Sentencia 1999—00152 de octubre 30 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 50001233100019990015201

Expediente: 29635

Consejero Ponente

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Orfy Klarena Morera Gutiérrez y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional y otro

Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

11. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

II. Hechos probados

12. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

12.1. El señor Mario Fernández Pérez falleció el 4 de agosto de 1998, aproximadamente a las 10 de la mañana, en el municipio de Miraflores, en el departamento de Guaviare, al naufragar la chalupa en la que se movilizaba en el río Vaupés. Su muerte se produjo por ahogamiento en el rio, donde fue encontrado 3 días después del fallecimiento (copia auténtica del registro civil de defunción del señor Mario Fernández Pérez del 18 de agosto de 1998 —fl. 27, cdno. 1—; copia auténtica del certificado de defunción del señor Mario Fernández Pérez —fl. 28, cdno. 1—; copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver del señor Mario Fernández Pérez del 7 de agosto de 1998 —fls. 29-30, cdno. 1—; copia auténtica del protocolo de necropsia del señor Mario Fernández Pérez del 7 de agosto de 1998 —fls. 31-32, cdno.1—).

12.2. En la fecha en la que ocurrió la muerte del señor Fernández Pérez, el municipio de Miraflores—Guaviare fue objeto de un ataque del bloque oriental de la guerrilla de las FARC, el cual causó un prolongado combate entre las partes beligerantes, el cual dejó al menos 11 militares muertos y 13 heridos (ofi. 2030/BR7-BIPAR-CDO-375 del 21 de mayo del 2001 del comandante del Batallón de Infantería 19 general Joaquín París del Ejército Nacional —fls. 155-156—; testimonio del señor Francisco Antonio Pérez Castillo —fls. 190-193, cdno. 1—; testimonio del señor Gabriel Castaño Fernández —fl. 207—; testimonio del señor Hernán Fernández López —fls. 210-213, cdno. 1—; testimonio del señor Enrique Prada Lara —fls. 214-217, cdno. 1—).

III. Problema jurídico

13. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, así como con las consideraciones hechas por el a quo y los argumentos expuestos en el recurso de apelación de la parte demandante, la Sala deberá determinar si en el caso bajo análisis la parte demandada es responsable por la muerte del señor Mario Fernández Pérez, tomando en consideración lo que se encuentra acreditado en el expediente sobre las circunstancias particulares en las que se produjo su deceso.

IV. Análisis de la Sala

14. En materia de responsabilidad extracontractual de las entidades y autoridades estatales, esta Sección ha considerado que el modelo de responsabilidad consagrado en la Constitución Política de 1991 en su artículo 90 no privilegió ningún régimen específico, razón por la cual es deber de los falladores el motivar su fallo de una manera en la que se consulten los elementos fácticos y jurídicos que se hayan logrado acreditar en el proceso.

15. Parte de ese ejercicio se ha logrado desarrollar mediante el uso de diversos títulos de imputación, los cuales cumplen la función de encuadrar una realidad fáctica en unos parámetros de juzgamiento que permiten definir si un daño que se reputa antijurídico es, de alguna manera, endilgable al Estado. Sin embargo, vale reiterar la ausencia de un mandato constitucional que obligue al juez a usar un título particular de forma invariable frente a situaciones de hecho similares(2).

16. Con esto en mente, la Sala debe indicar que, contrario a lo planteado por la sentencia de primera instancia, en el presente caso sí es posible distinguir los elementos que configuran la responsabilidad de las entidades demandadas por la muerte del señor Mario Fernández Pérez, aunque no precisamente por la falla en el servicio que se les endilga por su actuación durante la contraofensiva lanzada contra la guerrilla de las FARC como respuesta al ataque a este actor armado a Miraflores-Guaviare los días 3 y 4 de agosto de 1998, sino por el riesgo excepcional que encarnó para la víctima el ataque en sí mismo considerado, así como la respuesta militar de la fuerza pública.

17. Para iniciar, debe recordarse que la demanda tuvo como fundamento de la solicitud de la declaratoria de responsabilidad el presunto actuar injustificado de agentes del Ejército y la Policía Nacional que, durante los enfrentamientos que tenían en esa fecha con el bloque oriental de la guerrilla de las FARC, cuando estas intentaron incursionar en el municipio de Miraflores, desde un helicóptero de combate habrían lanzado una granada a la chalupa en la que el señor Mario Fernández Pérez y su hermano Ángel Gabriel Fernández Flórez se movilizaban sobre las aguas del río Vaupés, causándoles la muerte por ahogamiento.

18. Ahora, analizando el asunto desde la perspectiva primigenia planteada en la demanda, la Sala ha manifestado que cuando un funcionario público ocasiona un daño, la imputabilidad del mismo a la administración se configura(3) cuando es causado por uno de sus agentes en desarrollo de las funciones propias de su actividad estatal o cuando el hecho tuvo algún nexo o vínculo con el servicio, pues de esta forma es posible concluir que el daño fue ocasionado como consecuencia del ejercicio de alguna función estatal. En este contexto, la responsabilidad también se deriva cuando el funcionario se vale de su investidura y a los ojos de la víctima el comportamiento lesivo se manifiesta como derivado de su poder público(4).

19. A contrario sensu, si el daño no fue producto de dicha actividad, el Estado no es responsable del daño causado, pues esta Sección ha reconocido que los agentes estatales —servidores públicos en general— son personas investidas de esta calidad pero que conservan la responsabilidad de su desempeño en su esfera individual, dentro de la cual actúan como cualquier particular y pueden cometer infracciones y delitos comunes, sin relación alguna con su calidad de funcionarios(5); en estos casos, resulta inadmisible que, por el simple hecho de ser empleados suyos, tenga el Estado el deber de asumir la responsabilidad por las actuaciones de aquellos, sin discriminarse en qué circunstancias se produjeron y dejando de lado el hecho de que se trata de personas racionales, con libre albedrío y discernimiento, que no se limitan a ejecutar un servicio público, sino que cuentan con otras dimensiones en su vida y en ella cumplen actos que producen consecuencias para el mundo del derecho. Esta esfera privada se configura cuando actúan, por ejemplo, i) al margen de las funciones que el cargo le impone o por fuera del servicio(6) o ii) desprovisto de toda calificación jurídico pública frente al sujeto lesionado(7). De este modo, si el victimario se presenta ante la víctima como una persona privada no es correcto imputarle responsabilidad al Estado(8).

20. En el caso particular, la Sala encuentra demostrado el daño alegado por la parte demandante, constituido por la muerte por ahogamiento del señor Mario Fernández Pérez el 4 de agosto de 1998, a merced de las aguas del río Vaupés, donde sería encontrado solo tres días después por las autoridades (ver supra párr. 12.1)

21. También está acreditado que en la misma fecha se produjeron cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC, la cual pretendió tomarse el municipio de Miraflores, causando la muerte a 11 militares y heridas a otros 13. Sobre este hecho no solo obra en el expediente un documento oficial como lo es el Oficio 2030/BR7-BIPAR-CDO-375 del 21 de mayo del 2001, sino que de su ocurrencia dan fe los testimonios recibidos durante el trámite procesal, rendidos todos por residentes del municipio (ver supra párr. 12.2.).

22. Sin embargo, la Sala debe reconocer que el material probatorio obrante en el proceso no da cuenta de las circunstancias particulares en las que ocurrió el deceso de la víctima y por lo tanto no puede tenerse absoluta certeza de la veracidad de las afirmaciones de los demandantes relativas a que haya sido un artefacto explosivo accionado por miembros de las entidades demandadas la causa del fallecimiento de la víctima, es decir, que tal evento haya tenido que ver directamente con las acciones que agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército Nacional desarrollaban en el municipio de Miraflores.

23. Al respecto, cabe resaltar que ante la respuesta negativa de cada una de las autoridades municipales, militares, judiciales y disciplinarias que el Tribunal del Meta ofició con el objeto de adquirir conocimiento sobre algún tipo de actuación que estas hubieran adelantado con ocasión de la muerte del señor Fernández Pérez, presuntamente a manos de miembros de la fuerza pública durante el enfrentamiento, el único material probatorio con el que se cuenta sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el deceso está constituido por los testimonios que fueron rendidos en el proceso(9).

24. De igual manera, a pesar de que la lectura de estos testimonios revela que los declarantes apuntan a endilgar la responsabilidad de la muerte de la víctima a la fuerza pública durante sus labores tendientes a repeler el ataque de la guerrilla al municipio, también es forzoso concluir que su decir no ofrece credibilidad sobre estos aspectos, por las razones que se explican a continuación.

25.En primer lugar, debe tomarse en consideración que varios de los testigos no afirman haber presenciado por sí mismos el momento en el que zozobró la embarcación en la que se transportaban los hermanos Fernández Pérez, por lo que no pueden dar fe de la forma exacta en la que esto sucedió.

26. Si se analiza el testimonio del señor Francisco Antonio Pérez, se advierte que según su decir fue el ataque guerrillero el elemento determinante de la decisión de Fernández Pérez de aventurarse a navegar el río Vaupés para abandonar Miraflores y evitar la contraofensiva del Ejército, la cual habría causado el naufragio, pero él mismo es claro en afirmar que no pudo observar que esto haya ocurrido así, y de hecho, indica que solo hasta el día siguiente tuvo conocimiento del fallecimiento de la víctima, cuando un sobrino de aquel le cuestionó sobre su paradero (fls. 190-193, cdno. 1):

CONTESTÓ: (…) Por insinuación de algunos amigos el señor Mario y su hermano Gabriel decidieron irse del pueblo en una embarcación pues les aterraba pensar en lo que sucedería cuando llegaran los refuerzos del Ejército y la Policía puesto que al nosotros estar mezclados con los insurgentes que se habían tomado ese pueblo seríamos objetivo militar pues desde la parte de arriba de los aviones y helicópteros no se alcanza a identificar qué clase de persona se moviliza bien sea civil, militar o insurgente; por lo regular cuando llega el Ejército o Policía al pueblo hace ametrallamientos a sus alrededores para alejar al enemigo y poder aterrizar, ese día no fue la excepción y con mayores el ametrallamiento y bombardeo fue muy fuerte creo que precisamente en el momento en que las lanchas evacuaban a los ciudadanos desde el lugar donde me encontraba pude observar cuando las bombas caían al río provocando una especie de remolinos y olas de varios metros de altura por lo tanto se cree que una de las olas ocasionó el hundimiento de la lancha donde se movilizaba don Mario y su hermano Gabriel. El mismo día no me di cuenta que ellos habían fallecido pues por el cansancio nos acostamos temprano, al otro día cuando ya todo había vuelto a la normalidad un sobrino de don Mario que responde al nombre de Hernán Fernández fue a buscarme al lugar donde estaba refugiado para preguntarme por su tío lo cual me preocupó porque precisamente don Mario había viajado a encontrarse con dicho sobrino y me contó que posiblemente había fallecido pues por lo que yo dije la clase de lonas que llevaban correspondían con las que le habían entregado a él y él más tarde confirmaría al encontrar los documentos y ropa de sus tíos (se resalta).

27. En otro testimonio rendido ante la primera instancia, el señor Gabriel Castaño Fernández, quien era sobrino de la víctima y se movilizaba en otra chalupa intentando salir del municipio atacado, da cuenta también de que fue un artefacto explosivo lanzado por la fuerza pública el que causó el volcamiento de la embarcación. Sin embargo, su declaración evidencia que él tampoco presenció ese hecho y fue otra persona la que le dio aviso del naufragio (fls. 207-209, cdno. 1).

CONTESTÓ: (…) Yo me encontraba en Miraflores-Guaviare, el día de la toma guerrillera o subversiva al pueblo, eso comenzó como a las siete de la noche, yo bajaba de Calamar-Guaviare, cuando la guerrilla me atajó y nos dijo que nos quedáramos en la voladora porque no podíamos seguir para el pueblo, nosotros nos quedamos ahí y como a las ocho y pedacito empezó el ataque o el plomo, toda esa noche nos quedamos escuchando la balacera, bombas y de todo, como a las diez de la mañana que estaban los aviones y los helicópteros bombardeando, intentaron salir del pueblo varias personas, mi tío Mario Fernández cogió una voladora y salió hacia una de las bodegas del pueblo hacia arriba y en esos momentos en un charco cayó una granada o bomba la cual hizo voltear la voladora y ellos no alcanzaron a llegar a la orilla y se ahogaron. Yo me di cuenta porque otra voladora que iba detrasito y (sic) me dijo voltearon a sus tíos en la voladora y yo ahí mismo cogí un bote y me puse a buscarlos, pero no los pudo (sic) encontrar, hasta los cuatro días que brotaron, en una de esas búsquedas también fuimos atacados por la marrana es decir el avión ese grande que echa bala (se resalta).

28. A una conclusión similar se llega al estudiar el testimonio de Hernán Fernández López, también sobrino de la víctima, quien al igual que señor Castaño Fernández, no pudo apreciar los sucesos de primera mano, pues ya desde antes se encontraba refugiado fuera del pueblo, y fue por terceras personas, que ni siquiera puede identificar, que se enteró de lo ocurrido (fls. 210-212, cdno. 1):

CONTESTÓ: (…) todo comenzó desde el lunes 3 de agosto de 1998, no estoy bien seguro, estábamos en el pueblo nos corrió un rumor de que iba a haber un ataque, yo me alejé del pueblo y me fui para una finca o bodega cercana, de ahí en la noche comenzaron a echar luces de bengala, posteriormente lo que fue ya el ataque, la balacera, al día siguiente ellos Mario y Gabriel Fernández trataron de salir del pueblo y luego alrededor de las diez de la mañana, estábamos en el patio de la bodega observando cómo bombardeaban los aviones y helicópteros, algunos de ellos muy cerca de donde estábamos nosotros. Luego al momentico no mucho después de eso subió una voladora y fue cuando nos dijeron que se habían ahogado los tíos míos. Luego pues fuimos a buscar, pues tomando riesgo porque por ahí estaban los helicópteros todavía y llegamos al sitio donde había naufragado el bote, el señor de la voladora nos dijo que había flotado una maleta y lo dejó en un bay ben (sic), luego nos dirigimos y miramos que la maleta era de uno de ellos, eso fue todo. (…) PREGUNTADO: Recuerda usted el nombre de la persona que les avisó sobre el naufragio de la embarcación y si este presenció el momento del insuceso. CONTESTÓ: Pues no le sé el nombre, y le cogí como bronca al señor, pues dijo que había alcanzado a ver a uno de ellos que le estiró la mano y al momento que él llegó ya se estaba hundiendo y dijo que le había dado miedo tirarse a cogerlo porque de pronto lo agarraba y se lo llevaba, que no más vio cuando se le salió del bolsillo de la camisa los papeles o documentos de identidad que correspondían a Ángel Gabriel Fernández.

29. La única declaración testimonial que refleja haber sido rendida por un testigo material del hecho es la del señor Enrique Prada Lara, que al respecto sostuvo:

PREGUNTADO: Sírvase decirle al despacho si tiene conocimiento del motivo por el cual se encuentra rindiendo la presente declaración. Caso afirmativo sírvase hacer un relato claro y detallado de todo lo que sepa y le conste: Contestó: Sí, lo que yo sé es que el 4 de agosto de 1998, hubo una toma guerrillera en Miraflores-Guaviare y pues cuando yo escuché fue que despejaran el pueblo que lo iban a bombardear y todo el mundo empezó a correr y yo arranqué a las afueras del pueblo y me situé en un bay–ben (sic) que es una casita flotante y se escuchaba plomo por todo lado y todo el mundo asustado porque lo iban a bombardear, pues cuando lo de la muerte de don Mario Fernández, pues en la bombardeada vi que le hundieron el bote y no volvieron a flotar, los mataron. Todo el mundo estaba asustado corriendo, pensando que nos iban a matar a todos.

30. Como se observa, en un sentido diferente a los demás testigos, el señor Prada Lara sí observó por sí mismo los eventos en los que terminó perdiendo la vida el señor Mario Fernández Pérez, y es claro al afirmar que fue durante el enfrentamiento que tuvo lugar entre la fuerza pública y los subversivos que se hundió la chalupa en la que se movilizaba.

31. Sin embargo, nótese como su escueto relato falla en dar cuenta de varios elementos que resultarían fundamentales para poder darle un valor pleno a su decir, dado que no describe plenamente las circunstancias de modo tiempo y lugar que le habrían permitido apreciar el hecho, y no resulta concordante con otras declaraciones recibidas en el proceso que dan cuenta de una incertidumbre sobre la ubicación de la víctima durante el primer día de su desaparición. Además, no establece varios elementos fundantes de la responsabilidad de la demandada descritos en la demanda como sustento básico de sus pretensiones, especialmente el relativo a que fue la misma fuerza pública, desde un helicóptero de combate, la que detonó el artefacto que volteó la embarcación, ya que solo atina a decir que ello sucedió durante “en la bombardeada”, pero ninguna referencia hace a que esta hubiese sido ejecutada por el Ejército o la Policía.

32. Ahora bien, y sin perjuicio del análisis probatorio arriba desarrollado, para la Sala resulta indiscutible que aunque no se pueda predicar que la muerte del señor Fernández Pérez fue causada directamente por las fuerzas del Estado, sí estuvo enmarcada en el enfrentamiento entre fuerza pública y subversión que se produjo cuando ésta última atacó duramente el municipio de Miraflores-Guaviare, de lo cual sí da fe la totalidad de los testimonios recogidos en el trámite del proceso.

33. En efecto, tanto Francisco Antonio Pérez, como Gabriel Cataño Fernández y Hernán Fernández López, no presenciaron de primera mano los hechos y no pueden establecer la manera concreta del deceso del señor Fernández Pérez, pero sí fueron claros en declarar que la razón por la que este se aventuró a navegar el río Vaupés fue precisamente el ataque armado perpetrado de forma cruenta por las FARC (ver supra párr. 26-28).

34. Estas circunstancias también fueron descritas por el señor Enrique Prada Lara, quien afirma haber presenciado el hundimiento de la embarcación, y quien aunque tampoco logra develar la alegada participación directa de la fuerza pública en la muerte de la víctima, no duda en designar al enfrentamiento armado como su causa (ver supra párr. 29-30).

35. Lo recién enunciado es suficiente para que la Sala concluya que existe un nexo de causalidad entre los hechos ocurridos en Miraflores-Guaviare el 3 y 4 de agosto de 1998, consistentes en el ataque de la guerrilla a ese municipio y las acciones militares emprendidas por Ejército y Policía, y el fallecimiento de la víctima.

36. En este punto, resulta relevante recordar que la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los criterios que determinan la imputabilidad de un daño causado a la población civil por acciones de grupos armados al margen de la ley en el marco del conflicto armado.

37. Así, la Sala en situaciones fácticas similares, en las que se produce un daño causado por un tercero en el que no logran individualizarse los elementos de la falla en el servicio por no probarse la omisión de la administración de evitar una acción previsible, ha aplicado el título de imputación de riesgo excepcional con base en la categoría del riesgo-conflicto(10).

38. Históricamente, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas de responsabilidad por riesgo: el riesgo-peligro(11); el riesgo-beneficio(12) y el riesgo-álea(13). Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores, y que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.

39. Esta categoría de riesgo, desde aquella oportunidad denominada riesgo-conflicto, parte de reconocer que dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento del Estado de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra sus bienes e instalaciones(14).

40. Así, los atentados cometidos por actores contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser endilgados a la administración a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones sean peligrosos en sí mismos, sino porque la dinámica misma del conflicto armado implica que su cercanía a ellos genera para los civiles el riesgo de sufrir afectaciones en su vida y menoscabo en su integridad personal y patrimonio, dado que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la subversión que los considera objetivos militares.

41. Debe tenerse en cuenta que, desde un enfoque normativo, no todos los objetos “claramente identificables como Estado” pueden ser considerados como factores generadores de riesgo, sino solamente aquellos que, según las normas del Derecho Internacional Humanitario, revisten carácter militar(15), pues ellos no están protegidos por la prohibición general de convertirlos en blancos de ataques o represalias, como sí lo están los bienes de carácter civil.

42. Ahora, mal podría inferirse que la proximidad a cualquier objeto claramente identificable como Estado genera para la ciudadanía, independientemente de cualquier otra consideración, un riesgo de carácter excepcional, dado que en tanto este riesgo se deriva de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, su aplicación a un caso concreto debe ser contextual, por lo que es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo de que haya un ataque, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medios de prueba que den cuenta de la situación de orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños, de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque.

43. Aplicando la dogmática esbozada al caso concreto que se resuelve, la Sala advierte que el ataque guerrillero que sufrió Miraflores durante los días 3 y 4 de agosto de 1998, según sugiere el contexto histórico y geográfico de los hechos, tuvo un claro objeto militar de atacar las instalaciones que la fuerza pública había desplegado allí para la lucha contra el narcotráfico.

44. El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha analizado la situación de orden público del departamento del Guaviare y ha establecido que el devenir del conflicto armado en esta zona del país ha estado íntimamente relacionado con el desarrollo y explotación de cultivos ilícitos que se ha presentado en la zona desde los años 70, y que ha convertido el área en un corredor estratégico del negocio del narcotráfico, sobre el cuales diferentes actores armados han pretendido tener control, incluyendo las FARC, que a finales de la década incursionó en el territorio proveniente de la región del rio Ariari(16).

45. La presencia de este grupo guerrillero particular en el departamento fue una de las más fuertes que se presentó en el sur del país, dado que allí fue enviado el frente 1º de la organización a ejercer dominio sobre todo el territorio del Guaviare, así como a disputar el negocio del narcotráfico con terceros que los usufructuaban con anterioridad.

46. Esta situación causó una respuesta estatal que se produjo primero en 1989, cuando el entonces Presidente de la República Virgilio Barco creó el Batallón de Infantería 10 “General Joaquín París”, adscrito a la Séptima Brigada del Ejército, con sede en San José del Guaviare, y posteriormente, ante el escalamiento del conflicto en esa parte del país que causó que el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes alcanzara la cifra de 143 en 1997, por parte del gobierno de Ernesto Samper que declaró por decreto presidencial que los departamentos del suroriente se convertirían en zonas especiales de orden público, lo que implicó nuevas medidas como la restricción del ingreso de insumos para el procesamiento de coca y se impuso la fumigación de los cultivos ilícitos en la región(17).

47. Es en este contexto de frontal confrontación del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en la región por el control de una zona que constituía un interés central de la guerrilla, (sic) llegó el ataque del 3 y 4 de agosto de 1998 a Miraflores-Guaviare, días antes de que precisamente el Presidente a cargo de la ofensiva de la fuerza pública dejara su puesto.

48. De hecho, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, al analizar el efecto cuantitativo que esta toma tuvo en materia de homicidios y secuestros per cápita en el departamento, es claro en señalar que el ataque estaba dirigido contra las instalaciones que en el municipio de Miraflores se habían ubicado en la lucha contra el narcotráfico(18):

El elevado número de plagios entre 1998 y 2001 está estrechamente relacionado con los hechos ocurridos entre el 3 y el 5 de agosto de 1998 en el municipio de Miraflores, cuando guerrilleros del frente 1º de las FARC atacaron la base antinarcóticos de la Policía durante aproximadamente 28 horas, dejando como consecuencia un elevado número de muertos y 76 miembros de la fuerza pública secuestrados, algunos de los cuales llegaron en el transcurso de la toma para prestar apoyo a los demás uniformados. Gracias a la mediación de la Cruz Roja Internacional, en 2001, 66 plagiados fueron liberados en los departamentos de Meta y Antioquia, mientras que los 10 restantes permanecen en cautiverio.

49. Cabe anotar, de forma adicional, que el móvil de la fatídica toma del 3 y 4 de agosto de 1998 al municipio de Miraflores, también fue objeto de pronunciamiento de la Sección en sentencia del 26 de agosto del 2008(19), en la que se indicó que “la entidad demandada incurrió en fallas del servicio por no prever el ataque y por fallas en la respuesta armada de guerrilla a los agentes que se hallaban en el comando de la Policía antinarcóticos ubicado en el zona comercial del municipio de Miraflores”

50. De esta forma, para la Sala resulta forzoso concluir que la muerte de la víctima se produjo como consecuencia del desarrollo de un riesgo al cual fue sometido de forma excepcional, y que se materializó con el ataque que sufrió su municipio de residencia el 3 y 4 de agosto de 1998, el cual le obligó a huir en una chalupa que zozobró, siendo patente el nexo de causalidad entre dicho riesgo y el daño alegado por los demandantes, todo lo cual impone que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare la responsabilidad patrimonial de las demandadas.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

51. De la demanda se desprende que la petición indemnizatoria de perjuicios morales a favor de los demandantes se deriva de su relación de parentesco y civil con la víctima, la cual, en todos los casos, está probada con los originales y copias auténticas de los correspondientes registros civiles de matrimonio y nacimiento que dan cuenta de su calidad de cónyuge, hijos, padres y hermanos del señor Mario Fernández Pérez.

52. Es procedente que la Sala fije la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(20), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “(…) la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia(…)”(21), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(22).

53. En ese orden de ideas, la Sala observa que el grado de dolor se presume como el máximo al haber ocurrido la muerte de un integrante de la mayor importancia dentro del núcleo familiar que conforman las demandantes, determinando la indemnización de perjuicios de carácter moral por el fallecimiento del señor Mario Fernández Pérez en una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo para cada uno de los siguientes demandantes: su cónyuge, señora Orfy Klarena Morera Gutiérrez, sus hijos Ivana Lizz Fernández Morera, Larry Fernández Morera, Francy Yolima Fernández Vera, Luz Nelly Fernández Flórez, Fredy Fernández Flórez y Mario Fernández Flórez, y su madre María del Carmen Pérez Mejía.

54. Así mismo, serán reconocidos a título de indemnización por los perjuicios morales por la muerte de la víctima, la suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, a cada uno de sus hermanos, José Jesús Fernández Pérez, Margarita Fernández, Nelly Fernández Pérez, Hernando Jesús Fernández Pérez, Gabriela Fernández Pérez y Alejandro de Jesús Fernández Pérez.

Perjuicios materiales

55. Al revisar los perjuicios pedidos por concepto de lucro cesante, se reitera que todos los demandantes lograron acreditar su relación civil o de parentesco con la víctima. Sin embargo, dado que solo surge una obligación legal alimentaria del señor Mario Fernández Pérez respecto de su cónyuge e hijos, y en consideración a que respecto de los restantes demandantes no logró demostrarse una relación de dependencia económica, solo serán aquellos los beneficiados del resarcimiento patrimonial.

56. En el proceso, se demostró que el señor Mario Fernández Pérez desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como era la labor de distribuidor de cerveza en el municipio de Miraflores, de lo que da fe el testimonio rendido por el señor Francisco Antonio Pérez (fls. 190-193, cdno. 1). Sin embargo, no obra ninguna prueba que demuestre el ingreso que esta actividad dejaba al señor Fernández Pérez.

57. En consideración a lo anterior y teniendo en cuenta que sí bien no hay certeza sobre el ingreso de la víctima, la hay de que tenía una actividad económica que le beneficiaba, la Sala presume que ésta al menos le debía representar un salario mínimo legal mensual.

58. Ahora, como el valor actualizado del salario mínimo que se encontraba vigente para el año de 1998 resulta inferior al valor del actual, se tomará este último por razones de equidad.

59. A esta suma se adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir la víctima. A la suma resultante será restado un 25%, porque se presume que dicho porcentaje es lo que el señor Mario Fernández Pérez hubiera invertido en su propio sostenimiento. La renta liquidable entonces corresponde a $ 552.656

60. Se tendrá en cuenta que el señor Marco Antonio Hernández (sic), en el momento del accidente tenía 43 años de acuerdo con el certificado individual de defunción (fl. 28, cdno. 1) y por lo tanto una vida probable de 33,99 años (407,88 meses) según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997. La cónyuge del señor Fernández, menor que este, tenía 32 años de edad en la fecha de los hechos(23), de manera que su vida probable era de 45.85 años (550,2 meses) de acuerdo con la tabla citada. Para la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable del señor Mario Fernández Pérez, dada su menor expectativa de supervivencia.

61. La indemnización a que tiene derecho la cónyuge del señor Hernández comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 182 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable de la víctima, para un total de 368.2 meses.

62. Como anteriormente se reconoció que el señor Fernández Pérez tenía 6 hijos que eran todos menores de 25 años al momento de los hechos, de la renta liquidable determinada en el párrafo 59 se tendrá en cuenta para la cónyuge —Orfy Klarena Morera Gutiérrez—, el 50% ($276 328) como base para la liquidación.

62.(sic) Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Morera Gutiérrez, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sala(24), de acuerdo con la cual:

S199900152CE-Formula1
63. Indemnización futura o anticipada de Orfy Klarena Morera Gutiérrez:

S199900152CE-Formula2
S199900152CE2.1
64. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la cónyuge de la víctima equivale a $47.274.540

65. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Orfy Klarena Morera Gutiérrez, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala(25):

S199900152CE-Formula3
66. Se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquél comprendido entre la fecha de la muerte del señor Fernández Pérez —4 de agosto de 1998— y la época de expedición de la presente sentencia —octubre de 2013— (182 meses), y se realiza la liquidación así:
S199900152CE-Formula4

S199900152CE-Formula4.1
67. Así, la indemnización debida o consolidada o anticipada que corresponde a la cónyuge de la víctima equivale a $33.311.881

68. La indemnización a que tiene derecho Ivana Lizz Fernández Morera —hija— comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 182 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que esta cumpla 25 años —12 de marzo del 2015—, para un total de 16 meses. Como se reconocieron 6 hijos, para Ivana Lizz Fernández Morera se tendrá en cuenta 1/6 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 59 de esta decisión ($46.654) como base para liquidar.

69. Así, para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de Ivana Lizz Fernández Morera, se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:

S199900152CE-Formula5

S199900152CE-Formula5.1
70. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a Ivana Lizz Fernández Morera equivale a $ 716.464

71. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Ivana Lizz Fernández Morera, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S199900152CE-Formula6

S199900152CE-Formula6.1
72. Así, la indemnización consolidada que corresponde a Ivana Lizz Fernández Morera equivale a $13.608.976

73. La indemnización a que tiene derecho Larry Fernández Morera —hijo— comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 182 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que este cumpla 25 años —24 de agosto del 2018—, para un total de 70 meses. Como se reconocieron 6 hijos, para Larry Fernández Morera se tendrá en cuenta 1/6 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 59 de esta decisión ($46.654) como base para liquidar.

74. Así, para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de Larry Fernández Morera, se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:

S199900152CE-Formula7

S199900152CE-Formula7.1
75. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a Larry Fernández Morera equivale a $ 2.761.976

76. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho el demandante Larry Fernández Morera, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S199900152CE-Formula6
S199900152CE-Formula8.1
77. Así, la indemnización consolidada que corresponde al señor Larry Fernández Morera equivale a $13.608.976.

78. La indemnización a que tiene derecho Francy Yolima Fernández Vera —hija—solo comprende el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que cumplió 25 años —1 de marzo del 2010—, para un total de 139 meses. Como se reconocieron 6 hijos, para Francy Yolima Fernández Vera se tendrá en cuenta 1/6 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 59 de esta decisión ($46.654) como base para liquidar.

79. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Francy Yolima Fernández Vera, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S199900152CE-Formula8
S199900152CE-Formula9.1
80. Así, la indemnización consolidada que corresponde a Francy Yolima Fernández Vera equivale a $9.238.600

81. La indemnización a que tiene derecho Luz Nelly Fernández Flórez —hija— solo comprende el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que cumplió 25 años —10 de octubre del 2007—, para un total de 110 meses. Como se reconocieron 6 hijos, para Luz Nelly Fernández Flórez se tendrá en cuenta 1/6 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 59 de esta decisión ($46.654) como base para liquidar.

82. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Luz Nelly Fernández Flórez, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S199900152CE-Formula9

S199900152CE-Formula10.1
83. Así, la indemnización consolidada que corresponde a Luz Nelly Fernández Flórez equivale a $6.766.252

84. La indemnización a que tiene derecho Fredy Fernández Flórez —hijo— solo comprende el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que cumplió 25 años —21 de enero del 2009—, para un total de 125 meses. Como se reconocieron 6 hijos, para Fredy Fernández Flórez se tendrá en cuenta 1/6 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 59 de esta decisión ($46.654) como base para liquidar.

85. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho el demandante Fredy Fernández Flórez, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S199900152CE-Formula10

S199900152CE-Formula11.1
86. Así, la indemnización consolidada que corresponde a Fredy Fernández Flórez equivale a $8.001.574

87. La indemnización a que tiene derecho Mario Fernández Flórez —hijo— solo comprende el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que cumplió 25 años —25 de agosto del 2006—, para un total de 96 meses. Como se reconocieron 6 hijos, para Mario Fernández Flórez se tendrá en cuenta 1/6 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima en el párrafo 59 de esta decisión ($46 654) como base para liquidar.

88. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho el demandante Mario Fernández Flórez, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S199900152CE-Formula11

S199900152CE-Formula12.1
 

89. Así, la indemnización consolidada que corresponde a Mario Fernández Flórez equivale a $5.691.694

V. Costas

90. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 22 de julio del 2004 del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

2. En su lugar DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional por la muerte del señor Mario Fernández Pérez el 4 de agosto de 1998 en el municipio de Miraflores Guaviare.

3. En consecuencia CONDENAR a las entidades a pagar a los demandantes, a título de indemnización, las siguientes sumas de dinero:

— Por perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes Orfy Klarena Morera Gutiérrez, Ivana Lizz Fernández Morera, Larry Fernández Morera, Francy Yolima Fernández Vera, Luz Nelly Fernández Flórez, Fredy Fernández Flórez, Mario Fernández Flórez y María del Carmen Pérez Mejía, una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.

— Por perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes José Jesús Fernández Pérez, Margarita Fernández, Gustavo Ángel Fernández Pérez, Nelly Fernández Pérez, Hernando Jesús Fernández Pérez, Gabriela Fernández Pérez y Alejandro de Jesús Fernández Pérez, una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Orfy Klarena Morera Gutiérrez, la suma de $47.274.540 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $33.311.881 por indemnización futura o anticipada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Ivanna Lizz Fernández Morera, la suma de $716.464 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $13.608.976 por indemnización futura o anticipada.(sic)

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Ivanna Lizz Fernández Morera, la suma de $13.608.976 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $716.464 por indemnización futura o anticipada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Larry Fernández Morera, la suma de $13.608.976 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $2.761.976 por indemnización futura o anticipada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Francy Yolima Fernández Vera, la suma de $9.238.600 por indemnización debida o consolidada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Luz Nelly Fernández Flórez, la suma de $6.766.252 por indemnización debida o consolidada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Fredy Fernández Flórez, la suma de $8.001.574 por indemnización debida o consolidada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Mario Fernández Flórez, la suma de $5.691.694 por indemnización debida o consolidada.

4. Sin condena en costas.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales, en 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales para la fecha de la presentación de la demanda —21 de mayo del 1999— equivalían a la suma de $23 643 807. Se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1999 fuera de doble instancia, debía ser superior a $18 850 000.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de abril del 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(3) Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, expediente 18526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 10 de octubre de 1994, expediente 8200, C.P. Juan de Dios Montes.

(4) Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17201, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 17 de marzo de 2010, expediente 18526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 16 de febrero de 2006, expediente 15383, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 24 de noviembre de 2005, expediente 13305, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 11330, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(5) Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero del 2006, expediente 15383, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 19 de noviembre del 2008, expediente 35073, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 8 de julio del 2009, expediente 17171, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 23 marzo del 2011, expediente 19571, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2011, expediente 19643, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Ídem.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17201, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 16 de febrero de 2006, expediente 15383, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(9) En este punto es importante señalar que aunque en los folios 228 y 229 del cuaderno 1 se hallan 2 recortes de prensa del diario Llano 7 días que dan cuenta de que durante la toma de la guerrilla al municipio de Miraflores-Guaviare del 4 de agosto de 1998 resultaron heridos dos civiles —información a la que la Sala le otorga validez probatoria en cuanto sea confrontada con otros medios de prueba de acuerdo con la posición adoptada por la corporación desde su sesión de Sala Plena del 29 de mayo del 2012—, no se puede tener certeza de que el reportaje se refiera a las víctimas, máxime cuando en él mismo se identificó a estas personas como Rubén Vergara y Eizabeth Quimbaya.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre del 2012, expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(11) La imputación por riesgo-peligro procede en aquellos casos en los que la administración interviene en la ocurrencia del daño, pero no por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, sino por haber creado consciente y lícitamente un riesgo a partir de la utilización de un objeto (p.ej. armas, vehículos), una sustancia (p.ej. combustibles, químicos) o una instalación (p.ej. redes de energía eléctrica) que resulta en sí misma peligrosa, pero que es útil o necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado o para satisfacer demandas colectivas de bienes y servicios.

(12) Se incluye dentro de la categoría de riesgo-beneficio aquella actividad que, aunque no entrañe verdadera peligrosidad, “conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia”. En este caso, el fundamento de la responsabilidad recae, no ya en el peligro creado por el Estado, sino en el provecho que este o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Es el riesgo que descansa en la probabilidad estadística de la ocurrencia de un daño, derivado de la ejecución de ciertas actividades o el desarrollo de algunos procedimientos, “quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles (…). En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado ‘riesgo estadístico’ “. Ibíd.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18536, C.P. Ruth Stella Correa.

(15) Según lo dispuesto en el artículo 52 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, los ataques se limitarán exclusivamente a los objetivos militares, los cuales comprenden “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”.

(16) Diagnóstico departamental Guaviare 2003-2007, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, pág. 2-3.

(17) Ídem, pág. 3.

(18) Ídem, pág. 7.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2008, expediente 35525, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(20) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sección, los cuales “(…) descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad (…)” (sentencia del 16 de junio de 1994, expediente 7445, CP. Juan de Dios Montes Hernández. Igualmente puede verse, entre otras: sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, expediente 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Orfy Klarena Morera Gutiérrez (fl. 33, cdno. 1), esta nació el 22 de abril de 1966.

(24) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

25) En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.