Sentencia 1999-00274 de abril 25 de 2013

 

Sentencia 1999-00274 de abril 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 13001-23-31-000-1999-00274-01 [18175]

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E)

Demandante: Carlos Haime Baruch y Sonia Gutt de Haime

Demandada: Distrito de Cartagena

Asunto: Contribución especial de valorización - 1999

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el Distrito de Cartagena distribuyó la contribución de valorización correspondiente a la zona de influencia determinada para la obra “construcción de las vías anillo vial - Punta Canoa, y anillo vial - Manzanillo del Mar”.

1) Las obras contratadas son de diferentes características a aquellas cuyo cobro por el sistema de valorización fue ordenado. Violación de los numerales 4.2. y 4.3. de los artículos 3º y 7º del Acuerdo 074 de 1995, y 116 del Acuerdo 014, expedidos por el Concejo Distrital de Cartagena

La discusión se centra en establecer si las obras por las cuales se cobró a los demandantes la contribución de valorización son las mismas respecto de las cuales el Concejo Distrital de Cartagena dispuso el cobro mediante dicho sistema. Concretamente, dijeron los demandantes que no se trata de las mismas obras, por cuanto algunas características de las vías difieren de las contempladas en el Plan de Desarrollo de Cartagena (Acu. 14/94, art. 116), y que el artículo 7º del Acuerdo 074 de 1995 había ordenado que las obras se hicieran con las características y especificaciones previstas en dicho plan de desarrollo.

Dos consideraciones debe hacer la Sala respecto de este cargo. En primer lugar, que los demandantes no señalaron de manera concreta cuáles son las características técnicas que estaban previstas en el plan de desarrollo, que no se previeron en la contratación de las vías y que llevarían a la conclusión de que se trata de obras diferentes.

Lo anterior tiene relevancia por cuanto, a juicio de la Sala, hay características que pueden ser secundarias o circunstanciales, y hay otras que pueden ser de tal trascendencia que su modificación implique que, en realidad, se trate de una obra totalmente diferente. A manera de ejemplo, puede decirse que para el caso de una vía, cosas como el ancho de los andenes, el ancho de las bermas, e incluso el ancho de los canales de circulación no son elementos cuyas modificaciones impliquen, per se, que deba calificarse la obra como diferente. Cosa distinta sería el cambio del trazado, esto es, la modificación de los puntos de origen o de destino, o una ruta completamente diferente a la contemplada originalmente, en cuyo caso sí sería evidente que se trataría de otra obra.

En el caso de las modificaciones de características secundarias o circunstanciales, estas no desvirtúan que se trate de la misma obra y, por ende, desde el punto de vista de la contribución de valorización, la obligatoriedad del pago de dicha contribución permanecería incólume. De hecho, en muchos casos resulta casi inevitable, e incluso aconsejable, que se den algunas modificaciones durante el curso de la actuación administrativa.

La contribución de valorización es un gravamen que por su propia naturaleza implica un proceso de concertación con los propietarios y poseedores de predios que se van a beneficiar con las obras y en ese proceso de concertación pueden hacerse ajustes o modificaciones que redundan en beneficio de aquellos que van a pagar finalmente la contribución. De manera que no es acertada la tesis de que la obra por cuya ejecución se va a cobrar la contribución de valorización tenga que estar descrita hasta el más mínimo detalle desde el momento en que el concejo municipal o distrital decrete el cobro y que ese prospecto sea monolítico e inmodificable. Siempre y cuando, desde luego, las modificaciones no sean de tal envergadura que terminen por convertir la obra inicialmente prevista en otra completamente diferente, como ya se dijo.

El hecho de que los demandantes no hayan señalado de manera concreta cuáles fueron los cambios de especificaciones o de características de las obras, hace imposible analizar si dichos cambios tuvieron una magnitud tan importante como para entender que se trataba de una obra totalmente diferente o si, por el contrario, se trataba, tan solo, de cambios menores. Ese aspecto no fue explicado en la demanda. Sin embargo, en aras de hacer un pronunciamiento de fondo, la Sala se referirá a lo único que figura en el expediente, relacionado con el tema planteado, que es la manifestación hecha en la Resolución 040 de 1999, que resolvió el recurso de reposición, en el sentido de que, efectivamente, se presentaron dos cambios en las especificaciones de las vías(2). El primero consistió en aumentar el ancho del canal de circulación en 30 centímetros. Esa modificación se hizo para atender recomendaciones técnicas y con miras a mejorar la seguridad de las vías. Por ende, se trató de una modificación menor pero necesaria para la misma seguridad de los usuarios. Y se dice que fue una modificación menor porque no se trató de un aumento del ancho de gran magnitud. La calzada pasó de 7 a 7.30 metros. No es, pues, una alteración de tal trascendencia como para que se pueda hablar de modificación completa de la obra.

La segunda modificación, en estricto sentido ni siquiera constituye un cambio de las especificaciones de la obra, sino de las condiciones de construcción. En efecto, consistió en permitir que la zona dura de la vía, es decir los andenes, fueran construidos con posterioridad para bajar los costos de la obra, pero, en todo caso, se acordó con los mismos propietarios que se dejaría el espacio respectivo, con las mismas dimensiones originalmente proyectadas. Esta fue una propuesta que nació de la iniciativa de los propietarios. En consecuencia, tampoco se trata de la modificación de una característica o especificación de las vías ni mucho menos de un cambio total de la obra.

En cuanto al argumento expuesto en el recurso de apelación, que consiste en señalar que el tribunal se habría equivocado al considerar que como se estaba atacando la legalidad del contrato celebrado por la administración para la ejecución de las obras, debería haberse acudido a la acción contractual, la Sala solo debe decir que esa es una discusión que resulta irrelevante. Aun si se admitiera que, en efecto, el objeto central de la controversia no es la legalidad del contrato, lo cierto es que planteado el conflicto en los precisos términos que se acaban de señalar, la conclusión es que los actos acusados no infringieron las normas superiores invocadas en la demanda, toda vez que no hubo un cambio total de las obras por las cuales el Concejo Distrital contempló el cobro de la contribución de valorización.

No prospera el cargo.

2) Falta de competencia para la determinación de la zona de influencia.

Corresponde a la Sala determinar si los actos acusados deben ser anulados por haberse invocado en los mismos una Resolución (141/97) que según los demandantes fue expedida de manera irregular en razón a que el funcionario no tenía competencia. Dicha Resolución 141 fue expedida por el director del Departamento Administrativo de Valorización y fijó la zona de citación para las obras en cuestión.

Lo primero que se afirmó en la demanda es que la competencia para adoptar la decisión que se tomó en la Resolución 141 de 1997 era del Alcalde Mayor. Al respecto, debe señalarse que el Acuerdo 074 de 1995, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena dispone:

ART. 4º—La contribución de valorización por beneficio directo y por beneficio general de que trata el presente acuerdo, se distribuirá y recaudará por el distrito, a través del Departamento Administrativo de Valorización entre los predios beneficiados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y siguientes del Decreto 1333 de 1986 y demás normas concordantes” (negrilla de la Sala).

De la norma se deduce que la competencia para la distribución y recaudación de la contribución era del Departamento Administrativo de Valorización.

El argumento de los demandantes no desvirtúa dicha competencia. En efecto, el Decreto 306 de 1997 delegó algunas funciones del Alcalde Mayor en el director del departamento administrativo mencionado y no incluyó de manera expresa las relacionadas con la fijación de la zona de citación o de influencia de las obras. Esa omisión no afecta para nada la competencia del departamento administrativo, pues ya el Concejo Distrital, mediante el Acuerdo 074 le había concedido esa facultad. Era, pues, innecesario que el alcalde le delegara la función.

No sobra añadir que la facultad contemplada en el artículo 4º del Acuerdo 074 de 1995 consiste en distribuir y recaudar la contribución. Y, desde luego, la distribución implica la determinación de la zona de influencia, ya que no sería posible hacer dicha distribución sin haber primero definido los predios que se verán beneficiados por las obras. También se debe precisar que aunque en la demanda se afirmó que zona de citación y zona de influencia son lo mismo, lo cierto es que se trata de dos conceptos diferentes. La zona de citación es una definición previa y provisional. Es un estudio de prefactibilidad que posteriormente puede variar cuando se determine de manera precisa cuál es la zona en la que están ubicados los predios que realmente se verán beneficiados con las obras.

Esto es así porque, como ya se había señalado, la contribución de valorización se caracteriza por el hecho de estar precedida de una actuación administrativa en la que se da a los propietarios la posibilidad de intervenir para formular objeciones y observaciones que le servirán a la administración para ajustar los detalles y los alcances tanto de las obras como de la contribución misma y de su distribución y cobro. En consecuencia, es posible que luego de una definición inicial de la zona que se considera puede resultar beneficiada por las obras (zona de citación), la administración haga ajustes y modifique parcialmente la extensión de dicha zona para terminar definiéndola en lo que se conoce como zona de influencia.

Lo cierto es que para la definición, tanto de la zona de citación como de la zona de influencia, la facultad concedida por el Concejo Distrital es la que se consignó en el artículo 4 del Acuerdo 074 de 1995 al Departamento Administrativo de Valorización.

El a quo señaló que la Resolución 141 de 1997 no es el acto acusado y que, por ende, no era adecuado pronunciarse sobre la legalidad del mismo. Frente a ese argumento, en el recurso de apelación los demandantes arguyeron que en la demanda se asumió dicha resolución como una realidad no cuestionada y se puso de presente que la misma no probaba que el Director del Departamento Administrativo de Valorización hubiera gestionado la aprobación de la delimitación de la zona de influencia. Es decir, que los mismos demandantes ahora aceptan que la Resolución 141 sí fue expedida por funcionario competente, pero que el mismo debía “gestionar la aprobación de la delimitación de la zona de influencia”. Este argumento tampoco puede prosperar pues, como ya se dijo, la competencia para fijar la zona de influencia sí estaba contemplada como propia del Departamento Administrativo de Valorización, y no estaba sujeta a consulta o aprobación posterior por parte de ningún otro funcionario u organismo de la administración.

Por último, el hecho de que en el Decreto 530 de 1995, el Alcalde Mayor hubiera suprimido la junta de valorización y trasladado las funciones de la misma a la propia Alcaldía Mayor, no afecta para nada la competencia del Departamento Administrativo de Valorización, ya que es evidente que ese decreto fue expedido para que no quedaran unas funciones sin nadie a cargo de su cumplimiento, pero las relacionadas con la distribución de la valorización fueron asignadas al Departamento Administrativo de Valorización, de manera que no se pueden incluir dentro de las mismas a que alude el Decreto 530.

De lo anterior, se concluye que no constituye irregularidad ni causal de nulidad el hecho de que en los actos acusados se hubiera invocado como antecedente la existencia de la Resolución 141 de 1997 y, en consecuencia, no prospera el cargo.

3) Citación irregular de los propietarios de predios dentro de la actuación administrativa.

El cargo guarda relación con el que se acaba de analizar. El hecho de que los demandantes consideren que la zona de citación y la zona de influencia son conceptos idénticos, les lleva a plantear que en el edicto mediante el cual se citó a los propietarios debía incluirse como zona de influencia una que fuera idéntica a la que se había delimitado inicialmente como zona de citación.

Dos consideraciones deben hacerse al respecto:

La primera que, como ya se dijo, no tiene que existir identidad absoluta entre ambas zonas, la de citación y la de influencia.

La segunda, es que cualquier irregularidad que pudiera presentarse dentro de la actuación administrativa, para que pueda calificarse como expedición irregular y específicamente como violación del debido proceso, debe estar revestida de la gravedad suficiente para que haya afectado alguno o algunos de los derechos y garantías que hacen parte de esa institución del debido proceso, esto es, el derecho de defensa, el principio de legalidad, el principio de la bilateralidad de la audiencia, de la controversia de las pruebas, etc.

De las pruebas que obran en el expediente se desprende que los demandantes tuvieron la posibilidad real y efectiva de intervenir dentro de la actuación administrativa y de conocer dicha actuación, así como de aportar pruebas y controvertir las que obraban dentro del expediente administrativo, como en efecto lo hicieron. En consecuencia, aún en el caso de que se admitiera que hubo diferencias entre las llamadas zona de citación y zona de influencia, lo cierto es que ello no afectó los derechos de los demandantes.

En consecuencia, no prospera el cargo.

4) Error en la determinación de la zona de influencia. Zonas de influencia directa y zonas de influencia refleja.

La contribución de valorización, en razón de su especial naturaleza se caracteriza porque, a diferencia de los demás tributos, no implica el pago de una tarifa, sino de una cuota de participación. Esto por cuanto de lo que se trata es de distribuir el valor de unas obras entre todos los predios que se benefician con dichas obras.

En consecuencia, es necesario determinar cuál es el porcentaje que debe pagar cada predio beneficiado y para ello existen varios métodos. Uno es el método de frentes, que consiste en medir el frente de cada predio y así obtener la cuota parte que le corresponde en función de la mayor o menor magnitud de dicha medición. Otro es el método de las áreas, similar al anterior, pero el parámetro de medición es el área total del respectivo predio.

Un tercer método es el de las zonas, que consiste en trazar áreas adyacentes a la obra y fijar la cuantía del beneficio dentro de dichas áreas, que pueden ser decrecientes en la medida en que se alejen de la obra.

Y, finalmente, está el método de los dos avalúos, que consiste en tomar dos avalúos para cada predio beneficiado. El primero es un avalúo hecho antes de la ejecución de la obra, y el segundo es un avalúo hecho o proyectado a futuro, esto es, después de la ejecución de las obras. La diferencia entre esos dos avalúos es el beneficio obtenido(3).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, el argumento de los demandantes es que la administración no determinó en los actos acusados cuáles eran las zonas de influencia directa y las zonas de influencia refleja, sino que se limitó a cuantificar el beneficio de cada predio como si se tratara, en todos los casos, de zonas de influencia directa.

La cuestión a resolver es, entonces, si la administración estaba obligada a determinar cuáles eran las zonas de influencia directa y cuáles eran las zonas de influencia refleja. La respuesta es que, dependiendo del método que se use para la determinación del beneficio y, por ende, de la cuota parte que le corresponde a cada predio, puede tener mayor o menor relevancia la determinación de las llamadas zonas de influencia refleja.

Cuando se utiliza el método de zonas es de vital importancia la determinación de las que hacen parte de la zona de influencia directa y las de influencia refleja. De hecho, el método de zonas consiste precisamente en eso: en establecer una graduación del nivel de beneficio que produce la obra en función de su proximidad con cada uno de los predios. En los métodos de frentes y de áreas, la determinación de zonas de influencia refleja puede tener alguna incidencia, aunque secundaria, ya que estos métodos se utilizan, generalmente, en aquellos casos en que se trata de obras o que están muy ligadas a cada predio (como la construcción de andenes) o que los afectan de manera directa (como obras de desecación de pantanos), en las que la influencia refleja es muy débil.

Y, finalmente, que es el caso objeto de análisis, en el método de los dos avalúos es en el que menos utilidad tiene la determinación de las llamadas zonas de influencia refleja, ya que aquí, el beneficio se determina con un elemento objetivo que es el avalúo de cada predio en dos momentos diferentes, antes y después de la obra. Si mediante ese instrumento del avalúo se llega a la fijación del valor del predio en esos dos momentos, no tiene objeto establecer ese elemento adicional de si se trata de zona de influencia directa o de zona de influencia refleja, porque lo que realmente importa es la determinación del monto del beneficio.

Es decir, que cuando se acude al método de los dos avalúos, resulta innecesario, por redundante, definir las zonas de influencia refleja, ya que con la realización del avalúo futuro queda implícita la determinación del beneficio en consideración a la influencia directa o refleja de las obras.

No prospera el cargo.

5) Error en la determinación del beneficio generado por cada una de las obras.

El artículo 37 del Decreto 291 de 1987, expedido por el Alcalde Mayor de Cartagena, dispone:

“ART. 37.—Cuando en un sector hayan de ejecutarse varias obras al mismo tiempo, y las distintas obras beneficiarán a la generalidad de las propiedades de los predios del sector, se podrá también considerar el conjunto de obras como una unidad y hacer una sola distribución de contribuciones de valorización que las incluya a todas”.

Los demandantes plantearon en la demanda que si bien es factible que varias obras se consideren como un conjunto, el beneficio producido por cada una de ellas debe ser liquidado de manera independiente.

La Sala considera que sería contradictorio considerar varias obras como un conjunto pero hacer el cobro del beneficio producido por cada una de ellas de manera separada. Precisamente, la razón de ser que dos obras se consideren como una sola es que, por existir entre ellas un vínculo cercano, no sería conveniente darles tratamiento separado.

En el caso bajo estudio, según se lee en los actos acusados, las dos vías son muy cercanas (las separan menos de 5 kilómetros). Por tal motivo, si se les hubiera considerado como obras independientes, las zonas de influencia de cada una de ellas se intersectarían (sic) en gran proporción y, por esa razón, resultaría imposible la liquidación y cobro del beneficio para cada una de ellas.

De hecho, de la lectura del dictamen pericial que obra en el expediente se desprende que las dos vías construidas producen beneficio para toda la zona en cuestión. A manera de ejemplo, se lee en el folio 12 del dictamen que para 1999 aún no estaban construidas las dos vías y que con la realización de las mismas (el dictamen es de mayo de 2003) se incrementó el valor de la tierra en la zona, por la facilidad de acceder a cualquier sector; por la facilidad de acceso al mar en áreas que antes no lo tenían; por el disfrute del paisaje litoral y de las playas, y por la realización de obras deportivas, educativas, recreativas, de urbanismo, de transporte y de seguridad, que antes no existían en la zona. Y en el mismo dictamen, en el folio 13, se lee que los predios de los demandantes tuvieron un incremento del 26.1% del valor por metro cuadrado “por efecto directo de las vías construidas, Anillo Vial - Punta Canoa y Anillo Vial Manzanillo del Mar”. Es decir, en el dictamen se asumió que las dos vías producían beneficio para toda la zona.

Debe agregar la Sala que el cargo fue planteado de manera hipotética. Es decir, los demandantes no afirmaron en la demanda que, respecto de su predio, cada una de las vías hubiere producido un beneficio de manera independiente. Lo que plantearon fue que “es posible que solo una de las obras valorice un predio determinado”. Esa forma de plantear el cargo no es admisible, ya que se supone que son los demandantes, propietarios del predio supuestamente afectado, quienes conocen la realidad económica de sus inmuebles y, en consecuencia, si ellos saben que solo una de las vías produjo beneficio para el predio de su propiedad, han debido afirmarlo y explicarlo en la demanda, detallando, al menos, el monto real del beneficio obtenido, e identificando cuál de las dos vías construidas fue la que produjo dicho beneficio y en qué cuantía.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

6) Errónea determinación del beneficio.

Según los demandantes, la administración no tuvo en cuenta un verdadero dictamen inicial, pues no se consideró que los predios gravados son agrícolas. Como consecuencia de esa falencia, se les asignó un valor superior al que tenían, con fundamento en meras expectativas de explotación no agrícola, tales como el loteo y construcción de vivienda, hoteles y fincas de recreo, para lo cual sería necesario contar con acceso a servicios públicos domiciliarios. A ese valor que se le asignó a cada predio, la administración le aplicó un porcentaje que fue el que determinó el monto del beneficio.

Al respecto, la Sala se remite a lo expresado respecto del cargo que se acaba de analizar. Dentro del proceso sí quedó demostrado que las posibilidades de desarrollo del predio de los demandantes, luego de la construcción de los anillos viales, se verían incrementadas y se traducirían en un beneficio económico concreto. De hecho, como ya se dijo, el dictamen pericial fue claro en establecer que las obras sí produjeron un incremento en el valor de la tierra.

Ahora bien, si existía reparo alguno en cuanto al valor inicial que se le asignó al predio de los demandantes, era de esperar que se allegara, dentro de la actuación administrativa o con la demanda, el avalúo y se estimara su verdadero valor, cosa que no hicieron los demandantes.

No prospera el cargo.

7) Avalúos de los predios de los demandantes.

El hecho de que el predio de los demandantes haya sido avaluado por un precio superior al de otros predios de la zona no constituye, por sí solo, irregularidad alguna. Solamente si esa diferencia de precio fuera producto del capricho o no estuviere soportada en elementos objetivos, podría eventualmente dar lugar a la anulación de los actos en cuanto al valor de la contribución. Pero para que dicha pretensión prospere es ineludible probar, desde luego con alguno de los medios probatorios admitidos por la ley, cuál era el precio real del inmueble.

En el capítulo de pruebas de la demanda,(4) pidieron los demandantes que se oficiara al Departamento Administrativo de Valorización Distrital para que allegara al proceso copia de la declaración del impuesto predial unificado, para demostrar que el avalúo catastral del predio de su propiedad, para el año 1999, era de $ 7.148’614.000. También se pidió en la demanda que se practicara una inspección judicial con intervención de perito, para que dictaminara, entre otras cosas, el valor comercial del predio en el momento de la notificación de la Resolución 1030 de 1998.

La inspección judicial se realizó y el perito dictaminó que el valor comercial del predio era de $ 61.452’562.500, es decir, aproximadamente ocho veces el valor registrado catastralmente. Contra este dictamen no hubo manifestación alguna de parte de los demandantes, lo que, al menos pone en seria duda la posibilidad de acoger el valor expresado en la declaración del impuesto predial. En todo caso, en los actos demandados se mencionó que los avalúos que tuvo en cuenta la administración para fijar el precio inicial de los inmuebles, fueron realizados por profesionales, con base en encuestas, trabajos de campo, avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, etc.

No prospera el cargo.

8) Exención a los propietarios de algunos predios.

En la demanda se afirmó que la administración eximió del pago de la contribución a ciertos inmuebles, a pesar de encontrarse dentro de la zona de influencia, con el argumento de que no tenían beneficio por las obras, sin que existiera prueba de ello.

En la contestación de la demanda, la administración negó la afirmación hecha por los demandantes y dijo que aunque inicialmente se había excluido un predio que estaba dentro de la zona de influencia, posteriormente quedó incluido.

En el recurso de apelación, dicen los demandantes que ante la afirmación que hicieron en la demanda y la confesión de la administración de que sí hubo al menos un predio excluido inicialmente, se ha invertido la carga de la prueba y es ahora la administración quien tiene la obligación de informar qué pasó con todos los predios que estaban incluidos en la zona de influencia y que no fueron gravados.

Para la Sala, este argumento del recurso de apelación es inadmisible. Las afirmaciones y negaciones indefinidas están exentas de prueba (CPC, art. 177). Si la administración ha negado la existencia de predios exentos, era a los demandantes a quienes correspondía demostrar lo contrario. Tampoco hay en los actos acusados exclusión alguna de predios.

No prospera el cargo.

9) Falta de individualización de los predios de los demandantes.

El argumento de los demandantes consiste en que la administración debía individualizar cada uno de los predios de los demandantes pues, aunque catastralmente figuran como un solo globo de terreno, en realidad se trata de varios inmuebles colindantes.

Sobre este cargo, la Sala se permite precisar que cuando un inmueble es objeto de división o partición, son los titulares de derechos reales sobre el mismo quienes están obligados a informar a las oficinas respectivas esa circunstancia y a adelantar el trámite respectivo. Y, en segundo término, es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi la entidad a quien corresponde la función de llevar el censo catastral de los inmuebles ubicados en todo el territorio nacional.

Para efectos de la contribución de valorización, las autoridades administrativas del respectivo departamento, distrito o municipio, cuentan con una información en sus oficinas de catastro o equivalentes. Y sobre esa información es que establecen el censo de predios afectados con las obras que están sujetas a la contribución. No es posible, por ende, exigir a esas autoridades departamentales, distritales o municipales, que adelanten procesos de censo catastral que corresponden al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Así lo estableció la Resolución 2555 de 1988, expedida por el director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi:

ART. 26.—Dirección, ejecución y control. La dirección técnica, la ejecución y el control administrativo de los catastros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en sus diversas etapas, serán de la exclusiva competencia de esta entidad, creada por Decreto-Ley 290 de 1957, la que actuará por intermedio de la Subdirección de Catastro Nacional, de las oficinas seccionales que funcionen o se establezcan en las capitales de departamentos, intendencias y comisarías y de las de las oficinas delegadas de catastro.

Y el Decreto 208 de 2004, que modificó la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y estableció las funciones de sus dependencias, en relación con la función catastral, dijo:

ART. 25.—Subdirección de catastro. Son funciones de la subdirección de catastro, las siguientes:

1. Proponer, a la dirección general y a las instancias pertinentes, las políticas, reglamentos, planes, programas y proyectos para la producción, actualización, mantenimiento y difusión de información y datos catastrales, y una vez aprobados, responder por su ejecución.

2. Coordinar la ejecución de los procesos de formación, actualización de la formación y conservación del catastro, para mantener actualizado el sistema de información de tierras con base en el predio y la base nacional de datos catastrales.

(...)

ART. 26.—División de consolidación y asesoría catastral. Son funciones de la división de consolidación y asesoría catastral, las siguientes:

1. Coordinar los procesos de formación, actualización y conservación del catastro en el territorio nacional.

2. Recopilar, evaluar y consolidar en la base nacional de catastro la información resultante de las actividades catastrales del país.

(...).

ART. 27.—División de avalúos. Son funciones de la división de avalúos, las siguientes:

1. Elaborar y comunicar los avalúos de bienes inmuebles en que tenga interés el Estado en todo el territorio nacional, de conformidad con las disposiciones vigentes.

2. Realizar avalúos de inmuebles de los particulares con fines privados.

3. Elaborar y comunicar los peritazgos y dictámenes que soliciten las entidades estatales.

4. Mantener actualizada la información de los valores de terrenos, construcciones, elementos permanentes y maquinaria, y realizar la investigación requerida a nivel nacional para conformar la base nacional de avalúos.

10) Fijación del monto de la valorización sin participación de los propietarios.

Según los demandantes, la administración fijó la cifra a distribuir sin la participación de los representantes de los propietarios.

Lo que encuentra probado la Sala dentro del expediente es que se dio amplia participación a los propietarios de predios, a través de los representantes que ellos mismos eligieron. En los folios 162 a 209 obran las actas de todas las reuniones celebradas con los representantes de los propietarios. Fueron más de 15 reuniones, en varias de las cuales estuvieron presentes los apoderados de los demandantes, a pesar de que ellos no fueron elegidos como representantes de los propietarios. Pero de todas maneras no solo se permitió su asistencia sino que tuvieron la posibilidad de intervenir activamente en dichas reuniones.

No prospera el cargo.

11) El valor del beneficio fue inferior a lo que se cobró por contribución de valorización.

El valor total de la contribución asignada a los demandantes fue de $ 2.882’981.253. Según el dictamen pericial practicado dentro del proceso, el beneficio obtenido por el predio de los demandantes gracias a las obras construidas, fue equivalente a un incremento del 26.1% en el valor del metro cuadrado.

En consecuencia, dicho beneficio se puede calcular así:

Área del predio de los demandantes: 3’150.000 m2.

Valor del metro cuadrado antes de la ejecución de las obras: $ 19.508,75.

Valor del predio antes de la ejecución de las obras: $ 61.452’562.500.

Valor del metro cuadrado después de la ejecución de las obras: $ 24.600,53.

Valor del predio después de la ejecución de las obras: $ 77.491’669.500.

Diferencia, es decir beneficio obtenido: $ 16.039’107.000.

Como se puede apreciar, el beneficio obtenido es ampliamente superior a la suma pagada por contribución de valorización.

No prospera el cargo.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(2) Folio 95, cuaderno principal.

(3) Estos son los métodos más representativos, pero existen otros menos usados y también existen diferentes combinaciones de los métodos que se acaban de describir sucintamente.

(4) Folio 37, cuaderno principal.