Sentencia 1999-00280 de diciembre 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 54001-3103-006-1999-00280-01

Magistrado ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Discutido y aprobado en Sala de veintitrés de octubre de dos mil doce.

Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El ad quem, en su fallo, desechó las pretensiones de la actora habida cuenta de no encontrarla legitimada para perseguir el recaudo de los dineros que una compañía de seguros pagó a la demandada, como indemnización por el siniestro —daño— acaecido respecto de la planta térmica de generación de energía eléctrica de Tasajero, y por cuanto no encontró configurados los elementos propios del enriquecimiento sin causa.

Así las cosas, atendiendo las características de la controversia judicial, la Corte centrará su estudio en dos aspectos basilares, los efectos de los contratos frente a terceros y el enriquecimiento sin causa, en pos de averiguar si le asiste o no razón al casacionista, o si por el contrario, el tribunal acertó en su decisión. En otras palabras, se averiguará si la sociedad actora tiene o no alguna injerencia en la relación contractual de aseguramiento que la pasiva celebró con La Previsora S.A., o si dicho negocio surte efectos frente a aquella, y en qué medida puede pretender válidamente un reconocimiento sobre la indemnización cancelada por la aseguradora.

a) El contrato —“acuerdo dispositivo de intereses para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas” (Sent. Cas. Civil de 1 de julio de 2008, exp. 06291-01)— celebrado con plena observancia de las exigencias legales, formales y materiales, constituye fuente de obligaciones (C.C., art. 1494) para quienes concurren a su celebración, es decir, tiene fuerza vinculante para las partes (art. 1602 ídem, res inter alios acta), y en línea de principio, no produce efectos respecto de terceros, abstracción hecha de determinados supuestos fácticos consagrados en el ordenamiento jurídico (res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse postest).

En tal sentido, “parte, estricto sensu, es el titular del derecho, rectius, interés constitutivo del acto dispositivo, independientemente de su celebración por sí o por conducto de otra persona (G.B. Ferri, Parte del negozio, Enciclopedia del diritto, vol. XXI, Milano, Giuffré, 1981, pp. 901 ss.) y, a contrario sensu, tercero, por exclusión, es el sujeto extraño o ajeno al interés dispuesto en virtud del negocio jurídico.

“El contrato, en efecto, es norma, precepto o regla negocial vinculante de las partes, únicas legitimadas para deducir o controvertir los derechos y prestaciones derivados de su existencia, a diferencia de los terceros, respecto de quienes, ni los perjudica, ni los favorece (res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse postest), es decir, el principio general imperante es el de la relatividad de los contratos cuyo fundamento se encuentra en la esfera de la autonomía privada, la libertad contractual y la legitimación dispositiva de los intereses de cada persona” (Sent. Cas. Civil de 1 de julio de 2008, exp. 06291-01).

Sin embargo, en precisos eventos el contrato proyecta sus consecuencias a terceros (penitus extranei), lo cual no constituye un rompimiento ni infravaloración de la res inter alios acta, sino el reconocimiento de que “no es extraño que los contratantes, en ejercicio de semejante posibilidad de autodeterminación, desconozcan unos mínimos parámetros de rectitud y lealtad, especialmente frente a sus acreedores, desbordando los límites que emergen de sus derechos. Justamente, en esas eventuales desviaciones, anida o yace la bondad de algunas medidas tendientes a neutralizar conatos de fraude por parte del deudor, o los intentos deliberados de ahondar su insolvencia afectando las obligaciones insolutas, atendiendo que, sin duda alguna, hipótesis de tal temperamento ponen en entredicho la garantía de los acreedores, pues clarificado está que la prenda general de sus derechos es su patrimonio. Y, precisamente, aquellas situaciones en donde campea a plenitud la libre y espontánea voluntad de los interesados en acordar una manera particular de vinculación contractual, no emerge absoluta y si bien, en línea de principio, como ya se reseñó, la determinación de los contratantes goza de la garantía legal de que los terceros no pueden entrometerse, tal prerrogativa se desvanece frente a no pocos eventos en los que los estipulantes desvían su proceder, asumiendo conductas reprochables; instante en que dejan de gozar de alternativa semejante y, subsecuentemente, abren puertas para que se revisen los actos o negocios celebrados con el fin de reivindicar valores de mayor jerarquía como la lealtad y buena fe, entre otros, que pudieran resultar menoscabados. Desde luego, según se vio, esta fisura al régimen de contratación no implica una patente de corso a cualquier tercero para involucrarse más allá de lo necesario en cuanto a dejar a buen recaudo sus intereses o, dado el caso, las buenas costumbres o el orden público” (Sent. Cas. Civil de 25 de enero de 2010, exp. 01041-01).

Entonces, resulta palmario que la relatividad del negocio jurídico se ve permeada por especialísimas circunstancias; luego, por vía de excepción, es posible la afectación de un tercero por los pactos celebrados entre otros sujetos alrededor de un determinado contrato, lo que le autorizaría a involucrarse en el mismo o, cuando menos, adelantar acciones tendientes a morigerar sus consecuencias; lo que quiere decir que, “de ordinario, los efectos del negocio jurídico son plenos entre las partes y no respecto de terceros, cuyos intereses escapan a la esfera dispositiva de las partes, careciendo de eficacia, en sentido negativo o positivo, salvo en las precisas situaciones fácticas disciplinadas por el ordenamiento (estipulación por otro, contrato a favor de terceros, etc.); la cesión de créditos y de contrato de prestaciones correlativas, es inoponible al deudor y a la contraparte por ausencia de notificación y, en su caso, de aceptación (C.C., arts. [1959] y ss.); el pacto de reserva de dominio al tercero de buena fe adquirente del bien mueble (C.C., arts. 1931 y 1933); el pacto fiduciario a terceros (C.C., (1) art. 1759); el “pacto secreto, privado, reservado, simulado” a terceros adquirentes del titular aparente (C.C., art. 1766); las decisiones adoptadas por la asamblea o junta general de socios que no tengan carácter general, son inoponibles a los socios ausentes o disidentes (C. Co., arts. 188 y 190), y en general, el negocio no conocible por terceros, usualmente, por omisión de la publicidad exigible (C. Co., arts. 901, arts. 29, 112, 121, 158, 190, 188, 196, 300, 313, 366, 499, 510, 528, 843, 894, 953, 1186, 1208, 1320, 1333 y 1573; D. 1250/70, arts. 2º y 44)” (Sent. Cas. Civil de 1 de julio de 2008, exp. 00803-01).

Para el contrato de fiducia mercantil se ha señalado que, “la posición jurídica del beneficiario interesado a cuyo favor se estipula el beneficio de la finalidad fiduciaria determinada por el constituyente, es la de tercero, (…) [a quien] el ordenamiento jurídico extiende su legitimación, otorgándole ciertos derechos, facultades y acciones, usualmente reservados a las partes del acto dispositivo; así, le confiere “además de los derechos que le conceden el acto constitutivo y la ley”, los de “[e]xigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas”, impugnar sus actos anulables en los casos legales y exigir la restitución de los bienes fideicomitidos, oponerse a medidas cautelares o de ejecución contra éstos o por obligaciones que no lo afectan si no lo hace el fiduciario, solicitar su remoción por causas justificadas y el nombramiento provisional de administrador (C. Co., art. 1235), demandar el inventario de los bienes recibidos (art. 1231, ibíd.) y también impone al fiduciario el deber de rendirle cuentas comprobadas de su gestión (art. 1234, num. 8º, ejusdem), previendo su remoción cuando sus intereses resultan incompatibles (C. Co., art. 1239, num. 1º) y la extinción del contrato, entre otras causas, por muerte del beneficiario si así se acordó (art. 1240, ídem” (Sent. Cas. Civil de 1 de julio de 2009, exp. 00310-01); inter alia.

b) El principio del enriquecimiento sin causa (unjust enrichment; enrichissement sans cause; ungerechtfertigte Bereicherung; L”Arrichimento senza causa), originado en el Derecho Romano, encuentra plenitud conceptual en el aforismo de Pomponio —recogido en el Digesto 50.17.206—, según el cual “por derecho natural es equitativo que ninguno se haga más rico con detrimento de otro y con injuria” (Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem), o en palabras del mismo jurisconsulto, “es de justicia natural que nadie se enriquezca a costa de otro” (Nam hoc natura aequam est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem, Digesto 12.6.14), y ha sido recibido desde la antigüedad por diversos sistemas jurídicos.

Autorizada doctrina reporta las condictiones romanas —remedios otorgados para corregir determinadas injusticias derivadas de actos válidos— como manifestaciones originarias de la institución bajo estudio, particularmente, la condictio ob causam datorum o condictio causa data causa non secuta, establecida para los casos de disminución patrimonial a causa de una promesa o condición futura y lícita que no se llegaba a cumplir, o por una prestación derivada de un contrato real innominado que no se satisfizo; la condictio indebiti, otorgada a aquel que pagaba por error una deuda inexistente; la condictio ob turpem causam, instaurada para los eventos en que se había efectuado o prometido una prestación con causa inmoral; la condictio ob iniustam causam, aplicable cuando la prestación satisfecha no contradecía la moral pero sí al derecho, y la condictio sine causa, para todas las demás situaciones de desequilibrio patrimonial inequitativo —dentro de la que encajaba la actio de peculio o in rem verso, en principio concebida para aquellos que contrataban con un alieni iuris no autorizado por el pater familias, pero con el paso de los siglos considerada como el remedio “universal para corregir el enriquecimiento sin causa”— (J. Fábrega P., El enriquecimiento sin causa, Ed. La Estrella de Panamá, 1955).

El ordenamiento jurídico patrio, como integrante del sistema romano germánico, acogió algunas de las condictiones incorporándolas al Código Civil (tal es el caso de los artículos 2313 y siguientes que disciplinan el pago de lo no debido —condictio indebiti—, y 1747, contentivo de la actio in rem verso en su sentido primitivo), pero no reguló de manera general la figura sub examine sino hasta la aparición del Decreto 410 de 1971. Ciertamente, antes de la entrada en vigencia del Código de Comercio, los asuntos que perseguían la declaratoria del enriquecimiento sin justa causa eran desatados —vía judicial— con base en los artículos 4º, 5º, 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, mientras que a partir de aquel se empezaron a analizar desde la perspectiva de su artículo 831, según el cual, “[n]adie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”, norma que estatuyó el principio expresamente, aunque de manera excesivamente escueta —en contraste al detalle con que el Código Civil Italiano de 1942 (artículos 2041 y 2042), inspirador de la compilación mercantil colombiana, regula la figura y la acción que de ella se deriva—.

No obstante lo anterior, es decir, a pesar del tardío reconocimiento explícito de la institución, la jurisprudencia de la Corte, además de abundante, ha sido pacífica en cuanto a la ocurrencia, regulación y corrección del desequilibrio inequitativo que el enriquecimiento sin causa genera, encaminándose “a prevenirlo o corregirlo (…) con preocupación justísima y creciente, de suerte que en la actual es mucho mayor la amplitud de las acciones o recursos de esa clase que la que hubo entre los romanos, por ejemplo, sin desconocer cómo ellos establecieron los varios de que son muestra la excepción y también acción de dolo, la condictio, en sus múltiples conceptos, etc.” (Sent. Cas. Civil de 19 de septiembre de 1936, G.J. 1918, p. 435).

En efecto, para la prosperidad de la acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, desde siempre se ha exigido la producción de un enriquecimiento, ventaja, beneficio o provecho acaecido por el aumento del patrimonio —lucrum emergens— o la ausencia de su disminución —damnum cessans—; un empobrecimiento correlativo; que la ganancia —o ausencia de mengua— carezca de una causa justa, y que el afectado no cuente con otros mecanismos para la satisfacción de su pretensión; o lo que es igual, “[l]a acción de in rem verso no puede prosperar ni tiene cabida con el solo hecho de que haya enriquecimiento de un lado, sino que necesita que haya empobrecimiento del otro, y no basta la existencia de estos dos factores, sino que se requiere su conjunción; más todavía, aun mediando ambos y relacionándose entre sí, puede no producirse, ya porque haya habido ánimo de liberalidad que excluye el cobro ulterior, ya porque la ley confiera acciones distintas, que naturalmente excluyen esa, meramente subsidiaria, o autorice el enriquecimiento en referencia, como sucede v. gr. con la prescripción, con la prohibición de repetir lo dado por causa ilícita, o en relaciones como la de que es ejemplo la del artículo 1994 del Código Civil. Al hablarse de ese enriquecimiento se agrega “sin causa”, lo que claramente indica cómo no pueden englobarse dentro de los casos de él aquellos en que sí es causado, como por ejemplo, los de prestaciones nacidas de contratos, a que ya se aludió” (Sent. Cas. Civil de 19 de septiembre de 1936, G.J. 1918, p. 435).

Así lo reconoció la corporación al consolidar su pensamiento sobre la materia cuando indicó que:

“A falta de una fórmula dogmática en nuestro Código Civil, como existe, tanto en las legislaciones suiza y alemana como en las posteriores a éstas, relativa al enriquecimiento sin causa, fuente de obligaciones, la jurisprudencia (entre nosotros con apoyo en los artículos 5º, 8º y 48 de la Ley 53 de 1887. Consúltense las sentencias de 19 de agosto y 19 de septiembre de 1935, las cuales contienen esta misma teoría), y la doctrina se han encargado de establecer su fundamento, delimitando el ámbito de su dominio y aplicación y precisando sus elemento constitutivos.

“El enriquecimiento sin causa estriba en el principio general de derecho de que nadie puede enriquecerse torticeramente a costa de otro.

“Los casos especiales de enriquecimiento sin causa contenidos en nuestro Código Civil, notoriamente en lo referente al pago de lo no debido, no destruyen la unidad de esta noción de derecho, fuente de obligaciones, por cuanto que las aludidas normas de aquella obra divergen sólo en las particularidades de esos casos.

“Cinco son los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, sin cuya reunión no puede existir aquél, a saber:

“1. Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no sólo en el sentido de adición de algo sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.

“2. Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento.

“Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de aquél.

“Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio.

“El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.

“3. Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica.

“En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.

“4. Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos.

“Por lo tanto, carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia

“5. La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.

“El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un daño pero no el de indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado” (Sent. Cas. Civil de 19 de noviembre de 1936, G.J. 1918, p. 474).

El planteamiento jurisprudencial traído a colación ha perdurado a lo largo de los tiempos, siendo copiosa su aplicación en las decisiones de la Sala; es así como en reciente fecha, memorando el decurso de la institución, se expuso:

“Hay que precisar, a ese respecto, que la jurisprudencia fundacional de lo que hoy es el querer de la ley, se orientaba a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufría mengua, mientras otro acrecía sus haberes en la misma medida, sin que existiera una razón que explicara esa alteración, caso en el cual se imponía al juez el deber de adoptar los correctivos necesarios en procura de que se restableciera la equidad.

“Justamente, acerca de esta materia, la Corte ha destacado que “el enriquecimiento sin causa, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia, constituye una pretensión en sí misma considerada, que requiere su encausamiento por medio de una demanda que da origen al proceso jurisdiccional correspondiente.

“… la… pretensión planteada en el recurso extraordinario relativa al enriquecimiento sin causa, tal y como ha sido estructurada por la jurisprudencia nacional e internacional, reclama como uno de sus elementos definitorios e integradores, “que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de la acción in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El deberá sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia”, doctrina ésta que no hace más que reiterar el anunciado carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin causa —o injustificado—, no solamente con arraigo en la esfera patria, sino también en el derecho comparado, en general, como se acotó, en el que se tiene establecido que la acción en comento es un típico “remedio supletorio”, a fuer de “extraordinario” y, en modo alguno, una vía paralela encaminada a suplir —o a subvertir— los recursos y los procedimientos fijados con antelación por el ordenamiento jurídico. Y mucho menos un camino expedito para corregir los errores o las omisiones en que incurrió el demandante con antelación, pues como lo realzó esta corporación hace un apreciable número de lustros, “…carece igualmente de la acción el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho” (Sent. de Cas. del 1º de noviembre de 1918).

“En este sentido, la doctrina ciertamente es elocuente. A este respecto, el profesor Luis Josserand, puntualizó que, a lo expresado “…hay que añadir que la acción de “in rem verso” se rehúsa también a quien perdió, por su culpa o por su hecho, otro medio de derecho; este deberá sufrir las consecuencias de su negligencia o de su imprudencia;… la acción de in rem verso, no pretende otra cosa que conjurar un hundimiento del orden jurídico que hubiera podido asegurarse bajo el égida de otra acción,…” (Derecho Civil, T. II, Vol. I, Edit. Bosch, Barcelona, 1950, pág. 460)” (Sent. Cas. Civil de 10 de diciembre de 1999, exp. 5294).

“Con posterioridad reiteró “…la más notable de las características de la acción de enriquecimiento incausado, cual es la de la subsidiariedad. Todo el mundo conoce que dicha acción se abre paso sólo en la medida en que no haya otro remedio que venga en pos del empobrecido. En otros términos, la vida de esta acción depende por entero de la ausencia de toda otra alternativa. Subsecuentemente, en el punto no es de recibo la coexistencia de acciones” (Sent. Cas. Civil de 11 de enero de 2000, exp. 5208).

“Luego, tuvo la oportunidad de precisar que “…la estructuración doctrinal del enriquecimiento injusto, producto de la investigación científica del derecho, hizo que se le incluyese como fuente obligacional al lado de las que tradicionalmente se definían en las leyes, lo que sin duda da trazas visibles de una cierta soberanía.

“La independencia y autonomía descritas arrojan la fúlgida conclusión de que en esta especial acción es de la incumbencia del actor demostrar que el patrimonio del demandado obtuvo “algo”, y que esa obtención de la ventaja ha costado “algo” en el patrimonio suyo, de modo —que ha— de establecerse una conexión indubitable entre el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos. Más elípticamente, probar que la ventaja del demandado derivó de la desventaja del actor” (Sent. Cas. Civil de 25 de octubre de 2000, exp. 5744).

“Y más recientemente recalcó que “en jurisprudencia reiterada desde tiempo atrás ha sostenido esta corporación que la acción de enriquecimiento sin causa tiene cabida siempre que se den ciertas condiciones, como lo señaló el mismo recurrente. Estas son: que se haya producido un enriquecimiento, un empobrecimiento correlativo, que ese enriquecimiento carezca de una causa justa y que no tenga el afectado ningún otro medio para obtener la satisfacción de su pretensión por cuanto la acción in rem verso tiene carácter subsidiario.

“…Por otra parte, esta corporación ha sostenido que la acción in rem verso a que da origen el enriquecimiento injusto únicamente procede cuando el demandante carece de cualquier otra acción, dada su naturaleza subsidiaria o residual, sin que pueda impetrarse en los eventos en que, como en el caso en estudio, existe de por medio un contrato que sirve de título al desequilibrio patrimonial entre las partes.

“La Corte en relación con este tema ha dicho de tiempo atrás que “para que sea legitimada en la causa la acción in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquier otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o las que brotan de los derechos absolutos”, y que “…es preciso que el enriquecimiento no haya tenido ningún otro medio para obtener satisfacción, puesto que la acción de in rem verso tiene un carácter esencialmente subsidiario”. (G.J. Tomo XLIV, pág. 474, XLV, pág. 29 y Sent. 053 de 22 de febrero de 1991). En el mismo sentido se pronunció la Corte en sentencia 124 de 10 de diciembre de 1999” (Sent. Cas. Civil de 28 de agosto de 2001, exp. 6673).

“También ha dicho “en cuanto al enriquecimiento injusto, fuente que es, como bien se sabe, de obligaciones, y que tiene lugar cuando independientemente de toda causa jurídica se presenta el desplazamiento o disminución de un patrimonio a expensas de otro, de largo tiempo atrás doctrina y jurisprudencia han determinado sus elementos integrantes, cuales son el aumento de un patrimonio y un empobrecimiento correlativo, amén de la carencia de causa o fundamento jurídico que justifique tal desplazamiento patrimonial, factores estos entre los cuales —y asunto es por cierto que salta a la vista—, es el último de los enunciados el que informa la figura y recoge el principio general de que nadie puede enriquecerse torticeramente a costa de los demás, a lo que ha de agregarse que para estos efectos debe entenderse por causa, no aquella a que se refiere el artículo 1524 del código civil, sino la preexistencia de una relación o vínculo jurídico entre el enriquecedor y el empobrecido que justifique el movimiento patrimonial. (Cas. 27 de marzo de 1939, XLVIII; 9 de junio de 1971; 26 de marzo de 1958).

“Por lo demás, a los elementos atrás enunciados han sido incorporadas aún otras dos condiciones, que más que componentes de la figura son requisitos para ejercer la acción a que da origen el fenómeno del enriquecimiento ilícito, como son: que ella no se intente contra disposición imperativa de la ley y que, dado su carácter netamente subsidiario, no se haya contado con otro medio para obtener satisfacción por la lesión injusta que le ha sido ocasionad” (Sent. de Cas. de 21 de mayo de 2002, exp. 7061).

“En el mismo sentido, es bueno recordar que “sobre la acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, de antaño la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado los requisitos que la estructuran, e invariablemente los ha considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes, y por lo tanto todos deben estar presentes para que esa acción pueda resultar exitosa.(2) (…) Dicha jurisprudencia ha sido reiterada en múltiples oportunidades como dan cuenta, entre otras, la gacetas judiciales XLVIII pág. 130, L pág. 40 y LXXXI pág. 731; y en el mismo sentido pero especialmente en torno al carácter subsidiario de la acción, más recientemente en la Sentencia 124 de 10 de diciembre de 1999 y en la sentencia de 28 de agosto de 2001, expediente 6673” (Sent. de Cas. de 7 de junio de 2002, exp. 7360).

“Todo para hacer hincapié en que “desde el año 1935 esta Corporación en forma coincidente ha dicho que los requisitos estructurales de la actio in rem verso son acumulativos, debiendo concurrir todos para el éxito de la acción y dentro de las exigencias está la de que el envilecimiento patrimonial del demandante, nacido del enriquecimiento del demandado sea injustificado, es decir, que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no tenga una causa jurídica y, además, que el demandante para recuperar su bien carezca de cualquier otra acción originada por las fuentes legales” (Sent. de Cas. de 18 de julio de 2005, exp. 1999-0335-01).

“En tal acción, pues, subyace un imperativo moral, como que el ordenamiento jurídico no quiere patrocinar el acrecimiento económico de un sujeto a expensas de otro, cuando no existe ningún fundamento jurídico que lo justifique, postulado que encaja, desde luego, con la necesidad de dar a cada quien lo suyo, esto es, lo que verdaderamente le corresponde de acuerdo con los principios de justicia y equidad”. (Sent. Cas. Civil de 7 de octubre de 2009, exp. 00164-01).

En síntesis, la acerada jurisprudencia en materia de enriquecimiento sin causa exige, tanto en materia civil como mercantil, que un individuo obtenga una ventaja patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlación y correspondencia, es decir, que se observe un nexo de causalidad, que uno se deba a u origine en el otro; que el desplazamiento patrimonial se verifique sin causa jurídica que lo justifique, o lo que es igual, que la relación patrimonial no encuentre fundamento en la ley o en la autonomía privada; que el afectado no cuente con una acción diversa para remediar el desequilibrio; y, que, con el ejercicio de la acción no se pretenda soslayar una disposición legal imperativa.

2. En el caso analizado, como se recordará, el tribunal dilucidó el conflicto a partir de considerar que la parte actora no tenía ningún vínculo en el contrato de seguro ajustado entre la Previsora S.A. y la hoy demandada, sociedad que, para esa época, fungía como arrendataria de la Central Térmica de Tasajero; y no lo tenía pues no era tomadora ni beneficiaria, luego, siguiendo los lineamientos del referido acuerdo, acaecido el siniestro, la indemnización debía pagarse a la beneficiaria y así se dispuso por la aseguradora. Pretender algún derecho de esa relación, según los planteamientos del fallador, desbordaba la potestad o facultad legal de la demandante. Amén de ello, razonó el ad quem, no se encontraron presentes los elementos jurisprudenciales y legales para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa.

Por su parte, la censura señala que el colegiado de segunda instancia:

a) Omitió apreciar algunas probanzas, lo cual le impidió tener por demostrado que la Central Térmica estuvo paralizada entre el 28 de septiembre de 1996 y el 4 de agosto de 1997; que el 21 de enero de 1997, la actora asumió el manejo de la planta; que la reparación de los equipos fue efectuada por Termotasajero S.A. cuando éstos ya se encontraban en su poder; que la demandante como nueva propietaria de la central, al haberla recibido el 21 de enero de 1997, padeció un lucro cesante (ICO); que Termotasajero S.A. asumió el pago proporcional de algunas primas de los contratos de seguro, cuya cesión no le fue efectuada por CENS, y participó en la formulación de la reclamación por el siniestro para cobrar la indemnización; que la convocante recibió un anticipo por cuenta de las reparaciones que asumió; que CENS estuvo de acuerdo en compartir, proporcionalmente, la indemnización recibida de la Previsora S.A., buscó la colaboración de la convocante para sustentar la reclamación ante dicha aseguradora, y una vez obtenida la indemnización dilató el pago a Termotasajero S.A.

b) Apreció indebidamente la transacción suscrita entre la impugnante y la Nación, lo que le impidió percatarse de que el objeto del presente litigio no fue transado.

3. Con respecto a los yerros fácticos por indebida valoración probatoria atribuidos al Tribunal, encuentra la Sala que, pese a la laboriosa y delicada estructuración de la impugnación y a los respetables argumentos que en ella se esgrimen, carecen de entidad —existencia, evidencia, notoriedad o trascendencia— para quebrar el fallo atacado.

En efecto, el ad quem asentó en su providencia que, entre la Nación y CENS existió un contrato de arrendamiento “el cual terminó el 10 de febrero de 1997”, en cuya vigencia se presentó el siniestro amparado por la póliza U0240046; que como consecuencia de la realización del riesgo asegurado, la planta de generación eléctrica, objeto de la relación de tenencia, “tuvo que ser parada entre el 26 de septiembre de 1996 y el 4 de agosto de 1997” (fl. 65, cdno. de 2ª instancia); que estando aún arrendada, la central térmica fue transferida por el Estado a Termotasajero S.A. “a título de aporte” al capital social, y que “al momento de realizarse el aporte de la planta enrostran todas las pruebas que militan en el proceso ésta se encontraba fuera de servicio por el daño amparado con la póliza muchas veces mencionada, y en tal estado Termotasajero S.A., igualmente conocedora de esta situación, aceptó sin reparos el aporte” (fl. 66; subrayas fuera de texto).

De los pasajes transcritos se colige sin lugar a dudas que el juzgador no sólo se percató de la realización del riesgo asegurado, cubierto por la póliza U0240046, sino también de que el mismo condujo a la parálisis de la planta de generación eléctrica en un periodo determinado de tiempo (26 de septiembre de 1996 al 4 de agosto de 1997), durante y con posterioridad a la vigencia del contrato de arrendamiento (terminado unilateralmente por la Nación el 10 de febrero de 1997), y que la actora recibió el bien fuera de funcionamiento; razones más que suficientes para desestimar la comisión de las equivocaciones que se le endilgan y concluir que siempre tuvo presente la ausencia de reparación de la maquinaria por parte de la pasiva, con base en, se reitera, “todas las pruebas que militan en el proceso”.

Adicionalmente, recuérdese que no es necesario un pronunciamiento expreso sobre cada una de las evidencias obrantes en el plenario para tenerlas por observadas, esto es, si de la motivación y línea argumentativa del juez de instancia se puede extraer que no perdió de vista ninguna evidencia, no resulta viable acusarlo de haber pretermitido la apreciación física de los medios demostrativos (Sent. Cas. Civil 095 de 27 de julio de 2007, exp. 00718-01)(3).

Del sub examine, no surge palmario ni resulta evidente que la autoridad denunciada haya pasado por alto que la planta fue reparada por la actora, quien incurrió en unos gastos que en alguna medida fueron reconocidos por CENS; que Termotasajero S.A. colaboró con la demandada de cara a efectuar la reclamación por el siniestro ante la Previsora S.A.; que hubo unas aproximaciones entre convocante y convocada para compartir la indemnización pagada por la aseguradora, y que aquella no recibió en servicio la central. Por el contrario, brota sin lugar a dudas que ninguno de estos episodios resultó suficiente para acreditar que a la demandante le asistía algún derecho a reclamar parte de la indemnización que recibió la otrora arrendataria, toda vez que “es extraña a la relación contractual [de aseguramiento] (…) y no puede entenderse bajo ninguna figura que por haberse aportado la planta a su favor se pueda pensar por vía de equivocación que el pago del siniestro queda incluido”, y en consecuencia, “con todas las pruebas que existen en el proceso” no es posible “por la vía invocada por el demandante transformar la relación jurídica para condenar a CENS”, habida cuenta de que las sumas percibidas por esta no le generaron un empobrecimiento correlativo a su contraparte (fl. 66).

Análogamente, no se aprecia que los pagos proporcionales por primas de seguro que la nueva propietaria de la termoeléctrica hizo a favor de la antigua tenedora, correspondan necesariamente a la póliza afectada por el siniestro —U0240046—, y si así lo hicieran, esto no desvirtúa o hace contraria a la lógica la apreciación del tribunal en el sentido de que Termotasajero S.A. carece de legitimación alguna para pretender una indemnización derivada de un contrato de seguro del cual no es parte.

Tampoco se observa una indebida apreciación del contrato de transacción suscrito entre la Nación y la actora (fls. 615 a 634, cdno. 1C), pues el juzgador no insinuó siquiera que el resarcimiento que se pretende en el presente litigio hubiese sido objeto de dicho negocio jurídico, limitándose a señalar que del mismo se desprende la “situación de la paralización de la planta”, y tampoco se apoyó en éste para negar las pretensiones del libelo, por el contrario, tomó su decisión “sin entrar (…) a considerar la transacción” (fl. 66, cdno. 2ª instancia).

4. Ahora bien, si se aceptase en gracia de discusión la ocurrencia de los yerros endilgados al fallo de segunda instancia, estos, como se anticipó, carecen de notoriedad o evidencia, razón por la cual la providencia impugnada continuaría manteniéndose incólume, habida cuenta de que el “error de hecho para que se estructure, además de trascendente, es decir, que sea el determinante de la decisión final, lo tiene dicho la jurisprudencia, debe ser “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (…)” (G.J. Tomo LXXVII, pág. 972)” (Sent. Cas. Civil de 12 febrero de 1998, exp. C-4730; subrayas fuera de texto); en otras palabras, para que un error de hecho se abra paso en casación, debe ser manifiesto, burdo, notorio, ostensible, de existencia inobjetable e indudable, al punto que la apreciación probatoria que sugiera el casacionista sea la única posible, y por ende, haga aparecer la de la sentencia como arbitraria, caprichosa e ilógica.

Sobre el particular, en lo que respecta al contrato de seguro celebrado entre CENS y la Previsora, contenido en la póliza U0240046 (fls. 48 a 57, cdno. 1 A, y 112 a 115, cdno. pruebas demandada), encuentra la Sala que corresponde a un seguro de daños cuyo tomador, asegurado y beneficiario era la demandada, tal como lo avizoró el tribunal y lo han reconocido las partes; amparaba el daño emergente y el lucro cesante que CENS soportara como consecuencia de la “destrucción o (…) rotura de maquinaria”; fue afectado como consecuencia del siniestro acaecido alrededor del 26 de septiembre de 1996 (fl. 111, cdno. pruebas demandada), y en desarrollo de lo allí pactado la aseguradora pagó a la demandada las sumas que en el sub lite pretende la actora a título de enriquecimiento sin causa.

El negocio jurídico en cuestión se suscribió en cumplimiento del numeral 16 de la cláusula 5ª del convenio de arrendamiento signado entre la Nación —para entonces propietaria de la planta— y la demandada, según el cual la última “en su condición de arrendatario (…) se obliga a: (…) 16. Constituir a favor de CENS una póliza que ampare el daño emergente y el lucro cesante de la planta, que la proteja en el evento de presentarse un daño en la misma, por fuerza mayor o caso fortuito” (fls. 244, 245, cdno. 1; 67 y 68, cdno. pruebas demandada).

De lo anterior se desprende que la suma de dinero transferida por la citada compañía de aseguramiento a la demandada, tuvo su fuente en el contrato y solamente afectó el patrimonio de aquella, en la medida en que tuvo que salir a resarcir —en ejercicio del giro ordinario de sus negocios— los perjuicios que el siniestro causó a la beneficiaria del contrato de seguro. En palabras del Tribunal, “la Previsora S.A. aceptó la reclamación de CENS al encontrarla debidamente probada, por la ocurrencia del daño” y “el desplazamiento patrimonial que hubo [fue] entre” estas dos empresas (fl. 66, cdno 2ª instancia).

Esta conclusión no se ve afectada por las pruebas que se reputan inapreciadas, pues ninguna de ellas, individual o colectivamente consideradas, permiten inferir que a la demandante le corresponde una porción de la indemnización derivada de un contrato de seguros que, en su condición de tercero ante el ligamen jurídico, ni la perjudica ni la favorece (res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse postest). Los pactos, pagos, conversaciones y hechos que las evidencias en controversia permitirían acreditar, no resultan relevantes para determinar el destinatario de la compensación monetaria, toda vez que el mismo se encuentra claramente estipulado en la póliza respectiva, ni mucho menos corresponden a aquellos eventos —atrás iterados— en los que la ley y la jurisprudencia han considerado que se puede resquebrajar o exceptuar “la garantía legal de que los terceros no pueden entrometerse” en los actos dispositivos de la voluntad de otros; dichas probanzas, a lo sumo, permitirían inferir que entre CENS y Termotasajero S.A. existió algún tipo de convenio que el segundo considera incumplido, pero que por su sola constatación excluiría la vía escogida para la reclamación de los derechos que de él pudiesen derivarse.

Por otra parte, desde la perspectiva del enriquecimiento sin causa o injustificado, encuentra la Corte que, de las pruebas, cuya deficiente observancia constituye el núcleo del reproche en esta sede, no se derivan los requisitos para la prosperidad de la actio in rem verso, en razón a que se echa de menos, entre otros, que el aumento o ganancia del patrimonio de la pasiva haya sido a expensas del de la actora, pues se insiste, el patrimonio disminuido con el pago de la indemnización fue el de la compañía de seguros. En tal sentido, no se encuentra acreditado que la posible mengua patrimonial de Termotasajero S.A. se relacione con el incremento en los haberes de CENS; por el contrario, existe material probatorio suficiente para entender que el origen último del detrimento posiblemente sufrido por la demandante al sufragar los costos de la reparación fue haber aceptado o recibido —a título de aporte— la maquinaria fuera de servicio.

En consonancia con lo expuesto, y abstracción hecha de cual sociedad, si la demandada o la demandante, detenta la legitimación para recibir la indemnización de conformidad con el contrato de seguro, no puede señalarse que la primera se hubiera prevalido del interés asegurable de la segunda para percibir la indemnización por el lucro cesante (ICO) causado con posterioridad a la cesación del contrato de arrendamiento por el cual CENS S.A. ESP detentó la tenencia de la planta de generación eléctrica (lo que determinaría un cierto nexo o correlatividad), toda vez que en estricto sentido, habiéndose producido ya el siniestro correspondiente al amparo de rotura de maquinaría con anterioridad a la fecha de la entrega de la planta a Termotasajero S.A., no existía para esta riesgo alguno, cuya hipotética realización pudiera amenazar su patrimonio desde la óptica de la relación de aseguramiento(4), toda vez que la contingencia que envuelve la definición del referido elemento esencial del negocio jurídico, conforme al art. 1083 del estatuto mercantil, se había mutado ya en certeza, por virtud, se repite, de la previa afectación de los equipos y la suspensión de la operación de los mismos.

Ahora bien, en el remoto evento en el que de los medios de convicción se pudiese extraer una correlatividad o conexidad entre los patrimonios de las partes involucradas, la acción de enriquecimiento injusto tampoco tendría cabida, pues, como atrás se explicó, las evidencias sustentarían la existencia de un pacto entre convocante y convocada, en virtud del cual, la acción a ejercer por el contratante cumplido no sería la que aquí se desata.

Al punto, pese a los ingentes esfuerzos de la actora en esta sede, el escrito introductor del proceso soporta la anterior argumentación, en la medida en que las pretensiones se dirigieron en primer lugar a procurar “[q]ue se declare la existencia de un enriquecimiento sin causa de (…) CENS derivado de (…) el incremento patrimonial indebido de dicha empresa y ocasionado al no trasladar las sumas equivalentes a la indemnización que le fuera pagada por la compañía de seguros (…) en el porcentaje correspondiente a los derechos de Termotasajero S.A. ESP sobre las sumas indemnizadas.” (fl. 277, cdno. 1A); luego, si a la demandante le asistía —con anterioridad al empobrecimiento denunciado, que solo se habría causado cuando se negó la demandada al traslado referido— el derecho a recibir una suma de dinero, y la obligación correlativa —preexistente al enriquecimiento— radicaba en cabeza de la convocada, no puede predicarse que la fuente del débito que se reclama tenga origen en el lucro indebido de la última, puesto que, según está planteada la pretensión transcrita, el vínculo entre los patrimonios no surgió intempestivamente y sin causa legítima, sino que se derivó de algún tipo de acuerdo al que, con anterioridad a los hechos que se alegaban como generadores del enriquecimiento sin justa causa, llegaron las partes.

En otros términos, la situación determinante del empobrecimiento de un sujeto, para los efectos del enriquecimiento sin causa, no puede ser el incumplimiento de una obligación preexistente, surgida de una fuente de diferente naturaleza, que el demandado tenga contraída con quien invoca el resarcimiento patrimonial(5); o lo que es igual, la acción de enriquecimiento sin justa causa no puede ser utilizada, como instrumento paralelo, para reclamar el cumplimiento de obligaciones preexistentes que por su propia disciplina cuentan con otros mecanismos legales para compeler a los individuos a honrarlas.

Finalmente, en cuanto a la inquietud que le asiste al casacionista en relación con que CENS S.A. se hubiese lucrado mediante el cobro de un seguro de daños, esa cuestión escapa a sus intereses y a los alcances de este proceso, ya que no se está sometiendo a indagación el contrato de seguro y sus efectos sobre quienes concurrieron a su celebración, sino el presunto desplazamiento patrimonial inequitativo entre demandante y demandada; y si tal lucro efectivamente existió, la perjudicada sería, sin lugar a discusión, la Previsora S.A., estando ésta en libertad de acudir a las autoridades para remediar el posible daño.

5. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario de Termotasajero S.A. ESP contra Centrales Eléctricas del Norte de Santander —CENS— S.A. ESP, en el que intervino como tercero ad excludendum la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Productora de Papeles S.A., “Coopropal en liquidación”.

Costas de casación a cargo del recurrente y a favor de la demandada. En su liquidación inclúyase la cantidad de seis millones de pesos ($ 6.000.000,00) por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Hoy derogado.

(2) Las mismas señaladas en la sentencia de 19 de noviembre de 1936.

(3) “(…) el juzgador no pudo preterir la prueba testimonial, porque si bien no la mencionó expresamente, su conclusión denota que lo hizo implícitamente. En ese caso, como lo tiene dicho la Sala, lo que se presenta es una “deficiencia de expresión” y no un error de “apreciación probatoria” (Cfr. Cas. Civ. Sentencia de 5 de mayo de 1998, CCLII-1355), o como en otra ocasión lo señaló, “no se presume ignorancia de las pruebas por el sentenciador, cuando las conclusiones del pronunciamiento se justifican a la luz de las mismas pruebas” (Sentencia 092 de 17 de mayo de 2001, reiterando doctrina anterior)”.

(4) Señala el artículo 1041 del Código de Comercio, que “los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro”.

(5) Puede ser si el incumplimiento de una obligación que no vincule al demandado en calidad de deudor, como fue el caso que determinó el acogimiento de la figura por parte de la Corte de Casación francesa en sentencia de 15 de junio de 1892, en la que reconoció la actio in rem verso como el remedio frente al enriquecimiento, y es el punto de partida para la evolución jurisprudencial de la institución como un instrumento jurídico independiente. En efecto, en este histórico pronunciamiento se consideró que el propietario de un terreno se había enriquecido injustificadamente por el beneficio que reportó a su predio —cuya tenencia acababa de recobrar— la utilización de unos insumos que su arrendatario compró y no pagó, afectando el patrimonio del vendedor (P. Gallo, Arrichimento senza causa e cuasi contratti, Utet Giuridica-Wolters Kluger Italia S. r. l., 2008; Konstantinos D. Kerameus, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. X, restitution, unjust enrichment and negotiorum gestio).