Sentencia 1999-00167 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Proceso: 500012331000199900167 01

Interno: 23.783

Actor: Carlos Gutiérrez Peña y otros.

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Ref.: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: “II. Consideraciones

Con el propósito de desatar el recurso de alzada interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida dentro del presente litigio por el Tribunal Administrativo del Meta, previa relación del material probatorio arrimado al expediente, la Sala (i) precisará el fundamento normativo de su competencia para pronunciarse en el sub lite, por manera que, seguidamente, (ii) procederá a estudiar si la Nación-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuenta con legitimación en la causa para resistir las pretensiones elevadas en la demanda, hecho lo cual (iii) se examinará cuál es el título de imputación de responsabilidad al Estado que debe aplicarse en el presente asunto y así, finalmente, (iv) analizará, a la luz de tales parámetros, el caso concreto.

1. El caudal probatorio que obra en el expediente.

El Código Contencioso Administrativo, CCA, dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración —artículo 168 CCA—. De ese modo, cabe aplicar las normas del Estatuto Procesal Civil en cuya virtud se establece que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (art. 185).

Ahora bien, respecto del expediente contentivo del proceso penal con ocasión del cual fueron privados de la libertad los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruiz, debe tenerse en cuenta que la parte demandante, en el capítulo de pruebas de la demanda, solicitó oficiar al Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio para que remitiese con destino al presente encuadernamiento, copia auténtica de aquélla foliatura. La recaudación del anotado elemento demostrativo se decretó en primera instancia a través de auto del 5 de septiembre de 2000, mediante el cual se abrió a pruebas el presente proceso (fls. 112 a 115, cdno. 1); para dar cumplimiento a esta orden impartida en la providencia en mención, la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo libró el correspondiente oficio (Nº 1301, obrante a fl. 123, cdno. 1), todo lo cual fue acatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala Penal- de Villavicencio, que allegó al presente proceso copia auténtica de la respectiva actuación penal, tal como lo refleja el oficio expedido por este último Tribunal bajo el número 1988, con fecha 7 de noviembre de 2001 (fl. 197, cdno. 1).

Los documentos que hacen parte de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración en este proceso teniendo en cuenta, adicionalmente, que la recaudación del aludido medio demostrativo fue igualmente solicitada por la parte demandada en su contestación de la demanda(1), amén de que la misma entidad accionada allegó a este expediente copia del de él varias veces mencionado proceso penal; al respecto la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido, en forma reiterada, que la admisión de la prueba con el asentimiento o por la propia voluntad de una de las partes comporta una forma de ejercer válidamente su derecho de contradicción, al acceder a que la prueba sea valorada sin necesidad de repetir su práctica(2).

Los documentos que forman parte, entre otros medios de acreditación, del aludido proceso penal y que interesan para dirimir el presente litigio, son los siguientes:

a) Copia auténtica de la providencia del 4 de julio de 1997, proferida por la Fiscalía Sexta Unidad Cuarta ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, a través de la cual se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, con fundamento en la argumentación que, en lo pertinente, será transcrita enseguida:

“...Para ambos procesados se presenta un indicio grave de disponibilidad y disposición de los bienes. El hecho indicador, debidamente probado en el expediente está conformado por los documentos que señalan la existencia del empaque de ambas clases, igualmente los respectivos manuales de funciones, que señalan que los bienes estaban bajo responsabilidad de ambos funcionarios y además tenían disponibilidad física sobre ellos. Al estar bajo su custodia, como se prueba, y al haber sido develado un faltante tan alto (23.000 y 44.000 unidades de empaque), se tiene que como hechos indicadores, son exactos en lo pertinente a la disponibilidad y a la consecuencia siguiente y obligatoria en este caso, su disposición.

La regla de experiencia aplicable es que quienes custodian bienes en ejercicio de sus funciones y se presenta una sustracción tan cuantiosa de ellos, probablemente están comprometidos en el hecho de su sustracción. De manera lógica, como consecuencia o hecho indicado es que existe una alta probabilidad que los aquí implicados, responsables de esos bienes sustraídos, hayan participado de ese hecho al hacer disposición de bienes sobre los cuales tenían disponibilidad.

De haberse sustraído, contrario a lo aquí sucedido, una pequeña cantidad, sí pudiera pensarse en la válida excusa de que pudiera haber sido un asunto de mal ajuste o cruce de información entre la existencia física del producto y el control documentario sobre el mismo.

Otro indicio que aparece ostensiblemente claro es el de mala justificación, tanto en lo que hace referencia al modus operandi “denunciado por los procesados”, como de las justificantes utilizadas como defensa por ellos. Los hechos indicadores que obran como prueba son las versiones que de los hechos dan los implicados. Se ha dicho de un hurto nocturno, con complicidad de la vigilancia, violentando una puerta. Se ha agregado que es probable un delito continuado, según las deducciones tardías de Gutiérrez Peña.

En sus indagatorias hacen alusión a su desconocimiento de responsabilidad alguna y crean una continua secuencia de hechos, que como se verá más adelante no tienen sentido en cuanto a la realidad fáctica de su ocurrencia tal y como ellos lo afirman. Por el contrario dejan ver con ello de manera diáfana otra realidad totalmente diferente a la revelada por ellos.

Como se demostrará seguidamente la consecuencia vista en este proceso es imposible al ser ajustada a las versiones de los procesados por varios motivos.

El señor Gutiérrez dijo que hacía pocos días había visto todo en orden y aseveró que hacía visitas periódicas para verificar las mercancías. Leonel Lozano, dice en el transcurso de su indagatoria que estaba al tanto de lo que estaba bodegado (sic), que con anterioridad a lo encontrado en julio, en junio había hecho un conteo del cual había salido un faltante y que el día 26 de julio se da cuenta de la pérdida de empaque. Estas afirmaciones son la base para señalar que no es cierto lo que dicen en cuanto a la fecha de pérdida de los elementos. No aparece como posible una sustracción de mercancías en esa cantidad en una noche. Menos es creíble que se hubiera realizado la sustracción por la puerta que dicen fue violentada (por lo de la guía metálica). Esa sustracción tampoco aparece consumada con la anuencia de la vigilancia de la planta, pues se tiene que el personal de vigilancia no poseía llaves de las puertas de acceso a las bodegas, tampoco revisaba internamente los elementos o mercancías que ingresaban o salían por cuanto era normal para ellos que debía existir una autorización de ingreso, como de egreso de mercancías.

Lo que se observa, contrario a lo que dicen los procesados, es que los empaques salieron en circunstancias diferentes a las que ellos afirman. Traen, en especial Gutiérrez, los resultados de sus averiguaciones, dejando entrever que hay testigos sobre movimientos sospechosos y en especial habla de la doctora Rosana Albarracín González, quien en el mes de abril ve cosas sospechosas. También que un señor Albediz Gómez, le dijo que conocía sobre la forma y quiénes hurtaron la mercancía. El señor Gómez, afirma que desconoce en su totalidad cualquier información al respecto y en cuanto a la doctora Rosana, su testimonio no puede ser tenido en cuenta para dilucidar el asunto, como lo quiere hacer ver Gutiérrez Peña, pues es un relato desajustado en cuanto a que si ella vio tal cosa, anómala en todo sentido de la palabra, viene a decírselo tiempo después, cuando no se sabe quién, para qué, cómo, qué llevaba, etc. Es por ello que su testimonio no deja de ser otra de las fábulas creadas, al igual que las llamadas que hicieron al Idema sin identificar, quienes señalaron qué había pasado.

Está más que demostrada la mala justificación, en cuanto a la ocurrencia del hecho, ya que como se ha anotado, no concuerdan sus versiones con la realidad de los hechos. Es por ello que con base a la regla de experiencia que es probable que cuando los hechos investigados no concuerdan con las versiones de los probables autores, se está encubriendo la participación de ellos en esos mismos hechos. La conclusión o hecho indicado es que probablemente los señores Gutiérrez Peña y Lozano Ruíz, al tratar de tender toda esta mistificación están ocultando su participación en los hechos.

Otro indicio que se construye en el asunto es el que hace relación a la actitud de los comprometidos ante el descubrimiento de los hechos. Este indicio grave en contra de ellos está basado en elementos de prueba como la denuncia presentada por Gutiérrez Peña, el informe que le presenta Lozano Ruíz, la comunicación que hacen a la señora Mariela Torres Parada como gerente. Además de la versión rendida por Gutiérrez ante (sic) el proceso disciplinario seguido en el Idema por estos hechos.

(...).

Pareciera que el común denominador de estas actitudes fueran una abrumadora negligencia y falta de cuidado por parte de estos servidores. Pero eso no es así. Por el contrario, antes que actitudes negligentes, que llevarían a la culposidad del hecho, existen es comportamientos abiertamente intencionales y voluntarios de cometer actos indebidos para con los bienes que están bajo su responsabilidad. Pero claro. Ellos, tanto el uno como el otro procesado, están seguros que diciendo a la Justicia que la responsabilidad era del otro o que el otro era el encargado de verificar físicamente tal o cual cosa, van a conseguir desviar el análisis que se ha dispuesto y la consecuencia lógica de sus actos que antes de quitar duda sobre ellos la afianza.

(...).

La regla de la experiencia aplicable a tan especial situación no puede ser otra que quienes teniendo bajo su responsabilidad bienes del Estado que han sido sustraídos y no realicen los actos inmediatos para esclarecer los hechos, con su actitud muy probablemente están ocultando su propio hecho.

Aunque Gutiérrez haya denunciado el hecho ante el CTI, véase que lo hace expresa y deliberadamente después de la hora laboral. ¿Por qué? Pues es claro que ello, junto con la información que tardíamente presenta a la Gerencia, no es más que la oportunidad para ajustar las falacias que le sirvan a él y a su compañero de delito Lozano Ruíz, para desvirtuar cualquier acusación. Actos estos infructuosos ante la claridad de otros hechos que señalan la verdad de lo sucedido en el Idema con esos empaques.

La conclusión o hecho indicador es que muy probablemente los responsables de mercancías que dilaten premeditadamente el conocimiento de la sustracción de las mismas a las autoridades, están ocultando su participación en esos mismos hechos.

Estos son los elementos de juicio que tiene la Fiscalía en este momento para decidir sobre la participación de los procesados en los hechos que se investigan por la sustracción del empaque de polipropileno y fique de la bodega Nº 1 del Idema.

(...).

La conducta desplegada por los procesados es abiertamente transgresora de la ley, pues además de apropiarse indebidamente de los bienes, han tendido toda una barrera de mentiras para desvirtuar su compromiso con la sustracción de los elementos a los que se refiere esta investigación. Por ello no es predicable la existencia de exclusores de antijuricidad. Esta modalidad delictual está consagrada precisamente para proteger a la Administración Pública, en su patrimonio y en su desarrollo funcional, de actos como los aquí vistos, que a todas luces muestran una función pública totalmente desvirtuada y transgredida.

Los dos procesados son personas imputables, pues no existe elemento de juicio que lleve a pensar cosa diferente.

En el campo de culpabilidad, como se anotó oportunamente, es a título de dolo y como coautores que deben responder los dos implicados. A título de dolo, pues de las pruebas enunciadas y vistas en esta providencia se deduce su actuar determinado por la voluntad y la intención expresa de realizar el acto delictivo. No de otra forma puede entenderse el cúmulo de excusas y fantasiosas creaciones como las del hurto nocturno del empaque, la “violación de una puerta o la complicidad de la vigilancia” y las “huellas” de un automotor, que sospechosamente estaban impresas en el piso (de haber sido así, hubiera quedado claro y expreso desde un principio en los documentos que les sirvieron hasta ahora para quedar a salvaguarda de la acción de la Justicia). Es por demás absolutamente increíble que servidores públicos como ellos, con tanta experiencia en sus labores, manejaran tan descuidadamente sus obligaciones. Esto no era más que la excusa manifiesta que llevaría a excusarlos por lo que premeditadamente hacían con esos productos.

Son coautores pues se observa que sus funciones están directamente relacionadas con los manejos de control, revisión y responsabilidad sobre estos elementos sustraídos. Uno como almacenista y el otro como bodeguero o almacenista auxiliar; ambos tienen responsabilidad por el ejercicio de sus funciones sobre esos elementos que están bajo su cuidado...” (fls. 358 a 368, cdno. 2).

b) Copia autenticada de la providencia que profirió el 19 de septiembre de 1997 la Fiscalía Sexta Unidad Cuarta ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, por medio de la cual se decidió no acceder a la solicitud de revocatoria de la medida de detención que se decretó en contra de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, pronunciamiento según el cual

“... [L]os indicios graves que se han aducido por la Fiscalía para sustentar la medida de aseguramiento, no han sido contraindiciados de tal forma que pudiere decirse que quedan sin bases para seguir gobernando el sino de la investigación. Por el contrario, se ha mostrado que hay presunción de que hubieren sido estos señores quienes con el apoyo y colaboración de otros, hayan peculado de manera dolosa esos bienes del Idema.

Así las cosas, esta Fiscalía no acepta las peticiones de revocatoria de las medidas que pesan en este momento en contra de Gutiérrez Peña y Lozano Ruíz por ende así se dirá en la parte resolutiva de esta...” (fls. 739 a 748, cdno. 2).

— Copia autenticada de la providencia proferida el 6 de noviembre de 1997 por la Fiscalía Sexta, Unidad Cuarta ante los Jueces del Circuito, mediante la cual calificó el mérito del sumario y se dictó resolución de acusación en contra de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, decisión que se fundamentó en los siguientes argumentos:

“... Los indicios con su calidad de graves, ya que son más altas las probabilidades que unen a los hechos indicadores, mediante las reglas de experiencia ya citadas en cada uno de ellos con una conclusión por medio de inferencia lógica, hacen que se cumplan los parámetros exigidos por el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a los medios de pruebas que señalen la presunta responsabilidad de los procesados.

Estando presente la prueba necesaria, esta fiscalía cerró la presente investigación y de contera, como se ha analizado, se debe dictar resolución de acusación en contra de los aquí procesados por el punible presunto de peculado por apropiación.

Como se ha analizado, existen los medios de prueba que señalan la realización real del hecho y sus presuntos autores, quedando así típico el hecho, ya que están debidamente demostrados todos los elementos típicos del acto delictivo ya reseñado en líneas anteriores. Como se ha visto, contrario a lo afirmado por quienes participan con sus memoriales, están establecidos todos los requisitos típicos: sujetos, objeto, conducta y demás elementos del tipo. Ha de aseverarse que no queda hasta este momento duda que lleve al despacho a no endilgar, como presuntos autores materiales, a los señores Lozano Ruíz y Gutiérrez Peña. La apropiación está demostrada mediante los indicios que demuestran que sus conductas fueron dirigidas a realizar el hecho y conseguir que se perdieran los elementos que estaban a su cuidado, como se ha visto con las conductas desplegadas, que no son culposas, sino dolosas, lo que ha llevado a deducir que son ellos quienes orquestaban esos actos de sustracción de esos bienes, justificándose cada uno con toda esa serie de aseveraciones fantasiosas e irreales que han sido desenmascaradas.

El vínculo entre ellos y los productos, no eran eminentemente jurídicos como se ha querido hacer ver. Por el contrario se conoce de su manejo abiertamente ireglamentario sobre los bienes dejados por la Administración Pública bajo la responsabilidad de ambos. Se muestra entonces que realizaron sobre esos bienes actos de señor y dueño, desconociendo voluntariamente las reglamentaciones al respecto del manejo de esos bienes, comportándose frente a ellos como los dueños, sea ello uti dominis.

En campo de antijuricidad, debe decirse que no obra elemento de juicio que lleve a pensar que hubo en la realización del hecho cualquier fundamentación en causal alguna de justificación. Por el contrario, sus conductas son abierta y flagrantemente violatorias del bien jurídico tutelado, que es genéricamente la Administración Pública y en especial en el capítulo pertinente a la buena administración de los bienes públicos.

Es que sus conductas no son, ni pueden ser las de servidores públicos a quienes el Estado entrega sus bienes para que responda por ellos. Por el contrario, se sabe y conoce que actuaron fuera de toda norma legal, de todo orden lógico y aprovecharon su situación frente a esos bienes para apropiárselos de manera indebida, cuando su obligación era protegerlos y cuidar de ellos por mandato de la ley.

Son Lozano Ruíz y Gutiérrez Peña personas a las que no se estima afecte cualquier clase de circunstancia que los haga inimputables para la ley penal y por ello, deberá continuarse con el análisis propuesto.

En campo de culpabilidad hay que afirmarse que está plenamente demostrada la ocurrencia del hecho y su presunta responsabilidad a título de dolo por la pérdida para el Idema de esos bienes. Dedúzcase su presunta responsabilidad, pues todo demuestra que estaban debidamente preparados para evitar cualquier situación de esta índole, tenían experiencia; además todo indica que la razón de sus dichos es falaz, todo lo que han dicho no es más que un montaje para desviar la investigación, que actuaron ayudados de otros servidores del Idema y por personal de vigilancia. Por todo ello, se deduce que no eran ajenos a las sustracciones, que por el contrario propendían por que las cosas siguieran hasta un punto en que pudieran sacar el máximo de provecho, con el mínimo de problemas.

La voluntad y el conocimiento sobre estos hechos es evidente y por ello serán acusados por el delito ya referido en calidad de autores materiales, a título de dolo...” (fls. 417 a 425, cdno. 1).

c) Copia autenticada de la providencia proferida el 22 de diciembre de 1997, por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Villavicencio —Fiscalía Primera—, por medio de la cual se confirmó la resolución de acusación dictada en contra de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, pero con la modificación del delito de peculado por apropiación por el de peculado en la modalidad de culposo y se sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de caución prendaria, decisiones que encontraron fundamento en los siguientes razonamientos:

“... En relación con los hechos indicadores que según la fiscalía comprometen a Gutiérrez Peña y Lozano Ruíz, observa esta delegada que de las pruebas allegadas al proceso lo único que se puede deducir es que los empaques estaban bajo la responsabilidad de los dos sindicados en razón a la función que desempeñaban en la institución, estando a su cargo el registro de entradas y salidas, así como el registro en las tarjetas de control, sin que exista prueba que permita inferir que dolosamente se apropiaron de dichos elementos, en su beneficio o en beneficio de un tercero.

Similar conclusión tiene la profesional universitaria que adelantó la investigación disciplinaria, quien a pesar de manifestar que esta no ha concluido, corrobora que las bodegas en realidad carecían de las seguridades necesarias y además afirma no haber recaudado prueba que demuestre que Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, sacaron la mercancía (fl. 638).

El manejo de las mercancías que existían en bodega, según se desprende de la investigación no era sólo autonomía del almacenista Gutiérrez Peña, sino que en él también tenía injerencia la señora Gerente Mariela Torres Parada, a raíz de lo cual revelan la existencia de conflicto entre estos dos personajes, tratando cada uno de imponer su autoridad sin tener en cuenta los procedimientos señalados por la Institución, ni los conductos regulares. Un reflejo de cómo eran esas relaciones y cómo funcionaban las bodegas es el informe que hace la denunciante Torres Parada en el oficio 0916 de septiembre de 16 de 1997, donde refiere hechos ocurridos desde 1995. (fl. 1 a 25 tercer cuaderno original).

Lo único probado en autos hasta el momento es el faltante de los empaques denunciados y la relación de funcionalidad que existía entre los sindicados y los bienes, lo cual conllevaría como lo dice el procurador judicial, a ubicar su comportamiento como culposo porque en la administración y custodia de los bienes debían tener diligencia y sumo cuidado, estando obligados no solamente a no lesionar de manera directa su corporeidad, existencia y funcionalidad sino evitar que ello se haga de manera indirecta, por razón de su descuido o falta de diligencia.

Tanto la resolución que decide la situación jurídica como el mismo calificatorio son (ilegible) en relacionar todos los actos que (ilegible) e inobservaron en el desempeño de sus funciones los dos sindicados y ello permite no sólo confirmar la resolución que se abstuvo de revocar la medida de aseguramiento sino también concluir que existen los requisitos que señala el artículo 441 del Código Procedimiento Penal, para formular en su contra resolución de acusación con la modificación que el peculado que se les imputa no es a título de dolo sino de culpa.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede la sustitución de la medida de detención preventiva por la de caución que será prendaria en cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales...” (fls. 6 a 26, cdno. 4; énfasis añadido).

d) Mediante providencia del 29 de agosto de 2012 (fls. 331-332, cdno. ppal.) y con fundamento en las facultades consagradas en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, la Sala dispuso oficiar tanto al Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio (Meta) como a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, para que remitieran a este proceso, en original o en copia autenticada, la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso penal 27.047, el cual se adelantó en contra de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, por medio de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de dichas personas.

En la misma providencia se dispuso que una vez recibidos los documentos solicitados y sin necesidad de un nuevo proveído, se corriera traslado de los mismos a las partes por un término de cinco días, con el fin de que pudieran ejercer su derecho de contradicción.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, a través de comunicación fechada en noviembre 9 de 2012, remitió a este proceso copias auténticas de las providencias de primera y de segunda instancia proferidas dentro del proceso 1998-11150 seguido contra los hoy actores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz (fls. 335 a 360, cdno. ppal.).

Vencido el término del traslado surtido respecto de los documentos en mención, las partes intervinientes en este proceso guardaron silencio.

Las copias de las providencias remitidas son las siguientes:

— Copia autenticada de la providencia que dictó el 18 de febrero de 2000 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, a través de la cual condenó a los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz como autores responsables del delito de peculado culposo, a la pena principal de 20 meses de arresto, interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo y multa de 35 smlmv y a pagar solidariamente al Idema la suma de 245,3 smlmv, por concepto de perjuicios materiales. Sin embargo, se concedió a los condenados el subrogado de condena de ejecución condicional, el cual se garantizaría mediante caución prendaria de 2 smlmv. Todo lo anterior con base en los siguientes argumentos:

“... De acuerdo con el acervo probatorio surge diáfanamente de él que los procesados fueron los que permitieron que el empaque de fique y de polipropileno nuevo se perdieran o extraviaran de las bodegas. No se ejerció un riguroso control por parte de los encartados en los despachos o salidas de los elementos en mención ya que de lo contrario no se habría presentado tan elevado faltante; además, el desorden que imperaba en el manejo de los productos también fue determinante para que se originara la pérdida de los bienes.

Argumenta el señor defensor que no se da el nexo de causalidad entre el comportamiento de los procesados y la pérdida o extravío, por tanto no estaría estructurado el peculado culposo. Al respecto el despacho considera que el pensamiento de la defensa no es acorde con la prueba legalmente aportada. La evidencia es contundente en señalar que los implicados asumieron una conducta negligente frente a la custodia y manejo de los empaques y así sea descartado que nunca hubo hurto de noche, qué otra circunstancia diversa a la desidia y desorden de los encargados y responsables de los bienes almacenados pudo haber generado el faltante de autos. La verdad es que en autos no existen elementos probatorios que informen fehacientemente que otro hecho, diferente a la negligencia y descuido de los enjuiciados, sea el causante de la desaparición del producto tantas veces mencionado.

La falta del deber de cuidado fue la que dio lugar a que las 23.000 unidades de empaque de polipropileno y 44.348 unidades de empaque de fique nuevo se perdieran de las bodegas del Idema. Omisión, como ya se dijo, asumida por Carlos Gutiérrez Peña —almacenista— y Leonel Lozano Ruíz —Bodeguero—.

Se llega así a la conclusión, que los presupuestos del artículo 247 del Código Procedimiento Penal se han reunido a cabalidad por tanto se proferirá contra los prenombrados sentencia condenatoria por el delito de peculado culposo...” (énfasis añadido).

— Copia autenticada de la providencia proferida el 18 de junio de 2002 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio-Sala de Decisión Penal, en cuya virtud se absolvió de los cargos imputados al señor Leonel Lozano Ruíz y se confirmó en lo demás el fallo condenatorio impugnado, con apoyo en los planteamientos que, en lo pertinente, se transcriben a continuación:

“... Con base en las pruebas existentes en el plenario, y al examinarlas con detenimiento, se tiene que ha tenido notoria incidencia la regular (sic) administración de los diferentes funcionarios que tuvieron a su cargo la gerencia del Idema de Villavicencio, en una especie de omisión de sus deberes de cuidado y vigilancia, y más en tratándose de bienes del Estado, en la causación de hechos como los que son objeto de estudio, pues, debido al poco interés en el cuidado de las instalaciones y la planta física se dio lugar a la comisión del ilícito, hecho éste que pudiéndose prever por los aquí procesados, que tenían a cargo el manejo de las bodegas de almacenamiento, en cierta forma no tenían tampoco el poder de evitarlo por no recaer en ellos la obligación de mantener en perfectas condiciones las instalaciones de las bodegas, en tanto que sí era una función, un deber y una obligación de la administración de la entidad por disponer de los recursos y mecanismos para hacer mantenimiento y dar seguridad a los bienes bajo su custodia.

Soportan lo precedentemente expuesto, los oficios existentes en el plenario con fecha 27 de abril y 2 de junio de 1995, mediante los cuales Pablo Guevara Arango auditor interno de la entidad recomienda a Mariela Torres Parada —gerente de distribución—, el arreglo y mantenimiento de los portones de las bodegas, así como el oficio del 3 de mayo de 1995 de Sonia García Toledo profesional especializada del área técnica que hace igual recomendación, el memorando No. 061 del 14 de marzo de 1996 del ahora enjuiciado Carlos Gutiérrez Peña en el cual insiste sobre la necesidad de hacer los arreglos respectivos de los portones, recomendaciones respecto de las cuales por la gerencia del Idema se mostró poco interés, por no decir ninguno, dejando ver su negligencia y desidia por el cuidado de los bienes patrimoniales del Estado.

Por otra parte, en el informe de auditoría integral presentado por la Contraloría General de la República el 10 de septiembre de 1995, se pudieron observar (fotos obrantes a fls. 556-582) y establecer una serie de deficiencias administrativas, una “deliberada omisión de las obligaciones legales de los funcionarios..., la administración no toma medidas correctivas a las inconsistencias observadas por el auditor interno respecto al manejo de las tarjetas de almacén..." (fI. 526), “se observa incumplimiento de los principios de equidad, economía, eficiencia, eficacia, moralidad y celeridad consagrados en la Constitución nacional y la ley ... (fl. 528), “se observa falta de eficacia, eficiencia de la administración en la obligación de hacer cumplir las normas que tiene el instituto para su funcionamiento”.

Encuentra entonces la Sala, que alguna trascendencia tuvo en los hechos investigados la deficiente administración de la entidad estatal afectada, dato cuya existencia refulge no solo de lo establecido en el proceso, sino de las propias averiguaciones administrativas adelantadas por los órganos competentes que asumieron tal labor tan pronto se dieron a conocer tamañas irregularidades, unida a la poca diligencia por parte de la gerente del Idema de Villavicencio, de ese entonces, en el mejoramiento de las instalaciones y especialmente, en los portones de las bodegas propiciándose por ende hechos como los ocurridos, habida cuenta que en torno a las recomendaciones que se le hicieron en varias oportunidades se hizo caso omiso, pues no obstante que las medidas apuntaban a dar la seguridad que se requería a los bienes que allí se encontraban depositados, respecto de los cuales se imponía su custodia por constituir patrimonio público, ninguna diligencia al respecto se hizo.

Sin embargo, las precedentes consideraciones no relevan de acierto las conclusiones del fallador en lo que atañe a la responsabilidad del procesado Carlos Gutiérrez Peña, en cuanto se afirmó que su proceder fue negligente, frente al cumplimiento de sus funciones como Almacenista del Idema, puesto que este funcionario llegó a tener conocimiento oportuno de varias irregularidades que se habían presentado en la entidad y concretamente de pérdidas de empaques, salida de camiones en días y horas no laborales entre otros, al ser informado por parte de su auxiliar de almacén de una pérdida de una cantidad significativa de empaques, prevención respecto de la cual sólo le dijo “...que no formulaba denuncio por que iba a hacer un conteo minucioso, porque podía ser un error contable ... “ (fl. 154), es decir se evidencia a todas luces la vulneración del deber objetivo de cuidado y vigilancia que por razón de sus funciones, a que estaba obligado, aspecto frente al cual los doctrinantes, al definir la culpa, lo ubican como un error de conducta en el que no incurriría otra persona diligente y cuidadosa que se encontrara en las mismas circunstancias.

Quiere decir lo anterior, que no puede eximirse de responsabilidad a Carlos Gutiérrez Peña ya que lo que se evidenció en su conducta fue, lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como culpa con representación, pues no queriendo el agente realizar la conducta delictuosa, sí podía prever y por tanto evitar la ocurrencia de la misma, ya que por su función y responsabilidad era quien debía hacer todo lo necesario para poner el control necesario en el manejo de las bodegas, hecho que por lo mismo, al no existir prueba que demuestre lo contrario, exime de toda responsabilidad a Leonel Lozano auxiliar de almacén.

Luego, debe ser este último favorecido con la absolución, toda vez que si bien es cierto existen una serie de elementos de juicio que giran alrededor de un eventual compromiso suyo en la pérdida de los empaques, también lo es que no existe plena prueba que demuestre su responsabilidad, ya que como se dijo anteriormente no era él quien tenía el poder, ni la obligación de hacer las reparaciones de las instalaciones para evitar un daño como el que se materializó, como quiera que era de cargo de la administración de la entidad hacerlo, y además asumió una actitud de prevención encaminada a impedir que se diera la pérdida de empaques de propileno y fique pertenecientes a la empresa estatal, sin ser atendido, hecho indicador de ausencia de responsabilidad en la conducta culposa en que sí incurrió el otro procesado Gutiérrez Peña, quien al momento de saber por boca de su auxiliar por primera vez la falta del empaque, no lo comunicó a la gerente para que se hicieran las investigaciones y se tomaran las medidas respectivas, ni puso en conocimiento de las autoridades competentes administrativas o judiciales si era del caso, sino que esperó que se volviera a repetir el ilícito cuyo daño patrimonial fue mayor para ahora si entrar a denunciarlo como debió hacerlo desde un principio.

Surge entonces la duda acerca de la participación de Lozano Ruíz en la realización de los hechos y no la certeza que se exige en la inferencia lógica, imponiéndose así la aplicabilidad del principio constitucional y legal del in dubio pro reo, que es entendido como que toda duda debe resolverse a favor del procesado.

Así las cosas, estima este Tribunal que la apreciación que hizo el a quo de las pruebas, amparada bajo los presupuestos de la sana crítica y de un valorable raciocinio lógico, debe aceptarse parcialmente, revocando lo pertinente en cuanto se concluyó la responsabilidad penal de Leonel Lozano Ruíz en la comisión del delito, es decir, que no existe plena prueba para condenarlo, pues apreciando las pruebas en su conjunto no emerge la convicción necesaria para deducir su culpabilidad, estado éste del conocimiento que es al que debe llegar el juez para poder decidir sobre la situación concreta y no el de la probabilidad...” (fls. 351 a 360, cdno. ppal.; subrayas añadidas).

2. Competencia.

La corporación es competente para conocer del recurso de apelación impetrado por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia proferida dentro del presente encuadernamiento, toda vez que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con la interpretación que acerca del alcance de dicha norma se realizó mediante el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2008(3), de las acciones de reparación directa instauradas con ocasión de la prestación del servicio público de Administración de Justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(4).

3. Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran en contra de la Nación por sus actuaciones, pese a que la representación de sus intereses en el proceso la asumió la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En relación con este aspecto, el cual constituyó fundamento del fallo apelado y materia abordada igualmente en el recurso de alzada que la parte actora impetró contra aquél, debe precisarse que, en efecto, para la fecha de presentación de la demanda —15 de junio de 1999—, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia, estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial —artículo 99-8 de la Ley 270 de 1996—, salvo en los casos en los cuales la decisión y/o la actuación catalogadas como fuente del daño tuvieran origen en la Fiscalía General de la Nación, a la cual correspondía asumir la defensa en juicio de sus intereses de conformidad con lo preceptuado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, por manera que el reconocimiento de la referida autonomía determina que las condenas que se profieran en contra de la Nación como consecuencia de las actuaciones realizadas por la Fiscalía deban ser cumplidas o pagadas con cargo al presupuesto de esta entidad(5).

Adicionalmente, la Sección Tercera(6) ha sido consistente en reiterar que el asunto relativo a la determinación de qué entidad pública debe asumir la defensa en juicio respecto de la Nación cuando se cuestiona ante el Juez de lo Contencioso Administrativo la acción o la omisión de algún órgano de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, constituye una cuestión que no plantea problema alguno de cara a la validez de la actuación procesal adelantada debido a una eventual falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que, de un lado, no se trata de un asunto de legitimación en la causa sino de representación del centro jurídico de imputación constituido por la Nación —pues, sea cual fuere la entidad pública que asuma la defensa de los intereses de la misma dentro de la litis, será siempre la Nación, como persona jurídica, la llamada a resistir las pretensiones del demandante— y, de otro, que lo realmente relevante es que los intereses y la posición jurídica de la multicitada Nación sean efectivamente defendidos por algún organismo —verbigracia el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación e, incluso, como en su momento lo disponía el artículo 149 del Decreto 1 de 1984, el Ministerio de Justicia—, al cual se le haya concedido la posibilidad de ejercer, en debida forma, los derechos de contradicción y de defensa dentro del plenario(7).

La conclusión expuesta tampoco debe evidenciar modificación alguna como consecuencia de que, en el caso concreto —como acontece en el sub judice—, en la adopción de las decisiones o en el despliegue de las actuaciones adelantadas por distintos órganos de la Rama Judicial del Poder Público a las cuales la parte actora imputa la producción de los daños antijurídicos cuya reparación reclama, hayan intervenido algunos sujetos cuya representación en juicio, de conformidad con lo previsto por la normativa vigente, corresponda a entidades o a instituciones diversas de aquellas que asumieron efectivamente dentro del proceso la defensa de los intereses y de los derechos radicados en cabeza del único centro jurídico de imputación llamado a afrontar las pretensiones del accionante, esto es, según se ha indicado ya, la Nación.

En el presente caso, algunas de las decisiones y actuaciones de las cuales se derivó la privación de la libertad a la cual se vieron sometidos los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruiz fueron adoptadas por Fiscales y otras por Jueces de la República, mientras que la causa petendi contenida en la demanda apunta a reprochar yerros a las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en el presente asunto, no obstante lo cual las pretensiones de la parte actora se formularon en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependencia a la cual se notificó la demanda y que asumió la defensa de la Nación en el presente encuadernamiento, sin que se produjera la intervención en él de la Fiscalía General de la Nación.

Si se tiene en cuenta que la demanda con la cual se dio inicio al litigio en examen se presentó el día 15 de junio de 1999, bien podría pensarse que la notificación del libelo introductorio del proceso debió realizarse a la Fiscalía General de la Nación, no obstante lo cual, según se ha precisado ya en este pronunciamiento, dicha notificación se realizó únicamente en relación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, circunstancia que no impedirá a la Sala pronunciarse de fondo sobre la presente controversia y examinar de manera sustancial si concurren, o no, en este proceso, los presupuestos requeridos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Nación como consecuencia de los daños antijurídicos que los demandantes considera haber sufrido. Así lo ha entendido en anteriores ocasiones la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuyos planteamientos en la anotada dirección ahora se reiteran:

“El cuestionamiento surge a raíz de que, a pesar de la solicitud formulada por el demandante en el sentido de notificar el auto admisorio de la demanda al mencionado Director Ejecutivo de Administración Judicial aunque fundamentada, erradamente, según se verá, en lo preceptuado por el artículo 15 del Decreto 2652 de 1992, el a quo nada resolvió al respecto y se continuó adelante el trámite con la intervención del apoderado del Ministerio de Justicia quien, por lo demás, ya había contestado la demanda antes de que se produjese la corrección y adición de la misma y, una vez notificado, también, de dicha corrección y adición, fue quien continuó ejerciendo la defensa judicial de la Nación.

A juicio de la Sala, el anterior asunto no plantea ningún problema que afecte la validez de lo actuado por una eventual falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta dos consideraciones: la primera, consistente en que, como la propia Sala lo ha sostenido en otras ocasiones, el que ahora se aborda es un asunto no de legitimación en la causa, sino de representación del centro de imputación constituido por la Nación, pues, sea cual fuere la entidad pública que asuma la defensa de los intereses de la misma dentro de la litis, será siempre la Nación, como persona jurídica, la que deba resistir las pretensiones del demandante.

Ahora bien, el criterio para dilucidar cuál ha de ser la entidad pública que asuma la representación judicial de la Nación, es el del momento de la presentación de la demanda, pues son las normas vigentes en ese instante las que deben aplicarse a efectos de definir el punto. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el libelo introductorio en el sub lite fue presentado el 18 de agosto de 1993, la norma aplicable era el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, que atribuía la representación judicial de la Nación-Rama Judicial al entonces denominado Ministerio de Justicia y del Derecho. En consecuencia, ningún inconveniente suscita, en el presente proceso, que hubiera sido esta entidad la que hubiese asumido la defensa de los intereses de la Nación.

Y, en segundo lugar, no obstante la omisión en la que pueda haber incurrido el a quo al no pronunciarse expresamente sobre la petición formulada por el actor, al corregir y adicionar la demanda, en el sentido de notificar el auto admisorio de la misma también al Director Ejecutivo de Administración Judicial, debe advertirse que, en todo caso, los intereses y la posición jurídica de la Nación fueron defendidos por el pluricitado Ministerio de Justicia, el cual ejerció el derecho de contradicción toda vez que contestó la demanda (fls. 80-85, cdno. ppal), la corrección y adición de la misma (fls. 253-257, cdno. ppal) y presentó alegatos de conclusión (fls. 291-296, cdno. ppal)(8).

De manera que nada obsta para que la Sala pueda entrar a estudiar el fondo del asunto, con lo cual reitera lo que en otra oportunidad expresó en el mismo sentido recién expuesto:

“1. Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub júdice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo.

Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque “los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas” que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA, art. 83) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 Código Contencioso Administrativo.

Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA, art. 86).

Se trata, pues, de un problema de representación, no de legitimación en la causa.

2. Sobre la representación de la Nación en este proceso, debe decirse:

El inciso 3º del artículo 149 del Decreto 1 de 1984 dispone que “... el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la rama jurisdiccional”.

Con posterioridad a la expedición de la nueva Constitución Política, en cuyo artículo 228 consagró el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia, se expidió el Decreto 2652 de 1991, que en su artículo 15 le asignó al Director Nacional de Administración Judicial la función de “4º. Llevar la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura...”.

En punto a la aparente contradicción normativa, la Corte Constitucional sostuvo al declarar la exequibilidad del artículo 149 Código Contencioso Administrativo:

“...es preciso señalar que para la Corte no es incompatible, ni inconstitucional, la coexistencia de la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Director Nacional de Administración Judicial para los asuntos propios de la gestión administrativa y contractual de este tipo de intereses administrativos y de gestión, y aun de la judicial de los mismos fines bajo los términos que señale el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa y dentro de las competencias previstas en el Decreto 2652 de 1991, con la especial representación judicial de la Nación - Rama Judicial en cabeza del Ministro de Justicia para los efectos de las actuaciones judiciales contencioso administrativas en las que está comprometida la voluntad de aquella por actos, actuaciones o vías de hecho de los jueces y magistrados, en ejercicio de la funciones que les corresponden(9).

De manera que, de acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por actuaciones o vías de hecho de jueces y magistrados, incluidos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que, como lo prevé el artículo 116 de la Constitución Política, hace parte de la Rama Judicial del poder público.

Resulta oportuno precisar que hoy, en virtud de la expedición de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la representación de la Nación - Rama Judicial en toda clase de procesos judiciales reside en el Director Ejecutivo de Administración Judicial, conforme lo señala su artículo 99 que subrogó en este aspecto el inciso 3º del artículo 149 Código Contencioso Administrativo.

En este orden de ideas, concluye la Sala que la Nación como entidad demandada debía estar representada, como en efecto lo estuvo, por el Ministerio de Justicia, y por ello es procedente abordar el estudio de las pretensiones formuladas” (resaltado fuera del texto original)(10)"(11).

En el anterior orden de ideas, habida consideración de que en el sub lite la Nación estuvo debidamente representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se concluye que hay lugar entonces a dirimir de fondo la controversia planteada, con la anotación de que las condenas que se profieran dentro de la parte resolutiva del presente proveído, deberán ser asumidas por dicho ente investigativo, con cargo a su propio presupuesto(12).

De este modo se resuelve el primero de los problemas jurídicos que el recurso de alzada plantea, de acuerdo con lo que al respecto consideró el Tribunal Administrativo de primera instancia.

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

La demanda mediante la cual se dio inicio al presente encuadernamiento tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual habrían sido sometidos los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz, desde el 7 de julio de 1997 hasta el 23 de diciembre de la misma anualidad, con lo cual se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la corporación ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, conjunto normativo que procuró regular de manera integral los distintos extremos atinentes a la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, propósito con el cual, entre otras previsiones, consagró tres títulos de imputación de dicha responsabilidad, dos de los cuales podrían tener aplicación en el asunto sub judice, esto es el de error jurisdiccional —artículos 66 y 67 de la Ley 270 en mención— y el de privación injusta de la libertad —artículo 68 ejusdem—.

3.1. En cuanto tiene que ver con el error jurisdiccional, la Sección Tercera de esta corporación ha relatado(13) cómo antes de entrar en vigor la Constitución Política de 1991 fue reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con el error judicial, en el sentido de señalar que no era jurídicamente viable admitir la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del funcionamiento del servicio de Administración de Justicia, aduciéndose, como principales fundamentos que sustentaban dicha comprensión, la intangibilidad del principio de cosa juzgada, de un lado y, de otro, la consideración de acuerdo con la cual los posibles yerros en que incurriese la Rama Judicial constituirían un riesgo cuya materialización corresponde asumir, por igual, a todos los coasociados. Así pues, la posición jurisprudencial en comento podría condensarse en el aserto según el cual “la responsabilidad estatal por la actividad jurisdiccional ha merecido el rechazo tanto de la jurisprudencia como de la doctrina nacionales. Cuando más, se acepta una responsabilidad personal del funcionario que cometió errores inexcusables”(14).

De manera que, antes de la Constitución Política de 1991, la realidad es que la única vía para que un particular pudiese exigir la responsabilidad patrimonial derivada de los yerros en que incurriese la Administración de Justicia, era el recurso a los cauces establecidos por el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil Decretos 1400 y 2019 de agosto 6 y octubre 26 de 1970, respectivamente, para intentar deducir responsabilidad personal respecto del juez únicamente, norma cuyo tenor literal era el siguiente:

“ART. 40.—Responsabilidades del juez. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos:

1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad.

2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto.

3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva por el trámite del proceso ordinario. La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo. La sentencia condenatoria en los casos de los numerales 1º y 3º no alterará los efectos de las providencias que la determinaron.

En caso de absolución del funcionario demandado, se impondrá al demandante, además de las costas y los perjuicios, una multa de mil a diez mil pesos”.

Y en relación con las exigencias para que procediera deducir responsabilidad patrimonial al Juez por incurrir en error inexcusable, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fue sumamente meticulosa —incluso restrictiva— al perfilar los requisitos para que un yerro de tal naturaleza pudiese ser considerado existente y comprometiese la responsabilidad personal del funcionario:

“De lo anterior se sigue entonces, que de conformidad con el numeral 3 del artículo 40 citado, uno de los eventos en que la responsabilidad se configura y para el juez emerge la consiguiente obligación de reparar, se da cuando en providencia definitiva que por su contenido o por las secuelas que lleva consigo ocasiona perjuicios a un litigante, quebranta la ley por error inexcusable, expresión ésta como se sabe, tiene sus raíces en el derecho judicial español del siglo pasado y alude, en tesis general por lo menos, a omisiones graves, evidentísimas e imperdonables que pueden comprender tanto la negligencia como la falta de pericia, por notoria falta de conocimientos y convierten a los funcionarios del orden jurisdiccional en un verdadero peligro pues frente a un estado de cosas así, y para decirlo con palabras de un reputado escritor, se trata de casos de suyo demostrativos de la gravedad que encierran y (...) “que generalmente se acercan a la perversidad del individuo y lo colocan por tanto en estado peligroso...” (Demetrio Sodi. La nueva ley procesal, tomo II, México, 1946), situación naturalmente de ocurrencia excepcional que es la que en últimas viene a justificar el reconocimiento de la ley de la acción indemnizatoria en estudio. Expresada en otros términos la misma noción, no es suficiente cometer un error de hecho o de derecho, por ostensible y grave que sea, para que surja esta responsabilidad; preciso es además que lo acompañe la nota de la inexcusabilidad que, como mínimo presupone la culpa grave y ha de entendérsela al tenor de los criterios jurisprudenciales adoptados de vieja data por esta corporación.

En síntesis, en el juicio jurisdiccional fuente de responsabilidad civil para quien lo emite, la culpa implica negligencia o ignorancia ambas, según sean las circunstancias concretas que rodean cada caso, tienen que ser garrafales, habida consideración que el escueto error de concepto, doctrina o interpretación, aun cuando lo haya no origina aquella responsabilidad sino en tanto ponga en evidencia la manifiesta infracción de un precepto legal específico cuya pretermisión no pueda obedecer sino a descuido o impericia de tal entidad que, para cualquier profesional en las disciplinas jurídicas con rectitud de miras y de mediana experiencia resulten imperdonables; por fuera de ese marco y dada la importancia que la independencia de criterio reviste para el eficaz ejercicio de la función judicial, visto lo precario y falible que es el entendimiento humano y por cuanto en no pocas oportunidades la defectuosa redacción de las leyes es el factor desencadenante de desaciertos imputables a los organismos de justicia, la verdad es que el legislador no pretendió someterlos a la responsabilidad del tipo de la consagrada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(15) (resaltado fuera del texto original).

Sin embargo, ya en vigencia de la Ley 270 de 1996, la propia Sección Tercera del Consejo de Estado(16) señaló que el cuadro de situación descrito en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre éstas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales. En esa dirección, la citada Ley 270, expedida en el año de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público; en cuanto interesa a las circunstancias del sub lite, las disposiciones de la referida Ley Estatutaria 270 que resulta necesario tomar en consideración, son las siguientes:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos.

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.”

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con los alcances del título jurídico de imputación consistente en el error jurisdiccional, la Corte Constitucional se ocupó de precisarlos al llevar a cabo el control previo de constitucionalidad del proyecto que habría de convertirse en la Ley Estatutaria 270, a través de la Sentencia C-037 de 1996(17), en la cual acotó el significado del error jurisdiccional descrito por el recién referido artículo 66 del cuerpo normativo en comento:

“...debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (C.P., art. 228). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio.En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”” (resaltado fuera del texto original).

Así las cosas, en este pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del error judicial como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, al amparo de la regulación contenida en la Ley Estatutaria 270, expedida en el año de 1996, el mencionado yerro jurisdiccional quedó equiparado a la noción de “vía de hecho”, en ese entonces prohijada por el juez constitucional como criterio identificador de la procedibilidad, igualmente, de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, en relación con esta descripción que llevó a cabo la Corte Constitucional respecto de los alcances del título de imputación del error jurisdiccional, la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera unánime, efectuó las siguientes precisiones:

“En relación con el segundo de los elementos al cual se ha hecho alusión, esto es, el consistente en que la providencia sea contraria a Derecho, sin que ello suponga que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria, una perspectiva de análisis adicional del error jurisdiccional de la que también se ha valido la Sala en anterior ocasión(18) permite aportar argumentos añadidos a la consideración en el sentido de que la contrariedad entre la decisión judicial cuestionada y el ordenamiento jurídico no necesariamente debe tener la entidad de una vía hecho, para que pueda constituirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado.

El anotado punto de vista es el que tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, impone una necesaria diferenciación entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado originada en el daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta que aquellos y éstos divergen sustancialmente. Y ese deslinde se hace necesario con el propósito de no limitar, inconstitucionalmente, el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos el juicio de responsabilidad al Estado existe la propensión, tanto doctrinaria como jurisprudencial, a introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad de raigambre constitucional, con desmedro de la adecuada protección de la situación de la víctima del daño antijurídico.

La aludida Sentencia C-037 de 1996 es fiel muestra de cuanto aquí se afirma en el apartado en el que se ocupa de enjuiciar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270, al determinar las condiciones bajo las cuales procede estimar configurado un error judicial, como quiera que se ocupa de analizar en abstracto los casos de responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia, con base en elementos propios de la responsabilidad personal del agente del Estado que profiere la decisión cuestionada.

Y es que no puede perderse de vista que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado derivada del error judicial, el punto de partida es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, en la medida en que resulte imputable a la organización estatal por acción u omisión, de manera que el centro del debate se traslada del aspecto subjetivo relacionado con la conducta del juez, a la fuente originaria de la responsabilidad, vale decir, al daño antijurídico. En cambio, cuando se trata de la responsabilidad del agente judicial, como lo ha expresado prolija y claramente la Sala,

“... se limita la responsabilidad personal del funcionario al acreditamiento y configuración de eventos constitutivos de culpa grave o dolo, el ordenamiento dispensa un tratamiento de favor, desde el punto de vista del derecho material, que beneficia al funcionario, garantizando de esta manera, también su autonomía y relativa independencia.

(...).

Por el contrario, de cara a la víctima y desde la perspectiva del artículo 90, concebido con los alcances y sentido arriba expuestos, basta el acreditamiento del daño antijurídico, a la vez que la relación de causalidad, entre éste y el error contenido en la providencia, error que se configura en todos aquellos eventos en que la providencia sea contraria al ordenamiento jurídico tal cual lo establece el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, bastando para ello un cotejo objetivo entre el contenido de aquella y los preceptos normativos, sin que sean admisibles argumentos o razones que vengan edificados sobre la justificación, excusabilidad o diligencia del funcionario judicial o que impliquen la consideración del comportamiento de aquél en el proferimiento de la decisión, razones que solamente son de recibo, para excusar o exonerar la eventual responsabilidad personal del funcionario, no así, la patrimonial del Estado. 

(...).

Es esta la razón por la cual las restricciones impuestas a manera de límites culpa grave o dolo que buscan proteger la independencia y autonomía del funcionario, como se observó, no pueden oponerse a manera de excepciones y tampoco pueden servir de justificación para una sentencia desestimatoria, cuando la pretensión de responsabilidad es ejercida por la víctima del daño antijurídico en contra del Estado, como que, precisamente, la separación entre los dos regímenes de responsabilidad, impone que cada una se analice desde perspectivas diferentes, a lo que la Sala agrega que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado la exigencia de la culpa grave, el error inexcusable, la vía de hecho, la arbitrariedad, capricho, subjetividad, que fundamentan la responsabilidad personal del agente judicial, no pueden exigirse, cuando se trata de la responsabilidad directa o exclusiva del Estado, fundamentada tan solo en el daño antijurídico”(19).

No está de más apuntar que el principio de seguridad o certeza jurídica, reflejado en la noción de cosa juzgada, no se opone ni excluye la aplicación integral del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, toda vez que el propósito de éste no es otro que garantizar la adecuada indemnización y la reparación integral de la víctima, sin que para ello tenga que modificarse la providencia judicial que contiene el error, razón por la cual la fuerza de cosa juzgada que a la decisión judicial en firme caracteriza, se mantiene incólume y, por tanto, la seguridad jurídica no se sacrifica como consecuencia del reconocimiento de los daños ocasionados a los coasociados en el ejercicio de la función de administrar justicia.

Con fundamento en lo hasta ahora expuesto, estima la Sala oportuno reiterar y precisar los siguientes dos asertos:

(i) Efectivamente, debe dejarse de lado toda postura restrictiva de la obligación fijada por el artículo 90 constitucional, a cargo del Estado, en el sentido de asumir la responsabilidad patrimonial derivada de cualquier daño antijurídico que le sea imputable. Por tanto, no sólo en aquellos casos en los cuales se configure el error judicial, porque se evidencie la configuración de una vía de hecho, hay lugar a que se profiera la correspondiente condena en contra del Estado por supuesto que, en los mismos, tal consecuencia resulta imperativa. Siempre que se profiera una decisión judicial contraria a la ley(20) en los términos del artículo 66 de la Ley Estatutaria 270, independientemente de consideraciones subjetivas sobre el proceder del agente judicial que la emite vale decir, referidas a determinar si incurrió en culpa o dolo, el Estado será patrimonialmente responsable.

(ii) Sin embargo, la anterior conclusión en torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial.

(...).

Por tanto, sólo las decisiones judiciales que sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional”(21) (resaltado en el texto original; cursivas fuera de él).

Lo expuesto implica que la aplicación del título de imputación error jurisdiccional supone que en una providencia proferida dentro de un proceso judicial, se incurrió en un yerro de las características anotadas en el último párrafo de la transcripción que se acaba de efectuar, yerro el cual, sin constituir necesariamente una de las denominadas “vías de hecho”, sí dé lugar a que deba sostenerse que la decisión judicial en cuestión resulta, en los términos de lo normado por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, contraria a la ley.

3.2. Por cuanto respecta al título de imputación de privación injusta de la libertad, en reciente sentencia de unificación jurisprudencial la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó los siguientes planteamientos, que se transcriben in extenso en consideración a que resultan relevantes para dirimir el presente litigio:

“La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991(22); en efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(23).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad jurisdiccional de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del respectivo juez o magistrado, a efecto de establecer si la misma estuvo acompañada de culpa o de dolo(24). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, ordenada con el lleno de los requisitos legales, se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber jurídico de soportar(25).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia del error de la autoridad jurisdiccional en el cual habría incurrido al ordenar la medida de aseguramiento privativa de la libertad— fue reducida solamente a los casos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal se hubiere producido con apoyo en circunstancias o en argumentos diferentes de los tres supuestos expresamente mencionados en la segunda frase del multicitado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991(26), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(27), lo cual se equiparó a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no resultaba necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(28).

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(29), de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(30).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento(31)—.

2.3.1.2. El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse —al menos no exclusivamente— en preceptos infraconstitucionales que pudieren limitar los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior; tal fue el argumento que la Sala, indiscutidamente, acogió con el propósito de justificar tanto la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en eventos diversos de los contemplados expresamente en el citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —como, por ejemplo, en los casos en los cuales se produce la exoneración de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, ya citados, o en aquellos en los que la medida privativa de la libertad es diferente de la detención preventiva, verbigracia, la caución prendaria(32)— frente a supuestos ocurridos aún en vigencia de dicha disposición, como, más significativo aún, también con el fin de apartarse de interpretaciones restrictivas de la mencionada cláusula general de responsabilidad estatal, como la prohijada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 o la que pudiera derivarse de una hermenéutica restringida en relación con los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996.

A este respecto y aun cuando los hechos materia del presente litigio acaecieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996 —razón por la cual dicho cuerpo normativo no resulta aplicable al asunto sub lite—, conviene recordar que el artículo 68 ídem se ocupa de regular la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad al disponer que “[Q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios” y que la Corte Constitucional, en la mencionada Sentencia C-037 de 1996, expresó, para declarar la exequibilidad del referido precepto, que “el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.

Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que la transcrita interpretación respecto de los alcances del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales resultaría viable declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, para circunscribirlo a los supuestos en los que se acredite una falla del servicio público de administración de Justicia, pero además no una falla de cualquier índole, sino una acompañada de las características descritas por la Corte Constitucional en el apartado precedentemente traído a colación.

Por tal razón, la Sección Tercera de esta corporación entendió entonces y ahora reitera, que semejante conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como en el de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la Carta Política que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance, motivo por el cual “mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma Ley Estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991”(33), precepto superior éste que, del mismo modo en que lo hace el artículo 65 de la Ley 270 en mención(34),

“...no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de “daño antijurídico”, en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública(35).

No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto contenido en un Decreto con fuerza de ley —como el 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— y ni siquiera en una ley estatutaria, puedan contar con la virtualidad de restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional lo han señalado, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados en el citado artículo 90 constitucional, los cuales bien podrían ser precisados, mas no limitados, por un dispositivo normativo infraconstitucional(36); en otros términos y “[E]n definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene”(37), por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, constituyen fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales disposiciones legales precisan, pero de ninguna manera limitan y menos reemplazan la eficacia directa, vinculante y preferente de los contenidos que respecto de la misma materia se desprenden del aludido artículo 90 supremo.

(...).

b) En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia —equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala— a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado —previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional— con los de la responsabilidad personal de sus agentes —consagrados en el inciso segundo ídem—, de suerte que con evidentes inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos.

(...).

h) En conclusión, si seatribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente —en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo.

Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad —interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias—, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.

(...).

j) Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial como antes se anotó, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable(38) (resaltas añadidas).

3.3. Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y de privación injusta de la libertad, esta Sala considera que en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva —la restricción de la libertad física de la persona— determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar “contraria a la ley”, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquéllos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de Administración de Justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional.

Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que efectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como “aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad, adicionalmente si se tiene en cuenta que este último, como es bien sabido, se describe en el artículo 68 del mismo conjunto normativo de un modo mucho más genérico e inespecífico.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, como lo ha explicado reiteradamente la Sección Tercera del Consejo de Estado y de ello se ha dado cuenta precedentemente en este proveído, el de privación injusta de la libertad es un título de imputación al cual puede subyacer, en no pocos casos, un régimen objetivo de responsabilidad sustentado en el daño especial que sufre el sindicado preventivamente detenido que con posterioridad es absuelto, por manera que el Estado puede tener que responder en tales eventos incluso aunque la medida de aseguramiento haya sido proferida con el lleno de los requisitos legales y el proceso penal se haya instruido y decidido con total apego al marco normativo que lo regula; por el contrario, cuando una providencia judicial —como las que decretan medidas de aseguramiento— es proferida en contravía de la ley, en principio se habrá producido una falla en el ejercicio de la función de declarar el Derecho para los casos concretos —iuris dictio— y, por consiguiente, ese yerro dará lugar a que el título de imputación a aplicar sea el de error jurisdiccional, lo cual, de todos modos y bueno es precisarlo, no necesariamente supone que la providencia respectiva haya sido proferida por un servidor público que obró de manera dolosa o gravemente culposa —cosa que puede ocurrir, por ejemplo, en los eventos en los cuales el funcionario judicial es inducido a cometer el error por tener que decidir con base en el contenido de pruebas documentales espurias o en el dicho de testigos coaccionados, sin tener conocimiento de tales circunstancias al momento de proferir la providencia—.

El anotado planteamiento marcha en similar dirección de lo sostenido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el sentido de que aún en aquellos casos en los cuales concurran todos los presupuestos exigidos para proferir condena en contra del Estado con base en un título jurídico objetivo de imputación —daño especial o riesgo excepcional, por ejemplo—, si se configuran, igualmente, los elementos necesarios para deducir responsabilidad patrimonial a la entidad demandada con fundamento en la ocurrencia de una falla del servicio que se encuentre suficientemente acreditada en el plenario, el carácter admonitorio y de reproche del actuar de la administración que la invocación de este título de imputación conlleva, hace que la condena se profiera con fundamento en éste y no aplicando el régimen objetivo de responsabilidad(39). En esa línea la Sección Tercera ha expresado lo siguiente:

“...la circunstancia de que se encuentre claro para la Sala que se reitera la aplicabilidad a un caso concreto como el sub lite de un régimen objetivo de responsabilidad hace innecesario establecer si se ha presentado o no falla en el servicio, no constituye óbice para señalar que, ante supuestos como el objeto de examen en el presente proceso, en los que con toda notoriedad, adicionalmente, resulta tan abierta y groseramente vulnerador del ordenamiento jurídico el actuar de la administración, su antijurídico proceder merece un explícito reproche por parte del órgano judicial encargado constitucionalmente de fiscalizar el ajuste del quehacer administrativo al Derecho. Esa admonición no puede ser otra, cuando resulta posible como en el presente caso, que declarar la responsabilidad administrativa con fundamento en la irrefutable falla en el servicio, sin que ello suponga desconocer, de ninguna manera, que también habría podido condenarse con base en el régimen objetivo de responsabilidad, mismo que, como es consustancial a su naturaleza, opera con prescindencia de toda suerte de valoración subjetiva del comportamiento de la administración.

Por lo demás, la jurisprudencia de esta corporación, en otras ocasiones, ya ha admitido que la falla del servicio puede concurrir, en el mismo supuesto específico, con la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad. Así se ha sostenido, por vía de ejemplo, en fallo del 25 de marzo de 1999 —exp. 10905, C.P. Ricardo Hoyos Duque—, en el cual se afirma:

“En relación con el ejercicio de actividades peligrosas como el uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores, esta Sección consideró hasta el año de 1989 que el régimen aplicable era el de la falla probada. A partir de ese año mediante sentencia del 19 de diciembre adoptó el régimen de falla presunta para juzgar este tipo de eventos, por considerar que “un vehículo automotor, por su peligrosidad, al ser nexo instrumental en la causación de un perjuicio, compromete de por sí la responsabilidad del ente público a quien el vehículo pertenece, sin necesidad de que se pruebe la falla del servicio, que por demás bien puede existir”.

En consecuencia y no obstante concurrir, en el presente caso, los elementos suficientes para declarar la responsabilidad administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC con base en el régimen objetivo derivado del riesgo excepcional en que se pone a los administrados a través de la utilización, por las autoridades, de instrumentos peligrosos armas de fuego de dotación oficial, se condenará con base en la falla del servicio derivada del accionar absolutamente irregular, desprovisto de todo soporte jurídico y claramente atentatorio de los derechos y garantías constitucionales y legales, no sólo del ciudadano Humberto Calderón Osorio, lamentablemente afectado en el presente caso, sino de todos los demás particulares que fueron víctimas, el 4 de octubre de 1996, del reprochable proceder de los funcionarios del INPEC” (resaltas fuera del texto original)(40).

5. El caso concreto.

5.1. Comoquiera que la causa petendi esgrimida por la parte actora se concentra en señalar que la Fiscalía Sexta Unidad Cuarta ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio incurrió en error judicial al proferir la providencia del 4 de julio de 1997, mediante la cual ordenó la detención preventiva de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruiz —también lo habría hecho en el proveído del 6 de noviembre de 1997, mediante el cual dictó resolución de acusación en contra de los aludidos sindicados, por el presunto delito de peculado por apropiación—, al punto que dicha medida de aseguramiento habría de ser revocada el 22 de diciembre de 1997 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Villavicencio y el señor Leonel Lozano Ruiz posteriormente exonerado de toda responsabilidad penal, se ocupará la Sala de precisar cuáles son los presupuestos que debían concurrir en la providencia que dispuso la referida detención preventiva para resultar conforme a Derecho.

5.2. Las medidas de aseguramiento constituyen una modalidad de medida cautelar, esto es una especie de aquellas decisiones que a petición de parte u oficiosamente adopta la autoridad judicial en relación con bienes o con personas y cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento de las determinaciones adoptadas en el proceso, en garantizar la comparecencia en juicio de los sujetos procesales y en afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual de no procederse a su realización —la de la medida cautelar—, el propósito del proceso puede resultar afectado por la tardanza en arribar al dictado de una decisión definitiva. En este sentido, la Corte Constitucional ha expresado que

“... [L]as medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado con vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin...”(41).

En el mismo sentido, el alto tribunal en mención ha sostenido, en relación con la detención preventiva como medida de aseguramiento, que dada su naturaleza cautelar “... se endereza a asegurar a las personas acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar así los fines de la instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante sentencia, llegare a imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia y establecida la responsabilidad penal del sindicado ...”(42); la Corte Constitucional también ha concluido que la institución de la detención preventiva resulta compatible con la Constitución, en particular, porque no menoscaba el principio de presunción de inocencia, en la medida en que dicha medida cautelar tiene un carácter preventivo, no sancionatorio, razón por la cual el Juez Constitucional la ha distinguido de la pena privativa de la libertad, en los siguientes términos:

“...En cuanto se refiere a la detención, la Carta Política distingue claramente entre ella y la pena. El artículo 28 alude a la primera y exige, para que pueda llevarse a cabo, mandamiento escrito de autoridad judicial competente, impartido y ejecutado con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. A la segunda se refiere el artículo 29, que plasma la presunción de inocencia a favor de toda persona, estatuyendo, para que pueda imponerse una pena, el previo juzgamiento conforme a las leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y con la integridad de las garantías que configuran el debido proceso...

...Así, una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley...”(43).

No obstante lo anterior, la ley permite, en desarrollo de los principios de justicia y de equidad, que el tiempo de detención sea computado como parte de la pena, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 406 del varias veces mencionado Decreto-Ley 2700 de 1991; la disposiciones de este conjunto normativo que regulan el tema de las medidas de aseguramiento y que pueden resultan relevantes para la decisión del presente caso, son las siguientes:

“ART. 388.—Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el sindicado, resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

“ART. 389.—Requisitos formales. Las medidas de aseguramiento se adoptarán mediante providencia interlocutoria en que se exprese:

1. Los hechos que se investigan, su calificación jurídica y la pena correspondiente.

2. Los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la probable responsabilidad del sindicado, como autor o partícipe.

3. Las razones por las cuales no se comparten los alegatos de los sujetos procesales.

“ART. 390.—Conminación. La conminación consiste en el compromiso del sindicado de cumplir las obligaciones que le imponga el funcionario judicial al resolver su situación jurídica. Sólo procede para delitos sancionados con arresto o pena no privativa de la libertad.

“ART. 391.—Sanción por renuencia. El funcionario judicial podrá:

1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 30 días al sindicado que se negare a suscribir diligencia de conminación.

El arresto cesará cuando el sindicado suscriba la diligencia.

2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por treinta días al sindicado que injustificadamente incumpla las obligaciones impuestas en el acta de conminación.

Las sanciones de que trata este artículo, podrán imponerse sucesivamente por nuevos incumplimientos del imputado

“ART. 397.—De la detención. La detención preventiva procede en los siguientes casos:

1. Para todos los delitos de competencia de jueces regionales.

2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años.

3. En los siguientes delitos:

— Cohecho propio (art. 141);

— Cohecho impropio (art. 142);

— Enriquecimiento ilícito (art. 148);

— Prevaricato por acción (art. 149);

— Receptación (art. 177);

— Fuga de presos (art. 178);

— Favorecimiento de la fuga (art. 179);

— Fraude procesal (art. 182);

— Incendio (art. 189);

— Provocación de inundación o derrumbe (art. 191);

— Siniestro o daño de nave (art. 193);

— Pánico (art. 194);

— Falsificación de moneda nacional o extranjera (art. 207);

— Tráfico de moneda falsificada (art. 208);

— Emisiones ilegales (art. 209);

— Acaparamiento (art. 229);

— Especulación (art. 230);

— Pánico económico (art. 232);

— Ilícita explotación comercial (art. 233);

— Privación ilegal de libertad (art. 272);

— Constreñimiento para delinquir (art. 277);

— Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (art. 278);

— Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (art. 303);

— Lesiones personales con deformidad (art. 333);

— Lesiones personales con perturbación funcional (art. 334);

— Lesiones personales con perturbación síquica (art. 335);

— Lesiones personales con pérdida anatómica (art. 336);

— Hurto agravado (art. 351);

— Los contemplados en el Decreto 1730 de 1991.

4. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión.

5. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

6. Cuando el sindicado, injustificadamente no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que la imponga o del que resuelva el recurso de reposición o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere prestado.

7. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho.

“ART. 410.—Improcedencia de medida de aseguramiento. No procede medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las circunstancias excluyentes de antijuridicidad o de culpabilidad.

“ART. 411.—Sustitución de medidas. El funcionario judicial, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, deberá sustituir la medida de aseguramiento que haya proferido, por la que corresponda de conformidad con la prueba aportada.

“ART. 412.—Revocación de medida de aseguramiento. En cualquier momento de la actuación procesal, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales el funcionario revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen.

“ART. 414A.—Control de legalidad de las medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento proferidas por la Fiscalía General de la Nación o por sus agentes, una vez que se encuentren ejecutoriadas, podrán ser revisadas en su legalidad por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público. La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.

Formulada la petición ante el Fiscal, este remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el correspondiente sorteo. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y correrá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días. Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso”.

Del marco normativo citado en precedencia se desprende que el Código de Procedimiento Penal vigente para la época durante la cual ocurrieron los hechos que dieron origen al presente litigio —Decreto-Ley 2700 de 1991–las medidas de aseguramiento para imputables reconocidas en el sistema jurídico colombiano eran la caución juratoria o prendaria, la conminación y la detención preventiva o domiciliaria; adicionalmente, que en desarrollo de lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el decreto de una medida de aseguramiento se encuentra sujeto al cumplimiento de estrictas exigencias de las que deriva su legalidad y que son de dos clases, a saber: unos requisitos formales que se contraen a la obligación de adoptar la medida mediante providencia interlocutoria contentiva de la indicación de los hechos que se investigan, de la calificación jurídica de los mismos y de la relación de los elementos probatorios que sustentan el decreto de la medida y unos requisitos sustanciales relativos a la existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso. A este respecto, la Corte Constitucional ha expresado cuanto a continuación se transcribe:

“La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: “...la connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e infirmantes de la deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador...”(44).

(...).

No obstante, estima la Corte que, tal como se ha expresado en esta Providencia, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política (debido proceso y presunción de inocencia), las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de las estrictas exigencias que determinan su legalidad. Estas reglas son de dos clases, a saber: los requisitos formales, es decir, la obligación de su adopción mediante providencia interlocutoria que deberá contener: los hechos que se investigan, la calificación jurídica y los elementos probatorios que sustentan la adopción de la medida; y los requisitos sustanciales consistentes en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

El texto del nuevo Código de Procedimiento Penal, no hace referencia alguna a los requisitos formales que debe cumplir la autoridad judicial para decretar la detención preventiva, pero en aras de garantizar el debido proceso y en armonía con el artículo 28 de la Constitución, esta Corte estima que cuando la norma constitucional impone la necesidad de “... mandamiento escrito de autoridad judicial competente...”, es porque se requiere, para la adopción de la detención preventiva de un providencia interlocutoria, en la cual, para hacer efectiva la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el de contradicción del sindicado, se deben señalar al menos los hechos que se investigan, su calificación jurídica y los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida.

Por lo tanto, se condicionará la constitucionalidad del inciso 2º del artículo 356 del nuevo Código de Procedimiento Penal, bajo el entendido que, para la práctica de la detención preventiva, es necesario, el cabal cumplimiento de los requisitos formales señalados (los hechos que se investigan, su calificación jurídica y los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida), en armonía, con el requisito sustancial consiste (sic) en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”(45).

De otro lado, el artículo 414A citado evidencia que el ordenamiento procesal penal prevé la posibilidad de que se revise la legalidad de la providencia que decreta la medida de aseguramiento; ese control podía ser realizado tanto por la propia Fiscalía General de la Nación, como por parte del juez de conocimiento, los cuales habían de tomar en consideración elementos de fiscalización como los siguientes, enunciados por la Corte Constitucional:

“36. Cuando se examina la legalidad formal, el juez debe evaluar si se observó el debido proceso en lo que concierne a los presupuestos constitucionales y legales de la detención preventiva. Es decir: i) orden escrita de autoridad judicial competente, ii) adopción de la medida con base en las formalidades legales y iii) motivos previamente fundados en la ley. De acuerdo con la Carta, la detención preventiva sólo procede en los casos taxativamente señalados en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la ley. Por ende, la inobservancia del debido proceso en lo que respecta a la restricción de la libertad personal, quebranta la Carta Política y da lugar al control de legalidad de las medidas de aseguramiento.

37. Cuando se examina la legalidad material, el juez debe evaluar si se reúnen los requisitos probatorios y de necesidad y proporcionalidad para la adopción de la medida. Las hipótesis referentes a los falsos juicios de existencia, a los falsos juicios de identidad y a los errores jurídicos relativos a la aducción y valoración de la prueba, no son taxativos. En consecuencia, bien puede el juez realizar el control de legalidad, cuando se encuentre frente a errores ostensibles de otra naturaleza. No puede sacrificarse la justicia material, ante la evidencia de errores protuberantes en la restricción de un derecho fundamental como la libertad(46).

5.3. Como permite advertirlo el material probatorio recaudado en el plenario, los señores Leonel Lozano Ruíz y Carlos Gutiérrez Peña fueron privados de su derecho fundamental a la libertad desde el día 7 de julio de 1997 y hasta el día 23 de diciembre de la misma anualidad, por habérseles considerado coautores del delito de peculado por apropiación en la providencia dictada el 4 de julio de 1997 por la Fiscalía Sexta, Unidad Cuarta, ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, mediante la cual se decretó la medida de aseguramiento de detención preventiva; sin embargo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio modificó la calificación inicial, señaló que la acusación procedía por el delito de peculado culposo y sustituyó la medida de aseguramiento que pesaba sobre los sindicados por la de caución prendaria, por considerar que los encartados tenían asignadas funciones relativas al registro y control de las mercancías que se extraviaron, pero “sin que exista prueba que permita inferir que dolosamente se apropiaron de dichos elementos, en su beneficio o en beneficio de un tercero”, similar conclusión a la cual arribó la funcionaria que instruyó el correspondiente proceso disciplinario, quien “afirma no haber recaudado prueba que demuestre que Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruiz sacaron la mercancía”.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio —Sala de Decisión Penal- absolvió de los cargos formulados en su contra al señor Lozano Ruíz, porque no encontró en el expediente pruebas acerca de su efectiva participación en la consumación del ilícito de peculado culposo —aunque formalmente invocó la aplicación del principio in dubio pro reo como fundamento de su decisión– y condenó por la comisión del mismo al señor Carlos Gutiérrez Peña por entender que desatendió los deberes de cuidado que le imponían las funciones que le habían sido encomendadas y que incurrió en omisiones acompañadas de la particularidad de haberse realizado con culpa con representación.

En el anterior orden de ideas, resulta claro, en criterio de la Sala, que la providencia mediante la cual se dictó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Gutiérrez Peña y Lozano Ruiz fue proferida sin observancia de los que la jurisprudencia constitucional antes referida denominó requisitos materiales o sustanciales determinantes de su legalidad, comoquiera que no obraban en el expediente del proceso penal elementos demostrativos de la ocurrencia de hechos tipificables en el ilícito de peculado por apropiación, como la propia Fiscalía lo señaló expresamente al modificar la adecuación típica de la conducta de los dos mencionados señores y revocar la medida de detención preventiva originalmente impuesta, para sustituirla por la de caución prendaria, por manera que la detención preventiva fue ordenada —según la misma Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio lo expresó, se insiste— sin la existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado, con base en las pruebas legalmente recaudadas en el proceso penal.

Lo anterior supone que la medida de aseguramiento fue proferida sin incorporar el requisito exigido por el numeral segundo del artículo 389 del Decreto-Ley 2700 de 1991, esto es sin “[L]os elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la probable responsabilidad del sindicado, como autor o partícipe”, de suerte que al desconocer el mandato contenido en el aludido precepto legal y, de contera, los preceptos constitucionales que, como el artículo 29 superior, condicionan y limitan la atribución de las autoridades judiciales penales para proferir medidas de aseguramiento, la aludida providencia dictada el 4 de julio de 1997 por la Fiscalía Sexta, Unidad Cuarta, ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, mediante la cual se decretó la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz encuadra en la descripción que realiza el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 del título de imputación error jurisdiccional, comoquiera que fue proferida “en el curso de un proceso" y resulta “contraria a la ley”.

Como consecuencia del yerro en el cual se incurrió en el anotado pronunciamiento que condujo a que se calificara como peculado por apropiación una conducta que debió adecuarse en el tipo del peculado culposo, los entonces sindicados Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruiz se vieron sometidos a una medida de aseguramiento —la de detención preventiva– a la cual no debieron hallarse sujetos, si se tienen en cuenta las siguientes previsiones del Código Penal entonces vigente —Decreto-Ley 100 de 1980, el cual rigió hasta el 24 de julio de 2001–:

“ART. 133.—Peculado por apropiación. El empleado público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes particulares, cuya administración, o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, incurrirá en prisión de dos a diez años, multa de un mil a un millón de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de uno a cinco años.

Cuando el valor de lo apropiado pase de quinientos mil pesos la pena será de cuatro a quince años de prisión, multa de veinte mil a quinientos mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de dos a diez años.

“ART. 137.—Peculado culposo. El empleado oficial que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, en multa de un mil a veinte mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) meses a dos (2) años” (resaltas añadidas).

Las penas previstas para las dos modalidades delictivas a las que se acaba de hacer alusión permiten establecer sin ambages que mientras que respecto de los sindicados por el delito de peculado por apropiación resultaba procedente decretar la detención preventiva, esta medida de aseguramiento no aparecía jurídicamente viable en relación con el punible de peculado culposo, sancionado con pena de arresto con un mínimo a inferior a dos años, si se tiene en cuenta la regla prevista en el numeral segundo del artículo 397 del Decreto-Ley 2700 de 1991, de conformidad con la cual la detención preventiva procedía “cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años”.

Por consiguiente, en criterio de la Sala la sentencia apelada debe ser revocada y la Fiscalía General de la Nación deberá ser declarada administrativamente responsable por los daños causados a los demandantes como consecuencia del error judicial contenido en la providencia del 4 de julio de 1997 mediante la cual se ordenó la detención preventiva de los señores Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruiz, a quienes se les calificó equivocadamente como presuntos coautores del delito de peculado por apropiación sin fundamento probatorio que sustentara dicha incriminación, de suerte que los integrantes del grupo demandante no están en el deber jurídico de soportar los daños que la materialización de la aludida decisión judicial —esto es la privación de la libertad que se les impuso— les irrogó.

Ello resulta palmariamente claro, además, en el caso del señor Leonel Lozano Ruiz, quien fue a la postre exonerado de toda responsabilidad penal, incluso respecto del delito de peculado culposo; pero aún en el caso del señor Carlos Gutiérrez Peña debe arribarse a idéntica conclusión, habida cuenta de que si bien es verdad que el mencionado señor sí fue condenado como autor de este delito, no puede perderse de vista, de un lado, que el mismo no da lugar a que mientras se instruye el correspondiente proceso penal para investigarlo, se imponga al sindicado la medida de aseguramiento de detención preventiva y, de otro, que en la sentencia condenatoria le fue concedido al señor Gutiérrez Peña el subrogado de la condena de ejecución condicional, por cuya virtud, en principio, no tendría por qué verse privado físicamente de la libertad como consecuencia de su reclusión en un establecimiento penitenciario, a no ser que incumpliera alguna de las obligaciones que se le hubieren impuesto para poder disfrutar del mencionado beneficio, de lo cual no existe prueba alguna en el expediente.

La circunstancia expuesta lleva asimismo a la conclusión de acuerdo con la cual debe descartarse la operatividad, en el asunto sub examine, del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad en favor de la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia del proceder negligente y culposo desplegado por el señor Gutiérrez Peña, al punto que el mismo lo llevó a ser condenado por el delito de peculado culposo. Ello por cuanto la conducta de Carlos Gutiérrez Peña no sólo lo expuso sino que lo ubicó en el deber de soportar los daños derivados de la declaratoria de responsabilidad penal en su contra; pero dicho modo de actuar del mencionado señor en manera alguna puede considerarse que tiene la virtualidad de llevarlo a soportar inerme los daños originados en una providencia judicial proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico, mediante la cual le fue impuesta una medida de aseguramiento que no resultaba jurídicamente procedente en el contexto fáctico del caso concreto.

Lo expuesto es lo que cabe colegir, por lo demás, de la caracterización que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha realizado del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad(47):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“..Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño...”(48).

De igual forma, se ha dicho:

“...para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración...”(49)(50) (énfasis fuera del texto original).

Así pues, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario precisar si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y e la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, cosa que, por las razones anotadas, no ocurre en el presente asunto, pues aunque no ofrece discusión alguna que el señor Carlos Gutiérrez Peña no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de sus funciones como almacenista y, por el contrario, actuando con negligencia en el manejo los bienes y haberes a su cargo, dio lugar a la pérdida de los empaques de polipropileno y de fique, lo cual llevó a que se le condenara por el delito de peculado culposo, dicho proceder de la víctima no tiene la virtualidad de ubicarla en el deber jurídico de soportar los daños derivados de una providencia judicial que le impuso una medida de aseguramiento con violación de la ley y previsto únicamente para un tipo penal distinto que nunca cometió, el de peculado por apropiación.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

6.1.1. En relación con los familiares del señor Leonel Lozano Ruíz, se tiene que concurrieron al proceso los demandantes Teresa Correa Ángel (esposa), Andrea del Pilar Lozano Correa (hija), Manuel Alejandro Lozano Correa (hijo), Enrique Lozano Correa (hijo), Laura Ruíz de Lozano (madre), Osiris Lozano Ruíz (hermana) y Eudomaro Lozano Ruíz (hermano), quienes acreditaron su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa del error judicial que afectó directamente a su esposo, padre, hijo y hermano, respectivamente, como consecuencia de la materialización de la providencia incursa en error jurisdiccional mediante la cual le fue impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En efecto, al proceso se aportaron, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento de los actores Leonel Lozano Ruíz (actor), Andrea del Pilar Lozano Correa (hija), Manuel Alejandro Lozano Correa (hijo), Enrique Lozano Correa (hijo), Osiris Lozano Ruíz (hermana) y Eudomaro Lozano Ruíz (hermano), en cuyo contenido consta tal parentesco (fls. 44 a 49, cdno. 1).

Se allegó igualmente al proceso, en copia auténtica, el registro civil del matrimonio contraído entre los demandantes Leonel Lozano Ruíz (víctima directa del daño) y Teresa Correa Ángel (fl. 43, cdno. 1).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(51); asimismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, de conformidad con las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(52), pues resulta claro, según tales reglas, que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos, en este caso, víctimas directas del daño(53).

En consecuencia, se les reconocerá al señor Leonel Lozano Ruíz un monto equivalente a 50 smlmv; para cada uno de sus hijos, su esposa y su señora madre la suma equivalente a 50 smlmv, y para cada uno de sus hermanos, el equivalente a 25 smlmv, a título de perjuicios morales.

La anterior fijación del quantum al cual deben ascender estos perjuicios en el asunto sub judice se corresponde con los parámetros que ha sugerido la jurisprudencia de la Sala, según la cual el juez, a este propósito, debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(54).

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad —los cuales se aplican al presente caso en consideración a que el efecto derivado de la providencia incursa en error jurisdiccional fue la privación de la libertad de los entonces sindicados, ahora demandantes—, ha estimado necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad —artículos 13 y 209 C.P.—, propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Y es que según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación en relación con el extremo que ahora se examina(55), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 smlmv; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses —como aconteció en el caso que dio origen al litigio sub examine—, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 smlmv; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

6.1.2. Con fundamento en idénticos criterios de decisión a los referidos en el apartado inmediatamente anterior del presente proveído, pero ahora en relación con el grupo familiar del señor Carlos Gutiérrez Peña, se tiene que concurrieron al proceso los demandantes Isabel Cristina Gómez Collazos (esposa), Sebastián Gutiérrez Gómez y María Paula Gutiérrez Gómez (hijos), Sunilda Peña de Gutiérrez (madre), Reynaldo Álvarez Gutiérrez Álvarez (padre); Lucy Gutiérrez Peña, Nurth Gutiérrez Peña, Emilce Gutiérrez Peña y Reynaldo Gutiérrez Peña (hermanos), quienes acreditaron su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, cuentan con legitimación en la causa por activa y resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa del error judicial que afectó directamente a su esposo, padre, hijo y hermano, respectivamente, como consecuencia de la materialización de la providencia incursa en error jurisdiccional mediante la cual le fue impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En efecto, al proceso se aportaron, en copia auténtica, los registros civiles de nacimiento de los demandantes Carlos Gutiérrez Peña (víctima directa), Sebastián Gutiérrez Gómez y María Paula Gutiérrez Gómez (hijos), Sunilda Peña de Gutiérrez (madre), Reynaldo Gutiérrez Álvarez (padre); Lucy Gutiérrez Peña, Nurth Gutiérrez Peña, Emilce Gutiérrez Peña y Reynaldo Gutiérrez Peña (hermanos); se allegó igualmente al proceso, en copia auténtica, el registro civil del matrimonio contraído entre los demandantes Carlos Gutiérrez Peña e Isabel Cristina Gómez Collazos (fls. 34 a 42, cdno. 1).

Por consiguiente, se reconocerá por concepto de perjuicios morales al señor Carlos Gutiérrez Peña, a su esposa Isabel Cristina Gómez Collazos, a sus padres Sunilda Peña de Gutiérrez (madre) y Reynaldo Gutiérrez Álvarez (padre) y a sus hijos Sebastián Gutiérrez Gómez y María Paula Gutiérrez Gómez, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes —smlmv— para cada uno de ellos; y por el mismo concepto, el equivalente a 25 smlmv para cada uno de los hermanos del señor Carlos Gutiérrez Peña, esto es para Lucy Gutiérrez Peña, Nurth Gutiérrez Peña, Emilce Gutiérrez Peña y Reynaldo Gutiérrez Peña.

6.2. Perjuicios materiales.

Este rubro se solicitó de la siguiente manera: “... La indemnización correspondiente a los perjuicios materiales, incluirá tanto el daño emergente como el lucro cesante pasado y futuro, actualizado mediante el procedimiento establecido por el H. Consejo de Estado, tomando en consideración lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo”.

Por consiguiente, la Sala procederá a realizar la correspondiente indemnización de la siguiente forma:

6.2.1. Daño emergente: La subsección estima procedente la indemnización de este rubro, por cuanto si bien es cierto que no obra en el expediente una prueba documental que determine el valor que cada uno de los antes sindicados y ahora demandantes debió pagar a su apoderado por la asistencia profesional en el proceso penal, no es menos cierto que el aludido abogado, que es el mismo que presentó la demanda contencioso administrativa que dio lugar al presente proceso, manifestó en el libelo introductorio del litigio que por sus servicios en el referido proceso penal se le pagó la suma de 4’000.000 por parte del señor Leonel Lozano Ruiz y de 5’000.000 por parte del señor Carlos Gutiérrez Peña(56), monto que fue confirmado por los testimonios recaudados en este proceso(57).

Al respecto conviene precisar que en casos como el que aquí se examina, la Sala(58) ha accedido al reconocimiento de esta clase de daño emergente, pero ante la falta de elementos de prueba para cuantificarlo, se ha condenado en abstracto; ello, bueno es precisarlo, cuando el apoderado judicial de la parte actora en el proceso contencioso administrativo resulta diferente al abogado que representó a la víctima directa del daño en el proceso penal; sin embargo, en este caso ocurre que ambas representaciones las llevó el mismo mandatario judicial.

Así las cosas, con fundamento en el principio de economía procesal, la manifestación del apoderado de la parte actora con la presentación personal que él hizo de la demanda y los testimonios practicados en esa misma línea, permiten tener por acreditado el monto del perjuicio y, por lo tanto, la Sala considera que la condena de este perjuicio se debe realizar en concreto con el fin de evitar un desgaste innecesario de la Administración de Justicia ante un trámite incidental para liquidar el monto de la condena —en el evento en el cual esta fuere en abstracto—, para cuyo efecto las sumas anteriormente mencionadas se tendrán como ciertas y se actualizarán de la siguiente manera:

Daño emergente a indemnizar al señor Leonel Lozano Ruiz:

 

1999-00167 A
 

 

En consecuencia, se reconocerá a título de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Leonel Lozano Ruíz, la suma de $8’362.590.

— Daño emergente a indemnizar al señor Carlos Gutiérrez Peña:

 

1999-00167 B
 

 

En consecuencia, se reconocerá a título de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Carlos Gutiérrez Peña, la suma de $10’453.237.

6.2.2. Lucro cesante:

Leonel Lozano Ruíz.

La Sala reconocerá la indemnización por lucro cesante a favor del señor Lozano Ruíz, teniendo en cuenta que en el proceso se allegó certificación expedida por la coordinadora del grupo administrativo del recurso humano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de quien cual informó que el último salario devengado por el aquí demandante era de $ 544.797 (fl. 216, cdno. 1), máxime cuando fue con ocasión de su actividad laboral que al actor se le vinculó al proceso penal como funcionario del Idema, todo lo cual impone concluir que para el momento de su detención, el actor sí ejercía una actividad económica.

Por consiguiente, dado que se demostró en el proceso que el señor Lozano Ruíz percibía ingresos fruto de su actividad laboral por la suma de $544.797, se liquidará la indemnización con base en éste salario, siempre y cuando éste no resulte inferior al salario mínimo de este año, una vez sea actualizado a valor presente.

Se puntualiza, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado comprendido entre el 7 de julio de 1997 y el día 23 de diciembre de 1997, más los 8.75 meses que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral.

Acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad —aplicable al presente asunto comoquiera que esa fue la consecuencia del error judicial contenido en la providencia que dispuso la detención preventiva de los señores Gutiérrez Peña y Lozano Ruiz—, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(59).”(60).

Por lo tanto, si bien el actor Lozano Ruíz estuvo privado de la libertad hasta el día 23 de diciembre de 1997, lo cierto es que según los parámetros jurisprudenciales a este período es necesario sumarle el tiempo durante el cual, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a la recuperación de su libertad.

 

1999-00167 C
 

 

Toda vez que el valor actualizado es superior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta suma ($1’485.508).

 

1999-00167 D
(61)

 

Indemnización por lucro cesante a favor del señor Leonel Lozano Ruíz = $19'918.784

— Carlos Gutiérrez Peña:

El monto de la indemnización por concepto de lucro cesante en favor del señor Carlos Gutiérrez Peña se calculará atendiendo a los mismos parámetros con base en los cuales se cuantificó la correspondiente al señor Leonel Lozano Ruiz, pero habida cuenta de que en el proceso no obra prueba que permita establecer cuáles eran los ingresos percibidos por el señor Gutiérrez Peña como fruto de su actividad laboral para el momento en el cual se produjo la detención preventiva —almacenista del Idema, según se afirmó en la demanda y en diversos apartes del proceso penal(62)—, se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente sentencia, esto es la suma de $688.000 mensuales.

Indemnización por lucro cesante a favor del señor Carlos Gutiérrez Peña = $9’225.210.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 9 de julio del 2002 y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General, por los daños antijurídicos que el error judicial en el cual incurrió, según lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, causó a los señores Carlos Gutiérrez Peña, Leonel Lozano Ruiz y a los demás integrantes de la parte actora.

2. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar al demandante Leonel Lozano Ruíz, un monto equivalente a 50 smlmv, a título de perjuicios morales.

3. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar a los demandantes Teresa Correa Ángel (esposa), Andrea del Pilar Lozano Correa (hija), Manuel Alejandro Lozano Correa (hijo), Enrique Lozano Correa (hijo) y Laura Ruíz de Lozano (madre), un monto equivalente a 50 smlmv, para cada uno, a título de perjuicios morales.

4. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General a pagar a los demandantes Osiris Lozano Ruíz y Eudomaro Lozano Ruíz (hermanos), un monto equivalente a 25 smlmv, para cada uno, a título de perjuicios morales.

5. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar al demandante Leonel Lozano Ruíz, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $10’453.237.

6. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General a pagar al señor Leonel Lozano Ruíz, la suma de $19'918.784 por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

7. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar al demandante Carlos Gutiérrez Peña, un monto equivalente a 50 smlmv, a título de perjuicios morales.

8. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar a los demandantes Isabel Cristina Gómez Collazos (esposa), Sunilda Peña de Gutiérrez (madre), Reynaldo Gutiérrez Álvarez (padre), Sebastián Gutiérrez Gómez (hijo) y María Paula Gutiérrez Gómez (hija), el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, para cada uno de ellos.

9. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General a pagar a los demandantes Lucy Gutiérrez Peña, Nurth Gutiérrez Peña, Emilce Gutiérrez Peña y Reynaldo Gutiérrez Peña (hermanos) un monto equivalente a 25 smlmv, para cada uno, a título de perjuicios morales.

10. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar al demandante Carlos Gutiérrez Peña, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ $10’453.237.

11. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General a pagar al señor Carlos Gutiérrez Peña, la suma de $9’225.210 por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

12.Sin condena en costas.

13. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

14. EXPÍDANSE con destino a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En dicho escrito se expresó lo siguiente:

“Pruebas:

1. Oficiar al Juzgado 1º. Penal del Circuito de Villavicencio, para que remita copia o fotocopia del proceso penal seguido contra Carlos Gutiérrez Peña y Leonel Lozano Ruíz por el delito de Peculado Culposo” (fl. 101, cdno. 1).

(2) En este sentido se pronunció la Sección Tercera, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente: 13.247; sentencia de 22 de abril de 2004, expediente: 15.088; sentencia de diciembre 4 de 2006, expediente: 15.723 y sentencia de septiembre 2 de 2009, expediente 17.729.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009.

(4) Vale la pena reseñar, aunque se trate de un conjunto normativo cuya entrada en vigor se produjo con posterioridad al acaecimiento de los hechos en los cuales el presente proceso encuentra su origen —y que, por tanto, no resulta aplicable al asunto aquí en estudio de conformidad con lo preceptuado por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887—, que atendiendo a lo preceptuado en esta materia por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala consideró, en proveído del 29 de mayo de 2013— Radicación 760012331000201200364 01; Número interno: 46.490—, que "...aun cuando el hoy derogado artículo 73 de la Ley 270 de 1996 fue sometido a la aprobación del Congreso de la República en virtud del trámite correspondiente a las leyes estatutarias, su materia correspondía a una norma ordinaria al tratarse de una disposición que se circunscribía a determinar cuál era el juez competente para conocer de las acciones o medios de control judicial de reparación directa derivado de la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos de la Administración de Justicia y, en consecuencia, tal y como lo determinó la Corte Constitucional, el artículo 309 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a pesar de ser una ley ordinaria perfectamente podía suprimir la aludida norma de competencia, por lo que, a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, la competencia de los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los asuntos de i) error jurisdiccional, ii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) privación injusta de la libertad, deberá determinarse por lo establecido en el artículo 157 del propio Código..”..

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 5 de junio de 2001, expediente C-736, actor: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, C.P. Ligia López Díaz; el anterior planteamiento fue reiterado por la Sección Tercera de la Corporación, en sentencia de 11 de febrero de 2009; Expediente 15.769 y, más recientemente por la Subsección A de la Sección Tercera, en sentencia de abril 27 de 2011; Expediente: 20.749; C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Radicación 73001-23-31-000-10540-02; Expediente 15.576; Actor: Ignacio Murillo Murillo; Demandado: Nación-Ministerio de Justicia.

(7) En el anotado sentido, véase también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001; C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación- Ministerio de Justicia.

(8) Nota original de la sentencia citada: En el mismo sentido, vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación- Ministerio de Justicia.

(9) Nota original de la sentencia citada: Sentencia C-388 de septiembre 1º de 1994. Ponente Fabio Morón Díaz.

(10) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre cuatro (4) de mil novecientos noventa y siete (1997); C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación 10285; Actor: Efraín Campo Trujillo; Demandado: Nación-Ministerio de Justicia.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación 73001-23-31-000-10540-02; Expediente: 15.576; Actor: Ignacio Murillo Murillo.

(12) En la misma dirección puede consultarse, por vía de ejemplo, la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de octubre de 2011; Expediente: 18.001, entre muchas otras.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007; Radicación 73001-23-31-000-10540-02; Expediente 15.576.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1985, C.P. Eduardo Suescún Monroy; expediente: 3340.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de marzo de 1993, Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Expediente: 3400; Actor: Maribel Genes Mendoza.

(16) Véase al respecto la citada sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación 73001-23-31-000-10540-02; Expediente 15.576.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Expediente P.E.-008.

(18) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(19) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(20) Nota original de la sentencia citada: La alusión que aquí se efectúa a la “ley” debe entenderse en un sentido amplio, es decir, comprensivo de todo el ordenamiento jurídico, como no de otro modo puede entenderse en un “Estado de deHydrangea includes ornamental plants, commonly known as hydrangeas, native to southern and eastern Asia2 (namely China, Japan, Korea

You can force the pink color of the flowers, using fertilizers rich in nitrogen and phosphorus and low in potassium, calcium nitrate, whereas if you want blue flowers, fertilizer should be high in potassium and low in nitrogen and phosphorus. Blue flowering may also require the input of acidifying fertilizers such as ammonium sulfate, ammonium nitrate, potassium sulfate, etc. One can also add alum if the above measures are insuficientes.4 the careful addition of sodium carbonate to the ground can produce a multicolored flowering.recho”, que no es meramente un “Estado legal”, recurriendo a la terminología empleada por Jaime Orlando Santofimio. Para este autor, precisamente, “[L]a legalidad entendida como elemento del Estado de derecho no se circunscribe a los estrechos marcos del positivismo legal. En otras palabras, no podemos asimilarla exclusivamente al acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido (...) la legalidad implica una aproximación al concepto sustancial de derecho, lo que recoge irremediablemente la totalidad de normas, principios y valores que inspiran el sistema jurídico. Para ser más exactos, el principio de legalidad así entendido resulta asimilable al principio del respeto y acatamiento al bloque de la legalidad que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado sistema jurídico”. Cfr. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Introducción, Tomo I, segunda reimpresión de la tercera edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pág. 363-365.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación 73001-23-31-000-10540-02; Expediente 15.576.

(22) Nota original de la sentencia citada: El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(23) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(24) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.

(25) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

(26) Nota original de la sentencia citada: Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, a pesar de que el respectivo delito exigiere querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(27) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

(28) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

(29) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de 4 de abril de 2002, expediente 13.606.

(30) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

(31) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(32) Nota original de la sentencia citada: En este sentido, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“La garantía a los derechos de libertad consignada en el artículo 90 C.P. en consonancia con otros mandatos fundamentales no puede verse reducida a la detención injusta, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal no fueran objeto de indemnización en abierto desconocimiento de dicha preceptiva constitucional.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal a pesar de estar dirigida concretamente a normativizar los casos de detención injusta, sirve también como parámetro para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del trámite del juicio penal, y que igualmente pueden desencadenar la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, derivada de que no cometió el hecho, o de que el hecho no era delito, o de que el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional arriba analizado”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2008; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación 73001-23-31-000-1997-05503-01(16075); Actor: Álvaro Delgado Cruz; Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Fiscalía General de la Nación.

(33) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial.

(34) Nota original de la sentencia citada: De acuerdo con el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”.

(35) Nota original de la sentencia citada: Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463, antes citada. En el mencionado pronunciamiento se pone de presente, además, cómo también la propia Corte Constitucional, de manera que no deja de resultar algo paradójica —pues lo afirma en la misma Sentencia C-037 de 1996 aludida—, subraya que los alcances del artículo 90 de la Constitución Política no pueden ser restringidos por una disposición legal:

“Este es, por lo demás, el entendimiento de la propia Corte Constitucional que, al valorar si el proyecto del referido artículo 65 de la Ley 270 de 1996 se avenía o no al Ordenamiento Fundamental, sostuvo que “el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado a través de sus agentes judiciales por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia”, añadiendo, a continuación, que

“...el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado sin importar sus características ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política” (destaca la Sala)”.

(36) Nota original de la sentencia citada: La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo demás, así lo explicitó, de manera rotunda, en pronunciamiento posterior a la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 —Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero—, en el cual dejó claro que, frente a las previsiones legales que regulen la responsabilidad del Estado, siempre puede y debe ser aplicado, directamente cuando sea necesario, el artículo 90 de la Constitución, como pilar fundamental del régimen colombiano de responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas. Las disposiciones contenidas en normas infraconstitucionales que regulen la materia no excluyen, por tanto, la posibilidad que es, al mismo tiempo, obligación de que el juez de lo Contencioso Administrativo aplique todos los regímenes de responsabilidad que encuentren arraigo directo en el artículo 90 constitucional, en todos los casos, asimismo, encuadrables directamente en el tantas veces referido mandato superior:

“En tales circunstancias, y conforme a todo lo anterior, se concluye que frente a la norma impugnada [que lo era el artículo 50 de la ley 80 de 1993, de conformidad con el cual "Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas”] son totalmente pertinentes las reflexiones efectuadas por la Corte al declarar la exequibilidad del artículo 65 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

(...).

Por todo lo anterior, la Corte considera que la expresión acusada no vulnera en sí misma la Constitución, siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. En cambio, la disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contractual, por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que, como se ha visto, consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes en la materia. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible, pero de manera condicionada, pues precisará que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual, por lo cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo” (se deja destacado).

(37) Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463, antes citada. En el mismo sentido, puede verse la sentencia, también de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 5 de diciembre de 2007; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación 25000-23-26-000-1995-00767-01(15128); Actor: Carlos Eugenio Ortega Villalba.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 17 de octubre de 2013; Radicación 52001233100019967459– 01 (23.354); Demandante: Luis Carlos Orozco Osorio.

(39) Aunque en estricto rigor conceptual, en la medida en que la aplicación de un título objetivo de imputación presupone el despliegue de una actividad lícita por parte de la autoridad pública, resultaría conceptualmente inviable la concurrencia, en un mismo supuesto, de dicho título objetivo con la irregularidad o las deficiencias en la prestación de un servicio que conlleva la noción de falla.

(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2006; Radicación 680012315000199801501 01; número interno: 29.980.

(41) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000; Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

(42) Corte Constitucional, Sentencia C-425 de 1997; M.P. Fabio Morón Díaz.

(43) Corte Constitucional, Sentencia C-106 de 1994; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(44) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia mayo 8 de 1997. Radicación 9858.

(45) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001; M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el citado pronunciamiento la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad no solo de algunas disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 2700 de 1991 en relación con las medidas de aseguramiento, sino también la exequibilidad de algunas de las previsiones en esa materia incorporadas en el Código de Procedimiento Penal actualmente vigente, esto es la Ley 600 de 2000, no aplicable al asunto sub judice por haber sido expedida con posterioridad al acaecimiento de los hechos que originan este litigio, pero que en sus aspectos más relevantes para el objeto del presente pronunciamiento se transcriben a continuación con fines puramente ilustrativos:

“ART. 355.—Fines. La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.

ART. 356.—Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.

Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

(46) Corte Constitucional, Sentencia C-805 de 2002; Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.

En el pronunciamiento citado la Corte Constitucional examinó la exequibilidad del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, el cual se transcribe en lo pertinente a continuación, a modo puramente ilustrativo por cuanto no resulta aplicable al asunto sub judice:

ART. 392.—Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.

Cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar procederá el amparo en los siguientes eventos:

1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas.

2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica.

3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez.

Quien solicite el control de legalidad, con fundamento en las anteriores causales, debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que objetivamente se incurrió en ella.

Reconocido el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar”.

En relación con los alcances de esta disposición, la Corte Constitucional, en el mismo pronunciamiento referido, expresó lo siguiente:

“15. En relación con las causales definidas por el legislador para controlar las medidas, éstas se refieren a 3 eventos que permiten cuestionar la legalidad de la prueba mínima para asegurar: 1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas. 2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica. 3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez.

A pesar de que el legislador optó por emplear el mismo lenguaje de la casación, ello no supone la introducción del mismo rigor formal, que caracteriza a dicho recurso extraordinario, ahora respecto del control material de la detención preventiva. La garantía de los derechos del procesado y de la parte civil requiere que ante la identificación de un error material ostensible que lleve a la clara conclusión de que no existe prueba mínima para asegurar, pueda el juez revocar la decisión del fiscal. Lo fundamental, a la luz de la Constitución, no es que el argumento invocado por quien solicita el control judicial de legalidad encuadre perfectamente desde el punto de vista formal dentro de tales causales, sino que la conclusión fundada a la que finalmente se llegue sea que la prueba mínima para asegurar es materialmente inexistente. Lo anterior significa que, las causales para invocar el control de legalidad no son taxativas, y basta cualquier error manifiesto en la valoración de la prueba, que conduzca a la desaparición de los presupuestos para detener, para que el juez revoque la medida.

17. Adicionalmente, a pesar de la referencia a “una prueba mínima”, los tres numerales no establecen en realidad un estándar probatorio material, sino criterios generales relativos a identificación, validez y valoración de las pruebas que fundamentan la decisión de detener provisionalmente a una persona o de adoptar determinadas medidas relativas a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes. No obstante, la norma señala que dicha prueba mínima tiene que ser suficiente para un fin, v.gr., “para asegurar”. Además, señala el criterio para que proceda la revocación de la medida puesto que exige que ésta “desaparezca”. Pasa entonces la Corte a precisar el contenido material de la prueba mínima para asegurar a un nivel general, puesto que su contenido específico solo puede ser identificado y apreciado caso por caso.

18. En el plano constitucional, el estándar probatorio mínimo para detener una persona, para molestarla en su persona o familia o para registrar su domicilio en búsqueda de bienes que puedan servir de prueba o de respaldo a sus obligaciones económicas, tiene varios elementos respecto de los cuales el legislador goza de un margen de configuración (C.P. art. 28).

(...).

El legislador también puede indicar diversos criterios para apreciar dicha proporcionalidad, entre los que se encuentran la situación del procesado, las características del interés a proteger y la gravedad de la conducta punible investigada. En todo caso, la Constitución exige que se introduzcan criterios de necesidad y proporcionalidad, al momento de definir los presupuestos de la detención preventiva.

Además de estos dos elementos, hay un tercero: el criterio de convicción acerca de la probabilidad de que el procesado sea el autor de la conducta punible investigada. Así, en principio y por regla general, para que las decisiones del fiscal sobre medidas de aseguramiento se basen en motivos fundados, deben obrar en el acervo probatorio dos indicios relativos a hechos objetivos que indiquen con una alta probabilidad, más allá de la simple sospecha o de la mera constatación de una plausible vinculación de la persona con los hechos investigados, que la persona es responsable, es decir, que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.

Por ello, el grado de convicción requerido se encuentra entre lo meramente plausible y la certeza para condenar, y éste ha de apreciarse caso por caso a partir de situaciones objetivas, no de temores o especulaciones, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas, ponderadas en su conjunto. La valoración integral evita que lo que indica un hecho se tome como cierto cuando en realidad obre otro, también probado, que desvirtúa la conclusión a la que se llegaría por un análisis fragmentado del acervo; así como para corroborar que el mayor peso de lo demostrado se inclina en contra del investigado, no a su favor. Por eso, el artículo 356 citado exige que no exista otra “prueba indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

Por ello, el parámetro establecido en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 ha de ser tenido en cuenta para determinar cuál es el estándar probatorio material suficiente para que se cumpla el requisito constitucional de que la medida de aseguramiento, por ejemplo, haya sido dictada por “motivos fundados”. Son cuatro los requisitos que señalan la existencia de motivos fundados para asegurar: 1. Que se trate de indicios; 2. Que sean por lo menos dos indicios; 3. Que sean graves; 4. Que indiquen responsabilidad, es decir, que indiquen que la conducta fue típica, antijurídica y culpable. Estos indicios deben basarse en pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

Según el artículo 284 del nuevo Código de Procedimiento Penal, un indicio es “un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro”. Por lo tanto, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia y la doctrina, el indicio comprende tanto la existencia de un hecho objetivo indicador, como la inferencia lógica que surge de tal hecho y que conduce a un grado de convicción suficiente sobre la existencia de otro hecho.

(...).

19. En este orden de ideas, habida cuenta de los referentes constitucionales, legales y jurisprudenciales mencionados, la Corte estima que existen referentes normativos para delimitar la órbita de competencia del fiscal y del juez y para garantizar efectivamente que la medida de aseguramiento sólo sea dictada cuando se cumplan las condiciones materiales, en especial de orden probatorio, a través de las cuales se previenen abusos y se protegen los derechos de las personas.

21. En cuanto a la exigencia de que para que proceda el control judicial de legalidad material, el error debe ser de tal magnitud que haga desaparecer la prueba mínima, tal requisito circunscribe la actuación del juez en relación con las medidas de aseguramiento. Con ello se evita que el juez sustituya al fiscal o revoque una medida necesaria por una simple discrepancia de criterios entre operadores jurídicos respecto de asuntos que no tienen la trascendencia de hacer desaparecer la prueba mínima para asegurar”.

(47) Al respecto puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 2 de mayo de 2007; expediente 15463.

(48) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13.744, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(49) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13.262, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(50) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

(51) Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2002, expediente 12.076; C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(52) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980; C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(53) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, expediente 24.296.

(54) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2013, expediente 31033.

(55) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013; C.P. Enrique Gil Botero, expediente 25.022.

(56) Allí se expresó lo siguiente: “... La privación injusta de la libertad de los procesados, les generó grandes perjuicios materiales tanto a ellos personalmente como a sus familiares. En efecto, por una parte, perdieron los ingresos económicos que devengaban de su trabajo en el Idema y, además, perdieron sus empleos, único medio de subsistencia de sus respectivas familias, empleos que como se dijo, no han logrado conseguir hasta la fecha de presentación de esta demanda, al punto que al demandante Carlos Gutiérrez Peña le tocó salir de la ciudad de Villavicencio, junto con su esposa y sus dos hijos menores, a buscar otros horizontes en la ciudad de Ibagué, por el estigma social que le generó en aquella ciudad el hecho de haber sido encarcelado y sindicado de funcionario público ladrón de los bienes del Estado. Además, cada uno de los procesados se vio precisado a contratar los servicios profesionales de sendos abogados, cuyos honorarios ascendieron a la suma de cinco millones de pesos ($5’000.000), para el defensor de Gutiérrez Peña, y a la suma de cuatro millones de pesos ($4’000.000), para el defensor de Lozano Ruiz” (fl. 26, cdno. 1; subrayas y negrillas de la Sala).

(57) Testimonio rendido en este proceso por el señor Reinel de Jesús González Betancourt, quien afirmó lo siguiente: “...Sí yo sabía que él había contratado un abogado para que lo defendiera pero desconozco el nombre y de quién se trata pero por conversaciones con Leonel me comentaba que había contratado un abogado para que lo defendiera por la suma de $4’000.000...”. (fls. 148 a 152, cdno. 1).

Testimonio rendido en este proceso por el señor Pompeyo Barrera Romero, quien expresó: “... Sí al respecto deseo manifestar que el señor Lozano me ha comentado en varias oportunidades los costos que le generó la contratación de su abogado que lo estaba asistiendo en el caso penal, me dice que son cuatro millones ($4’000.000), fuera de los demás gastos propios del proceso ..”. (fls. 153 a 157, cdno. 1).

Testimonio rendido en este proceso por el señor Luis Germán Melo Argüello, quien manifestó lo siguiente: “...Sé que tuvo necesidad de contratar un abogado, porque nosotros le colaboramos con alguna plata prestada para pagarle al abogado, que según me dijo él le cobraba $4’000.000 fuera de otros gastos...”. (fls. 179 a 82, cdno. 1).

(58) Ver, entre otras, sentencia de 27 de enero de 2012, expediente 18.754; de 30 de enero de 2013, expediente 23.998.

(59) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.

(60) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, reiterada en sentencia de 14 de abril de 2010, expediente 18.860, M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por esta Subsección en muchas oportunidades, sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, expediente 24.296.

(61) Número de meses trascurridos desde la fecha de la privación de la libertad (jul. 7/97) hasta la fecha en que el señor Lozano Ruíz recobró tal derecho (dic. 23/97), más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral (8.75 meses).

(62) A este respecto, no obra en el expediente elemento demostrativo alguno que permita establecer la naturaleza del vínculo —contractual, laboral o de otro tipo— que ligaba al señor Gutiérrez Peña con el Idema para el momento en el cual se vio sujeto a la detención preventiva que dio origen al presente litigio; de hecho, en el expediente del proceso penal de marras aparece copia de un acto administrativo —Resolución 417 del 11 de septiembre de 1995, proferido por el gerente general del Idema— mediante el cual se declara insubsistente el nombramiento del señor Carlos Gutiérrez Peña en el cargo de Almacenista 3015 (fl. 71, cdno. 4) y una certificación suscrita por un contratista del área de contabilidad-asuntos externos del Idema en la cual se da cuenta de algunos pagos que le fueron efectuados entre los meses de febrero y septiembre de 1997 al señor Gutiérrez Peña, pero no queda claro que dichos pagos respondan a la prestación de servicios personales por parte de este —de hecho, el concepto que aparece en la anotada certificación es “por concepto de honorarios por la entrega del almacén de productos básicos de la ciudad de Villavicencio” (fl. 228, cdno. 3)—. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación lo procesó penalmente en condición de almacenista del Idema, lo cual denota que debía ejercer funciones públicas, naturalmente de manera remunerada. Pero no está probada en el expediente, se itera, ni la naturaleza del vínculo que lo ligaba con el Idema, ni el monto de los ingresos que percibía por concepto de dicha vinculación.