Sentencia 1999-00284 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Exp. 22039

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Radicación: 27001233100019990028401

Actor: Ricardo Garcés Morcillo

Demandado: Municipio de Quibdó

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I- Competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia(1) ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998.

II- Los hechos probados

10. Observa la Sala que teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario(2), aparecen acreditados los siguientes hechos:

10.1. El Concejo Municipal de Quibdó, en uso de las atribuciones legales otorgadas por el artículo 313 numeral 7 de la Constitución Política y los artículos 10 y 11 de la Ley 9ª de 1989, expidió el Acuerdo 5 del 23 de abril de 1997, “por el cual se declaran unos predios de utilidad pública”, en el cual dispuso (copia autenticada de documento público, fl. 49):

“ART. PRIMERO.—Declarar como zona de utilidad pública, los terrenos situados en el sector sur, cercanías de los predios de la Aeronáutica Civil y de la vía a Pacurita, para la construcción del batallón del Ejército en el Chocó, en la ciudad de Quibdó, con una extensión de 78 hectáreas.

“ART. SEGUNDO.—Localización: El área seleccionada se encuentra localizada en la zona suburbana de la ciudad de Quibdó, cuya extensión es de setenta y ocho (78) hectáreas y está delimitado así:

“Por el norte: Con terrenos de Ángel Prisciliano Valencia o reserva forestal.

“Por el occidente: Con la sociedad Castro Morales o reserva forestal.

“Por el oriente: Con la vía a Pacuritá.

“Por el sur: Con el barrio la Obapo y terrenos de la Aerocivil.

“ART. TERCERO.—El alcalde mayor de Quibdó podrá adquirir por enajenación o por expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras requeridas para la construcción del batallón del Ejército del Chocó, para lo cual el ente territorial será responsable de implementar en forma rápida y sin menos cabo el patrimonio (sic) de los particulares, los mecanismos tendientes a su cabal cumplimiento.

“ART. CUARTO.—Los bienes inmuebles que resulten afectados por esta medida y que se encuentren en poder de particulares, no podrán ser objeto de transacciones comerciales ni sometidos a nuevas mejoras, tales como plantíos, construcciones. etc. sopena (sic) que las autoridades correspondientes adelanten las acciones encaminadas a evitar tal situación.

“PAR.—En caso de que el Ejército Nacional en un término de ocho (8) meses, a partir de la fecha de sanción del presente acuerdo no haya utilizado estos predios, revertirán nuevamente al municipio de Quibdó.

“ART. QUINTO.—El proyecto se ejecutará en el área demarcada en los soportes técnicos (plano, levantamiento topográfico y cordenadas (sic).

“ART. SEXTO.—La tutela administrativa de este proceso estará a cargo del señor alcalde mayor de Quibdó y tendrá por objeto el control de todas las actividades que se desarrollen en procura de lograr la ejecución de las obras de esta construcción.

“ART. SÉPTIMO.—El municipio de Quibdó, la gobernación del Chocó, y el Ejército Nacional deberán garantizar a los propietarios el pago de los valores de los terrenos y mejoras .antes de que se produzca la ocupación de los terrenos por parte del Ejército Nacional de acuerdo a lo estipulado en la Ley y los reglamentos (…)”.

10.2. El señor Luis Gorgonio Moreno Valencia, representante legal de la Asociación de Agricultores Campesinos del sector La Platina, tenía conocimiento de la decisión del municipio de entregar un predio al Ejército Nacional para la construcción de un batallón. Así se desprende de las comunicaciones que él envió al gobernador del departamento del Chocó y al alcalde del municipio de Quibdó, el 23 de abril de 1997, en las que les consulta a estos funcionarios cuáles son las medidas que van a tomar para efectos de reconocer las mejoras que algunas personas tienen en esos predios (fls. 13 a 16).

10.3. El señor Luis Gorgonio Moreno Valencia, en su calidad de representante legal de la Asociación de Agricultores Campesinos de La Platina, suscribió junto con el señor Ricardo Garcés Morcillo un documento denominado Póliza de Mejora, aparentemente el 1º de agosto de 1996 (formulario preimpreso en el que se llenaron los espacios vacíos como se muestra a continuación y en el cual aparece repisado con lapicero el año, que originalmente era, al parecer, 1998), cuyas firmas fueron autenticadas en notaría el 28 de noviembre de 1998, en el que consta (documento privado original, fls. 19 y 19 vto.):

La Asociación de Agricultores Campesinos de la Platina con personería jurídica Nº 1636 del 13 de octubre de 1992, toma a bien darle póliza de mejora a todos los socios que se encuentren a paz y salvo con la misma, por medio de su representante legal mediante las siguientes cláusulas: Primera. La Asociación de Agricultores Campesinos de la Platina, con su representante legal a la cabeza hace entrega de un lote de terreno en el sector la Platina Alta, a la (sic) señor (a) Ricardo Garcés Morcillo, por pertenecer a esta (sic). Segunda. Que dicho lote de terreno tiene una extensión de 2 240 000 metros cuadrados; con 2800 metros de frente por 800 metros de fondo con los siguientes linderos: por el norte con terrenos de la asociación, por el sur con La Platina, por el oriente con bosques nacionales, y por el occidente con Aerocivil. Tercera. Que este lote fue entregado por un valor de donación, dinero este para cubrir gastos de la asociación tales como apertura de vías (trochas), alimentación de trabajadores, papelería, envío de informe, etc. Cuarta. Los lotes entregados por la Asociación de Agricultores Campesinos fueron tomados desde 1975 y fueron avalados por el departamento del Chocó, con la personería jurídica 1636 del 13 de octubre de 1992. Quinta. Que los terrenos de la asociación abarcan una longitud de kilómetros a la redonda (sic), limitando por el norte, oriente y occidente con el señor Pricillano y la Nación y por el sur con la Asociación de Parceleros del Caraño. Sexta. Que desde este tiempo nadie nos ha reclamado nada solo la señora Magdalena, en 1993, por los lados del aeropuerto (pista). Séptima. Que las escrituras de las tierras las dará el alcalde municipal o la asociación (…).

10.4. El 26 de abril de 2004, se reunieron funcionarios del Ejército Nacional, batallón de infantería Alfonso Manosalva Flórez —comandante, jefe de predios, topógrafo, director de ingenieros e ingeniero— y funcionarios del municipio de Quibdó —profesional universitario del Banco de Tierra del municipio y el topógrafo adscrito a la oficina de planeación municipal— para la “(…) visita y entrega de los nuevos linderos del batallón Alfonso Manosalva Flórez por parte de la alcaldía municipal de Quibdó, según Acta 345 de esa fecha, en la cual se registró que (copia de documento público remitido a esta corporación por el jefe de ingenieros del Ejército, en virtud de prueba de oficio que fue decretada mediante auto del 24 de mayo de 2012, fls. 142, 146 y 157, cdn. ppal.):

4. Teniendo en cuenta el replanteo de los linderos se pudo determinar físicamente que su trayectoria está por terrenos propios del municipio, dejando fuera de esto con referencia al plano anterior áreas y terrenos que se encuentran en pleito (escritura pública y posesiones ubicados en la parte sur oriente).

5. Teniendo en cuenta la reunión del 24 de marzo de 2004, cumpliendo con el punto de rectificación de linderos se procede a oficiar al señor personero municipio (sic) de Quibdó (…), al procurador agrario departamento (sic) del Chocó (…), con el fin de que verifiquen y certifiquen que los predios en mención están libres de propiedad o de ocupación por personal ajeno al batallón Manosalva excepto un lote ubicado nor-occidental donde se encuentra una construcción de madera de 6x7 metros ocupada por el señor Jesús Antonio Valencia (…) quien no se opone a la reubicación por parte de la alcaldía.

A partir de la fecha se autoriza por parte del municipio de Quibdó ejercer posesión de los nuevos linderos de la unidad, autorizando a esta realizar el cerramiento, mientras se da trámite a la elaboración de escritura.

La dirección de ingenieros se compromete para la primera semana del mes de mayo de 2004 entregar los planos corregidos y debidamente certificados, con copia al batallón y a la alcaldía municipal y de inmediato en coordinación de la alcaldía y el batallón dar inicio a la elaboración de la escritura pública, en los términos establecidos en la ley a partir de la entrega de los planos.

10.5. El lote de terreno destinado al batallón de infantería Nº 12 Alfonso Manosalva Flórez, tiene un área total de 74 Ha. 8 305 m2 y un perímetro de 4 527,400 mts. y colinda al norte con terrenos del municipio de Quibdó, al sur occidente con terrenos de la Aeronáutica Civil, al sur con el barrio Obapo y con Inocencio Palacios, al sur oriente y oriente con terrenos de Prisciliano Valencia, según el levantamiento planimétrico de linderos, las carteras de mojones realizados por el topógrafo de la dirección de ingenieros del Ejército Nacional y el plano respectivo (copia de documento público remitido a esta corporación por el jefe de ingenieros del Ejército, en virtud de prueba de oficio que fue decretada mediante auto del 24 de mayo de 2012, fls. 142, 146, 149 y 164 a 167, cdn. ppal.).

10.6. El concejo municipal de Quibdó expidió el Acuerdo 10 del 19 de abril de 2005, en el cual se dispuso modificar el artículo 7º del Acuerdo 5 de 1997, en el sentido de que serían el municipio de Quibdó y el departamento del Chocó —no el Ejército Nacional— quienes garantizarían a propietarios y poseedores el pago de los valores de los terrenos y mejoras que fueran ocupados para la construcción del batallón Manosalva Flórez y antes de que se produjera tal ocupación de los terrenos por parte del Ejército Nacional (copia de documento público remitido a esta corporación por la oficina jurídica de la alcaldía de Quibdó, en virtud de prueba de oficio que fue decretada mediante auto del 24 de mayo de 2012, fls. 151 y 159, cdn. ppal.).

10.7. La construcción del Batallón de Infantería Nº 12 BG. Alfonso Manosalva Flórez ubicado en el municipio de Quibdó, se inició a partir del año 1997, según se desprende de comunicación enviada a esta corporación el 12 de diciembre de 2012 por el brigadier general Guillermo Arturo Suárez Ferreira, jefe de ingenieros militares del Ejército(3), en la cual manifiesta que según el Acta 880 del 31 de mayo de 2005, se realizó el avalúo comercial de las construcciones de dicho batallón y que “(…) en este documento se indica que las construcciones realizadas para la puesta en marcha de la unidad militar, tienen una vetustez entre cinco (5) y seis (6) años al momento de realizar los citados avalúos es decir el año 2005, de lo cual se colige que las obras se realizaron en el año 1999 y 2000, respectivamente. No obstante me permito resaltar que las construcciones de los batallones del Ejército se ejecutan por etapas, precediendo a la elaboración de las edificaciones el estudio de suelos, permisos ambientales y de planeación entre otros (…)”. Dentro de los documentos que adjuntó, se encuentra un listado de contratos celebrados para la construcción del batallón, que se inician a partir de 1997 (fls. 186 a 201, cdn. ppal.).

10.8. Los linderos del Batallón de Infantería Nº 12 BG. Alfonso Manosalva Flórez ubicado en el municipio de Quibdó, con un área de 74 hectáreas y 8 305 mts., son: por el norte, con camino lindero en medio, con terrenos del municipio de Quibdó; por el sur, con el barrio Obapo; por el oriente, con predios de Inocencio Palacios y Prisciliano Valencia; por el occidente, con predios de la Aeronáutica Civil (plano enviado por el Ejército Nacional con la comunicación enunciada en el anterior numeral, fl. 202, cdn. ppal.).

10.9. El 27 de julio de 1998, los señores Sigifredo Perea Mosquera y Cicerón Sánchez Mosquera rindieron declaraciones extra proceso ante el notario segundo del circuito de Quibdó, sobre el conocimiento que tienen del señor Ricardo Garcés Morcillo y su calidad de poseedor de un predio, ambas en los siguientes términos idénticos (fls. 17 y 18):

Me llamo como queda escrito, natural de Condoto-Chocó, domiciliado (a) en la ciudad de Quibdó, de estado civil unión libre, ocupación oficios varios. Segundo: Manifiesta el declarante, Conozco a el (sic) señor Ricardo Garcés Morcillo, de vista, trato y comunicación, lo conozco desde hace 22 años, y por eso me consta que desde hace 20 años viene poseyendo en forma pacífica, quieta e ininterrumpida de (sic) un lote de terreno que tiene una extensión de 2.800 metros de frente por 800 metros de centro y alinderado así: Por el oriente, con bosques nacionales, por el occidente, con el aeropuerto; por el norte, con bosques nacionales y por el sur, con quebrada la Platina. Estos predios tienen sembrado variedad de árboles frutales y también una casa en madera y planta picada y techo de paja. También me consta que el municipio de Quibdó, lo despojó de dicho predio y que sus mejoras se las entregó a el (sic) Ejército Nacional para la construcción de un batallón. Estas mejoras las plantó este con sus propios esfuerzos.

10.10. Los señores Sigifredo Perea Mosquera y Cicerón Sánchez Mosquera fueron citados al proceso para ratificar las anteriores declaraciones y rendir testimonio:

10.10.1. El señor Perea Mosquera, declaró que tenía 40 años de edad, soltero, estudió hasta 2º primaria, residente en el municipio de Quibdó, era jornalero y se hallaba desempleado. Manifestó que conocía al señor Ricardo Garcés Morcillo desde 1978, porque él trabajaba en minería en la quebrada La Platina, que queda por donde el señor Garcés tenía sus tierras. Se le preguntó si sabía que el señor Garcés era propietario o poseedor de un lote en los alrededores del aeropuerto El Caraño de Quibdó, a lo cual respondió afirmativamente, manifestando que allí tenía el señor Garcés sus sembrados; y en cuanto a las medidas del lote, contestó que era de aproximadamente 2800 metros de frente por 800 de fondo, que limitaba por una parte con el aeropuerto, por otro con La Platina y por otro lado con bosques nacionales y que tenía una casa de techo de hoja, paredes de palma y piso la mitad de palma y la mitad de madera y también árboles frutales como borojó, caimitos, palos de árbol del pan, chontaduros, yuca, piña, ñame y variedades de plátano, de los cuales se sostenía él y su familia y lo que sobraba lo vendía; que había tenido una perturbación a su propiedad, consistente en que el alcalde le entregó el predio al Ejército para la construcción del batallón y desalojaron al señor Garcés, destruyeron los cultivos y no le reconocieron nada por sus tierras (fl. 42).

10.10.2. El señor Cicerón Sánchez Mosquera manifestó que tenía 37 años de edad, estudios hasta 4º bachillerato, era soltero y trabajaba en la construcción; se le informó que el motivo de la diligencia era la ratificación del testimonio que había dado ante la Notaría Segunda de Quibdó y se le puso de presente al testigo el acta visible a folio 18, “(…) quien se ratifica de todo el contenido de la declaración”. Se le preguntó si tenía algo más que agregar, a lo cual respondió que:

(…) lo que tengo que agregar es que el doctor Jesús Alberto Mosquera, exalcalde de Quibdó, entregó los predios al batallón sin indemnización alguna al mencionado dueño, eso tiene aproximadamente dos o tres años, no tengo la fecha exacta, o sea desde que se construyó el batallón, él en el lote tenía cultivos de aguacate, piña, borojó, tenía una casa de palma picada, él iba por las mañanas a trabajar allá y regresaba en las tardes, con el cultivo vendía una parte y la otra era para el sostenimiento de su familia (fl. 44).

10.11. También rindieron testimonio en términos similares:

10.11.1. El señor Juan Anselmo Machado Guerrero, manifestó conocer al demandante por ser “compañeros de lucha” del sector del aeropuerto desde hacía aproximadamente 20 años, ya que el testigo también tenía un lote en ese sector y por eso sabía que el señor Garcés tenía allí una parcela, retirada más o menos unos 100 metros; que no sabía cuáles eran los linderos pero por ahí pasaba una quebrada y que alcanzó a ver que cultivaba en ella piña, borojó, caimito, chontaduro, árbol del pan, guanábana, etc., y había una casa techada de paja y cercada de palma o sea entablada. Y que actualmente don Ricardo no era poseedor de ese predio porque el municipio se lo entregó al batallón “(…) y tengo que agregar que allá hay una junta parceleros (sic) de la Platina, cuando el señor alcalde ‘Chucho’, alcalde del municipio de Quibdó, fue a entregar esas tierras al batallón, se reunió la junta con el concejo municipal para que el municipio le entregara esas tierras al batallón, el municipio tenía que indemnizar a todos los que poseían mejoras y hasta hoya nadie se le ha dado un peso” (fl. 45).

10.11.2. El señor Ezequiel Hurtado Mosquera, quien manifestó que era amigo del demandante, a quien conocía hacía 20 años porque venían laborando en el mismo “trabajo”; que sabía que el señor Ricardo Garcés tenía un lote en los alrededores del aeropuerto porque él mismo también tenía unas tierras cerca de aquel, que don Ricardo tenía mejoras en ese predio, cultivos, de frutas y que el lote fue invadido, le metieron maquinaria, el alcalde mandó al ejército para hacer la base militar y arrasaron todo, sin haber llamado a quienes como él, tenían tierras allí y sin pagarles nada por las mismas (fl. 40).

III- Problema jurídico

11: Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se probó la responsabilidad patrimonial imputada al municipio de Quibdó por su omisión en el deber de reconocer el valor de las mejoras del demandante, frente a la ocupación de terrenos de los cuales el señor Ricardo Garcés Morcillo era poseedor y que fueron cedidos por el municipio al Ejército Nacional para la construcción de un batallón y si, en consecuencia, hay lugar a condenar a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios causados al demandante.

IV- Análisis de la Sala

12. El artículo 90 de la Constitución Política consagra el deber del Estado de responder por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de sus agentes y el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contempla la acción de reparación directa, la cual procede para la reclamación del daño cuando la causa sea un hecho de la administración, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

13. Es decir que quien sufre un daño antijurídico está legitimado para reclamar judicialmente la indemnización de los perjuicios ocasionados. En el caso de la ocupación de bienes inmuebles, la responsabilidad patrimonial de la administración estatal surge mediante la sola comprobación del derecho que se ejerce sobre el bien y el hecho mismo de la ocupación, por lo cual, resulta suficiente acreditar dos extremos:

13.1. El hecho de la ocupación del bien particular, por causas que le sean imputables a la entidad demandada; teniendo en cuenta que según el artículo 86 del CCA, la ocupación puede provenir de la construcción de obras públicas o de cualquier otra causa y puede ser así mismo, una ocupación permanente o temporal.

13.2. Los perjuicios que se le hayan causado al demandante, puesto que el hecho físico de la ocupación, no hace surgir por sí solo la obligación indemnizatoria a cargo de la administración, sino que tal deber reparatorio depende directamente de la existencia y extensión ciertas y reales del daño, es decir, de la disminución patrimonial que el hecho representa para el afectado, lo cual implica la necesidad de acreditar el derecho que se aduce sobre el respectivo bien inmueble y que ha sido afectado por el hecho de la ocupación, debiendo la entidad demandada, para exonerarse de responsabilidad, probar una causa extraña que rompa el nexo con sus actuaciones, como es la culpa exclusiva de la víctima, el hecho también determinante y exclusivo de un tercero o la fuerza mayor(4).

13.3. Por otra parte, es claro que todos los derechos que se ejercen sobre un bien, son objeto de protección jurídica y por lo tanto susceptibles de ser vulnerados, razón por la cual, si el daño recae en cualquiera de ellos, así no sea propiamente el de dominio, su titular también tiene derecho a la reparación o indemnización de los perjuicios que se le ocasionen.

14. Específicamente en relación con los daños que se pueden derivar de la ocupación de bienes inmuebles para quienes ejercen la posesión de un bien sin ser formalmente propietarios, ha dicho la Sala que:

(…) el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquel no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores, y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización ‘no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaída el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho’ (…)(5).

15. En el presente caso, el demandante adujo haber sufrido un daño antijurídico imputable al municipio de Quibdó, consistente en el no reconocimiento de las mejoras que como poseedor tenía en un predio que fue ocupado por causa de trabajos públicos, para la construcción de un batallón del Ejército Nacional, aduciendo que el municipio ha debido negociar primero tales mejoras con el demandante antes de entregar el predio al Ejército.

16. Quiere decir lo anterior, que la responsabilidad que se le imputa al municipio, deriva de un deber que sobre este recaía, en relación con el reconocimiento de derechos de los propietarios y poseedores de predios que fueron destinados a la construcción del batallón, obligación que efectivamente, como se probó en el plenario —párrafo 10.5—, asumió el municipio demandado.

17. No obstante, para que surgiera y se hiciera efectiva tal obligación de la entidad demandada en relación con el señor Ricardo Garcés Morcillo, resultaba necesario que este acreditara los dos extremos esenciales para la prosperidad de sus pretensiones: i) la ocupación, con ocasión de la construcción del batallón del Ejército en el municipio de Quibdó, de un bien del que era poseedor y ii) los perjuicios que la misma le produjo. Y la Sala encuentra que tales hechos no fueron debidamente acreditados en el plenario, al cual fue aportado un exiguo acervo probatorio, que resulta insuficiente para acreditar estos dos hechos.

18. En efecto, se observa que se probó que el municipio declaró como zona de utilidad pública unos terrenos en extensión de 78 hectáreas en la zona suburbana de la ciudad de Quibdó para la construcción del batallón del Ejército en el Chocó, mediante acto administrativo en el cual se advirtió que el municipio podría adquirir los predios de propiedad de particulares, bien fuera mediante negociación o a través de expropiación y además, que se debía garantizar el pago de los terrenos a sus propietarios y las mejoras, antes de que se produjera su ocupación por parte del Ejército.

19. Se probó también, que efectivamente fue construido el Batallón de Infantería Nº 12 BG Alfonso Manosalva Flórez en el municipio de Quibdó, así como el área total y sus linderos y que las obras correspondientes, se iniciaron a partir del año de 1997.

20. Sin embargo, en relación con el derecho aducido por el demandante como desconocido y violado por la entidad demandada, para cuya acreditación se aportó escasa prueba documental y testimonial, considera la Sala que, con fundamento en la misma, no se adquiere la certeza necesaria para acceder a las pretensiones.

21. Al respecto, se advierte que en el proceso obran los testimonios de varias personas que declararon en el sentido de que el demandante era, desde hacía mucho tiempo, poseedor(6) de un predio en el que tenía algunos cultivos, que fue despojado del mismo y que no le fueron reconocidas las mejoras por el municipio al entregar el predio al Ejército Nacional para la construcción del batallón. Y es bien sabido que para probar la posesión, se puede recurrir a los medios de prueba consagrados en el artículo 175 del CPC, entre los cuales se hallan, precisamente los testimonios(7).

22. Tales medios probatorios deben ser apreciados, por cuanto no fueron tachados de sospechosos dentro del proceso; sin embargo, ello no impide que el juez los valore conjuntamente con todo el acervo probatorio obrante en el plenario, puesto que tal y como lo establece el artículo 187 del CPC, aplicable en el presente proceso en virtud de la expresa remisión que hace a dicho estatuto procesal el Código Contencioso. Administrativo en su artículo 168, “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, debiendo el juez exponer siempre, razonadamente, el mérito que le asigne a cada prueba.

23. En el sub lite, hace parte de las pruebas aportadas al proceso, el documento denominado “póliza de mejora”, que fue allegado por el mismo demandante en original y que se aduce como prueba de la posesión alegada, suscrito por el señor Luis Gorgonio Moreno, representante legal de la Asociación de Agricultores Campesinos de la Platina y el señor Ricardo Garcés Morcillo, documento en el que aquel hace entrega a este último, de un lote de terreno en calidad de donación —párrafo 10.3—. Tal y como se anotó al enunciar la prueba, se trata de un formato con espacios en blanco que fueron llenados a mano, con tinta azul y la fecha preimpresa de dicho formulario, que correspondía al año 1998, fue corregida de la misma manera, escribiendo un 6 sobre el número 8, para que figurara como elaborado en 1996, es decir que se alteró el año que originalmente contenía el documento. Frente a esta situación, cobra relevancia lo dispuesto por el artículo 280 del CPC, el cual dispone:

“ART. 280.—Fecha cierta. La fecha del documento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia”.

24. En el presente caso, las firmas de quienes suscribieron el referido documento, fueron autenticadas ante notario el 28 de noviembre de 1998 (fl. 19, vto.), siendo entonces esta, la fecha cierta del mismo, que, como se puede advertir, resulta posterior a la decisión del municipio de declarar de utilidad pública unos predios, con la finalidad de que el Ejército Nacional pudiera construir allí un batallón, decisión que se produjo mediante acuerdo del concejo municipal, como quedó visto, del 23 de abril de 1997 —párrafo 10.1— Y era conocida al menos por el señor Luis Gorgonio Moreno, tal y como se deduce de las comunicaciones enviadas por este al alcalde de Quibdó y al gobernador del Chocó el mismo día de expedición del acuerdo del concejo —párrafo 10.2—, en la que consultaba qué pensaban hacer estos funcionarios con las personas que tenían mejoras en dichos predios.

25. De acuerdo con lo anterior, para la fecha en la que supuestamente la Asociación de Agricultores Campesinos de La Platina le hizo donación del predio al demandante, ya se tenía conocimiento de la decisión de la administración, quien además en la misma había establecido expresamente, que los bienes inmuebles que resultaren afectados por esta medida, que se encontraran en poder de particulares, no podían ser objeto de transacciones comerciales ni sometidos a nuevas mejoras, tales como plantíos, construcciones, etc.

26. En las anteriores condiciones, se advierte que es la misma prueba aportada por el demandante la que le resta credibilidad, convicción y fuerza persuasoria a los testimonios rendidos dentro del proceso y que dan cuenta de una posesión por parte del demandante, iniciada con anterioridad a la decisión de construcción del batallón del Ejército Nacional.

27. En cumplimiento del deber legal del juez de apreciar las pruebas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se concluye que el único evento sobre el cual existe plena prueba en el sub lite, es la construcción, a partir de 1997, del Batallón de Infantería Nº 12 BG. Alfonso Manosalva Flórez en el municipio de Quibdó, pero ni de la prueba documental allegada ni de los testimonios vertidos en el proceso, se puede concluir en la existencia del daño alegado por el demandante.

28. No existe entonces, se reitera, certeza en relación con el derecho que supuestamente ostentaba el demandante sobre un predio, con anterioridad a la decisión administrativa de declarar un terreno como de utilidad pública, ni mucho menos se probó que la construcción del batallón del Ejército se hubiera producido precisamente sobre las mejoras que, según la demanda, poseía el actor desde una época anterior al hecho, es decir que no se probó el daño alegado ni mucho menos su imputabilidad a la entidad demandada. En relación con la prueba del daño, ha dicho la Sala:

En materia de responsabilidad, como es bien sabido, el daño es elemento indispensable de su estructuración, a tal punto que si no aparece probado, las actuaciones u omisiones que se le imputen a la administración, resultan irrelevantes e inocuas desde el punto de vista de los administrados; incluso en eventos en los que se pueda afirmar que una entidad estatal ha incurrido en una falla del servicio, porque este no funcionó, o funcionó en forma tardía o defectuosa, es decir que se compruebe el incumplimiento de sus obligaciones y deberes legales por parte de la respectiva autoridad, si no se logra demostrar el daño que se le imputa a la administración a título de falla del servicio, no habrá lugar a deducir responsabilidad alguna.

Es claro entonces, que no es suficiente que el actor aduzca en su demanda haber sufrido una serie de daños ocasionados por las actuaciones u omisiones de la entidad demandada, sino que le corresponde probar sus afirmaciones dentro del proceso, en virtud del principio de la carga de la prueba, que sobre él recae en la medida en que siendo la supuesta víctima de tales daños es quien mejor los conoce y por ello está llamado a aportar los medios de prueba necesarios y suficientes para acreditar plenamente tanto su existencia como su extensión.

Por otra parte, como es bien sabido, para que surja un perjuicio indemnizable, el mismo debe ser cierto, personal y directo.

Y es cierto el perjuicio, cuando se comprueba la real afectación de un bien patrimonial o extrapatrimonial del demandante, como cuando se acredita la existencia de una disminución patrimonial que pueda atribuirse al hecho dañoso producido por la acción o la omisión de la administración: la pérdida o deterioro de bienes muebles o inmuebles, los pagos que tenga que realizar y en general, toda clase de erogaciones que la víctima se vea obligada a efectuar como consecuencia del evento perjudicial —daño emergente—, así como la pérdida, por la misma razón, de los ingresos que habría obtenido el afectado de no haberse producido el hecho dañoso —lucro cesante— o cuando se prueba la afectación moral de la persona o la alteración de sus condiciones de vida —perjuicios extrapatrimoniales—.

Solo el perjuicio cierto, aquel sobre cuya existencia no cabe duda alguna, es indemnizable, es decir que no lo es, el que apenas constituye una hipótesis, una eventualidad, algo que así como puede suceder, puede no presentarse nunca, es decir el que se halla fundado en suposiciones o conjeturas; esa certeza sobre la existencia del daño, debe surgir en el juez a partir de la valoración de los medios de prueba aportados al proceso, los cuales deben llevarlo al convencimiento sobre la verdadera existencia y extensión de los daños sufridos por el demandante, para que resulte procedente su indemnización, si además se prueba su imputabilidad a la parte demandada(8).

29. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se concluye que en el sub lite, la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 177 del CPC, de conformidad con el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, deber cuyo incumplimiento conduce a que la falta de pruebas advertida en el proceso, opere en contra de quien ha debido aportarlas.

30. En este caso, el demandante debió probar i) la ocupación que ejercía sobre un predio debidamente identificado y determinado; ii) que tal ocupación se produjo con anterioridad a la declaratoria de utilidad pública del terreno del cual hacía parte; iii) que en dicho predio, poseía mejoras, cuáles y de qué clase; iv) que en virtud de la construcción del batallón del municipio de Quibdó, tal derecho fue vulnerado y que con ello se le ocasionaron perjuicios, por cuanto el municipio no cumplió con su obligación de reconocer el valor de las mejoras, para que resultara procedente una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias.

31. Como quedó dicho, a pesar de la acreditación de la construcción de la referida obra pública en un predio cedido para ello por el municipio de Quibdó, no se probó en forma fehaciente e indubitable que tal circunstancia le ocasionó perjuicios al demandante, por haber sido despojado de un predio que viniera ocupando en el sitio de las obras ni se probó que hubiera efectuado reclamación alguna por este concepto al municipio y que este, le hubiera negado el reconocimiento de los perjuicios sufridos.

Conclusión

32. En tales condiciones y frente a la ausencia total de pruebas que permitan tener por acreditados los hechos afirmados en la demanda, considera la Sala procedente la confirmación del fallo de primera instancia y en tal sentido se decidirá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Caldas-Chocó Sala de Descongestión Sala Quinta de Decisión el 30 de abril de 2001.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Al efecto cabe tener en cuenta que en la demanda se pidieron perjuicios materiales por cuantía de $ 50 000 000,00, suma superior a la exigida en la fecha de presentación de la demanda (26 de marzo de 1999) para que el proceso fuese de doble instancia ($ 18 850 000,00).

(2) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. En consecuencia, se tendrán en cuenta aquellas pruebas documentales que fueron traídas al expediente por las partes en las distintas oportunidades procesales o que fueron remitidas por autoridades públicas atendiendo los oficios enviados por el a quo y por esta corporación y que sean susceptibles de valoración, con observancia de lo dispuesto por el artículo 254 del CPC.

(3) Dicha comunicación se produjo en virtud de la prueba decretada por la Sala mediante auto del 24 de mayo de 2012 para que se oficiara al Ejército Nacional, con el fin de que enviaran constancia sobre la construcción del batallón en el Chocó y para el que el municipio de Quibdó había expedido el Acuerdo 5 del 23 de abril de 1997, con la fecha de la finalización de las obras y su localización exacta (fls. 142 y 184, cdn. ppal.).

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 22011, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de marzo de 2004, expediente 12289, C. P. Alier E. Hernández Enríquez, reiterada en sentencia del 7 de octubre de 2009, expediente 17535, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.

(6) La Sala ha reiterado que se requieren dos elementos fundamentales para que se pueda predicar la condición de poseedor: i) la tenencia material del bien, ii) con ánimo de señor y dueño: “(…) en el derecho colombiano la posesión demanda acreditar actos materiales. El artículo 762 del Código Civil define la posesión como ‘la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar ya nombre de él’. Definición con fundamento en la cual se distinguen dos elementos como integrantes de la posesión: el corpus, esto es, el ejercicio material del derecho y el animus, es decir, la voluntad de considerarse titular del derecho”. Sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 18615, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, expediente 19099, C. P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 22011, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

SALVAMENTO DE VOTO

En el presente caso la Sala mayoritaria optó por confirmar la sentencia recurrida por considerar que los elementos probatorios aportados por el actor no generan la certeza suficiente para acceder a las pretensiones, especialmente, porque, a juicio de la Sala, no se demostró la calidad de poseedor ni se acreditaron los perjuicios sufridos por el actor, como consecuencia de la construcción del batallón del Ejército en el municipio de Quibdó.

En el sub lite, se debatía la responsabilidad de la entidad demandada y el reconocimiento de los perjuicios derivados de la declaratoria de utilidad pública, por parte del municipio de Quibdó, de un bien inmueble sobre el cual el actor aduce la calidad de poseedor.

Mi disidencia se explica porque a mi juicio, el actor probó su la calidad de poseedor sobre parte del bien inmueble que el municipio de Quibdó declaró como de utilidad pública, para la construcción del batallón del Ejército del Chocó.

Respecto de la prueba de la posesión esta corporación ha precisado:

“Teniendo en cuenta la doble dimensión del hecho jurídico de la posesión, la física de aprehensión material de la cosa y la subjetiva de voluntad o intención de mantenerla en su poder, en principio la prueba de la posesión estará dada por la demostración del ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, unido a la afirmación de que se está poseyendo para sí (…)”(1).

En efecto, al plenario se allegaron declaraciones extraproceso, ante el notario segundo del municipio de Quibdó en las que los señores Sigifredo Perea y Cicerón Sánchez Mosquera manifestaron su conocimiento sobre la posesión que el actor ejercía, desde tiempo atrás, sobre dicho predio, declaraciones por lo demás ratificadas en el curso del proceso. Así mismo, en el plenario se cuenta con se (sic) rindieron otras declaraciones y un documento denominado “póliza de mejora” que dan cuenta del interés legítimo del actor sobre el bien, con anterioridad a la iniciación de los trámites administrativos dirigidos a entregar el inmueble al Ministerio de Defensa para adelantar la construcción.

Del mismo modo, se encuentra probada la construcción de las instalaciones militares, sobre el predio en cuestión y el conocimiento de las partes sobre la presencia de poseedores y la obligación de indemnizarlos. Razones que obligaban a reconocer el daño causado al actor y disponer una condena en abstracto para fijar la cuantía, pues como bien lo cita el fallo:

“(…) el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquel no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores(2), y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización ‘no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaída el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho (…)”(3).

Así las cosas, aunque no se hubiese probado el monto del perjuicio reclamado, procedía la declaratoria de la responsabilidad de la entidad demandada y la condena en abstracto por los perjuicios sufridos por el actor.

En los anteriores términos dejo sentadas las razones por las cuales me aparto de la decisión mayoritaria.

Fecha ut supra.

Stella Conto Díaz Del Castillo.

(1) Consejo de Estado. Sentencia del 7 de octubre de 2009. M. P. Myriam Guerrero de Escobar. Expediente 17535.

(2) Cfr., entre otras, sentencias del 11 de diciembre de 1992 (expediente 7403), del 2 de diciembre de 1996 (expediente 11248), del 26 de abril de 2001 (expediente 12994) y del 10 de julio de 2003 (expediente 11163-9918).

(3) Consejo de Estado. Sentencia del 7 de octubre de 2009. M. P. Myriam Guerrero de Escobar. Expediente 17535.