Sentencia 1999-00155 de agosto 11 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Proceso: 52001-23-31-000-1999-00155-01(19638-20293)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Actor: Ana Milena Reina Castillo y otros

Demandado: Municipio de Túquerres

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor, correspondiente al perjuicio material asciende a $ 120.000.000, mientras que el monto exigido para el año 1999 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $ 18’850.000(3).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(4).

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de la muerte de los señores William García Angulo y Daniel Bayardo Castro Arciniegas en hechos sucedidos el 5 de noviembre de 1997, lo que significa que tenían hasta el día 6 de noviembre de 1999 para presentarlas y, como ello se hizo el 18 de enero(5) y el 2 de noviembre de 1999,(6) respectivamente, resulta evidente que las acciones se ejercitaron dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. La responsabilidad patrimonial del Estado.

Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de vehículos automotores, ha entendido la Sala que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional,(7) porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los administrados(8).

En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene la obligación de probar el daño y el nexo causal entre este y la acción u omisión de la administración, para que se pueda deducir su responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud de la conducta del Estado que, para el efecto, resulta irrelevante. A su vez, la administración, para excluir su responsabilidad deberá acreditar la presencia de una causa extraña: el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

De otro lado —ha señalado la Sección—, que si se observa que el daño no fue accidental, sino que tuvo su causa en una falla del servicio, será precisamente bajo este título subjetivo de imputación que deba resolverse el caso, en virtud de que a través del análisis que el juez contencioso administrativo lleva a cabo en el proceso de reparación, cumple una labor de pedagogía hacia la administración, dirigida a que esta adopte medidas encaminadas a que su conducta falente no se repita y, además, porque en ese caso, la administración podrá repetir contra sus agentes o ex agentes, si estos actuaron con culpa grave o dolo.

Respecto de la falla del servicio probada ha de decirse que esta surge a partir de la comprobación de haberse producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional determinado en la Constitución Política y en la ley a cargo del Estado, lo cual, como ya se dijo, constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la administración y que implica un consecuente juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada —positivos o negativos— o, si demuestra que medió una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero.

De acuerdo con lo anterior entra la Sala a determinar si en el caso bajo análisis se configura o no la responsabilidad de la administración.

5. El caso concreto.

Es necesario advertir que las pruebas documentales debidamente solicitadas, decretadas y aportadas por las partes en las oportunidades legales correspondientes, estuvieron a disposición de la parte contra la cual se aducen sin que le merecieran réplica alguna, por lo que serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Del material probatorio allegado al proceso y susceptible de valoración, resulta probado lo siguiente:

5.1. Que los señores William García Angulo(9) y Daniel Bayardo Castro Arciniegas(10) murieron en hechos ocurridos el 5 de noviembre de 1997 (fl. 11, cdno. 1).

5.2. Que el comandante del Sexto Distrito de Policía de Túquerres informó al comandante del Departamento de Policía de Nariño el accidente donde perecieron los señores García Angulo y Castro Arciniegas en los siguientes términos:

“Respetuosamente me permito informar al señor coronel comandante Departamento Policía Nariño, que el día 05/11/97 Héctor Oviedo Rosero alcalde municipal de Túquerres, acompañado de los agentes Estrada Oviedo Wilson Marino y Garcia Angulo William además del señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas, con el fin de trasladarse hasta la ciudad de Pasto, en donde debía gestionar asuntos relacionados con unos auxilios de vivienda por parte del Inurbe, y se movilizaban en el vehículo Mazda 323, color blanco de placas HBO 929 de propiedad del señor Héctor Oviedo Rosero.

“Siendo aproximadamente las 14:00 horas por parte de particulares se recibió la información de que en el sitio Boca de Lobo, vereda Chirristes, jurisdicción del municipio de Imúes, se había presentado un accidente de tránsito, enterado de esta novedad el personal de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, salieron para el respectivo apoyo de inmediato, llegado al sitio indicado se procedió a constatar, estableciéndose que se trataba del vehículo del señor alcalde, quien había utilizado el vehículo de su propiedad para realizar este desplazamiento, por cuanto el vehículo del municipio asignado a él se encontraba fuera de servicio. El cual por circunstancias o móviles aún sin determinar se precipitó al abismo en dicho lugar, en momentos en que habían (sic) su regreso desde la ciudad de Pasto y se dirigían con destino a Túquerres, falleciendo en forma instantánea los señores Héctor Ernesto Oviedo Rosero c.c. 5’371.458 de Túquerres, 55 años de edad, casado, licenciado en educación física, natural y residente en Túquerres, quien se desempeñaba como alcalde municipal; quien sufrió heridas labio superior, golpe región frontal y parietal izquierda, golpe región auricular izquierdo, traumas múltiples y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, su fallecimiento se produjo por trauma craneoencefálico... Agente Garcia Angulo William c.c. 12’909.650 de Tumaco, 32 años, casado, bachiller, agente Ponal, natural Tumaco, residente en Túquerres, hijo de José y Olga, quien presenta herida región francoparietal izquierda de aproximadamente 12 centímetros, herida dorso nasal izquierdo, herida codo izquierdo, fractura cúbito y radio brazo izquierdo, herida flanco izquierdo con exposición de vísceras, golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Su fallecimiento se produjo al parecer por politraumatismo craneano. Señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas, indocumentado, 35 años de edad, jornalero, hijo de Alfonso y Teresa, natural y residente en vereda San Roque Túquerres, quien presenta herida región frontotemporal izquierda de aproximadamente 10 centímetros, herida regional frontal, herida región dorso lumbar izquierda, dislocación de rodilla izquierda, su fallecimiento se produjo al parecer por politraumatismo craneal.

“Los agentes antes mencionados se desempeñaban como escoltas del señor alcalde...” (fls. 7 y 8, cdno. 3).

5.3. Que el señor agente William García Angulo para el día de los hechos, 5 de noviembre de 1997, se encontraba prestando el servicio de escolta al señor Héctor Oviedo Rosero, alcalde municipal de Túquerres y que dicho servicio había sido ordenado con anterioridad por el comando del departamento de Nariño, a solicitud del señor alcalde(11) (fls. 142 a 144, vto.).

5.4. Que el agente William García Angulo murió cumpliendo funciones propias de su servicio como escolta del alcalde del municipio de Túquerres(12) (fls. 30 y 31, cdno. 3).

5.5. Que el señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas era miembro de la Defensa Civil del lugar, situación que fue corroborada por el comandante del departamento de Nariño teniente Jaime Alberto Carrillo Amaya y la secretaria de la Alcaldía de Túquerres, Lirena Maibel Bastidas Moreno(13) (fls. 25 y 27, cdno. 3).

5.6. Que el señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas, para el momento de los hechos, se desempeñaba como secretario de la junta de acción comunal de la vereda donde habitaba, según declaración rendida ante el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres por el señor Edgar Alberto Muriel, presidente de la junta (fls. 128 y 129, cdno. 2).

5.7. Que el señor alcalde de Túquerres había salido el día de los hechos, 5 de noviembre de 1997, hacia la ciudad de Pasto a gestionar un proyecto de vivienda de interés social, según testimonios rendidos por el comandante del departamento de Nariño teniente Jaime Alberto Carrillo Amaya, la secretaria de la Alcaldía de Túquerres Lirena Maibel Bastidas Moreno, el inspector del municipio José Erasmo Castro Ortega y Edgar Alberto Muriel, habitante del municipio(14) (fls. 25, 27, cdno. 3).

En el mismo sentido reposa certificación expedida por el jefe de personal de la Alcaldía de Túquerres, en los siguientes términos:

“Que, el día cinco (5) de noviembre de 1997 el fallecido alcalde municipal, señor Héctor Oviedo Rosero, identificado con cédula 5.371.458 de Túquerres se traslada a la ciudad de Pasto —N— a realizar diferentes gestiones con entidades como Cedenar, Caja Agraria, etc., cuando en el tramo Pasto - Túquerres sitio conocido como Chirristes, sufrió accidente que le causó la muerte” (fl. 118, cdno. 2).

5.8. Que quien conducía el vehículo donde se transportaban las víctimas era el señor Héctor Oviedo Rosero, Alcalde de Túquerres(15).

5.9. Que en el informe de accidente de tránsito se dejó como causas probables del accidente: “134. Impericia en el manejo, 118. Falta de mantenimiento mecánico y 203. Falla en la dirección” (fls. 153 a 155, cdno. 2).

La Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en la muerte de los señores William García Angulo y Daniel Bayardo Castro Arciniegas el 5 de noviembre de 1997, como consecuencia de las contusiones recibidas con ocasión del accidente de tránsito, en el sitio Boca de Lobo, vereda Chirristes, jurisdicción del municipio de Imúes (Nariño).

La entidad demandada ha insistido durante el trámite del proceso que no se configura su responsabilidad en atención a que el vehículo donde se transportaban las víctimas era de propiedad del alcalde del municipio de Túquerres y no de propiedad del ente territorial.

En relación con el tema ya esta corporación ha manifestado que “para definir la responsabilidad del Estado en relación con el uso de cosas riesgosas no importa tanto determinar la titularidad del bien sino identificar quién es el guardián del mismo en el momento en que se causó el daño”,(16) por lo que el Estado responde en calidad de guardián de la cosa y no por ser su propietario cuando utiliza cosas peligrosas para cumplir sus funciones frente a quien no ha asumido los riesgos de esa actividad y sufre un daño.

Ahora bien, de las pruebas allegadas al proceso se deduce que el vehículo que le había sido asignado por el municipio de Túquerres al alcalde para transportarse, se encontraba fuera de servicio (fls. 7 y 8, cdno. 3) y, que debido a la necesidad que tenía de trasladarse hacia la ciudad de Pasto lo hizo en el vehículo de su propiedad, porque de acuerdo con las declaraciones recopiladas en el plenario esa era la fecha límite para firmar documentos relacionados con un proyecto de vivienda de interés social que le había sido aprobado.

Así las cosas, resulta claro del examen del acervo probatorio que el vehículo de propiedad del alcalde municipal de Túquerres se encontraba vinculado provisionalmente al servicio público por decisión de un servidor público que se hallaba en ejercicio de sus funciones, razón por la cual puede predicarse a la luz del pensamiento fijado por la corporación y al que acaba de hacerse alusión que de tal manera, puede colegirse que se comprometió la responsabilidad del ente territorial que representaba.

En relación con el tema de la guarda, la jurisprudencia(17) la ha orientado como elemento de imputación del daño para lo que ha acogido los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es del siguiente tenor:

“El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes.

“Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario.

“De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aún cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.

“O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas se presume tener.

“Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada”(18) (negrillas de la Sala).

Ahora bien, el municipio demandado también aduce que no es responsable de la muerte del agente William García Angulo porque este no se encontraba vinculado con el ente territorial.

La Sala encuentra suficientemente probado el hecho de que el señor García Angulo se encontraba ejerciendo la función que le había sido asignada por parte del Departamento de Policía de Nariño, como era el prestarle servicio de escolta al alcalde municipal de Túquerres, función que le imponía precisamente acompañarlo a donde fuese y que, en este caso, cumplía transportado en un vehículo que se encontraba vinculado provisionalmente al servicio público por hallarse bajo la guarda del municipio demandado pese a ser de propiedad particular, razonamiento que ha de hacerse extensivo al caso de Daniel Bayardo Castro Arciniegas quien también viajaba en ese automotor.

Establecido que el municipio tenía la guarda del señalado vehículo que por su naturaleza desplegaba una actividad peligrosa, encuentra la Sala que en el presente asunto se concretó el riesgo propio de la conducción de vehículos, por lo que resulta aplicable el título de imputación de riesgo excepcional, más aún cuando el demandado no acreditó la configuración de una causa extraña, que sería su único medio que le permitiría exonerarse de responsabilidad en tratándose de un régimen objetivo, conclusión que impone a la Sala que no pueda prohijar la visión que informa las providencias impugnadas, razón por la deberán ser revocadas, como en efecto se hará.

4. La indemnización de perjuicios.

4.1. Grupo familiar de William García Angulo.

4.1.1. Perjuicios morales.

La parte actora solicita se reconozca por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 1000 gramos de oro en favor de la esposa y cada uno de los hijos de la víctima, aduciendo para ello que como consecuencia de la muerte del señor William García Angulo experimentaron sentimientos de dolor, congoja, angustia y sufrimiento.

Los demandantes acreditaron el vínculo que los unió con el señor William García Angulo, así: (i) los menores William Andrés y Olga Lucía García Reina demostraron ser los hijos de la víctima con certificado de nacimiento y el registro civil de nacimiento, respectivamente (fls. 21 y 22, cdno. 1), (ii) la señora Ana Milena Reina Castillo demostró ser la esposa del señor William García Angulo con el certificado de registro civil de matrimonio (fl. 92, cdno. 3), por lo que establecido el parentesco en la forma señalada, la Sala infiere el perjuicio moral de los actores con ocasión de la muerte de su esposo y padre, pues de acuerdo con las reglas de la experiencia, ampliamente reconocidas por la jurisprudencia, tal dolor puede presumirse válidamente cuando se trata de familiares de dicho grado de cercanía con la víctima, por lo que —sin que sea necesario ahondar en mayores argumentaciones—, se reconocerá y ordenará indemnizar por este rubro el perjuicio sufrido por los demandantes antes indicados.

En esta oportunidad se ordenará pagar, en moneda nacional el monto indemnizatorio reconocido de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sala a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001,(19) así: el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales para su esposa y cada uno de sus hijos.

4.1.2. Perjuicios materiales.

Por perjuicios materiales solicitan se reconozcan los presentes sufridos por los actores con la muerte de William García Angulo; en esta oportunidad se le reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de su esposa e hijos.

Se encuentra acreditado con fundamento en la certificación expedida por el tesorero del Departamento de Policía de Nariño que el señor William García Angulo, para el momento de su muerte, devengaba cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y dos pesos con ocho centavos ($ 445.772,08) mensuales, suma que será actualizada con la siguiente fórmula:

RA = VHInd. final (107.90)______________________
Ind. inicial (44,44)

 $ 445.772,08 x 107.90
RA = VH______________________
 44,44

RA = $ 1.082.331

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura, de la siguiente manera:

S = Ra x(1+ i)n - 1
 ________
 i

En donde,

S = es la indemnización a obtener;

Ra = es el ingreso percibido por el señor William García Angulo, actualizado a valor presente de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia ($ 1.082.331), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 270.583), arroja un monto de $ 1’352.914; a esta cifra se le descontará un 25%, el cual se presume que la víctima destinaba para su propia subsistencia ($ 338.229). De esta manera se tiene que el salario base de liquidación es de $ 1’014.685.

Esta suma final se dividirá en dos partes iguales, esto es, en $ 507.343 cada una. La primera parte se tendrá como base para calcular la indemnización a favor de la esposa y la otra parte será dividida entre los 2 hijos de la víctima ($ 253.672).

4.2.1. Para Ana Milena Reina Castillo (esposa de la víctima):

Indemnización debida o consolidada

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i

Donde:

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 507.343

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de noviembre de 1997 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.

S= $ 507.343(1 + 0.004867)165 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 128’009.107

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y el término probable de vida de la víctima, quien era mayor que su compañera permanente, lo que equivale 321,36 meses.

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S = es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 507.343

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo indemnizable: 321.36

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S= $ 507.343(1 + 0.004867)321,36 - 1
 ______________________
 0.004867 (1+0.004867)321,36

S= $ 82’342.349

Total perjuicio material: $ 210’351.456

4.2.2. Para William Andrés García Reina (hijo de la víctima).

Indemnización debida o consolidada

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i

Donde:

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 253.672

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de noviembre de 1997 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.

S= $ 253.672(1 + 0.004867)165 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 64’004.680

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que William Andrés cumpla los 25 años teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 22 años, 1 mes y 2 días, de manera que el periodo a indemnizar corresponde a 34,93 meses

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 253.672

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo indemnizable: 34.93

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S= $ 253.672(1 + 0.004867)34,93 - 1
 ______________________
 0.004867 (1+0.004867)34,93

S= $ 8.130.370

Total perjuicio material: $ 72’135.050

4.2.3. Para Olga Lucía García Reina (hija de la víctima)

Indemnización debida o consolidada

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i

 

Donde:

S = es la indemnización a obtener

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 253.672

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de noviembre de 1997 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.

S= $ 253.672(1 + 0.004867)165 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 64’004.680

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que William Andrés (sic) cumpla los 25 años teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 13 años, 7 mes y 4 días, de manera que el periodo a indemnizar corresponde a 136,8 meses

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 253.672

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo indemnizable: 136,8

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S= $ 253.672(1 + 0.004867)136,8 - 1
 ______________________
 0.004867 (1+0.004867)136,8

S= $ 25’294.754

Total perjuicio material: $ 89’299.434

4.1. Grupo familiar de Daniel Bayardo Castro Arciniegas.

4.1.1. Perjuicios morales.

La parte actora solicita se reconozca por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 1000 gramos de oro a favor de cada uno de los hijos, esposa, madre y hermanos de la víctima, aduciendo que, como consecuencia de la muerte del señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas, experimentaron sentimientos de dolor, congoja, angustia y sufrimiento.

Los demandantes acreditaron el vínculo que los unió con el señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas, así: (i) la señora Lucila Teresa Aura Arciniegas de Castro demostró ser la madre de la víctima con el certificado de registro civil de nacimiento de este (fl. 25, cdno. 4), (ii) las menores Yenifer Daniela y Adriana Estefanía Castro Cortes acreditaron ser hijas de Daniel Bayardo Castro Arciniegas, con sus respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 33 a 36, cdno. 2), que aunque se encuentran en copia simple se tendrán en cuenta en atención a que no han sido refutados por la parte demandada y que las declaraciones rendidas por Campo Elías Coral Vallejo, Edgar Alberto Muriel, José Erasmo Castro Ortega, Irma Doris Mora Castro y Segundo Medardo Guaspud Anama (fls. 126 a 133, cdno. 2) coinciden en que el señor Castro Arciniegas era casado con la señora Bertha Marina Cortes y que de esa unión nacieron dos hijas, (iii) la señora Bertha Marina Cortes Castro acreditó ser esposa de la víctima con el certificado de matrimonio (fl. 27, cdno. 2), (iv) los señores María Cecilia, José Carlos, María Luisa y María Luz Delfina Castro Ortega acreditaron ser hermanos de la víctima con las copias de los registros civiles de nacimiento los 3 primeros(fls. 51, 55 y 53, cdno. 2) y con la partida de bautismo(20) (fl. 56, cdno. 2) la última en donde consta que su padre era Alfonso Castro; Jesús del Carmen, Luís Armando y Segundo Juan Castro Arciniega, acreditaron ser hermanos del occiso con los certificados de nacimiento en donde consta que son hijos de Alfonso Castro(21) (fls. 28, 30 y 49, cdno. 2).

Por su parte, las señoras Gladys Lucía y María Rosa Castro Arciniegas, acreditaron su condición de terceras damnificadas con la muerte de Daniel Bayardo Castro Arciniegas, con las declaraciones rendidas ante el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres por Irma Doris Mora Castro y Segundo Medardo Cuaspud Anama, quienes manifestaron conocer desde tiempo atrás al señor Castro Arciniegas y que las señoras Gladys Lucía y María Rosa eran hermanas del fallecido, además señalaron que tenían buenas relaciones familiares (fls. 131 a 133, cdno. 2).

Establecido el parentesco con los registros civiles y partida de bautismo y el perjuicio causado a Gladys Lucía y María Rosa Castro Arciniegas como terceras damnificadas con las declaraciones testimoniales a las que se ha hecho referencia, la Sala infiere el perjuicio moral de los actores con ocasión de la muerte de su hijo, esposo, padre y hermano, pues de acuerdo con las reglas de la experiencia, ampliamente reconocidas por la jurisprudencia, ese dolor puede presumirse válidamente de sus familiares, por lo que —sin que sea necesario ahondar en mayores argumentaciones—, se reconocerá y ordenará indemnizar por este rubro del perjuicio a los demandantes.

En esta oportunidad se ordenará pagar, en moneda nacional el monto indemnizatorio reconocido de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sala a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001,(22) así: el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los hijos, esposa y madre, y 50 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de sus hermanos.

4.2. Perjuicios materiales.

Por perjuicios materiales solicitan se reconozcan los presentes sufridos por los actores con la muerte de Daniel Bayardo Castro Arciniegas; en esta oportunidad y teniendo en cuenta que la víctima ya había formado su propia familia se les reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de su esposa e hijas.

Se encuentra acreditado con fundamento en las pruebas testimoniales(23) que el señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas se desempeñaba como jornalero y que por dicho concepto percibía una utilidad económica de la cual derivaba su sustento tanto su esposa como sus hijas.

Debe precisarse que aunque los testigos aluden al valor promedio de los ingresos que percibía el señor Castro Arciniega, lo cierto es que esas pruebas no arrojan certeza de cuál era el monto concreto que obtenía la víctima, lo que impide conocer la utilidad exacta que percibía, razón por la cual se liquidará la indemnización con fundamento en el salario mínimo legal vigente, por razones de equidad.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura, de la siguiente manera:

S = Ra x(1+ i)n - 1
 ________
 i

En donde,

S = es la indemnización a obtener;

Ra = es el ingreso percibido por el señor Castro Arciniegas,(24) actualizado a valor presente de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia ($ 536.600),(25) incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 133.900), arroja un monto de $ 669.500; a esta cifra se le descontará un 25% (sic), el cual se presume que la víctima destinaba para su propia subsistencia ($ 167.375). De esta manera se tiene que el salario base de liquidación es de $ 502.125.

Esta suma final se dividirá en dos partes iguales, esto es, en $ 251.063 cada una. La primera parte se tendrá como base para calcular la indemnización a favor de la esposa y la otra parte será dividida entre las 2 hijas de la víctima ($ 125.531,5).

4.2.1. Para Bertha Marina Cortes Castro (esposa de la víctima).

Indemnización debida o consolidada

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i

Donde:

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 251.063

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de noviembre de 1997 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.

S= $ 251.063(1 + 0.004867)165 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 63’346.396

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y el término probable de vida de la víctima, quien era mayor que su esposa permanente, lo que equivale a años que arroja meses (sic).

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 251.063

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo indemnizable: 332,64

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S= $ 251.036(1 + 0.004867)332,65 - 1
 ______________________
 0.004867 (1+0.004867)332,64 (sic)

S= $ 41’321.409

Total perjuicio material: $ 104’667.805

4.2.2. Para Yenifer Daniela Castro Cortés (hija de la víctima).

Indemnización debida o consolidada

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i

Donde:

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 125.532

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de noviembre de 1997 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.

S= $ 125.532(1 + 0.004867)165 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 31’673.324

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que Yenifer Daniela Castro Cortés cumpla los 25 años teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 18 años, 11 meses y 14 días, de manera que el periodo a indemnizar corresponde a 72,53 meses

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 125.532

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo indemnizable: 72,53

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S= $ 125.532(1 + 0.004867)72,53 - 1
 ______________________
 0.004867 (1+0.004867)72,53

S= $ 7’655.812

Total perjuicio material: $ 39’329.136

4.2.2. Para Adriana Estefanía Castro Cortés (hija de la víctima).

Indemnización debida o consolidada

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i

Donde:

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 125.533

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 5 de noviembre de 1997 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.

S= $ 125.532(1 + 0.004867)165 - 1
 ___________________
 0.004867

S= $ 31’673.324

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que Adriana Estefanía Castro Cortes cumpla los 25 años teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 14 años, 11 meses y 8 días, de manera que el periodo a indemnizar corresponde a 120,73 meses

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S = es la indemnización a obtener.

Ra = es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 125.532

i= interés puro o técnico: 0.004867

n= número de meses que comprende el periodo indemnizable: 120,73

S = Ra(1+ i)n - 1
 ________
 i(1 + i)n

S= $ 125.532(1 + 0.004867)120,73 - 1
 ______________________
 0.004867 (1+0.004867)120,73

S= $ 11’440.106

Total perjuicio material: $ 43’113.430

7. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño el 1º de noviembre de 2000 y 2 de marzo de 2001, las cuales quedaran así:

1. Declarar administrativamente responsable al municipio de Túquerres de la muerte de William García Angulo y Daniel Bayardo Castro Arciniegas ocurrida el 5 de noviembre de 1997.

2. Condenar al Municipio de Túquerres a pagar por concepto de perjuicios morales:

— A Ana Milena Reina Castillo, William Andrés y Olga Lucía García Reina, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno.

— A Lucila Teresa Aura Arciniegas de Castro, Yenifer Daniela y Adriana Estefanía Castro Cortés y Bertha Marina Cortés Castro, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

— A María Cecilia, José Carlos, María Luisa y María Luz Delfina Castro Ortega, Jesús del Carmen, Luís Armando, Segundo Juan, Gladys Lucía y María Rosa Castro Arciniega, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada uno.

3. Condenar al municipio de Túquerres a pagar por concepto de perjuicios materiales:

— Para Ana Milena Reina Castillo la suma de doscientos diez millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte. ($ 210’351.456).

— Para William Andrés García Reina la suma de setenta y dos millones ciento treinta y cinco mil cincuenta pesos m/cte. ($ 72’135.050).

— Para Olga Lucía García Reina la suma de sesenta y cuatro millones cuatro mil seiscientos ochenta pesos m/cte. ($ 64’004.680).

— Para Bertha Marina Cortés Castro la suma de ciento cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cinco pesos m/cte. ($ 104’667.805).

— Para Yenifer Daniela Castro Cortés la suma de treinta y nueve millones trescientos veintinueve mil ciento treinta y seis pesos m/cte. ($ 39’329.136).

— Para Adriana Estefanía Castro Cortés la suma de cuarenta y tres millones ciento trece mil cuatrocientos treinta pesos m/cte. ($ 43’113.430).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda y las correspondientes a las lesiones sufridas por el señor Guido Armando Gutiérrez Morales.

5. Sin condena en costas.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Decreto 597 de 1988.

(4) Para la fecha de presentación de la demanda esa era la norma, luego desde el día siguiente.

(5) Fecha de presentación de la demanda en el proceso 1999-0155.

(6) Fecha de presentación de la demanda en el proceso 1999-1101.

(7) Al respecto ver entre otras sentencias la proferida el 27 de julio de 2000, Expediente 12099 y el 3 mayo de 2007, Expediente 25020.

(8) En el caso de colisión, donde intervienen dos actividades peligrosas cuando solo existe un perjuicio, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: “Es cierto que la víctima se desplazaba en una motocicleta y que esta también constituye una actividad peligrosa, pero en este caso concreto no hay lugar a considerar una “neutralización de presunciones” porque solo se pretende la reparación de los perjuicios causados en relación con uno de los intervinientes en el hecho”. Sentencias de 31 de agosto de 1999, Expediente 10865 y del 10 de marzo de 1997, Expediente 10.080, entre otras.

(9) Así se hace constar en el certificado de defunción (fl. 23, cdno. 3), el acta de levantamiento de cadáver (fls. 38 y 39, cdno. 3), el protocolo de necropsia, donde se certifica como causa de la muerte “trauma contundente en cráneo y aplastamiento tóraco-abdominal” (fls. 166 y 167, cdno. 2).

(10) Así se hace constar en el certificado de defunción (fl. 25, cdno. 2), el acta de levantamiento de cadáver (fls. 11 y 12, cdno. 3), el protocolo de necropsia, donde se certifica como causa de la muerte “choque neurogénico causado por trauma contundente en cráneo” (fls. 168 y 169, cdno. 2).

(11) Así lo hizo saber el comandante del Sexto Distrito de Policía, teniente Jaime Alberto Carrillo Amaya, en declaración rendida ante la oficina de asuntos disciplinarios del Sexto Distrito de Túquerres (fl. 25, cdno. 3).

(12) Informe prestacional expedido por la Policía Nacional.

(13) Según declaraciones rendidas ante la oficina de asuntos disciplinarios del Sexto Distrito de Túquerres.

(14) Según declaraciones rendidas ante la oficina de asuntos disciplinarios del Sexto Distrito de Túquerres y ante el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres.

(15) Según testimonio rendido por José Giraldo Calderón Chamorro, rendido ante la oficina de asuntos disciplinarios del Departamento de Policía de Nariño (fl. 28, cdno. 3).

(16) Proceso 10981, actor: María E. Montoya Alvarez.

(17) Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente 16393. Actor: Ernesto Lozano Aragón.

(18) Nota original de la sentencia citada: “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977”.

(19) Expedientes acumulados 13.232 y 15.646.

(20) En sentencia de 28 de febrero de 2008, expedientes 3996, 3998 y 4000, la Sección Quinta de la corporación precisó las reglas sobre la prueba de los hechos y actos relacionados con el estado civil, según la evolución normativa así: “1. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo de la Ley 57 de 1887 vigente desde el 21 de abril de 1887 hasta el 15 de junio de 1938, tanto las actas del registro civil como las partidas eclesiásticas tienen idéntica eficacia probatoria (art. 22). 2. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo de la Ley 92 de 1938, vigente desde el 16 de junio de 1938 hasta el 5 de agosto de 1970, las actas del registro civil son pruebas principales, en tanto que las partidas eclesiásticas son pruebas supletorias (arts. 18 y 19). 3. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo del Decreto-Ley 1260 de 1970, vigente desde el 5 de agosto de 1970, solo el registro civil es admisible como medio de prueba (art. 105), en tanto que las pruebas supletorias a las que se refería la normatividad anterior “podrían obrar hoy solo ante los funcionarios competentes del registro civil, para efectos de reconstruir el registro o abrir uno nuevo”.

(21) En el certificado de nacimiento del señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas consta que su padre es Alfonso Castro (fl. 26, cdno. 2).

(22) Expedientes acumulados 13.232 y 15.646.

(23) Los señores Campo Elías Coral Vallejo, Irma Doris Mora Castro y Segundo Medardo Cuaspud Anama coincidieron en manifestar que el señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas se desempeñaba como jornalero en la región y que por esta actividad podría ganar el salario mínimo legal vigente (fls. 127, 128, 131 a 133, cdno. 2).

(24) Se tomará el salario mínimo legal vigente en el año 1997, toda vez que si bien se probó la actividad económica, no se acreditó, de manera concreta, el monto percibido por las labores adicionales a la función de mayordomo de la finca.

(25) Dado que el resultado de actualizar a valor presente el salario mínimo legal vigente para el año 1997 ($ 172.005) arroja una cifra inferior ($ 480.438) a la del salario mínimo legal vigente para 2011 ($ 535.600), se tomará este último como base para calcular la renta actualizada.