, por cuanto consideró que en el caso concreto se presentaron las causales exonerativas de responsabilidad de hecho de un tercero y fuerza mayor, en tanto la lesión sufrida por el menor Brayan Arturo Pulido, fue causada por otro menor de forma accidental e involuntaria.

Así mismo, consideró que no obra prueba en el plenario en la que se demuestre que el establecimiento educativo en que ocurrieron los hechos, depende del Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual no está probada la legitimación en la causa pasiva de la entidad demandada.

Finalmente aseguró, que en lo de su competencia, la entidad actuó de manera diligente, atendiendo oportunamente al menor por parte del personal de sanidad militar pese a que las lesiones no provenían de ningún elemento adscrito a la fuerza pública.

1.4. Trámite procesal en primera instancia.

La demanda fue repartida mediante acta de 27 de enero de 1999 al despacho de la magistrada María Elena Giraldo Gómez, quien en proveído de 1º de febrero de 1999 admitió la demanda(4). Ésta fue contestada en tiempo por la entidad demandada(5), razón por la cual, mediante Auto de 29 de julio de 1999, el proceso fue abierto a pruebas, ordenando aquellas solicitadas por la parte actora, dado que la entidad demandada no solicitó prueba alguna dentro del presente proceso.

Recaudada la totalidad de las pruebas ordenadas, mediante Auto de 7 de octubre de 2003, el despacho sustanciador ordenó el traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público para lo de su competencia(6). Durante dicho término sólo fueron presentados alegatos por parte de la entidad demandada(7).

1.5. Alegatos en primera instancia.

En su debida oportunidad, el apoderado de la entidad demandada allegó memorial contentivo de las alegaciones finales, en el cual reiteró lo dicho en la contestación de la demanda y solicitó la denegatoria de las pretensiones elevadas por considerar que durante el periodo probatorio no se demostró i) ni la existencia de una falla del servicio, puesto que por el contrario, se encontró que la entidad llevó al menor al médico de manera inmediata y asumió los costos asociados al tratamiento requerido, ii) ni la causación del daño, en tanto que el dictamen pericial solicitado por la parte actora indicó que el menor Brayan Pulido, ya se encuentra recuperado de las lesiones sufridas.

Adicionalmente, consideró la entidad demandada que no se demostró la existencia de un nexo causal entre el presunto daño y su actuación.

II. Sentencia apelada

Mediante sentencia proferida el 12 de febrero de 2004(8), la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda por considerar que en el caso no se presentó una falla del servicio, toda vez que, si bien uno de los actores sufrió una lesión dentro de las instalaciones del instituto educativo militar, en la causación del mismo no participó, ni por acción ni por omisión, ningún agente del Estado, así como tampoco se desprende del acervo probatorio que los hechos hayan acaecido por descuido, inobservancia o incumplimiento de las normas de comportamiento o seguridad del plantel, y por el contrario, se acreditó que la causa eficiente del daño fue la conducta de otro menor ajeno a la institución.

Así mismo, consideró que el daño no fue probado, al no demostrarse la existencia de lesiones de carácter permanente y que de la experticia rendida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se desprende que la lesión sufrida por el menor fue temporal y que los daños ocasionados durante dicho tiempo, fueron resarcidos por la entidad al procurar la prestación de la atención médica necesaria de manera inmediata.

Finalmente, consideró que no se probó en el libelo la existencia de un nexo causal entre las actuaciones y omisiones de la entidad y el daño, y que, por el contrario, en el caso se encuentra acreditada la existencia de la eximente de responsabilidad denominada “hecho de un tercero”, en tanto que la causa eficiente del perjuicio fue el actuar imprudente de un compañero de clase del afectado.

III. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte actora, interpuso recurso de apelación(9), el cual fue sustentado ante esta corporación mediante memorial de 13 de agosto de 2004(10), en el cual alegó que el a quo había incurrido en una indebida interpretación del marco normativo aplicable para el caso, y específicamente, del artículo 2347 del Código Civil, “toda vez que la norma legal endilga la responsabilidad de la actuación de los discípulos en cabeza de los directores de colegio mientras estén bajo su cuidado”, hecho reconocido por el fallo pero desconocido al considerar que en el caso concreto operó el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, aun cuando la lesión sufrida por el menor Brayan Pulido acaeció dentro de la institución educativa convocada.

De otra parte, cuestionó el recurrente en alzada, que la sentencia afirme la inexistencia del daño antijurídico por el hecho que la entidad haya prestado un servicio de salud adecuado al menor afectado, pues a su juicio el daño sí ocurrió y según las probanzas del proceso, se advierte que ocurrió por falla del servicio de la demandada. Así, consideró que el fallo somete a un niño y a su familia a una carga mayor a la del resto de los estudiantes, “carga que se hubiera evitado si hubiera existido la vigilancia y control que exige la ley sobre los educandos y que deben dar o prestar los directores de los colegios y en su nombre los profesores dirigidos por aquél”.

IV. Alegaciones en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido en esta instancia mediante proveído de 3 de septiembre de 2004(11). Mediante Auto de 1º de octubre de 2004, fue corrido traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar en esta instancia, durante el cual fueron allegados sendos escritos contentivos de alegatos de conclusión de la parte actora y la entidad demandada.

La parte actora reiteró lo argumentado en el recurso y consideró que en el caso se presenta una clara falla del servicio por incumplimiento de los deberes de vigilancia y cuidado en una institución educativa oficial, en los términos del artículo 2347 del Código Civil, que dispone en su inciso 5º “así los directores de colegios y escuelas responden por el hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado”, lo cual a juicio del demandante, excluye la existencia o no de voluntad del alumno de causar daño.

Por su parte, la entidad demandada reiteró lo dicho en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión allegados en primera instancia.

V. Consideraciones de la Sala

5.1. Presupuestos procesales de la acción.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la condenada Nación - Ministerio de Defensa en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

En relación con la legitimación en la causa, se encuentra plenamente acreditado el interés de las partes para comparecer al proceso, mediante los registros civiles de nacimiento de Brayan Arturo, Ivonne Julieth y Geraldine, a través de los cuales se encuentra acreditado su parentesco con los señores Jaime Pulido y María Luisa Ibáñez(12), y en consecuencia, su condición de padres y hermanos del afectado. Así mismo, obra certificación en la cual se confirmó la calidad de estudiante del menor Brayan Arturo Pulido de la Institución Educativa “Flavio Angulo Piedrahita”, adscrita a la base aérea “Germán Olano” del municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca) al momento de los hechos(13).

Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción.

5.2. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia que niega las pretensiones de la demanda. En consideración a los argumentos esgrimidos en sede de impugnación, debe la Sala determinar, si en el caso concreto existió un daño antijurídico, atribuible a la entidad demandada y si se configuró o no, la eximente de responsabilidad de hecho de un tercero en el caso sub lite, como lo declaró el a quo.

5.3. Los hechos probados.

Obra en el plenario, copia simple(14) del informe rendido por el jefe del departamento de seguridad de la base de la Fuerza Aérea de Puerto Salgar, fechado el 31 de octubre de 1997(15), en el que se constata la ocurrencia de los hechos sub judice, en la forma relatada en la demanda. Dice la comunicación:

“Me permito informar al señor capitán comandante sección seguridad, los hechos ocurridos el día 08 de octubre de 1997.

Siendo aproximadamente las 09:20 a.m. en el grado segundo primaria, durante la clase de sociales con la profesora Elizabeth Argüello, el niño Brayan Arturo Pulido Barrera, le colocó la mano sobre la espalda del niño (sic) Anderson Arenales, quien reaccionó levantando su mano derecha para retirar el brazo del compañero Pulido. El alumno Arenales desafortunadamente, tenía un lápiz y con la punta superior es decir, con la lata que contiene el borrador, lesionó gravemente el ojo izquierdo del niño Pulido. La profesora Elizabeth Argüello informó del accidente a la te. MD. Cotte Liliana, quien se encontraba en esos momentos haciendo la brigada de vacunación en el colegio. El alumno Pulido fue llevado al hospital de unidad y de allí fue remitido al Hospital Militar Central”(16) (resaltado fuera de texto).

Así mismo, reposa en el expediente, copia auténtica de la historia clínica del menor Brayan Pulido(17) en la que se encuentra anotación de 10 de octubre de 1997, a través de la cual se encuentra acreditada la gravedad de la lesión sufrida por este, en los siguientes términos:

“Paciente de 8 años quien recibió trauma penetrante en OI valorado en Palenquero y remitido para evaluación y manejo.

Antecedentes de importancia ninguno, al SF de ingreso AV; OD: 20/20 OI CD a 60 cm Movimientos (sic) oculares conservados, herida de espesor completo en córnea de 9 a las 12, 1 mm por dentro del limbo con atrapamiento de iris en la herida, es llevado a cirugía, se realiza reducción de hernia de iris, y cierre primario de herida corneana (…)”(18) (resaltado fuera de texto).

Respecto de la evolución primaria de las lesiones sufridas, fue allegado en copia simple, la cual no fue cuestionada por la parte demandada, diagnóstico realizado por el médico Luis Fernando Chica Mora, quien examinó al menor el 30 de octubre de 1997, encontrando las patologías visuales denominadas “ptosis palpebral” y midriasis paralítica” en el ojo de izquierdo del menor Pulido. Los hallazgos fueron los siguientes:

“(…) Al examen presenta:

Ptosis palpebral izquierda leve.

— Midriasis paralítica.

— A la oftalmoscopia, cicatriz suturada en iris, hacia las 10 del meridiano del reloj; pequeñas cicatrices pigmentadas en córnea - segmento central. Retina normal. Movimientos oculares normales.

Según la tabla de evaluación de incapacidades resultantes de accidentes de trabajo establecida en el DTO. 766 del 30 de abril/87, la anterior lesión produce una disminución de la capacidad laboral del 18%”(19) (resaltado fuera de texto).

También fueron allegados, a través de Oficio Nº 1101COCOM-1-ASEJU-714 de 19 de febrero de 2001, los siguientes documentos: i) certificación a través de la cual el Instituto Militar “Flavio Angulo Piedrahita” pone en conocimiento que el menor Brayan Arturo Pulido Barrera, se encontraba matriculado en el plantel educativo desde el año 1993(20), ii) copia del manual de seguridad y manejo de utensilios de la institución aplicable al estudiantado de la misma(21), en el cual se advierte, en el capítulo 5 sobre “Recomendaciones”, el debido cuidado que debe tener la población estudiantil con elementos como “puntas de lápices, esferos, compás e instrumentos de laboratorios”, y iii) Oficio Nº 036 - IMFAP - 774 de 12 de febrero de 2001, suscrito por el director de la institución educativa bajo comento, que dice, textualmente lo siguiente:

“(…) Cabe anotar que los padres involucrados llegaron a un arreglo directo sin contar con el instituto, por lo que se supone hubo conformidad de las partes, más si se tiene en cuenta que los gastos médicos ocurridos tanto en el hospital de este comando aéreo como en el Hospital Militar Central han sido asumidos por el sistema de salud de las Fuerzas Militares por ser hijo de un empleado civil, lo que le da la calidad de beneficiario del sistema.

La profesora directora del grado segundo del año lectivo de 1997, E3. Ana Elizabeth Argüello Vergara, informó los hechos, se evidenció la ocurrencia de un accidente por caso fortuito (…).

En razón a lo establecido anteriormente, en vista de que los padres ya habían tratado la situación personal, y comoquiera que el hecho no es atribuible a la acción u omisión por parte de la profesora ni porte (sic) de los menores involucrados ni el Instituto Militar Flavio Angulo Piedrahita, no inició ningún tipo de acción disciplinaria de acuerdo a los consagrado en el estatuto docente y la Ley 200 de 1995”(22).

En relación con la prueba técnica de las lesiones, obra en el expediente dictamen pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizado el 25 de enero de 2002, experticia que arrojó la existencia de una evolución satisfactoria de las lesiones sufridas por el menor Brayan Arturo Pulido, al punto de considerar superadas para dicha fecha las lesiones sufridas por el menor. Dice la experticia:

“(…) Biomicroscopia: O.D. Cristalino sano, córnea sana, párpados y lagrimales: Normales. O.I: presenta una pupila ligeramente excéntrica y un leucoma(23) cicatricial en la córnea nasal superior correspondiente al signo del trauma, hay una pequeña sinequia del iris(24) el cristalino está sano. Visión normal, hipermetropía.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece como mecanismo corto punzante; incapacidad médico legal de treinta y cinco (35) días. Secuelas: Perturbación funcional del órgano de la visión de carácter transitorio, pues las causas que la generaban evolucionaron satisfactoriamente(25).

Como se advierte, de la experticia realizada por el Instituto de Medicina Legal, si bien el estudiante Brayan Arturo Pulido sufrió una herida con objeto contundente, que inicialmente le procuró una pérdida importante de las funciones del ojo izquierdo, estimada en un 18% de pérdida de capacidad laboral, al momento de toma del examen médico legal, esto es, cuatro años después; se encontró que si bien, quedaron secuelas visuales para el menor consistentes en la existencia de una cicatriz en la córnea, derivada del trauma sufrido, definitivamente su recuperación fue positiva, y su visión tiende a ser normal pues la perturbación sufrida fue de carácter transitorio y no definitivo.

Finalmente, se tiene que fue rendido testimonio por las señoras Teresa Sandoval, Martha Montes Martínez, María Gina Salcedo Ortiz y Denis Ortiz Alcalá vecinas de los demandantes, quienes no presenciaron el momento en que Brayan Arturo Pulido sufrió la lesión, pero conocieron la ocurrencia de la misma, así como del traslado de urgencia del niño a Bogotá para recibir atención médica adecuada. También los testigos adujeron conocer acerca de la existencia de secuelas físicas y emocionales soportadas por el afectado y sus familiares por la incertidumbre existente en dicho momento frente a la posibilidad de que la pérdida visual sufrida fuera permanente, y la congoja del menor derivada del uso de gafas, lo cual le impidió participar de actividades deportivas propias de su edad.

Igualmente, rindió testimonio la profesora Ana Elizabeth Argüello Vergara, quien se encontraba a cargo del curso al momento de los hechos. La señora Argüello, reiteró los sucesos consignados anteriormente y aclaró que el menor debía usar gafas de manera permanente como consecuencia de la lesión y que se le ve una “nubecita” en el ojo izquierdo. Así mismo, indicó que tras la realización de investigaciones en el plantel educativo se determinó que el daño sufrido por el menor Pulido, fue consecuencia de un accidente, y que no hubo intención del agresor en la causación de la lesión referida(26).

Así las cosas, a juicio de la Sala, del caudal probatorio obrante en el expediente se colige que efectivamente existió un daño antijurídico sufrido por el demandante Brayan Arturo Pulido, que si bien no generó una pérdida permanente de la visión del demandante por su ojo izquierdo, si dejó secuelas, en relación con la disminución de la agudeza visual de dicho órgano, como la presencia de un leucoma cicatrizal, caracterizado en los testimonios obrantes en el plenario como la presencia de “una nubecita” en el ojo del menor, y una “pequeña sinequia del iris” que implica el uso permanente de gafas por parte del afectado, la asistencia a controles médicos periódicos y el reconocimiento de una incapacidad médica por 35 días, a los cuales no estaba obligado a concurrir el afectado con anterioridad a los hechos.

Sin embargo, pese a la existencia probada del daño, no se encuentra acreditado el segundo presupuesto de la responsabilidad del Estado, la imputabilidad del daño a la entidad demandada, como se pasa a observar: 

Respecto de la imputación del daño por el régimen subjetivo de imputación o por falla en el servicio, no observa la Sala que haya acaecido en el caso concreto una falta a los deberes de vigilancia y cuidado a cargo de los profesores, como lo indica el demandante. 

En este punto es relevante aclarar que aunque el fundamento de la imputación aludido, esto es, la aplicación de la culpa in vigilando, consagrada en el artículo 2347 del Código Civil, se encuentra superada en la jurisprudencia de esta corporación, dando paso a la imputación de responsabilidad extracontractual al Estado con fundamento primario en el artículo 90 constitucional, en caso de aplicar dicho régimen de responsabilidad indirecta por haber acaecido el daño en una institución oficial y durante el ejercicio de una función pública, se tiene que el artículo referido dispone que “Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”, por lo cual, ordena la norma que “los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (…). Sin embargo, también consagra ésta que cesará la responsabilidad de tales personas, “si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”. 

Bajo ese contexto, no se desprende de las pruebas obrantes en el expediente que haya habido una culpa in vigilando de la entidad demandada, o una falla del servicio derivada de un anormal funcionamiento de la administración, sino todo lo contrario, en tanto si bien los hechos acaecieron en el recinto de clases, con la presencia de una persona adscrita a la planta docente de la institución, quien se encontraba a cargo de dicho grupo de estudiantes, dicha persona no habría podido evitar el daño, pues el mismo se derivó de un acto reflejo de un estudiante, quien tenía en su mano el lápiz con el que fue herido el demandante. 

Así mismo, se encuentra probado a través de los hechos relatados en la demanda, los testimonios, la historia clínica del menor afectado y las certificaciones allegadas por el Instituto Militar Flavio Angulo Piedrahita, que la actuación de la entidad fue diligente, y que de forma inmediata, una vez ocurrido el accidente, el menor recibió primeros auxilios y fue trasladado al Hospital Germán Olano de la Fuerza Aérea, en donde, una vez realizadas las valoraciones del caso, se ordenó su traslado al Hospital Militar Central de Bogotá y que la totalidad de los costos asociados a dicho tratamiento fueron asumidos por la entidad demandada.

Ahora bien, si se examina la problemática acaecida desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva, tampoco avizora la sala la ocurrencia de un daño especial o un rompimiento de las cargas públicas imputable a la administración, pues no fue una actuación u omisión de la misma, la causa eficiente e inmediata del daño, sino, como acertadamente lo anotó el a quo, fue una causa extraña a la administración, la causante de las lesiones sufridas por el menor Brayan Pulido, consistente en un caso fortuito, esto es, un hecho impredecible e irresistible(27), en el cual, como consecuencia de un acto reflejo de un compañero de clase, accidentalmente le fue enterrado una punta de lápiz en el ojo , generándole las lesiones ampliamente descritas, respecto de lo cual, el Estado, representado en la profesora que se encontraba al cuidado del salón de clase, no podía haber intervenido de manera eficiente para poder evitar la ocurrencia del mismo. 

En este sentido, la Sala encuentra que, aunque está demostrada la ocurrencia del accidente y así mismo la causación de algunos perjuicios a los demandantes, no se estableció el elemento causal que vincule al Ministerio de Defensa con el daño sufrido por el menor Brayan Arturo Pulido y por su familia. 

Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, en casos similares al que se analiza, la Sala ha sostenido(28)

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo, la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada. 

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños, el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia” (negrillas fuera de texto). 

En consecuencia, se impone en el caso concreto, la denegatoria de las pretensiones incoadas en el libelo de la demanda, y en consecuencia, confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que en el caso sub judice, no se encuentra probada la imputabilidad del daño a la entidad convocada y por el contrario, se encuentra acreditada la ocurrencia de una causa extraña —caso fortuito— que libera de responsabilidad a la administración. 

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 12 de febrero de 2004, proferida por la Sección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz Del Castillo. 

(1) Folios 1 a 11 del cuaderno principal.

(2) Anales de oftalmología 2009, ptosis palpebral. [En línea:] http://www.nexusmedica.com/web/articulos/r661/a17894/oft-17-4-003.pdf. Pág. 1. “El término médico ptosis en general hace referencia a la caída o prolapso de un órgano o parte de él. Podemos definir la ptosis palpebral como una posición anormalmente baja del párpado superior”.

(3) Diccionario Mosby - Medicina, enfermería y ciencias de la salud, Midriasis paralítica. Ediciones Hancourt, S.A. 1999, [En línea:] http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/13655/midriasis. “Zona de pérdida de visión situada en la periferia del campo visual”.

(4) Folios 14 a 15 ibídem.

(5) Folios 22 a 23 ibídem.

(6) Folio 89 ibídem.

(7) Folios 90 a 91 ibídem.

(8) Folios 93 a 99 del cuaderno principal.

(9) Folio 101 ibídem.

(10) Folios 109 a 110 ibídem.

(11) Folio 112 ibídem.

(12) Folios 2 a 4 ibídem.

(13) Folio 76 ibídem.

(14) Respecto del valor probatorio de las copias simples en materia contenciosa, es menester indicar que el artículo 83 de la Constitución Política, que consagra la presunción de la buena fe respecto de las actuaciones de los particulares frente a las autoridades públicas, al ser aplicado al proceso contencioso administrativo, implica que las copias simples que presenten las partes con fines probatorios pueden ser valoradas, sin perjuicio de que su originalidad y autenticidad puedan ser corroboradas a través del cotejo (CPC, arts. 257 y 291), el reconocimiento (art. 273, ib.), la exhibición (arts. 283 y ss, ib.) y la tacha de falsedad (art. 291, ib.), precepto que ha sido desarrollado por la ley y la jurisprudencia constitucional. Al respecto ver: artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, artículo 11 de la Ley 446 de 1998, artículo 26 de la Ley 794 de 2003, artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, artículo 25 del Decreto-Ley 019 de 2012 y artículo 246 de la Ley 1564 de 212, y sentencias C-340 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, y C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras. Esta posición ha sido adoptada de manera unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, mediante auto de 27 de septiembre de 2012, Radicación 25-001-23-31-000-2003-01063-01 (36.357), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(15) Folios 5 a 7 del cuaderno 2.

(16) Folio 5 del cuaderno 2.

(17) Folios 65 a 72 ibídem.

(18) Folio 71 ibídem.

(19) Folio 7 ibídem.

(20) Folio 76 ibídem.

(21) Folio 78 a 97 ibídem.

(22) Folios 98 a 99 ibídem.

(23) Médicos cubanos. Leucoma. [En línea:] http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=leucomaLeucoma: “opacidad corneal cicatricial que dependiendo de la localización puede cursar con disminución de la agudeza visual”.

(24) Diccionario Mosby, Op. Cit. Sinequia: “Adherencia, especialmente del iris a la córnea o al cristalino. Se puede desarrollar a partir de glaucoma, cataratas, uveítis o queratitis, o bien como complicación quirúrgica o de un traumatismo ocular. Las sinequias evitan o impiden el flujo de líquido acuoso entre las cámaras anterior y posterior del ojo, pudiendo conducir rápidamente a ceguera”.

(25) Folios 104 a 105 ibídem.

(26) Folios 26 a 34 ibídem.

(27) Respecto de los elementos del caso fortuito, ha dicho el Consejo de Estado: “En efecto, el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil, define a la fuerza mayor o caso fortuito, como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público”. Es de esta disposición de la que se extraen los elementos esenciales mencionados anteriormente, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. En cuanto al primero, se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 27 de 1974: “La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño, súbito e inesperado… Es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad”. Y en cuanto a la irresistibilidad, como lo dice la misma sentencia, “el hecho… debe ser irresistible” (resaltado fuera de texto). Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicado 25000-23-27-000-2001-00709-01(13610), M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Expediente 17.405.