Sentencia 1999-00278 de mayo 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 68001-23-15-000-1999-00278-01(25043)

Actor: Amalia de las Mercedes León de Barón y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gomez

Bogotá D.C., veintitrés de mayo de dos mil doce.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, el día 20 de marzo de 2003, mediante la cual se declaró probada la culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 23 de febrero de 1999, las señoras Amalia de las Mercedes e Inés Barón, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que La Nación-Fiscalía General de la Nación son responsables administrativamente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a mis poderdantes como consecuencia de la muerte de Pedro Manuel Barón, quien pereció por muerte violenta mientras se hallaba transitando como peatón sobre la paralela al bosque (autopista Bucaramanga a Floridablanca), según hechos ocurridos hacia las 14:00 horas del día 26 de marzo de la pasada anualidad (1998).

Como consecuencia de la anterior declaración solicitaron la indemnización por concepto de perjuicios morales la suma de mil (1.000) gramos oro para cada una; por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de $ 90.000.000.

Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron los siguientes:

“1. El día 26 de marzo de 1998 siendo aproximadamente las 14:00 horas, el ahora occiso Pedro Manuel Barón López al intentar pasar la paralela al bosque de la autopista que de Bucaramanga conduce a Floridablanca, fue embestido y atropellado por la motocicleta de placas ZZC 20, propiedad de la Fiscalía General de la Nación, la cual era conducida por el señor Roque Julio Duarte, funcionario de la misma entidad oficial, mientras se trasladaba de su casa de habitación al lugar de trabajo.

2. Como consecuencia del atropellamiento, pese a que el señor Pedro Manuel Barón López fue llevado de urgencia a la Clínica Ardila Lulle, por la magnitud de las heridas y politraumatismos ocasionados por el atropellamiento, murió en dicho centro asistencial.

3. Las causas determinantes del siniestro no fueron otras que la imprudencia, impericia, imprevisibilidad, inobservancia del deber objetivo de cuidado y la negligencia en el cumplimiento de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre por parte de Roque Julio Duarte, funcionario de la Fiscalía General de la Nación al que se le había asignado dicha motocicleta para labores de notificación judicial, al hallarse utilizando el velocípedo para su transporte personal y sin poseer licencia de conducción que le autorizara utilizar y conducir dicho vehículo; además se hallaba al momento del siniestro conduciendo a exceso de velocidad, haciendo uso indebido de la vía y siendo omisivo en ejecutar las acciones o maniobras que trataran de impedir el fatal desenlace; circunstancias todas éstas que conllevaron al atropellamiento del peatón y a su consecuente e inmediata muerte. (…)” (fls. 1-10 c. 1).

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante proveído de 23 de junio de 1999, decisión que se notificó a la entidad demandada en debida forma (fls. 26-27 y 29 c. 1).

2. Contestación de la demanda.

La contestación de la demanda se presentó manera extemporánea(1) (fls. 32-35 c. 1).

3. Alegatos de conclusión en la primera instancia.

Agotada la etapa probatoria prevista en proveído de 10 de julio de 2000 y fracasada la audiencia de conciliación, el tribunal de primera instancia, mediante Auto calendado el 2 de agosto de 2002, dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiere concepto (fls. 46-47, 222 c. 1).

La parte actora, en sus alegatos, esgrimió que la Fiscalía General de la Nación era administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la muerte del señor Pedro Manuel Barón López, de conformidad con lo siguiente:

“— Ante todo es la propietaria del velocípedo con el que se causó el atropellamiento de Pedro Manuel Barón.

— Igualmente es la entidad nominadora del funcionario público causante del siniestro.

— Como guardián del velocípedo causante del daño, en su condición de propietaria del mismo, lo entregó en forma indebida a su dependiente sin el lleno de los requisitos mínimos de prevención, cuidado y cautela.

— Su dependiente laboral causante del atropellamiento, le dio un uso irregular e indebido, pues antes de darle uso eminentemente oficial, lo utilizó para su uso exclusivo personal al momento del siniestro.

— Finalmente la administración, fue renuente y omisiva en ejercer un control adecuado y eficiente del uso que su dependiente le dio al objeto material del siniestro (motocicleta)” (fls. 224-232 c. 1).

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación esgrimió que no estaba llamada a responder administrativamente por el daño reclamado, comoquiera que dentro del asunto de la referencia se encuentra acreditado que existe “una excluyente de responsabilidad por el actuar imprudente de la propia víctima, que a la postre causó su propio deceso, así quedó plenamente demostrado en el proceso penal ante la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito, cuando se calificaron las diligencias en contra del señor Roque Julio Duarte Sánchez, servidor de esta entidad, folio 07” (fls. 243-246 c. 1).

A su turno, el Ministerio Público, en su concepto, manifestó que se debía exonerar a la entidad pública demandada de cualquier tipo de responsabilidad, comoquiera que la muerte del señor Pedro Manuel Barón “no tuvo otra causa que la imprudencia del occiso —por decir lo menos— de asumir un riesgo que no podía superar”.

Agregó que:

“Pretender pasar la autopista por sitio distinto del puente peatonal, en donde tenía que esquivar con gran riesgo, el alto flujo de automotores que por las condiciones de la vía circulan a velocidades apreciables, no era más que una torpeza producto de la antipatía de actuar civilizadamente respetando las normas fijadas y reglas de conducta que impone una sociedad que evoluciona. Por lo tanto, se expuso al peligro que representa el pasar la calle por lugar diferente al que como peatón le correspondía.

No previó los efectos dañinos de su actuar o confió imprudentemente en poder evitarlos, sin atender por demás, que una persona de 72 años de edad, ve aminorada la agilidad de sus reflejos, lo que seguramente le impidió ganarle al desafío que el peligro le ofrecía en sitio de tan alto riesgo de accidentalidad.

En tales condiciones, se produjo el rompimiento del nexo causal, lo que impide que el litigio se resuelva aplicando la tesis de la falla presunta del servicio, pues se estructuró una causal exonerativa de responsabilidad, como es la culpa exclusiva de la víctima. (…)” (fls. 239-242 c. 1).

4. La sentencia apelada.

Cumplido el trámite legal correspondiente en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 20 de marzo de 2003 y, mediante la misma, denegó las pretensiones de la demanda.

Para adoptar tal decisión, el tribunal Administrativo a quo manifestó que no era posible, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, atribuir responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios sufridos por la parte actora toda vez que “el resultado dañino es imputable de manera exclusiva al actuar imprudente, culposo de la víctima y violatorio de las normas de tránsito, esto es, el nexo de causalidad entre el hecho y el daño se rompe por la existencia de una culpa exclusiva de la víctima”.

Aunado a ello, señaló que si bien la conducción de vehículos constituye por sí misma una actividad eminentemente riesgosa, lo cierto es que en el asunto sub examine el motociclista se desplazaba a una velocidad permitida y observando las reglas mínimas de seguridad, cuando fue sorprendido con la presencia de un agente “que repentinamente apareció de entre unos arbustos —que por su espesor restaban visibilidad—, y sin observar los dos lados de la vía por la que circulaban a diario gran cantidad de vehículos, se lanzó a la calzada por la que transitaba la motocicleta cuyo conductor intentó maniobrar para evitar el impacto, produciéndose finalmente la colisión que ocasionó el fatídico accidente”.

Finalmente, el Juzgador de primera instancia concluyó:

“que el accidente se produjo por una causa externa a la administración, pese a la existencia de un nexo instrumental, circunstancia que no permite declarar la responsabilidad que se predica en la demanda como fundamento de las pretensiones de los accionantes. El lamentable in suceso deviene de una culpa exclusiva de la víctima como causal exculpativa de responsabilidad, así habrá de ser declarado en la parte resolutiva de esta propiedad con fundamento en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Por último, debe precisar la Sala que el hecho de que el conductor de la motocicleta, y que para el caso, se trataba de un servidor de la Fiscalía General de la Nación, no portara la licencia de conducción al momento del accidente no constituye una condición necesaria en la producción del daño, esta conducta no es relevante para el caso, más aún cuando se demostró a través de experticio que el conductor poseía capacidad y conocimiento para conducir motocicletas. Este hecho por constituir infracción de tránsito fue sancionado por la autoridad competente. No obstante haberse interpuesto una multa al infractor por no portar la licencia de conducción, considera la Sala pertinente compulsar copias a la Procuraduría Departamental de Santander con el fin de que se investigue la conducta del funcionario de la Fiscalía General de la Nación Roque Julio Duarte, en lo que sea pertinente” (fls. 247-266 c. ppal.).

5. La impugnación.

La parte demandante, en su impugnación, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda, por considerar que en el presente caso se debe determinar que se está frente a un hecho “sometido al régimen de la falla probada, de donde debemos tener en cuenta que el solo hecho de haberse proferido un daño a quien no estaba obligado a soportar, por ser consecuencia de una actuación irregular de un agente, adicionado a que dicho daño se causó con un elemento de la entidad demandada, ésta deberá resarcir el daño causado sin interesar o detenernos en analizar que dicha responsabilidad estatal debe ser sólo objetiva”.

Adicionalmente, señaló que para establecer el juicio de “reproche jurídico” en contra de la entidad pública demandada se debe tomar como referencia tanto la acción que eventualmente pudo ejecutar el motociclista, como también la omisión grave en que incurrió el motociclista “por ejercer maquinación sobre un vehículo que le era prohibido colocar en circulación, o porque le estaba dando un uso irregular y arbitrario; o porque quien tenía la obligación de ejercer un control eficiente del vehículo, sencillamente lo entregó para su uso a sabiendas de lo prohibido de su maniobrabilidad por parte del ocasionante del daño”.

Agregó que:

“es obvio que exista una relación de causalidad entre la obligación omitida y el daño causado a la integridad y vida del peatón; pues de no haber existido, descuido, desatención, negligencia e inobservancia del deber objetivo de cuidado que debía tenerse con el viandante, éste sencillamente no hubiese sufrido las heridas que conllevaron a su muerte”.

El recurso fue concedido por el tribunal a quo a través de Auto de 30 de abril de 2003 y fue admitido por esta Corporación el 27 de junio de 2003 (fls. 281, 286 c. ppal.).

6. Mediante Auto de fecha de 25 de julio de 2003, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, término durante el cual tanto la parte actora como el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 288 c. ppal.).

La Fiscalía General de la Nación, en sus alegaciones finales, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia “por ser la misma ajustada a derecho y a la realidad procesal”, motivo por el cual consideró que en el asunto sub examine operó “un rompimiento del nexo causal entre la supuesta falla y las lesiones producidas al actor” (fls. 289-291 c. ppal.).

II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, el día 20 de marzo de 2003, mediante la cual se declaró probada la culpa exclusiva de la víctima.

Así pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por el fallecimiento del señor Pedro Manuel Barón López.

1. Los elementos de convicción recaudados en el proceso.

a) Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Pedro Manuel Barón López (fl. 15 c. 1):

b) Oficio 0745.S.3837.F.007U.V., remitido por la Fiscalía General de la Nación, a través del cual aportó al asunto de la referencia copia auténtica del proceso penal adelantado contra el señor Roque Julio Duarte por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo del señor Pedro Manuel Barón López.

Los documentos y diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, comoquiera que fue solicitada por la parte actora en el libelo introductorio de la demanda y a su vez la parte demandada adhirió a su práctica, aunado a ello, dicho medio de acreditación fue aportado al litigio por la propia entidad pública demandada que surtió dicho proceso penal.

Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma pacífica y reiterada, que la admisión de la prueba solicitada por una de las partes y recaudada con el asentimiento o la propia voluntad de la otra parte representa la renuncia al —o mejor el— ejercicio del derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de reproducir su práctica, de modo que no le es dable al juez de la causa desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto lo constituye la protección del derecho sustancial (CPC, art. 228)(2).

Ahora bien, dentro de las pruebas trasladadas antes referidas se encuentran contenidos, a su vez, los siguientes medios de acreditación:

— Acta de levantamiento de cadáver Nº 237 de marzo 26 de 1998, en la cual quedó consignada, entre otra información, la siguiente:

“En el momento de la diligencia se encontraba presente el Alférez 03 oficial de servicio de tránsito de Floridablanca quien informó que los hechos ocurrieron en el día de hoy siendo aproximadamente las 14:00 horas en la paralela occidental frente a la Plaza Marsella en momentos en que el hoy occiso transitaba por el lugar y fue arrollado por la motocicleta de placa ZZC-20 (sic) marca Suzuki conducida por el señor Roque Julio Duarte residente en el parque campestre casa 203B quien se encuentra en la Clínica Ardila Lulle y posteriormente trasladado a medicina legal por las autoridades” (fls. 71 c. 1).

— Sobre la forma en que sucedió el accidente, obra el informe de tránsito Nº 93-0164318, el cual indica que el 26 de marzo de 1998, en la paralela occidental frente a la Plaza Marsella, que del municipio Bucaramanga conduce al municipio de Floridablanca, aproximadamente a las 2 de la tarde, el señor Pedro Manuel Barón López fue atropellado por una motocicleta oficial perteneciente a la Fiscalía General de la Nación, marca Suzuki, de placas ZZC-20, conducida por el señor Roque Julio Duarte Sánchez.

En el mismo informe se precisó que el sitio del accidente era una vía recta, ubicada en una zona residencial urbana, sobre el tramo de vía, en tiempo normal plana, con aceras, de doble sentido y una sola calzada, de dos carriles, asfaltada, en buen estado, se encontraba seca, sin señalización vial, ningún tipo de demarcación.

En el referido medio de prueba se dejó constancia de lo siguiente:

“El peatón murió en el camino a la Clínica Carlos Ardila Lulle. El conductor de la moto no se pudo trasladar a Medicina Legal por encontrarse lesionado en la Clínica, no presentó licencia de conducción”.

— Declaración del señor Daniel Alberto Jaimes González, quien respecto de las circunstancias en las cuales ocurrió el accidente de tránsito, contestó:

“Yo salí del colegio y tenía que entregar una cosa a mi hermano en el Cambridge de Cañaveral venía por la paralela de Pizza Hut y entonces debajo del puente peatonal, iba ahí y adelante mío iba otro carro y adelante del carro iba la moto, cuando yo escuché fue la frenada del señor de la moto y el golpe, entonces me orillé y apagué la moto y me bajé, entonces el señor de la moto se estaba limpiando y vi al señor ahí en el piso tirado y el señor era como un vendedor, al lado de él estaban tirados como unos andados (sic) y llaveritos y otras cositas como tiza china y yo vi al señor y estaba ya como agonizando y con el otro señor el de la moto y con otro lo alzamos entre los tres y lo echamos a un taxi y el señor de la moto me dijo que echara ojo a la moto que me responsabilizara mientras llegaba el tránsito, se lo llevaron para la Ardila Lulle porque podía ser que el señor viviera (…). El accidente fue debajo del puente peatonal, ahí encimita. PREGUNTADO: Pudo usted observar si el señor Pedro Manuel Barón López trató de cruzar la paralela sin precaución y sin reparar en los autos que por allí circulan. CONTESTO: Pues es que ahí habían buses estacionados y el señor yo creo que pasó detrás del bus y por eso lo atropelló la moto, tal vez el señor no miró. PREGUNTADO: Puede usted señalar a qué velocidad aproximada se dirigía la moto que atropelló al señor Barón López. CONTESTO: Creo que iba a unos sesenta kilómetros por hora a unos cincuenta a sesenta kilómetros por hora, ahí casi todo el mundo va a la misma velocidad porque hay buen flujo de vehículos. PREGUNTADO: En qué situación se localizaba el conductor. CONTESTO: El señor iba para la mitad, iba tirando un poquito hacia la izquierda, de la mitad más hacia la línea divisoria que hacia el andén. La moto quedó no tan pegada a la línea divisoria pero hacia el lado izquierdo y el señor quedó como a unos diez metros de ahí hacia delante. PREGUNTADO: Pudo usted observar de dónde venía el señor accidentado. CONTESTO: Yo cuando escuché fue el golpe, no vi bien de donde venía, yo vi a unos buses y como si hubiera cruzado sin mirar (…)” (fls. 80-81 c. 1) (se destaca).

— Declaración del agente de tránsito Edwin Alirio Monsalve Díaz, quien relató lo siguiente:

“PREGUNTADO: Por haber levantado el informe de accidente, sírvase decir si observó ud. la visibilidad que poseía el conductor de la motocicleta sobre el lugar de los hechos; o por el contrario existía en ese momento algún obstáculo que impidiera al motociclista su visión total. CONTESTO: No, eso es una recta, en cuanto toma uno la recta tiene toda la visibilidad del caso. (…). PREGUNTADO: Consta en el expediente que el motociclista se desplazaba a 60 kms. por hora al momento de ocurrir el siniestro, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito Terrestre, sobre el sitio donde ocurrió el atropellamiento, por ser de gran afluencia de personas, dado el descenso de un puente peatonal y una parada de bus, a más del ingreso a alguna[s] urbanizaciones, considera ud. que era la velocidad adecuada y permitida para conducir dicho motociclista. CONTESTO: No me consta la velocidad a la que fue, pero la velocidad máxima permitida en esos sectores es de 30 kms. por hora, según el artículo 138 del Código Nacional de Tránsito (…)”.

A su turno, la señora Nohora Clemencia Sarmiento Sarmiento indicó que:

“(…). PREGUNTADO: Su apartamento tiene vista al exterior y de ser así, sobre qué vías o partes directamente. CONTESTO: Mi apartamento tengo visible un pedacito hacia la autopista, hacia la paralela, y veo así hacia la autopista, no tengo toda la visibilidad, pero si un pedacito, la visibilidad es por la ventana de la sala. (…). PREGUNTADO: Ya que dice hacer visto usted el accidente, que nos ocupa, refiéranos todo lo que observó sobre el desarrollo del mismo. CONTESTO: Yo me detuve a mirar [a] el viejito, por qué razón, porque mi abuelito murió en las mismas circunstancias, el viejito venía supuestamente para pasar la autopista hacia la paralela de allá para acá, para cruzar la paralela, y el viejito simplemente al llegar ahí al andén, venía como a (sic) diagonal mirando como hacia el conjunto Trinitarios, él como que no miró, él miró de norte a sur, como decir de Provenza hacia Cañaveral, y enseguida aceleró el paso, como la carreterita, cuando vi fue que el muchacho de la moto sacó la frenada y le sacó la moto hacia un lado, y el viejito hizo como un trompito y cayó de frente a la vía, a la carretera, de frente la cara al piso. PREGUNTADO: Por donde se moviliza el motorizado. CONTESTO: Venía de Cañaveral hacia Provenza. PREGUNTADO: Por qué parte transitaba el motociclista. CONTESTO: Por su vía, él venía subiendo por la mitad de su vía, venía centradito. PREGUNTADO: En qué espacio de la vía ocurre el choque. CONTESTO: El motorizado tocó como por un lado al viejito, no lo levantó ni nada, el muchacho, el viejito iba ya como atravesando la vía, había dado como tres pasos, el muchacho venía subiendo como por su mitad, cuando vio el viejito le sacó el cuerpo, le sacó la moto como hacia el otro lado, el encuentro del choque fue cuando el motorizado alcanzó a sacarle un poquito el quite al viejito, o sea él no lo cogió de frente, el viejito hizo un giro como un trompito y cayó la cara hacia el piso como hacia la autopista. (…). PREGUNTADO: Diga si en proximidad del lugar del hecho existe parada de bus, de ser así, qué distancia, en qué posición, indicándonos también puentes peatonales. CONTESTO: He visto que paran buses un poquito después de mi edificio y después del otro, pero no sé si está estipulada o señalada la parada ahí, muchas veces inclusive yo me he bajado de buses ahí. Puente peatonal hay uno antes de donde ocurrió el accidente, pasa todo el tramo de paralela a paralela. (…)” (fls. 142-144 c. 1) (negritas adicionales).

— Diligencia de inspección judicial practicada dentro del proceso penal Nº 3837, en la autopista que de Bucaramanga conduce a Floridablanca, paralela occidental sentido sur-norte, en la cual se indicó lo siguiente:

“Acto seguido y dando inicio a la diligencia se procede a verificar las condiciones de la vía estableciendo que se trata de una vía paralela cuyo nombre es Paralela Occidental a la autopista Bucaramanga — Florida[blanca] sentido norte-sur, es una vía plana, recta en doble sentido con línea divisoria central continua, borrosa, con bahías en ambos sentidos de las vías en proximidades o inmediaciones del sitio del accidente donde se encuentra también un puente peatonal y las bahías, hay construidas aceras en ambos lados, pavimento se encuentra en buen estado en el momento y hay un hueco de aproximadamente 60 centímetros en la mitad de la vía más hacia el carril derecho en sentido norte-sur, exactamente este hueco tiene una dimensión de 65 de largo por veinte de ancho y de 8 a 10 cms. de profundidad.(…). Sírvase informar al despacho por dónde transitaba usted, el día de los hechos, en donde chocó con el peatón y a dónde fue a parar usted, su vehículo y el peatón arrollado. CONTESTO: Salí de mi lugar de residencia de Parque Campestre con destino a la oficina administrativa de la Fiscalía, aproximadamente a la una y cincuenta y cinco de la tarde, el día veintiséis de marzo del presente año, tomé la paralela en sentido sur-norte y habiendo pasado el puente peatonal de Plaza Marsella se presentó el accidente; el señor peatón sale intempestivamente a la vía mirando hacia el norte y de espalda hacia mí, yo procuro frenar la moto, frenó, sin embargo le alcanzó a pegar en la parte del muslo izquierdo, (…). De acuerdo con la versión del sindicado la visibilidad hacia el sitio por donde transitaba el peatón es deficiente por cuanto las, se corrige el pasto existente en el sitio por donde salió el peatón obstaculizaba un poco la visibilidad. La distancia por donde circulaba el motorizado es de 4.30 metros en relación a la parte amplia de la vía o sea donde está la bahía y en relación al andén y matorral donde salió el peatón hay una distancia de 1.90 metros tomándose las medidas respectivas por personal del C.T.I., que auxilia la diligencia, en cuanto al sitio de impacto y sitio final de los protagonistas del hecho.

En cuanto al punto E) a establecer en la diligencia, se observa que existen tres señales de policías estáticos, señalando la existencia del puente peatonal, dos de ellos están ubicados sobre la acera derecha en sentido norte-sur, el otro sobre la autopista Bucaramanga — Florida[blanca] señalando el puente, aclarando que igual señal existe hacia la paralela oriental de la autopista, siendo en total cuatro señales, está señalada en la bahía aledaña al carril derecho, en sentido norte-sur la parada de bus, y hay una línea continua de demarcación de los dos carriles de color amarillo y muy borrosa en el momento. (…). Finalmente y presente en la diligencia el señor Alférez Carlos Bayona Ruiz, (…), a quien se le posesiona como perito, (…), a quien se le interroga de la siguiente forma. PREGUNTADO: Indique por dónde debe transitar un peatón que se disponga a cruzar procedente de la autopista, esta paralela en la que nos encontramos. CONTESTO: Por el puente peatonal, porque aquí está la señalización, en el sitio donde nos encontramos haciendo la inspección (…). Finalmente el despacho de oficio y en aras de poder en un momento dado valorar la credibilidad del testimonio de la señora Nohora Clemencia Sarmiento Sarmiento procede a trasladarse hasta el apartamento donde reside, para establecer la visibilidad que podía tener desde allí hasta el sector de los hechos, constatando que ésta es perfecta al sitio de los hechos” (fls. 147-152 c. 1) (resaltado fuera del texto original).

— Resolución proferida la Fiscalía General de la Nación - unidad de vida delegada ante los juzgados penales del circuito de Bucaramanga, el 2 de junio de 1998, a través de la cual se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra del señor Roque Julio Duarte Sánchez, de conformidad con las siguientes consideraciones:

“Atendiendo el espíritu de la norma anteriormente mencionada y la prueba allegada, consideramos que al momento actual no contamos con aquel indicio grave de responsabilidad de que nos habla la norma, sin duda está demostrada objetivamente la ocurrencia del hecho, es decir que indudablemente Pedro Manuel Barón López perdió la vida después de haber sido golpeado por la motocicleta que manejaba el sindicado, pero de ahí a sostener que está demostrada la responsabilidad culposa del incriminado hay un trecho, se vislumbra al momento la posibilidad de que los hechos hubieran tenido su desarrollo e inicio en la actividad claramente imprudente de la víctima, pues observemos cómo el testigo de los hechos joven Daniel Alberto Jaimes, nos habla de esta circunstancia, la cual es enfatizada por el sindicado en su injurada, al señalar que la víctima salió de forma intempestiva y rauda de entre unos matorrales que están en la vía (los cuales en efecto allí se encuentran conforme lo señala el registro fotográfico) y fue más allá su acto imprudente cuando no sólo intenta atravesar de esta forma sino que lo hace mirando sólo en un sentido de la vía desconociendo que esta paralela posee dos carriles con antagónicas direcciones, de conformidad con la declaración del testigo presencial de los hechos, el incriminado observaba las normas de tránsito, se desplazaba a una velocidad permitida, no cometía infracciones en el acto de la conducción y de acuerdo al examen de alcoholemia no conducía en estado de embriaguez, todas estas circunstancias aunadas nos están sin duda señalando que al parecer y mientras no aparezca prueba legalmente producida en contrario a esta debe dársele crédito a la versión del conductor sindicado, comoquiera que la prueba más fehaciente de la imprudencia del peatón no es otra diversa que omitir el uso del puente peatonal que se encontraba sobre él. Los puentes peatonales instalados en estas vías de gran flujo vehicular definitivamente imponen el deber al peatón de utilizarlos, no hacerlo es como reza la publicidad de la dirección de tránsito invitando a su utilización PONER EN RIESGO LA VIDA Y LA DE LOS DEMÁS, no se entiende cómo el peatón hoy occiso, con la existencia de un puente peatonal a tan escasos metros de su desplazamiento omite su utilización y prefiere lanzarse en forma temeraria hacia una avenida de tanta congestión máxime dada la hora pico en que ocurrió el accidente.

Observamos sí una infracción a las normas de tránsito en la cual incurre el sindicado al no poseer ni haber tramitado licencia de conducción, requisito formal que lo faculta para conducir, sin embargo esta infracción si bien es cierto es violatoria de las disposiciones contenidas en el artículo 17 del Código de Tránsito, no posee por lo menos hasta el momento nexo causal con el resultado lesivo, nos explicamos en el sentido de que la manifiesta infracción de tránsito nada tuvo que ver así parece demostrarlo la prueba con el accidente en el cual perdió la vida el peatón, la carencia de este documento por sí solo no está determinando la imprudencia ni la impericia ni la negligencia ni la transgresión a las normas propias de la actividad de la conducción, es por ello que consideramos que esta falencia del documento no posee nexo causal con el delito investigado” (fls. 113-117 c. 1) (se destaca).

— Resolución proferida la Fiscalía General de la Nación delegada ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga, grupo de vida, el 16 de abril de 1999, mediante la cual se decretó la preclusión de la investigación que se adelantaba en contra del señor Roque Julio Duarte Sánchez, por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo (fls. 183-194 c. 1).

— Oficio remitido por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, de fecha julio 29 de 1998, en el cual se señaló que:

“realizado el examen practicado al señor Julio Duarte Sánchez con c.c. 79.294.741 de Bogotá, pude constatar que tiene capacidad para conducir motocicleta” (fl. 120 c. 1).

c) Copia auténtica de la tarjeta de propiedad de la motocicleta involucrada en los hechos por los cuales se demandó, en la cual figura como propietaria la Fiscalía General de la Nación (fl. 22 c. 1).

d) Oficio 1859 remitido por la Fiscalía General de la Nación, el 2 de septiembre de 1999, en el cual relató lo siguiente:

“1. La motocicleta de placas ZZC 20, marca Suzuki es de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, conforme consta en la tarjeta de propiedad que se anexa para su conocimiento.

2. Mediante Resolución 2292 del 19 de septiembre de 1997, la dirección administrativa y financiera, asignó a la unidad de fiscalía delegada ante los jueces municipales de Floridablanca, la motocicleta Suzuki AX 100, tipo turismo, placa ZZC 20, la cual fue recibida por el jefe de Unidad de la citada Fiscalía, doctor Gilberto Suárez Otero.

3. El doctor Suárez Otero, en su condición de jefe asignó en forma verbal dicha motocicleta al funcionario Roque Julio Duarte Villamizar, quien se encargaba de realizar toda las diligencias de notificación, en su condición de secretario judicial I de la secretaría de notificaciones de la unidad de fiscalía delegada ante los jueces municipales de Floridablanca.

4. Roque Julio Duarte Villamizar, efectivamente se encontraba vinculado a la institución en el cargo de secretario judicial I, en marzo 26 de 1998” (fl. 18 c. 1).

e) De otra parte, conviene precisar que también obra la declaración rendida por el conductor de la motocicleta oficial, señor Roque Julio Duarte Sánchez dentro del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación; sin embargo dicha prueba no será valorada en este proceso, puesto que la misma se practicó sin la formalidad del juramento, frente a lo cual, la Sala, en forma reiterada, ha sostenido:

“En relación con la indagatoria practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración…, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio”(3) (negrillas adicionales).

2.2. Conclusiones probatorias.

Analizados los medios probatorios que integran el proceso, la Sala confirmará la decisión apelada, con fundamento en el razonamiento que a continuación se desarrolla:

De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra plenamente acreditado el daño reclamado por los demandantes, con ocasión de la muerte del señor Pedro Manuel Barón López el día 26 de marzo de 1998, en la Paralela Occidental al Bosque de la autopista que de Bucaramanga (Santander) conduce a Floridablanca (Santander), al ser atropellado por una motocicleta que pertenecía a la Fiscalía General de la Nación, la cual era conducida por el agente Roque Julio Duarte Sánchez, en sentido sur-norte.

Ahora bien, establecida la existencia del daño reclamado por las demandantes, aborda la Sala el análisis de causalidad con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, sí constituye deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada.

Respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el accidente, del análisis de los testimonios transcritos líneas atrás, la Sala concluye: i) que el día 26 de marzo de 1998, en la Paralela Occidental de la autopista que de Bucaramanga (Santander) conduce hacia Floridablanca (Santander), aproximadamente a las 2:00 de la tarde, el señor Pedro Manuel Barón López, al atravesar la avenida, fue arrollado por el funcionario de la Fiscalía General de la Nación, señor Roque Julio Duarte Sánchez, quien se desplazaba en una motocicleta de propiedad de la institución referida; ii) la avenida está conformada por dos carriles, de doble sentido; iii) el lugar de ocurrencia de los hechos era una zona urbana, en la cual se encontraba ubicado un puente peatonal, del cual no hizo uso la víctima directa.

De otra parte, el testimonio del señor Daniel Alberto Jaimes González da cuenta de la existencia de un puente peatonal cercano a la ocurrencia de los hechos, del cual omitió hacer uso el señor Pedro Manuel Barón López; lo anterior fue relatado en los siguientes términos: “El accidente fue debajo del puente peatonal, ahí encimita”.

De igual forma, la diligencia de inspección judicial practicada dentro del proceso penal adelantado contra el conductor de la motocicleta oficial, da cuenta de la existencia de una serie de señales —policías estáticos— las cuales indican la presencia de un puente peatonal en el lugar de ocurrencia del hecho dañoso.

A su turno, la señora Nohora Clemencia Sarmiento Sarmiento señaló que la víctima directa del daño “venía como diagonal mirando como hacia el Conjunto Trinitarios, él como que no miró, él miró de norte a sur, como decir de Provenza hacia Cañaveral, y enseguida aceleró el paso”.

En relación con el expediente penal, debidamente allegado a este proceso como prueba trasladada, se observa que el ente investigador penal encargado del asunto decidió abstenerse de proferir medida de aseguramiento contra el señor Roque Julio Duarte Sánchez y, de manera posterior, resolvió precluir la investigación adelantada en contra del referido servidor público, por considerar que la causa del accidente de tránsito, en el cual lastimosamente falleció el señor Pedro Manuel Barón López, la constituyó su propio actuar imprudente.

2.3. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación(4). 

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, en contra de la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. 

En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se han señalado como necesarios para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente: 

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—. 

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina: 

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida(5)

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual “no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”(6),toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación”(7), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto. 

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(8) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(9). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre. 

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si éste se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente. 

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...)

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(10).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(11).

2.4. Para el caso sub judice, el acervo probatorio obrante en el expediente no deja a la Sala duda alguna en torno a que el daño por cuya indemnización se demandó no resulta jurídicamente imputable a la administración actuante, toda vez que el proceder asumido por el señor Pedro Manuel Barón López reúne los elementos necesarios para entender configurada la eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima, la cual excluye la posibilidad de imputar el daño a la entidad demandada; ciertamente, en relación con el proceder del señor Barón López pueden entenderse concurrentes los tres elementos referidos en el presente proveído como necesarios para establecer la ocurrencia de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de la víctima: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad jurídica del hecho dañoso respecto de la autoridad accionada.

En cuanto al elemento de la imprevisibilidad, de las pruebas que reposan en el expediente se concluye que el proceder del señor Pedro Manuel Barón López constituyó un evento súbito y repentino para la administración pública, a la cual no resultaría jurídicamente admisible exigirle lo imposible, esto es anticiparse al designio personal e intempestivo que tuvo la víctima directa del daño, quien de manera imprudente omitió hacer uso del puente peatonal cercano al lugar de ocurrencia del hecho dañoso y, en su lugar, optó por atravesar a pie, por entre el tráfico vehicular, la pluricitada avenida; en torno al elemento consistente en la irresistibilidad, a juicio de la Sala el mismo también se encuentra presente en el caso objeto de estudio, habida consideración de lo intempestivo que resultó el actuar de la víctima directa en cuanto invadió, de manera repentina, el carril por el cual transitaba la motocicleta oficial, sin prever el peligro que significaba, para su vida e integridad física, el atravesar una vía, en un horario en que se encontraba muy transitada por vehículos de toda clase, por darse en horas del mediodía, teniendo a su alcance una estructura —puente peatonal— que fue instalada en la zona pluricitada, precisamente para evitar lamentables accidentes como el que ahora se estudia, desconociendo con la conducta asumida normas básicas de tránsito, entre las cuales se encuentran los artículos 109, 120 y 121 del entonces vigente Decreto-Ley 1344 de 1970, normas que a la letra rezan(12):

“ART. 109.—Toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, debe comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás, y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito; además observará las señales de control de tránsito que determine el Ministerio de Obras Públicas y coloque la autoridad competente.

“(...)

“ART. 120.—El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por el lado izquierdo fuera del pavimento o zona destinada al tránsito de vehículos, en las zonas rurales, salvo disposición en contrario del Ministerio de Obras Públicas, y en los perímetros urbanos, por las aceras.

“ART. 121.—El peatón al atravesar una vía lo hará por la línea más corta. Respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no viene ningún vehículo que ofrezca peligro para el cruzamiento.

Dentro del perímetro urbano el cruce deberá hacerse en las bocacalles, y por las zonas demarcadas, si las hubiere. 

“…..

“ART. 123.—Está prohibido a los peatones:

1. Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos” (negrillas y subrayas adicionales).

En conclusión, para la Sala se encuentra plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, la cual impide estructurar la imputación jurídica del daño causado a la entidad demandada, elemento éste indispensable para deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado.

Finalmente, esta Subsección estima conveniente destacar que si bien dentro del acervo probatorio se encuentra demostrado que el conductor de la motocicleta oficial, para el momento de ocurrencia del citado accidente de tránsito, no portaba consigo la respectiva licencia de conducción, lo cierto es que tal irregularidad no constituyó la causa determinante del daño por el cual se demandó, motivo por el cual, tal cargo esgrimido en el libelo introductorio de la demanda no tiene vocación de prosperidad.

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 20 de marzo de 2003, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

3. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, comoquiera que la providencia apelada será confirmada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativa, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 20 de marzo de 2003.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos A. Zambrano Barrera—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez. 

(1) El término de fijación en lista venció el día 11 de enero de 2000, según constancia secretarial obrante a folio 44 del cuaderno 1, mientras que la contestación de la demanda se presentó el día 17 de enero de 2000.

(2) En este sentido se pronunció la Sala en Sentencia de 2 de mayo de 2002, exp. 13.247, Sentencia de 22 de abril de 2004, exp.15.088, Sentencia de diciembre 4 de 2006, exp. 15.723 y de 23 septiembre de 2009, exp. 17.532, entre muchas otras decisiones.

(3) Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997, exp. 9666 y del 8 de febrero de 2001, exp. 13.254, entre muchas otras.

(4) En este mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, sección tercera, sentencias proferidas el 11 de febrero de 2009, exp. 17.145 y del 28 de abril de 2009, exp. 18.562, entre muchas otras.

(5) Nota original en la sentencia citada: ROBERT, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19.

(6) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.

(7) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.

(8) Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(9) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 26 de enero de 1982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, exp. 16.530.

(11) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, Págs. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia de mayo dos (02) de dos mil siete (2007), exp. 190012331000199800031 01; rad. 24.972.

(12) Decreto-Ley 1344 de 1970 (vigente para la época de los hechos), el cual fue derogado por la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.