Sentencia 1999-00256 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp. 33597

Rad.: 13001233100019990025601

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Alfonso Blanco Cardozo y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial

Acción: Reparación directa

Bogotá D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(3).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la naturaleza del asunto, habida cuenta de que los artículos 414 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos) y 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996(4), fijaron la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, siendo, por ello, irrelevante algún análisis relacionado a la cuantía(5).

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivada de una acción de la administración de justicia, es la de reparación directa tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. De la parte activa.

Está acreditado el legítimo interés que le asiste al señor Alfonso Blanco Cardozo para integrar la parte activa en este asunto en su calidad de sindicado dentro de la actuación penal cuestionada. Por su parte, los demás demandantes acreditaron vínculo civil y de parentesco con el directo afectado, así: Lucero del Pilar Morales Rivera probó ser cónyuge del señor Blanco Cardozo con la copia auténtica del registro civil de matrimonio (fl. 199, c. 1); Patricia (fl. 202, c. 1) y Alexandra Blanco Morales (fl. 201, c. 1) probaron ser sus hijas(6); Rodrigo Alfredo Blanco Cardozo, Fernando, Orlando y Luz Myriam Linares Cardozo probaron ser sus hermanos(7).

1.3.2. De la parte pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que la actora cuestiona en su demanda unas decisiones judiciales y funda sus pretensiones en presuntos yerros contenidos en ellas. Por ende, es la Nación - Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, la llamada a comparecer como demandada en este asunto.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales. Si la acción judicial se ejerce por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

El presente caso se funda en la presunta existencia de un yerro en dos providencias judiciales, que se alega como hecho generador del daño cuya reparación pretenden los demandantes. La primera de ellas es la sentencia de 26 de abril de 1996, por medio de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena condenó al señor Alfonso Blanco Cardozo a una pena de diez (10) años de prisión.

La segunda, el auto de 30 de julio de 1997, por medio del cual, durante el trámite de la segunda instancia, el Tribunal Superior de Cartagena - Sala Penal, anuló lo actuado a partir de la resolución de acusación, inclusive.

En principio, el término de caducidad de la acción se contabilizaría a partir de la ejecutoria de las mencionadas providencias judiciales; sin embargo, como no consta en el proceso la ejecutoria de ninguna de ellas(8), se tomará como referente para efectos de iniciación del término de caducidad de la acción la fecha de expedición del auto de 30 de julio de 1997(9), que por supuesto es anterior a la fecha de la eventual ejecutoria del proveído.

Entonces, como la demanda fue radicada el 29 de julio de 1999 (fl. 39, c. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes a la expedición de la providencia se concluye que no operó la caducidad de la acción en este asunto y procederá a definirse de fondo la controversia.

1.5. Del interés del Ministerio Público para apelar.

Como en este caso particular el Ministerio Público apeló la sentencia de primera instancia, hay lugar a realizar las siguientes precisiones sobre el alcance de su intervención en los procesos.

El numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política prevé que la intervención de la Procuraduría en los procesos judiciales la ejerce en aras de la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, los derechos y de las garantías fundamentales. Así lo prevé:

“El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (...).

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.

Bajo esa perspectiva, la Sección Tercera ha considerado que aunque en atención a sus fines constitucionales, la intervención del Ministerio Público se equipara a la de una parte en el proceso, y es de tal relevancia que no puede limitarse por parte del juez a determinadas actuaciones, su interés para actuar en los procesos está restringido a aquellos eventos en que acude para garantizar la defensa de las mencionadas garantías y no puede ni deber limitarse a la defensa del interés particular de uno de los extremos de la litis. Así pues, la carga argumentativa del Ministerio Público cuando recurre una providencia es mayor a la que le asiste a las partes entendidas desde el punto de vista material, no siendo suficiente entonces que se limite a manifestar la inconformidad con la providencia cuestionada, sino que también le corresponde indicar la forma en que su intervención tiene una especial relevancia desde el punto de vista constitucional.

En reciente pronunciamiento, el pleno de la Sección Tercera estableció los eventos en que, de acuerdo con el orden jurídico, le asiste interés al Ministerio Público para intervenir en los procesos y recurrir las decisiones judiciales, en los siguientes términos:

“4.8. Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones y precisiones, resulta pertinente señalar que no empece a las amplias facultades del Ministerio Público, sí le está vedado desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal. Por manera que, se torna necesario que el juez verifique —al momento de definir la admisión o decidir de fondo los recursos interpuestos por los agentes o delegados del Procurador— si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales.

Es decir, existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v.gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos. (...)

En efecto, se reitera, el Ministerio Público está llamado a participar de forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defensa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados.

De esta manera, se garantiza que exista ecuanimidad respecto de las partes y/o sujetos procesales, sin que conlleve a la búsqueda de un rompimiento del principio de igualdad material en el proceso. Bajo esta óptica se respeta con particular énfasis la función constitucional del Ministerio Público, y se evita o se previene que este último desplace injustificadamente a las partes en relación con sus cargas, deberes y obligaciones dentro de la actuación procesal.

Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público —como representantes de la sociedad— actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera —o todos— de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991”.

En el presente caso, las razones de la apelación de la Procuraduría se limitaron a precisiones sobre el título jurídico de imputación aplicable al caso y a poner de presente la presunta existencia del error judicial alegado por los demandantes, intervención que a juicio de la Sala corresponde al legítimo interés de los actores, no así del Ministerio Público, como quiera que no está encaminado a reivindicar el orden jurídico, los derechos fundamentales o el patrimonio público.

El recurso, tal como fue interpuesto, no da cuenta del legítimo interés de la Procuraduría para promoverlo y se limita a propender por la prosperidad de los argumentos de uno de los extremos de la litis, carga que le correspondía a la parte y que la ejerció también mediante el recurso de apelación.

Así las cosas, decidirá la Sala el recurso planteado por la parte demandante y no se pronunciará de fondo sobre el promovido por el Ministerio Público que no cumplió con la carga argumentativa suficiente que permita establecer que fue interpuesto en aras de la protección de las garantías que la Constitución le impone proteger con su intervención en los procesos judiciales.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre el recurso que debe decidirse, analizará la Sala si en el presente caso se incurrió en error en las decisiones judiciales cuestionadas, eso es, si puede predicarse en el presente caso acerca de un error judicial contenido en ellas, para establecer si como lo pretenden los actores hay lugar a declarar la responsabilidad estatal por los hechos que dieron origen a la controversia.

3. Análisis probatorio.

3.1. Del mérito probatorio de las evidencias allegadas en copia informal.

Antes de centrar la atención de la Sala en el análisis crítico de las evidencias aportadas, procede la precisión siguiente en relación con el mérito de las evidencias aportadas en copia informal al proceso.

Gran parte de las documentales allegadas corresponden a las piezas procesales de la investigación y juicio penal adelantados en contra del señor Blanco Cardozo, evidencias que fueron legalmente decretadas durante el trámite procesal (fl. 290, c. 1) y que no fueron controvertidas ni tachadas por la demandada.

En efecto, esas documentales estuvieron a disposición de la demandada, quien ningún reparo formuló frente a ellas, siendo claro que era la demandada quien —a través de los despachos judiciales en los que se tramitaron los procesos—, tenía a su disposición los originales de las actuaciones, de modo que podía verificar la veracidad o no de los documentos aportados por su contraparte. Como así no lo hizo, entiende la Sala que ninguna objeción le mereció su autenticidad.

Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(10), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.

3.2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente se encontraron demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión del problema jurídico(11):

3.2.1. La Fiscalía General de la Nación adelantó investigación en contra del señor Alfonso Blanco Cardozo quien según se probó en esas diligencias hizo uso de su arma de fuego para repeler un ataque criminal en su contra, acción en la que resultó herida la señora Mirna Lambis y muerto al señor Nilson Caraballo Villalba.

Determinó el ente investigador, en providencia de 13 de agosto de 1992, que el disparo que impactó la humanidad de la señora Lambis fue el que hizo al aire el señor Blanco con el fin de repeler un ataque inminente y actual en su contra, razón por la que precluyó la investigación por el punible de lesiones personales.

En cuanto al homicidio del señor Caraballo Villalba, señaló la Fiscalía que este tuvo lugar, luego de que el señor Blanco había logrado refugiarse en su residencia “y luego salió a hacer frente al ataque cuando ya se hallaba amparado por el refugio de su propia habitación”, por lo que encontró que aunque existía una causal justificante, el sindicado obró en exceso de tal causal(12). En consecuencia, procedió a acusarlo por el punible de homicidio cometido en exceso de la causal justificante de legítima defensa (fl. 59, c. 2).

3.2.2. El 26 de abril de 1996, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena (fl. 61, c. 2), al que correspondió el juzgamiento, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Alfonso Blanco Cardozo como autor responsable del delito de homicidio con dolo eventual, “sin amparo en la causal de justificación consagrada en el numeral 3 del artículo 29 C.P.”. Le impuso pena privativa de la libertad de 10 años.

3.2.3. La defensa del señor Blanco interpuso recurso de apelación contra la sentencia de condena, por lo cual llegó el asunto a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, corporación que en providencia de 30 de julio de 1997, encontró configurada una causal de nulidad.

Dijo el Tribunal que la Fiscalía Delegada, al formular cargos al procesado, incurrió en error de la adecuación típica, pues la imputación por el delito de homicidio bajo la modalidad de exceso punible carecía de soporte probatorio. Indicó que las pruebas del proceso sugerían que la conducta se amolda al delito de homicidio sin circunstancias de atenuación.

Agregó que la ley no prevé la posibilidad procesal de hacer un cambio de la calificación del punible en la etapa del juzgamiento, por lo que mal podría variarse esta en la sentencia ante la imposibilidad de condenar al procesado por un delito del que no tuvo la oportunidad de defenderse. Encontró entonces como único camino viable la anulación de lo actuado, “para que la nueva evaluación corresponda a los hechos investigados en el proceso”.

3.2.4. El 12 de marzo de 1998 (fl. 125, c. 1), con el fin de rehacer la actuación anulada, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena calificó el mérito de la investigación con resolución de acusación por el delito de homicidio, luego de considerar que los atacantes del señor Blanco no llegaron hasta su vivienda, sino que:

“(...) se quedaron a la entrada del segundo callejón cuando entonces salió de su vivienda disparando contra ellos. Así tenemos que al entrar a su casa hasta donde no llegaron estos, evitaba ser atacado y si lo que se quería era responder a la acción de algunas piedras que fueron lanzadas en esa dirección bastaba con salir a la puerta de la calle y disparar al aire para apaciguar los ánimos, como dijo el sindicado que había hecho, cuyo medio era idóneo para repeler la agresión, tan es así que al primer disparo realizado por este la gente se repliega hacia la calle principal, lo que le permite llegar a la equina de su callejón sin recibir un nuevo ataque. Así viene acreditado por la prueba testimonial recaudada en el proceso (...)

En las circunstancias que se dejan expresadas, se advierte la temeridad del procesado, quien sin ser necesario disparó su arma de fuego contra los sujetos que habían llegado a la esquina del segundo callejón tras él; primero, porque ya se encontraba refugiado en su casa sin que se advierta que en esos momentos corría peligro su vida o la de sus familiares (según se puede extraer de la prueba testimonial practicada); segundo, ya que bastaba con hacer unos tiros al aire para controlar la situación, y tercero, debido a que la naturaleza de la agresión que se ejercía entonces no ameritaba el uso indiscriminado de arma de fuego; de estar armados de revólveres estas personas de seguro no hubieran vacilado en utilizarlo contra el imputado, (...) Empero, fue tan temeraria la actuación de Alfonso Blanco Cardozo que hubo un vecino que lo despojó del revólver que portaba, según se establece de los testimonios aportados a la investigación, lo que de ninguna manera hubiera sucedido de estar él en peligro real”.

También indicó la providencia:

“Este Despacho se encuentra de acuerdo en todo lo resuelto por la Sala de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior de Cartagena al desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensora del procesado Alfonso Blanco Cardozo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad (...)”

Bajo esas conclusiones la Fiscalía acusó al señor Blanco del punible de homicidio y dispuso su captura.

3.2.5. El 16 de octubre de 1998, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena conoció el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Blanco Cardozo contra la resolución de acusación (fl. 158, c. 1).

Consideró el Fiscal ad quem que se incurrió en causal de nulidad derivada de la providencia de acusación, en razón a que:

“[L]a Fiscalía a quo se limitó a manifestar que consideraba que lo resuelto por la Sala de decisión penal del Honorable Tribunal Superior de Cartagena cuando resolvió el recurso de apelación era lo que debía resolverse, sin cumplir con su deber de examinar con base en la prueba practicada y la evaluación de la misma la calificación jurídica de la conducta, no se explica esta delegada la razón por la cual la Sala Penal del Tribunal extendió la nulidad decretada hasta la resolución que había calificado el mérito del sumario, además de eso arrogarse la facultad de insinuar la calificación del punible y el Fiscal investigador asumir esa posición sin ponderar el acervo probatorio de que disponía para hacer una evaluación de su investigación es función propia y exclusiva de la Fiscalía General de la Nación”.

Como encontró que los medios probatorios no fueron suficientemente apreciados, la segunda instancia anuló la resolución de 30 de julio de 1997.

3.2.6. El 1º de marzo de 1999, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena (fl. 135, c. 1) calificó el mérito de la investigación, esta vez con preclusión de la investigación a favor del señor Alfonso Blanco Cardozo, por cuanto verificó que operó la prescripción de la acción penal.

3.2.7. El 30 de marzo de 1999 (fl. 168, c. 1) la misma Fiscalía resolvió el recurso de reposición que contra la providencia de preclusión interpuso la parte civil. Decidió no reponer la providencia y dispuso conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación que había sido interpuesto también contra la resolución de 1º de marzo de 1999. No se allegó soporte probatorio en relación con la decisión de la apelación.

4. Análisis de la Sala.

Para desatar el problema jurídico la Sala tiene en cuenta que en la época en que fueron proferidas las providencias judiciales cuestionadas ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que se encargó, entre otros asuntos, de regular lo relativo a la responsabilidad del Estado por la actuación de sus agentes judiciales.

Indicó la ley(13), en similares términos a los del artículo 90 Superior, que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por acción u omisión en la administración de justicia. Seguidamente reguló los títulos bajo los cuales resulta posible imputar responsabilidad al Estado por la actuación de los jueces, siendo estos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad.

En cuanto al error jurisdiccional en que se funda la causa petendi de la presente controversia, indicó la ley que es el cometido por una autoridad judicial en el curso de un proceso, mediante una providencia contraria a la ley.

Antes de centrarse la Sala en el estudio de la existencia o no de un yerro en las providencias cuestionadas, estima necesario advertir que el artículo 67 ibídem dispuso unos presupuestos inequívocos que deben estar presentes para poder proceder al análisis de fondo con el fin de determinar si se incurrió o no en error jurisdiccional.

En efecto, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 señaló como presupuestos del error jurisdiccional los siguientes:

“El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”. —Se resalta—

De acuerdo con el análisis probatorio que antecede la Sala encuentra que en cuanto a las providencias a las que la parte actora atribuye los errores que sirven de fundamento a sus pretensiones indemnizatorias, no se configuraron los presupuestos legales del error jurisdiccional, tal como pasa a explicarse:

En primer lugar, en lo que respecta a la sentencia condenatoria de 26 de abril de 1996, está probado y así lo reconoció la parte actora en la demanda, que esta fue objeto de un recurso de apelación, razón por la cual el asunto llegó a conocimiento del Tribunal Superior de Cartagena, corporación que en providencia de 30 de julio de 1997 (fl. 95, c. 1) anuló todo lo actuado desde la resolución de acusación.

Con el recurso de apelación interpuesto por la defensa se impidió la ejecutoria de la sentencia(14), y nunca alcanzó firmeza, por cuanto antes de decidirse el recurso de apelación interpuesto en su contra, todo el proceso, incluido el fallo de primera instancia, se vio afectado por la declaratoria de nulidad decretada por el Tribunal Superior de Cartagena.

Así las cosas, el fallo de primera instancia al que la parte actora le endilga un error judicial nunca quedó en firme, razón por la cual no se configuran los presupuestos legales para que pueda derivarse de ese fallo una eventual responsabilidad del Estado.

Sin duda, esta previsión normativa encuentra su razón de ser en que (i) mientras no esté en firme una providencia bien puede ser modificada o revocada en virtud de los recursos o del grado jurisdiccional que proceda; por ende, la responsabilidad patrimonial del Estado por un yerro en una providencia judicial solo puede comprometerse a partir de que los jueces han decidido en forma definitiva el asunto, máxime si se tiene en cuenta que (ii) las sentencias judiciales solo producen efectos a partir de su ejecutoria, como quiera que es regla general que la apelación contra ellas se tramita en el efecto suspensivo, de modo que solo pueden tener efectos cuando han quedado en firme.

La sentencia de condena proferida en primera instancia en contra del señor Blanco Cardozo nunca quedó en firme, por lo que los presuntos yerros que se le endilgan no pueden servir de fundamento para la prosperidad de las pretensiones, siendo claro para la Sala que por sustracción de materia queda relevada del estudio de fondo acerca de los desatinos puntuales que se le pretenden imputar a la decisión judicial, en razón a que no se trató de una decisión ejecutoriada.

En segundo lugar, en cuanto a las equivocaciones en que afirma la actora incurrió la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena en auto de 30 de julio de 1997, por medio del cual declaró la nulidad procesal (fl. 95, c. 1), se advierte que se trató de una providencia interlocutoria que era susceptible del recurso de reposición(15), por haber sido proferida en el trámite de la segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal. Aunque por su naturaleza se trataba de una providencia apelable, fue proferida por el superior funcional del juez de la causa, razón por la cual se limitaba la posibilidad de recurrirla en apelación y, en consecuencia, la decisión sobre la nulidad así adoptada se constituyó en una decisión de única instancia, que solo podía ser objeto del recurso horizontal según las normas antes citadas.

Pese a ello, no acreditó la parte demandante haber interpuesto el recurso ordinario procedente contra la decisión judicial y, en consecuencia, no se verifica el presupuesto previsto en el numeral primero del artículo 67 de la Ley 270 de 1996 que permita alegar la existencia de un error jurisdiccional en la providencia de 30 de julio de 1997, que no fue atacada por el afectado mediante los recursos previstos en la ley o al menos no lo acreditó en el proceso.

Si el afectado consideraba la existencia de un yerro que además le generaba perjuicios, tenía la carga de agotar los recursos procedentes, esto es, debió invocar ese error por la vía de los recursos, con el fin de dar a la administración de justicia la posibilidad de corregir las eventuales falencias o defectos de su providencia. Como no probó haberlo hecho, y al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil les correspondía la carga de hacerlo, ha de tenerse por no acreditado el presupuesto del error jurisdiccional consistente en el agotamiento de los recursos.

No puede por tanto la Sala acometer el estudio de fondo de los presuntos errores jurisdiccionales alegados por los apelantes, en razón a que no se configuraron los presupuestos del error jurisdiccional frente a ninguna de las dos providencias acusadas de contenerlos, cuales fueron: (i) la sentencia de 26 de abril de 1966 que nunca quedó ejecutoriada y (ii) el auto de 30 de julio de 1997 que no se demostró hubiera sido atacado en el proceso mediante el recurso procedente.

Estas razones imponen a la Sala confirmar de la sentencia apelada, bajo el entendido de que no puede configurarse responsabilidad por error judicial en ausencia de los mencionados presupuestos.

Por último debe advertirse que la causa petendi del presente asunto versó en su integridad sobre el error jurisdiccional, por lo cual no se acomete el estudio sobre la privación de la libertad como lo propusieron el Ministerio Público y la actora en sus apelaciones, como quiera que no se alegó ese título jurídico de imputación por parte de la parte demandante al promover la acción, ni se fundó la demanda en el carácter injusto de una eventual detención, ni se acreditó que se hubiera limitado efectivamente el derecho a la libertad personal del demandante, ni se trajo al proceso prueba sobre la ejecutoria de decisión absolutoria o de preclusión en favor del señor Blanco Cardozo, razón por la cual la Sala no puede centrar su análisis en el estudio de fondo del asunto del carácter injusto o no de la detención como en forma extemporánea los han propuesto quienes recurren la decisión de primera instancia.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. Sin costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

4

5 El asunto lo estudió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

6 Allegaron sus registros civiles de nacimiento que dan cuenta de que su padre es el señor Alfonso Blanco Cardozo. Ver los folios citados.

7 El señor Alfonso Blanco Cardozo es hijo de Eloiza Cardozo Ibagón y Alfonso Blanco Téllez (fl. 203, c. 1). Rodrigo es hijo de los mismos padres (fl. 204, c. 2); Fernando, Orlando y Luz Myriam son hijos de la misma madre (fls. 205 - 207, c. 1).

8 Sobre la ausencia de prueba de la ejecutoria de las decisiones y sus efectos para el sub lite se pronunciará la Sala al analizar el fondo del asunto.

9 No se toma como referente para efectos de caducidad la fecha del fallo de primera instancia, por cuanto no quedó en firme, según se analizará supra.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

11 Sobre las evidencias tendientes a la demostración del daño antijurídico y la cuantía de los perjuicios se pronunciará la Sala solamente si se encuentra configurado el error judicial, pues en caso contrario no resultará necesario por sustracción de materia.

12 ART. 30. Exceso. El que exceda los límites propios de cualquiera de las causas de justificación precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para el hecho punible. (Código Penal de 1980).

13 Ley 270 de 1996, artículo 65.

14 Disponía el Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos Decreto 2700 de 1991:
“ART. 197.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas”. (Se destaca).
(...)
“ART. 204.—Providencias apelables. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones en este Código son apelables:
a) En el efecto suspensivo la sentencia (...)” —Se resalta—.

15 ibídem, “ART. 199.—Reposición. Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse y contra las interlocutorias de primera o única instancia”.