Sentencia 1999-00241/29738 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 130012331000 1999 00241 01

Expediente: 29738

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Hernando Sánchez López y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Tema: Daños causados por miembro de la fuerza pública

Bogotá, D. C., cinco marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la entidad demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante el 3 de septiembre de 2004 en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por la falla en el servicio en la que incurrió y que tuvo como consecuencia la muerte de Guillermo León Sánchez Montoya y las lesiones sufridas por Nelson José Poveda Ramos.

De la caducidad de la acción

En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de la entidad demandada por la muerte de Guillermo León Sánchez Montoya y las lesiones sufridas por Nelson José Poveda Ramos en hechos ocurridos el 10 de julio de 1997. Dado que la demanda fue impetrada el 6 de julio de 1999, se instauró dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por tanto, no se configuró la caducidad de la acción.

De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario, porque la parte actora está conformada por las personas que declararon ser directamente afectadas con el daño consistente en la muerte de Guillermo León Sánchez Montoya y las lesiones sufridas por Nelson José Poveda Ramos.

La legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada, Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se encuentra demostrada debido a que la causación del daño fue atribuida al señor Pablo Emilio López Zea, quien para la época de los hechos, se encontraba adscrito a esta institución.

II. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis el daño, consistente en la muerte de Guillermo León Sánchez Montoya y las lesiones sufridas por Nelson José Poveda Ramos, es imputable a la entidad demandada.

III. Hechos probados

Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El señor Guillermo León Sánchez Montoya falleció el 10 de julio de 1997 como consecuencia de “laceraciones masa encefálica, fractura bóveda y base craneana, impacto proyectil arma de fuego” (certificado civil de defunción, acta de levantamiento de cadáver, fl. 36, c. 1 y fl. 24, c. 2).

2. El señor Nelson Poveda Ramos ingresó al Hospital Universitario de Cartagena el 10 de julio de 1997 con una herida en la cara producida por un disparo de arma de fuego. Allí le fueron practicadas varias cirugías plásticas para la reconstrucción de la zona fronto nasal afectada (historia clínica del paciente, fl. 77, c. 1).

3. El 18 de julio de 1997, el señor Hernando Sánchez López formuló denuncia penal por la muerte de su hijo, Guillermo León Sánchez Montoya. Manifestó que las víctimas salieron en una moto hacia el municipio de Arenal (Bolívar), fueron interceptados por una camioneta “trooper” de color blanco en la cual se bajaron dos individuos, quienes les dispararon. Respecto de la ocupación de las víctimas el denunciante mencionó:

[m]i hijo en los primeros cinco días de enero de este año, se fue para Yopal - Casanare, a escoltar a Nelson Poveda Ramos, que pertenece a Convivir y más o menos en el mes de marzo regresaron aquí a Cartagena a montar una Convivir aquí y me dijeron que iban para Arenal a mostrarles unos papeles a unos ganaderos (fl. 14, c. 2).

4. El 18 de junio de 1999, el señor Nelson Poveda Ramos formuló queja ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá. Declaró que “a raíz del atentado de que fui objeto el día 10 de julio de 1997 (…) siendo responsable Pablo Emilio López Zea, miembro de la Sijin, Bolívar, hechos que denuncié oportunamente en la oficina o centro de atención al público CAP de la Procuraduría General de la Nación en esta ciudad. El citado oficial ya no solamente me amenaza en lo personal, sino que desde hace un mes y por conducto del cabo Jaime Petro (…) constantemente amenaza a mis familiares (…) diciéndole que me digan que me callen y llegado el caso a ofrecerme dinero para que no acudan ante las autoridades competentes” (fl. 35, c. 1).

5. El 13 de septiembre de 1999, el coordinador del grupo talento humano Debol de la Policía Nacional informó, mediante oficio número 0578, que el “SP. Pablo Emilio López Zea (…) salió con 30 días de vacaciones, concedidas a partir del 10 de julio al 09 de agosto de 1997” (fl. 60, c. 1).

6. El 22 de septiembre de 1999, el jefe del área de delitos especiales Debol de la Policía Nacional informó que para la fecha 10 de julio de 1997 el sargento López Zea se encontraba en periodo de vacaciones y no contaba con armamento de dotación oficial (fl. 61, c. 1).

7. Mediante auto de 19 de diciembre de 1997, la Unidad 49 de Fiscalía Especializada de Cartagena (Bolívar) decretó la apertura de la investigación penal por los hechos en los que resultó muerto Guillermo Sánchez Montoya y lesionado Nelson Poveda Ramos. En virtud de la anterior investigación, fue proferida orden de captura en contra de Eulogio Jaramillo y, el sargento de la Policía Nacional Pablo Emilio López Zea debido a que Nelson Poveda mencionó en su declaración:

[a]l pasar por el perímetro urbano de la población de Villanueva nos cruzamos con un carro trooper blanco el cual llevaba la carpa recogida y dentro del vehículo iban unas 4 o 5 personas armadas y se les veía que iban armadas (sic) y le hice la pregunta a mi compañero Guillermo que si conocía o distinguía quienes eran los que iban en ese carro y me dijo que era Jaramillo el de las Convivir, con unos manes de la Sijin y el sargento López Rivera no dijo el nombre (…) (fl. 78, c. 2).

8. Adelantada la investigación previa, la Fiscalía encargada resolvió la situación jurídica de los señores Pablo Emilio López Zea y Eulogio Jaramillo, sindicados por el homicidio de Guillermo León Sánchez y las lesiones personales de Nelson Poveda Ramos, y les concedió la libertad mediante resoluciones de 26 de enero y 8 de septiembre de 1998, respectivamente, debido a que no se encontraron elementos de prueba suficientes para proferir resolución de acusación (fls. 135, 197, c. 2).

9. El 25 de agosto de 2000, la Fiscalía Seis Delegada ante Jueces Penales del Circuito, Seccional Cartagena decidió precluir la investigación a favor de los sindicados Pablo Emilio López Zea y Eulogio Jaramillo, al respecto argumentó:

[e]l despacho encuentra imperioso concluir que es imposible que para el día y hora en que ocurrieron los hechos Pablo Emilio López Zea haya estado en el sitio de ocurrencia de los mismos, por cuanto no solo las deponencias (sic) señaladas corroboran que él se encontraba el 10 de julio de 1997 en las instalaciones de la Sijín, sino que además no hay prueba contundente que las desvirtúe (…) (fl. 248, c. 2).

10. Consultados los sistemas electrónicos de la rama judicial(2) y de antecedentes judiciales de la Policía Nacional(3), el señor Pablo Emilio López Zea identificado con C.C. Nº 19.452.694 no registra antecedentes penales en su contra.

IV. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado el deceso de Guillermo León Sánchez y las lesiones sufridas por Nelson Poveda Ramos, ocurridas el 10 de junio de 1997 como consecuencia de las heridas producidas con proyectil de arma de fuego (acta de levantamiento de cadáver e historia clínica respectivamente).

Establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto, dicho daño es endilgable por acción u omisión a la entidad demandada, y si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan.

La jurisprudencia de esta corporación, al analizar el fenómeno de la imputación fáctica desde el punto de vista jurídico, ha manifestado lo siguiente(4):

Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que esta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(5).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(6).

En otros términos, la causalidad —y sus diferentes teorías naturalísticas— puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

La parte demandante le imputó el daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, debido a que afirmó que los disparos causantes del daño fueron producidos por un agente de esta institución en ejercicio de sus funciones.

Con el propósito de determinar si este daño resulta imputable a la entidad demandada, la Sala procede a analizar los medios de prueba que constan en el expediente, referidos a los hechos que rodearon la muerte de Guillermo León Sánchez y, a las lesiones sufridas por Nelson Poveda Ramos, ocurridas el 10 de junio de 1997.

De acuerdo con la investigación previa adelantada por la Unidad 49 de Fiscalía Especializada de Cartagena (Bolívar) la razón por la cual un miembro de la Policía Nacional resultó involucrado en la ocurrencia del daño radicó en la acusación penal que hizo en su declaración el señor Nelson Poveda Ramos, sobreviviente de los hechos, en contra del sargento Pablo Emilio López Zea.

Sin embargo, durante la investigación penal adelantada con ocasión de los hechos en mención no se logró establecer la participación del sargento López Zea en el ilícito. Por el contrario, se demostró que para el momento en que ocurrieron los hechos el acusado se encontraba tramitando su salida a vacaciones en la estación de policía (supra 9).

Para decretar la preclusión de la investigación, el ente investigador se basó en las declaraciones juradas rendidas ante el proceso penal, las cuales dieron cuenta de la presencia del sargento en las instalaciones de la estación de policía durante el tiempo en que ocurrieron los hechos.

Declaración jurada de Luis Carlos Junco Bautista (oficial de la policía que ejercía como jefe de la Sijín durante la época de los hechos):

[p]ara ese (…) día el Sargento López salía a disfrutar de 30 días de vacaciones. Si no estoy mal, a las 7:00 de la mañana él formó el personal ya que era el suboficial más antiguo, me dio parte del mismo y se me presentó para salir a vacaciones. Yo le ordené que antes de irse me debería dejar en claro las investigaciones pendientes de su grupo, así como los folios de vida del personal bajo su mando. Lo cité para las 11:30 a.m. hora en que me entregó los trabajos asignados para poderse retirar. PREGUNTADO: al parecer, el homicidio del señor Guillermo León Sánchez se presenta entre las 9:30 a.m. y las 12:00 a.m. y ud. afirma que a las 11:30 a.m. del día 10 de julio de 1997 se vio con el señor Pablo Emilio López Zea. Sin embargo, existe una sindicación directa de ser el supuesto autor del referido homicidio en una población a una hora de Cartagena. Qué tiene que decir sobre ello. Explique. CONTESTO: La verdad, se me hace muy extraño que lo sindiquen a él porque a la hora indicada, o sea, las 11:30 a.m. aproximadamente, se me presentó con los folios y las órdenes de trabajo que yo le había dicho en la mañana. Además de que él salía a disfrutar de vacaciones y tenía el oficio de presentación a la oficina de personal. Supongo que antes de las 11:30 a.m. él se encontraba haciendo esos trabajos en su oficina (…) (fl. 82, c. 2).

Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio recaudado durante la investigación penal, el ente investigador decidió dictar resolución de preclusión, debido a que no se logró establecer que el acusado hubiere participado en la comisión del hecho punible.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a la carencia de pruebas que establezcan la participación del señor Pablo Emilio López Zea en el ilícito durante el cual se causó el daño alegado en la demanda, la Sala concluye que en el presente proceso no se encuentra acreditado que la muerte de Guillermo León Sánchez y, las lesiones sufridas por Nelson Poveda Ramos, hubieren sido causadas por un agente de la Policía Nacional, con arma de dotación oficial y/o encontrándose en funciones inherentes al servicio.

Por lo tanto, no es posible atribuir al ente demandado el daño irrogado a la parte actora, pues no se arrimaron al proceso elementos probatorios suficientes para establecer, al menos de manera indiciaria, la participación de uno de sus agentes en la ocurrencia del mismo.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 2 de agosto de 2004, emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

VII. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 2 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor fue estimada en $576.000.000 correspondientes a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del lesionado Nelson Poveda Ramos, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1999 fuera de doble instancia ($18.850.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(2) http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/

(3) https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Expediente 17994, M. P. Enrique Gil Botero.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, Expediente 7622, M. P. Carlos Betancur Jaramillo.

(6) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 Expediente 14215.