Sentencia 1999-00261 de noviembre 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 18001-23-31-000-1999-00261-01(23178)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Edilberto Murcia Murcia y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Registraduría Nacional del Estado Civil

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la Policía Nacional, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 23 de mayo de 2002, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 69.000.000 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, mientras que el monto exigido al momento de presentación de la demanda para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, fue de $ 18.850.000 (D. 597/88).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el sub examine, la responsabilidad administrativa que se demanda se originó en los daños producidos a los actores con ocasión del ataque subversivo ocurrido el día 4 de agosto de 1997 en la población de Valparaíso (Caquetá), lo que significa que tenían hasta el día 5 de agosto de 1999 para presentarla y, como ello se hizo el día 4 de agosto de 1999,(22) resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley.

3. Las pruebas aportadas al expediente.

Como pruebas relevantes, con el cumplimiento de los requisitos legales, se allegaron al expediente las siguientes:

Pruebas documentales(23). 

• Registros civiles de nacimiento de Wilfredo, Dann Alberto, Indira, Vilma y Bladimir Murcia Home de los cuales se desprende el grado parentesco —hermanos— entre estos demandantes y que son hijos de los señores Edilberto Murcia Murcia y Maria Irene Home(24).

• Escritura pública de compraventa 1170, con fecha de 9 de octubre de 1992,(25) por la cual se transfirió “...a título venta a favor de Edilberto Murcia Murcia, mayor de cincuenta años (...) El derecho de propiedad o dominio y posesión material y todos los demás derechos reales que con sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres que el exponente vendedor tiene adquiridos y ejerce sobre un predio urbano denominado casa junto con terreno en que se halla construida, ubicada en la calle 11 Nº 3-02-06-10, carrera 3 Nº 11-01, - del área urbana del municipio de Valparaíso, departamento del Caquetá”.

• Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 420-6923 del inmueble propiedad de Edilberto Murcia Murcia, ubicado en la calle 11 3-02 06 10 carrera 3 11-01 en el municipio de Valparaíso(26).

• Certificación expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, acerca de los linderos, Número de predio, área de terreno, avalúo catastral, matrícula inmobiliaria y área construida del bien inmueble propiedad del señor Edilberto Murcia Murcia ubicado en la calle 11 3-02 06 10 carrera 3 11-01 03 09 13 en el municipio de Valparaíso(27).

• Oficio D.D.C # 205 mediante el cual la Registraduría Nacional del departamento del Caquetá informó sobre la jornada electoral adelantada el 26 de octubre de 1997 en el mentado ente territorial(28).

• Oficio DCQ 0218 expedido por la señora delegada de la Red de Solidaridad Social del departamento del Caquetá en el cual se informó al tribunal a quo, que el señor Edilberto Murcia Ramos resultó afectado con la incursión guerrillera al municipio de Valparaíso el 4 de agosto de 1997, motivo por el cual recibió una ayuda humanitaria por valor de $ 668.000 y “se le expidió una constancia” para que pudiera acceder a otros subsidios de carácter educativo(29).

• Informe rendido por el comandante de Policía del departamento del Caquetá con motivo de la incursión guerrillera a la que se ha hecho referencia y del documento “antecedentes electorales del mes de octubre de 1997” remitido por el mismo funcionario(30).

• Ocho fotografías aportadas con la demanda y que fueron objeto de reconocimiento por varios de los declarantes en el proceso contencioso(31).

• Oficio DTM-021 suscrito por la tesorería municipal de Valparaíso en el que se manifestó la imposibilidad de obtener “las constancias de pago de impuesto de industria y comercio efectuados por el señor Edilberto Murcia Murcia” por cuanto tales documentos fueron destruidos en la toma guerrillera de 4 de agosto de 1997(32).

Prueba testimonial

• Declaraciones de los señores Édgar Vargas Pabón, Liborio Parra Guzmán, Fidencio Hermosa Quimbaya, Ruthbelia Guzmán Peña, Juan Bautista Gil, Freddy Antonio Ramírez y Mario Murcia García, quienes, en síntesis, explicaron la ocurrencia de la toma guerrillera al municipio de Valparaíso, así como también las afectaciones sufridas por los demandantes con dicho suceso(33).

Prueba anticipada

• Inspección judicial con intervención de perito practicada ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Valparaíso, con el fin de establecer el valor de los daños causados el inmueble propiedad del señor Edilberto Murcia Murcia(34).

4. Lo probado en el proceso. La ocurrencia de la incursión guerrillera a la población de Valparaíso (Caquetá). Los daños sufridos por el inmueble propiedad del señor Edilberto Murcia Murcia fueron producto de dicho ataque subversivo.

Sea lo primero destacar que se encuentra probada la titularidad del bien inmueble afectado con la toma guerrillera en cabeza del señor Edilberto Murcia Murcia, conclusión a la que se llega con fundamento en lo que indican la copia auténtica de la Escritura Pública 1.170 de 1992, pasada en la Notaría Segunda del Círculo de Florencia y el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 420-6923(35).

Precisado lo anterior, encuentra la Sala que está acreditado en el expediente que el día 4 de agosto de 1997, miembros de la guerrilla de las autodenominadas “FARC” incursionaron en la población de Valparaíso y que, como resultado de dicho ataque, resultaron destruidas la estación de policía, algunas viviendas y otras dependencias estatales, así como también que los subversivos se apropiaron parcialmente del armamento dispuesto en dicha estación. Así lo explicó el comandante de Policía del departamento del Caquetá, en informe rendido al director general de la Policía Nacional(36):

“El día en mención, siendo aproximadamente las 17:15 horas, la población de Valparaíso - Caquetá, fue objeto de incursión subversiva, por parte de los frentes Tercero, “Teófilo Forero” (móvil) y el frente Cuarenta y Ocho de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, donde el primer frente en mención realizó tres (3) retenes en los siguientes puntos...

“...Mientras funcionaban estos retenes, los frentes “Teófilo Forero” (móvil) y el frente Cuarenta y Ocho incursionaban a la población utilizando armamento de largo alcance y diferentes calibres, como fusil galil 7.62, fusil galil 5.56, fusil AK-47, como también granadas de fusil, de mano, de fragmentación y de fabricación casera, destruyendo en su totalidad las instalaciones de la estación de Policía, la alcaldía municipal y todas sus dependencias, juzgado único promiscuo municipal, parte de las oficinas de la Caja Agraria, establecimientos públicos y residencias de particulares”(37).

En cuanto a los daños sufridos por el inmueble de propiedad del señor Edilberto Murcia Murcia se observa que rindieron testimonio los señores Édgar Vargas Pabón, Liborio Parra Guzmán, Fidencio Hermosa Quimbaya, Ruthbelia Guzmán Peña, Juan Bautista Gil y Freddy Antonio Ramírez quienes coincidieron en afirmar que tales afectaciones fueron causadas como consecuencia de la mencionada toma guerrillera, de igual manera todos los declarantes manifestaron que, en este inmueble, el señor Murcia Murcia tenía un establecimiento comercial denominado “Cafetería Las Tres R”, el cual resultó totalmente destruido con la incursión guerrillera.

Al mismo tiempo, estos declarantes reconocieron las fotografías allegadas con la demanda y explicaron que en ellas se consignaba el lamentable estado en el que quedó el inmueble del señor Edilberto Murcia Murcia al cabo de la toma guerrillera, fotografías en las cuales puede observarse que el inmueble resultó seriamente afectado, al punto que carece de techo y que las paredes, puertas y ventanas quedaron en estado de semidestrucción(38).

Sumado a lo anterior, obra en el expediente certificación expedida por la señora delegada (e) de la Red de Solidaridad Social del departamento del Caquetá, en donde se da cuenta que el señor Edilberto Murcia Murcia “...resultó afectado en la incursión guerrillera al municipio del Valparaíso ocurrida en 4 de agosto de 1997...” y “se informó al señor Murcia que para efectos de subsidio de vivienda por los daños ocurridos debía acercarse al Inurbe regional Caquetá, donde debía tramitar dichos beneficios”(39).

En suma, los elementos probatorios antes referenciados permiten a la Sección tener por debidamente establecido que el día 4 de agosto de 1997, se produjo una incursión guerrillera en el municipio de Valparaíso, en la cual resultó destruido —entre otros— el inmueble de propiedad de Edilberto Murcia Murcia y el establecimiento de comercio que en él funcionaba.

5. Libertad del fallador para analizar los casos puestos a su conocimiento, bajo el fundamento de imputación que resulte más acorde a los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual.

Afirmó la Policía Nacional que en el presente asunto estaba demostrado que el daño fue causado por un tercero y que, en consecuencia, solamente se podía comprometer la responsabilidad del Estado en caso que se acreditara una falla en el servicio, la cual, aseveró, no se encontraba demostrada en el plenario, razón que imponía la revocatoria de la sentencia de instancia.

Al respecto, debe decir la Sala que, efectivamente, la prueba recaudada señala que los daños de la vivienda del señor Murcia Murcia, fueron causados por los subversivos quienes, en su afán de destruir la estación de policía del lugar, atacaron también los inmuebles aledaños, sin que en el material probatorio se encuentre algún elemento que demuestre actuación irregular o anómala por parte de las entidades demandadas, las que tan solo intentaron repeler el ataque del que estaban siendo víctimas los policiales acantonados en el cuartel de Valparaíso. Por estas razones, imposible resultaba la imputación bajo un título de carácter subjetivo, tal y como, en efecto, estimó el a quo.

No obstante lo que se deja dicho, la Sala considera que fue acertado el criterio del tribunal al analizar el presente asunto bajo la óptica del daño especial, toda vez que, en el ordenamiento jurídico no existe norma que imponga al fallador el deber de utilizar obligatoriamente un determinado título o régimen de imputación para los eventos que se ventilan ante esta jurisdicción. Al respecto esta Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012,(40) unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que deba adoptar.

Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(41).

Así las cosas, la decisión del a quo de decidir el presente asunto con fundamento en un título de imputación de índole objetiva, daño especial, se encuentra enmarcada dentro de la libertad que posee el juez de daños para dirimir los conflictos que se traen a su conocimiento, juicio de responsabilidad que, además, para el caso concreto, resultó acertado, tal y como pasa a explicarse.

6. Responsabilidad del Estado con ocasión de daños sufridos por los particulares con ocasión del conflicto armado interno. Reiteración de jurisprudencia.

Según viene de verse, en el presente evento se tiene debidamente establecido que los daños causados al bien inmueble propiedad del señor Edilberto Murcia Murcia se produjeron como consecuencia del ataque guerrillero contra la estación de Policía de la población de Valparaíso —Caquetá — ocurrido el 4 de agosto de 1997, hecho que se enmarca en el conflicto armado que ha venido soportando el país de tiempo atrás.

En tal entendido, la Sala considera que se debe llegar a idéntica conclusión que a la que se llegó en la ocasión atrás reseñada, vale decir, a la determinación de la responsabilidad en cabeza de la Policía Nacional a título de daño especial, por las mismas razones allí señaladas y que, en la parte pertinente es del caso retener en esta providencia. Se razonó entonces así(42):

“Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(43) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas...

“...Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia,(44) la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado...

“...En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”.

En conclusión, frente a las víctimas del conflicto armado, el Estado colombiano no puede permanecer impasible, máxime en casos, como el presente, en el que los afectados se vieron sometidos injustamente al rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían asumir, circunstancia de desequilibrio que se concretó en el detrimento de su patrimonio que sufrieron con las averías del inmueble de su propiedad.

Con base en que se deja expuesto, se impone confirmar la sentencia de instancia en cuanto a la declaratoria de responsabilidad en ella dispuesta.

Ahora bien, la Policía Nacional, de manera subsidiaria, planteó en su alzada que el ataque subversivo en cuestión también se encaminó contra la Registraduría de Valparaíso y contra la alcaldía municipal, dada la cercanía del periodo electoral, y, en consecuencia, pidió que la condena impuesta fuera compartida con esas entidades.

Sea lo primero señalar que el municipio de Valparaíso no fue vinculado a la presente acción, razón por la cual, mal puede en este momento procesal realizarse frente a él un juicio de responsabilidad, en tanto no ostenta la calidad de parte en este caso.

En cuanto a la situación de la Registraduría Nacional del Estado Civil se tiene que si bien el inmueble en el cual funcionaba la registraduría municipal también fue destruido, para la sala dicha circunstancia obedeció a la ubicación del cuartel de policía, el cual colindaba no solo con la mentada institución, sino también con las instalaciones de la alcaldía municipal, del juzgado promiscuo, de la Caja de Crédito Agrario, edificaciones todas estas que se vinieron abajo en razón de la magnitud y ferocidad de la incursión guerrillera.

En cuanto a la relativa proximidad entre el atentado y las elecciones, 2 meses y 19 días, alegada en el recurso, considera la Sala que ese hecho no resulta suficiente por si solo para concluir que el ataque tenía como objetivo a la institución electoral, máxime cuando el material probatorio aportado nada señala al respecto y, por el contrario, sí está demostrado que los subversivos dirigieron todos sus esfuerzos a la destrucción del cuartel de policía y al hurto del material de guerra allí depositado.

Por lo anterior, la Sala también comparte las conclusiones del tribunal a quo en lo que a este aspecto se refiere, siendo del caso analizar —a continuación— los motivos de apelación de los demandantes.

7. Razones de apelación de la parte actora. Reconocimiento de perjuicios morales para Sixladiz Murcia Home y María Irene Home. Aumento en la tasación de los perjuicios morales reconocidos en primera instancia.

En su recurso de apelación, la parte actora solicitó se reconociera indemnización de perjuicios morales a favor de Sixladiz Murcia Home y María Irene Home, pedimento que fue negado por el a quo al considerar que no estaba debidamente acreditada la calidad con la cual comparecieron al proceso.

En cuanto a la primera de las mencionadas, Sixladiz Murcia Home, se tiene que en la demanda se afirmó que es hija del señor Edilberto Murcia Murcia y, para demostrarlo, solicitó como prueba en primera instancia, que se requiriera al notario único de Pitalito para que enviara con destino al proceso copia auténtica del respectivo registro civil de nacimiento. Sin embargo, el tribunal, al momento de abrir la etapa probatoria, negó expresamente ese pedimento mediante providencia que no fue objeto de recurso alguno(45) y, en consecuencia, ha de entenderse que tal negativa fue aceptada por la parte actora. Por consiguiente, en tales condiciones, la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Sixladiz Murcia Home aportada con la sustentación del recurso de alzada, no podría ser actualmente objeto de valoración, toda vez que dicha probanza no fue allegada dentro de la oportunidad procesal prevista por la ley.

No obstante la carencia de la prueba señalada, en esta oportunidad la Sala encuentra procedente reiterar su criterio en el sentido de indicar que el reconocimiento de perjuicios se desprende de la condición personal de damnificado con el daño sufrido y que el parentesco resulta ser tan solo un elemento probatorio que indica la existencia de una relación familiar consolidada. Este aspecto fue precisado por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991, así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de esta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

“Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

“El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

“Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

“Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

“Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(46) (negrillas fuera de texto).

Concordante con lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha entendido que únicamente resulta posible acudir al régimen probatorio del “Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas”, cuando es precisamente ese estado civil la fuente de las obligaciones, tal como en el caso de los herederos, en tanto que en los demás eventos es posible acudir a cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil. Así lo señaló en sentencia del 22 de enero del 2008(47):

“...cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970, mientras que cuando se aduce una relación parental, o simplemente parentesco para deducir consecuencias jurídicas distintas a la esfera propia del estado civil, como las concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el parentesco de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado civil si lo hay o mediante cualquiera de los medios probatorios legales, previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil” (negrillas fuera de texto).

De todo lo anterior se sigue que cuando se demanda la responsabilidad extracontractual del Estado, la demostración del parentesco no constituye en forma alguna una manera de legitimación en la causa por activa de los demandantes, toda vez que, se insiste, la legitimación nace del carácter de perjudicado o damnificado con el hecho dañoso y, por tanto, la demostración del vínculo parental a través del registro civil, lo único que permite es facilitar a las víctimas la demostración del perjuicio sufrido.

Lo anterior significa que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de indemnización de los perjuicios en acciones como la presente, no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes en el expediente, de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarca la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado...”(48).

Con base en lo expuesto, encuentra la Sala que en el proceso fueron recepcionados varios testimonios, los cuales, de forma unánime, explicaron conocer al señor Edilberto Murcia y a su núcleo familiar, y dijeron que dentro de él se encontraba la señora Sixladiz en calidad de hija, sin embargo, en lo que a este preciso aspecto se refiere, sus dichos fueron desestimados por el a quo, por entender que la pregunta realizada por el apoderado de los demandantes era sugestiva de la respuesta y, además, por cuanto los testigos se limitaron a expresar que era cierto el contenido del interrogante, situaciones que contrariaban las previsiones de los artículos 226 y 228 #5 del Código de Procedimiento Civil(49).

Así las cosas, dado que la parte actora consideró en su alzada que la prueba testimonial resultaba ser valorable, se hace menester analizar el texto de la pregunta desestimada por el tribunal, la cual fue planteada en los siguientes términos:

“Manifieste al despacho si conoce de vista, trato y comunicación al señor Edilberto Murcia Murcia, su señora esposa María Irene Home Figueroa y sus hijos Sixladiz, Bladimir, Wilfredo, Dann Alberto, Indira y Vilma Murcia Home, en caso de ser cierto, desde cuándo y por qué razones”.

Nótese que la pregunta transcrita contiene una parte que, en efecto, contiene algún grado de sugestividad, por cuanto al señalarse a todos y cada uno de los miembros del núcleo familiar del señor Murcia Murcia, se impidió que fuera el testigo quien libremente los discriminara. Sin embargo el resto del contenido del interrogante resulta atemperado a las finalidades de la prueba testimonial, como era —en este caso— establecer el grado de cercanía y conocimiento de los declarantes con la parte actora.

En cuanto a la posibilidad de realizar preguntas sugestivas o asertivas al momento de recaudar los testimonios, se ha expresado la Corte Suprema al considerar que al momento de la recepción del testimonio es un deber del juez el evitar que se hagan preguntas de esa naturaleza —sugestivas— sin perjuicio de que, si finalmente llegaren a consignarse en la declaración, es deber del fallador, al momento de resolver de fondo, analizarlos con prudencia, teniendo en cuenta que cierto grado de sugestividad resulta aceptable en este tipo de probanzas. Así lo explicó esa corporación en sentencia de 5 de mayo de 1999(50):

“En lo pertinente, el artículo 226 impele al juez a rechazar las preguntas que sugieran la contestación, como acontece con todas aquellas que exigen del testigo una respuesta afirmativa o negativa, generándole lagunas en la memoria que aquel pretenderá colmar de la manera más fácil y convincente posible, o, primordialmente, con aquellas otras en las cuales se enuncia la respuesta que se espera; si no obstante las precauciones que el juez adopte en el transcurso del interrogatorio para impedir la formulación de esa especie de preguntas, estas se plantearen, el fallador deberá examinar con especial celo el testimonio, con miras a establecer si la respuesta del deponente es en verdad el fruto de la pregunta sugestiva.

“Más tal afán del juzgador no debe trocarse en desmesurada severidad toda vez que, si bien es deseable que la prueba testimonial se ciña ajustadamente a las reglas legales prescritas en los preceptos mencionados, no lo es menos que esa labor no puede ejecutarse con “(...) ‘desmedido rigor, puesto que es común que los declarantes, por su escasa cultura, su poca locuacidad, su misma discreción, mesura o prudencia, sus limitantes sicológicos, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que declara, tenga que ser inquirido sobre el conocimiento de los hechos, en lugar de que este inicialmente haga un relato de los mismos. Por estas circunstancias, se debe tolerar cierto margen sugestivo o insinuante en el interrogatorio, como hoy lo acepta la doctrina, máxime cuando es verbal, que, como norma general, no es calculado ni viene hábilmente dirigido. En este mismo orden de ideas y como se presentan declarantes que no son expresivos, o porque su impreparación los limita, o porque solo les consta lo que contiene la pregunta, sus respuestas son igualmente cortas, pero no del todo inexpresivas. De suerte que si el juez no dispuso que el testigo hiciera un relato de los hechos objeto de su declaración, pero por otra parte en el interrogatorio y contrainterrogatorio que le formulan las partes ha expuesto los hechos por él conocidos, atinentes al litigio, con precisión y claridad, aquella omisión no puede conducir a restarle toda eficacia probatoria a tal prueba. Como tampoco cuando dentro de un aceptable margen de tolerancia se formulan preguntas sugestivas al declarante, o este responde en pocas palabras lo que le consta, pero de manera clara y correcta’ (Cas. Civ. 30 jul. 1980, 6 jul. 1987 y 25 jul. 1990)” (sent. de mayo 30/96)”.

Lo anteriormente visto permite entender que el hecho de que en la recepción de los testimonios a que se viene haciendo referencia se hubiesen formulado preguntas aparentemente sugestivas no resulta suficiente para desestimarlas por esa sola razón, sino que deberá el juez valorar el conjunto de la declaración rendida para determinar si el dicho del testigo resulta creíble o si, por el contrario, la totalidad de la declaración resulta afectada por la inducción a la respuesta del interrogador.

Por lo anterior se impone concluir que para el caso concreto se hace imprescindible analizar las respuestas ofrecidas por los declarantes al interrogante atrás transcrito para determinar si resultaron inducidas por las preguntas realizadas, para —en caso de que así sea— se desestime su valor demostrativo.

Así las cosas, se tiene que en el proceso declaró el señor Édgar Vargas Pabón, de 43 años de edad, de oficio comerciante y vecino del lugar y que lo hizo de la siguiente manera(51):

“Conozco esta familia, hace unos 8 años más o menos que los conozco, no recuerdo bien la fecha, esto por cuanto yo tenía un negocio de venta de muebles en el local donde ahora último funcionaba la droguería que fue incinerada en la toma guerrillera llamada Droguería Comunitaria”.

En similar sentido el señor Liborio Parra Guzmán, de 56 años de edad, dedicado a trabajos de construcción expuso(52):

“Sí los conozco, hace más de 15 años, los conocí en esta municipalidad, a lo último yo le estuve trabajando a él en el inmueble de su propiedad frente a la policía”.

También el señor Fidencio Hermosa Quimbaya, de 65 años de edad, dedicado a oficios varios, residente de la zona, explicó(53):

“Los conozco hace unos 6 años, los conocí ahí en la casa que le quemaron y en la casa donde últimamente están viviendo”.

Finalmente, la señora Ruthbelia Guzmán Peña, de 25 años de edad, de oficio comerciante, señaló(54):

“Sí, los conozco hace unos 8 años aproximadamente, por haber sido arrendataria de un local comercial en el inmueble de su propiedad donde funcionaba la droguería comunal”.

Para la Sala las declaraciones atrás transcritas resultan creíbles en cuanto al conocimiento de los miembros de la familia Murcia Murcia, entre los cuales se incluye a Sixladiz, toda vez que los deponentes tenían relaciones, ya sea de vecindad o de negocios, con aquellas personas y llevaban instalados un tiempo considerable en ese sector de la población, sin que se observe en sus dichos ningún tipo de interés en adaptarse al cuestionamiento realizado en la diligencia testimonial, sino que se limitaron a reflejar lo que a ellos les constaba en cuanto hace al núcleo familiar de la parte actora.

Ahora bien, en gracia de discusión, ha de decirse que aún de aceptarse la imposibilidad de valorar tales dichos, la Sala encuentra que en el expediente aparece otra prueba documental que permite aseverar que Sixladiz Home hacia parte del grupo familiar del señor Edilberto Murcia Murcia, como es la constancia suscrita por el gerente de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, en la cual se afirmó:

“...b. Que los menores:

“...Sixladiz Murcia Home TI 800403-02674 de Valparaíso...

“... Han demostrado con el registro civil de nacimiento, el vínculo de parentesco establecido en el artículo 5º del numeral C (sic) del Decreto 2231 de 1989 con el señor Edilberto Murcia Murcia”.

En consecuencia, considera la Sala que la prueba recaudada señala con claridad que Sixladiz Murcia Home tiene vínculos de familiaridad con el señor Murcia Murcia por lo que resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales para esta demandante. En efecto, si bien la señora Sixladyz Murcia Home no acreditó la condición de hija del señor Edilberto Murcia Murcia, pues no aportó la prueba idónea de forma oportuna, esto es, el registro civil de nacimiento, lo cierto es que demostró su condición de tercera damnificada en el proceso, por cuanto tales medios probatorios antes relacionados dan cuenta de la relación de afecto y convivencia entre los demandantes, hechos que generan en la Sala la certeza de la existencia de la condición de tercero damnificada de la señora Sixladyz Murcia(55) y, por tal razón, la sentencia de instancia deberá ser modificada en el sentido de reconocer esos perjuicios en idéntica proporción que la reconocida para los otros demandantes en los montos que más adelante se explicarán.

Similar conclusión se sigue frente a la señora María Irene Home Figueroa, quien alegó ser compañera permanente del señor Murcia Murcia y que fue referenciada por la totalidad de los testigos, en la forma atrás vista, situación que aunada al hecho de estar demostrado que ella y el señor Murcia Murcia procrearon a Wilfredo, Dann Alberto, Indira, Vilma, Sixladiz y Bladimir Murcia Home, resultan pruebas suficientes de la calidad invocada en la demanda y, por consiguiente, se impone ordenar el pago de indemnización de perjuicios morales para esta demandante en igual suma que la señalada para el señor Edilberto Murcia Murcia.

En cuanto al pedimento de la parte actora correspondiente en la modificación de las condenas en gramos oro para, en su lugar, adaptarlas a salarios mínimos mensuales, considera la Sala que tal petición resulta adecuada a los parámetros establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001,(56) expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se determinó la necesidad de adecuar los montos indemnizatorios en salarios mínimos legales mensuales, lineamientos que serán reiterados en esta providencia.

Finalmente, debe considerar la Sala la petición de incremento de la condena impuesta por perjuicios morales a los actores, por cuanto estimaron los recurrentes que la destrucción de su casa de habitación y del negocio del cual proveían su sustento, trajo para ellos una difícil situación social y económica que fue demostrada en el expediente.

Al respecto encuentra la Sala que en lo que hace a las circunstancias en las cuales se vieron inmersos los demandantes con posterioridad a los hechos por los que hoy se debate, se tiene que la prueba testimonial informó que la familia Murcia Murcia quedó sumida en una difícil situación de pobreza como consecuencia de la destrucción de los bienes de su patrimonio. Así lo explicó el señor Mario Murcia García, quien para la época de los hechos se desempeñaba como personero municipal de Valparaíso(57):

“La familia quedó en un estado lamentable de pobreza debido a esta consecuencia del ataque guerrillero y si mal no estoy esta familia tuvo que disgregarse para buscar el sustento, puesto que como lo dije anteriormente estaban aguantando hambre... sicológicamente, se acercaba constantemente a mi despacho a contarme de las angustias que tenía porque todo se le había derrumbado y que le estaba afectando la estabilidad del hogar porque hasta tenía que pedir limosna en el pueblo”.

Igualmente el señor Édgar Vargas Pabón señaló:

“Ellos quedaron en una situación económica muy caótica, llegó a tal situación de pedir limosna, les tocó abrirse a trabajar en forma diferente para poder conseguir el sustento diario, hasta los menores de edad, les tocó ponerse a trabajar en forma diferente... ellos están separados la señora está trabajando en una finca en trabajo doméstico, él está trabajando con Chance y los hijos no sé dónde están”.

También el señor Liborio Parra Guzmán explicó:

“Les tocó desplazarse a otras partes, uno para un lado y otro a trabajar, ellos quedaron totalmente pobres, le toco ponerse a trabajar con chance y hacer rifas”.

Al igual que el señor Fidencio Hermosa Quimbaya que adujo:

“Todo lo que ellos tenían ahí fue totalmente incinerado en estos hechos... me di cuenta que esta familia quedó en nada económicamente... ellos se abrieron, cada uno se fue a rebuscarse la comida, él se puso a hacer rifas a vender chance”.

En igual forma la señora Ruthbelia Guzmán Peña manifestó:

“Ellos quedaron en una situación muy crítica porque del negocio vivían y al destruírsele quedaron muy mal... ellos se separaron, la esposa de don Edilberto le tocó irse a trabajar en cocinas haciendo de comer a particulares, los hijos se fueron a trabajar y don Edilberto Murcia está haciendo rifas y vende chance”.

Por lo antes expuesto considera la Sala que está acreditado el gran dolor moral sufrido por la parte actora, al tener que presenciar como la totalidad de sus bienes materiales eran destruidos, circunstancia que los despojó del nivel de vida que hasta ese momento habían llevado, para seguidamente ser víctimas de la desintegración del núcleo familiar a que se vieron obligados con el fin de poder asegurarse un ingreso que les permitiera satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

Bajo ese entendido, la Sala considera que se encuentra suficientemente acreditada la grave afectación moral sufrida por los actores y, en consecuencia, reconocerá por este concepto la suma de 50 salarios mínimos para el señor Edilberto Murcia Murcia y otra suma igual para la señora María Irene Home Figueroa. En cuanto a sus hijos, la Sala accederá a la suma de 35 salarios mínimos para cada uno de ellos(58).

8. Actualización de la condena.

En vista de que ninguna de las partes recurrió la condena impuesta por daño emergente, es del caso realizar la actualización respectiva para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

S19990261CEECUA1
 

En donde:

Ra: valor actualizado a obtener

Rh: valor reconocido en la sentencia.

Ipc (f): último índice de precios conocido (sept./2013)

Ipc (i): índice de precios a la fecha de la sentencia (mayo/2002)

S19990261CEECUA2
 

Ra= $ 110’665.829

9. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el día 23 de mayo de 2002 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual quedará de la siguiente manera:

1. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por el daño antijurídico que sufrió la parte actora con ocasión de la incursión guerrillera del 4 de agosto de 1997 en el municipio de Valparaíso (Caquetá).

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero:

A favor de Edilberto Murcia Murcia la suma de ciento diez millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos veintinueve pesos ($ 110’665.829), por concepto de daño emergente.

A favor de Edilberto Murcia Murcia y María Irene Home Figueroa la suma de 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Wilfredo, Dan Alberto, Indira, Vilma, Bladimir y Sixladiz Murcia Home, el equivalente en pesos a 35 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase».

(22) Folio 37 reverso cuaderno principal.

(23) No se valoraran las fotografías arrimadas al expediente con la demanda toda vez que se desconoce el lugar y la fecha donde fueron tomadas.

(24) Folios 116,117, 118, 119, cuaderno principal y 18 cuaderno 2.

(25) Folio 97 a 99, cuaderno principal.

(26) Folio 95, cuaderno principal.

(27) Folio 96, cuaderno principal.

(28) Folio 10, cuaderno 2.

(29) Folio 11, cuaderno 2.

(30) Folios 20-28, cuaderno 2.

(31) Folios 31-34, folios 38-56, cuaderno 2.

(32) Folio 3, cuaderno 3.

(33) Folios 38 a 56 y 60 a 63, cuaderno 2.

(34) Folios 70 a 88, cuaderno principal. Susceptible de ser valorada por cuanto fue practicada con citación y presencia de las entidades demandadas.

(35) Folio 11, cuaderno 1.

(36) Folios 23-28, cuaderno principal.

(37) Folio 23-24, cuaderno 2.

(38) Respecto de las fotografías, la Sala ha supeditado reconocimiento que de las mismas hagan los testigos al interior del proceso. En ese sentido ha dicho la Sala:

“Concretamente con las fotografías aportadas cabe decir, como lo ha explicado la Sala en otras oportunidades, que son en este caso documentos privados representativos, por no haberse acreditado que fueron realizadas por funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC, art. 251). La doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de este tipo de documento representativo; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc., sirve para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en la fotografía a la persona de la cual habla el lugar o la cosa que dice haber conocido (Consejo de Estado. Sent. de jul. 25/2002. Exp. 13811).

(39) Folio 11, cuaderno 2.

(40) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 21515.

(41) Ídem.

(42) Ídem.

(43) En lo que concierne a la definición de conflicto armado interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” - Informe 55/97, Caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera.

“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. .... Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(44) De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo.

(45) El tribunal no explicó cuáles fueron las razones por las cuales negó esta prueba. Folio 155, cuaderno principal.

(46) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2.001, Expediente 12.819, C.P. María Elena Giraldo.

(47) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de enero de 2008, Expediente 2007-00163-00. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(48) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 24392.

(49) ART. 226—“...Cada pregunta versará sobre un hecho y deberá ser clara y concisa; si no reúne los anteriores requisitos, el juez la formulará de la manera indicada. Cuando la pregunta insinúe la respuesta deberá ser rechazada, sin perjuicio de que una vez finalizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación, si la considera necesaria. Tales decisiones no tendrán recurso alguno.

ART. 228.—La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas: (...)

...5. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta, ni la reproducción del texto de ella.

(50) Reiterada en sentencia de 24 de mayo de 2001, con ponencia del Dr. Jorge Santos Ballesteros.

(51) Folio 38, cuaderno 2.

(52) Folio 41, cuaderno 2.

(53) Folio 44, cuaderno 2.

(54) Folio 48, cuaderno 2.

(55) Cabe precisar, que conforme al criterio de la Sala que ahora se reitera, en los procesos de responsabilidad por los daños sufridos en la integridad física a una persona, se indemniza a quienes como consecuencia de ese hecho han resultado afectados en sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral. Solo que en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima ese perjuicio se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho, en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de febrero de 2009, Expediente 18.106, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 13 de abril de 2011, Expediente 20.224, M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras.

(56) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 6600123310001996316001(13232-15646) Belén González y otros - William Alberto González y otra vs. Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(57) Sin parentesco con las partes. Folio 60, cuaderno principal.

Salvamento de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones que me llevan a separarme de la posición acogida por la mayoría de los miembros de la Sección Tercera en el presente asunto.

La providencia de la cual me aparto declara responsable y condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a indemnizar a la parte demandante por los daños que sufrió el inmueble de propiedad de Edilberto Murcia Murcia, con ocasión al ataque guerrillero dirigido en contra de la estación de la Policía Nacional ubicada en el municipio de Valparaíso (Caquetá), el 4 de agosto de 1997.

En este fallo, la Sala consideró que no era posible imputar la responsabilidad del Estado por una falla en la prestación del servicio de la demandada; sin embargo, esta situación, según se afirma, no la exime de responsabilidad, toda vez que, al estudiar el caso desde el enfoque de las víctimas, se puede vislumbrar que se comprometió la responsabilidad del Estado, a título de daño especial.

La responsabilidad de la administración con fundamento en un régimen de daño especial se genera cuando el Estado, a través de sus servidores, realiza una actividad legítima con la cual ocasiona un daño a miembros de la sociedad, rompiendo así el equilibrio de las cargas públicas, situación que no tiene por qué ser soportada por parte de los administrados.

Se observa, entonces, que deben existir un rompimiento en la igualdad de las cargas que los administrados deben sobrellevar y una clara relación de causalidad entre la actividad legítima desplegada por la administración y el daño que ha sufrido el perjudicado; por ende, no le son imputables al Estado las conductas que hayan sido desarrolladas por terceros.

En el asunto sub examine, se encuentra acreditado “...que los daños causados al bien inmueble propiedad del señor Edilberto Murcia Murcia se produjeron como consecuencia del ataque guerrillero contra la estación de Policía de la población de Valparaíso – Caquetá, ocurrido el 4 de agosto de 1997, hecho que se enmarca en el conflicto armado que ha venido soportando el país de tiempo atrás”.

Cabe señalar que no existe prueba alguna en el expediente que permita aseverar que la demandada conocía de la amenaza del ataque subversivo; así, se puede afirmar que se trataba de una situación imposible de prever para esta, y, por tanto, no puede determinarse la existencia de una falla del servicio.

Según las pruebas que obran en el expediente, resulta evidente que la actuación desplegada por los miembros de la Policía se desarrolló en concordancia con los deberes constitucionales y legales que se le han impuesto a dicha institución y, por tanto, resulta equivocada la imputación de responsabilidad que se hace en cabeza suya, ya que no incumplió la obligación de diligencia, vigilancia y cuidado que está a su cargo, pues el ataque contra la estación de policía del municipio de Valparaíso fue totalmente inesperado e impredecible para los miembros de la fuerza pública.

Considero que las acciones ejecutadas por la parte demandada no ocasionaron los daños por los cuales se demandó, ni tienen una relación directa con los mismos, es decir, no existe un nexo de causalidad entre una acción u omisión de la entidad demandada y los perjuicios que debió soportar la actora en el caso concreto.

Condenar a la Policía Nacional por el hecho de participar en el enfrentamiento armado, al intentar conservar y preservar la seguridad pública, sin ser esta la causante directa de los perjuicios, conlleva a una indeterminación en el actuar de esta entidad y una absurda paradoja, ya que, si no hace frente a las instigaciones armadas, omite el cumplimiento de sus funciones, pero si las cumple resulta responsable de los perjuicios que sean ocasionados, por la única razón de que actuó en cumplimiento de su deber.

Resulta distinta la posición en donde se le imputa responsabilidad al Estado cuando ejecuta operaciones que buscan cumplir los deberes y obligaciones constitucionales y legales que se le han encomendado y con esta específica conducta causa un perjuicio a un ciudadano, el cual sobrepasa las cargas que toda persona debe soportar por el hecho de vivir en comunidad.

La diferencia entre uno y otro caso es, más que grande, evidente: en el primero, la administración no causa el daño con su obrar, al paso que en el segundo sí lo hace. Ante esto, cabe recordar y poner de presente que, conforme al artículo 90 de la Constitución, el Estado responde “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”, no por los daños que sean imputables a terceros, como los ocurridos en este caso y que, como quedó visto, fueron producto del ataque guerrillero, no del legítimo actuar de la Policía Nacional.

Por ende, los daños que deben ser indemnizados por el Estado deben provenir de situaciones en donde se encuentre plenamente probado el nexo de causalidad existente entre su propia acción u omisión en respuesta a una situación concreta y el daño que con dicha conducta se generó al administrado; así y en todo caso, los perjuicios originados en o por hechos de un tercero no tienen por qué ser asumidos por el Estado y, por tanto, no pueden ser fuente de responsabilidad estatal.

Finalmente, debo resaltar que la posición aquí adoptada no conlleva un olvido de las víctimas que han sido afectadas por ataques de estos grupos subversivos. Lo que quiero destacar es que el Estado debe ser condenado patrimonialmente solamente en aquellos asuntos en los cuales se demuestre el nexo de causalidad existente entre la acción u omisión estatal y el daño sufrido; en los demás casos, deberán actuar los mecanismos que han sido creados legislativamente con el propósito de proveer asistencia a las personas que han sido afectadas con estos hechos.

En consecuencia, considero respetuosamente que la decisión tomada en la providencia de la cual me aparto debió negar las pretensiones de la demanda, ya que, a mi juicio, no se demostraron los elementos necesarios para declarar administrativamente responsable a la entidad demandada.

En los anteriores términos dejo explicadas las razones que me llevaron a discrepar de la decisión tomada por la mayoría en la sentencia de la referencia.

Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

Consejero de Estado.