Sentencia 1999-00151/40557 de mayo 2 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 540012331000199900151 01 (40557)

Actor: Ascensión Arévalo de Pineda y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia - Instituto Penitenciario y Carcelario-Inpec.

Medio de control: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

La Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Legitimación en la causa; 2. Caducidad del medio de control de reparación directa; 3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 4. Responsabilidad del Estado por muerte de detenidos o reclusos - reiteración jurisprudencial; y 5. Caso concreto.

1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(27), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen como demandantes María de los Ángeles Zambrano Mendoza(28), Edien Jasme Pineda Zambrano(29), Tania Lizeth Pineda Arévalo(30) y Ascención Arévalo de Pineda(31), quienes respectivamente adujeron la calidad de compañera permanente(32), hijas, y madre de Nelson Pineda Arévalo (víctima directa); parentescos estos que se encuentran probados respecto de la primera con las declaraciones extra proceso(33) y las pruebas documentales que obran en el plenario y de los demás con los respectivos registros civiles de nacimiento.

Por la otra parte, la demanda fue dirigida primeramente contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, entidad pública con autonomía administrativa y presupuestal que de conformidad con la Ley 65 de 1993 ejerce las funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria y que para la fecha de los hechos ostentaba la custodia de la víctima Nelson Pineda Arévalo quien se encontraba recluido en el centro carcelario “La Modelo de Cúcuta”, situación que es suficiente para tener por acreditada la legitimación en la causa por pasiva en cabeza de la entidad demandada.

Contrario sensu, aunque la demanda también va dirigida contra el Ministerio de Justicia y Derecho, está Sala de Subsección confirmará la falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza suya, toda vez que dentro de sus funciones directas no se encuentra ejercer la custodia y vigilancia de los reclusos en centros carcelarios y penitenciarios.

2. Caducidad del medio de control de acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(34), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(35). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(36).

En el caso concreto, la Sala prevé que la muerte de Nelson Pineda Arévalo tuvo lugar el día 8 de noviembre de 1997, lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 9 de noviembre de 1999, y la parte actora presentó la demanda de acción de reparación directa el 17 de febrero de 1999, es decir, dentro del término legal que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(37).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto, según lo determine el juez con fundamento en el principio iura novit curia(38).

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(39) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

4. Responsabilidad del Estado por muerte de detenidos o reclusos —reiteración jurisprudencial(40)—. 

La jurisprudencia de la corporación ha modificado paulatinamente el título de imputación bajo el cual se gobiernan los casos en que resulte herido o muerto un recluso o un detenido dentro de un centro carcelario o penitenciario que se encuentra bajo la guarda de la autoridad competente, para el cumplimiento de la condena penal que se haya impuesto o la medida de aseguramiento que se haya determinado para garantizar el curso normal del proceso penal correspondiente. Bajo esta perspectiva, en un principio se aplicó la falla presunta del servicio en atención a que:

“(…) [E]n casos como este estamos frente a una obligación de resultado y no de medio por parte de la administración, la cual debe indistintamente controlar vigilar e inspeccionar el desarrollo de las actividades internas; y, si es necesario para la adecuada prestación del servicio vincular mayor número de personas que colaboran con el cumplimiento de este cometido (…)”.

Posteriormente surgió un cambio respecto a la forma como las autoridades carcelarias cumplen los cometidos obligacionales en cuanto a la protección y seguridad que deben brindar a los internos de los centros penitenciarios y carcelarios; es por ello que se aplicó en diversas decisiones la falla probada en el servicio como criterio de imputación, considerando, en términos generales, que tales autoridades tienen a su cargo dos obligaciones concretas: i) la custodia y ii) la vigilancia y en el evento en que ocurra una lesión o se cause la muerte de un recluso o un detenido, el Estado es responsable de tal daño por cuanto quebranta por omisión los deberes que le han sido impuestos.

Ahora bien, en diferentes ocasiones esta corporación ha enmarcado la responsabilidad del Estado bajo el título de responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad y conforme al artículo 90 de la Constitución Política, pues en estos casos se presentan relaciones especiales de sujeción.

De acuerdo con lo anterior y en atención con los precedentes de la Sala que hoy atienden la responsabilidad del Estado conforme al régimen objetivo, la misma se sustenta en la tesis de “condiciones especiales de sujeción”, en el entendido que:

“(…) [E]l hecho de que una persona se encuentre internada en un centro carcelario implica la existencia de subordinación del recluso frente al Estado. Dicha subordinación produce, como consecuencia, que el recluso se encuentre en una “condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta”, de la que se hace desprender una relación jurídica especial que se sustenta en la tensión entre la restricción, limitación o modulación y el respeto de los derechos del recluso, con especial énfasis por la tutela del derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales no se limitan o suspenden por la propia condición o situación jurídica del recluso (…)”.

Sin embargo, para la Sala no es descartable que los daños sufridos por reclusos o detenidos puedan ser imputados con fundamento en el régimen de falla probada en la prestación del servicio, pues en muchos casos logra probarse el incumplimiento de los deberes de protección que se encuentran radicados en cabeza del Estado.

En ese sentido, la prueba recaudada debe permitir demostrar que la entidad demandada omitió poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para evitar la ocurrencia de los daños a la persona privada de la libertad, concretándose en una negligencia en el cumplimiento de sus deberes legales.

Siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, y que han sido acogidos por esta Sala, el Estado debe garantizar la protección del derecho a la vida del recluso o detenido bajo la siguiente premisa:

“(…) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno. Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos. Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado”.

Conforme a lo anterior, surgen las llamadas relaciones especiales de sujeción, que de acuerdo con el precedente constitucional implican: (i) la subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales); iii) que la limitación de dichos derechos se encuentre autorizada por la Constitución y la ley ; (iv) que la limitación de los derechos fundamentales se lleve a cabo con la finalidad de garantizar los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización); (v) que como consecuencia de la subordinación surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado; y finalmente (vi), que simultáneamente surge para el Estado el deber de garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.

“En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho”.

Ahora bien, la Sala reitera que con fundamento en la posición actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado “(…) la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar (…)”(41). En desarrollo de esta consideración, esta Subsección analizará conjunta e integralmente el acervo probatorio y determinará si el caso se ajusta a alguna de las motivaciones o títulos de imputación acogidos por esta jurisdicción, o, si en su defecto, se evidencia una causal eximente de responsabilidad, tales como culpa de la víctima, hecho del tercero o fuerza mayor o caso fortuito.

5. Caso concreto.

El principal problema jurídico que plantea esta Sala de Subsección, consiste en determinar si en el caso de autos se reúnen los presupuestos constitucionalmente establecidos para la declaración de la responsabilidad extracontractual en cabeza de la entidad demandada, es decir, primeramente, el daño antijurídico, y en caso afirmativo, si el mismo resulta fáctica y jurídicamente atribuible - imputable a la entidad demandada.

En el sub judice, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico consistente en la lesión del derecho a la vida de Nelson Pineda Arévalo, quien según consta en el correspondiente registro civil de defunción(42) falleció el 8 de noviembre de 1997, en el departamento de Cúcuta - Norte de Santander.

Ahora bien, con relación a la imputación, la Sala encuentra acreditado que la muerte de Nelson Pineda Arévalo tuvo lugar cuando se encontraba recluido en la cárcel Modelo de Cúcuta, por ser vinculado a una investigación penal, en la que se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Asimismo se observa que el petitum de la demanda atribuye la muerte de Nelson Pineda Arévalo al incumplimiento de las funciones de los miembros del Inpec, que permitieron la elaboración y consumo de alcohol etílico casero dentro del centro carcelario, así como el consumo de sustancias alucinógenas, lo que es considerado por la parte actora como causa directa del fallecimiento y que hace patrimonialmente responsable a la entidad demandada.

Sin embargo, la Sala advierte que la sentencia apelada será confirmada, esto es, negando las pretensiones de la demanda, entre tanto que las imputaciones de la parte actora no han quedado acreditadas y, por el contrario, se demostró que el recluso Pineda Arévalo falleció por causas naturales - concretamente por la ruptura de un aneurisma cerebral que ocasionó muerte por shock neurogénico.

A la sazón, el protocolo de necropsia Nº 808-97 practicado por el Instituto de Medicina Legal, estableció que la fecha de la muerte efectivamente fue el 8 de noviembre de 1997 a las 18:40 horas, y concluyó: “ADULTO QUE PRESENTA “MALESTAR” Y MUERE EN EL TRASLADADO AL HOSPITAL ERASMO MEOZ A LA NECROPSIA SE ENCUENTRA ANEURISMA CEREBRAL ROTO Y MUERE EN SHOCK NEUROGENICO”(43).

Dado lo anterior, queda plenamente establecido que la causa de la muerte del recluso Pineda Arévalo fue de carácter natural, consistente en aneurisma cerebral que se presenta de manera súbita, frecuentemente, sin sintomatología previa, circunstancia esta que, a priori, conlleva exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, toda vez que el daño fue causado por un hecho natural, excede el régimen de imputación objetiva dispuesto para los reclusos cuya custodia y vigilancia se encuentra en cabeza de las autoridades carcelarias y penitenciarias.

Sin embargo, más allá del régimen objetivo de imputación y en garantía de los derechos de la parte actora, la Sala considera revisar si la entidad demandada, por vía de sus funcionarios, desplegó algún acto —por acción o por omisión— que pudiera coadyuvar a la concreción del daño antijurídico - muerte, en razón a lo cual se pregunta, si es cierto el dicho expuesto por la parte actora en su recurso de apelación, según el cual Nelson Pineda Arévalo no recibió los primeros auxilios ni la atención médica correspondiente, razón por la que falleció durante el traslado al centro clínico Erasmo Meoz. Cuya respuesta es negativa, como pasa a explicarse.

Contrario a lo afirmado por la alzada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos permiten concluir que el recluso obtuvo la atención que su caso clínico requería y así lo acredita, primero, el acta de levantamiento del cadáver Nº 676, elaborada el 8 de noviembre de 1997(44), correspondiente a Nelson Pineda Arévalo, de 23 años, donde se observa:

Descripción morfológica del occiso:

(…)

Descripción del lugar de los hechos: se tiene conocimiento (sic) ocurrieron día de hoy a las 18:30 horas aproximadamente, en el patio número 12 de la Penitenciaría Nacional Modelo donde se encontraba recluido por el homicidio del senador Jorge Cristo Sahum, internos dieron aviso a la guardia que se encontraba enfermo, siendo trasladado a la enfermería de la penitenciaria, de donde fue remitido inmediatamente a las urgencias del hospital donde llegó muerto versión DG. Rolon conductor.

(…)”

Dado lo anterior, Nelson Pineda Arévalo mostró una suerte de enfermedad que alertó a sus compañeros de patio, quienes dieron aviso a las autoridades carcelarias, que rápidamente lo condujeron a la enfermería de donde “inmediatamente” fue trasladado al correspondiente centro hospitalario para que recibiera la atención médica profesional requerida; hecho este que desvirtúa una posible tardanza en la reacción de los custodios del Inpec, y por el contrario evidencia la reacción oportuna y solidaria de los demás reclusos y funcionarios de la cárcel.

Esto queda corroborado con el informe de inspección judicial Nº 676, efectuado al cadáver a las 22:10 horas del 8 de noviembre(45), realizado en la morgue del Hospital Erasmo Meoz por la unidad de criminalística en la SIJIN en coordinación con el fiscal segundo de la URI, y en el que se establecieron como hechos:

“Según lo manifestado por el DGA. Rolon, conductor de turno de la Cárcel Nacional Modelo, a las 18:30 horas aproximadamente, los internos del patio número 12 avisaron a la Guardia de la Cárcel que el hoy occiso se encontraba enfermo, entonces fue trasladado a la enfermería de la penitenciaria de donde fue remitido a las Urgencias del Hospital Erasmo Meoz (…)”.

Dicho lo anterior, el material probatorio obrante dentro del plenario no acredita la existencia de una falla en la prestación del servicio frente a la atención oportuna y eficiente que el recluso Nelson Pineda Arévalo requería para atender la urgencia médica por él presentada.

Ahora bien, otro cargo de imputación expuesto por la parte actora gira en torno a la ingesta de bebidas alcohólicas al interior de la cárcel, así como de sustancias alucinógenas - cocaína, circunstancia a la que los demandantes atribuyen la causa de la muerte.

A la sazón se observa que el dictamen pericial de alcoholemia practicado el 14 de noviembre de 1997 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Norte de Santander al cadáver de Nelson Pineda Arévalo(46), concluyó que “En la muestra de sangre tomada al cadáver de Nelson Pineda Arévalo, se encontró alcohol etílico en una concentración de 103.50mg/100ml”; en cuya interpretación, el dictamen aclara se trata del primer grado de embriaguez cuyos valores de referencia son “entre 50 y 150 mg%” de alcohol.

Asimismo el dictamen pericial de sicofármacos, practicado el 24 de noviembre de 1997(47), por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Norte de Santander concluyó que “en la muestra de orina recibida como perteneciente al cadáver de Nelson Pineda Arévalo se encontró compuesto compatible con metabolismo de cocaína; no se encontraron las demás sustancias investigadas”, esto es, “no se detectó la presencia de metabolitos de bensodiazpinas, fenotizinas (tioridazina, levomepromazina), opiáceos, cannabinoides”

Igualmente, obra en el plenario el oficio Nº 0170 del 20 de febrero de 1998(48) elaborado por el funcionario investigador de la Policía Judicial, dirigido al Fiscal Segundo de la URI - Cúcuta, donde informa que las diligencias adelantadas con relación al fallecimiento del señor Nelson Pineda Arévalo, de las cuales se concluyó: “[E]l día de los hechos, el hoy occiso según lo dicho por el señor Gerardo Rolon Lizardo, que los internos habían manifestado que se encontraba tomando una bebida de nombre Chamberlain, hecha en el centro carcelario con gaseosa, alcohol, listerine, que lo sacaron enfermo pero antes de llegar al hospital falleció, en la muestra de sangre tomada al cadáver de Nelson Pineda Arévalo, encontró Alcohol Etílico y compuestos combustibles con metabolitos de cocaína, posible manera de la muerte causas naturales”.

Dado el material probatorio que antecede, la Sala concluye que, si bien ha quedado demostrado que para el momento de la muerte Nelson Pineda Arévalo presentaba porcentajes de alcohol y cocaína en la sangre y orina, lo cierto es que en el plenario no se acreditó que la causa de la muerte - aneurisma cerebral, se halle relacionada con el consumo de estas sustancias.

En otras palabras, aunque como lo sostiene el apoderado de la parte actora, la presencia y consumo de estos elementos al interior del centro carcelario evidencian una suerte de ineficiencia en la custodia y vigilancia que ejerce el Inpec, se itera, no se probó que este hecho se halle relacionado con la causa de la muerte de Nelson Pineda Arévalo, esto es, con la ruptura del aneurisma cerebral que nos lleva a concluir contrario sensu que el fallecimiento tuvo lugar por un hecho natural, imprevisible e irresistible para la administración que la exonera de responsabilidad civil.

Ahora bien, con respecto a esta circunstancia debe anotarse que el consumo de alcohol y cocaína por parte del recluso Nelson Pineda configuran un hecho de la víctima que defrauda y burla los controles de las autoridades carcelarias, para satisfacer su vicio y adicción, poniendo en riesgo a los demás internos, funcionarios y a la seguridad del centro de reclusión, lo cual, igualmente, exoneraría de responsabilidad a la entidad demandada frente a los daños que la propia víctima se infrinja.

En síntesis, en el caso concreto la entidad demandada queda exonerada del régimen de imputación objetiva toda vez que la muerte se dio por una causa natural - ruptura de aneurisma cerebral y, no ha quedado acreditada una falla en la prestación del servicio de custodia y vigilancia que corresponde al Inpec, que haya coadyuvado a la concreción del daño antijurídico - muerte de Nelson Pineda Arévalo.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 14 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, toda vez que, aunque se encuentra acreditado el daño antijurídico consistente en la muerte de Nelson Pineda Arévalo, no ocurre lo mismo con el segundo elemento configurante de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues en el caso de autos, la Sala considera que el daño antijurídico no es imputable a la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

27 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

28 Compañera permanente de la víctima, Nelson Pineda Arévalo, según lo expresado en las declaraciones extrajudiciales de los señores Madgiel Obder Silva (fl. 14 c. 1), y Rosa María Castro Gelvez (fl. 15 c. 1), donde aseveran, que aquella llevaban conviviendo por (8) años, hasta el fallecimiento del señor Pineda Arévalo. Información que se encuentra corroborada con el acta de ingreso a la Penitenciaria de Cúcuta del 26 de julio de 1994 de la víctima directa en la que consta que su estado civil era “soltero” (fl. 166 c. 1) y el acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver Nº 676 del 8 de noviembre de 1997 donde se aclara que la víctima directa convivía en “unión libre” (fl. 93 c. 1).

29 Obra registro civil de nacimiento de Edien Jasme Pineda Zambrano (hija) de Nelson Pineda Arévalo, victima directa (fl. 12 c. 1).

30 Obra registro civil de nacimiento de Tania Lizeth Pineda Arévalo (hija) de Nelson Pineda Arévalo, victima directa (fl. 11 c. 1).

31 Obra registro civil de nacimiento de Nelson Pineda Arévalo, (victima directa) (y en el que registran como su madre, Ascención Arévalo de Pineda (fl. 13 c. 1).

32 Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos. Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

33 Con relación a las declaraciones extra proceso, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp. 27.578 y de 27 d agosto de 2015, Exp. 48.995 “El artículo 298 del C.P.C. taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación. Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. (…) No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”. En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de la declaración extra proceso sobre la cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate, también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo, dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos sobre el simplemente formal o procesal”.

34 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).

35 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

36 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

37 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

38 Ahora bien, la Sala advierte que “en aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al título de imputación que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético arbitrario. De manera que es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de imputación diferente a aquel invocado en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 25 de febrero de 2016, Exp. 42.925.

39 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de mayo de 2017, Exp. 37.497.

41 Sentencia Sala Plena de la Sección Tercera, Exp. 24392. “En este orden de ideas, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar, desde una perspectiva constitucional y legal, los diversos casos traídos a su consideración sin que ello signifique que pueda entenderse que existe un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe estar en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en casa evento, de manera que la solución obtenida consulte los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado tal y como fueron explicados previamente en esta providencia”.

42 Fl. 17 c. 1.

43 Fls. 82-84 c. 1.

44 Fl. 93 c. 1.

45 Fl. 101 c. 1.

46 Fl. 99 c. 1.

47 Fl. 100 c. 1.

48 Fl. 102 c. 1.