Sentencia 1999-00295 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 85001-23-31-000-1999-00295-01 (21.654)

Consejero Ponente:

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actor: Dorelly Ayde Anaya Genes y otro

Demandado: Municipio de Aguazul

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, de allí que para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder el monto de $ 18’850.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 100’800.000 solicitada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

En ese orden, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto el 17 de agosto de 2001 por la parte actora, contra la sentencia del 9 de agosto de esa anualidad, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.

1. Previo a resolver el asunto de la referencia, para la Sala no es de recibo la afirmación que hace la parte demandada respecto de que como la jurisdicción penal asumió el conocimiento del proceso de responsabilidad civil, donde el municipio fue vinculado como tercero civilmente responsable para el resarcimiento civil del daño, por los hechos de la referencia, ya ninguna otra autoridad judicial, tenía competencia para determinar la responsabilidad contra la misma entidad y por los mismos hechos, por cuanto de conformidad con lo expuesto reiteradamente por la Sección Tercera de esta corporación, las sentencias penales no configuran cosa juzgada frente a procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, así:

“Por último, respecto de la sentencia penal condenatoria contra los policiales responsables del hecho, se aclara que no se pretende modificar el alcance probatorio como documento público de esta, en la forma como ha sido precisado por la Corte Suprema de Justicia. Debe agregarse, de otro lado, que, como lo ha reiterado la Sala en jurisprudencia reciente, las sentencias penales no configuran cosa juzgada frente a procesos de responsabilidad extracontractual del Estado(1), sin embargo, cuando una providencia de esa índole es prueba única de la responsabilidad la Sala ha anotado:

“Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad”(2)”.

2. Prueba trasladada.

Contrario a lo manifestado por el tribunal, se tendrá en cuenta la copia del proceso penal 1999-0088 adelantado por la Fiscalía 32 Especializada de Yopal, contra el señor Juan Leonardo Oliveros por el homicidio del menor David Andrés Soto Anaya en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 1997, en atención a que fue solicitado por ambas partes y aportado al proceso en copia auténtica por el Juzgado Penal del Circuito de Yopal, Casanare, y respecto de lo cual se ha considerado que las pruebas que obran en procesos de esa índole, fueron practicadas con audiencia de ambas (fls. 19 a 67 del cdno. 4), cumpliendo, por tanto, con las exigencias procesales para ese efecto.

Al respecto la Sección Tercera ha dispuesto reiteradamente:

“La Sala valorará las pruebas practicadas en el proceso aludido, inclusive los testimonios allí recibidos, teniendo en cuenta que su traslado fue solicitado por la parte demandante y que a su petición se adhirió el municipio de Medellín, al contestar la demanda. En efecto, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que, en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”(3).

3. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

El menor David Andrés Soto Anaya nació el 17 de marzo de 1994 y falleció el 31 de octubre de 1997, de conformidad con los registros civiles obrantes a folio 11 y 12 del cuaderno 1.

Así mismo, en la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver 015, suscrita en esa última fecha por la Inspectora Urbana de Policía y por un funcionario de la Unidad Investigativa de la Policía Judicial del DAS Local, se dispuso:

“Lugar de los hechos con su descripción: El cadáver se encontró en una camilla en el pasillo del hospital, el occiso respondía al nombre de David Andrés Soto Amaya (sic), hijo de Dorelis Anaya Genis y Carmelo Soto, edad aproximada tres años.

(...).

Signos post mortem: Cuerpo flácido y tibio, ojos íntegros, miembros completos, muerte aproximada 8:35 minutos de la mañana.

Causas de la muerte: Al parecer producida por accidentes de tránsito

(...)” (Fls. 23 y 24 del cdno. 4).

En el mismo sentido, en la diligencia de necropsia realizada el 31 de noviembre de 1997 por un médico del Hospital de Aguazul (Casanare) y una auxiliar técnica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quedó establecido que el menor falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo, así:

“Resumen de lesiones: Hallazgos principales: Fractura fosa media izquierda. Fractura pelvis. Fractura fémur izquierdo. Hallazgos secundarios: Contusión pulmonar.

Conclusión: Cadáver de menor de edad que fallece por shock neurogénico secundario a trauma craneoencefálico severo” (fl. 47 del cdno. 4).

Sobre la ocurrencia de los hechos, se observó que en el Oficio 0682/ESTAG del 31 de octubre de 1997, mediante el cual, un funcionario de tránsito de la Policía Nacional rindió el informe del accidente de tránsito dirigido a la Fiscalía Seccional de Yopal, quedó establecido que:

“Respetuosamente me permito informar a ese despacho, que el día 311097, siendo aproximadamente las 8:30 horas, en la carrera 12 entre calles 12 y 13 barrio las Ferias (Aguazul), colisionó volqueta marca Chevrolet Kodiak, color blanco calma, modelo 95, placas OFJ-774, de propiedad de la Alcaldía Municipal de esta localidad, y conducida por el señor Juan Leonardo Riverso Sánchez, identificado con la C.C. 6.613.151 de Tipacoque (Boy), 25 años, soltero, alfabeta, profesión conductor del municipio, natural de Soata (Boy), y residente en la carrera 17 Nº 11-39 barrio centro, presentó licencia de tránsito 95-0003835, seguro La Previsora 9-2609522-6, vence 11/97, seguro todo riesgo La Previsora 000338441-10 vence 04/98, licencia de conducción 6613151 de quinta (5) categoría vence julio /99, contra la motocicleta marca Yamaha, color blanca, modelo 95 particular, placas SPC-43A, conducida por la señora Dorely Amayo Geve (sic), identificada con la C.C. 24.228.272 de Aguazul, 24 años, unión libre, profesión comerciante, natural de Montería y residente en la Panadería los Almendros, ubicada en la carrera 17 entre calles 9 y 10 centro Aguazul, y como acompañante viajaba el menor, David Sánchez Soto (sic) , 3 años aproximadamente, hijo de Dorely Amayo (sic) y Carmelo Soto sin más datos, el menor sufrió fracturas en diferentes partes del cuerpo causadas al pasarle la volqueta por encima cuando efectuaba reversa, donde posteriormente falleció en el hospital de esta localidad, misma forma (sic) en la parrillera (sic) viajaba como parrillera la señora Lucila Mesa identificada con la C.C. 46382026 de Sogamoso (Boy), 24 años, unión libre, alfabeta, profesión comerciante, natural de Sogamoso y residente en el barrio 7 de Agosto Aguazul, sin más datos, presentaron licencia de tránsito 94-100386, seguro La Previsora 9-2783096-1, vence 08/98, a nombre de Osorio Vanegas Héctor, identificado con la C.C. 17.413.355 de Acacias (Meta), según versiones del conductor de la Volqueta manifestó que había hecho reversa por cuanto se encontraba mal estacionado un campero UAZ (sic). Posteriormente se pudo establecer que este vehículo es de placas SN-3523 y era conducido por el señor Miguel Ángel Cuervo (...) quien manifestó que él no se dio cuenta de tales hechos. (...) vehículos en mención quedan a su disposición, así: motocicleta en el comando de estación y la volqueta en la Secretaría de Obras del municipio de Aguazul (...)” (fl. 20 del cdno. 4).

En el informe de accidente 93-0210237, rendido por la Policía de la localidad, quedaron consignadas como causas probables del accidente:

“Vehículo 1 (volqueta) 133. Reverso imprudente

Vehículo 2 (motocicleta) 134. Impericia en el manejo” (fl. 21 y 22 del cdno. 4).

En declaración rendida por la señora Dorely Ayde Anaya Genes, madre del menor fallecido, quien iba conduciendo la motocicleta, manifestó:

“Preguntado: Háganos un relato claro y preciso de lo sucedido en día 31 de octubre del corriente año, en el perímetro urbano de la ciudad de Aguazul, cuando resultó lesionado el niño David Andrés Soto Anaya, quien luego falleciera. Contestó: A ver, eso fue el viernes 31 de octubre, yo salí por la vía de la Alcaldía antes de llegar a la Villa, había una volqueta estacionada a la derecha y a la izquierda había un carro con la compuerta abierta, me estacioné más o menos como a unos tres metros y medio o cuatro de la volqueta, la volqueta estaba prendida, ella echó reverso hacia atrás, yo pensé que iba hacia atrás para darle luego adelante, entonces la que estaba conmigo en la moto se bajó de la moto y le grito al señor que no le diera reversa porque estaba una moto conmigo atrás, el señor no sé, se aturdió o no se (sic) y siguió dando reverso y me cogió a mí con la moto y al niño, y no me dio tiempo de nada , porque me tumbó(...) Preguntado: Por qué se ubicó usted detrás de la volqueta. Contestó: Porque al lado izquierdo de la vía estaba un carro con la compuerta abierta y al lado derecho estaba la volqueta y como vi que estaba prendida, pensé que iba a arrancar y por eso me hice detrás, pero no pensé que iba a echar reversa (...) Preguntado: Díganos qué tiempo transcurrió entre el momento en que usted llega y para cerca de la volqueta y el momento en que es atropellada. Contestó: Yo llego entonces la volqueta estaba prendida, le bajé un cambio a la moto, yo estaba más o menos retirada de la volqueta, yo pensé que ella le daba hacia atrás y hacia adelante luego, entonces cuando faltaba poco fue que se bajó la muchacha y le gritó al conductor que no le diera más, entonces fue cuando el conductor se aturdió todo y fue cuando nos tumbó, luego él para (...) Preguntado: Díganos en qué lugar se ubicó usted detrás de la volqueta y díganos si desde ese lugar usted alcanzaba a ver los espejos del vehículo. Contestó: Casi en toda la mitad de la volqueta, no alcanzaba a ver los espejos laterales. Preguntado: Díganos si usted tiene pase de conducción, en caso afirmativo, dónde fue expedido y qué categoría tiene. Contestó: No tengo pase, pero hace dos años que manejo motocicleta. (...)” (fls. 35 y 36 del cdno. 4).

En declaración rendida por la señora Lucila Mesa Montañez, quien acompañaba a la señora Anaya Genes al momento del accidente, manifestó:

“Preguntado: Háganos un relato claro y preciso de todo lo sucedido el día 31 de octubre en la cuidad de Aguazul (Casanare) cuando el menor David Andrés Soto Anaya fue atropellado por un vehículo. Contestó: Bueno, nosotros íbamos con Dorely y nos dirigíamos al sitio donde vivo, o sea al barrio Simón Bolívar, íbamos las dos con la moto, íbamos llegando a un polideportivo, vimos una volqueta, delante de la volqueta había un carro amarillo con una compuerta abierta (...), es decir, no había paso por la vía, la señora que iba conmigo se puso como a unos cuatro metros de la volqueta para esperar que nos dieran paso, estábamos ahí cuando la volqueta retrocedió, creí que la volqueta había retrocedido un poco para avanzar hacia adelante, cuando la volqueta siguió retrocediendo, me boté de la moto y corrí hacia el andén que había y le grite al señor que no retrocediera más que atrás había un niño y una señora, le grite hartas veces al señor, en si (sic) él siguió retrocediendo y la señora de la moto también gritaba desesperada, pero él seguía retrocediendo, entonces la volqueta le pegó a la moto y la cayó (sic), bueno entonces el niño cayó debajo de la moto y ella también, ella se salió rápido de debajo de la moto y cuando fue a sacar al niño ya estaba prensado con la llanta de la volqueta, después de escuchar los gritos se bajó y me preguntó que qué hacía, que para donde le daba a la volqueta, yo le dije que para adelante, cuando le dio para adelante soltó el niño, y cuando soltó el niño la señora lo cogió y salió corriendo para el hospital (...) Preguntado: Díganos si la señora que iba conduciendo la motocicleta, es decir, Dorely utilizó el pito de la motocicleta para advertir al conductor de su presencia en la parte trasera Contestó: Ella gritaba desesperada, no me acuerdo si el pito lo utilizaría, pero gritaba harto igual que yo (...) Preguntado: Díganos si el conductor, cuando usted salió gritando, es decir, el conductor de la volqueta, cuando usted gritaba se dio cuánta si la veía por el espejo retrovisor. Contestó: Yo creo que él no me vio o no entendió lo que le decía” (fls. 37 y 38 del cdno. 4).

En providencia del 20 de noviembre de 1997, la Fiscalía 32 Especializada, ante los juzgados penales del circuito profirió medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva en contra del señor Juan Leonardo Oliveros Sánchez, como presunto autor material del delito de homicidio culposo, del que fuera víctima el menor David Andrés Soto Anaya, y le concedió el beneficio de la libertad provisional mediante caución. (Fls. 39 a 43 del cdno. 4).

Posteriormente, el 25 de septiembre de 1998, profirió resolución de acusación en su contra como presunto autor material del delito de homicidio culposo. (Fls. 56 a 67 del cdno. 4).

4. Ahora bien, sobre las pruebas obrantes en el proceso contencioso administrativo, se advierte que las fotografías que la parte actora allegó con la demanda(4) y con las que pretende demostrar la ocurrencia de los hechos, no serán materia de valoración alguna, pues carecen de mérito probatorio, en principio, dado que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

5. De acuerdo con los documentos relacionados, está probado el daño antijurídico alegado en la demanda, pues el menor David Andrés Soto Anaya, falleció en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 1997, en el municipio de Aguazul, Casanare, al movilizarse con su madre en la motocicleta marca Yamaha, color blanca, modelo 95 particular, placas SPC-43A, que colisionó la volqueta marca Chevrolet Kodiak, color blanco, modelo 95, placas OFJ-774, de propiedad de la Alcaldía de esa localidad, conducida por el señor Juan Leonardo Oliveros Sánchez, que hizo reversa al encontrar obstruido el paso por la vía.

6. Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible a la administración pública, pues sin duda, esta se libera de la responsabilidad si se logra acreditar que fue el comportamiento del propio afectado determinante y decisivo en la generación del daño.

Ahora bien, de conformidad con lo manifestado por la propia señora Dorely Ayde Anaya Genes, ella se encontraba conduciendo la motocicleta en la que se desplazaba con su hijo David Andrés Soto Anaya y con la señora Lucila Mesa Montañez, sin contar con la licencia de conducción requerida para maniobrar ese tipo de vehículos. Al respecto, el Código Nacional de Tránsito (L. 33/86, decretos 1344/70, 1809, 1951 y 2591/90), aplicable al momento de los hechos, consagraba lo siguiente:

“ART. 17.—“Artículo modificado por el artículo 1º (Reforma 15) del Decreto 1809 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:” “Artículo modificado por el artículo 7º de la Ley 33 de 1986. El nuevo texto es el siguiente:” Ninguna persona podrá conducir un vehículo en el territorio nacional sin llevar consigo la licencia de conducción correspondiente, o carné especial, según el caso.

PAR.—Los aprendices que conduzcan vehículos automotores de enseñanza acompañados por un instructor autorizado, están eximidos de portar licencia de conducción”.

(...).

ART. 153.—El artículo 176 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así:

ART. 176.—Será sancionado con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos el conductor de un vehículo no automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...).

3. Transportar a personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.

(...).

ART. 155.—El artículo 178 del Decreto-ley 1344 de 1970, quedará así:

ART. 178.—Será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones.

(...).

“<Numeral modificado por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:” 16. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción o con ella vencida. Además el vehículo será inmovilizado hasta cuando otra persona debidamente autorizada por el infractor y que tenga licencia de conducción vigente, lo conduzca.

(...).

ART. 156.—El artículo 179 del Decreto-ley 1344 de 1970, quedará así:

ART. 179.—Será sancionado con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...).

15. No haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además el vehículo será inmovilizado.

16. Conducir un vehículo portando licencia de conducción de categoría no autorizada o sin dar cumplimiento a las restricciones en ella establecidas. Además el vehículo será inmovilizado.

(...).

ART. 178.—El artículo 203 del Decreto-ley 1344 de 1970, quedará así:

“Articulo modificado por el artículo 23 del Decreto 2591 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:” Artículo 203. El conductor de un vehículo que transporte pasajeros excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o en la tarjeta de operación, según sea el caso, será sancionado con multa equivalente a un (1) salario mínimo por cada pasajero que sobrepase tal capacidad. Además el vehículo será inmovilizado.

(...)”.

Así las cosas, se advierte que la señora Anaya Genes, incurrió en varias conductas proscritas por el Código Nacional de Tránsito que regulaba la movilidad al momento de ocurrencia de los hechos, tales como conducir una motocicleta sin licencia de conducción y con exceso de pasajeros, pues además de la pasajera permitida, llevaba a su hijo de tres años sentado sobre el tanque de la gasolina, y, adicionalmente se detuvo imprudentemente, detrás de la volqueta, en un lugar en el que no era visible para el conductor de la misma, sin prever los riesgos que ello conllevaba y sin prestar la precaución y previsión debidas al realizar tal acción.

Por tanto, para la Sala es indudable que, en el presente caso la imprudencia de la conductora de la motocicleta, contribuyó a la ocurrencia del accidente y el deceso del menor David Andrés Soto Anaya, pues si bien el conductor de la volqueta dio reversa al vehículo, tuvo la precaución de mirar los espejos retrovisores, pero le era imposible divisar si detrás de la volqueta se encontraba la moto, dada la ubicación de la misma tal como lo reconoce la propia demandante y la persona que ocupaba el puesto de parrillera. Al no observar obstáculo alguno, le fue imposible prever el accidente y realizar las acciones del caso para evitarlo.

No obstante lo anterior, el Decreto 1809 de 1990, por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (D.L. 1344 ago. 4/70), vigente al momento de los hechos, sobre las maniobras de retroceso, disponía:

“110 El artículo 131 del Decreto Ley 1344 de 1970 quedará así:

ART. 131.—Es prohibido hacer maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o emergencia. Igualmente, dar vuelta en "U", excepto en los lugares permitidos por las autoridades de tránsito. Es prohibido el tránsito de vehículos sobre aceras y zonas de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios de estacionamiento”.

Así las cosas, se advierte, que el conductor de la volqueta también incurrió en una prohibición expresa de las normas de tránsito, pues retrocedió el vehículo sin encontrarse en alguno de los supuestos que exceptúan dicha prohibición, como lo son los casos de estacionamiento o de emergencia.

Es evidente, entonces, que un conductor asume las consecuencias de su actuación imprudente, si maniobra un vehículo sin cumplir con los requisitos exigidos para ese efecto y haciendo caso omiso de las prohibiciones sancionadas por el Código Nacional de Tránsito.

En el incumplimiento de lo ordenado por la normatividad citada, si se produce un accidente por el hecho del conductor, implica que este se somete a las consecuencias que su actuar equivocado conlleva, siempre y cuando, se reitera, exista una relación entre su conducta y el resultado, como ocurre en el caso sub examine.

Adicionalmente, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del riesgo excepcional, con la salvedad de que, en el asunto a estudiar se presentó una colisión de actividades peligrosas, como quiera que tanto la señora Dorelly Ayde Anaya Genes como el municipio de Aguazul ejecutaban, al momento del accidente, la conducción de automotores sin que esta específica circunstancia suponga que se cambie o traslade el título de imputación a la falla del servicio.

En efecto, si bien esta corporación en una época avaló la llamada “neutralización o compensación de riesgos”, lo cierto es que en esta oportunidad la Sala reitera su jurisprudencia(5), ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva.

Concretamente, sobre la concurrencia de culpas, la Sala ha reiterado(6):

“En cuanto a la decisión del tribunal de considerar que el daño es imputable a la víctima en idéntica proporción porque contribuyó eficazmente en su producción, toda vez que se expuso en forma imprudente a un riesgo, esta Sala la confirmara, advirtiendo que cuando está demostrado que en la producción del daño concurrieron en forma eficiente y en idéntica proporción el hecho de la víctima y la actuación del Estado, resulta preciso declarar la concurrencia de culpas. “La legislación, la jurisprudencia y la doctrina prevén claramente los efectos que produce la concurrencia de causas en la apreciación del daño; la que proviene de la víctima, al ser concurrente no exclusiva, no exime de responsabilidad al demandado; da lugar a reducir la apreciación del daño.”—“Téngase en cuenta que tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales de esta - daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal—, la conducta del dañado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quántum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento tenga las notas características para configurar una co - causación del daño”.

En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a cuál de los participantes en las actividades concluyentes le es atribuible la generación o producción del daño.

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico.

Ahora bien, como en el caso concreto quedó establecido que la muerte del menor David Andrés Soto Anaya ocurrió por el hecho de su propia madre, al no observar las normas de tránsito y conducir imprudentemente el vehículo en el que se transportaba, así como por la violación de las normas de tránsito vigentes al momento del accidente por parte del conductor de la volqueta, se tiene que existió una concurrencia de actividades peligrosas determinantes en la producción del daño.

Por tanto, a la conducta del conductor de la volqueta, que hace responsable al Municipio, debe sumarse la conducta imprudente de la madre, no para excluir totalmente la responsabilidad de aquel, pero sí como elemento codeterminante para la causación del daño antijurídico o, en otras palabras, como una concausa para su ocurrencia. Por lo anterior, la Sala considera que la acción de la víctima contribuyó en la misma proporción que el actuar de la administración en la ocurrencia del daño, hecho que amerita una disminución del 50% en los perjuicios que se reconozcan.

Como corolario de lo anterior, la Sala revocará la providencia recurrida, para, en su lugar, decretar la indemnización de perjuicios a que haya lugar de conformidad con las pretensiones de la demanda.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por la muerte de su hijo David Andrés Soto Anaya, los actores solicitaron por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente en pesos, a 4000 gramos de oro, por lo que se infiere que se trata de 2000 gramos de oro, para cada uno.

Según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y esta es imputable al Estado, ello puede desencadenar la indemnización de perjuicios morales.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(7).

Bajo esa perspectiva, la Sala efectuará la tasación de este perjuicio con base en el monto del salario mínimo mensual legal vigente para la fecha en que se dicta esta sentencia.

En ese orden de ideas, y como procede disminución del 50% de la indemnización a que hubiera lugar, por la concurrencia de culpas ya expuesta, la Sala condenará al municipio de Aguazul, Casanare, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de cada uno de los señores Dorelly Ayde Anaya Genes y Carmelo Soto, como padres del menor David Andrés Soto Anaya, conforme lo acredita el registro civil de nacimiento obrante a folio 11 del cuaderno 1.

Perjuicios materiales

Sobre los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, concretamente, respecto de los daños causados a la motocicleta accidentada, si bien obra una cotización(8) expedida por la firma Casamotos Ltda. por valor total de $ 4’829.900, no puede ser valorada en virtud de que no se acreditó en el proceso, en qué condiciones quedó la misma luego del accidente, por el contrario, obra providencia del 9 de noviembre del 2000(9), en la que el tribunal dispuso prescindir de la prueba pericial de inspección judicial a la motocicleta Yamaha con placas SFC 43A, debido a que no fue posible ubicarla.

Respecto de los perjuicios materiales solicitados, en la modalidad de lucro cesante, el actor no los acreditó, por lo que tampoco le serán reconocidos.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 9 de agosto de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al municipio de Aguazul, Casanare, por la muerte del menor David Andrés Soto Anaya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE al municipio de Aguazul, Casanare, a pagar a Dorelly Ayde Anaya Genes y a Carmelo Soto, por concepto de perjuicios morales, 50 smlmv para cada uno.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas

5. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea esta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

“Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

(...).

“En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, radicación: 17001233100019950602401 (16.533), actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

(2) Ibídem.

(3) Sentencia del 21 de febrero de 2002. Expediente: 12789. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(4) Obrantes de folio 13 y 14 del cuaderno 1.

(5) Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009. Expediente 18039, M.P. Ruth Stella Correa.

(6). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008. Expediente 17066. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros

(8) Folio 12 A del cuaderno 1.

(9) Folio 52 del cuaderno 1.