Sentencia 1999-00203 de abril 6 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 19001-23-31-000-1999-00203-01 (21653)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Joaquín Castro Solís y otros

Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión - sede Cali, el 10 de mayo de 2001, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será revocada y en su lugar, se accederá a dichas pretensiones.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 1999, ante el Tribunal Administrativo del Cauca, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor JOAQUÍN CASTRO SOLÍS, actuando en nombre propio y en representación de su hijos menores JOHAN VLADIMIR CASTRO RUÍZ, ARLEY ALFONSO CASTRO RUÍZ, JHEINNER CASTRO PEÑARANDA y además, los señores RUTH DOREINY CASTRO HURTADO, ADRIANO CASTRO y NATALIA SOLÍS formularon demanda en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA, RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que se declarara a la entidad patrimonialmente responsable de los perjuicios que sufrieron como consecuencia de la privación de la libertad y del procesamiento penal a que fue sometido el primero de los demandantes.

A título de indemnización, se solicitó en la demanda: (i) por los perjuicios morales, el pago de una suma equivalente a 1.000 gramos de oro, a favor de cada uno de los demandantes y (ii) por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Joaquín Castro Solís, las sumas que dejó de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales como asistente grado II de la unidad de trabajo legislativo, en la Cámara de Representantes, tomando como renta $ 568.502, mensuales, desde el 29 de septiembre de 1996, fecha en la cual fue privado de la libertad por orden de la Fiscalía Segunda de la Unidad Especializada de Popayán, hasta la fecha de presentación de la demanda, porque en razón de esa situación fue retirado del servicio.

2. Fundamentos de hecho.

Los hechos relatados en la demanda son los siguientes:

— El 16 de julio de 1985, el señor Joaquín Castro Solís fue retenido por varios agentes de la Policía en el hospital de San Francisco de Asís de Guapi, quienes lo condujeron hasta su casa paterna, donde practicaron un allanamiento, buscando el arma con la cual se había causado la muerte al señor Walberto Perlaza Caicedo.

— Aunque no se halló ningún arma en el lugar, los agentes dejaron al señor Castro Solís a disposición del Juez Promiscuo Municipal de Guapi, quien ordenó su captura y dispuso su remisión a la cárcel municipal, donde permaneció incomunicado en un calabozo, por un lapso de ocho días.

— El 23 de julio de 1985, el Juzgado Promiscuo Municipal de Guapi recibió indagatoria al señor Castro Solís y seis días después dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, por el delito de homicidio.

— El 28 de septiembre de 1985, el Juzgado Tercero Superior de Popayán avocó, por competencia, el conocimiento del proceso y mediante auto de 13 de diciembre del mismo año resolvió concederle al sindicado el beneficio de la libertad provisional, por vencimiento de términos.

— El 25 de noviembre de 1987, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán —Sala Penal— dispuso la remisión del expediente al Juez de Instrucción Criminal, el cual pasó el 11 de julio de 1992 a la Fiscalía Segunda de la Unidad Especializada de Popayán, despacho que dictó en contra del señor Castro Solís resolución de acusación, como presunto coautor de los delitos de homicidio y hurto, de los que fue víctima el señor Walberto Perlaza Caicedo y en consecuencia, se dispuso su recaptura y encarcelamiento en la cárcel judicial de Guapi, orden que se cumplió el 29 de septiembre de 1996.

— Desde el 26 de abril de 1995, el señor Castro Solís se había vinculado laboralmente al Congreso de la República, como asistente grado II del Representante a la Cámara Jesús Ignacio García Valencia, pero por haber sido capturado no pudo asistir a su trabajo y, en consecuencia, la mesa directiva de esa corporación, mediante resolución de 24 de octubre de 1996 declaró la vacancia por abandono del cargo que ocupaba el demandante.

— El 6 de febrero de 1997, el Juzgado Municipal de Guapi dictó sentencia absolutoria a favor del señor Castro Solís y en esa misma fecha éste recobró su libertad.

— El 21 de junio de 1998, el demandante fue nuevamente retenido por agentes del CTI, a las 9 a.m., quienes lo mantuvieron privado de la libertad hasta las 11 a.m., cuando verificaron que la orden de captura había sido cancelada, situación que le ha generado toda clase de inconvenientes en su círculo social y daño moral tanto a él como a su familia.

Se afirma en la demanda que el señor Castro Solís fue privado injustamente de la libertad, en los términos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, porque el proceso que se adelantó en su contra y como consecuencia del cual se le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva culminó con sentencia absolutoria definitiva, al haberse demostrado que no cometió los delitos que se le imputaron.

3. La oposición de la demandada.

3.1. La demanda fue notificada a la Nación —Consejo Superior de la Judicatura— Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que en forma oportuna se opuso a sus pretensiones. Adujo que en el caso concreto no se incurrió en falla del servicio alguna porque: (i) de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, las medidas de aseguramiento para inimputables deben ser aplicadas cuando resulte por lo menos un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado; que en los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procede la detención preventiva como medida de aseguramiento y que el considerar que esa medida sólo puede ser adoptada cuando la investigación esté perfeccionada implica desfigurar el objeto de las medidas; (ii) mediante Sentencia C-106 de 1994, la Corte Constitucional declaró que para la aplicación de las medidas de aseguramiento no se requiere adelantar previamente un juicio y que las mismas no implican la posibilidad de abuso de la autoridad judicial competente, cuando se cumplen los requisitos del artículo 28 de la Constitución y de las normas legales que lo desarrollan; (iii) dado que lo que se pretende es la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la detención que sufrió el señor Joaquín Castro en 1998, la acción debió dirigirse contra la entidad responsable de ese hecho; además, esto permite concluir que las actuaciones judiciales adelantadas con ocasión del proceso que se inició en 1985 se ajustaron a derecho y en esa medida, no existe causa para demandar a la Rama Judicial y (iv) de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, aunque la aplicación de las medidas de aseguramiento pueda causar perjuicios a las personas, la administración no está obligada a responder patrimonialmente por esos perjuicios, porque éstos no son antijurídicos.

3.2. Aunque el auto admisorio de la demanda no fue notificado a la Fiscalía General de la Nación, esta entidad intervino en el proceso desde el 13 de marzo de 2001, fecha en la cual presentó alegatos de conclusión en la primera instancia, en el sentido de solicitar que se negaran las pretensiones de la demanda porque: (i) según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la investigación de un delito, cuando medien indicios graves en su contra, es una carga que todas las personas deben soportar por igual y la absolución final no indica de por sí que hubo algo indebido en la retención; (ii) en la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional señaló que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales y en el caso concreto no se tomó una decisión judicial al margen del ordenamiento jurídico, ni se desconocieron en forma flagrante el debido proceso, ni los demás derechos fundamentales del demandante, por lo que no es posible entonces pregonar la injusticia de la detención preventiva que sufrió; (iii) de conformidad con lo establecido en los artículos 250 de la Constitución, 3º y otros del Decreto 2699 de 1991, 120 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la entidad investigar los hechos punibles y garantizar la comparecencia de los inculpados al proceso, pero esta es una obligación de medio, lo que significa que no en todos los casos pueden obtenerse con certeza resultados positivos.

4. La sentencia recurrida

Consideró el tribunal a quo que en el caso concreto no había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque la privación de la libertad que sufrió el señor Joaquín Castro se impuso dentro de un juicioso y razonado procedimiento investigativo, que se agotó de acuerdo con la ley, en el cual se tuvieron en cuenta las pruebas practicadas en cada etapa procesal y en el que se tuvo siempre como finalidad la de determinar el sujeto activo del hecho delictuoso, para definir su responsabilidad.

Agregó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y en la sentencia de constitucionalidad dictada por la Corte Constitucional, la privación de la libertad que sufrió el señor Joaquín Castro no fue injusta, desproporcionada ni ilegal, dado que ésta se adoptó con fundamento en las pruebas obtenidas en las distintas etapas de la investigación que permitieron configurar el indicio grave de responsabilidad; que la calificación del hecho punible determinó la medida de aseguramiento que debía imponerse y se observaron en todo momento los procedimientos legales y que en esas condiciones, correspondía al actor demostrar lo injusto y abiertamente arbitrario de la medida, lo que en efecto no hizo.

5. Lo que se pretende con la apelación.

La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia impugnada y en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Adujo que en la providencia no se expusieron las razones por las cuales no se dio aplicación al artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, que prevé la reparación de los daños causados por la privación injusta de la libertad, en relación con la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que en los eventos previstos en esa norma la responsabilidad estatal es de carácter objetivo, esto es, que la misma ley define en qué eventos la privación de la libertad es injusta; que al ser definida por la ley esa situación fáctica, no le queda al juez la posibilidad de valorar en los casos concretos la faceta relativa que tiene la falla del servicio; por lo tanto, que en el caso concreto, el a quo debió limitarse a analizar la decisión que revocó la detención preventiva para determinar si se ajustaba a los eventos de la norma señalada y no extenderse en un prolijo análisis de la providencia en la cual se impuso la medida de aseguramiento, para encontrarla justificada.

Señaló, en síntesis, que como en el caso concreto se dictó sentencia absolutoria por haberse demostrado que el señor Joaquín Castro no cometió el hecho punible que se le imputó, había que concluir, en los términos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la jurisprudencia desarrollado por esta corporación en relación con esa norma, que la detención preventiva que se le impuso al señor Castro Solís fue injusta y que como no se acreditó que ese daño fuera imputable al mismo procesado, debía disponerse la indemnización de los perjuicios reclamada.

6. Actuación en segunda instancia.

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones no hicieron uso las partes ni el Ministerio Público.

7. Impedimento.

El señor consejero Hernán Andrade Rincón puso en conocimiento de la Sala su impedimento para conocer del proceso de la referencia, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, al haber conocido del proceso en instancia anterior en su calidad de magistrado del Tribunal Administrativo del Cauca, impedimento que será aceptado por la Sala.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, porque en la demanda se invoca como título de imputación del daño la privación injusta de la libertad y de acuerdo con el criterio adoptado en la Sala Plena de la corporación, las acciones de reparación directa en las que se pretenda la reparación de los daños causados con la actividad judicial son de competencia de los tribunales administrativos, en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin que en estos casos la cuantía de las pretensiones constituya factor de atribución de competencia(1).

2. El perjuicio sufrido por los demandantes.

2.1. Quedó demostrado en el expediente que con ocasión del proceso penal adelantado por los delitos de homicidio y hurto cometidos en contra del señor Walberto Perlaza Caicedo, el señor Joaquín Castro Solís fue privado de la libertad en tres oportunidades, así:

(i) Desde el 17 de julio de 1985 hasta el 13 de diciembre de 1985. Ese hecho aparece demostrado con la copia auténtica del auto dictado el 29 de julio de 1985, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guapi, Cauca, en el cual se decretó la detención preventiva del demandante, providencia en la cual se afirmó que el mismo estaba retenido a órdenes de ese despacho, desde el 17 de julio anterior (fls. 46-50, C-1) y (ii) la copia auténtica del auto de 13 de diciembre de 1985, por el cual el Juzgado Tercero Superior de Popayán le concedió al demandante el beneficio de la libertad provisional por haber permanecido detenido durante un término superior al previsto en el numeral 7º del artículo 44 de la Ley 2ª de 1984, sin que se hubiera calificado el mérito del sumario (fls. 74-75, C-1).

(ii) Desde el 1º de octubre de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997. Hecho que se demuestra con: (i) la hoja original de reseña de la Cárcel Nacional La Modelo de Bogotá, en la cual se registra que el señor Castro Solís ingresó a ese centro de reclusión el 1º de octubre de 1996 y que fue trasladado el 28 de octubre de ese mismo año a la cárcel de Guapi, Cauca, por orden del Juzgado Promiscuo de esa ciudad (fl. 20, C-2) y (ii) copia auténtica de la sentencia dictada el 6 de febrero de 1997 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guapi Cauca y de la “diligencia de compromiso que por caución juratoria” suscribió el demandante en esa misma fecha ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guapi, Cauca, previo a disfrutar del beneficio de libertad que le fue concedido en dicha sentencia (fls. 17- 39, C-1).

Cabe destacar que obra en el expediente la certificación expedida por el director de la cárcel de Guapi, en el cual consta que el demandante permaneció recluido en ese centro carcelario desde el 2 de noviembre de 1996 hasta el 6 de junio de 1997 (fl. 55, C-1). No obstante, la Sala no da crédito a esa certificación, al menos en lo que se refiere a la última fecha, porque esta aparece desvirtuada con la copia auténtica de la boleta de libertad de fecha 6 de febrero de 2007, documento que fue traído al expediente por la misma parte demandante (fl. 37, C-1).

(iii) Entre las 9:30 y las 11:00 a.m. del 21 de junio de 1998. El demandante fue retenido por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía, a las 9:30 a.m., cuando se hallaba en la facultad de derecho de la Universidad del Cauca, en Popayán, según el informe presentado por dichos funcionarios. Consta en dicho informe que la captura se produjo en cumplimiento de la orden proferida el 1º de abril de 1993, por la Fiscalía 26 Única Seccional de Guapi, Cauca, por habérsele sindicado del delito de homicidio (fl. 110, C-1), captura que, según la demanda, se prolongó hasta las 11:00 a.m. del mismo día cuando se verificó que dicha orden había sido cancelada.

2.2. A partir del hecho mismo de la privación de la libertad que sufrió el señor Castro Solís en tres oportunidades, por cuenta del mismo proceso, se infieren los perjuicios morales cuya indemnización reclama.

De manera reiterada, la Corte Constitucional y esta corporación han reconocido que después de la vida, la libertad constituye el más importante de los derechos fundamentales de las personas(2). La Sala con apoyo en la doctrina ha destacado el elevadísimo valor que tiene para el ser humano gozar de su libertad. Ha expresado que “Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo ... La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho”(3).

Además, la Sala se ha referido a las manifestaciones positiva y negativa del derecho a la libertad, que se concretan en permitir que toda persona pueda ser y hacer todo aquello que no afecte la esfera de los derechos de los demás, y a proscribir toda forma de coacción mediante la cual se pretenda obligar a las personas a hacer lo que no desean o a privarlas de realizar todo aquello que desean y que no interfieran en los derechos ajenos(4). Y se ha concluido que “cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precia de ser justa y democrática”(5).

Por eso, la pérdida de la libertad genera a quien la sufre, un gran dolor moral, más aún cuando la retención se lleva a cabo en un centro de reclusión, porque en esas condiciones, el retenido pierde el contacto permanente con sus seres más queridos, el entorno en el que se ha desenvuelto su vida, la posibilidad de desarrollar sus proyectos, y se ve forzado a adaptarse a unas condiciones materiales que luego pueden afectar gravemente la reinserción a su medio social(6).

Quien sufre una pena de prisión, o es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva, ve afectado no solo sus derechos a la movilidad sino también otra serie de derechos fundamentales e intereses, como lo son: las libertades de expresión, de reunión y manifestación, de asociación, la libertad sexual y otra serie de derechos civiles, económicos y familiares.

En síntesis, sin lugar a dudas, la privación de la libertad produce dolor moral a quien sufre esa limitación, por tratarse de la pérdida de uno de los derechos más relevantes para el desarrollo integral de la persona, porque esa limitación representa la restricción de otros derechos fundamentales y de otros intereses y porque implica una ruptura en el proyecto de vida de cualquier ser humano.

2.3. Está acreditado que los señores Johan Vladimir Castro Ruíz, Arley Alfonso Castro Ruíz, Jheinner Castro Peñaranda y Ruth Doreiny Castro Hurtado son hijos del señor Joaquín Castro Solís. Ese hecho consta en los certificados expedidos por el Notario Único de Guapi y en las copias auténticas de actas del registro civil del nacimiento de los demandantes (fls. 105-109 y 188-190, C-1). También está demostrado que los señores Adriano Castro y Natalia Solís son padres del señor Joaquín Castro Solís. Ese hecho consta en el certificado del registro civil del nacimiento de este (fl. 119, C-1).

2.4. Cabe afirmar, igualmente, el dolor moral padecido por los señores Johan Vladimir Castro Ruíz, Arley Alfonso Castro Ruíz, Ruth Doreiny Castro Hurtado, Adriano Castro y Natalia Solís como consecuencia de la privación de la libertad que sufrió el señor Joaquín Castro Solís, padre e hijo de aquellos.

En efecto, la prueba del parentesco entre el señor Joaquín Castro Solís y los demás demandantes, en el primer grado de consanguinidad y la aplicación de las regla de la experiencia conforme a la cual la privación de la libertad que sufra una persona causa perjuicios morales a aquellos con quienes esta tenga los más estrechos vínculos de afecto y convivencia, como lo son los hijos o los padres, permite inferir los perjuicios morales que los demandantes sufrieron al verse privados de la presencia y el apoyo permanentes del señor Castro Solís, durante el tiempo en el cual este permaneció retenido.

Cabe señalar que en relación con el menor Jheinner Castro Peñaranda, el perjuicio moral que sufrió está relacionado con la última retención a la que estuvo sometido su padre, esto es, la retención que sufrió el señor Joaquín Castro Solís, entre las 9:30 y las 11:00 a.m. del 21 de junio de 1998, habida cuenta de que, según el acta del registro civil, el nacimiento del menor se produjo el 23 de abril de 1998 (fl. 105, C-1), esto es, con posterioridad al 7 de febrero de 1996, cuando se concedió al señor Castro Solís la libertad, por haber sido absuelto mediante sentencia penal.

2.5. Además de los perjuicios morales, la privación de la libertad que sufrió el señor Castro Solís les causó perjuicios materiales tanto a él como a sus hijos y a sus padres.

Está demostrado que en razón de la retención que sufrió el 1º de octubre de 1996, el señor Castro Solís perdió el empleo que desempeñaba en el Congreso de la República. Las pruebas que acreditan ese hecho son las siguientes:

Obra constancia expedida por el jefe de la división de personal de la Cámara de Representantes, según la cual el señor Joaquín Castro Solís se desempeñó como asistente grado II en la unidad legislativa a cargo del representante Jesús Ignacio García Valencia, entre el 26 de abril de 1995 y el 1º de noviembre de 1996 (fls. 103, C-3).

La calidad de congresista del señor Jesús Ignacio García Valencia aparece acreditada con las copias auténticas de las páginas 151, 153, 369, 249 y 12 de las estadísticas elaboradas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las cuales aparece elegido ese ciudadano como representante a la cámara por el departamento del Cauca, en las elecciones realizadas el 9 de marzo de 1986, el 11 de marzo de 1990, el 13 de marzo de 1994 y el 8 de marzo de 1998, documentos que fueron remitidos al a quo por la directora nacional electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 91-96, C-3).

Según la constancia de servicios expedida por el jefe de personal de la Cámara de Representantes, el señor Castro Solís, fue retirado del cargo, mediante Resolución 1429 de 24 de octubre de 1996, con efectos a partir del 1º de noviembre de 1996 (fl. 117, C-1), y según la constancia expedida por el jefe de la división de personal de la Cámara de Representantes, la causal de retiro fue “abandono del cargo” (fls. 103, C-3).

Se advierte así la existencia del nexo entre la detención que sufrió el señor Castro Solís, a partir del 1º de octubre de 1996 y la pérdida del empleo por haber sido retirado del servicio, mediante Resolución 1429 de 24 de octubre de 1996, por abandono del cargo. En otros términos: el demandante no pudo asistir a dicha Cámara de Representantes a cumplir con sus funciones por hallarse privado de la libertad y esa inasistencia fue la causa de su retiro. Por lo tanto, la detención fue la causa del daño material padecido.

De acuerdo con el testimonio rendido ante el a quo por el señor Nemecio Grueso Grueso (fls. 13-15, C-2) y ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guapi por los señores Iván Alfonso Izquierdo, Fernando Caicedo Cuero y Alberto Micolta Caicedo (fls. 86-89, C-2), personas que aseguraron ser muy allegadas a la familia del demandante, los hijos y los padres del señor Joaquín Castro se vieron afectados económicamente por la privación de la libertad que este sufrió, porque era él quien atendía la subsistencia de sus hijos, aún menores de edad para esa época, y la de sus padres, porque en razón de su avanzada edad no podían laborar.

3. Responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad.

Aunque la libertad ocupa lugar de primer orden en cualquier Estado que se precie de ser democrático y liberal, no por ello constituye un derecho absoluto, en tanto puede ser limitado como consecuencia de la imposición de una pena, o de una medida de aseguramiento, siempre que se cumplan las exigencias legales y se atienda a las finalidades que autorizan dicha limitación.

Como ya se señaló, por cuenta del proceso penal que se adelantó por los delitos de homicidio y hurto cometidos en contra del señor Walberto Perlaza Caicedo, el señor Joaquín Castro Solís fue privado de la libertad en tres oportunidades: (i) desde el 17 de julio de 1985 hasta el 13 de diciembre de 1985; (ii) desde el 1º de octubre de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997 y (iii) entre las 9:30 y las 11:00 a.m. del 21 de junio de 1998. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta las normas que durante esos lapsos han establecido el derecho a la reparación por los daños que se causen como consecuencia de la privación injusta de la libertad, esto es: (3.1.) las normas que regulaban el asunto antes de la expedición de la Constitución de 1991; (3.2.) la Constitución de 1991 y el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que desarrollo el artículo 90 constitucional en el tema que aquí se trata y (3.3.) la ley estatutaria de la administración de justicia.

3.1. La reparación por privación de la libertad antes de la Constitución de 1991.

Con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, la jurisprudencia consideraba que la responsabilidad proveniente de fallas en la administración de justicia debía ser atribuida a la culpa personal de funcionario judicial que hubiera incurrido en dolo, culpa, retardo injustificado o error inexcusable y que de manera excepcional, había lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando dichas fallas fueran propiamente administrativas. Esto, en razón del principio de la intangibilidad de la cosa juzgada y por falta de norma legal que autorizara la indemnización de perjuicios en los supuestos de error judicial o funcionamiento anormal de la administración de justicia(7).

Pero, a pesar de la carencia de normas que en forma explícita ordenaran la reparación de perjuicios causados con los errores judiciales o el funcionamiento anormal de la administración de justicia, la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio judicial podía ser deducida de los artículos 16, 20 y 23 de la Constitución Política de 1886, que establecían el deber de las autoridades de la República de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares”; que “los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución y de las leyes” y que “nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes”.

El derecho a la indemnización por la privación injusta de la libertad encontraba también soporte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto unánime de sus asociados en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, ratificado por la ley 74 de 1968, que establece que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá derecho efectivo a obtener reparación” (art. 9º, num. 5º) y que “cuando una sentencia condenatoria haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido posteriormente indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido” (art. 14, num. 6º).

Igualmente, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, que en el artículo 10 establece: “Derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia en firme por error judicial”.

En tal sentido, bien podía haberse echado mano de la jurisprudencia elaborada en esa época para estructurar los diferentes regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por las autoridades públicas y en aplicación de esos criterios ordenar la reparación de los daños causados con la actividad judicial.

En efecto, la jurisprudencia de la corporación en aquel momento, deducía la responsabilidad de las autoridades públicas por los daños causados con su actividad, con fundamento en los regímenes de falla probada, falla presunta del servicio, daño especial, o riesgo excepcional. En relación con el primer régimen se requería acreditar la existencia de una falla del servicio en la conducta causante del perjuicio sufrido por el demandante y la relación causal entre ambos. Así, bien podía haberse dado aplicación a este régimen en los supuestos de privación de la libertad, para derivar la injusticia de la medida de la antijuridicidad de la conducta del juez que la ordenaba, como se hacía en los eventos en que la demanda se dirigía contra la autoridad administrativa que la hubiera ejecutado.

Esto significa que los daños causados a las personas como consecuencia de la privación de la libertad a la que hubieran sido sometidos antes de que entrara en vigencia la Constitución de 1991, deben ser imputados al Estado con fundamento en las normas del derecho internacional —Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos—, los artículos 16, 20 y 23 de la Constitución de 1886 y los criterios de responsabilidad patrimonial que para esa época había desarrollado la jurisprudencia y fundamentalmente, con el criterio de falla del servicio, con el alcance que entonces se le había dado, esto es, que habrá lugar a la declaración de responsabilidad demandada, en la medida en que se compruebe que en el proceso se incurrió en error al imponer la medida de aseguramiento al demandante(8).

3.2. La privación de la libertad en vigencia de la Constitución de 1991 y del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

El artículo 28 de la Constitución consagra el derecho a la libertad, pero prevé también la posibilidad de la privación de este derecho, bien como pena o medida de aseguramiento siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) mandamiento escrito de autoridad judicial competente; (ii) cumplimiento de las formalidades legales, y (iii) la existencia de motivos previamente definidos en la ley(9).

También ha señalado la Corte Constitucional que la privación de la libertad, como medida de aseguramiento, no contraviene la presunción de inocencia, ni ninguna otra disposición constitucional, en tanto dicha medida tiene carácter preventivo y no sancionatorio, ni desvirtúa la presunción de inocencia, dado su carácter precario, que no permite confundirla con la pena, aunque, por razones de justicia y equidad sea posible computar el tiempo de la detención como parte de la pena(10).

Pero, además de cumplir con las exigencias constitucionalmente señaladas, la detención preventiva debe obedecer a unas finalidades muy concretas relacionadas con la posibilidad de adelantar debidamente la investigación y con el cumplimiento de la pena:

“... El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción”(11).

Las exigencias señaladas en la Constitución para la procedencia de la medida de aseguramiento armonizan con lo dispuesto en las normas internaciones de derechos humanos que son aplicables en el derecho interno, por mandato de los artículos 93 y 94 de la misma Constitución. Son ellas: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(12), la Declaración Universal de los Derechos Humanos(13), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos(15).

En desarrollo de esas disposiciones de orden superior, el artículo 338 del Decreto 2700 de 1991 establecía que la detención preventiva era procedente “cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”(16), requisito probatorio en relación con el cual la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal— ha señalado:

“La connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e informantes de la deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador. Se trata de una simple ponderación lógica que permite al funcionario judicial asignar el calificativo de grave o vehemente al indicio contingente cuando el hecho indicante se perfila como la causa más probable del hecho indicado; de leve cuando se revela solo como una entre varias causas probables y podrá darle menguada categoría de levísimo cuando deviene apenas como una causal posible del hecho indicado”(17).

En vigencia de la actual Constitución se expidió el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991-Código de Procedimiento Penal, que establecía que quien hubiera estado privado de la libertad y no fuere finalmente condenado, tenía derecho a la reparación de los perjuicios que la medida le hubiere causado: (i) cuando la decisión hubiera sido injusta y (ii) cuando el sindicado fuera exonerado en sentencia absolutoria definitiva, u otra providencia con iguales efectos, debido a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no era constitutivo de hecho punible. El texto de esa norma era el siguiente:

“Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Se aclara que las consideraciones que sobre la norma se hacen en esta oportunidad están limitadas al contenido del segundo aparte y además, marginadas de cualquiera otra interpretación extensiva o analógica que pudiera hacerse de la misma. Vale decir, que no se fijará el alcance del primer aparte del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en tanto establece el derecho a la reparación para quien haya sido “injustamente privado de la libertad”, ni se entrará a definir si además de las causales taxativamente señaladas en la norma hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, con un criterio objetivo y tampoco se referirá a los eventos de in dubio pro reo. Esto porque la determinación del alcance de esa disposición se circunscribirá al caso concreto, que claramente se inscribe en una de las causales de responsabilidad patrimonial del Estado, por privación injusta de la libertad.

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(18), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel.

3.3. La vigencia de la Ley 270 de 1996 y la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, establece que “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Al revisar el proyecto de la ley estatutaria de la administración de justicia, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en estos términos:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

...

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible”.

La Sala ha considerado que si bien el artículo 68 de la ley estatutaria de la administración de justicia se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Sobre este aspecto ha dicho la Sala:

“Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(19), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta ...”(20).

Ahora, es cierto que el Decreto 2700 de 1991 perdió vigencia al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—, esto es, a partir del 24 de julio de 2001(21), y que ni este código, ni el subsiguiente —Ley 906 de 2004— contienen ninguna previsión relacionada con el derecho a la indemnización por la privación injusta de la libertad. En consecuencia, en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 no podrá invocarse el artículo 414 como fuente normativa de la responsabilidad estatal.

Pero, la derogatoria del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la carencia en los subsiguientes códigos de procedimiento penal de una norma con el mismo contenido de ese artículo, no impiden deducir la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los mismos eventos previstos en aquel, esto es, cuando mediante sentencia que ponga fin al proceso o providencia con efectos similares, se absuelva al sindicado con fundamento en que la conducta no existió, el sindicado no la cometió o el hecho no era punible(22).

Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos(23), es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico.

El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica(24). Por lo tanto, aunque la medida de aseguramiento se hubiera dictado atendiendo las exigencias constitucionales, esto es, fundada en una causa prevista en la ley, con el cumplimiento de los requisitos probatorios señalados, por el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos, de manera proporcional a la conducta realizada, con el fin de evitar la fuga del sindicado, asegurar su presencia en el proceso, hacer efectiva la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva, el daño será antijurídico cuando esa medida deviene injusta, porque la conducta que se investiga no se materializó en el mundo de los hechos, o habiéndose producido esa conducta, el sindicado no fue su autor, o cuando habiéndola ejecutado este, tal conducta no encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un hecho que no reviste reproche penal alguno.

Si bien es cierto que el Estado está legitimado para privar preventivamente de la libertad a las personas que sean sometidas a una investigación penal, cuando se cumplan estrictamente los requisitos constitucional y legalmente previstos para la imposición de esa medida de aseguramiento, la persona que sufra dicha limitación tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que con la misma se le hubieran causado, sin que se requiera realizar ninguna valoración diferente, cuando se profiere sentencia absolutoria o su equivalente, por haberse demostrado que esa persona no ha incurrido en ninguna conducta digna de reproche penal, porque en tal caso la medida devendrá injusta. En pocas palabras: quien legal pero injustamente privado de su libertad, tiene derecho a que se le indemnicen los daños que hubiere sufrido, porque en tal caso los daños causados con su detención serán antijurídicos.

En síntesis, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en todos aquellos casos en los cuales se dicte sentencia penal absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, con fundamento en el segundo segmento normativo del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, cuando la decisión penal se profiera en vigencia de esa norma, esto es, cuando la sentencia penal o su equivalente se hubieran proferido durante el lapso comprendido entre el 30 de noviembre de 1991 y el 24 de julio de 2001, al margen de que la privación de la libertad la hubiera sufrido el sindicado aún antes de la vigencia de la norma, porque solo desde la decisión definitiva debe entenderse consolidado el daño antijurídico. 

Si la sentencia penal absolutoria o la providencia equivalente se hubieran dictado con posterioridad al 24 de julio de 2001, el fundamento normativo de la decisión reparatoria lo será el artículo 90 de la Constitución, dado que los supuestos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 corresponden realmente a eventos de daño antijurídico, por tratarse de una privación injusta de la libertad, aunque causados con una conducta jurídicamente irreprochable del Estado. 

Finalmente, en el evento de que se reclame la indemnización de daños consolidados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esto es, por privaciones de la libertad sufridas con ocasión de investigaciones penales concluidas antes del 7 de julio de 1991, la decisión reparatoria deberá fundamentarse en las normas del derecho internacional —Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos— y en los artículos 16, 20 y 23 de la Constitución de 1886, así como en los criterios de responsabilidad patrimonial del Estado que fueron desarrollados por la jurisprudencia en aquella época.

Es decir, que los daños sufridos por los demandantes por privación de su libertad antes de que entrara en vigencia la Constitución de 1991 y se expidiera el artículo 414 del Decreto 2700 de ese mismo año, son atribuibles al Estado cuando esa privación hubiera sido injusta, ilegal, o se hubiera incurrido en error judicial. Para deducir la responsabilidad deben aplicarse los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por las autoridades públicas, que la jurisprudencia había desarrollado hasta entonces (falla probada, falla presunta del servicio, daño especial, o riesgo excepcional).

4. Las privaciones de la libertad que sufrió el señor Castro Solís fueron injustas.

Cabe señalar que en el caso concreto, el demandante sufrió la privación de la libertad en tres oportunidades, una de ellas, entre el 17 de julio de 1985 y el 13 de diciembre de ese mismo año, esto es, antes de que entraran en vigencia la Constitución de 1991 y el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, lo cual implicaría que, en principio, habría que estudiar la injusticia de la medida que sufrió en ese momento, a la luz del criterio de imputación de la falla del servicio, con el alcance que se le había dado en esa época.

Pero, no puede dejarse de lado que la sentencia absolutoria fue dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guapi, el 6 de febrero de 1997 (fls. 17-35, C-2) y que quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 1996, según la constancia secretarial que obra a folio 43 del cuaderno principal, esto es, cuando estaba vigente el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Por lo tanto, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos por los demandantes durante ese primer período tiene como fundamento normativo inmediato dicho artículo.

Igual fundamento cabe predicar de los daños que sufrieron los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad que sufrió el señor Castro Solís durante el lapso comprendido entre el 1º de octubre de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997.

En consecuencia, como la sentencia penal absolutoria que puso fin al proceso se profirió el 6 de febrero de 1997 y la decisión se fundamentó en el hecho de que el sindicado no era el autor de los ilícitos que se le imputaron, resulta predicable la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad que sufrió el procesado en esas dos oportunidades, con ocasión de la misma investigación criminal. En efecto, se dijo en dicha sentencia:

“Toda vez que aquí se demostró que Joaquín Castro Solís permaneció el tiempo compartiendo con amigos que así lo avalan, en casa de Castillo, cuando de otro lado...se cometía el reato de homicidio, ninguna responsabilidad le cabe en los hechos pues si bien es cierto que dijo yo se quien mató a tu hermano no se está atribuyendo una autoría, quizá podía ser la omisión de denuncia, pero como esa base fue originada del dicho de Wenceslao no puede darse credibilidad.

Aún la duda no puede tomarse como criterio exculpativo que favorezca a los acusados, es la prueba la que no es lo suficiente como sentenciar a persona alguna conforme lo establece el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, si bien se realizó una conducta aleve al suprimir una vida, situación debidamente comprobada, no es menos cierto y así se demostró sin duda alguna que los procesados Joaquín Castro Solís y Wenceslao Fernández Araújo no fueron los autores de ese ilícito que consternó a la población guapiñera, pues se conoció ampliamente que Walberto Perlaza era una persona dedicada al trabajo honrado de donde derivaba su sustento y el de los suyos...”.

Del contenido de esa decisión emerge que la antijuridicidad de la detención preventiva que sufrió el señor Joaquín Castro Solís, se puede predicar de las dos oportunidades en las que se le aplicó la medida de aseguramiento (desde jul. 17/85 hasta dic. 13/85 y desde oct. 1º/96 hasta feb. 6/97), antijuridicidad que se configuró con la sentencia absolutoria, que fue proferida cuando estaba vigente el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

En consecuencia, no hay lugar a analizar bajo el criterio de la falla del servicio, con el alcance que se le daba al mismo antes de la expedición de la Constitución de 1991, la detención preventiva a la que estuvo sometido el demandante en el año 1985, porque, se insiste, la detención sufrida en ese momento solo devino injusta, a la luz de lo previsto en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, cuando se dictó la sentencia en la que se absolvió al señor Castro Solís por haberse demostrado que no fue el autor de los ilícitos que se le imputaron.

En pocos términos, no hay duda de que la medida de aseguramiento de detención preventiva que sufrió el señor Joaquín Castro Solís fue injusta, según lo que establecía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, habida consideración de que el proceso culminó con sentencia absolutoria por haberse demostrado que el sindicado no cometió los delitos que se le imputaron.

Ahora bien, la Nación - Fiscalía General de la Nación adujo que no le era imputable el daño, en tanto simplemente se limitó a cumplir con el deber constitucional y legal de investigar los hechos punibles de los que tuvo conocimiento y a garantizar la comparecencia de los inculpados al proceso.

Considera la Sala que si bien está demostrado que la investigación penal por homicidio y hurto calificado que se adelantó en contra del señor Castro Solís tuvo su origen en la denuncia formulada por el señor Abraham Perlaza Caicedo, hermano de la víctima, tal como consta en el resumen de los antecedentes consignados en el auto de 29 de julio de 1985, mediante el cual se resolvió la situación jurídica del procesado (fls. 46-50, C-1), y que es deber constitucional de la entidad demandada investigar los delitos y lograr la comparecencia de los sindicados al proceso, también lo es que la medida de aseguramiento legalmente impuesta puede resultar, sin embargo, injusta cuando al final del proceso se demuestre que la persona que sufrió la medida no tenía el deber jurídico de soportar esa grave restricción de sus derechos, porque, finalmente en el proceso queda demostrada su carencia de responsabilidad, tal como en su momento lo reconoció el legislador al consagrar en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 las causales objetivas de responsabilidad.

También cabe agregar que la única causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 lo era la culpa exclusiva de la víctima(25) y en el caso concreto, no se demostró, ni siquiera lo insinúo la parte demandada, que la conducta procesal del sindicado hubiera dado lugar a la imposición de la detención que sufrió.

Ahora bien, la retención que sufrió el señor Casto Solís el 21 de junio de 1998, entre las 9:30 y las 11:00 de la mañana, no se enmarca dentro de los eventos de privación injusta de la libertad previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto la misma no constituyó una medida de aseguramiento dictada dentro un proceso penal, sino un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, título de imputación previsto de manera autónoma en el artículo 69 de esa misma ley(26), por mantener vigente una orden de captura que debió haber sido cancelada, porque el proceso en el cual se dictó esa orden ya había culminado con sentencia absolutoria que había hecho tránsito a cosa juzgada.

Por lo tanto, aunque esa última restricción de la libertad sufrida por el señor Castro Solís hubiera sido muy breve, se considera que le causó daños morales tanto a él como a su familia, los cuales se tendrán en cuenta al momento de valorar la indemnización.

5. La indemnización de los perjuicios.

5.1. La indemnización por el daño moral.

La Sala condenará a la demandada a pagar la indemnización por el daño moral causado a los demandantes. Para establecer el valor de la indemnización por este concepto, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

Por lo tanto, se liquidará la indemnización por el perjuicio moral, a favor de los demandantes, en las siguientes cantidades: 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Joaquín Castro Solís y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demás demandantes, con excepción de su hijo Jheinner Castro Peñaranda, a favor de quien se deduce una indemnización por 10 salarios mínimos legales mensuales, por las razones ya expuestas.

5.2. La indemnización por el daño material.

Se solicita en la demanda que se indemnice al señor Joaquín Castro Solís por los perjuicios materiales que se le causaron con la privación de la libertad a que fue sometido desde el 29 de septiembre de 1996, porque esa decisión implicó que fuera retirado del servicio que prestaba como asistente grado II e la unidad de trabajo legislativo del representante a la cámara Jesús Ignacio García Valencia y que esa indemnización se extienda hasta la fecha de presentación de la demanda.

Se accederá al reconocimiento de la indemnización reclamada, porque, como antes se señaló, se demostró la existencia de relación causal entre la privación de la libertad que sufrió el señor Castro Solís y la pérdida de su empleo en el Congreso de la República. El período a indemnizar por ese perjuicio solo será aquel en el cual el demandante fue privado de la libertad en la segunda oportunidad, esto es, entre el 1º de octubre de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997, porque así se limitó la pretensión en la demanda y además, se extenderá la indemnización por un período adicional, que se considera como aquel que debió quedar cesante.

Según la constancia de servicios expedida por el jefe de personal de la Cámara de Representantes, para el 24 de octubre de 1996, fecha de su retiro, el señor Castro Solís devengaba un salario básico de $ 568.502 (fl. 117, C-1). Por lo tanto, se procederá a actualizar ese valor a la fecha de la sentencia, de conformidad con la variación de los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, según la siguiente fórmula:

111
 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta.

Vh: Capital histórico o suma que se actualiza: $ 568.502

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia: 104.29

Índice inicial: el de la fecha del retiro del empleado: octubre de 1995:

222
 

La indemnización cubrirá el tiempo durante el cual el demandante permaneció privado de la libertad por cuenta de la Fiscalía Segunda de la Unidad Especializada de Popayán, esto es, desde el 1º de octubre de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997 (4,23 meses), indemnización que habrá de extenderse por un período adicional de 35 semanas (8.75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(27). Total período a indemnizar: 12,98 meses.

Para la liquidación del lucro cesante vencido se aplicará la fórmula actuarial adoptados por la corporación:

333
 

 

Liquidación:

444
 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ACÉPTANSE el impedimento manifestado por el consejero Hernán Andrade Rincón.

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión, sede Cali, el 10 de mayo de 2001 y en su lugar, se decide:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la detención preventiva que se impuso al señor Joaquín Castro Solís.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades: noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Joaquín Castro Solís; cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los señores Johan Vladimir Castro Ruíz, Arley Alfonso Castro Ruíz, Ruth Doreiny Castro Hurtado, Adriano Castro y Natalia Solís, y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Jheinner Castro Peñaranda.

3. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios materiales, la suma de veintiséis millones doscientos setenta y tres mil ciento sesenta y dos pesos ($ 26.273.162), a favor del señor Joaquín Castro Solís.

4. La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En decisión proferida por la Sala Plena de la corporación el 9 de septiembre de 2008, expediente 34.985 se consideró que: “... el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida ley estatutaria de la administración de justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv”.

(2) Ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 2006 y de la Sala de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168 y de 6 de marzo de 2008, expediente 16.075.

(3) Sentencia de 6 de marzo de 2006, expediente 13.168.

(4) Sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 16.075.

(5) Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168. Una amplia exposición doctrinaria sobre ese derecho puede verse en sentencias de 14 de abril de 2010, expediente 18.960.

(6) Ver, por ejemplo, sentencias de 7 de diciembre de 2004, expedientes 13.481 y 14.676.

(7) Sección Tercera. Sentencia de 24 de mayo de 1990, expediente 5451.

(8) Sentencia del 30 de marzo de 1990, expediente 3510: “... la falla del servicio es la violación de una obligación a cargo del Estado, y que para lograr determinar cuál es el contenido obligacional al que está sujeto el Estado frente a un caso concreto, debe el juez referirse en primer término, a las normas que regulan de manera concreta y específica la actividad pública causante del perjuicio. Y si se afirma que el juez debe referirse en primer término a la mencionada normatividad concreta y específica, es porque, como se afirma en la precitada sentencia [jun. 30/90, Exp. 5225], “los doctrinantes han ampliado la determinación de la obligación administrativa diciendo que esta existe no solo en los casos en que la ley o el reglamento la consagra expresa y claramente, sino también en todos aquellos eventos en que de hecho la administración asume un servicio o lo organiza; y lo mismo cuando la actividad cumplida está implícita en la función que el Estado debe cumplir”. Por ello, la falla del servicio es entonces la violación del contenido obligacional que se impone al Estado, y que puede ser infringido, ya sea porque así se deduce nítidamente de una norma que estatuye con precisión aquello a lo cual está obligado el Estado frente al caso concreto, ya sea porque así se deduce de la función genérica del Estado, que se encuentra plasmada prioritariamente en el artículo 16 de la Constitución Política. Estas dos maneras de abordar el contenido obligacional en lo que al Estado respecta, y que permitirá concluir que hay falla del servicio cuando la acción o la omisión estatal causantes de perjuicio lo ha infringido, lejos de excluirse se complementan, como pasa a verse para el caso en estudio ... De las citadas normas [C.N., arts. 16 y 23 y D. 1355/70, art. 56] (Código Nacional de Policía se deduce con nitidez que se impone al Estado el siguiente contenido obligacional: solo pueden ser detenidas o privadas de la libertad las personas en contra de las cuales haya previo mandamiento escrito de autoridad competente, o aquellas que se encuentren en el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía. Por ello, resulta claro determinar que cuando esa obligación ha sido violada, existe una falla del servicio, pues por demás y de contera, se viola el deber primario de las autoridades consistentes en proteger la vida, honra y bienes de los asociados, enunciado en el artículo 16 de la Constitución Política”.

(9) A propósito de esta disposición, la Corte Constitucional en Sentencia C-397 de 1997, ha señalado que: “... aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo”.

(10) Criterios expuestos por la Corte Constitucional en varias sentencias, que aparecen citados en la Sentencia C-416 de 2002. En sentencia de la sección de 14 de abril de 2010, expediente 18.690, se señalaron los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la medida de aseguramiento, así: “1. Debe fundamentarse en una causa que esté previamente prevista en la ley. En otras palabras, la autoridad que asume la medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y medios probatorios que desde un punto de vista racional arrojen una posible responsabilidad penal del individuo inculpado. 2. No puede ser indefinida, debe tener un límite temporal que se relaciona directamente con el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos que dieron lugar a la asunción de la medida. 3. Al ser una medida cautelar su finalidad no es represiva, se encamina principalmente a prevenir diferentes circunstancias: la fuga del sindicado, su presencia en el proceso, la efectividad de la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva. 4. La medida tiene una naturaleza jurisdiccional en sus diferentes fases: en la toma de decisión, en su control y en su finalización. 5. Una vez asumida la medida y afectada la libertad de una persona se activa un conjunto de garantías de orden procedimental y sustancial que hacen parte del derecho fundamental del debido proceso, principalmente la presunción de inocencia, el derecho de contradicción, el desplazamiento de la carga de la prueba en cabeza del Estado, entre otros. 6. La medida debe responder al criterio de excepcionalidad. En otros términos, la detención preventiva debe asumirse cuando no existe otra forma de asegurar los objetivos señalados en el numeral. 7. La detención preventiva siempre debe responder al principio de proporcionalidad, es decir que debe constituir un medio adecuado para la finalidad que se pretende alcanzar”.

(11) Sentencia C-395 de 1994, mediante la cual se declaró exequible el artículo 414A del Decreto 2700 de 1991, tal como fue modificado por el artículo 54 de la Ley 81 de 1993, norma que establecía el control de legalidad por el juez de conocimiento de las medidas de aseguramiento dictadas por la fiscalía.

(12) En el artículo XXV prescribe: “Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida, y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

(13) El artículo 9º dispone: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado”.

(14) El artículo 9º establece: “1. Todo ciudadano tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta ... La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

(15) Establece en el artículo 7º. “Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

(16) En el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, se estableció que la detención preventiva “se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”, y el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 establece: “El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.

(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 8 de mayo de 1997, expediente 9858.

(18) A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expedientes 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, expediente 13.449.

(19) Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(20) Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. En el mismo sentido, sentencias de 23 de abril de 2008, expediente 17.534 y de 25 de febrero de 2009, expediente 25.508, entre otras.

(21) Mediante la Ley 906 de 2004 se expidió un nuevo Código de Procedimiento Penal, aunque la Ley 600 de 2000 se continuó aplicando en relación con los delitos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución.

(22) El hecho o conducta punible fue definido en los últimos códigos penales, así: artículo 2º del Decreto-Ley 100 de 1980: “Hecho punible. Para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable” y artículo 9º de la Ley 599 de 2000: “Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad”. En los términos de estas normas, el hecho o conducta punible es aquel que encuadra en de la descripción de la ley penal (tipicidad); que no se encuentra amparado por una causal de justificación (antijuridicidad); que vulnera o amenaza considerablemente un bien jurídicamente tutelado, lo cual excluye aquellos hechos que en razón de la insignificancia de la agresión, o de la levedad del resultado no afectan tales bienes (delito de resultado de bagatela); que se comete con conocimiento e intencionalidad (culpabilidad). A contrario sensu, no son hechos punibles ni las conductas atípicas, ni las conductas típicas que se encuentran amparadas por una causal de justificación o inculpabillidad.

En el Decreto-Ley 100 de 1980 se previeron como causales de justificación: “ART. 29.—El hecho se justifica cuando se comete: 1. En estricto cumplimiento de un deber legal. 2. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. 3. En legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. 4. Por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, cualquiera sea el daño que le ocasione, y 5. Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, no evitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar”. Y como causales de justificación: “ART. 40.—No es culpable: 1. Quien realice la acción u omisión por caso fortuito o fuerza mayor. 2. Quien obre bajo insuperable coacción ajena. 3. Quien realice el hecho con la convicción errada e invencible de que está amparado por una causal de justificación, y 4. Quien obre con la convicción errada e invencible de que no concurre en su acción u omisión alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. En la Ley 599 aparece que la conducta”.

En la Ley 599 de 2000 se establece que no habrá lugar a responsabilidad en los siguientes eventos: “1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo. 3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. 4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. 5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. 6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 9. Se obre impulsado por miedo insuperable. 10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. 11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta ...”.

(23) Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala: “A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación”. Sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente 12.158.

(24) “... lesión indemnizable...se predica, pues, del efecto de la acción administrativa (no de la actuación del agente de la administración causante material del daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate. Estas causas de justificación han de ser expresas para que puedan ser estimadas y deben consistir siempre en un título que determine o imponga como jurídicamente querido el perjuicio contemplado”. García de Enterría, Tomas Ramón Fernández. Curso de derecho administrativo. Editorial. Civitas. Tomo II, Madrid, 1995, pág. 373. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado: “este concepto [daño antijurídico] armoniza sistemáticamente con la regulación constitucional de los derechos individuales, pues se entiende que ante el incremento de la actividad del poder público se impone la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los particulares, “al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades”. Sentencia C-254 de 2003.

(25) Establecía dicha norma: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Al respecto, ver sentencias de 15 de septiembre de 1994, expediente 9391 y de 25 de septiembre de 1995, expediente 10.056 y de 16 de junio de 2005, expediente 14.448.

(26) El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(27) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en serie documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168.