Sentencia 1999-00164 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000199900164 01 (25903)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Luis Fernando Sierra Zambrano y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

Referencia: Apelación sentencia reparación directa

Bogotá, D. C., abril treinta de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. El material probatorio susceptible de valoración.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 13 de mayo de 2003, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras pruebas, aquellas aportadas dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, a saber:

— Oficio Nº 0513 del 11 de mayo de 1999, a través del cual el analista de desarrollo humano de la Fiscalía General de la Nación, certificó lo siguiente:

“Que el señor Luis Fernando Sierra Zambrano (…) fue incorporado a la Fiscalía General de la Nación, a partir del 01 de julio de 1.992 y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de profesional universitario judicial I, de la dirección seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Villavicencio y sus ingresos mensuales son:

Para el año 1997 $ 886.664.00

Para el año 1998 $ 1.093.767.00

Para el año 1999 $ 1.268.770.00”

— Testimonio del señor Jorge Alberto Socotá Jiménez, según el cual:

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si conoce al señor Luis Fernando Sierra, en caso afirmativo desde hace cuánto y por qué motivo. CONTESTÓ: Sí, si lo conozco he conversado con él en tres oportunidades (…) la 3º vez el día 3 de octubre de 1997 aproximadamente a las 5 de la mañana, con ocasión del desplazamiento de una comisión hacia la finca El Alcaraván, jurisdicción de San Carlos de Guaroa. Debo aclarar que el día anterior, es decir 2 de octubre hacia las 6 de la tarde aproximadamente conversé con el señor Sierra cuando se comunicó al abonado 6622500 de la Procuraduría Judicial, en solicitud de un procurador judicial para la diligencia anteriormente reseñada. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho quién estaba a cargo de la diligencia que usted menciona. CONTESTÓ: Estaba el señor Fernando Sierra encargado de la diligencia de acuerdo con lo dispuesto por el fiscal regional que conocía del proceso que ordenó esa diligencia. (…) CONTESTÓ: Como lo dije anteriormente el día 2 de octubre estando en mi oficina donde también laboraban como procuradores el Dr. Hugo Yesid Suárez, Dr. José Noé Téllez, la Dra. Elvira Rangel y las secretarias respectivas, aclarando que al momento de la llamada del señor Sierra tan sólo estábamos presentes el Dr. Suárez, la señora Beatriz Lozano, la señora Lourdes y el suscrito, hacia las seis de la tarde aproximadamente sonó el teléfono ya señalado siendo yo quien contesté, se identificó el señor Sierra, me requirió por el señor coordinador de procuradores judiciales manifestándole que no se encontraba, el señor Sierra comentó la necesidad de un procurador para la diligencia de ocupación de un inmueble en el municipio de San Carlos de Guaroa, contestándole que el señor coordinador es decir el Dr. Arciniegas Baedeker no se encontraba, que saldría en su búsqueda para comunicarle de la diligencia y que de no encontrarlo tentativamente contara con mi concurso o asistencia como procurador a la diligencia mencionada. Efectivamente encontré al señor Arciniegas comentándole el pedimento de la Fiscalía, manifestándome que él no podía porque debía recibir a un hermano suyo que venía de Bucaramanga al siguiente día, que por lo tanto le colaborara con la asistencia a la misma. Hacia las 4 y 30 de la mañana del día 3 de octubre fui recogido en mi casa de habitación ya identificada al inicio de la declaración, por el señor Manchola Q.E.P.D. En una camioneta Mitsubishi de la Fiscalía desplazándonos hacia la sede de la Fiscalía 8ª estapa (sic) de la Esperanza. Allí fue donde me encontré con el señor Sierra tal como ya quedó anotado, a quien le requerí la resolución del fiscal que ordenaba la diligencia a realizar. Debo agregar que posteriormente hizo aparición el fiscal Dr. Reyes y el mayor Figueroa comandante del Gaula con quienes partimos junto con toda la comisión (…). Ya en la finca se llevó a cabo alguna de las pruebas ordenadas como fue la determinación y ubicación de los linderos de la finca de acuerdo a la información que suministraba el señor Aldemar Soto quien nos siguió por toda la finca, recorrido que se hizo con varios miembros del CTI de la Fiscalía incluido el señor Sierra Zambrano quien a su vez iba filmando el desplazamiento, terminadas la recopilación de las pruebas iniciamos nuestro regreso hacia Villavicencio aproximadamente a la 1 y 15 de la tarde, como a los 20 minutos aproximadamente y en una tienda que había en el camino de una camioneta color vinotinto, si mal no recuerdo era Chevrolet Luv, se apearon unos individuos vestidos de negro y se inició un intercambio de disparos entre dichos individuos y la comisión, la que entre otros estaba conformada por miembros del CTI de la Fiscalía, del DAS y soldados del grupo Gaula. Producto de dicho enfrentamiento se produjo la muerte de tres de los individuos vestidos de negro y 3 capturados. En ese sitio el mayor Figueroa a través de su radio de comunicaciones del Ejército solicitó ayuda para salir de allí, comunicación que hizo una persona a quien se dirigió o identificó como Cafir desconociendo el suscrito la identidad de la persona a quien se le denomina con ese apelativo. Comoquiera que hubo varios requerimientos por parte del mayor Figueroa sin respuesta positiva a la vista tomó la determinación de continuar con el desplazamiento hacia Villavicencio. Veinte minutos o media hora después de reiniciado nuestro regreso fuimos objeto de un ataque por cerca de 60 hombres o más igualmente vestidos de negro quienes desde 2 colinas al lado izquierdo de la vía nos atacaron con toda clase de artefactos llámese disparos de fusil, granadas, roquets, por espacio de aproximadamente 2 y 30 a 3 horas, ataque que cesó cuando hicieron presencia 2 aviones militares, una vez pudimos de donde estábamos escondidos encontramos el cuadro dantesco de agentes del CTI heridos (…). Debo acotar que fue incesante, persistente el llamado que a través de radios de la Fiscalía y del Ejército se hizo a Villavicencio a efecto de que nos prestaran ayuda ante un posible ataque nuevamente. El suscrito habló con un coronel o no sé quién sería de la Fuerza Aérea a quien le supliqué que si no nos iba a prestar ayuda por tierra por lo menos que los aviones prestaran vigilancia sobre la zona toda la noche para evitar un desenlace peor del que había sucedido, dicho señor a quien no me cansaré de agradecerle eternamente sin saber de quién se trata prometió hacerlo como efectivamente lo hizo estando dos aviones fantasma de manera permanente hasta las 3 y 30 o 4 de la mañana, toda vez que hacia las 3 de la mañana llegó un grupo de contraguerrilla del Ejército y miembros de seguridad del CTI de la Fiscalía (…)”.

— Copia auténtica del resumen médico de egreso a la Fundación Santa Fe de Bogotá correspondiente al señor Luis Fernando Sierra, mediante el cual se indicó:

“Se trata de un paciente de 40 años de edad, quien es remitido de la Clínica del Meta, de Villavicencio para manejo definitivo de una fractura abierta del calcáneo derecho. Refiere de un día de evolución un cuadro clínico que se presentó posterior a un impacto de proyectil de arma de fuego de alta velocidad en el talón derecho. Fue llevado en primera instancia a la Clínica del Meta donde se practicó desbridamiento, lavado quirúrgico y sutura de la herida presente en el cuello del pie posterior derecho, referido en hoja de remisión como una herida de 7 cms con exposición del tendón de Aquiles con integridad del mismo”.

— Copia auténtica de los exámenes médicos y evaluaciones médicas practicadas al señor Luis Fernando Sierra Zambrano, por Colmena Riesgos Profesionales.

— Oficio Nº 436 del 19 de febrero de 2001 mediante el cual la Fiscalía General de la Nación informó acerca de las medidas adoptadas por esa entidad en relación con la rehabilitación de las heridas sufridas por el señor Luis Fernando Sierra Zambrano con ocasión del atentado ocurrido el día 3 de octubre de 1997.

— Copia auténtica del dictamen médico laboral practicado al señor Luis Fernando Sierra Zambrano de fecha 9 de noviembre de 1999, a través del cual se le diagnosticó una disminución de su capacidad laboral equivalente al 53.90%.

— Oficio Nº 3132 suscrito por el secretario del centro de servicios administrativos de los juzgados penales del Circuito Especializado de Villavicencio, a través del cual remitió copia de algunas de las piezas procesales que obraban en el proceso penal que se adelantó por los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997 en el municipio de San Martín (Meta).

Respecto de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ocurre que las pruebas trasladadas antes mencionadas no cumplen con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que dicha parte no las solicitó en la contestación de la demanda ni se allanó o adhirió a los medios probatorios solicitados por su contraparte —lo anterior comoquiera que su contestación resultó extemporánea— por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan sólo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, se encuentra que en las posibilidades que tuvo la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, para pronunciarse frente a dichos medios probatorios, guardó silencio respecto frente a la procedencia de su valoración.

En este orden de ideas, dentro de las aludidas pruebas trasladadas reposan, entre otros medios de convicción, en copia auténtica los siguientes documentos:

• Acta de la diligencia de allanamiento y registro practicada al inmueble ubicado en el perímetro rural de la localidad de San Carlos de Guaroa “Finca El Alcaraván”, la cual se llevó a cabo el día 23 de mayo de 1997.

• Providencia proferida el 14 de octubre de 1999, mediante la cual la Fiscalía Regional de Villavicencio dictó resolución de acusación contra los señores Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor Germán Buitrago Parada y Nelson Orlando Buitrago Parada (fls. 13-33 c. 2).

• Copia del oficio del 2 de octubre de 1997, con fecha de recibido en la Séptima Brigada el 3 de octubre a las 15:50, a través del cual la Fiscal Delegada ante el Ejército Nacional le solicitó al coronel Molano lo siguiente (fl. 68 c. 2):

Atendiendo nuestra solicitud verbal formulada al señor general Uscátegui en el día de hoy siendo las catorce horas y teniendo en cuenta que usted quedó a cargo de la situación, con carácter urgente se le ruega disponer el inmediato apoyo aéreo el cual fue autorizado por el señor general a las quince horas. Siendo las quince y cuarenta y cinco recibimos nuevamente peticiones de auxilio por radio, sabiendo que queda la vida de nuestro funcionario, Ejército, DAS y CTI, que conforman la unidad Gaula.

• Resolución de fecha 25 de agosto de 1998, mediante la cual la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, entre otras, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor Germán Buitrago Rodríguez y Nelson Orlando Buitrago Rodríguez (fls. 71-101 c. 2).

• Informe Nº 598 del 22 de octubre de 1997, mediante el cual el investigador judicial II, código 197 y el profesional universitario código 3857, mediante el cual dieron cuenta de las labores realizadas con ocasión de los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997:

“El pasado viernes 3 de octubre de 1997, en horas de la tarde (2:30 p. m.) y luego de haber recibido varios comunicados de los compañeros que se habían desplazado a la zona rural del municipio de San Martín - Meta, en la cual manifestaban que estaban siendo objeto de una emboscada, tenían bajas y heridos; procedimos con el Dr. Nayib Francisco Rivera, en busca de apoyo a las entidades que se relacionan a continuación, en atención a las instrucciones impartidas en un comienzo por el señor jefe grupo de apoyo a fiscales regionales (Dr. Pedro Nel Aguilar Triviño) y luego por el propio director del CTI, Dr. Gilberto Rodríguez Vargas.

(…)

3. Fuerza Aérea Colombiana.

Desde el mismo ingreso a la base aérea de Apiay, aproximadamente a las 05:30 p. m., se adelantó entrevista con el oficial Coba (Comando de Operaciones Base) - teniente Julio Palacios el cual coordinó el posterior encuentro con los primeros pilotos de OV-10 que procedían del lugar de los hechos, quienes dieron noticias con base en lo observado y filmado en un video casete, de 2 vehículos que huían a gran velocidad del lugar de la emboscada con rumbo a San Carlos de Guaroa.

Inmediatamente salieron otros 2 aviones OV-10, los cuales llevaban a bordo un radio GP-300 motorola de nuestra entidad a fin de que establecieran contacto permanente con las unidades de tierra emboscadas, la central de comunicaciones CTI (satélite), sombra (central de comunicaciones base aérea de Apiay - Coba) y los propios aviones (fantasma y broncos).

(…)

Es de anotar que aproximadamente desde las 4:30 p. m. hasta las 4:30 a. m. del día sábado 4 de octubre de 1997, se mantuvo permanente sobrevuelo de los OV-10 (Bronco) y el AC-47 (Fantasma), los cuales realizaron (como ya se anotó) ametrallamientos tácticos, escolta permanente para repeler un nuevo hostigamiento, sumado esto al lanzamiento de bengalas, las cuales coordinaron directamente entre los pilotos y las Unidades en tierra; situación ésta que aportó un estímulo invaluable, tanto a los que nos encontrábamos impotentes ante los hechos, como a todos nuestros compañeros que se encontraban con bajas, heridos, pocas municiones y en la penumbra de la noche.

(…)

Paralelo a todos estos hechos el señor oficial Coba, realizó una gran labor respecto de las comunicaciones efectuadas con la brigada (para comunicarse con las contraguerrillas), la propia torre de control, las aeronaves que se encontraban en el vuelo, el comandante de la base aérea y el propio general Fabio Zapata comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien dispuso incondicionalmente de la disponibilidad de más aeronaves desde Bogotá, en la medida que estas fueran requeridas para el traslado de más heridos graves a la ciudad capital, agotando incluso la probabilidad del traslado de un helicóptero equipado con visores nocturnos desde la ciudad de Santiago de Cali, lo cual no fue posible culminar por razones operacionales de peso.

(…)

Recabando lo ya anotado, el desgaste físico de las tripulaciones que sobrevolaron el aérea durante 12 horas aproximadamente, estuvo a la altura de los aviones mismos, colaboración esta de la cual no da fe únicamente el suscrito, sino por el contrario todos los que también estuvieron al tanto.

(…)”.

• Oficio Nº 007332 del 20 de octubre de 1997, a través del cual el comandante de la base aérea capitán Luis F. Gómez Niño certificó lo siguiente en relación con los apoyos aéreos brindados entre los días 3 y 4 de octubre de 1997, a la comisión judicial que sufrió el ataque por parte del grupo insurgente (fl. 109 c. 2):

“1. 16:24 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 18:30 horas (día 03-oct-97).

2. 19:31 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 21:34 horas (día 03-oct-97).

3. 20:59 Despega avión AC-47T (Fantasma). Aterriza 01:55 AM (día 04-oct-97).

4. 01:00 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 04:16 horas (día 04-oct- 97).

5. 05:55 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 09:04 horas del día 04-oct-97”.

• Oficio de la Fiscalía Regional del Oriente, con fecha de recibido el 9 de septiembre de 1997, mediante el cual se le solicita al comandante de la séptima brigada apoyo de personal militar para realizar una diligencia de incautación y ocupación de un inmueble ubicado en la zona rural del municipio de San Martín, finca el Alcarabán, operación que fue ordenada dentro del proceso penal Nº 3017. Lo anterior, debido a que la zona “al parecer” era de orden público (fl. 152 c. 2).

• Misión de trabajo del grupo Gaula de Villavicencio de fecha 2 de octubre de 1997 en el cual se informa acerca del lugar, el personal que intervendrá, el objeto y los vehículos que se utilizarán para la práctica de la diligencia el día 3 de octubre de ese mismo año en el municipio de San Carlos de Guaroa (fl. 153 c. 2).

• Anotaciones del libro de minuta —se desconoce a qué institución pertenecía— en el cual se destacan las siguientes anotaciones (fls. 154-155 y fl. 157 c. 2):

“Oct. 3/97. 14:05. Nota: A esta hora se informa que el grupo operativo del grupo Gaula al parecer se encuentran emboscados en inmediaciones del m/pio. de San Carlos de Guaroa sin más datos.

(…)

Oct. 3/97. 17:30. Nota: A esta hora se recibe una llamada del I.J., Wilson Riveros Sanabria quien manifiesta que se encuentran en el alto de la Loma vía La Serranía, Jurisdicción del m/pio. de San Carlos de Guaroa el cual manifestó que “habían matado a todos y que mandaran apoyo lo más rápido posible”, cortándose la comunicación, de esto ya tenía conocimiento la Séptima Brigada, la cual fue informada por radio de comunicaciones”.

• Orden de trabajo Nº 004 del 1º de octubre de 1997, suscrita por el señor Luis Fernando Sierra Zambrano, mediante el cual informa acerca de la diligencia que se adelantará el día 3 de octubre de 1997.

— Oficio Nº 4341 del 21 de agosto de 2001, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación remitió “copia de las decisiones adoptadas con motivo de las suspensión del brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, dentro del proceso adelantado por la masacre de miembros de la comisión judicial, ocurrida el 3 de octubre de 1997 en jurisdicción del municipio de San Martín, Meta”.

Los principales argumentos que tuvo en cuenta el Ministerio Público para proferir su decisión se transcriben a continuación:

Se trata de definir si el comportamiento desarrollado por el señor brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez en la tarde del 3 de octubre de 1997, en relación con las solicitudes de apoyo que se le hicieron para garantizar la seguridad de los miembros de la comisión judicial, correspondió al cumplimiento estricto de sus deberes oficiales como comandante de la Séptima Brigada con sede en Villavicencio o si, por el contrario, faltó a sus obligaciones militares e incurrió en responsabilidad disciplinaria.

(…)

De acuerdo a este relato, no cabe duda de que existieron peticiones de apoyo por parte del mayor Figueroa Escobar y que de esa situación tuvo conocimiento inmediato el señor brigadier general Uscátegui Ramírez; si bien el declarante manifiesta que hasta ese momento se reportó una situación controlada, se destaca el hecho de que hubo solicitud de apoyo aéreo de acompañamiento para garantizar la seguridad en el desplazamiento de la comisión judicial, circunstancia que evidencia que la situación de peligro resultante del primer enfrentamiento no estaba superada y que el apoyo pedido era necesario y urgente. La afirmación del testigo en el sentido de que a partir de las solicitudes de apoyo se iniciaron inmediatamente las gestiones pertinentes para prestarlo, gestiones inmediatas sobre las cuales no existe evidencia probatoria, también confirma el conocimiento que tuvo el comandante de la brigada señor brigadier general Uscátegui Ramírez, sobre dichas solicitudes y la necesidad de prestar apoyo requerido.

(…)

Estos testimonios confirman la existencia de reiteradas e insistentes peticiones de apoyo y, además, que la decisión de continuar el desplazamiento tomada por el mayor Figueroa Escobar fue producto de las apremiantes circunstancias derivadas del primer enfrentamiento, básicamente por la información de los paramilitares capturados sobre la presencia de un numeroso grupo armado en las cercanías del lugar y la advertencia sobre la inminencia de un segundo ataque en represalia por lo sucedido y por la respuesta negativa que recibió respecto a sus demandas de apoyo.

El hecho de la advertencia que hizo uno de los paramilitares capturados en el primer enfrentamiento armado sobre la posibilidad de un segundo ataque, además de los testigos citados, lo confirman también, entre otros, Germán Darío Pinilla, José Feliciano Romero, Audenar Pérez y Rafael Rave Rojas.

(…)

Además de lo anterior, otro hecho que confirma la situación de peligro y la posibilidad del segundo ataque es el conocimiento que tuvieron algunos integrantes de la comisión judicial, incluido el mayor Figueroa Escobar sobre apartes de la comunicación radial que se trataba de establecer a través del radio que se encontraba en la camioneta Hi Lux decomisada a los paramilitares, expresiones que confirmaban no sólo la presencia de otro grupo armado en cercanías del lugar sino su conocimiento de los resultados del primer combate y, por tanto la inminencia del segundo ataque en represalia por lo sucedido en el primero.

(…)

Para el despacho la prueba testimonial referida es fundamento probatorio suficiente para considerar demostrada con certeza la existencia de las solicitudes de apoyo aéreo que se hicieron luego de concluido el primer enfrentamiento, desde el lugar de los hechos y en Villavicencio, ante diversas personas y autoridades. Que varias de esas peticiones se hicieron al comando de la Séptima Brigada y algunas de ellas directamente al señor brigadier general Uscátegui Ramírez, para que se garantizara la seguridad en el desplazamiento de la comisión judicial hacia Villavicencio luego de concluido el primer enfrentamiento; que esas peticiones estuvieron motivadas por el conocimiento sobre la situación de peligro en que se encontraba la comisión por las condiciones de la zona donde se desplazaban, por la naturaleza del enemigo que enfrentaron en el primer contacto armado, por los resultados de ese contacto y por la advertencia concreta sobre la posibilidad de un segundo enfrentamiento en represalia por lo acaecido en el primero, esta vez con un grupo paramilitar significativamente mayor.

Es oportuno destacar que pese a las reiteradas y urgentes peticiones de apoyo aéreo aproximadamente desde la 1:30 de la tarde, los aviones sólo llegaron a sobrevolar el lugar de los hechos después de las 5:30 de la tarde, después que se presentó el segundo enfrentamiento con las lamentables consecuencias conocidas.

(…)

El despacho encuentra elementos de prueba que demuestran que esa demora obedeció fundamentalmente a la falta de orden clara, inequívoca y oportuna por parte del comandante de la VII Brigada, brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, para prestar el apoyo aéreo solicitado. Está demostrado que hacia las tres (3) de la tarde, cuando el señor general salió de las instalaciones de la séptima brigada con dirección a San Vicente del Caguán ya estaba enterado de la situación de peligro en que se encontraba la comisión judicial, había recibido las solicitudes concretas de apoyo aéreo, conocía de la necesidad apremiante de prestarlo, tenía la potestad funcional para hacerlo y disponía de los medios adecuados para el efecto. Sin embargo, el general Uscátegui se limitó a delegar en el coronel Luis Felipe Molano Díaz, la coordinación de los apoyos que pudieran requerirse, sin emitir una orden concreta e inequívoca de apoyo aéreo de acuerdo con las apremiantes circunstancias del momento.

(…)

En consecuencia, teniendo en cuenta los testimonios de las personas que en el lugar de los hechos manifiestan haber escuchado las peticiones de apoyo aéreo por parte del mayor Figueroa Escobar cuando se comunicaba con el comando de la brigada y con su comandante, los testimonios de las personas que en Villavicencio solicitaron personalmente al general Uscátegui Ramírez dicho apoyo y la declaración del mayor Diego María Sanmiguel, oficial COB de la Séptima Brigada quien da fe de esas solicitudes por parte del mayor Figueroa Escobar son suficientes para demostrar con certeza que el señor general Uscátegui Ramírez sí tuvo conocimiento de las peticiones de apoyo y de la necesidad de proporcionarlo de manera inmediata dadas las apremiantes circunstancias del momento.

En cuanto a los medios aéreos disponibles para la prestación del apoyo en el día de los hechos está demostrado que se encontraban en la base aérea de Apiay dos aviones OV-10 y dos aviones Tucano T-47 (avión fantasma) que pudieron ser utilizados oportunamente en las labores de apoyo aéreo tal como finalmente se hizo, aunque en forma tardía, después de las cinco y media de la tarde. Los testimonios del mayor Miguel Angel Rivera Mosquera (fl. 749 anexo 2), ayudante del oficial G-3 de la IV División del Ejército y del teniente coronel Jairo Enrique Amador Zubiría (fl. 105 CO5), comandante (e) del comando de la Base Aérea de Apiay para la época de los hechos confirman la existencia de los mencionados medios aéreos de apoyo y su disponibilidad inmediata para el día de los hechos.

(…)

El despacho considera que existe fundamento probatorio para concluir que el señor general Uscátegui Ramírez no emitió una orden concreta de apoyo aéreo frente a las solicitudes para que ese apoyo se prestara, que se limitó a encargar al coronel Luis Felipe Molano Díaz, mediante una orden genérica, de la coordinación de las acciones que eventualmente pudieran requerirse. Las siguientes circunstancias respaldan esta conclusión: primero, la propia versión del funcionario investigado y la declaración del señor coronel Molano Díaz que la corrobora; segundo, la versión del mayor Diego Mantilla Sanmiguel cuando reconoce que en la comunicación con el mayor Figueroa le dijo que no había apoyo inmediato; tercero, las versiones de los testigos que presenciaron las comunicaciones radiales del mayor Figueroa Escobar con el comando de la brigada sobre sus gestos de preocupación ante las respuestas recibidas; cuarto, la transcripción del álbum digital del video sobre una de las comunicaciones radiales del mayor Figueroa con el comando de la brigada cuando se lee “no hay autorizado” demuestra que la respuesta recibida a sus requerimientos de apoyo fue negativa y, finalmente, la demora en la tramitación de los requerimientos no corresponde al cumplimiento de una orden concreta dada a las tres de la tarde porque el primer requerimiento aéreo llegó a la división después de las cuatro de la tarde.

(…)

Según los reglamentos militares, los requerimientos aéreos tienen origen en los comandos de brigada, deben ser autorizados por los comandos de división y se ejecutan por parte de los comandos de las bases aéreas correspondientes. En consecuencia, frente a la petición expresa de apoyo aéreo le correspondía al comandante de la Séptima Brigada, general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, tomar la determinación de prestarlo, ordenar el respectivo requerimiento, suscribir el documento correspondiente, darle el trámite al comando de la IV División y verificar la prestación efectiva del apoyo.

(…)

Como el mayor Figueroa no se limitó a reportar al general Uscátegui el éxito parcial que había logrado con la captura y muerte de los paramilitares en el primer conflicto armado sino que además solicitó apoyo aéreo para garantizar la seguridad del desplazamiento de la comisión, el señor brigadier general Uscátegui Ramírez, en ejercicio de sus funciones como comandante de la VII Brigada, debió asumir directamente sus funciones de comando, emitir las órdenes concretas y oportunas que las apremiantes circunstancias del momento exigían, entre las que obviamente se encontraba la orden de apoyo aéreo solicitado y supervigilar personalmente el desarrollo de las acciones de apoyo para garantizar su eficacia operativa en orden a asegurar la integridad del personal civil y militar comprometido en los hechos.

Frente a la gravedad de la situación por la que atravesaba la comisión judicial y de la cual tenía pleno conocimiento, la delegación de funciones que hizo el general Uscátegui Ramírez en un subalterno, así este sea un oficial superior, constituye en sí mismo un incumplimiento de sus deberes como comandante que merece reproche disciplinario porque al eludir sus funciones se agrega el hecho de que no emitió unas órdenes concretas y precisas sobre las labores de apoyo que el funcionario delegado debía ejecutar el reproche disciplinario es de mayor gravedad porque esa imprecisión en la orden también incidió en el retardo de las acciones de apoyo. Una orden concreta, imperativa e inequívoca de apoyo aéreo hubiera garantizado unas acciones de apoyo oportunas y eficaces, sobre todo porque era el comandante de una brigada y no de una unidad militar de menor jerarquía.

Finalmente, el viaje a San Vicente del Caguán del señor brigadier general Uscátegui Ramírez, en los momentos en que más se requería su presencia en el comando de la brigada [de] Villavicencio para que se agilizaran las labores de apoyo es un hecho que agrava aún más el reproche disciplinario imputable al comportamiento del investigado porque es evidente que su presencia en Villavicencio garantizaba una mayor agilidad en las acciones de apoyo.

La reunión que debía atender el señor general Uscátegui Ramírez no estaba programada para el día de los hechos sino para el día siguiente y, por tanto, su desplazamiento a San Vicente del Caguán podía posponerse para el día siguiente. Además, como el mismo señor general investigado lo reconoce, era un compromiso que en el caso de una grave emergencia podía cancelarse o aplazarse. En consecuencia, el compromiso en San Vicente del Caguán no puede aceptarse como una justificación válida atendible para no asumir directamente sus funciones de comando en el diseño y ejecución de las labores de apoyo.

(…)

La región donde se presentaron los hechos es considerada una “zona roja” por la presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley, paramilitares y guerrilla, como lo afirma el general Agustín Ardila Uribe (fl. 43 c. o. 3), lo ratifican los doctores Henry Romero y Juan Carlos Linero, John Salamandra y el mismo funcionario investigado. En ese contexto temporal y espacial, el mismo éxito del primer enfrenamiento se convirtió, paradójicamente, en la primera causa de inseguridad para la comisión judicial por la posibilidad razonable de una retaliación por parte de otro grupo armado perteneciente a la misma organización paramilitar a la que pertenecían los capturados y dados de baja. La advertencia recibida por parte de uno de los paramilitares capturados sobre la inminencia de un segundo ataque no hacía más que confirmar la situación de peligro inminente para la comisión. En esas circunstancias, no cabe duda alguna sobre las versiones que afirman la existencia de las peticiones de apoyo luego del primer enfrentamiento, particularmente por parte del señor mayor Figueroa Escobar y que la comunicación efectuada con el general Uscátegui estuvo motivada por la necesidad de lograr el apoyo aéreo y no simplemente en el deseo de reportar un éxito.

(…)

El análisis probatorio efectuado indica que el comportamiento del general Uscátegui resulta disciplinariamente reprochable porque frente a la petición expresa de apoyo y ante la necesidad urgente de prestarlo, disponiendo de los medios adecuados para el efecto, no asumió directamente sus funciones de comando para prestar el auxilio requerido, teniendo posibilidad de hacerlo; limitándose a delegar en un oficial subalterno la atención de los requerimientos de ayuda, sin emitir una orden concreta sobre el apoyo aéreo requerido, subestimando las condiciones de peligro y asumiendo una actitud de indiferencia ante la suerte de quienes demandaban la protección del Estado.

La vasta experiencia del general Uscátegui Ramírez en el campo militar y su condición de comandante de brigada agravan el reproche disciplinario en contra del oficial como transgresor de la norma especial contra el honor militar por omisión de apoyo prevista en el literal g) del artículo 184 del Decreto 085 de 1989 y las normas generales que prevén: “el abuso de la autoridad”, por demorar sin excusa justificada la tramitación de las solicitudes elevadas reglamentariamente por los subordinados; “la negligencia en el mando”, por eludir la responsabilidad inherente a las soluciones de comando, la despreocupación por el bienestar del personal bajo su mando y no acudir en ayuda del subordinado cuando por razones de equidad, justicia o bienestar sea necesaria la intervención de su jefe; y “contra el servicio”, por no cumplir con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio, previstas en el artículo 65, secciones B, C y F citados en el pliego de cargos.

La falta disciplinaria contra el honor militar en que incurrió el señor general Uscátegui Ramírez, desde el punto de vista jurídico, no requiere la producción de un resultado distinto a la realización de la misma conducta omisiva, dentro de la cual debe considerarse la omisión absoluta del apoyo y la falta de un apoyo oportuno. En el caso que nos ocupa es evidente que se trata del segundo evento porque si bien es cierto finalmente la Séptima Brigada ejecutó varias acciones de apoyo a favor de la comisión judicial, las mismas se iniciaron tardíamente debido a la conducta omisiva de su comandante el señor brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, tardanza que en definitiva permitió la consumación de la masacre. Si bien la comisión de la falta se produce con la simple realización de la conducta omisiva, las gravísimas consecuencias resultantes no pueden ser ajenas a las consideraciones del despacho para la determinación de las consecuencias disciplinarias que deben imponerse al funcionario responsable. La muerte de los once funcionarios públicos que integraban la comisión judicial y las lesiones sufridas por los sobrevivientes de la masacre son consecuencias que evidencian la gravedad de los efectos derivados de la falta disciplinaria investigada y fundamentan el reproche disciplinario que se hace al señor brigadier general Uscátegui Ramírez.

(…)

Las circunstancias de especial gravedad en las cuales se cometió la falta se observan en que el apoyo oportuno omitido se requería por una comisión judicial integrada por personal civil y militar que se encontraba en una situación apremiante de seguridad, en una zona particularmente conflictiva por problemas de orden público que había tenido ya un primer contacto armado y que se enfrentaba ante la posibilidad cierta de una emboscada.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 185 y 217 del citado decreto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 del Código Disciplinario Único, la sanción a imponer será la separación absoluta de las Fuerzas Militares o destitución, por ser la sanción más grave prevista en la legislación para las faltas cometidas por el funcionario investigado”.

El Ministerio Público también allegó copia auténtica de la providencia del 7 de diciembre de dos mil, a través del cual se confirmó el fallo del 19 de noviembre de 1999.

— Testimonio de la señora Claudia Patricia Vélez Johnson quien declaró acerca de las relaciones familiares existentes entre los demandantes, al tiempo que se les preguntó respecto del dolor y angustia que les habría causado el daño cuya reparación pretenden obtener.

2. Elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

De conformidad con lo probado en el proceso, se encuentra acreditado que el 3 de octubre de 1997 una comisión integrada por la Fiscalía Regional de Oriente y el Grupo Gaula al mando del mayor Juan Carlos Figueroa, miembro del Ejército Nacional, se desplazó aproximadamente a las 4:30 de la mañana desde Villavicencio a la Finca “El Alcaraván”, con el fin de cumplir una diligencia de extinción de dominio.

Una vez cumplida la diligencia y cuando regresaban a la ciudad de Villavicencio, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, a la altura del sitio Las Brisas del Camoa, se produjo un primer enfrentamiento con unos sujetos que se desplazaban en una camioneta Hi Lux; como resultado se produjo la muerte de tres sujetos pertenecientes al grupo que se desplazaba en la camioneta.

Luego de ocurrido el enfrentamiento, la comisión siguió su desplazamiento y aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, la comisión fue atacada con disparos provenientes de arma de fuego; el enfrentamiento duró hasta pasadas las cinco de la tarde, momento en el cual recibieron apoyo aéreo.

Como consecuencia del segundo enfrentamiento se produjo el deceso de 11 personas integrantes de la comisión y resultaron heridos, entre otros, el señor Luis Fernando Sierra, ahora demandante.

Así las cosas, se encuentra probado el daño antijurídico sufrido por los demandantes.

Según la demanda, el daño se habría originado como consecuencia de la falla en el servicio atribuible a la entidad demandada, consistente en la “imprevisión, negligencia y descuido en la preparación y ejecución del operativo de seguridad y acompañamiento a la comisión judicial que se desplazaba por la zona de los hechos luego de realizar una diligencia de carácter judicial”.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad que se predica respecto de la Nación por ese lamentable suceso, conviene advertir que esta Subsección en sentencia del 9 de abril del presente año(1) declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los mismos hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la emboscada sufrida por la comisión judicial que se desplazaba por el municipio de San Carlos de Guaroa el día 3 de octubre de 1997—, razón por la cual se entiende configurado el fenómeno de la cosa juzgada material debido a la identidad de objeto y de causa que existe entre los hechos materia de juzgamiento.

En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del “non bis in ídem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica; por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. Es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal, para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil, y 175 del Código Contencioso Administrativo, los cuales recogen los elementos formales y materiales para su configuración.

El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el cual las mismas partes debatan la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad, propias de la esencia del orden jurídico.

Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad del contenido o el fondo mismo de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatida en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(2).

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y objeto —aunque no de partes—, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y, en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar, en el caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos ya debatidos y decididos.

Así por ejemplo, en sentencia proferida el 4 de mayo de 2011, Expediente 19.355, M. P. Enrique Gil Botero, se señaló:

“… Resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, mas no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010, se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite (…)”.

En ese mismo sentido, a través de sentencia proferida el 9 de junio del 2010, Expediente 18.677, se indicó:

“Comoquiera que los hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la muerte del señor Luis Álvaro Monsalve Arboleda—, ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, se reiteran in extenso las consideraciones plasmadas en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2009, Expediente 17.997, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que los supuestos fácticos son iguales, además de que los elementos de convicción allegados a este proceso fueron trasladados en su totalidad del citado expediente en debida forma”.

Pues bien, de cara al presente proceso se tiene que mediante la mencionada sentencia proferida el pasado 9 de abril de 2014, esta Subsección de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció acerca de la responsabilidad del Estado frente al ataque armado a la aludida comisión judicial, motivo por el cual se impone reiterar, en esta ocasión, las consideraciones plasmadas en ese fallo, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que tanto el objeto como la causa son iguales, a saber:

“Para la Subsección, a partir del análisis del material probatorio obrante en el proceso, puede observarse la existencia de irregularidades, deficiencias e incumplimientos que ocurrieron en relación con la planeación, ejecución y desarrollo de la diligencia judicial para la cual fue encargada la comisión y que resultan atribuibles a la entidad demandada, al tiempo que hubo un incumplimiento al deber de protección respecto de los integrantes de la referida Comisión, circunstancia que se materializó en la demora injustificada en el apoyo aéreo solicitado.

En este sentido se presentaron fallas en la planeación del operativo, comoquiera que los integrantes de la Comisión, en especial, las personas pertenecientes al Gaula que estaban a cargo de la seguridad de la diligencia, no fueron informadas en debida forma acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurriría la operación, por lo cual no hubo previsión, instrucción o estrategia alguna frente a una posible confrontación armada, aún cuando se tenía conocimiento de que la zona era considerada como “roja”.

En este sentido, a pesar que se tenía conocimiento de que en la zona hacían presencia grupos armados al margen de la ley, a la diligencia —incumplimiento del deber de planeación— se acudió con un personal de seguridad escaso perteneciente al Gaula, situación que facilitó la emboscada y que impidió una efectiva y adecuada respuesta de los integrantes del Ejército Nacional, encargados de la seguridad de la comisión judicial.

Según los testimonios que obran en el proceso, aún cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía emprender el regreso por la misma ruta respecto de la cual se había ingresado a la zona donde tuvo lugar la diligencia judicial, el mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que, como lo expuso el Juez Penal Militar en el auto antes transcrito, constituye un error en el procedimiento militar, que sin duda contribuyó con la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos, puesto que fue por esa vía que finalmente se encontraron con el grupo que atacó a la comisión judicial.

En cuanto a la demora en brindar el apoyo aéreo, los testimonios de las personas que participaron en el operativo son contestes en afirmar que desde el momento en que se presentó el primer enfrentamiento, esto es aproximadamente entre la 1:15 y 1:30 de la tarde, el mayor del Gaula que estaba a cargo del dispositivo de seguridad y otros miembros de la aludida comisión judicial, dieron aviso a la Séptima Brigada del enfrentamiento que habían tenido y de la necesidad de que se le brindara apoyo aéreo, teniendo en cuenta las informaciones provenientes de las personas que fueron capturadas en ese primer contacto, según las cuales, más adelante en la vía por la cual transitaban, se encontraba un grupo de más de 100 hombres que, a su vez, tenían ya conocimiento de la presencia de la Comisión en esas inmediaciones.

Así las cosas, transcurrieron más de 4 horas desde que se solicitó el apoyo hasta el momento en que se hizo efectivo, lapso durante el cual el limitado y reducido grupo que integraba la comisión tuvo que hacer frente al ataque indiscriminado por parte del grupo armado al margen de la ley que los superaba con creces en número y poder destructivo del armamento.

Asimismo, las personas que rindieron declaración acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos son contestes al afirmar que de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas.

Si bien dentro de las pruebas obrantes en el proceso hay versiones encontradas en relación con las causas que originaron la demora en brindar el apoyo aéreo en la medida en que, por un lado se atribuyó dicha demora a las fallas incurridas en el operativo judicial adelantado, mientras que, por el otro, se imputó el mencionado resultado a la conducta omisiva del comandante a cargo de la Brigada Séptima del Ejército Nacional, consistente en emitir una orden concreta y directa sobre el apoyo requerido, aún cuando tenía la posibilidad de hacerlo y tenía conocimiento de la necesidad urgente y de las condiciones de peligro por las que estaba atravesando la comisión judicial, lo cierto es que independientemente de las versiones encontradas, en ambas se reconoce que hubo una demora injustificada en el suministro del apoyo aéreo, lo cual resultó determinante en la producción del daño cuya reparación se pretende.

Se reitera que el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad demandada, de tal forma que independientemente de la responsabilidad personal que le quepa, o no, al respectivo agente estatal, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad, en tanto se reúnan los requisitos previstos para estos efectos.

En consecuencia, se repite, dado que el daño antijurídico causado a los demandantes devino de la conducta irregular de la entidad demandada y, por ende, el caso de la emboscada por parte de un grupo al margen de la ley a una comisión judicial ocurrida en el sitio conocido como Brisas del Camoa jurisdicción del municipio de San Martín (Meta), el día 3 de octubre de 1997, se ubica en el plano de la falla en el servicio, puesto que se comprobó que hubo un comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso, se impone la revocatoria de la sentencia apelada y, en consecuencia, se analizará la indemnización de los perjuicios deprecados a través del libelo introductorio”.

Con fundamento en lo expuesto se impone concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse con base en el título de falla del servicio, toda vez que se encuentra determinado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención del deber de protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios para el momento del hecho dañoso demandado.

La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en el derecho colombiano, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio se configura, en últimas por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de un deber a su cargo, no hay duda de que se trata del mecanismo más idóneo para desencadenar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(3).

También ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República se encuentran en el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra, etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(4); así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño cuya reparación se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(5).

Respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado que

“No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la administración de justicia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance”(6).

Como se aprecia, la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta frente al funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad administrativa de la administración pública al momento de producción del daño.

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(7).

En el sub lite, tal como lo determinó esta Subsección, cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada material, se tiene que la entidad demandada faltó, entre otras, al cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad para con los integrantes de la comisión judicial que se desplazaba por el municipio de San Carlos de Guaroa, deficiencias que produjeron como consecuencia graves lesiones al señor Luis Fernando Sierra Zambrano, mientras prestaba sus servicios a la Fiscalía General de la Nación; así pues, no se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de protección, sino de su grave incumplimiento por parte de la administración pública respecto del personal judicial antes aludido.

• Indemnización de perjuicios

1. Perjuicios morales.

La Sala los estima procedentes, pues las lesiones causadas a una persona dan lugar a la indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de la gravedad y entidad de tales lesiones, razón por la cual, en ciertas ocasiones, dichas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales se definirá en cada caso, por el juez, en proporción al daño sufrido(8).

Es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima(9).

Respecto de la intensidad del perjuicio moral ocasionado en el presente caso, en relación con las lesiones sufridas por el señor Luis Fernando Sierra Zambrano por parte del grupo armado ilegal que atacó a la comisión judicial, resulta evidente e incuestionable —de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, además, de conformidad con las mismas reglas de la experiencia— la angustia y el desasosiego padecido por el referido integrante de la comisión al afrontar de manera dramática el ataque perpetrado por los subversivos y al verse sometidos a la improvisación y a la falta de planeación del operativo por parte del grupo Gaula, circunstancias que lo dejaron junto con los demás integrantes de la comisión en un verdadero estado de indefensión; de igual forma, para la Subsección es clara la zozobra, preocupación, impotencia y los sentimientos de abandono que sufrieron al no encontrar de manera oportuna el apoyo esperado por la institución a la cual prestaban sus servicios, quedando prácticamente a merced del grupo armado al margen de la ley y ser testigos inermes de la muerte de sus compañeros y de las lesiones por ellos padecidas.

En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(10).

Con fundamento en las anteriores declaraciones, la Subsección procederá a determinar si en el presente caso, respecto de cada uno de los demandantes, se causaron los mencionados perjuicios.

En atención a lo ya expuesto y sumado a la circunstancia de que se encuentra probado que con ocasión de estos hechos el señor Luis Fernando Sierra Zambrano sufrió una lesión que le generó una incapacidad relativa y permanente y una disminución en su capacidad laboral del 53.90%, situación que necesariamente presenta también una afectación moral, para la Subsección en atención a la magnitud del daño sufrido por el demandante, se considera que una tasación justa y acorde de la reparación por el citado perjuicio será de 70 salarios mínimos legales vigentes.

Por las lesiones sufridas por el señor Sierra Zambrano también demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de hijos, compañera permanente y hermano; para acreditar su parentesco allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa (fl. 21 c. 1), en el cual consta que es hijo de los señores Luis Alberto Sierra Ramírez y Alicia Zambrano de Sierra; ii) copia del registro civil de nacimiento del demandante Carlos Alberto Sierra Zambrano (fl. 25 c. 1) en el cual consta que es hijo de los señores Luis Alberto Sierra Ramírez y Alicia Zambrano de Sierra y, por ende, hermanos de la víctima directa del daño; iii) copia de los registros civiles de Luis Alejandro Sierra Montoya y Paula Andrea Sierra Montoya en los cuales consta que su padre es el señor Luis Fernando Sierra Zambrano; iv) Testimonio de la señora Claudia Patricia Vélez Johnson, a través del cual se probó que la señora María Cecilia Montoya Vélez es la compañera permanente del señor Luis Fernando Sierra Zambrano.

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco de los actores para con la víctima directa del daño, en sus condiciones de hijos, compañera permanente y hermano, respectivamente, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por las lesiones sufridas por el señor Luis Fernando Sierra Zambrano.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que las lesiones de su padre, esposo y hermano les debieron causar un profundo dolor moral, por lo cual se le reconocerá a los hijos y esposa de la víctima, un monto equivalente a 70 SMLMV, y para el hermano del señor Luis Fernando Sierra Zambrano un monto equivalente a 35 SMLMV.

2. Perjuicios materiales - lucro cesante.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante que se habrían ocasionado a las víctimas directas del hecho dañoso, “generados por la disminución de su capacidad laboral”.

Al respecto la jurisprudencia de esta corporación ha dicho:

“3.4. En relación con el perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, el a quo reconoció a favor de la señora Adiela García Vinasco una indemnización equivalente a $671.636,50, suma que correspondió a la liquidación de los 35 días de su incapacidad médico legal, determinada por el perito del Instituto de Medicina Legal, por la asignación mensual certificada de $155.015. Sin embargo, negó la indemnización por el lucro cesante futuro, por considerar que si bien se había acreditado que tuvo un grado de invalidez del 75%, no se demostró que por ese hecho hubiera dejado de laborar o que fuera impedimento definitivo.

La parte demandante recurrió la decisión para solicitar la indemnización por el lucro cesante por el término de su vida probable, conforme a los criterios señalados por la jurisprudencia, teniendo en cuenta que la pérdida de la capacidad laboral fue fijada por el perito en un 75%.

Conforme a los criterios jurisprudenciales señalados por la Sala en relación con el lucro cesante reconocido por todo el término de su vida probable, a favor de quienes pierdan total o parcialmente su capacidad para trabajar, así se desempeñen en labores diferentes de aquéllas a las que se dedicaban antes de sufrir esa pérdida, esa indemnización se liquidará conforme a los siguientes parámetros:

— El dictamen médico laboral señaló que la pérdida de la capacidad laboral de la demandante era del 75%. De acuerdo con la jurisprudencia adoptada por la Sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la condena se debe calcular sobre el 100% de la renta para la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral “entendida esta como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual (D. 917/99, art. 2º, lit. c)”(11).

— Se acreditó que la señora Adiela García Vinasco recibió durante el año 1991 una asignación básica mensual de $152.150, más una prima de alimentación de $2.250, y una prima de población de $115, según el certificado expedido por la Rectora de la Normal Nacional de Cali (fl. 18 C-2). Ese valor, actualizado a la fecha de esta sentencia equivale a $1.808.278, según el siguiente cálculo”(12):

Así las cosas se procederá a calcular el lucro cesante a favor del señor Sierra Zambrano de conformidad con los parámetros y fórmulas utilizadas por esta corporación para estos efectos.

Indemnización debida o consolidada:

Se tomará entonces como período indemnizable aquel comprendido entre la fecha en la cual ocurrió el hecho (octubre 3 de 1997) y la de la presente sentencia, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:

 

1999-1.jpg
 

 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($886.664), actualizado a valor presente, de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia, lo cual arroja un monto de $2’327.493, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales(13) ($581.873,25), para un total de $2’909.366; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 53.90%, razón por la cual, según la jurisprudencia de la corporación, esta indemnización debe liquidarse sobre el 100% de los ingresos percibidos, esto es $2’909.366 (Ra).

Entonces:

Ra = $2’909.366

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el periodo indemnizable (198,9(14)).

 

1999-2.jpg
 

 

Total indemnización debida = $972’339.210,89

Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el demandante tenía 57 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 25,5 años(15), equivalentes a 306 meses, de los cuales se descontará el número de meses que fueron liquidados por el periodo debido o consolidado (198,9), es decir 107,1 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

 

1999-3.jpg
 

 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $2’909.366

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el periodo indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta el límite de la vida probable del señor Luis Fernando Sierra Zambrano (107,1 meses).

Reemplazando, se tiene que:

 

1999-4.jpg
 

 

Total indemnización futura = $242’379.281,46

Total perjuicios materiales: mil doscientos catorce millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos ($ 1.214’718.492)(16).

3. Perjuicios denominado “cambio de las condiciones de existencia y perjuicio fisiológico”.

Al respecto resulta necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación, en la cual se precisó:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”(17) (negrillas adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(18), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudidola jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(19).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(20) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(21) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(22).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(23).

Finalmente, la Sala cambió de nuevo la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”(24).

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el señor Luis Fernando Sierra Zambrano resultó lesionado como consecuencia del ataque que padeció la comisión judicial por parte de un grupo armado al margen de la ley en hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, lesión que le ocasionó una incapacidad laboral del 53.90%, lo cual evidencia que el actor sufrió un daño a la salud, por lo que se reconocerá por dicho perjuicio la suma equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 13 de mayo de 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1.- Declárase administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional de los perjuicios causados a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.- Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas a título de perjuicios morales las siguientes sumas:

Luis Fernando Sierra Zambrano70 SMLMV
María Cecilia Montoya Vélez70 SMLMV
Luis Alejandro Sierra Montoya70 SMLMV
Paula Andrea Sierra Montoya70 SMLMV
Carlos Alberto Sierra Zambrano35 SMLMV

 

3.- Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a favor del señor Luis Fernando Sierra Zambrano, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma mil doscientos catorce millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos ($1.214’718.492).

4.- Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a favor del señor Luis Fernando Sierra Zambrano, a título de daño a la salud, el monto equivalente a noventa 90 SMLMV.

5.- Sin condena en costas.

6.- Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7.- Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Expediente 26072.

(2) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, Expediente 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 18.676, entre otros.

(3) Sentencias del 13 de julio de 1993, Expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, Expediente 17.738, entre muchas otras.

(4) Sentencia del 8 de abril de 1998, Expediente 11837.

(5) Sentencia del 3 de febrero de 2000, Expediente 14.787.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, Expediente 9.940, M. P. Jesús María Carrillo.

(7) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Expediente 14.880.

(8) Así ha discurrido la Sala, mediante sentencias dictadas el 29 agosto de 2007, Expediente 16.052 y de septiembre 2 de 2009, Expediente 17.827, entre otras.

(9) En tal sentido, ver sentencias proferidas el 2 de septiembre de 2009, expedientes 18.011, 17.729 y 17.801, entre otras.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(11) Entre otras, puede consultarse la sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 18.273 y de 5 de diciembre de 2005, Expediente 13.339.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 enero de 2009. Expediente. 16050, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) Se encuentra que de acuerdo con la certificación allegada por la Fiscalía General de la Nación, el señor Sierra Zambrano para el momento de los hechos devengaba como ingreso mensual, la suma de $886.664, sin embargo se desconoce el monto exacto mensual adicional que corresponde a lo que recibía como prestaciones sociales, motivo por el cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, se accederá al reconocimiento de tales prestaciones —en el equivalente al 25% del salario base de liquidación—, por razones de equidad y además porque su pago constituye un imperativo de rango constitucional de carácter irrenunciable, tal como lo ha sostenido la Sala:

“Es preciso señalar, que el a quo no realizó reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales sobre el salario base de liquidación, sin embargo, ello se hará porque se trata de un asunto de ley que en nada contraviene la consulta misma, pues su pago constituye un imperativo de rango constitucional irrenunciable.

Sobre la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales la Corte Constitucional en sentencia del 6 de diciembre de 1994 [Sent. C-556/94], señaló:

‘La norma bajo examen trata de dos situaciones diferentes: Por una parte de la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales y por el otro regula lo relativo a la inembargabilidad de la pensión de invalidez. El sentido que fluye de la disposición acusada es que las prestaciones sociales son irrenunciables, lo cual está de acuerdo con el principio general de la irrenunciabilidad de los derechos laborales que son ciertos e indiscutibles. En consecuencia, cuando el trabajador ha adquirido el derecho, no puede renunciar a su beneficio. Este principio que ya estaba consagrado a nivel legal en la legislación laboral fue elevado a canon constitucional en 1991 en el artículo 53, el cual consagra entre los principios mínimos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el Estatuto del Trabajo, que debe expedir el Congreso, el de la ‘irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas generales’. La pensión de invalidez es inembargable en su totalidad; pero en cambio sí son embargables las demás prestaciones así como los sueldos en la proporción señalada por la ley.

Para la Corte, en consecuencia, la norma acusada debe leerse correctamente así: ‘Las prestaciones sociales consagradas en este decreto y en otras disposiciones aplicables son irrenunciables. Con excepción de la pensión de invalidez que es inembargable, las demás, así como los sueldos, sólo podrán serlo hasta un 50% de su valor, siempre que sean en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con las disposiciones civiles’”. (Sent. proferida el 23 de sep./2009, Exp. 23.287, M. P. Enrique Gil Botero).

(14) Número de meses transcurridos entre la ocurrencia del hecho dañoso (octubre de 1997) y la fecha de la presente sentencia (abril de 2014).

(15) Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera.

(16) Si bien al actualizar a la fecha de la presente sentencia la suma que por este perjuicio se solicitó en la demanda, arrojó como resultado un monto inferior al que finalmente se está reconociendo en esta providencia, situación que en principio podría considerarse como un incumplimiento al principio de congruencia, cierto es también que en el libelo introductorio se hizo la salvedad consistente en pedir lo allí estimado o “el mayor valor que resultara” a partir de la liquidación que se efectuare según los parámetros aplicados por el Consejo de Estado, lo cual fue lo que ocurrió en este caso, puesto que a partir de las fórmulas matemáticas y demás presupuestos que ha venido aplicando esta corporación para liquidar esta clase de perjuicios, se llegó a la suma finalmente reconocida.

(17) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842, M. P. Alier Hernández Sección Tercera.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(19) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98.

(20) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.

(21) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.

(22) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pág. 278.

(23) Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Expediente 16.407.

(24) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, Expediente 19031, M. P. Enrique Gil Botero.