Sentencia 1999-00245 de enero 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Rad.: 07001-23-31-000-1999-00245-01(18617)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: María Magdalena Arango Díaz y otros

Demandado: Mindefensa - Ejercito - Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «7. Consideraciones de la Sala

La sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 4 de mayo de 2000, pues, el monto de la pretensión mayor para la época en que fue presentada la demanda, supera el exigido para que el proceso tenga vocación de doble instancia.

Se trata de la imputación hecha a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte violenta del señor Pablo Antonio Hernández Ferreira, en hechos ocurridos el 18 de octubre de 1997 en un acto de proselitismo político, frente al Colegio Rafael Pombo del barrio “El Prado” en el municipio de Saravena - Arauca.

Las pruebas documentales incorporadas al proceso, en las distintas oportunidades procesales, serán tenidas en cuenta por cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, lo que de suyo permite su valoración probatoria(35).

El juicio de responsabilidad de la administración

Como ambas partes presentaron recurso de apelación, en cumplimiento del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala resolverá sin limitaciones.

El artículo 2º de la Carta Política contiene una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y un deber de protección del Estado en la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los mismos. A través de este principio se busca lograr uno de los fines esenciales del Estado, de modo que dichos fines se traducen en un conjunto de obligaciones de respeto y garantía frente a las personas.

El Estado no solo debe respetar sino también garantizar los derechos humanos, lo cual implica asumir conductas negativas y positivas tendientes por un lado a no ejercer actos violatorios de tales derechos y a asumir conductas dirigidas a impedir que distintas fuerzas no estatales los violen. “No olvidemos, en efecto, que los pactos internacionales obligan al Estado no solo a respetar sino también a garantizar los derechos humanos. La eficacia horizontal de los derechos constitucionales es pues un dispositivo del Estado para potenciar esa garantía en el ordenamiento interno. Por ello creo que, en el plano constitucional, tiene toda la razón la Corte Constitucional cuando señala que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no disminuye la responsabilidad estatal sino que la acrecienta”(36). En suma, tanto los particulares al igual que el Estado están obligados a respetar los derechos constitucionales fundamentales y los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento interno y por los tratados internacionales. En consecuencia, cuando la violencia es ejercida por fuerzas delictivas al margen de la ley, los ciudadanos pueden recurrir a la autoridad estatal para que esta los proteja.

En ese orden de ideas, el comportamiento asumido por las entidades públicas demandadas, desconoció las obligaciones constitucionales y legales, al incumplir los deberes de protección y vigilancia frente a la víctima. La conducta de la administración resulta a todas luces censurable y por esa vía el asunto merece gobernarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva, por falla probada del servicio que constituye el título de imputación jurídico por excelencia.

En los casos de atentados terroristas perpetrados por terceros, trátese de delincuencia organizada, subversión o terrorismo, el Estado se hace responsable por la omisión en que incurre en los deberes de protección. Cuando la administración desatiende los llamados de la comunidad, de un particular o frente a situaciones donde se pueda prever la amenaza inminente de un atentado terrorista, en razón a que no desplegó el equipo de seguridad o prevención, ni aumentó el pie de fuerza para conjurar las posibilidades de un ataque u omitió repeler la agresión en defensa de la comunidad, el título aplicable en todos los casos será el de la falla probada de manera que la carga de la prueba es del demandante de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y en ese caso la responsabilidad surge, porque a pesar de informarse sobre las amenazas, no se despliega la protección debida, o porque siendo de público conocimiento, la administración no interviene para proteger a la víctima o víctimas.

En sub exámine, los elementos probatorios recaudados comprometen la responsabilidad de la administración, porque para la época en que sucedieron los hechos, el municipio de Saravena (Arauca) se caracterizaba por ser una región que presentaba problemas de seguridad permanente, y por lo tanto estaba catalogada como zona de “orden público”. Los distintos informes incorporados al proceso dan cuenta de esta circunstancia, especialmente el rendido el 8 de octubre de 1999, por el Comandante del Grupo Mecanizado 18 Rebeiz Pizarro del Ejército Nacional, el cual destacó que de tiempo atrás, la guerrilla de las FARC y ELN a través de las milicias urbanas, han efectuado constante presencia en el casco urbano del municipio de Saravena, el que ha sido objeto de atentados contra la infraestructura petrolera, hostigamientos a la base militar, estaciones de policía e instalaciones del Grupo Rebeiz Pizarro; extorsión, secuestro, boleteo y asesinatos selectivos contra la población civil y asalto a entidades financieras. En estas circunstancia y atendiendo las órdenes del Gobierno Nacional, en cumplimiento de los decretos 2615 de 1991 y 2008 de 14 de agosto de 1997, se llevaron a cabo varios consejos de seguridad previamente a las elecciones que se realizarían el 27 de octubre del mismo año, con el fin de adoptar medidas de seguridad y protección de los distintos candidatos a las corporaciones públicas de orden local y regional.

Con el propósito de participar en la contienda electoral el señor Pablo Antonio Hernández Ferreira desde el 4 de agosto de 1997, tuvo el aval del Partido Liberal Colombiano, para su inscripción como candidato del mismo a la alcaldía de Saravena y el acto de inscripción se llevó a cabo el 6 de agosto siguiente, por esta razón se programaron actos públicos para su campaña, entre ellos el dispuesto para el 18 de octubre de 1997 a las 3 y 30 p.m. en el barrio El Prado; dos días antes de la realización del evento, la junta de padres del Colegio Rafael Pombo informó y solicitó tanto al Comandante de la Estación de Policía de Saravena y al Grupo Rebeiz Pizarro del Ejército Nacional prestar la debida seguridad en el acto político, y en igual sentido se dirigió a la Policía Nacional, el jefe de la oficina de la sede política del señor Pablo Antonio Hernández.

Según consta en la prueba documental y testimonial, era de público conocimiento en el municipio de Saravena, el acto referido a la concentración política de los candidatos del partido liberal a la gobernación y a la alcaldía, señores Gustavo Castellanos y Pablo Antonio Hernández y sobre la presencia de los candidatos de las corporaciones regionales y locales. La reunión se llevó a cabo en las horas de la tarde del día programado, la cual se extendió hasta las 7 p.m. La Policía Nacional prestó su colaboración y acompañó el evento con un número no determinado de uniformados para la seguridad de los candidatos y de la comunidad. En cambio, el ejército no prestó ninguna colaboración.

Todos los testigos fueron contestes en afirmar que antes de la 6 p.m. los efectivos de la Policía Nacional se retiraron, y el evento continuó su curso, pero sin la protección y control que garantizara unas mínimas condiciones de seguridad para enfrentar y reprimir un eventual ataque de la delincuencia. Habiéndose terminado el acto público y cuando los candidatos se disponían a marcharse del lugar, el señor Pablo Antonio Hernández fue herido mortalmente, y antes de arribar al centro hospitalario falleció; el señor Gustavo Castellanos candidato a la gobernación y uno de sus escoltas personales resultaron heridos.

Las fuerzas armadas incumplieron su deber de protección y vigilancia, y por esa vía no hicieron efectiva la garantía constitucional, primero porque el ejército no acudió al llamado de la comunidad, y sobre esta omisión no hay discusión, pues no existe el mínimo indicio sobre su presencia en el lugar de los hechos. La prueba en contrario debió ser aportada por la entidad demandada y no por la parte actora, pues en cumplimento del inciso final del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba; y segundo, porque los integrantes de la Policía Nacional se retiraron antes de que culminara la concentración política lo que facilitó el actuar de la delincuencia y que a continuación pudieran consumar el crimen.

Aunque la presencia de las fuerzas armadas hasta la culminación de la sesión política, no garantizaban que el hecho dañoso se hubiera podido impedir, lo cierto es que la falta del pie de fuerza y el hecho de que los uniformados se ausentaran del lugar, facilitó el accionar de los delincuentes, especialmente en una zona de orden público, donde de tiempo atrás se había incrementado la inseguridad, especialmente el índice de homicidios y donde los candidatos políticos constituían un blanco fácil de la delincuencia organizada y de los grupos al margen de la ley.

De otro lado no hay duda de que las normas expedidas por el gobierno constituían un instrumento para fortalecer y organizar mecanismos de protección en las época prelectorales, para que los participantes en la contienda electoral ejercieran sus actividades en un ambiente que facilitara su labor, de modo que en dicho escenario el deber de protección era reforzado, en el entendido de que las autoridades debían estar atentas y diligentes para brindar dicha garantía constitucional en orden a adoptar medidas que no vulneraran el derecho fundamental sobre la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y así tomar parte en las elecciones que constituye por antonomasia una de las formas de participación democrática(37).

Bajo las consideraciones anteriores, la conclusión obligada es por un lado que el hecho dañoso se traduce en la omisión en que incurrieron los autoridades de policía y el Ejército Nacional al no brindar la protección necesaria al señor Pablo Antonio Hernández candidato a la alcaldía de Saravena - Arauca, por el período 1998 - 2000, lo que facilitó el accionar de la delincuencia y permitir que se consumara el crimen que terminó con su vida. En suma porque los elementos que comprometen la responsabilidad de la administración se encuentran presentes a título de falla del servicio, y dicho título de imputación aparece suficientemente probado en el proceso, lo que conduce a confirmar la decisión del tribunal.

Indemnización de perjuicios

Recurso de apelación de la parte actora relacionado con la indemnización de perjuicios

En relación con el reconocimiento de perjuicios la Sala se ocupará inicialmente de los puntos que fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

1. La parte actora censura la decisión del tribunal en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios a favor de los sobrinos de Pablo Antonio Hernández, y en ese sentido solicitaron reconocer perjuicios de orden moral y material a favor de Alba Luz Sánchez, Carlos Alberto Hernández Sánchez, Jair Alexander Hernández Sánchez y Jelenny Hernández Sánchez, en el entendido de estar acreditado que dependían económicamente de la víctima.

La Sala mantendrá la decisión del tribunal en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios a su favor, pues, no demostraron ni el parentesco, ni las relaciones afectivas entre la víctima y los supuestos sobrinos, ni su dependencia económica. La prueba testimonial recogida a lo largo del proceso no permite llegar a dicha conclusión, y en ese sentido acoge el planteamiento del tribunal en cuanto sostuvo que las declaraciones solamente hicieron menciones tangenciales en cuanto al vínculo familiar y no especificaron en que consistía la ayuda económica, su peridiocidad y permanencia de la misma, por lo tanto no se accederá a lo pedido.

2. La parte actora reclama incrementar la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reconocidos a favor de la cónyuge y los hijos, por cuanto el porcentaje de deducción para los gastos de la víctima en el 50 % es excesivo.

Hecha una revisión de las distintas variables tenidas en cuenta por el tribunal y la metodología aplicada, la Sala encuentra razonable el reclamo hecho por la parte actora, pues de manera constante la jurisprudencia ha descontado un 25 % por concepto de gastos que la víctima eventualmente podría destinar en su propia subsistencia, y no hay justificación para que en este caso en particular la liquidación no corra la misma suerte. En ese entendido para efectos de la liquidación, se tendrá en cuenta el 25 % y no el 50 % que constituyó el porcentaje descontado en la sentencia apelada.

3. Por último, la parte actora solicita acceder al reconocimiento de perjuicios materiales a favor de los hijos hasta los 25 años de edad y no hasta la mayoría de edad como fue liquidado.

En cumplimiento del principio de reparación integral del daño y comoquiera que constituye una posición consolidada sobre el particular, la Sala accederá a la pretensión de la parte actora, y en la respectiva liquidación a favor de los hijos de la víctima Julián Danilo Hernández Arango y Paula Juliana Hernández Arango, reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta cuando los menores cumplan 25 años de edad, pues a partir de entonces la Sala entiende que los jóvenes hacen una vida independiente de su núcleo familiar.

4. En cuanto a la censura hecha por el Ministerio de Defensa relacionada con la liquidación de los perjuicios materiales, en el sentido de que sea disminuida la liquidación de la condena impuesta contra la entidad demandada, y se proceda a la liquidación de los perjuicios materiales con el salario mínimo vigente para la época de los hechos y no con salario que devengaba el alcalde de la época, porque, para entonces no había sido electo.

Sobre el particular, la Sala advierte que de no haber sucedido los hechos que terminaron con la vida del señor Pablo Antonio Hernández, todo indica que la víctima hubiera resultado elegida, tanto es así que el candidato del partido liberal que lo reemplazó ganó la contienda electoral y adicionalmente las tarjetas electorales que fueron expedidas tenían impreso el nombre de la víctima; circunstancia corroborada por los distintos elementos de juicio incorporados al proceso. Por esta razón la Sala accederá a lo pedido en el recurso de apelación, en el sentido de liquidar el lucro cesante con el salario del burgomaestre municipal, y no con el salario mínimo legal vigente, pues este no refleja su capacidad productiva, su trayectoria y su preparación académica, comoquiera que había culminado sus estudios universitarios(38) y de no haber fallecido se habría desempeñado como alcalde del municipio de Saravena - Arauca en el período constitucional respectivo y continuado con su carrera política como se desprende de la prueba testimonial. En consecuencia, la Sala prohíja nuevamente lo dicho en sentencia de 19 de junio de 1997 en cuanto sostuvo(39).

“... se rectificará la indemnización que a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, reconoció el a quo en favor de la cónyuge sobreviviente, con base en el salario que al momento de su muerte devengaba el doctor Low Murtra como decano de la facultad de economía de la Universidad de La Salle ($ 400.000 mensuales). Estima la Sala que la liquidación sobre la suma mencionada no corresponde a lo que el Dr. Low dejó de percibir a raíz de su muerte y en consecuencia con ella no se indemniza realmente el daño material causado. En efecto, en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había regresado al país después de pasar más de un año en la embajada de Suiza, apenas estaba empezando a reorganizar su actividad económica por fuera de un cargo público, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad académica, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica.

De la preparación académica y la trayectoria en cargos públicos del Dr. Low informó ampliamente el doctor Fernando Antonio Garzón León, quien lo conoció desde el año de 1961, cuando ambos estudiaban en la Universidad Nacional. Lo describió como una persona de sorprendente inteligencia, quien después de egresado de la Universidad Nacional fue a Illinois con una beca que le dio la Fundación Fullbright, por haber sido el primer alumno de su promoción; que luego siendo profesor de la Universidad del Valle hizo una especialización en Harvard; que fue importado al país con la Misión Musgrave, para hacer una reforma tributaria. Que fue Director Nacional de Impuestos; que en el gobierno del presidente Pastrana fue nombrado secretario económico de la presidencia; que al empezar el gobierno del presidente López Michelsen fue nombrado en el Banco Mundial; luego fue Contralor de Bogotá, Consejero de Estado, Director Nacional del SENA, Ministro de Justicia y finalmente embajador en Suiza.

Su trayectoria permite a la Sala determinar que la remuneración que tendría de haber continuado con vida, correspondería por lo menos a la de un alto funcionario del Estado, entre los cuales se encuentran los magistrados de las altas cortes; cabe recordar que fue consejero de Estado. Pero en ningún caso su remuneración podía ser inferior. La Sala optará por reconocer la indemnización con base en la remuneración que hoy devenga un Consejero de Estado, es decir un alto funcionario del Estado, rechazando en cambio la petición de la demanda en el sentido se realizar la liquidación con base en lo que devengaba como embajador, dado que él no era un diplomático de carrera, no estaba dentro de lo previsible que ocupara otra embajada, y además estos cargos dadas las especiales circunstancias en que se desempeñan, tienen remuneración diferente a la de los altos funcionarios del Estado, porque comprende aspectos muy especiales tales como el pago de vivienda, oficina, y en esa remuneración se tiene en cuenta que según el país donde se desempeñe el cargo, el ingreso debe ser suficiente para vivir en el exterior”.

Perjuicios morales

Comoquiera que los elementos que están presentes, permiten suponer el dolor y el grado de afectación moral vivido por los demandantes, se accederá a lo pedido por la parte actora en el sentido de reconocer perjuicios de orden moral y por lo tanto, acogerá la apreciación hecha por el tribunal y las pautas jurisprudenciales relacionadas con la presunción de dicho perjuicio, en atención al grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes.

Siguiendo la orientación actual de la jurisprudencia, sentada en sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso 13.232 - 15646, la condena surtirá efectos en salarios mínimos legales mensuales, y no en el equivalente en gramos oro como fue solicitado en la demanda, y reconocido en la sentencia de primera instancia.

En consecuencia la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios morales por la muerte del señor Pablo Antonio Hernández a favor de María Magdalena Arango Díaz, compañera permanente, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de este sentencia. A favor de Julián Danilo Hernández Arango y Paula Juliana Hernández Arango, en condición de hijos de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos, vigentes a la fecha de ejecutoria de este sentencia. A favor de Omaira Isabel Hernández Ferreira, Elvia Marian Hernández Ferreira, Ana del Socorro Hernández Ferreira, José Pascual Hernández Ferreira y Cecilio Ferreira, hermanos de la víctima, el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, vigentes a la ejecutoria de esta sentencia.

Perjuicios materiales

Para la liquidación del perjuicio material se tendrá en cuenta el salario del alcalde de Arauca para el día en que ocurrieron los hechos, es decir para octubre de 1997, el cual ascendía a la suma de $ 1.699.200,oo m/cte. Este monto se actualizará con los índices de precios al consumidor, se descontará un 25% que eventualmente la víctima hubiera destinado en su propia subsistencia, el 75% restante se dividirá el 50% para la compañera permanente hasta la edad probable de vida de la víctima y el otro 50% se dividirá en partes iguales entre los dos hijos hasta que cumplan 25 años de edad, porque a partir de entonces se considera que hacen una vida independiente de su núcleo familiar.

Pablo Antonio Hernández Ferreira nació el 29 de noviembre de 1964, es decir para la época en que sucedieron los hechos tenía 33 años y once meses de edad, de manera que su edad probable de vida era aproximadamente 43,38 años o 520,56 meses(40).

 

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En consecuencia el 75% asciende a la suma de $ 3.042.601,oo

 

Cónyuge 50% = $ 1.521.300,50

Hijos 50% = $ 1.521.300,50

Indemnización debida o consolidada para María Magdalena Arango en calidad de compañera permanente

Se liquidará en meses desde la fecha de los hechos hasta la sentencia

 

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Donde:

S: La suma que se busca al momento de la condena

Ra: constituye la renta actualizada (mensual)

n: número de meses a indemnizar (desde la fecha de los hechos hasta la del fallo)

i: interés técnico legal mensual (0.004867)

 

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Total indemnización debida: $ 363.848.691,oo

 

Indemnización futura para María Magdalena Arango en calidad de compañera permanente

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 159 meses de la indemnización debida, reconocidos.

 

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Donde:

n: número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 159 meses de la indemnización debida).

 

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Total indemnización debida: $ 363.848.691,oo

Total indemnización futura: $ 258.552.171,oo

Total indemnización: $ 622.400.862,oo

En consecuencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora María Magdalena Arango, en calidad de compañera permanente, la suma de seiscientos veintidós millones cuatrocientos mil ochocientos sesenta y dos pesos moneda corriente ($ 622.400.862,oo m/cte.).

Indemnización por lucro cesante a favor de Julián Danilo Hernández Arango en calidad de hijo de la víctima

La suma de $ 1.521.300,50, se dividirá entre los dos hijos del causante, la cual, equivale a la suma de $ 760.650,25, y el monto de la liquidación se reconocerá hasta cuando cada uno de ellos cumpla 25 años de edad, pues, el Consejo de Estado ha considerado que hasta entonces los hijos dependen económicamente de los padres, y que a partir de entonces hacen una vida independiente del núcleo familiar.

Indemnización debida

Hechos 18 de octubre de 1997

Julián Danilo, nacido el 28 de octubre de 1989 a la fecha de los hechos contaba con 10 años de edad.

En consecuencia, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se reconocerán por el período comprendido entre la fecha de los hechos y hasta la fecha de la sentencia.

 

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Indemnización debida: $ 181.924.345,oo

 

Indemnización futura

Este período se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta cuando el demandante cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 28 de octubre de 2014, que equivale a 3 años y 9 meses.

 

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Indemnización futura: $ 30.673.486

 

Indemnización debida: $ 181.924.345,oo

Indemnización futura: $ 30.673.486,oo

Total indemnización: $ 212.597.831,oo

En consecuencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Julián Danilo Hernández Arango en calidad de hijo de la víctima, la suma de doscientos doce millones quinientos noventa y siete mil ochocientos treinta y un pesos moneda corriente ($ 212.597.831,oo m/cte.)

Indemnización por lucro cesante a favor de Paula Juliana Hernández Arango en calidad de hija de la víctima

Indemnización debida

Hechos 18 de octubre de 1997

Paula Juliana, nacida el 11 de marzo de 1994 a la fecha de los hechos contaba con 3 años y 7 meses de edad edad.

En consecuencia, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se reconocerán por el período comprendido entre la fecha de los hechos y hasta la fecha de la sentencia

 

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Indemnización debida: $ 181.924.345,oo

 

Indemnización futura

Este período se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta cuando la demandante cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 11 de marzo de 2019, que equivale a 8 años y 2 meses.

 

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Indemnización futura: $ 59.173.163,oo

 

Indemnización debida: $ 181.924.345,oo

Indemnización futura: $ 59.173.163,oo

Total indemnización: $ 241.097.508,oo

En consecuencia, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Paula Juliana Hernández Arango en calidad de hija de la víctima, la suma de doscientos cuarenta y un millones noventa y siete mil quinientos ocho pesos moneda corriente ($ 241.097.508,oo m/cte.).

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Arauca el 4 de mayo de 2000, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, como consecuencia de la muerte del señor Pablo Antonio Hernández Ferreira, según hechos ocurridos el 18 de octubre de 1997 en el Municipio de Saravena - Arauca.

2. CONDÉNASE a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora María Magdalena Arango, en calidad de compañera permanente, la suma de seiscientos veintidós millones cuatrocientos mil ochocientos sesenta y dos pesos moneda corriente ($ 622.400.862,oo m/cte.). A favor de Julián Danilo Hernández Arango en calidad de hijo de la víctima, la suma de doscientos doce millones quinientos noventa y siete mil ochocientos treinta y un pesos moneda corriente ($ 212.597.831,oo m/cte.). A favor de Paula Juliana Hernández Arango en calidad de hija de la víctima, la suma de doscientos cuarenta y un millones noventa y siete mil quinientos ocho pesos moneda corriente ($ 241.097.508,oo m/cte.).

3. CONDÉNASE a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales por la muerte del señor Pablo Antonio Hernández. A favor de María Magdalena Arango Díaz, compañera permanente, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de este sentencia. A favor de Julián Danilo Hernández Arango y Paula Juliana Hernández Arango, en condición de hijos de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos, vigentes a la fecha de ejecutoria de este sentencia. A favor de Omaira Isabel Hernández Ferreira, Elvia Marian Hernández Ferreira, Ana del Socorro Hernández Ferreira, José Pascual Hernández Ferreira y Cecilio Ferreira, en su condición de hermanos de la víctima, el equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, vigentes a la ejecutoria de este sentencia.

4. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

5. El presente fallo se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias auténticas de esta providencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.

6. SIN COSTAS por no aparecer causadas.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(35) En efecto, el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil preceptúa que los documentos “[…] se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento. […]”. Por su parte, el artículo 254 ibídem, establece que las copias tendrán el mismo valor que su original cuando: i) hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada, ii) cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, iii) si fueron compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa, por lo anterior las copias inauténticas o las “fotocopias tomadas de fotocopia” carecen de mérito probatorio.

(36) Rodrigo Uprimny Yepes. “Algunas Reflexiones sobre la responsabilidad por la violación de los derechos humanos. Bogotá Universidad Nacional. 1996.

(37) Artículo 40 de la C.P.

(38) Obra copia autenticada del título obtenido en economía de la Universidad Santo Tomás aportado por el demandante. Folio 59 del cuaderno principal.

(39) Proceso 11875. Actor: Yoshiko Nakayama de Low y otras, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(40) De acuerdo con las tablas colombianas de mortalidad expedidas por la Superintendencia Financiera.