Sentencia 1999-00189 de abril 28 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 44001-23-31-001-1999-0189-01

Expediente: 22.973

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Pilar María Pinto Díaz y Otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior, DAS

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., abril veintiocho de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

10. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira en un proceso que, por su cuantía (fl. 12)(8) determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

II. Aplicación del principio de la no reformatio in pejus

11. Antes de abordar el estudio del recurso de apelación formulado por la parte actora, es menester destacar que la sentencia impugnada fue proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira el 24 de abril de 2002, época para la cual el artículo 184 del Decreto 1 de 1984 ya había sido modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, norma que entró a regir el 8 de julio de ese año, siendo por lo tanto aplicable al presente asunto esta última disposición. En el sub judice, si bien es cierto que el proceso es de doble instancia y la condena impuesta por el a quo supera los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los que alude la norma, en virtud de que la entidad estatal no sustentó el recurso de apelación que presentó, para todos los efectos este se considera desierto y, por tanto, al predominar el trámite de apelación frente al de la consulta(9), la sentencia no es susceptible de serlo.

12. En ese orden de ideas, comoquiera que el recurrente es apelante único y que la sentencia no es consultable, no podrá agravarse la situación de los demandantes, pero sí la de la entidad pública demandada en el evento de que ello resultare procedente. Asimismo, debe resaltarse que el recurso de apelación formulado por los demandantes pretende la modificación de la sentencia de primera instancia, en tan solo dos aspectos: i) que se incluya dentro de la liquidación de los perjuicios morales a una segunda compañera permanente y ii) se liquiden perjuicios materiales en lo atinente al lucro cesante por capacidad productiva de la víctima. Así las cosas, es evidente que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados, por lo que se deberá resolver la impugnación en los términos previstos en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

13. Dado que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia lo constituyen la temática que se aduce y esgrime en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, inicialmente, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior.

14. En el sub lite, es pertinente precisar que en tanto que la parte demandante solo se opone a la no indemnización de perjuicios morales para una de sus representadas en primera instancia y la liquidación del lucro cesante para todos ellos, no le corresponde a esta instancia entrar a desarrollar un análisis acerca de la responsabilidad de la administración en la configuración de la falla del servicio ni analizar las posibles causales de justificación de la responsabilidad como el hecho exclusivo de la víctima y/o hecho de un tercero alegado durante la primera instancia por la demandada, por cuanto ello no fue controvertido por el apelante único, y tal decisión ahora se encuentra bajo la garantía constitucional de la no reformatio in pejus que le asiste.

III. Hechos probados

15. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

15.1. El joven Alcides Rafael Pérez Pinto era hijo de Julián Francisco Pérez Molina y Pilar María Pinto Díaz (registro civil de nacimiento visible a fls. 36, cdno. 2) y hermano de Alis María Pinto Díaz, Viviana Paola Vidal Pinto, José Francisco Vidal Pinto y Nohelis María Vidal Pinto (fls. 35-40, cdno. 2).

15.2. Alcides Rafael Pérez Pinto y Carmen Alina Villegas concibieron a Ricardo Rafael Pérez Villegas (oct. 1993) (fl. 42, cdno. 2).

15.3. Alcides Rafael Pérez Pinto en unión marital de hecho(10) con Dalmis Sofía Pérez Hipuana procrearon a Yeinis Dayana(11) (jun. 1996, fl. 46, cdno. 2), Yenifer Rafael(12) (mar. 1993, fl. 44, cdno. 2), Yeinir Rafael(13) (oct. 1994, fl. 45, cdno. 2).

15.4. El 28 de febrero de 1997, Alcides Rafael Pérez Pinto de 23 años encontrándose en avanzado estado de embriaguez(14) y en compañía de su hermano Heriberto, su padre Julián, su tío Antonio Pinto e hijo Yenifer Rafael de apenas 2 años de edad, acudió al establecimiento conocido como JR en territorio colombiano, municipio de Paraguachón, zona limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela, lugar en que se encontraban dos guardias venezolanos, uno vestido de civil y el otro en uso de prendas militares y armado, ingiriendo licor. En el que tras una discusión entre Alcides y uno de los guardias individualizado como el cabo Flórez, un guardia venezolano le propinó un disparo con arma de fuego en el cuello(15).

15.5. Alcides Rafael Pérez Pinto falleció debido a un shock hipovolémico, anemia aguda, laceración de grandes vasos, causada por herida de proyectil de arma de fuego el 1º de marzo de 1997 (certificado individual de defunción, fl. 237, cdno. 2).

15.6. En el lugar de los hechos existía un puesto permanente del entonces Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—(16) con dos funcionarios en servicio: Álvaro Palechor González y Guillermo López Alfonso, quienes auxiliaron al herido en su traslado al hospital local(17) donde momentos después moriría.

15.7. Alcides Rafael Pérez Pinto gozaba de buen estado de salud y proveía a sus hijos y compañera permanente en su manutención.

IV. Problema jurídico

16. En el presente caso le corresponde a la Sala determinar i) si con el material probatorio recaudado se ha acreditado que el que en vida respondía al nombre Alcides Pérez conformaba una segunda unión marital de hecho con la señora Carmen Alina Villegas además de la ya documentada con la señora Dalmis Sofía Pérez Hipuana; y, ii) determinar si procede la liquidación de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante cuando la víctima no tiene un oficio definido pero cuenta con plena capacidad productiva.

V. Análisis de la Sala

17. La Sala tiene por probado el daño pues surge del expediente que el señor Alcides Rafael Pérez Pinto falleció el día 1º de marzo de 1997 luego de haber participado en una gresca en territorio colombiano, a manos de un miembro de la guardia venezolana y ante la ausencia de las autoridades nacionales.

18. Para resolver el problema jurídico sometido a conocimiento de la Sala, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: i) el régimen de liquidación de perjuicios morales en el supuesto de la(s) compañera(s) permanente(s); ii) reiterar la línea jurisprudencial de esta corporación respecto al reconocimiento de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante en aquellos eventos en que no es posible establecer los ingresos de la víctima.

i) Régimen de liquidación de perjuicios morales de las compañeras permanentes

19. Esta Sala reitera los lineamientos respecto a la liquidación de perjuicios morales reclamados en forma simultánea por la cónyuge y la compañera(o) o compañeras permanentes: i) se asimila el tratamiento de la compañera (o) permanente al de la (el) cónyuge, partiendo de considerar que la familia, de acuerdo con la Constitución Política (art. 42 superior), no solo surge del matrimonio civil o religioso, sino también de la sola decisión responsable de la pareja, manifestada en forma permanente y ostensible(18); ii) la calidad de compañera se puede acreditar por cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el artículo 175 Código de Procedimiento Civil entre los cuales están, los testimonios, que por demás suelen ser los más comúnmente usados para estos propósitos(19) y en el que el testimonio único de la misma pretendida compañera ha sido aceptado tanto en su valoración como en su mérito probatorio(20); iii) la convivencia bajo el mismo techo permite inferir la relación afectiva de la pareja; iv) la existencia de hijos en común no opera como indicio de convivencia ni de aflicción de quien sobrevive a la muerte de uno de ellos. La Sala ha considerado que “(...) En términos de parentesco, dependencia económica e interdependencia afectiva, uno es el vínculo de los padres hacia sus hijos y otra la relación entre los padres, la cual en ningún caso queda sentada con el cumplimiento de la obligación de asistencia al descendiente”(21), aunque sí como un indicio de la misma cuando son menores de dos años de edad, la cual generalmente requiere apoyo de otros medios de prueba; y finalmente, v) resulta adecuado y suficiente para acreditar el dolor que produce la ausencia o sufrimiento de la víctima, la prueba de la condición de compañera permanente o de la calidad de cónyuge(22).

ii) Liquidación de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante cuando la víctima no tiene un oficio definido pero cuenta con plena capacidad productiva

20. Ha sido criterio de esta Sala considerar que cuando se trata de determinar los perjuicios materiales es menester que del acervo probatorio se establezca certeza sobre i) la capacidad productiva de la víctima, es decir estimar con un criterio objetivo y especializado la calificación del grado de invalidez de la víctima, en caso de que ello exista, es decir, fijar cual es o era el potencial real de productividad de determinada persona; ii) establecer los ingresos que obtenía mediante cualquier medio de prueba, o en su defecto, opera la presunción de ingreso mínimo conforme al salario mínimo de la época en que sucedieron los hechos que será actualizado por razones de equidad; iii) una vez establecido los ingresos, se debe incluir no solo el salario sino también el factor prestacional, generalmente mediante el aumento del 25% del mismo; y por último, iv) deducir una cuarta parte para lo que correspondería a la subsistencia o auto sostenimiento de la víctima.

21. En el caso concreto se solicita por parte de la demandante incluir en la tasación de los perjuicios morales a la señora Carmen Alina Villegas Romero sobre quien en la presentación de la demanda se anotó que procreó un hijo de nombre Ricardo Rafael Pérez Villegas “junto” con Alcides Rafael Pérez Pinto (hecho 2 de la demanda, fl. 4, cdno. 2) mientras que de la señora Dalmis María Pérez Ipuana se afirma que “hacía vida marital” con Alcides Rafael Pérez (hecho 3 de la demanda, fl. 4, cdno. 2). Así mismo en el acápite de perjuicios morales se precisó la condición de cada uno de los demandantes, como madre (Pilar María Pinto Díaz), hermanos (Alis María Pinto Díaz, Viviana Paola Vidal Pinto, José Francisco Vidal Pinto y Nohelis Vidal Pinto), compañera permanente (Dalmis María Pérez Ipuana) y al referirse a la señora Carmen Alina se apuntó “su condición de perjudicada con la muerte de Alcides Rafael Pérez Pinto” (fls. 2-3, cdno. 2). Si bien, en el transcurso de la demanda se habla de “las compañeras” esta situación no fue inequívocamente señalada en la presentación de la demanda.

22. Dentro de las pruebas testimoniales solicitadas por la demandante para establecer las relaciones de índole familiar y sentimental entre Alcides Rafael Pérez y Carmen Alina y acreditar si entre ellos existía unidad familiar, fraternidad y solidaridad, se solicitaron los testimonios de Andrés Aurelio Camargo, Denis Judith Ruiz y Dubis María Nova (fl. 19, cdno. 2), los cuales fueron decretados por el a quo(23) y ordenada su práctica mediante despacho comisorio 118. De tal modo que el juez municipal de Barrancas fijó fecha para la práctica de la diligencia mediante auto de 2 de junio de 1999 (fl. 352, cdno. 2). No obstante, la única testigo que atendió la citación fue la señora Denis Ruiz Pacheco.

23. En su declaración jurada, al preguntársele a la señora Denis Ruiz cómo eran las relaciones de índole familiar entre Alcides Rafael con Carmen Alina y si existía entre ellos unidad familiar, fraternidad y solidaridad, la señora contestó “Ellos vivían muy bien el corrió con todas las obligaciones y las relaciones eran muy buenas y el tenia otra mujer” (sic). Posteriormente se le preguntó: “Dígale al despacho si para la época de su muerte la señora Carmen Villegas Romero convivía con el señor Alcides Rafael Pérez Pinto y su hijo bajo el mismo techo. Contestó: ellos no vivían el iba a darle una vuelta a su hijo” (sic)(24).

24. Del relato anterior se deriva la ausencia de prueba de que para el momento de su fallecimiento, el señor Alcides mantenía una relación marital con Carmen, a lo que habrá que agregar que además, el niño Ricardo Rafael contaba con 3 años y 5 meses, es decir, el nacimiento del hijo en común se había producido con anterioridad a los últimos dos años de vida de Alcides Rafael, por lo que no es viable aplicar como indicio de convivencia la existencia de un hijo en común.

25. Por ende, se acreditó por prueba testimonial que si bien Alcides atendía los gastos de su hijo, mantenía contacto y afecto con él, no era su compañera la señora Carmen Villegas, por lo cual esta Sala resolverá no reconocer los perjuicios morales y materiales solicitados en la demanda a favor de esta demandante.

VII. Indemnización de perjuicios

26. La Sala advierte que debido a que en el proceso se acreditó que Alcides Rafael Pérez Pinto sostenía una unión marital de hecho con Dalmis María Pérez Ipuana, dentro de la cual fueron procreados los menores Yenifer Rafael Pérez Pérez, Yeiner Rafael Pérez Pérez y Yeinis Dayana Pérez Pérez, y que además Ricardo Rafael Pérez Villegas también es hijo del de cujus, se reconocerán los perjuicios materiales a los que tienen derecho.

27. En cuanto al ingreso base para llevar a cabo la liquidación del lucro cesante a favor de la compañera permanente y de los cuatro hijos, en el expediente no obra prueba acerca del monto exacto de los ingresos que la víctima percibía mensualmente en los diversos oficios en los que se desempeñaba, pero los testimonios recibidos en este proceso(25) (fls. 369-374, cdno. 2) permiten acreditar que este desarrollaba una actividad productiva por la que recibía unos ingresos, y si bien no existe prueba del salario que percibía, se infiere que por lo menos recibía un salario legal mínimo(26), por lo cual se liquidará conforme al estipendio mínimo legal actualizado, que por razones de equidad se realizará tomando el correspondiente a la fecha en la cual se profiere la presente sentencia, es decir $ 566.700.oo.

28. A dicho monto se le suma el 25%, por concepto de prestaciones sociales quedando la suma de $ 708.375.oo. En cuanto al porcentaje que de sus ingresos dedicaba el occiso a gastos personales y familiares, no hay prueba que permita deducirlo; por lo tanto, es necesario aplicar la regla jurisprudencial previamente reseñada, según la cual no es posible afirmar que la víctima destinaba todos sus ingresos al mantenimiento de su familia, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia, el cual es estimado por la Sala, cuando menos, en un 25%. Entonces, a la renta actualizada se le descontará el 25%, correspondiente al valor aproximado que el señor Alcides Rafael Pérez Pinto debía destinar para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 531.282.oo.

29. El 50% de este valor se tendrá en cuenta como base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la compañera permanente Dalmis María Pérez y, el 50% restante para la indemnización de sus cuatro hijos, de modo que la suma base para el cálculo de la indemnización a que tiene derecho cada una de ellas será de $ 265.640.oo.

30. Como límite temporal se tendrá en cuenta, respecto de los hijos, la fecha en la cual estos cumplirán 25 años de edad, en tanto que las reglas de la experiencia indican que ese sería el momento aproximado en el cual aquellos conformarían su propia familia, es decir, se emanciparían del seno familiar y, por lo tanto, dejarían de percibir la ayuda económica paterna. Respecto de la compañera permanente, se tendrá en cuenta la vida probable del occiso, por ser este mayor que aquella.

31. Perjuicios materiales a favor de la compañera permanente. En el expediente se hace constar que la fecha de nacimiento del señor Pérez Pinto fue el 10 de octubre de 1973. Está también acreditado que su compañera permanente, la señora Dalmis Sofía Pérez Hipuana, nació el día 5 de febrero de 1979. De acuerdo con lo anterior al momento de la muerte que dio lugar al presente proceso —mar. 1º/97— la víctima tenía 23 años de edad y la cónyuge 18, de lo cual se concluye que la esperanza de vida para ellos, según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria (ahora Superintendencia Financiera), respectivamente, era de 52,97 años (635,6 meses) y de 59.36 años (712,3 meses). Con fundamento en lo anterior, se puede hablar en el presente caso de una indemnización debida, consolidada o histórica como aquella que se causó desde la ocurrencia del daño hasta la fecha de la sentencia, y de una indemnización futura como la correspondiente al perjuicio que se consolidará desde la fecha del fallo hasta el fin de la vida probable del señor Pérez Pinto.

32. Habida consideración de que ya se surtió el cálculo para determinar la renta actualizada y de que el número de meses comprendidos entre la fecha de ocurrencia del daño y la fecha de la sentencia es de 180 (15 años), a continuación se establecerá el valor correspondiente a la indemnización debida. No obstante, en atención a que la demanda fue presentada por la compañera permanente y por sus cuatro hijos y de acuerdo con las reglas de la jurisprudencia se ha asumido que la mitad corresponde a aquella y la otra mitad se divide entre los últimos, el cálculo se hará sobre la mitad de la suma actualizada, es decir, la mitad de $ 531.282.oo la cual equivale a $ 265.640.

 

ecu1 1999-0189.bmp
 

 

ecu2 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 76.211.286

33. Para determinar la suma correspondiente a la indemnización futura, se debe tener en cuenta que a partir de la fecha de la sentencia el fin de la vida probable del señor Pérez, en observancia de la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria (ahora Superintendencia Financiera), se estima en 452,4 meses (37,70 años).

 

ecu3 1999-0189.bmp
 

 

ecu4 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 48.511.124

Total perjuicios materiales a favor de la señora Dalmis Sofía Pérez Hipuana: $ 124.722.410.

34. Perjuicios materiales a favor del hijo Yenifer Rafael Pérez Pérez. En el expediente se hace constar que su fecha de nacimiento fue el 21 de marzo de 1993. De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sala, el reconocimiento de los perjuicios a favor de un hijo de familia con ocasión de la muerte de uno de sus padres, se debe limitar hasta el momento en el cual cumpla 25 años de edad y el perjuicio respectivo se habrá de pagar por el período que transcurrió desde la ocurrencia del daño hasta esa fecha. En el caso concreto, para liquidar el lucro cesante debido o consolidado, se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de la muerte del señor Pérez Pinto —mar. 1º/97— a la fecha de esta providencia —mar. 2012— que asciende a 15 años, lo cual equivale a 180 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu5 1999-0189.bmp
 

 

ecu6 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 19.052.821

35. Respecto al lucro cesante futuro se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de esta providencia —mar. 2012— hasta el cumpleaños número 25 de su hijo —mar. 21/2018– asciende a 6 años, lo cual equivale a 72 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu7 1999-0189.bmp
 

 

ecu8 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 4.025.480

Total perjuicios materiales a favor de Yenifer Rafael Pérez Pérez por la suma de $ 23.051.301.

36. Perjuicios materiales a favor del hijo Ricardo Rafael Pérez Villegas. En el caso concreto, para liquidar el lucro cesante debido o consolidado, se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de la muerte del señor Pérez Pinto —mar. 1º/97— a la fecha de esta providencia —mar. 2012— que asciende a 15 años, lo cual equivale a 180 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu9 1999-0189.bmp
 

 

ecu10 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 19.052.821

37. Respecto al lucro cesante futuro se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de esta providencia —mar. 2012— hasta el cumpleaños número 25 de Ricardo Rafael —oct. 10/2018— asciende a 6 años y 7 meses, lo cual equivale a 72,5 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66 410.

 

ecu11 1999-0189.bmp
 

 

ecu12 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 4.048.810

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene a favor de Ricardo Rafael Pérez Villegas, un valor total de $ 23.101.631.

38. Perjuicios materiales a favor del hijo Yeiner Rafael Pérez Pérez. En el caso concreto, para liquidar el lucro cesante debido o consolidado, se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de la muerte del señor Pérez Pinto —mar. 1º/97— a la fecha de esta providencia —mar. 2012— que asciende a 15 años, lo cual equivale a 180 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu13 1999-0189.bmp
 

 

ecu14 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 19.052.821

39. Respecto al lucro cesante futuro se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de esta providencia —mar. 2012— hasta el cumpleaños número 25 de Yeiner —oct. 2/2019— asciende a 7 años y 7 meses, lo cual equivale a 84,5 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu15 1999-0189.bmp
 

 

ecu16 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 4.591.940

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene a favor de Yeiner Rafael Pérez Pérez, un valor total de $ 23.644.761.

40. Perjuicios materiales a favor de la hija Yeinis Dayana Pérez Pérez. En el caso concreto, para liquidar el lucro cesante debido o consolidado, se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de la muerte del señor Pérez Pinto —mar. 1º/97— a la fecha de esta providencia —mar. 2012— que asciende a 15 años, lo cual equivale a 180 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu17 1999-0189.bmp
 

 

ecu18 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 19.052.821

41. Respecto al lucro cesante futuro se tendrá en cuenta el número de años comprendido desde la fecha de esta providencia —mar. 2012— hasta el cumpleaños número 25 de Yeinis —jun. 22/2021— asciende a 9 años y 7 meses, lo cual equivale a 108,2 meses, los cuales se deben liquidar sobre la cuarta parte de la mitad de $ 531.282, es decir, sobre $ 66.410.

 

ecu19 1999-0189.bmp
 

 

ecu20 1999-0189.bmp
 

 

S = $ 5.575.970

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene a favor de Yeinis Dayana Pérez Pérez, un valor total de $ 24.628.791.

42. En mérito de lo expuesto, la Sala considera que están demostrados los elementos de la responsabilidad que le asiste al Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, respecto a la muerte de Alcides Rafael Pérez Pinto en su entorno familiar, para lo cual modificará la sentencia de primera instancia y condenará por los perjuicios morales y perjuicio material en su componente de lucro cesante causado a los demandantes.

VIII. Costas

43. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

44. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección “B”— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia del 24 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativamente y solidariamente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y DAS, por la muerte de Alcides Rafael Pérez Pinto.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, a pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales a favor de Pilar María Pinto Díaz, Dalmis Sofía Pérez Hipuana, Ricardo Rafael Pérez Villegas, Yenifer Rafael, Yeiner Rafael y Yeinis Dayana Pérez Pérez, en calidad de madre, compañera permanente e hijos del fallecido, el valor equivalente a 100 smlmv a la ejecutoria de la presente providencia para cada uno.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, a pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales a favor de Alis María Pinto Díaz, Viviana Paola Vidal Pinto, José Francisco Vidal Pinto y Nohelys María Vidal Pinto, en calidad de hermanos del fallecido, el equivalente en pesos a 50 smlmv a la ejecutoria de la presente providencia para cada uno.

4. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, a pagar solidariamente por concepto de perjuicios materiales a favor de (i) Dalmis Sofía Pérez Hipuana por la suma de ciento veinticuatro millones setecientos veintidós mil cuatrocientos diez pesos m/c ($ 124.722.410); (ii) Yenifer Rafael Pérez Pérez por la suma de veintitrés millones cincuenta y un mil trescientos un pesos m/c ($ 23.051.301), (iii) Ricardo Rafael Pérez Villegas por la suma de veintitrés millones ciento un mil seiscientos treinta y un mil pesos m/c ($ 23.101.631), (iv) Yeiner Rafael Pérez Pérez por la suma de veintitrés millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y un mil pesos m/c ($ 23.644.761) y (v) Yeinis Dayana Pérez Pérez por la suma de veinticuatro millones seiscientos veintiocho mil setecientos noventa y un mil pesos m/c ($ 24.628.791).

5. APLÍQUESE lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y EXPÍDANSE para la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado que ha venido actuado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(8) La pretensión mayor correspondiente al perjuicio material padecido por los hijos del occiso fue estimada en treinta millones de pesos ($ 30.000.000), monto que supera la cuantía requerida en 1997 de nueve millones seiscientos diez mil pesos ($ 9.610.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia de conformidad al Decreto 597 de 1988.

(9) “ART. 184.—Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas”. Subrayas fuera de texto(sic).

(10) Así atestiguado bajo la gravedad del juramento por Luis Lorenzo Pérez Asís (fl. 370, cdno. 2), Luis Rodolfo Núñez Castellar (fl. 372, cdno. 2), Jorge Eliécer Ipuana Ipuana (fl. 374, cdno. 2), María Mena Mendoza (fl. 375, cdno. 2).

(11) Registro Civil de Nacimiento 25752544 de 31 marzo de 1997 expedido por la Notaría Única de Barrancas Guajira.

(12) Registro Civil de Nacimiento 25752541 de 31 marzo de 1997 expedido por la Notaría Única de Barrancas Guajira.

(13) Registro Civil de Nacimiento 257525412 de 31 marzo de 1997 expedido por la Notaría Única de Barrancas Guajira.

(14) Según análisis de alcoholemia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional norte con un grado de 300 mg/100 ml lo que lo ubica en un nivel de inconsciencia (fl. 265, cdno. 2).

(15) En una primera versión se dice que fue el cabo Flórez quien disparó contra Alcides Pérez. Así consta en el informe rendido por el patrullero José Gregorio Hurtado Berdugo, en calidad de investigador al cabo primero, jefe de Unidad Investigativa Polijudicial, oficio 0169/DPG-UIPJM de marzo 7 de 1997 (fls. 259-260, cdno. 2) También así afirmado en testimonio bajo la gravedad del juramento de Wilson Ubaldino Puche Carrillo (fl. 255, cdno. 2), Ever José Escorcia Rojano (fls. 196-197, cdno. 2). Mientras que una segunda versión asegura que el cabo Flórez hizo dos disparos al aire y que fueron los refuerzos de la Guardia Nacional Venezolana los que dispararon impactando en la humanidad de Alcides Pérez. Los testigos que avalan esta segunda versión son entre otros, el funcionario del DAS Álvaro Palechor González (fl. 256, cdno. 2) y Jaime Antonio Flórez (fl. 233, cdno. 2).

(16) Mediante el Decreto 4057 de octubre 31 de 2011 se suprimió el DAS en el que (art. 3.1.) las funciones de control migratorio de nacionales y extranjeros y los registros de identificación de extranjeros de que trata el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 y las demás disposiciones sobre la materia, se trasladaron a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores creada mediante el Decreto 4062 del 31 de octubre de 2011, haciéndose cargo justamente del puesto terrestre de control migratorio de Paraguachón en la Guajira, entre otros.

(17) Informe 0298 de marzo 3 de 1997 relacionado con la investigación sobre los hechos donde resultó muerto el señor Alcides Rafael Pérez Pinto, sindicados en averiguación (fl. 226, cdno. 2).

(18) Consejo de Estado sentencias de mayo 29 de 1992; Expediente 6821, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de mayo 9 de 1994, Expediente 8581, actor: Luis Lucero, C.P. Julio César Uribe Acosta; y de marzo 8 de 1994, Expediente 8262; actor: José López; C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de 19 de noviembre de 2008, radicación 07001-23-31-000-2000-00348-01 (28259), actor: Mario Galvis Gelves.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 18 de febrero de 2010, radicado 66001-23-31-000-1997-03961-01 (17542), actor: Guillermo Antonio Restrepo Correa.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, sentencia de 29 de noviembre de 2001, radicado 13001-23-31-000-1993-9077-01, actor: Simeón Vidales Murillo.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. María Elena Giraldo Gómez, 22 de abril de 2004, radicado 63001-23-31-000-1997-04420-01 (15088), actor: Ana Lucia Reinosa Castañeda.

(23) Mediante auto de 4 de mayo de 1999, numeral 1.18, en el que ordena recepcionar declaración jurada de las tres personas y ordena librarse despacho comisorio al Juez Promiscuo Municipal de Barrancas (reparto), (fl. 323, cdno. 2).

(24) Declaración de la señora Denis Ruiz Pacheco del 8 de julio de 1999 (fls. 368-369, cdno. 2).

(25) Declaraciones de Denis Judith Ruiz Pacheco, Luis Lorenzo Pérez Asís y Luis Rodolfo Núñez Castellar.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 29 de enero de 2009, radicado 19001-23-31-000-1996-01006-01 (17376), actor: Eusebio Viera y otros.