Sentencia 1999-00248 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 18001233100019990024801 (29081)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: acción de reparación directa

Actor: Mariela Murcia de Cárdenas y otros

Demandado: la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación.

2. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(...).

Entonces, como la presente demanda de reparación directa se formuló el 28 de julio de 1999 y los hechos que la motivaron acaecieron el 4 de agosto de 1997, resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, la Sala se encuentra autorizada para pronunciarse sobre el fondo del sub lite.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 12 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con miras a determinar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños causados a la demandante, a raíz del ataque guerrillero de que fuera objeto la población de Valparaíso (Caquetá), el 4 de agosto de 1997.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer si aquel resulta imputable a la acción u omisión de la entidad demandada, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación en contra de la Nación deberán prosperar.

4. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia:

— Se sabe que la señora Yolanda Cárdenas Murcia fue auxiliar segundo en el Departamento de Policía del Caquetá, desde el 1º de septiembre de 1996 hasta su fallecimiento. De esto da cuenta la certificación emitida por el coordinador del grupo de archivo general de la citada institución (fl. 280, cdno. 2).

— Se conoce que el 4 de agosto de 1997, la señora Cárdenas Murcia murió mientras se encontraba prestando sus servicios en la Estación de Policía de Valparaíso (Caquetá)(3). Sobre las causas de su muerte la necropsia practicada por el Instituto Departamental de Salud del Caquetá concluyó:

“Conclusión

Yolanda Cárdenas, mujer joven que fallece por shock neurogénico agudo secundario, aplastamiento de bóveda craneana y cara” (fl. 308, cdno. 2).

— Se encuentra establecido que el 4 de agosto de 1997 aproximadamente a las 5: 30 p.m. un grupo de insurgentes incursionó al municipio de Valparaíso (Caquetá), en contra de la Estación de Policía y otras sedes de instituciones estatales, así como algunos establecimientos de comercio. En estos hechos perdió la vida la señora Yolanda Cárdenas, quien en ese momento se encontraba en la estación.

Sobre el particular se allegaron los siguientes informes:

En escrito remitido por el director seccional del DAS al Tribunal Administrativo del Caquetá, el funcionario refirió:

04-AGO-97. Incursión. Valparaíso. De las 17:30 a las 22:00 horas, aproximadamente 100 integrantes de los frentes XXXII y XLIX de las FARC que se movilizaban en un bus y camionetas tipo campero, procedentes de la inspección de Santiago de la Selva, incursionaron en el perímetro urbano atacando la Estación de Policía con granadas y rockets, quemando las instalaciones de la Caja Agraria, juzgado promiscuo municipal, alcaldía, Registraduría y varios establecimientos comerciales. En la acción terrorista resultaron muertos Yolanda Cárdenas Murcia C.C.40.767.641 de Florencia, quien laboraba en el casino de la policía local y Pedro Pablo Martínez, de 65 años; además fueron heridos los patrulleros Eduard Martínez Olivera y Hermes Arcila Ramírez (fl. 23, cdno. 2).

De otra parte, en el informe rendido, el 8 de agosto de 1997, por el comandante del Departamento de Policía del Caquetá a la dirección general de la institución, sobre el particular se registró:

“El día en mención, siendo aproximadamente las 17:15 horas, la población de Valparaíso-Caquetá fue objeto de incursión subversiva, por parte de los frentes Tercero, “Teófilo Forero” (móvil) y el frente Cuarenta y Ocho de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, donde el primer frente en mención realizó tres (3) retenes en los siguientes puntos:

1. Retén sobre la vía que de Florencia comunica con el municipio de Morelia, en la vereda Tres Esquinas.

2. Retén sobre la vía que del municipio de Morelia comunica con el municipio de Valparaíso, en el sitio denominado Caja Agraria, donde aprovecharon para atracar varios vehículos que transitaban por la mencionada vía.

3. Retén sobre la vía, que del municipio de Morelia comunica con el municipio de Belén de los Andaquíes, en el sitio conocido como “La Tigrera”.

Mientras funcionaban estos retenes, los frentes “Teófilo Forero” (móvil) y cuarenta y ocho incursionaban a la población utilizando armamento de largo alcance y diferentes calibres, como fusil Galil 7.62, fusil Galil 5.56, fusil AK-47 como también granadas de fusil, de mano, de fragmentación y de fabricación casera, destruyendo en su totalidad las instalaciones de la Estación de Policía, la alcaldía municipal y todas sus dependencias, Juzgado Único Promiscuo Municipal, parte de las oficinas de la Caja Agraria, establecimientos públicos y residencias de particulares.

(...).

Personal propio muerto

A2. Cárdenas Murcia Yolanda” (fls. 186 y 187, cdno. 2).

El mismo funcionario, el 15 de agosto de 1997 rindió el informe administrativo 34 con ocasión de la muerte de la señora Cárdenas Murcia:

“Mediante informe de fecha 060897 suscrito por el señor C.P. Betancourth Quiceno Fabio Arturo, como también pruebas testimoniales y documentales, se conoce de los hechos registrados en el municipio de Valparaíso Caquetá para el día 040897 aproximadamente a las 17:30 horas, cuando insurgentes de las autodenominadas FARC, incursionaron a dicha localidad centrando su ofensiva hacia la estación de policía Valparaíso; teniendo como resultado de este accionar la muerte de un miembro de la institución como era la señora A2. Yolanda Cárdenas Murcia quien se desempeñaba como auxiliar de cocina y para la fecha de los hechos se encontraba dentro de las instalaciones preparando los alimentos para el personal de la estación.

Calificación

Declarar, que los hechos en los cuales perdiera la vida la extinta A2. Yolanda Cárdenas Murcia quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 40.767.641 de Florencia Caquetá, ocurrieron en combate, como consecuencia de la acción del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, al poderse establecer de acuerdo a documentos obrantes en el presente informe, que su muerte se presentó durante la incursión guerrillera perpetrada por la cuadrillas XIII y XLVIII frentes de las FARC, a la municipalidad de Valparaíso Caquetá, el día 040897 a eso de las 17:30 horas aproximadamente, centrando su ataque a las instalaciones de la estación, logrando los subversivos dar de baja a la auxiliar quien cumplía sus funciones de preparar los alimentos al personal...” (fl. 119, cdno. 2).

— Con ocasión de estos hechos se realizó un trabajo de inteligencia, en el cual se hicieron las siguientes recomendaciones:

En vista de que el personal fue sorprendido momentos en que realizaban actividades deportivas con la comunidad, sin tomar las medidas de seguridad correspondientes, es recomendable cuando se vaya a efectuar una actividad como esta:

— En lo posible contar con puesto de seguridad de avanzada, como por ejemplo varias unidades en esquinas y sitios altos en donde se pueda observar los puntos críticos.

— No realizar ninguna actividad de este tipo ya entrada la tarde.

— No desarrollar actividades deportivas y otras que comprometen el servicio y por ende las medidas de seguridad por largo tiempo ni caer en rutina.

En sitios de orden público como lo es todo el departamento del Caquetá, se hace necesario el sacrifico de departir entre compañeros en eventos como estos ya que todo lo va canalizado el enemigo, así mismo como este se da cuenta de un buen puesto de Policía que es difícil de tomar por las fuertes medidas de seguridad y del profesionalismo con que sus integrantes prestan el servicio, también encuentran la vulnerabilidad a la estación o puesto de Policía que poco a poco va descuidando su propia seguridad, en ocasiones así el policía este muy bien relacionado con la comunidad y esta le responda, como en el municipio de Valparaíso por unos pocos el factor sorpresa puede llegar a sorprender inclusive a la misma comunidad sin que estos también hayan tenido nociones o conocimiento que se fuese a efectuar una toma.

En los puestos de policía en lo posible no se debe permitir el ingreso de personas ajenas a la misma, inclusive personas que hayan ganado nuestra confianza, las reuniones que se realicen entre el personal uniformado deben efectuarse en recinto cerrado, donde no hayan personas que puedan escuchar lo que allí se trate.

Realizar patrullajes e inspecciones en sitios críticos de la localidad, efectuándolos a horas diferentes, con las correspondientes medidas de seguridad, demostrando que la población o puesto de policía se encuentra en guardia y atento para contrarrestar cualquier situación.

En cuanto a contratar personal que realice labores de mantenimiento y aseo de instalaciones policiales, se recomienda adelantar el correspondiente estudio de seguridad a dichas personas en todas las estaciones en donde se contrate este servicio, o en su defecto que las labores de aseo de las instalaciones las realicen los mismos integrantes de la estación, ya que esto no requiere de ninguna técnica ni mayor esfuerzo, y si ofrece la seguridad de que no habrán posibles infiltraciones por parte de la subversión.

El personal civil que labore en instalaciones policiales, que estén debidamente contratados por la institución, se le debe hacer saber en caso de una toma guerrillera que medidas de seguridad tiene que tomar para salvaguardar su vida, ya que estas no cuenta con que defenderse y su naturaleza no es tomar las armas en estos casos (fls. 192 a 196, cdno. 2).

Revisadas las pruebas allegadas al proceso, corresponde en adelante determinar si los hechos que han resultado probados son suficientes para comprometer la responsabilidad del Estado en los términos establecidos en el artículo 90 constitucional, es decir, si la señora Yolanda Cárdenas Murcia está obligada a soportar el daño infundido y, de no ser ello así, establecer la responsabilidad.

5. Análisis del caso.

La Sección Tercera(4), dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno(5) que históricamente ha vivido el país y, dados los daños infringidos a los asociados, en razón del mismo, ha destacado el deber general del Estado de procurar, en la medida de lo posible, el imperio de las instituciones y de reparar cuando los derechos e intereses particulares resultan afectados, porque el daño se hubiera podido evitar o repeler y, en todo caso, las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y en general excluidas de la confrontación.

Bajo esta línea argumentativa y con el fin de garantizar la vigencia del Estado social de derecho, fórmula política que reclama especialmente por el enaltecimiento de la dignidad humana, esta Sección con apoyo del artículo 90 constitucional en múltiples pronunciamientos ha dispuesto la reparación siempre que en eventos como los que ahora se estudia resulte afectado un particular ajeno al conflicto.

Este contexto y el acervo probatorio que reposa en el plenario permiten establecer, a diferencia de lo señalado por el a quo, que los daños causados a la señora Cárdenas Murcia han de imputarse a la parte demandada, comoquiera que la antes nombrada no tenía que perder su vida prestando servicios asistenciales a la Policía, en razón de una confrontación bélica que le es ajena, así la demandada sostenga que fue el grupo insurgente quien ejecutó el hecho; pues, como se ve, sin perjuicio de las medidas dirigidas a repeler el ataque para mantener el orden público y proteger a la población civil, lo cierto tiene que ver con que respecto de la actora las acciones resultaron insuficientes.

Sobre el particular es importante precisar que, si bien, dentro del devenir propio del conflicto, los miembros de las fuerzas militares y de policía que participan como combatientes pueden resultar afectados en su integridad física y espiritual, pues en el ejercicio de la misión que se les ha confiado son blanco del ataque enemigo, esta carga no se ha extendido al personal civil que trabaja en labores administrativas o asistenciales salvo cuando participa directamente de las hostilidades. Por esta razón como acontece con la población civil, deben ser excluidos, advertidos y protegidos en sus derechos y libertades ciudadanas(6).

En el presente caso, la señora Yolanda Cárdenas Murcia como miembro de la Policía Nacional, estaba dedicada exclusivamente a realizar el mantenimiento a la Estación de Policía y a preparar los alimentos del personal que allí laboraba, es decir, que no hacía parte del pie de fuerza de la institución, pero tampoco, se encuentra establecido que el día de la ofensiva guerrillera haya participado en la contención de las hostilidades ya sea a través del uso de las armas o cualquier otra acción efectiva que le obliguen a soportar la pérdida de su vida.

En el proceso se encuentra probado (i) que el día 4 de agosto de 2000, aproximadamente a las 5:30 un grupo subversivo atacó la Estación de Policía de Valparaíso (Caquetá), (ii) que a consecuencia del ataque murió la señora Yolanda Cárdenas Murcia mientras se encontraba prestando servicios asistenciales en la Estación de Policía y (iii) que el deceso de la antes nombrada generó a su madre, hijos y hermanas perjuicios de orden material e inmaterial.

Así las cosas y dado que el daño se produjo con ocasión de la confrontación entre fuerzas del orden y un grupo insurgente se impone la obligación de indemnizar a la actora, pues es a la Nación-Ministerio de Defensa a quien se ha confiado la protección de la población en este tipo de enfrentamientos.

En el sub lite la obligación resarcitoria no depende de quién perpetró el ataque, sino sobre quien recae la obligación de protección de la población civil, en un Estado de derecho en el que el monopolio de las armas y del mantenimiento del orden le han sido confiados, a la fuerza pública; sin perjuicio de las acciones, a todas luces reprochables a la luz del derecho internacional humanitario del grupo insurgente.

Cabe en este caso, en consecuencia, acudir a la equidad y la solidaridad para restablecer a la actora en sus derechos a la convivencia pacífica y al orden justo y así mismo exigir de las autoridades la protección de su integridad física y moral.

Se trata, como puede observarse, de hacer efectiva la cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Carta Política, sin perjuicio de la utilidad que en algunos casos deviene de los títulos tradicionales de imputación, no siempre pertinentes para motivar condenas como la que procede imponer en el sub lite.

De este modo, encontrándose probado que el día 4 de agosto de 1997 la señora Yolanda Cárdenas Murcia sufrió la vulneración definitiva de su derecho a la vida que no estaba obligada a soportar, en el marco de una confrontación armada, entre un grupo insurgente y la entidad pública demandada, se revocará la sentencia impugnada.

6. Los perjuicios a indemnizar.

6.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó por este concepto a favor de Mariela Murcia Cano (madre), Margarita, Luz Dary, Jacqueline, Sandra Milena y Deisy Yamile Cárdenas Murcia (hermanas) y de los menores Jhon Wilder Samboni Cárdenas, Luis Eduardo Sanboni Cárdenas y Amilcar Andrés Cárdenas Murcia (hijos) el equivalente a 1.500 gramos oro.

Sobre la indemnización del perjuicio moral, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Exp. 13232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por consiguiente, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(7), de conformidad con los siguientes parámetros(8): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(9); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Por lo anterior, la Sala considera procedente reconocer a favor de los demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera, el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad, el cual por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(10), constituye un hecho probado al partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los padres, esposa o compañera permanente, hijos y hermanos de la persona que sufre un daño, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos(11).

Respecto de la prueba del daño moral en el caso particular de los hermanos mayores de la víctima, la Sala considera pertinente aclarar que, si bien en algún momento esta corporación sostuvo que era necesario acreditar plenamente la existencia de una relación afectiva(12), lo cierto es que esta posición ha sido reevaluada y, de acuerdo con lo arriba expuesto, dicha relación se infiere a partir del lazo de parentesco.

5.1.4. Así las cosas, habrá que decretar el perjuicio solicitado, se itera según el arbitrio judicial, para lo cual se tiene en cuenta la naturaleza, la intensidad, extensión y la gravedad de la afectación que generó al grupo demandante la ausencia de la señora Yolanda Cárdenas Murcia por motivo de su muerte, razón por la cual se asignarán los porcentajes, para cada uno de los actores, en los valores que se indican a continuación:

Para Mariela Murcia Cano (madre) 100 s.m.l.m.v.

Para Jhon Wilder Sanboni Cárdenas (hijo) 100 s.m.l.m.v.

Para Luis Eduardo Sanboni Cárdenas (hijo) 100 s.m.l.m.v.

Para Amilcar Andrés Cárdenas Murcia (hijo) 100 s.m.l.m.v.

Para Deasy Yamile Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Margarita Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Luz Dary Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Jacqueline Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Sandra Milena Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

6.2. La indemnización por el daño material.

Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

Por este concepto en la demanda se solicitó a favor de los hijos de la víctima directa Jhon Wilder y Luis Eduardo Samboni Cárdenas y Amilcar Andrés Cárdenas Murcia, el reconocimiento hasta su mayoría de edad de los dineros con los que su madre como auxiliar administrativo de la Policía Nacional, contribuía con su sostenimiento.

En el proceso, se encuentra demostrado que la fallecida laboraba al servicio de la Policía Nacional, como auxiliar administrativo 2, recursos con los cuales atendía los gastos familiares. De acuerdo con la certificación emitida por el jefe sección administrativa Ofite, para el mes de agosto de 1997 sus ingresos salariales totales eran de $ 404.117.

Precisado lo anterior, para la respectiva liquidación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos(13):

— Se tomará el salario certificado y actualizado ($ 1.067.648) y se incrementará un 25% ($ 1.334.560) que corresponde a las prestaciones sociales, habida cuenta que no aparecen certificadas y a su vez se disminuirá en un 25% que se supone una persona normalmente destina para su propia subsistencia, operación que arroja la suma con la cual se procederá a efectuar la liquidación (1.334.560 - 25% = $ 1.000.920). El valor se distribuirá en 3 partes iguales para cada hijo.

— En el registro civil de nacimiento de la señora Yolanda Cárdenas Murcia (fl. 11 cdno. 1), se sentó como fecha de su nacimiento el 15 de agosto de 1965, es decir, que para la época de los hechos (ago. 4/97) tenía 31 años, por lo tanto, su vida probable según las tablas de mortalidad expedidas por la entonces Superintendencia Bancaria (Res. 497, mayo 20/97) era de 46.80 años.

— De igual forma, se pudo comprobar respecto de los menores que, Jhon Wilder Samboni Cárdenas para esa misma época tenía 6 años de edad (fl. 16 a, cdno. 1 —registro civil de nacimiento), que Luis Eduardo Samboni Cárdenas tenía 5 años y Amilcar Andrés Cárdenas Murcia 3 años, esto igualmente de acuerdo a los respectivos registros (fls. 15 y 16, cdno. 1 —registros civiles de nacimiento)(14).

Por lo antes expuesto, se concederá a los menores Jhon Wilder Samboni Cárdenas, Luis Eduardo Samboni Cárdenas y Amilcar Andrés Cárdenas Murcia, el lucro cesante teniendo en cuenta para ello, que en la demanda se solicitó que este reconocimiento se haga hasta que cumplan la mayoría de edad:

Lucro cesante consolidado

Lucro cesante consolidado de Jhon Wilder Samboni Cárdenas

• El período consolidado inicia el día de ocurrencia de los hechos (ago. 4/97) y se extiende hasta el día en que el menor Jhon Wilder Samboni Cárdenas cumplió la mayoría de edad (ene. 18/2009).

• La renta corresponde a un terció del ingreso actualizado $ 333.640

 

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Total de lucro cesante consolidado, para Jhon Wilder Samboni Cárdenas $ 65.026.928.

Lucro cesante consolidado de Luis Eduardo Samboni Cárdenas

• El período consolidado inicia el día de ocurrencia de los hechos (ago. 4/97) y se extiende hasta el día en que el menor Luis Eduardo Samboni Cárdenas cumplió la mayoría de edad (mar. 20/2010).

• La renta corresponde a un terció del ingreso actualizado $ 333.640

 

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Total de lucro cesante consolidado, para el menor Luis Eduardo Samboni Cárdenas $ 74.491.747

Lucro cesante consolidado de Amilcar Andrés Cárdenas Murcia

• El período consolidado inicia el día de ocurrencia de los hechos (ago. 4/97) y se extiende hasta el día en que el menor Amilcar Andrés Cárdenas Murcia cumplió la mayoría de edad (ene. 3/2012).

• La renta corresponde a un terció del ingreso actualizado $ 333.640.

 

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Total de lucro cesante consolidado, para el menor Amilcar Andrés Cárdenas Murcia $ 90.230.734

Lucro cesante futuro

No se hará reconocimiento por este concepto habida cuenta que para la fecha de esta sentencia Jhon Wilder y Luis Eduardo Samboni Cárdenas y Amilcar Andrés Cárdenas Murcia ya cumplieron la mayoría de edad.

6. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 12 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

2. DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de la señora Yolanda Cárdenas Murcia, acaecida en la toma guerrillera que tuvo lugar el 4 de agosto de 1997 en el municipio de Valparaíso (Caquetá).

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero establecidas en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo:

Para Mariela Murcia Cano (madre) 100 s.m.l.m.v.

Para Jhon Wilder Sanboni Cárdenas (hijo) 100 s.m.l.m.v.

Para Luis Eduardo Sanboni Cárdenas (hijo) 100 s.m.l.m.v.

Para Amilcar Andrés Cárdenas Murcia (hijo) 100 s.m.l.m.v.

Para Deasy Yamile Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Margarita Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Luz Dary Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Jacqueline Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

Para Sandra Milena Cárdenas Murcia (hermana) 50 s.m.l.m.v.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, a pagar a los menores Jhon Wilder Samboni Cárdenas $ 65.026.928, Luis Eduardo Samboni Cárdenas $ 74.491.747 y Amilcar Andrés Cárdenas Murcia $ 90.230.734.

5. NO CONDENAR en costas.

6. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1999 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 18.850.000-artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88 y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 80.000.000, por concepto de perjuicios materiales.

(3) El registro civil de defunción levando el 10 de agosto de 1997 señala que la señora Yolanda Murcia Cárdenas murió el 4 de ese mismo mes y año como consecuencia de un shock neurogénico agudo. A este hecho también se refirieron los testigos Elvia Yenni Guzmán Reyes (fl. 217, cdno. 2), Yolanda Lara Ramírez (fl. 218, vto., cdno. 2), Alba Inés Bedoya Bedoya (fl. 218 vto., cdno. 2), José Ecnever Gallo Anturi (fl. 220, vto., cdno. 2), Olivia Muñoz (267, cdno. 2), Vicente Trujillo Coronado (fl. 270, cdno. 2), Deyanita Restrepo Díaz (fl. 272, vto., cdno. 2), Ruthbelia Guzmán Peña (fl. 273, cdno. 2).

(4) En esta sentencia se realizó una recorrido por la evolución jurisprudencial que han tenido los daños causados a víctimas de atentados terroristas, puntualizándose entre otros aspectos, en la necesidad de resaltar los principios de solidaridad y equidad frente a la aplicación de los diferentes conceptos jurídicos con los cuales se atribuye responsabilidad al Estado (C.E., Sec. Tercera, sent., abr. 19/2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515), C.P. Hernán Andrade Rincón).

(5) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” - Informe 55/97, caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera:

“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. (...) Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(6) El derecho internacional humanitario prohíbe el ataque a los civiles tanto en conflictos externos como internos. Así, el artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional establece: “Protección de la población civil. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. 2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

(7) Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Expediente 7445; y del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero, Expediente 14726, entre otras.

(8) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 septiembre de 2011, Expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente 13232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(10) Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”. Copia de los registros civiles obran a folios 8 a 16.

(11) Lo cual fue corroborado por los señores Elvia Yenni Guzmán Reyes (fl. 217, cdno. 2), Yolanda Lara Ramírez (fl. 218, cdno. 2), Alba Inés Bedoya Bedoya (fl. 219 vto., cdno. 2) y José Ecnever Gallo Anturi (fls. 220 y 220 vto., cdno. 2).

(12) Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1999, Expediente 15504, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(13) En sentencia del 26 de abril de 2006 se dijo lo siguiente: (...) de la existencia del vínculo marital y filial, que crea la obligación alimentaria, se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, que le causó a los demandantes la muerte de su compañero y padre. En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que corresponde al cónyuge y padre proveer alimentos a su cónyuge e hijos hasta el día anterior de la mayoría de edad. En consecuencia, si bien el derecho a la reparación de los perjuicios morales y materiales que se cause a una persona por la muerte de otra no se derivan de su condición de heredero sino de damnificado, cuando existe la obligación alimentaria se infiere la existencia del perjuicio material, que dará derecho al titular del mismo a la indemnización de tal perjuicio por el término de la obligación, esto es, en el caso de los hijos hasta el cumplimiento de la mayoría de edad y de los cónyuges hasta el término de vida probable del mayor entre los dos.

(14) En sentencia del 4 de octubre de 2007, Expediente 16.058 y 21.112 se señaló: “De igual forma, se modifica el criterio jurisprudencial que se tenía en relación con la presunción de manutención de los hijos hasta la mayoría de edad si no se acreditaba la escolaridad, desechando esta distinción, y dando por presumido que la condición de dependencia económica de aquellos respecto de los padres se mantiene hasta la edad de 25 años, con fundamento en los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración además, a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia por cualquier medio probatorio”.