Sentencia 1999-00229 de marzo 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B)

Rad. 20001-23-31-000-1999-00229-01(19269)

Consejera ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Comunidad de herederos de las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas, San José de Mata de Indios o la Embocada y otras

Demandado: Ecopetrol y Coplex Colombia LTDA

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará la sentencia del tribunal a quo, para lo cual examinará los siguientes aspectos: i) competencia; ii) objeto de la acción y motivo de la apelación; iii) cuestiones procesales previas; iv) lo probado en el proceso; v) carácter excepcional de la propiedad privada del subsuelo petrolífero; vii) El objeto ilícito alegado en el contrato sub examine.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso suscitado por la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (CCA., art. 85), aunque —como se explicará adelante— se trate en realidad de verdad de una acción de controversias contractuales. Competencia que tiene su fuente en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado (Ac. 58/99 modificado por el Ac. 55/2003, art. 1º), que distribuyó los negocios por secciones.

Adicionalmente, le corresponde resolver el recurso de apelación en consideración a que la providencia apelada fue proferida en proceso de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor(13) asciende a la suma de US$ 10.000.000,oo y la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda -17 de marzo de 1999- era en tratándose de pretensiones relativas a controversias contractuales de $ 18.850.000 (D. 597/88) lo cual comportaba que el proceso se tramitara en primera instancia ante los tribunales administrativos y en segunda instancia ante el Consejo de Estado.

2. El objeto de la acción y el motivo de la apelación.

La comunidad actora persigue la nulidad absoluta del contrato suscrito entre Ecopetrol y la sociedad Coplex Colombia Ltd., el 2 de febrero de 1996, para la explotación de hidrocarburos. Alegó en su demanda que el objeto del contrato es la explotación de unos bienes (petróleo y demás hidrocarburos) que son de propiedad del demandante, según lo decidió la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 15 de diciembre de 1962. En dicha providencia judicial, adujo, se declaró —con efectos de cosa juzgada— que por haber salido del patrimonio del Estado antes del 28 de octubre de 1873, los hidrocarburos que se encontraren en el área geográfica del predio de los actores, eran de propiedad privada. Situación amparada —según la demanda— por la Ley 20 de 1969 y sus decretos reglamentarios, en tanto exceptúan de la propiedad estatal las situaciones jurídicas subjetivas y concretas perfeccionadas.

Texican Oil PLC(14) se opuso a las súplicas de la actora, afirmó que las circunstancias de hecho y de derecho que invoca la comunidad demandante no se encuentran en la excepción prevista en el artículo 1º de la Ley 20 de 1969, interpretada con autoridad por la Ley 97 de 1993, ni en los decretos reglamentarios 797 de 1971 y 1994 de 1989. Esgrimió que el contrato acusado fue celebrado conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

El tribunal a quo, en síntesis, negó las pretensiones de la demanda al considerar que las normas invocadas no constituyen causal de nulidad del contrato impugnado. El actor manifestó que la sentencia debe ser revocada, al advertir que el contrato de asociación celebrado entre Coplex y Ecopetrol, para disponer de los hidrocarburos subyacentes en el área consignada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 1962, “tiene por objeto un acto ilícito cual es el de saquear un bien ajeno sin permiso, ni autorización de sus propietarios”.

Según la vista fiscal, a partir de 1969 “no bastaba con una simple sentencia judicial, sino que para el reconocimiento de los derechos de particulares sobre los hidrocarburos, era presupuesto indispensable que existiera frente al título de propiedad, una vinculación a un yacimiento entendido en los términos de la Ley 20 de 1969, aspecto que no se comprobó en el caso de autos”.

En tal virtud, el problema jurídico que ocupa la atención de la Sala, se concreta en resolver, de acuerdo con el acervo probatorio, (i) si el contrato celebrado entre Ecopetrol y Coplex Colombia Ltd. el 2 de febrero de 1996 para la explotación de hidrocarburos, versa sobre bienes de propiedad del la comunidad demandante y (ii) si, en consecuencia, el mismo está viciado de objeto ilícito y —por ende— hay lugar a anularlo y a indemnizar a la parte actora.

3. Cuestiones procesales previas.

3.1. Idoneidad de la acción incoada.

Como ya se indicó, la comunidad actora afirmó en la demanda que ejercía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuando lo que demanda es la nulidad de un contrato.

La Sala reitera que cuando se invoca una denominación equivocada de la acción, el juez está autorizado para interpretar la demanda y ordenar al actor en sede de su admisión que la corrija en relación con el cauce legal adecuado (CCA., art. 143)(15), o si aparecen en la demanda nítidos los supuestos que se enmarcan en determinada acción darle el curso o trámite legal que le corresponda, siempre que la misma se haya interpuesto en término oportuno.

En este sentido, aun cuando la demanda se presentó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor pretende, de una parte, la declaratoria de nulidad del contrato de exploración y explotación del petróleo que pueda encontrarse en el área denominada “Maracas” celebrado por Ecopetrol y Coplex Colombia Ltd. el 5 de enero de 1996, y de otra parte, como consecuencia de dicha declaración, que se condene a la entidad demandada al pago de una indemnización a su favor por perjuicios materiales y morales, es decir, que las súplicas giran en torno al contrato celebrado y a su ejecución, como que él se constituye en el eje y común denominador de la causa que las sustenta.

Es claro que la acción instaurada es la consagrada en el artículo 87 ibídem(16), es decir, la de controversias contractuales, medio de control idóneo para cuando se interpuso la demanda el 17 de marzo de 1999, según ya lo había indicado la jurisprudencia y lo reafirmó el artículo 77 de la Ley 80 de 19939(17), con el fin de conocer la nulidad del contrato. En efecto, de conformidad con lo señalado por la sección en anteriores oportunidades la acción de controversias contractuales es la procedente cuando se pretenda dirimir un litigio derivado del contrato celebrado por una entidad estatal:

“[S]i el daño alegado tiene como causa un acto administrativo, la acción no podrá ser sino de nulidad y restablecimiento; como no podrá ser sino de reparación directa cuando la lesión devenga de un hecho, de una omisión o de una operación administrativa; y como no podrá ser sino contractual cuando el perjuicio tenga como causa el contrato mismo, los hechos de ejecución o cumplimiento de su objeto contractual o los actos administrativos dictados por la entidad pública contratante con motivo u ocasión de la actividad contractual”(18) (se destaca).

De lo anterior se deduce que, aun cuando se invocó una denominación equivocada de la acción, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política y a fin de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, el juez estaba autorizado para interpretar la demanda y darle el cause adecuado para decidir en torno a ella, teniendo en cuenta, además, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como la acción contractual dan lugar al seguimiento del mismo trámite procesal, esto es, el procedimiento ordinario, previsto en los artículos 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo(19).

En consecuencia, pese al defectuoso planteamiento de las pretensiones, no hay duda de que la acción instaurada por el demandante —en relación con las mismas— es la de controversias contractuales (CCA., art. 87) y no de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo señaló el actor, no obstante esa equivocación formal no impide conocer de fondo, toda vez que según se infiere de las pretensiones y los hechos de la demanda la misma se subsume en el contenido del artículo 87 Código Contencioso Administrativo que contempla aquella, sin que exista obstáculo procesal o de oportunidad para entenderla como relativa a controversias contractuales.

3.2. Caducidad.

Texican Oil PLC formuló la excepción de “caducidad de la acción”. Aseguró que la demanda se presentó el 17 de marzo de 1999 y como el contrato fue suscrito el 5 de enero de 1996 es claro que transcurrieron más de 3 años desde su celebración.

Es menester señalar que el contrato de asociación sub lite es de aquellos que se denominan de tracto sucesivo, esto es, cuya ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo. En efecto su objeto (cláusula primera) es la exploración del área contratada (sector Maracas) y la explotación del petróleo en la misma, lo cual revela inequívocamente que no puede ejecutarse en “un solo acto único” sino en “varios actos escalonados”(20) y —por lo mismo— en su cláusula vigésima tercera prevé que “[e]ste contrato tendrá una duración máxima (...) de veintiocho (28) años (...)”.

El término para formular pretensiones relativas a controversias contractuales con fines anulatorios del negocio jurídico está contemplado en el numeral 10 apartado e) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998— con arreglo al cual la nulidad absoluta del contrato debe ser alegada dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento. Sin embargo, según lo imperado por el precepto en comento cuando el término de vigencia del contrato “fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años contados a partir de su perfeccionamiento”.

Síguese de todo lo anterior que la demanda fue interpuesta en tiempo, vale decir dentro del término señalado por la ley, porque para la fecha en la cual se instauró, 17 de marzo de 1999, apenas había transcurrido un poco más de tres años desde su celebración(21) y el plazo de duración era de 28 años, de modo que la demanda fue interpuesta acorde con las voces del artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

3.2. Legitimación en la causa por activa: tercero con interés directo en la anulación del contrato estatal.

La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual, según la ley, se desprenden o no derechos u obligaciones, o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas.

De ahí que, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquella exista.

Ahora bien, la Ley 446 de 1998 introdujo una reforma importante al control de la actividad contractual del Estado. En efecto, al modificar el mismo artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, buscó restringir la titularidad de la acción que permite buscar la nulidad absoluta del contrato estatal, cuando, contrario a lo que había preceptuado el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 que consagraba una legitimación universal, exigió interés directo en el tercero que la demanda. Según lo imperado por este precepto: “El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración solo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (...)”.

El cambio, que por demás fue declarado exequible, es coherente con el contenido del parágrafo del artículo 77 de la Ley 80 y con la interpretación de la Sala sobre los alcances del segundo inciso del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, introducido por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, en tanto circunscribe a los interesados la titularidad para lograr la nulidad absoluta del contrato.

No puede desconocerse que el interés que tutela en este evento el legislador no es solo la defensa de la legalidad, como es lo propio del contencioso objetivo de anulación, sino que busca proteger un interés concreto, personal y directo, el que estaría en un tercero afectado con la celebración ilícita del negocio jurídico. Así lo ha puesto de relieve el profesor Carlos Betancur Jaramillo al advertir que:

“(...) En el régimen anterior, gobernado por la ley 80 y por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, antes de la reforma que le introdujo la Ley 446, estaban legitimados para pedir esa nulidad absoluta las partes contratantes o sus causahabientes, y cualquier persona en interés del orden jurídico. Ahora, con el nuevo artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se mantiene la legitimación en los antes citados, pero ya no podrá hacerlo cualquier persona, sino solo aquella ‘que acredite un interés directo’.

Se modificó en este extremo la Ley 80 (art. 45) que la había convertido en acción pública de legalidad, para facilitar así el control, a instancias de cualquier persona, de la contratación estatal; y se regresó al sistema del código administrativo y del Decreto 222 de 1983.

La reforma tiene su sentido porque ese interés simple o común de legalidad, que se presume en todas las personas, no puede confundirse con el particularizado o concreto, de sentido o incidencia económica, requerido y justificado para pedir la nulidad absoluta del contrato. Además, los principios rectores de la contratación estatal, como son los de transparencia y publicidad en la operación (L. 80/art. 24), no quedan desprotegidos porque se salvaguardan también, adecuada y eficazmente, con la acción de simple nulidad que se le otorga a cualquier persona contra los actos previos y con la intervención del ministerio público en defensa del orden jurídico”(22).

En el sub examine la comunidad actora evidentemente cumple tal presupuesto, toda vez que la celebración del contrato de asociación para el sector denominado “Maracas” por Ecopetrol y la Compañía Coplex Colombia Ltd., con fecha 5 de enero de 1996, enerva los derechos de propiedad que esgrime la comunidad demandante le asisten sobre el subsuelo petrolífero.

Conviene anotar que el día 23 de noviembre de 1981, los comuneros propietarios de los predios “alinderados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 15 de diciembre de 1962”, resolvieron:

“Primero: Crear la Administración de la Comunidad cuya provisión corresponderá a la Junta General de Comuneros (...).

Segunda. La administración tendrá todas las facultades necesarias para representar a la comunidad ante terceros y ante las autoridades judiciales, administrativas y de Policía. La Administración podrá celebrar todos los actos y contratos que se requieran para cumplir a cabalidad con los deberes de su cargo.

(...) C) Nómbranse como administradores de la comunidad a los señores Jaime Trespalacios R. y Juan A. Gutiérrez de Piñeres O., conjunta y solidariamente 1 (fls. 13 a 19 cdno. 1)”(23).

Está acreditado en el plenario que la comunidad de herederos “propietarios del subsuelo de las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José Mata de Indios y otros” se reunieron el 2 de octubre de 1987 en la ciudad de Barranquilla y en dicha reunión se informó acerca de la demanda para solicitar el reconocimiento del subsuelo “del resto de las Haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios, que quedaron por fuera de la propuesta 440”, según da cuenta copia auténtica de la escritura pública 425 de 1987, otorgada por Jaime Tres Palacios Rodríguez a favor de la comunidad de herederos propietarios, el 7 de noviembre de 1992 en la Notaría Segunda de Cartagena. La Sala destaca que allí el Notario consignó que “para el otorgamiento de la presente escritura se entregó certificado de paz y salvo WB-13599987, expedido por la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, a nombre de Las Cabezas Mata Indios, NIT 00090112370 (...) [se anexa un mapa a fl. 12 idem]” (copia de la fotocopia autenticada fls. 5 a 11 cdno. 1).

De lo expresado en el escrito de demanda se puede inferir sin dificultad, en qué medida el contrato cuya nulidad solicita —a su juicio— ha transgredido un derecho del que se dice titular, lo cual deja entrever la vocación del actor para ejercer la acción intentada.

Una conclusión se impone: la comunidad actora ostenta un claro interés jurídico sustancial para impugnar, toda vez que el contrato que ataca versa sobre la explotación del subsuelo, del que se afirma propietaria según sentencia del 15 de diciembre de 1962 de la Corte Suprema de Justicia(24). Lo que da tanto como afirmar que aquella tiene vocación para demandar el contrato enjuiciado a fin de que la jurisdicción contencioso administrativa resuelva las pretensiones anulatorias formuladas.

De otra parte, es procedente anotar que la jurisprudencia de esta corporación, ha exigido que en aquellos eventos en los cuales se demanda los perjuicios derivados de los daños causados en relación con un bien cuya propiedad se comparte en común y pro indiviso es necesario demandar a nombre de la comunidad y la sentencia condenatoria favorecerá a todos los copropietarios.

En efecto, la comunidad es un estado en que uno o varios bienes pertenecen a varias personas en proindiviso; judicial y extrajudicialmente y corresponde actuar por ella a los comuneros, toda vez que ella, como ha señalado la Corte Suprema de Justicia “no es persona jurídica” y por lo mismo “en estricto rigor la comunidad como tal carece de capacidad para ser parte, pues no es una entidad distinta de los comuneros individualmente considerados” y si bien es cierto que los copropietarios no se representan unos a otros, ni tampoco a la comunidad, “cuando uno de ellos ha litigado para esta última sobre un derecho indivisible, la sentencia favorable aprovecha a la comunidad, pero la desfavorable no afecta los derechos de esta o de los otros condueños que no la acepten”(25).

Al decir de la jurisprudencia cuando el comunero litiga a favor de la comunidad no significa que asuma su representación, en tanto esta carece de personería jurídica:

“(...) la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 28 de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954), Magistrado Ponente, doctor Manuel Barrera Parra, recordó:

‘(...). si la comunidad carece de administrador, cualquier comunero puede comparecer procesalmente en defensa de los derechos de todos. Cuando el comunero litiga en favor de la comunidad no es propiamente que asuma la representación de la supuesta entidad, que no existe como persona jurídica, sino que acciona con un interés propio que se confunde con el de aquella. La gestión procesal de cualquier comunero en beneficio de la comunidad, aprovecha a todos; pero aquella que no la favorece, solo perjudica al gestor (...) En consecuencia, cualquier comunero, tanto en la comunidad de cosa universal como en la comunidad de cosa singular, puede promover la acción reivindicatoria en beneficio de todos. Esta actuación judicial (...) aprovecha a toda la comunidad, a tal punto que el efecto de la interrupción civil que se deriva de su demanda, favorece a todos los comuneros, como lo establece el artículo 2525 del Código Civil (...)’ Gaceta Judicial, Nº 2.147, págs. 978 y ss. ss.).

También en sentencia de veinticuatro (24) de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis (1946), con ponencia del doctor Eleuterio Serna, la alta corporación precisó:

‘El comunero puede pedir para la comunidad, pero no es por la razón de que los comuneros se representen unos a otros o a la comunidad, sino en virtud de que el comunero, cuando litiga, en favor de la comunidad, tiene un interés propio que se confunde con el de esta. Tal cuestión es sustantivo, de fondo.’ (Gaceta Judicial. Tomo 61. 2038 - 2041, págs. 567).

Finalmente, el Consejo de Estado, en sentencia de marzo 3 de 1988, Expediente 5087, Actor Venancio Cardona Castaño, Consejero Ponente, Jorge Valencia Arango, dijo:

‘(...) la misma demanda afirma que el piso 3º del edificio, constituido en propiedad horizontal según aparece acreditado en proceso, pertenece a un tercero que no figura como demandante, por lo que los daños en la propiedad común, solo podían hacerse valer por ambos copropietarios, por el administrador de la comunidad, o por uno de los comuneros pero pidiendo a nombre de la comunidad y no a nombre propio.’ (Destacados de la Sala) (...)”(26).

Muestra el expediente en relación con este punto, que Jaime Trespalacios Rodríguez presentó demanda a nombre de la comunidad de herederos de las Haciendas Santa Bárbara de las Cabezas, San José de Mata de Indios o la Embocada y otras (fls. 1 y 280 c. 1), de manera que por ello se ostenta legitimación en la causa por activa en el sub lite, además de que demostró ser propietario en común y pro indiviso de dichas haciendas, como ya se explicó.

3.4 Cosa juzgada.

Texican Oil PLC propuso la excepción de “cosa juzgada”, al estimar que esta acción trata de revivir un asunto cuyo fondo —a su juicio— ya había sido objeto de debate y fue resuelto por el Consejo de Estado, en el sentido que los demandantes no tenían derecho de propiedad sobre hidrocarburos.

En lo que respecta al derecho de explotación del subsuelo del predio sub examine se observa que la Sección Tercera de esta corporación en sentencia de 21 de octubre de 1994 (Rad. 7374), que se encuentra ejecutoriada, negó las pretensiones anulatorias y de restablecimiento formuladas por la comunidad de propietarios de los yacimientos petrolíferos contenidos en el subsuelo de las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o la Embocada. Sin embargo, esta circunstancia aunque constituye cosa juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se siguió y se falló, no conduce a considerar que ello impida el conocimiento del sub lite en este juicio de connotación, características y efectos diferentes para determinar si el contrato atacado adolece o no de objeto ilícito.

La cosa juzgada —res iudicata— es el efecto que le otorga la ley a la sentencia en firme, según el cual lo resuelto en ella vincula con carácter inmutable y definitivo a las partes del proceso e imposibilita que sea materia de una nueva decisión. Se fundamenta en el interés de declarar la certeza a las relaciones jurídicas, toda vez que sin la fuerza obligatoria de la sentencia, no se pondría fin a las controversias que se suscitan y someten a consideración de los jueces, ni se le daría eficacia a sus decisiones, lo que entrañaría un estado de indefinición, incertidumbre e inseguridad jurídica, a la par que deslegitimaría el ejercicio de la función jurisdiccional.

Por lo demás, es principio esencial que informa la administración de justicia que la sentencia vincule con efectos inmutables y definitivos a quienes fueron partes en un proceso y que se impida que posteriormente se vuelva a resolver por los jueces en relación con idénticos objeto y causa. La cosa juzgada tiene, pues, una eficacia positiva y otra negativa, toda vez que a la vez que da seguridad, estabilidad y certeza a la relación sustancial sobre la que versa la decisión contenida en la sentencia, prohíbe decidir lo ya resuelto, en el entendido de que el juez se ocupó completamente en relación con el asunto y con la plenitud de las formas propias del juicio.

Esta cualidad que se predica de las sentencias se encuentra consagrada en la legislación procesal, puede proponerse como excepción previa(27) (CPC., art. 97) o de mérito, y para que opere en el nuevo proceso se requiere que entre la acción que se tramita y la que ya se juzgó exista el mismo objeto —eadem res—, se funde en la misma causa —eadem causa petendi— y que entre ambos procesos haya identidad jurídica entre las partes —eadem conditio personarum—(CPC., art. 332(28) y CCA., art. 175)(29).

El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del juez (qué se litiga).Con otras palabras, la identidad de objeto se refiere a que el derecho o pretensión que se ha solicitado en la nueva demanda (petitum), coincida con el del otro proceso previamente resuelto, toda vez que no se configura esta institución procesal sobre pretensiones que no han sido materia de pronunciamiento en una sentencia.

La causa de pedir (causa petendi) es el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y fundamento de la pretensión (el por qué del litigio); es decir, la identidad de causa consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso, de manera que si varían, el segundo proceso es diferente y no existe cosa juzgada. Sin embargo, la causa, no puede confundirse con los medios de prueba que se pretenda hacer valer en el proceso, pues la cosa juzgada no se predica del valor que pueda otorgar el juez a las pruebas.

La identidad jurídica de partes, se presenta cuando se trata de los mismos sujetos que en nombre propio o por medio de representante comparecieron al proceso anterior —bien en calidad de demandante o de demandado— y actúan en el nuevo. Así, dado que la sentencia no obliga sino a quienes tuvieron calidad de parte en el proceso (excepto que la ley consagre un efecto erga omnes, como ocurre, por ejemplo, con la que declara la nulidad de los actos administrativos), se impone analizar quiénes son los sujetos litigantes y la calidad en que actúan en ambos procesos, sin que se exija una identidad física sino jurídica, como tampoco una posición procesal en uno y otro como demandante o demandado.

Descendiendo las anteriores reflexiones al sub examine, aunque existe alguna semejanza entre los hechos por los que se sustentó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(30) y los que fundamentan esta de controversias contractuales, no puede concluirse que la decisión tomada por esta Sección, en la sentencia de 21 de octubre de 1994, que, aun cuando, como se dijo, constituye cosa juzgada en el proceso que se falló, impida el conocimiento del sub lite para determinar si se estructura o no, de acuerdo con las normas invocadas, el objeto ilícito que se le endilga al contrato que se analiza, en especial, porque las pretensiones formuladas en uno y otro juicio no tienen el mismo objeto.

Observa la Sala que el objeto de la demanda de nulidad resuelta previamente por esta Sección, fue la declaratoria de nulidad de los actos administrativos (Res. 3-1668 y Res. 3-2326 de 1991) por las cuales el Ministerio de Minas le negó a la comunidad hoy demandante un permiso para reanudar la explotación del subsuelo que ella aduce de su propiedad. Al paso que, el objeto del presente proceso es diferente puesto que en esta oportunidad persigue que se declare la nulidad de un contrato de asociación celebrado por Ecopetrol y Coplex Colombia Ltd. para la exploración y explotación del subsuelo que alega la demandante es de su propiedad.

En suma, si bien es posible que las demandas contengan pretensiones que se refieran al mismo predio y versen sobre algunos hechos que guardan similitud, los procesos difieren en cuanto al objeto, causa e incluso partes, razón por la cual es posible tramitar la presente acción.

Finalmente, en relación con la excepción de “carencia de interés jurídico”, que propuso Texican Oil PC en tanto estima que de conformidad con el artículo 332 de la Constitución, con las leyes 20 de 1969 y 97 de 1993 y su decretos reglamentarios, para aducir propiedad sobre los hidrocarburos es requisito fundamental demostrar además de un título válido y vigente, la existencia de un descubrimiento y que tal descubrimiento se haya hecho con anterioridad al 22 de diciembre de 1969, este es un asunto que —evidentemente— corresponde al fondo del asunto y como tal será abordado a partir del régimen jurídico aplicable y de lo demostrado en el plenario.

4. Los elementos fácticos relevantes probados en relación con la pretensión de nulidad absoluta del contrato de asociación sub iudice.

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso(31), se demostraron las siguientes circunstancias particulares y relevantes del caso sub iudice:

4.1. Que la sociedad Coplex Colombia Limited tiene por objeto social la exploración y explotación de hidrocarburos petrolíferos, incluyendo petróleo, gas y gas natural, según da cuenta el certificado de existencia y representación legal aportado al proceso (copia auténtica, fls. 2 y 3; original fls. 307 y 308 cdno.1).

4.2. Que la comunidad de herederos “propietarios del subsuelo de las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José Mata de Indios y otros” se reunieron el 2 de octubre de 1987 en la ciudad de Barranquilla. En dicha reunión rindió informe Antonio Espinosa García, en el que dio cuenta que la compañía “Lecon Petroleum Incorporated de Fort Worth, Texas” ya está en proceso de legalización e incorporación en Colombia, para obtener un permiso de operación definitivo. Que una vez ello suceda, se iniciará la perforación del primer pozo. También se informó acerca de la demanda para solicitar el reconocimiento del subsuelo “del resto de las Haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios, que quedaron por fuera de la propuesta 440”, según da cuenta copia auténtica de la escritura pública 425 de 1987, otorgada por Jaime Tres Palacios Rodríguez a favor de la Comunidad de herederos propietarios, el 7 de noviembre de 1992 en la Notaría Segunda de Cartagena (copia de la fotocopia autenticada fls. 5 a 11 cdno. 1).

4.3. Que mediante sentencia del 15 de diciembre de 1962 la Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales con ponencia del doctor Carlos Peláez Trujillo, salieron del patrimonio del Estado antes del 28 de octubre de 1873 y, en consecuencia, son de propiedad particular y pertenecen a la sucesión ilíquida de don Francisco de la Cruz Trespalacios Marzán, el petróleo y demás hidrocarburos que existen en la parte o porción del globo de terreno denominado Santa Bárbara de las Cabezas.

Que también esa providencia dispuso que salieron del patrimonio del Estado con anterioridad a la misma fecha, “y consiguientemente son de propiedad particular” y pertenecen a la sucesión ilíquida de don Oscar Adolfo Trespalacios Cabrales, el petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren o puedan encontrarse en la parte o porción del globo de terreno denominado San José de Mata de Indios o la Embocada. En la misma decisión se dispuso que “[c]omo consecuencia de las anteriores declaraciones, el Gobierno deberá excluir del contrato propuesto el petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en las áreas y porciones que en este fallo se reconocen como de propiedad particular” (copia simple(32) fls. 29 a 73).

4.4. Que mediante Resolución 3-1668 de 3 de septiembre de 1991, el Ministerio de Minas y Energía no autorizó la perforación solicitada por la Comunidad de propietarios del subsuelo de la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o la Embocada, según da cuenta copia auténtica de este acto administrativo (fls. 35 a 42 cdno. 1)(33).

4.5. Que por Resolución 3-2316 de 25 de noviembre de 1991, el Ministerio de Minas y Energía confirmó en todas sus partes la Resolución 3-1668 de 3 de septiembre de 1991, por la cual se negó la autorización para perforación solicitada por la comunidad de propietarios del subsuelo de la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o la Embocada, según da cuenta copia auténtica de este acto administrativo (fls. 54 a 55 cdno. 1)(34).

4.6. Que por auto de 11 de septiembre de 1991 el jefe de la división legal de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, se abstuvo de inscribir en el libro tercero de registro de propiedad privada del subsuelo petrolífero las modificaciones y cesiones del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública 2124 del 30 de diciembre de 1981 de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, al estimar que no se acreditó que el derecho pretendido está vinculado a un yacimiento descubierto (copia auténtica fl. 56 cdno. 3)(35).

4.7. Que mediante Resolución 3-0148 de 11 de febrero de 1992 el Ministerio de Minas y Energía, no repuso el auto de 11 de septiembre de 1991, mediante el cual el jefe de la división legal de hidrocarburos de ese ministerio, se abstuvo de inscribir en el libro tercero de registro de propiedad privada del subsuelo petrolífero, las modificaciones y cesiones del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública 2124 de 30 de diciembre de 1981 de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, según da cuenta copia auténtica de dicho acto administrativo (fls. 31 a 34(36) cdno. 3).

4.8. Que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 21 de octubre de 1994, Expediente 7374 consejero ponente Julio Cesar Uribe Acosta, negó las pretensiones formuladas por la comunidad de propietarios de yacimientos petrolíferos contenidos en el subsuelo de las Haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José Mata de Indios o La embocada, representada por Jaime Tres Palacios, contra las Resoluciones 31668 de septiembre 3 de 1991 y 32316 de 25 de noviembre de 1991, por las cuales el Ministerio de Minas y Energía no autorizó la perforación con fines de explotación de petróleo, en los yacimientos existentes en las haciendas de propiedad de dicha comunidad (copia simple fls. 137 a 215 cdno. 1(37)).

4.9. Que el 5 de enero de 1996 Ecopetrol y Coplex Colombia Ltd. celebraron el contrato de exploración y explotación del petróleo de propiedad nacional que pueda encontrarse en el área denominada “Maracas”, según da cuenta copia simple del mismo (fls. 230 a 279 cdno. 1) y copia auténtica de la Resolución 6-008 de 9 de febrero de 1996, expedida por el Ministerio de Minas —en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 2310 de 1974(38) y la Resolución 2543 de 1984— por la cual se resolvió “[a]probar el contrato de asociación número 331, conocido con el nombre de sector Maracas, suscrito entre la Empresa Colombiana de Petróleos y la Compañía Coplex Colombia Ltd., para explorar y explotar petróleo de propiedad nacional” (fls. 57 a 60 c. 3)(39).

Es de notar que en su escrito de contestación a la demanda en el acápite de prueba, Texican OIL PLC solicitó valorar como prueba: “La escritura pública 0312 de fecha 2 de febrero de 1996 de la Notaría 36 de Santafé de Bogotá, por la cual se protocoliza el contrato de asociación del sector ‘Maracas’ suscrito el día 5 de enero de 1996, la cual obra en el proceso y fue aportada por el demandante” (fl. 237 cdno. 3)(40).

La Sala dará valor probatorio a la copia simple de dicho documento, en atención a que Texican OIL PLC en su escrito de contestación solicitó valorarla como prueba.

4.10. Que Texican Oil PLC es una sociedad domiciliada en Inglaterra, cuyo objeto social es la búsqueda, exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo y gas, en los términos de contratos de asociación celebrados con Ecopetrol, según se desprende del certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio de Bogotá (copia auténtica a fls. 211 a 212 y original a fls. 223 a 224 cdno. 2).

4.11. Que Coplex Colombia Ltd. cedió a Texican Oil PLC parcialmente intereses, derechos y obligaciones en el contrato de asociación Maracas suscrito por aquella con Ecopetrol (copia auténtica del contrato y de su protocolización en Notaría, fls 208 a 210 cdno. 2).

4.12. Que luego de la cesión parcial el porcentaje de participación en el contrato de asociación quedó así: Ecopetrol: 50%; Texican Oil PLC: 42.5% y Coplex Colombia Ltd.: 7.5%, según da cuenta constancia expedida por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía (copia auténtica fl. 213 cdno.2).

4.13. Que el director general de hidrocarburos del Ministerio de Minas certificó, a solicitud del tribunal a quo, que “una vez revisados los expedientes de pozos y el estudio de propiedad privada realizado por la división de exploración de Ecopetrol en octubre/89, se puede verificar que dentro del polígono asignado a la propiedad privada de San José Mata de Indios y Santa Bárbara de las Cabezas, no se había perforado pozos que evidenciaran la presencia de yacimientos productores de hidrocarburos, antes de 1969” (original, fl. 80)(41).

4.14. Que los terrenos en los cuales se practicó la diligencia de inspección judicial en este proceso, esto es, el predio rural donde se adelanta la exploración y explotación petrolífera en desarrollo del contrato acusado (fls. 1 a 10 cdno. 3), forman parte “de los terrenos y linderos a que se refiere la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 15 de 1962” y que “estos terrenos están incluidos dentro del área de la propuesta para la exploración y explotación de petróleos formuladas al Ministerio de Minas por Walter Link (registro 440) que delimita en la parte motiva de la misma sentencia y se incluye como lindero en la resolutiva”, según da cuenta el informe rendido por los peritos en este proceso, experticio que además fue soportado en mapas temáticos, coordenadas y fotografías que ilustran sus conclusiones (fls. 5 a 16 cdno. 3)(42).

5. Carácter excepcional de la propiedad privada del subsuelo.

La legislación sobre propiedad minera en Colombia se divide en tres grandes períodos: (i) desde la conquista hasta 1858; (ii) de 1858 a 1886 y (iii) de 1886 hasta hoy.

En el primer período, básicamente continuó rigiendo la legislación española que partía del supuesto de que el subsuelo pertenecía a la Corona y después a la República y no al dueño del suelo. El segundo período(43), la situación jurídica del subsuelo cambió drásticamente al modificarse la tradición legislativa del país sobre la propiedad minera, al señalar que -con excepción de las de esmeraldas, sal de gema, oro, plata, platino y cobre- las minas pertenecían al propietario del subsuelo. El tercer período, comienza con la Carta de 1886 que recobró para el dominio del Estado las minas y los yacimientos de hidrocarburos, o lo que es igual, supuso restaurar el régimen de propiedad del subsuelo minero vigente antes del 22 de mayo de 1858(44).

En efecto, la Constitución de 1886 en su artículo 202 volvió a establecer la reserva estatal del subsuelo, al disponer que las minas son patrimonio de la Nación, dejando a salvo los derechos constituidos a favor de terceros(45). Nuevo régimen jurídico que obedeció al propósito manifestado por don Miguel Antonio Caro en el Consejo Nacional de Delegatarios, en el sentido de hacer que la Nación “conserve los bienes anexos al atributo de la soberanía, como son el subsuelo y los baldíos”(46).

Este canon fundamental fue retomado por la Carta de 1991 en su artículo 332 al ratificar el dominio estatal en materia minera, cuando dispuso que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

En desarrollo del reseñado precepto de la Constitución anterior, la Ley 20 de 1969(47) reafirmó el dominio estatal sobre todas las minas y yacimientos de hidrocarburos, salvo los derechos debidamente constituidos a favor de terceros, esto es, situaciones no solo perfeccionadas debidamente sino “vinculadas a yacimientos descubiertos” al preceptuar en su artículo 1º que:

“ART. 1º—Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos”. (Se destaca).

Es procedente resaltar que en conformidad con lo ordenado por el artículo 13 eiusdem las normas contenidas en el artículo 1º de esa ley se aplicarán también a los yacimientos de hidrocarburos.

Como se advierte, esta ley está en plena consonancia con lo dispuesto por el artículo 202 del régimen constitucional anterior —y que retoma el artículo 332 de la Constitución hoy vigente— en el sentido de que el subsuelo pertenece a la Nación, sin perjuicio de los derechos adquiridos “vinculados a yacimientos descubiertos”.

Ahora, si se recurre al espíritu de la Ley 20 de 1969, para determinar su alcance a partir del elemento histórico (voluntas legislatoris), esto es, de la historia fidedigna de su establecimiento, se tiene que la intención del legislador fue adecuar la legislación del subsuelo a la Carta de 1886, así se desprende del estudio de los trabajos preparatorios de la citada ley.

Del desarrollo del proceso legislativo dimana también la significación antes expuesta, esto es, que le ley se limitaba a reiterar y desarrollar el principio dispuesto por la Constitución de 1886. La exposición de motivos, ilustra el punto en los siguientes términos al señalar que el proyecto perseguía dos objetivos: “Adaptar la legislación minera al espíritu de la Constitución de 1886 y eliminar algunos obstáculos que desde hace más de un siglo han venido entorpeciendo el desarrollo de las actividades de exploración, explotación y beneficio de los recursos no renovables”(48).

Del mismo modo, en la citada exposición de motivos se puso de presente que las excepciones relacionadas con los derechos constituidos a favor de terceros y los derechos adquiridos por los descubridores y explotadores de algunos yacimientos “se refieren, de manera exclusiva, a aquellas situaciones jurídicas individualizadas y concretas vinculadas directamente a un depósito minero específicamente determinado y siempre que tales situaciones hubieren estado legalmente perfeccionadas en el momento de entrar en vigencia la Carta Política del 86”(49).

A su vez, en la ponencia para primer debate del proyecto de ley en el Senado de la República, se puso de presente que el artículo 1º de dicha iniciativa legislativa (a la sazón L. 20/69) “en realidad es la ratificación legal del artículo 202 de la Constitución Nacional. En tal sentido no introduce principio jurídico nuevo o distinto de lo que ordenó el constituyente de 1886, pero aclara que los derechos constituidos a favor de terceros solo comprenden las situaciones jurídicas concretas, específicas como son en la jurisprudencia y en la doctrina los derechos adquiridos. La norma, pues, es interpretativa y aclaratoria, no creativa del derecho”(50).

De lo expuesto resulta que, como lo puso de presente en agudo salvamento de voto el consejero Humberto Mora Osejo, el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 no convalidó situaciones ni derechos anteriores a la fecha de vigencia de la ley, sino que a partir de esta exige que el derecho constituido se radique en un yacimiento descubierto con el objeto de poner en consonancia la legislación con el artículo 202 de la Constitución. Por consiguiente “el precepto que se comenta no tiene carácter retrospectivo, ni menos retroactivo, que permita interpretarlo como convalidante de las meras expectativas anteriores a su vigencia; la disposición exige, ni más ni menos, que se cumpla el artículo 202 de la Constitución y que, por lo mismo, la excepción que contempla consiste en derechos constituidos en yacimientos descubiertos. En otros términos, antes y después de que entrara en vigencia la Ley 20 de 1969, las excepciones, en cuanto tienen idéntico fundamento constitucional, deben tener el mismo tratamiento en la ley”(51).

El texto legal en comento fue reglamentado por el Decreto 1994 de 1989(52) que en su artículo 1º, reiteró que de acuerdo con el artículo 202 [hoy 332] de la Constitución Política y con los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969, todos los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación. Esta norma reglamentaria confirmó igualmente que se exceptúan de esta regla general los derechos constituidos a favor de terceros, al poner de presente que:

“Dicha excepción, a partir del 22 de diciembre de 1969, solo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno varios yacimientos descubiertos. Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que al 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos” (se destaca).

Ahora, el artículo 3º ibídem establece que con la solicitud para obtener la autorización de explotación de petróleo en yacimientos que se pretendan como de propiedad privada, el peticionario acompañará la prueba necesaria para acreditar: (i) La existencia de un título específico de adjudicación de los hidrocarburos como mina, otorgado de conformidad con las disposiciones vigentes a la época en que tal adjudicación fue posible, siempre que tal título no hubiere caducado por cualquier causa, o (ii) la existencia de un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos que existan en el predio objeto de la solicitud, y (iii) que el yacimiento materia de la solicitud fue descubierto antes del 22 de diciembre de 1969.

Esta sección, al estudiar una demanda contra el citado decreto reglamentario, lo encontró acorde con el marco constitucional y legal, sobre las base de las siguientes consideraciones:

“El artículo 3º del decreto 1994, no desborda la ley que dice reglamentar y mantiene en esencia la misma redacción que sobre la materia traía el artículo 2º del Decreto 797 de 1971, por el cual también se reglamentaba la Ley 20 de 1969 en relación con los hidrocarburos. En la norma en cuestión se dispone que a la solicitud de autorización de explotación de petróleo en yacimientos cuya propiedad pretendan los particulares, el interesado debe acreditar: a). —La existencia de un título específico de adjudicación de los hidrocarburos como mina, otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes a la fecha de su expedición y que no haya caducado; b). —La existencia de un fallo que reconozca o declare el derecho de los interesados en la propiedad de los hidrocarburos que existan en el predio objeto de la petición y; c). —En armonía con la Ley 20 de 1969, que el yacimiento materia del pedimento haya sido descubierto en fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 22 de diciembre de 1969.

Ninguna incongruencia hay entre la ley reglamentada y el inciso final de la disposición que se examina, en cuanto dispone que las solicitudes que en ese sentido se hagan se tramitarán por el procedimiento consagrado en los artículos 35 y 36 del Código de Petróleos, por ser este el estatuto que regulaba en su totalidad la actividad de búsqueda, exploración y explotación de yacimientos petrolíferos.

Algunos de los demandantes solicitan la anulación del artículo 4º del Decreto 1994 de 1989, del que ya se hizo mención, en cuanto reza ‘subróganse los artículos 1º 2º y 3º del Decreto 797 de 1971’. Este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, porque en el ejercicio de la potestad reglamentaria la única violación que hace procedente la acusación recae sobre el texto constitucional; en procesos de esta naturaleza no hay lugar a la anulación por violación indirecta de la Carta Política o de la ley.

Como se observa en el texto reglamentario no se encuentran pautas, reglas o principios que contraríen o desconozcan los contemplados en la Carta Constitucional o en la ley en que debería fundarse y en tal virtud no prosperan las pretensiones de las demandas de que trata el plenario”(53).

Por otra parte, el Congreso expidió la Ley 97 de 1993(54), por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969(55), que al regular el reconocimiento excepcional de propiedad privada sobre hidrocarburos dejó en claro que para efectos de la excepción prevista en los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969, se entiende por derechos constituidos a favor de terceros las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969(56).

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se impone aceptar que para poder aducir que se es titular del derecho de dominio sobre el subsuelo petrolífero se precisa la concurrencia simultánea de dos presupuestos: (i) el título específico o fallo que conserve su validez y (ii) la vinculación a uno o varios yacimientos descubiertos antes del 22 de diciembre de 1969.

En el marco de sus competencias legislativas y en consonancia con lo prescrito por el artículo 202 del orden constitucional entonces vigente, el Congreso de la República en esta última ley fijó —con autoridad— el contenido y alcance de la Ley 20 de 1969, en orden a brindar mayor certeza jurídica y con la misma se excluyen los diversos sentidos que pudieron haberse presentado en relación con esta última.

Nótese que la Ley 97 de 1993 se limitó a declarar el sentido de la Ley 20 de 1969. Y no se puede desconocer esta interpretación auténtica(57) u obligatoria que corresponde al legislador, esto es, al autor del precepto en tanto es el órgano competente para regular la materia, quien se vale de una ley especial para declarar o determinar en caso de duda el significado o sentido de otra precedente con la cual forman un solo cuerpo. De allí que la citada ley tiene fuerza de interpretación legislativa en consideración a que con arreglo al artículo 150.1 Constitución Nacional, los artículos 14 y 25 Código Civil(58), y el artículo 58 CRPM, esta compete al Congreso de la República(59).

En este caso se reunió el presupuesto de incertidumbre en torno al significado normativo del precepto, incertidumbre que hizo posible una pluralidad de interpretaciones divergentes (como se vio en el concepto citado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y su salvamento de voto), obstaculizando el comportamiento que debe ser uniforme entre los destinatarios del precepto(60).

Al estudiar la constitucionalidad de esta ley interpretativa, la Corte Constitucional encontró que dicha ley no varió el contenido normativo de la ley que dijo interpretar y al hacerlo estableció un reconocimiento excepcional del derecho de propiedad privada sobre hidrocarburos en plena consonancia con la función social de la propiedad que introdujo la enmienda constitucional de 1936 y que ratificó la Carta de 1991. Reconocimiento que exigía no solo el elemento jurídico (sentencia judicial, vgr.) sino también un elemento fáctico: el que estuviese vinculado a un yacimiento descubierto:

“Ahora bien, el conjunto normativo coherente en sus contenidos básicos, constituido por el artículo 202 de la Constitución Política y la Ley 20 de 1969, es interpretado por la Ley 97 de 1993.

El artículo primero de la Ley 20 que se aplica también a hidrocarburos por mandato expreso del artículo 13, ibídem, contiene los siguientes elementos:

— Como principio general, todas las minas y yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la Nación.

— Como excepción, no pertenecen a la Nación los derechos constituidos a favor de terceros, cuando respecto de ellos se den dos elementos:

a. Jurídico, en la situación que reúna los siguientes requisitos: 1. Subjetivo, es decir, clara identificación del titular del derecho; 2. Concreto, preciso en cuanto a la naturaleza objeto y alcance del derecho; 3. Perfeccionado, es decir, totalmente definida por haberse agotado el procedimiento y cumplido las formalidades sustanciales y adjetivas para la existencia misma de la situación jurídica.

b. Fáctico, pues se trata de un yacimiento ‘descubierto’ al cual esté vinculado, de manera directa el elemento jurídico. Constituyéndose en un concepto de materialidad del objeto, como lo indispensable para la constitución del derecho, y en consecuencia la tipificación de la excepción prevista en la ley.

Por su parte, los artículos acusados, sin variar el contenido normativo de la ley anterior, establecen el reconocimiento excepcional del derecho de propiedad privada sobre hidrocarburos, definiendo ‘los derechos constituidos a favor de terceros’, como las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina, o por una sentencia definitiva, y en ejercicio de los cuales se haya descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969, fecha de expedición de la ley interpretada.

Disposición perfectamente lógica que define el objeto del derecho, por lo determinado y concreto, haciendo escapar de posibilidades ignoradas, o inexistentes antes del 22 de diciembre de 1969, inciertas situaciones jurídicas que no solo limitaban irracionalmente el patrimonio nacional, sino que, además, por las riquezas del subsuelo, desconocían la función social, so-pretexto del amparo de derechos particulares, dejando a un lado toda la concepción sobre la propiedad y su función social consagrada en la Reforma de 1936 y reiterada en la Carta de 1991”(61) (negrillas y resaltados originales).

En relación con la supuesta negación que dicha ley hacía de derechos constituidos con anterioridad a su expedición, y bajo el régimen inicial de la Ley 20 de 1969, la Corte Constitucional precisó que no se trataba —como decía el actor— de una ley de carácter retroactivo, de modo que no violentaba el artículo 58 constitucional que ampara la propiedad y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Al respecto encontró que no se presentó un cambio en lo que dice relación a qué debe entenderse por “derecho constituido” sobre hidrocarburos.

El juez constitucional puso de relieve que la ley se limitó a precisar la naturaleza de dichos derechos sin cambiar los contenidos de la Ley 20 de 1969. La sentencia de constitucionalidad en cita, encontró que se trata tan solo de un fenómeno de retrospectividad, que solo afecta “meras expectativas” y no derechos adquiridos como planteó el actor:

“Tanto el artículo primero de la ley interpretada, como su homólogo de la ley interpretativa, se refieren a los mismos derechos constituidos sobre hidrocarburos. Podría suponerse que hubo un cambio del concepto de derecho constituido entre una y otra norma, lo cual no es cierto, pues en la primera se enuncia el concepto haciendo un señalamiento genérico de sus elementos, que no son contrariados en la norma interpretativa, sino descritos y precisados; luego, cómo puede haber retroactividad de la ley interpretativa cuando no hace más que precisar la naturaleza de los derechos constituidos, sin cambiar los contenidos de la ley interpretada?

Se trata simplemente del carácter retrospectivo de las leyes interpretativas, que al fundirse con las leyes que interpretan, tienen sus elementos una vigencia desde el término de esta, sin perjuicio de las situaciones definidas en el término comprendido entre la expedición de una y otra ley.

(...) De lo anterior se desprende claramente que no existe retroactividad de la Ley 97 en sus artículos 1º, 2º y 3º al interpretar el artículo 1º de la Ley 20, ni violación de derechos constituidos o adquiridos bajo el régimen anterior a su vigencia, pues, se repite, se trata de los mismos derechos, que más aún son los mismos a que se refería, ya desde sus orígenes, la Constitución de 1886 en su artículo 202. Pues la Ley 20 de 1969 no reguló condiciones constitutivas de derecho distintas a las excepciones que estatuyó el tantas veces (sic) artículo 202, que por otra parte son reconocidas claramente en la nueva Carta Política (art. 332). Por tanto, la corte comparte esta hermenéutica de interpretación por vía de autoridad que realiza el legislador en la Ley 97 de 1993”(62).

Es procedente anotar que la Sala el resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que no autorizaron la explotación petrolífera —presentada por la Comunidad de Propietarios de los yacimientos contenidos en las Haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o La Embocada (hoy nuevamente demandante)— precisó que para acreditar la propiedad privada del subsuelo petrolífero, no era suficiente esgrimir como fundamento un fallo judicial, sino que era preciso además cumplir lo ordenado por la Ley 20 de 1969, tal y como fue interpretada auténticamente por la Ley 97 de 1993, norma esta que fue declarada ajustada a la Constitución por la Corte:

“A la luz del acervo probatorio anterior, la Sala encuentra que la parte actora demostró, con la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, el día quince (15) de diciembre de mil novecientos sesenta y dos (1962), que habían salido del patrimonio del Estado, “...antes del veintiocho (28) de octubre de mil ochocientos setenta y tres (1873) el petróleo y demás hidrocarburos que existen en la parte o porción del globo de terreno denominado Santa Barbará de las Cabezas y también en San José de Mata de Indios o La Embocada, pero no pudo probar, a la luz de lo preceptuado en la Ley 20 de 1969, interpretada con autoridad por la Ley 97 de 1993, que sus propietarios hubiesen descubierto “uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969 entendiendo por “descubrimiento” lo definido por el legislador en el artículo 2o. de la Ley 97 ibídem interpretativa (...)

En la materia que se estudia, la Sala reitera la orientación jurisprudencial que sobre materia sensiblemente igual a la que ahora se define, se fijó en sentencia de 4 de marzo de 1994, Expediente 7120. Consejero Ponente, Daniel Suárez Hernández, a cuya lectura se remite (...)”(63).

6. El alegado objeto ilícito del contrato sub examine.

Aunque en rigor el objeto del contrato debería referirse únicamente al contenido mismo del negocio jurídico, de ordinario se asimila al objeto propio de las obligaciones consignadas en el compromiso negocial. Objeto, este que debe no solo no estar prohibido por el ordenamiento jurídico sino que además tiene que acompasarse a los mandatos legales o regulatorios que le sean aplicables.

En efecto, si bien con arreglo al artículo 1602 del Código Civil todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, la misma norma establece que solo resultan admisibles aquellos que no contravengan el ordenamiento jurídico, evento en el cual procede la anulación en sede judicial, toda vez que no pueden derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres, “[c]on mayor razón si se trata, como en el presente caso, de contratos estatales, porque, según se expuso atrás, en ellos están no solo interesados, sino, directa y esencialmente comprometidos, el orden y el interés públicos, dado que la actuación estatal siempre ha de estar orientada por el principio de legalidad”(64).

Así las cosas, no resulta admisible un contrato que desconozca o viole abiertamente expresos mandatos normativos que se apliquen a la contratación pública y por ello, en estos casos hay lugar a declarar la nulidad absoluta de dicho negocio jurídico(65)

En tal virtud, se estableció como castigo legislativo la nulidad absoluta en actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley (C.C., art. 6), en convenios que pretendan derogar leyes en que estén interesados el orden o las buenas costumbres (art. 16 eiusdem), cuando se contraviene el derecho público de la nación (1519 ibid.), cuando se celebra un contrato prohibido por las leyes (1523 de la misma codificación). Igual entendimiento se desprende de la legislación mercantil, cuando en forma similar regula la materia en los artículos 104 inciso 3º, 105 y 899 del Código de Comercio.

Y si ello es así en el ámbito del derecho común, lo es a fortiori, en los predios de la contratación estatal, cuando a través de este se cumplen los fines y cometidos del Estado (L. 80, art. 3º), tal y como lo subrayó la Sala al decidir un recurso de anulación contra un laudo arbitral, en criterio que hoy se reitera, cuando estudió el principio de legalidad contractual como base de la función administrativa contractual:

“Importa recordar cómo si en el derecho civil y comercial las nulidades absolutas tienen por génesis la vigencia plena del ordenamiento jurídico y comportan, como se advirtió, sanciones por su infracción; en contratación estatal, en la que la preservación del orden jurídico es base, cometido y norte de la actuación misma de los agentes del Estado, dentro de un marco de prevalencia del interés general, por evidentes razones, reviste mayor justificación. Pretender que las sanciones que el orden jurídico impone aplicar en las relaciones negociales entre particulares, no tienen vigencia en los contratos estatales, por virtud de una pretendida defensa del contratista ante eventuales ‘enriquecimientos injustos’ de la administración, resulta abiertamente contrario a la legalidad propia del contrato estatal, que como tal, constituye expresión nítida de la función administrativa(66) .

La conformidad, acatamiento y sometimiento estricto de los agentes del Estado y de sus colaboradores (contratistas)(67) a los procedimientos y reglas previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, es un imperativo ético de todo Estado de derecho: El ejercicio mismo de las competencias en un Estado liberal está sometido a la ley(68).

Ese es el fundamento moral de la tradición jurídico-política de occidente: El cumplimiento estricto y sin excepción, por parte de las autoridades, del derecho público de la nación (constitución, leyes, códigos civil y comercial, decretos, actos administrativos imperativos)(69). A su vez, el principio de legalidad es la razón misma del derecho administrativo, al decir del profesor García de Enterría, para quien esta rama del derecho nació de la lucha contra la arbitrariedad y el despotismo del ancien régime(70): ¿Cómo podría un Estado pretender imponer la ley a los asociados, si en sus relaciones negociales estuviese habilitado él y sus colaboradores particulares (contratistas) para vulnerarla a sabiendas, sin consecuencia sancionatoria alguna a su conducta reprochable cuando ha sido criterio jurisprudencial de esta Sección ‘la nulidad absoluta del contrato está establecida en interés del orden jurídico’?(71) (...)”(72) (destacado original).

Al descender estas consideraciones al sub examine, resalta la Sala que la comunidad demandante persigue la nulidad del contrato suscrito entre Ecopetrol y Coplex Colombia Ltd. el 2 de febrero de 1996, para la explotación de hidrocarburos, al estimar que está afectado por objeto ilícito toda vez que viola el artículo 58 Constitución Política y la Ley 20 de 1969 al desconocer un derecho de propiedad privada sobre el subsuelo petrolífero, reconocido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De suerte que se pretende configurar la nulidad en la causal genérica de que trata el inciso primero del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, con arreglo al cual los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común, uno de cuyos eventos —como ya se precisó— es justamente cuando se contraviene el derecho público de la nación (C.C., art. 1519).

A este respecto se advierte que en el plenario no logró establecerse que el contrato celebrado por Coplex Colombia Limited con Ecopetrol el 5 de enero de 1996(73) contraviniera las normas invocadas como infringidas: el artículo 58 de la Carta y la Ley 20 de 1969.

Ninguno de los medios de prueba obrantes en el plenario da cuenta de un descubrimiento de hidrocarburos por parte de la comunidad actora en dicha área donde se lleva a cabo el contrato de asociación (sector denominado “Maracas”). Contrario sensu, de acuerdo con lo expuesto en el acápite anterior de esta providencia, el contrato demandado se acompasa con lo prescrito por el artículo 332 superior (que corresponde en esencia al C.P de 1986., art. 202), la Ley 20 de 1969 interpretada con autoridad por la Ley 97 de 1993, así como al Decreto 1994 de 1989.

Con arreglo al marco jurídico esbozado el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Y no basta con esgrimir una decisión judicial en apoyo del derecho particular, sino que era menester acreditar una vinculación a un yacimiento en los términos ya enunciados, lo cual no ocurrió en el sub lite.

Por el contrario, el director general de hidrocarburos del Ministerio de Minas certificó, a solicitud del tribunal a quo, que “una vez revisados los expedientes de pozos y el estudio de propiedad privada realizado por la división de exploración de Ecopetrol en octubre de 1989, se puede verificar que dentro del polígono asignado a la propiedad privada de San José Mata de Indios y Santa Bárbara de las Cabezas, no se había perforado pozos que evidenciaran la presencia de yacimientos productores de hidrocarburos, antes de 1969” (original, fl. 80)(74).

En tales condiciones se tiene que si bien la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 15 diciembre de 1962, resolvió que el petróleo y demás hidrocarburos que existieran en el terreno de las haciendas ubicadas en los predios donde se adelanta el objeto del contrato de asociación demandado, salieron de propiedad de la Nación antes de octubre de 1873 y pertenecían a las sucesiones ilíquidas de los señores Cruz Trespalacios y Trespalacios Cabrales, la comunidad demandante no acreditó que la propiedad reconocida hubiese estado vinculada a la explotación de uno o varios yacimientos petrolíferos antes de la expedición de la Ley 20 de 1969.

No bastaba, al tenor del marco jurídico antes esbozado, invocar como título una sentencia judicial. Se imponía la vinculación a ella de uno o varios yacimientos petrolíferos antes del 22 de diciembre de 1969, presupuesto este último que no solo no se acreditó en este caso ser la comunidad demandante, sino que —además— alegó que no se debía reunir, en contravía del marco jurídico aplicable. Por manera que, la comunidad actora solo contaba con una mera expectativa, más no con un derecho constituido a su favor, para así reclamar la propiedad del subsuelo de los terrenos cuya titularidad alega.

Ante la falta de demostración de este especial requisito en los términos exigidos por la Ley 20 de 1969, mal puede alegar ahora que el contrato que impugna versa sobre dominios que son de su propiedad; por consiguiente, no hay lugar a declarar la nulidad del negocio jurídico enjuiciado.

En otros términos, no puede alegarse un mejor derecho ni infracción alguna al artículo 58 superior, como tampoco de la Ley 20 de 1969, para intentar cuestionar la juridicidad del contrato de asociación impugnado, en tanto no se demostró que se reunieron los requisitos legales necesarios para acogerse al régimen exceptivo previsto especialmente por la Constitución de 1886 (ratificado por la Carta/91) y la ley respecto “de los derechos constituidos a favor de terceros”.

Y si ello es así no puede alegarse que el contrato sub lite contraviene el derecho público de la nación (C.C., 1519), en tanto el mismo no violentó —o al menos no se logró acreditar— el régimen jurídico aplicable. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia recurrida, que desestimó las pretensiones.

Por último, no está demás anotar que lo antes expuesto en modo alguno supone desconocer que de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional la venta de cosa ajena vale (C.C., arts. 1871 y C.Co. art. 907). Y no lo es porque la acusación y su estudio refieren exclusivamente al reconocimiento excepcional de los derechos constituidos a favor de terceros en materia de hidrocarburos, relacionados con situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos antes de la expedición de la Ley 20 de 1969.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 19 de septiembre de 2000, por el Tribunal Administrativo Cesar.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) Numeral 2º de las pretensiones de la demanda.

(14) Como se indicó en los antecedentes de este proveído, tanto Ecopetrol como Coplex Colombia Ltd. contestaron la demanda extemporáneamente.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 22 de mayo de 2008, Exp. 33.471. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(16) En la forma modificada por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor: “Artículo 87.- De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas (...) El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración solo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (...)”.

(17) La jurisprudencia había señalado que no era viable que un acto que haya sido expedido luego del perfeccionamiento del contrato y antes de su liquidación final, se impugne mediante otro tipo de acción. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 1990, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla; auto de 28 de septiembre de 1990, Exp. 5905, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo; sentencia de 16 de abril de 1991, Exp. 6112 y sentencia de 16 de diciembre de 1994, Exp. 9154, C.P. Carlos Betancur Jaramillo Posteriormente, la Ley 80 de 1993, estatuto general de la contratación de la administración pública, vigente desde el 1º de enero de 1994 en su artículo 77 —norma de estirpe procesal y por lo tanto de aplicación inmediata según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887—, todos los actos que se produjeran con motivo u ocasión de la actividad contractual posteriores al contrato, únicamente podían ser demandados mediante la acción de controversias contractuales. Vid. sobre estos aspectos en época más reciente sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 16.020, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 12 de diciembre de 1996, Exp. 12456, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(19) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 2 de noviembre de 2000, Exp. 11562; C.P. Alier Hernández Enríquez; Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Exp. 1441 C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(20) Uribe Holguín, Ricardo, De las obligaciones y del contrato en general, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 1980, pág. 247.

(21) Protocolizado mediante la escritura pública 312 de febrero 2 de 1996 de la Notaría 36 de Bogotá y aprobado por el Ministerio mediante Resolución 6-008 de 9 de febrero de 1996.

(22) Betancur Jaramillo, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Medellín, Señal editora, 1999, pág. 545 y ss.

(23) Acta 1 de la Junta General de Comuneros subsuelo de las Haciendas Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de los Indios de 21 de noviembre de 1981, en la que se lee que se reunieron los comuneros propietarios de los siguientes predios: “Los predios alinderados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 15 de diciembre de 1962, tal como aparecen en la Gaceta Judicial 2261 a 2264 —parte resolutiva y cláusula primera literales A) y B) del contrato principal, que esta acta se refiere anexa, cuyo subsuelo es de propiedad privada de la comunidad (...)” para crear la administración de la comunidad “cuya previsión corresponderá a la junta general de comuneros”.

(24) En dicha providencia se dispuso que salieron del patrimonio del Estado antes del 28 de octubre de 1873 y, en consecuencia, son de propiedad particular y pertenecen a la sucesión ilíquida de don Francisco de la Cruz Trespalacios Marzán, el petróleo y demás hidrocarburos que existen en la parte o porción del globo de terreno denominado Santa Bárbara de las Cabezas.

Asimismo la Corte en esa sentencia señaló que salieron del patrimonio del Estado con anterioridad a la misma fecha, “y consiguientemente son de propiedad particular” y pertenecen a la sucesión ilíquida de don Oscar Adolfo Trespalacios Cabrales, el petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren o puedan encontrarse en la parte o porción del globo de terreno denominado San José de Mata de Indios o a Embocada. En la misma decisión se dispuso que “[c]omo consecuencia de las anteriores declaraciones, el Gobierno deberá excluir del contrato propuesto el petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en las áreas y porciones que en este fallo se reconocen como de propiedad particular” (copia simple fls. 29 a 73).

De acuerdo con el peritazgo rendido, los terrenos donde se adelanta la explotación petrolífera en desarrollo del contrato de asociación demandado, forman parte “de los terrenos y linderos a que se refiere la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 15 de 1962” (fls. 5 a 16 cdno. 3).

(25) Jurisprudencia tomo III, 574 (Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Novena Edición, págs. 223 y ss.)

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de agosto de 1990, Exp 5354 M.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

(27) Aunque en el contencioso administrativo debe ser resuelta como de fondo.

(28) Código de Procedimiento Civil Artículo 332.- Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

(29) Código Contencioso Administrativo articulo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor...”.

(30) En los antecedentes transcritos de la sentencia de 21 de octubre de 1994, Exp. 7374 CP Julio Cesar Uribe Acosta, se lee: en la demanda presentada el día diez (10) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), en la cual y en lo pertinente, se lee: “Obrando en ejercicio del poder especial que me ha otorgado el señor Jaime Trespalacios Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 3.680.136 de Barranquilla, en su condición de representante legal de la comunidad de propietarios del subsuelo y yacimientos de petróleo y demás hidrocarburos existentes en los globos de terreno denominados Santa Barbará de las Cabezas y San José de Mata de Indios o la Embocada, de manera atenta manifiesto que por medio del presente escrito y en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho, presento demanda para que se declare la nulidad de las resoluciones 31668 de septiembre 3 de 1991 y 32316 de 25 de noviembre de 1991, ambas originarias del Ministerio de Minas y Energía, y se restablezca el derecho de la Comunidad actora, previo el proceso ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo y oído el Ministerio Público, de conformidad con las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la presente demanda (...)” (subrayas no originales).

(31) La mayoría de los documentos allegados en la demanda obran en copia simple: (i) creación de la administración de la comunidad actora (fls. 13 a 19 cdno. 1); (ii) reforma de la comunidad (fls. 21 a 28); (iii) Certificación del jefe de la sección legal de hidrocarburos y electrificación de registro de la sentencia de 15 de diciembre de 1962 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (fl. 74 cdno. 1); (iv) comunicación 020741 de noviembre 11 de 1987 del director general de hidrocarburos en la que aprueba la intención de perforar el pozo Mata de Indios 1 (fl. 196 cdno.1); (v) Copia del acta de iniciación de perforación del pozo Mata de Indios 1 suscrita por el secretario general de la Alcaldía de El Paso, departamento del Cesar el 28 de diciembre de 1987 (fl. 107 cdno.1); (vi) Comunicación 006335 de 1991 —fecha exacta ilegible— dirigida por Jaime Trespalacios Rodríguez en representación de la comunidad hoy demandante al Ministro de Minas (fls. 108 a 113 cdno. 1); (vii) Resolución 3168 de 3 de septiembre de 1991 por la cual el Ministerio de Minas y Energía no autorizó la perforación solicitada por la comunidad de propietarios del subsuelo de la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas y San José de Mata de Indios o la Embocada (fls. 115 a 122, cdno. 1) y (viii) Resolución 32316 de 25 de noviembre de 1991 por la cual el Ministerio de Minas al resolver el recurso de reposición interpuesto confirmó la no autorización de explotación (fls. 123 a 134 cdno. 1).

(32) El texto puede consultarse en la Gaceta Judicial 2261 a Nº 2264 págs. 731 a 774.

(33) Remitido al a quo por el jefe del oficina jurídica del Ministerio de Minas en respuesta a lo ordenado por el tribunal (fls. 29 a 30).

(34) Remitido al a quo por el jefe del oficina Jurídica del Ministerio de Minas en respuesta a lo ordenado por el tribunal (fls. 29 a 30).

(35) Ídem.

(36) Ídem.

(37) Providencia disponible en www.consejodeestado.gov.co

(38) Derogado por el Decreto 1760 de 2003, que escindió a Ecopetrol y creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo consejo directivo tiene actualmente esa función de autorizar la celebración de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, previa a la suscripción de los mismos (art. 8º num. 3º).

(39) Remitido al a quo por el Jefe del Oficina Jurídica del Ministerio de Minas en respuesta a lo ordenado por el Tribunal (fls. 29 a 30).

(40) A su vez, el Ministerio de Minas [no Ecopetrol que es la entidad accionada] en respuesta a Oficio 211 del a quo, apuntó: “En lo relacionado con la solicitud de copia de la escritura pública 0312 del 2 de febrero de 1996, de la Notaría 36 de Santafé de Bogotá, no se le envía copia, toda vez que la misma no reposa dentro del expediente” (fl. 29 cdno. 3).

(41) Remitido al tribunal de primera instancia por la jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas según Oficio 28658 de 17 de marzo de 2000, en respuesta a Oficio 211 y dando alcance al Oficio 28086 enviado al proceso el 8 de marzo del mismo año.

(42) Y para mayor claridad se les señala por sus coordenadas en los planos anexos, al dictamen pericial (fls. 5 a 8 cdno. 3).

(43) Que arranca con la Confederación Granadina.

(44) Para una magistral aproximación histórica al tema vid. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de marzo 4 de 1994, Rad. 7120, CP Daniel Suárez Hernández.

(45) De acuerdo con dicho canon constitucional: “Pertenecen a la República de Colombia: 1. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana en 15 de abril de 1886. 2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de estos por la Nación a título de indemnización. 3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas”.

(46) Cfr. Voto disidente del Consejero Humberto Mora Osejo a Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 11 de julio de 1988, Rad. 187.

(47) Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos, en Diario Oficial 32964 de 29 de diciembre de 1969, pág. 682 y 683.

(48) El proyecto fue presentado por el entonces Ministro de Minas y Energía, Carlos Gustavo Arrieta, en Historia de las leyes, legislatura de 1969.

(49) Ibíd.

(50) Ibíd.

(51) Voto particular del Consejero Humberto Mora Osejo a Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 11 de julio de 1988, Rad. 187. Allí conceptuó que: “a) La propiedad de las minas, reconocida en actos administrativos, o en sentencias definitivas, y la de los yacimientos de hidrocarburos reconocida en sentencias judiciales ejecutoriadas, anteriores al 22 de diciembre de 1969, no requieren la vinculación del derecho a yacimientos descubiertos ni la demostración de ese vínculo. b) El artículo 3º de la Ley 20 de 1969 no es aplicable a los depósitos de hidrocarburos”.

(52) Por el cual se reglamenta el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 en materia de hidrocarburos, en Diario Oficial 38965, 4 de septiembre de 1989, pág. 6 que subrogó expresamente los artículo 1º, 2º y 3º del Decreto 797 de 1971, por el cual se reglamentó, en relación con los hidrocarburos, la Ley 20 de 1969 (Diario Oficial 33333 de jun. 8/71, pág. 943).

(53) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1994, Rad. 6072 - 5942 - 5959 - 6117 - 6140 - 6321 y 6364 (Acumulados), CP Juan de Dios Montes.

(54) Diario Oficial Nº 41.143, de 20 de diciembre de 1993.

(55) De acuerdo con el artículo 3º de dicha ley: “Las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º de la presente ley, constituyen la única interpretación autorizada de la Ley 20 de 1969, artículos 1º y 13”.

(56) Por su parte, el artículo 2º de la misma ley, dispuso que se entiende que existe yacimiento descubierto de hidrocarburos cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.

(57) Sobre la interpretación legislativa que hace la propia autoridad que ha expedido la norma ver Corte Constitucional, Sentencia C 806 de 2001.

(58) En Sentencia C 820 de 2006 la Corte declaró exequible el artículo 25 del Código Civil, salvo las expresiones “solo” y “con autoridad”, que declaró inexequibles. La misma providencia condicionó la exequibilidad en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.

(59) De conformidad con el artículo 48 LEAJ la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional tiene carácter obligatorio general (Sent. C 037/96)

(60) Betti, Emilio, Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, pág. 177.

(61) Corte Constitucional, Sentencia C 424 de 1994, CP Fabio Morón Díaz.

(62) Corte Constitucional, Sentencia C 424 de 1994, C.P. Fabio Morón Díaz.

(63) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre 21 de 1994, rad. 7374, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(64) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de agosto de 2002, Exp. 21.041, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(65) Vid. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de diciembre de 1998, Exp. 11.446; sentencia del 15 de noviembre de 1991, Exp. 6672 y Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Radicación 76001-23-31-000-1994-9876-01(12859), Actor: Luis Mario Duque.

(66) Con toda razón Escola sostiene que: “El contrato administrativo no es sino una forma de la actividad administrativa, es decir, de aquella actividad estatal ‘que tiene por objeto la realización de los cometidos estatales en cuanto requieren ejecución práctica, mediante actos jurídicos —que pueden ser reglamentarios, subjetivos o actos-condición— y operaciones materiales’ (Sayagués). La actividad administrativa es, en esencia, una actividad teleológica, que está enderezada al logro de una finalidad, la cual es la satisfacción de las necesidades colectivas y la obtención de los fines propios del Estado”. (Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen I, Parte General, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1977, pág. 110 y ss.)

(67) El profesor Escola, refiriéndose al tema, concluye que: “el objeto de los contratos administrativos debe ser cierto, determinado y lícito, conceptos también vigentes en el derecho privado, pero que adquieren especiales características en el contrato administrativo, ya que este no es sino el resultado del accionar de la administración pública, sujeto —como ya sabemos— a reglas propias vinculadas con la gestión final del interés público” (Escola Op. Cit. Pág. 196).

(68) Cfr. Berçaitz, Miguel Ángel. Teoría General de los Contratos Administrativos, segunda edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág.510 y ss.

(69) Certeramente Sayagués Laso apunta: “El contenido de los contratos debe sujetarse estrictamente a las normas del derecho objetivo —constitución, leyes y reglamentos— así como a los principios generales del derecho. Lo dicho a este respecto al estudiar los actos administrativos, tiene aquí entera aplicación...en el contenido del contrato consideramos incluído (sic) el objeto...el cual debe ser cierto, determinado y lícito” (Sayagués Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 6ª edición, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Fundación Cultural Universitaria, 1988, Montevideo, pág.544).

Al decir de Dromi: “El contenido del contrato debe ajustarse estrictamente a las normas del derecho objetivo, debiendo el objeto ser cierto, posible, determinable o determinado y lícito. El contrato que contenga un objeto ilícito es nulo...” (DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, 5ª edición, Buenos Aires, 1996, Pág. 312).

(70) García de Enterría, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder, Madrid, Civitas, 1983.

(71) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Ref. Exp. 10.065 Actor: Sociedad José Vicente Torres Osorio y Cía. Ltda. Demandada: Cortolima y Otros.

(72) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, Rad. 11001-03-26-000-2003-0055-01(25560), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(73) Protocolizado mediante la escritura pública 312 de febrero 2 de 1996 de la Notaría 36 de Bogotá y aprobado por el Ministerio mediante Resolución 6-008 de 9 de febrero de 1996. Según el artículo 56 del Decreto 960 de 1970, la protocolización consiste en incorporar en el protocolo por medio de escritura pública las actualizaciones, expedientes o documentos que la ley o el juez ordenen insertar en él para su guarda y conservación, o que cualquiera persona le presente al notario con los mismos fines. En consonancia, el artículo 57 eiusdem prescribe que por la protocolización no adquiere el documento protocolizado mayor fuerza o firmeza de la que originariamente tenga.

(74) Remitido al tribunal de primera instancia por la jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas según Oficio 28658 de 17 de marzo de 2000, en respuesta a oficio 211 y dado alcance al oficio 28086 enviado al proceso el 8 de marzo del mismo año.