Sentencia 1999-00297 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Rad.: 500012331000199900297 01 (26072)

Actor: Fredy Guillermo Pinilla Correa y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Ref.: Apelación sentencia reparación directa.

Bogotá, D.C., abril nueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. El material probatorio susceptible de valoración.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 2 de septiembre de 2003, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras pruebas, aquellas aportadas dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, a saber:

— Oficio 1615 del 15 de diciembre de 1998, a través del cual el Analista de Desarrollo Humano de la Fiscalía General de la Nación, certificó lo siguiente (fl. 94 cdno. 1):

“Que el señor JOSE FELICIANO ROMERO BEJARANO (…) está vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 23 de enero de 1993 y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de ESCOLTA I, en el Cuerpo Técnico de Investigación de Villavicencio y su ingreso mensual para el año de 1997 era de $ 574.244”.

— Oficio de fecha 30 de julio de 1999, mediante el cual la empresa Colmena – Riesgos Profesionales, le remitió a la apoderada de ese entonces de la parte demandante, copia de la historia médica correspondiente al señor Jovi Celso Hernández (fl. 95 cdno. 1). Dentro de los documentos que componen la historia médica se destaca el siguiente:

• Resumen de la historia clínica elaborado por el doctor Francisco Reyes Copelo (fl. 96 cdno. 1), según el cual:

“JOVI CELSO HERNÁNDEZ ANGULO, paciente de 42 años a quien atendí por primera vez el 21 de octubre de 1998 por historia de lesión con elemento explosivo el 3 de octubre de 1997, evolucionando a dolor severo localizado en cara externa de la pierna en su tercio distal. Por este dolor el paciente fue explorado en dos oportunidades retirando esquirlas y persistiendo dolor localizado”. (Se resalta).

— Certificación de fecha 27 de mayo de 1999, a través de la cual el Tesorero del Batallón de Servicios Nº 7 hizo constar que en el mes de octubre de 1997 el Cabo Primero Fredy Guillermo Pinilla Correa, devengó la suma de $ 532.514,20 (fl. 134 cdno. 1).

— Certificación de fecha 26 de mayo de 1999, mediante la cual el Oficial de Personal BASO 7 del Ejército Nacional, hizo constar que el señor Fredy Guillermo Pinilla Correa para el 3 de octubre de 1997 era orgánico de la Unidad Táctica del Batallón ASPC Nº 7 del Ejército Nacional y prestaba los servicios de camarógrafo en la Sección B-5 de la Séptima Brigada (fl. 135 cdno. 1).

— Oficio 541 del 21 de mayo de 1999, a través del cual el Analista de Desarrollo Humano de la Fiscalía General de la Nación, certificó lo siguiente (fl. 136 cdno. 1):

“Que el señor JOVI CELSO FERNÁNDEZ ANGULO (…) está vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 5 de julio de 1995 y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de CONDUCTOR II, en la Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación de Villavicencio y su ingreso mensual es: $772.987.

Que para el mes de Octubre de 1997 se encontraba desempeñando el cargo de CONDUCTOR II.

—Oficio 14883 de fecha 15 de julio de 1999, suscrito por el Coordinador del Grupo de Seguridad del D.A.S., dirigido al Director Seccional del C.T.I. (e), a través del cual informó (fl. 137 cdno. 1):

“Por medio de la presente me permito comunicarle que desde el mes de julio del año inmediatamente anterior el señor JOVI CELSO HERNANDEZ ÁNGULO, fue asignado mediante orden verbal por parte del señor director del C.T.I., en ese entonces doctor GILBERTO RODRIGUEZ VARGAS, para que prestara sus servicios en el grupo de seguridad, por lo cual se le asignó como función la de colaborar en el área de recepción donde está a cargo del registro de novedades en los libros de minuta, entrada y salida de retenidos y otros propios de la misma recepción; sin que lo anterior tenga que ver con el servicio de escolta o agente de seguridad, esto a raíz que el señor JOVI no ha podido seguir laborando como conductor a consecuencia de heridas físicas que sufrió en el ataque perpetrado el 3 de octubre de 1997 a una comisión judicial en la jurisdicción de San Carlos de Guaroa y en la que fueron asesinados unos servidores de la institución y otros del ejército, así como herido el escolta JOSÉ FELICIANO ROMERO BEJARANO, quien al igual que el ya mencionado señor ha tenido que pasar a cumplir labores en la misma área de recepción y en otras ocasiones en el área de comunicaciones al no poder cumplir con las de su propio cargo”. (se resalta).

— Oficio 398 del 26 de octubre 26 de 2000, mediante el cual el Director Científico de la Clínica Palermo remitió copia de la historia clínica correspondiente al señor José Feliciano Romero Bejarano (fl. 260 c 1 y c 4).

—Oficio 422029 del 3 de noviembre de 2000, a través del cual el Subdirector de Sanidad del Ejército remitió copia del Acta de la Junta Médica Laboral Nº 617 del 28 de mayo de 1998 correspondiente al señor Fredy Guillermo Pinilla Correa. Documento en el cual se consignaron las siguientes conclusiones (fls. 268-272 cdno. 1):

DIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES

EMBOSCADA HERIDA POR ARMA DE FUEGO EN CRANEO Y ESQUIRLAS DE GRANADAS EN EL CUERPO, TRAUMA ACUSTICO, SECUELAS COGNOSITIVAS MODERADAS, TRAUMA OCULAR IZQUIERDO TRATADO POR CIRUGIA, PSIQUIATRIA Y TERAPIA OCUPACIONAL QUE DEJO COMO SECUELAS: A) HEMIANOPSIA HOMONIMA IZQUIERDA B) ALTERACIÓN DE LAS [ILEGIBLE] COGNOSITIVAS, MEMORIA, COORDINACIÓN, NUEVOS APRENDIZAJES CON TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO C) HIPOACUSIA IZQUIERDA DE 40 DECIBELES.

(…).

Evaluación de la disminución de la capacidad laboral:

LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL OCHENTA Y UNO PUNTO DIEZ POR CIENTO (81.10%)”.

Imputabilidad del servicio:

LESIÓN OCURRIDA EN ACTOS DEL SERVICIO EN TAREAS PARA EL MANTENIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO.

— Copia auténtica del acta de calificación de invalidez correspondiente al señor José Feliciano Romero Bejarano, de fecha 25 de mayo de 2000, a través del cual se le dictaminó una disminución de su capacidad laboral equivalente al 20.35% (fls. 528-530 cdno. 1).

— Oficio 68221 suscrito por el Administrador de Bienes de la Fiscalía General de la Nación mediante el cual remitió el oficio Nº 22127 del 20 de septiembre de 1999 suscrito por la Gerencia Regional de Intermediarios de la Compañía de Seguros La Previsora S.A., según el cual (fl. 523 cdno. 1):

“La firma Consorcio Valencia & Iragorri – AON/Colombia, en su calidad de Corredores de Seguros, mediante Oficio USF - 249 - 99 del pasado 1º de septiembre, radicado en esta Compañía bajo el Nº 949558, nos acredita los documentos relacionados con la incapacidad permanente parcial causada por el accidente de trabajo del señor JOVI CELSO HERNANDEZ ANGULO, hecho ocurrido el 3 de octubre de 1997.

Al respecto, me permito comunicarle que una vez estudiada la Historia Clínica aportada, nuestro departamento médico, conceptuó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, corresponde al 20%, evento no cubierto bajo la póliza SG-221124 suscrita con la Fiscalía General de la Nación, toda vez que en el anexo de incapacidad, en su literal C, establece como incapacidad permanente parcial el 50% o más de pérdida laboral del asegurado, porcentaje que no alcanza a lo pactado en el contrato de seguro y por ende no hay a cubrir la indemnización solicitada por el señor HERNANDEZ ANGULO”. (se resalta).

— Oficio 3131 suscrito por el Secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Villavicencio, a través del cual remitió copia de algunas de las piezas procesales que obraban en el proceso penal que se adelantó por los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997 en el Municipio de San Martín (Meta); dentro de los citados documentos se destacan (fl. 531 cdno. 1)(1):

  1. Acta de la diligencia de allanamiento y registro practicada al inmueble ubicado en el perímetro rural de la localidad de San Carlos de Guaroa “Finca El Alcaraván”, la cual se llevó a cabo el día 23 de mayo de 1997 (fls. 1 - 3 cdno. 2).
  2. Providencia proferida el 14 de octubre de 1999, mediante la cual la Fiscalía Regional de Villavicencio dictó resolución de acusación contra los señores Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor Germán Buitrago Parada y Nelson Orlando Buitrago Parada (fls. 13-33 cdno. 2).
  3. Providencia del 12 de abril de 1999 por medio de la cual la Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional de la Fiscalía General de la Nación confirmó la decisión por medio de la cual se impuso medida de aseguramiento contra los señores Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor Germán Buitrago Parada y Nelson Orlando Buitrago Parada (fls. 34-46 cdno. 2).
  4. Declaración del señor Luis Orlando Muñoz Malagón (fls. 52-57 cdno. 2), según la cual:
 

“El día jueves 2 en horas de la tarde, el mayor Figueroa me solicitó hablar con mi General (Uscátegui) para una operación que él iba a realizar con la Fiscalía, ya que no se había realizado la operación esperada (…). Mi General le preguntó que qué apoyos requería para dicha operación y él le contestó que era muy sencilla la operación que era por la mañana, que no estaba a más de dos horas del objetivo y que antes del medio día estaba de regreso en la Brigada. Mi General volvió a decir que qué clase de operación iba a realizar con la Fiscalía y le dijo correspondiente a lo normal de la Fiscalía, le dijo que por favor estuviera pendiente del radio y que cualquier cosa estaba el Batallón Serviez y el Batallón Albán, para el apoyo a las tropas, que le informara para poderle dar el apoyo de personal. Mi Mayor FIGUEROA, volvió a repetir que él no necesitaba ningún apoyo ya que iba también el C.T.I. (…). Al día siguiente el 3 de octubre, si no estoy mal era un viernes, mi General USCATEGUI, apenas llegó a la Brigada tipo seis y cuarto a seis y media, me mandó a averiguar si el GAULA había salido a la operación o no, me informaron que había salido entre las cuatro o cinco de la mañana a cumplir con una misión (…) ese mismo día por radio se reportó el comandante del GAULA, mi General le preguntó que qué tal estaba la situación informó que estaba bien, sin novedad (…). Mi General ARDILA salía al mediodía y que mi General USACTEGUI debería acompañarlo, salían a una reunión de Comandantes en alguna parte de la Jurisdicción del Caquetá, no me acuerdo bien la base (…) salí a alistar algunas cosas que se llevaban para la reunión cuando me enteré de que el GAULA estaba en combate, una vez fui informado por mi General que el GAULA, le había ido muy bien y estaba muy contento ya que habían dado unas bajas a unos Paramilitares y que seguían en combate (…). Una vez terminado el desarrollo de la operación mi Mayor FIGUEROA informó el parte del armamento incautado y bajas realizadas. Mi General le informó que tomara todas las medidas de precaución que pudiera tener que le diera una vista de apreciación si necesitaba apoyos helicoportados o que si necesitaba tropa que le colocara en algún lugar. Mi mayor FIGUEROA volvió a manifestar nada que con el personal que tenía era suficiente, volvió a recibir una llamada mi General de mi General ARDILA, le informó la situación del GAULA y le volvió a solicitar no viajar hasta cuando el GAULA no llegara otra vez a la Séptima Brigada (…). Me llamaron de la torre de control que el avión estaba listo para salir.

Una vez estando en el COB, aproximadamente entre las tres y media se volvió a escuchar que el GAULA había entrado otra vez en combate una de las palabras que recuerdo tanto que dijo mi General USCATEGUI, les dejo un éxito por favor que no se vaya a volver un fracaso, por las últimas tomas que se estaban viviendo en el país, que le tuvieran informado de todo lo que fuera pasando que apenas él llegara allá al sitio, él me llamaba para que le informara qué había pasado, lo que duró en vuelo él fue el primer hostigamiento que tuvieron los del GAULA, mi Coronel MOLANO estaba pendiente de muertos radialmente lo cual abandoné el COB y me dirigí hacia la ayudantía a llamar a mi Mayor BERNAL, que era el comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 7 ya que era mi superior, mi superior, mi amigo y había algo entre los tres que nos unían mucho, al Mayor BERNAL, al Mayor FIGUEROA y a mí (…) no se sabía muy bien la situación que se estaba presentando en el sitio con el GAULA, se solicitaron los apoyos aéreos, le pasé las fotocopias de los apoyos aéreos a Mi Coronel MOLANO, no se muy bien si la pasó a la Cuarta División o la Fuerza Aérea directamente, tipo a las cuatro y media, decidí llamar al Jefe del Estado Mayor y preocupado por mi amigo fui a la finca VILLA – MERCEDES de propiedad de un familiar mío y donde le estaban celebrando el cumpleaños al Coronel MIKAN, Jefe de Estado Mayor de la Brigada, le informé de la situación que se estaba viviendo y le recordé que Mi General no se encontraba en la Jurisdicción y que no se había llegado al sitio donde se habían desplazado, él me respondió que ya le habían informado al Oficial COB sobre el contacto que había tenido otra vez el GAULA, me dijo que ya iba para allá, yo me regresé de las cuatro a las cinco y media, inicié otra vez a comunicarme con mi General USCATEGUI, por medios telefónicos celulares y la torre de control me informaba que él aún estaba en vuelo, una vez que no pude tener contacto con él y al ver que no regresaba el Jefe del Estado Mayor, regresé a la finca, eran aproximadamente las cinco y media más o menos, le informé que se había perdido contacto y al parecer mi Mayor FIGUEROA había fallecido que era muy importante que él estuviera en el COB, que si mi Coronel no asistía yo le informaba a Mi General y él me dijo no, no, es que ya estoy para ir (…). Una vez regresé a la Brigada tipo cinco y cuarenta y cinco o seis la verdad no tengo bien clara la hora, pero eso fue en un espacio rápido, como lo había dicho mi General llamó para saber si ya había llegado el GAULA a la Brigada, le informé que el GAULA nunca llegó a la Brigada, que a la hora de haber despegado mi General, había entrado en contacto el GAULA, otra vez que estaban sin comunicaciones y que lo que me informaba Mi Mayor Bernal, era que habían varios muertos y que el Mayor Figueroa, había muerto, mi General se enfureció y que le pasaran al oficial B-3, al Jefe del Estado Mayor, que todo el mundo entrara en acuartelamiento de primer grado, que ningún oficial se podía retirar sin la autorización (…) antes de esto él [hace referencia al Coronel MIKAN] me informó que porqué habían perdido contacto radial con el GAULA y yo le contesté que no sabía que qué apoyos se habían mandado y que qué tropas se habían desplazado y qué apoyos helicoportados habían mandado, que era imposible que desde las tres a las seis, era tiempo suficiente para que una patrulla estuviera en el sitio de los hechos con un radio y en ese mismo instante apareció el oficial B-3 y yo le dije que no estaba bien enterado de la situación y ya fueron las órdenes pertinentes emitidas por mi General USCATEGUI, eso es lo que tengo conocimiento del día 3 de octubre.

PREGUNTADO. SABE USTED SI EXISTE O EXISTIÓ ALGUNA COMUNICACIÓN OFICIAL DIRIGIDA AL COMANDO DE LA SÉPTIMA BRIGADA RESPECTO AL OPERATIVO A REALIZAR POR PARTE DEL GRUPO GAULA. CONTESTO. Nunca llegó un oficio por parte de la Fiscalía, además pasados los dos días llegó un oficio, donde sí solicitaban el apoyo de la Brigada pero dicho oficio, lo recibió supuestamente una mujer, no me acuerdo la firma del nombre de quien recibió el oficio, en la oficina de registro hasta hace dos meses de este año, se recibió la primer mujer en la oficina de registro, de grado de soldado, además siempre que se recibe un oficio se coloca el sello, donde se solicitan apoyo de la Brigada para hacer esa operación, inicié a averiguar el nombre de esa persona, en la Brigada no se encontró una persona que tuviera ese nombre e inicié a investigar, lo cual el nombre de esa persona coincidía con una secretaria o algo de una parte de la Fiscalía de este edificio, donde me encuentro declarando, lo cual ese oficio salió del Director de la Fiscalía, lo recibieron en el segundo o primer piso y nunca se envió a la Brigada.

PREGUNTADO. CUANDO EL MAYOR FIGUEROA DA CUENTA AL GENERAL USCATEGUI DE LA OPERACIÓN A REALIZAR EL DÍA TRES DE OCTUBRE, QUÉ INFORMACIÓN LE SUMINISTRA RESPECTO A LO QUE SE IBA A REALIZAR. CONTESTO. El Mayor FIGUEROA es mi amigo y convivimos en demasiadas partes, pero ese día le mintió a mi General y le mostró la operación como algo de rutina [inentendible] le mintió el lugar verdadero donde supuestamente iba a hacer, él dijo que el objetivo no pasaba los límites de más de dos horas y el objetivo estaba a más de cinco horas y esa operación era de rutina de secuestro, era de un procedimiento que el GAULA no estaba autorizado para hacer, por los éxitos que había tenido durante el año, el cambio total que le dio al GAULA, mi General confiaba plenamente en Mi Mayor FIGUEROA, no sé si a él también le mintieron sobre el objetivo y sobre el procedimiento que él iba a hacer con la Fiscalía, averiguando ya como le dije anteriormente era mi amigo, él en la horas de la mañana alistó el personal administrativo, más no el personal de combate, al personal que estaba en oficinas les dijo que iban a hacer una vuelta y que no se demoraban, la igual le informó a la señora ya que el sábado en la mañana lo condecoraban que le alistara el uniforme ya que en horas de la tarde tenía un ensayo de la ceremonia y que él quería tener el uniforme limpio, esto me hace colocar en duda ya que si él pensaba regresar en la tarde y si sabía el sitio donde iba a ir no hubiera llevado el personal administrativo y más bien se hubiera llevado todo el personal apto para dicha operación, él sólo iba con el pelotón del GAULA, no sé la organización del GAULA totalmente pero si sé que tiene un pelotón agregado y son soldados del GAULA.

(…).

PREGUNTADO. SABE USTED PORQUE LA SÉPTIMA BRIGADA NO DISPUSO DEL ENVÍO DE APOYO AÉREO UNA VEZ ENTERADO DEL ENFRENTAMIENTO SOSTENIDO CON EL GRUPO GAULA. CONSTESTO. En el primer enfrentamiento cuando inician el combate los comandantes que están en el área son los responsables de pedir o no el apoyo según la situación que ellos estén viviendo en ese momento, iniciando el combate mi Mayor FIGUEROA, no solicitó el apoyo y una vez volvieron a tener contacto una hora después donde se desarrolló toda la situación y recogieron los muertos y hablo con mi General y le informó el resultado de la operación, le solicitó que si deseaba apoyo tanto aéreo como apoyo terrestre y él confirmó que no era necesario que había sido un combate leve y hasta tenía un herido de las autodefensas, mi General se tranquilizó al saber que la situación estaba controlada y que se había tenido un éxito, pero no obstante ordenó al B-3 que estuviera pendiente del GAULA, hasta que no regresara a Villavicencio; mi Mayor informó que aproximadamente en una o dos horas estaba cumpliendo su objetivo hasta se coordinó con la prensa para hacer el anuncio publicitario.

PREGUNTADO. OBSERVANDO ALGUNAS TOMAS DE VIDEO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS SE DA A ENTENDER QUE EL MAYOR FIGUEROA SOLICITÓ EL APOYO RESPECTIVO Y QUE ESTABA CONSTANTEMENTE EN COMUNICACIÓN PARA ELLO SIN QUE AL PARECER SE LE PRESTARA ESE APOYO. DADAS LAS CIRCUNTANCIAS QUÉ OPINIÓN LE MERECE ESTA SITUACIÓN QUE SE LE PRESENTA CONFRONTANDO CON LO QUE USTED ACABA DE DECIR. CONTESTO. Nosotros como comandantes tenemos que mirar el costo y la necesidad de pedir apoyo aéreo, en el primer combate que es muy diferente al lugar del segundo combate, él estuvo muy seguro de no pedir este requerimiento, en el segundo combate que se había desplazado con los muertos e inicia la columna motorizada otra vez a avanzar es cuando sucede la emboscada en un sitio que es aprovechado por los del autodefensa y ellos están en desventaja, un mal procedimiento de mi Mayor FIGUEROA, primero porque debía estar haciendo registros para avanzar y no lo hizo, segundo él tenía el apoyo de toda la Brigada para en ese momento haber evacuado todo el personal por aire y no haber avanzado más y hubiera evitado la emboscada que tuvo adelante, tercero falla porque él no da tampoco la certeza ni el lugar verdadero del primer combate, sin llegar a imaginar que más adelante lo pudieran haber emboscado, cuando verdaderamente no estaban a dos horas de llegar a Villavicencio, sino aproximadamente entre cuatro a cinco horas, cuarto no lleva el personal total del GAULA, para una distancia tan grande y como le dije antes lleva es personal administrativo y unos pocos del GAULA, quinto tampoco sabíamos que llevaba tanto personal del CTI, ni de la Fiscalía, que no son hombres capacitados para pelear en una zona urbana y que tenían armas cortas que les debilita el poder de fuego, por estas razones creo que mi Mayor FIGUEROA, sabía que había mentido y si la Brigada se llegaba a enterar de la organización, dispositivo y la misión verdadera que estaba haciendo allá hubiera salido sancionado, por lo cual él manejó la situación y no pidió el apoyo para que lo sacaran helicoportado y subestimó al enemigo, pensando que solamente eran esos tres o cuatro bandoleros que le habían salido en el primer contacto, cabe aclarar que en el segundo contacto es destrozado o averiado el radio lo cual por eso pierden comunicación con la Brigada en el segundo contacto y desubica totalmente a todos ya que los estábamos buscando en un círculo de dos horas y cuántos kilómetros podía avanzar en dos horas y no sabíamos la distancia verdadera en que él se encontraba.

(…)

PREGUNTADO. QUE DE CIERTO HAY EN LAS VERSIONES DE QUE NO HUBO APOYO AEREO PORQUE LOS HELICOPTEROS ESTABAN DISPONIBLES O SE ENCONTRABAN EN OTRAS ACTIVIDADES? CONTESTO: Se que delante de la señora que fue a llevar ese documento Mi Coronel se comunicó con Chacón, para solicitar un apoyo de helicóptero y dijeron que no había disponibilidad de helicópteros y coordinaron enviar otra aeronave que había disponible, no sé por qué no habría disponibilidad, yo si recuerdo que el apoyo fue de un OB-10 y la demora que surgió fue por las mentiras del Mayor FIGUEROA, ya que las coordenadas nunca las dio, la distancia con que él informaba no era acorde al sitio donde estaban teniendo los combates, eso por una parte demoró la salida del avión, teníamos que ubicar la patrulla en un círculo aproximadamente, ya que sería como botar una aguja en un jardín y tratarla de hallar, el helicóptero no sé por qué no estaría disponible, porque la comunicación fue entre el Coronel Molano y Chacón.

PREGUNTADO. A PROPOSITO DEL OFICIO QUE USTED DICE RADICO AL PARECER A LAS 13:50 (SIC) DE LA TARDE ANTERIOR A ESTO SABE USTED SI PERSONAL DE LA FISCALIA HACIENDO PRESENCIA EN LA BRIGADA O POR VIA TELEFONICA HABIAN REQUERIDO ALGUN TIPO DE APOYO. CONTESTO. Telefónicamente, de pronto lo pudieren haber hecho por medio de celular a Mi General, pero me queda imposible saber, lo único que sé es que cuando yo llegué sí vi a la señora con el oficio.

PREGUNTADO. SEGÚN REPORTES DE LA SEPTIMA BRIGADA APARECE ENTRE LAS 3:15 HORAS A LAS 3:20 HORAS SE HICIERON REQUERIMIENTOS AERONAUTICOS PARA APOYAR AL GRUPO GAULA EN LA SITUACIÓN QUE SE LES ESTABA PRESENTANDO. EN EL PRIMERO DE ESOS REQUERIMIENTOS SE HABLA DE LA SEGURIDAD DE LA COLUMNA DE NUEVE VEHICULOS QUE SE DESPLAZABAN INCLUSO SE DAN COORDENADAS DEL LUGAR. SABE USTED POR QUE ESE REQUERMIENTO NO SE HIZO DESDE EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRESENTA LA PRIMERA INFORMACIÓN DE COMBATE DEMORANDOSE HASTA EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA LA EMBOSCADA COMO TAL? CONTESTO. Como anteriormente dije los comandantes son los responsables de pedir o no el apoyo, los comandos superiores tienen todos los formatos y todas las cosas listas para prever cualquier situación que llegue a suceder, o sea hacen todas las operaciones, después de haber tenido contacto con alguna columna llámese guerrilla o autodefensa, si el comandante que está en el área que es el que está sufriendo los rigores del combate dice que no quiere apoyo, pues no se tramita ninguna solicitud de apoyo (…)”.

  1. Copia del Oficio del 2 de octubre de 1997, con fecha de recibido en la Séptima Brigada el 3 de octubre a las 15:50, a través del cual la Fiscal Delegada ante el Ejército Nacional le solicitó al Coronel Molano lo siguiente (fl. 68 cdno. 2):
 

Atendiendo nuestra solicitud verbal formulada al señor General Uscátegui en el día de hoy siendo las catorce horas y teniendo en cuenta que usted quedó a cargo de la situación, con carácter urgente se le ruega disponer el inmediato apoyo aéreo el cual fue autorizado por el señor General a las Quince horas. Siendo las Quince y Cuarenta y Cinco recibimos nuevamente peticiones de auxilio por radio, sabiendo que queda la vida de nuestro funcionario, Ejército, DAS y C.T.I., que conforman la unidad Gaula.

  1. Resolución de fecha 25 de agosto de 1998, mediante la cual la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, entre otras, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor Germán Buitrago Rodríguez y Nelson Orlando Buitrago Rodríguez (fls. 71-101 cdno. 2).
  2. Informe Nº 598 del 22 de octubre de 1997, mediante el cual el Investigador judicial II, Código 197 y el Profesional Universitario Código 3857, mediante el cual dieron cuenta de las labores realizadas con ocasión de los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997:
 

“El pasado viernes 3 de octubre de 1997, en horas de la tarde (2:30 P.M.) y luego de haber recibido varios comunicados de los compañeros que se habían desplazado a la zona rural del Municipio de SAN MARTIN - META, en la cual manifestaban que estaban siendo objeto de una emboscada, tenían bajas y heridos; procedimos con el DR. NAYIB FRANCISCO RIVERA, en busca de apoyo a las entidades que se relacionan a continuación, en atención a las instrucciones impartidas en un comienzo por el señor Jefe Grupo de Apoyo a Fiscales Regionales (Dr. Pedro Nel Aguilar Triviño) y luego por el propio Director del C.T.I., Doctor GILBERTO RODRIGUEZ VARGAS.

(…)

3. FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Desde el mismo ingreso a la BASE AEREA DE APIAY, aproximadamente a las 05:30 P.M., se adelantó entrevista con el Oficial COBA (Comando de Operaciones Base) – Teniente JULIO PALACIOS el cual coordinó el posterior encuentro con los primeros pilotos de OV-10 que procedían del lugar de los hechos, quienes dieron noticias con base en lo observado y filmado en un video casete, de 2 vehículos que huían a gran velocidad del lugar de la emboscada con rumbo a SAN CARLOS DE GUAROA.

Inmediatamente salieron otros 2 aviones OV-10, los cuales llevaban a bordo un radio GP-300 motorola de nuestra entidad a fin de que establecieran contacto permanente con las unidades de tierra emboscadas, la Central de Comunicaciones C.T.I. (SATELITE), sombra (Central de Comunicaciones Base Aérea de Apiay - Coba) y los propios aviones (Fantasma y Broncos).

(…).

Es de anotar que aproximadamente desde las 4:30 P.M. hasta las 4:30 A.M. del día sábado 4 de octubre de 1997, se mantuvo permanente sobrevuelo de los OV-10 (BRONCO) y el TAC-47 (FANTASMA), los cuales realizaron (como ya se anotó) ametrallamientos tácticos, escolta permanente para repeler un nuevo hostigamiento, sumado esto al lanzamiento de bengalas, las cuales coordinaron directamenteentre los pilotos y las Unidades en tierra; situación ésta que aportó un estímulo invaluable, tanto a los que nos encontrábamos impotentes ante los hechos, como a todos nuestros compañeros que se encontraban con bajas, heridos, pocas municiones y en la penumbra de la noche.

(…)

Paralelo a todos estos hechos el señor Oficial COBA, realizó una gran labor respecto de las comunicaciones efectuadas con la Brigada (para comunicarse con las contraguerrillas), la propia torre de control, las aeronaves que se encontraban en el vuelo, el comandante de la Base Aérea y el propio General FABIO ZAPATA Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quién dispuso incondicionalmente de la disponibilidad de más aeronaves desde Bogotá, en la medida que éstas fueran requeridas para el traslado de más heridos graves a la ciudad capital, agotando incluso la probabilidad del traslado de un helicóptero equipado con visores nocturnos desde la ciudad de SANTIAGO DE CALI, lo cual no fue posible culminar por razones operacionales de peso.

(…)

Recabando lo ya anotado, el desgaste físico de las tripulaciones que sobrevolaron el aérea durante 12 horas aproximadamente, estuvo a la altura de los aviones mismos, colaboración ésta de la cual no da fé únicamente el suscrito, sino por el contrario todos los que también estuvieron al tanto.

(…)”.

  1. Oficio 007332 del 20 de octubre de 1997, a través del cual el Comandante de la Base Aérea Capitán Luis F. Gómez Niño, certificó lo siguiente en relación con los apoyos aéreos brindados entre los días 3 y 4 de octubre de 1997, a la Comisión Judicial que sufrió el ataque por parte del grupo insurgente (fl. 109 cdno. 2):
 

“1. 16:24 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 18:30 horas (día 03 - oct.-97).

2. 19:31 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 21:34 horas (día 03 - oct-97).

3. 20:59 Despega avión AC-47T (Fantasma). Aterriza 01:55 AM (día 04 - OCT-97).

4. 01:00 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 04:16 horas (día 04 - OCT - 97).

5. 05:55 Despegan 2 aviones OV-10. Aterrizan 09:04 horas del día 04 - OCT-97”.

  1. Testimonio rendido por el señor Gonzalo Israel Callejas.
 

“[A] las trece doble cero horas aproximadamente mi mayor dio la orden de recoger el personal para regresar nuevamente, al cabo de unos cuarenta y cinco minutos los vehículos que iban en la parte de adelante se escucharon unos disparos, el personal de uniformados desembarcamos rápidamente de la camioneta turbo donde íbamos, hicimos un envolvimiento en el sector, al hacer un registro, se encontraron tres sujetos dados de baja y se capturaron tres de los cuales uno estaba gravemente herido, mi mayor dio la orden de embarcar los muertos en una camioneta HI - LUX la cual era de los sujetos y me dio la orden de que me subiera a la camioneta con un soldado, los detenidos los embarcaron en la camioneta donde iban los soldados, continuamos con el desplazamiento y a las dos y media aproximadamente de la tarde, hicieron alto yo pregunté que qué estaba pasando y me informaron que estaban haciendo programa en la brigada, al cabo de un rato continuaron con el desplazamiento, a las tres y cuarto de la tarde aproximadamente desde varios carros nos empezaron a atacar con fuego nutrido de fusil y granadas de diferentes calibres, el personal que íbamos en la camioneta desembarcamos rápidamente, tratamos de hacer un envolvimiento hirieron a un señor de la Fiscalía (…) luego de que hice un recorrido por todos los vehículos fue cuando me di cuenta de todo el personal que había fallecido, menos mi mayor FIGUEROA ni el cabo PINILLA que en ese momento no lo vi, me reuní con el detective WILSON quien tenía un teléfono celular, bajé los dos detenidos que habían quedado en la camioneta turbo y el otro había fallecido y junto con tres soldados procedimos a subir a un carro, el detective WILSON RIVEROS, logró comunicarse con un sargento de apellido RODRIGUEZ de la FAC, el detective me pasó el teléfono para que hablara con el sargento yo le informé de toda la cantidad de heridos y muertos en el momento. A las cinco y treinta aproximadamente llegaron unos aviones de la Fuerza Aérea, yo le informaba al sargento RODRIGUEZ por medio del teléfono el sitio donde se estaban alejando los sujetos y éste por intermedio de otro radio le informaba a los pilotos de los aviones (...)”.

  1. Cuestionario rendido por el señor Procurador Judicial I Penal, Jorge Alberto Socotá Jiménez (fl. 113-115 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“(…) Las diligencias anteriores se terminaron hacia la una y quince (1:15) de la tarde aproximadamente (…). Transcurridos unos diez (10) minutos de recorrido observamos una camioneta Toyota Hi - Luv color vino tinto, doble cabina, con varias personas dentro, la cual se desplazaba en el mismo sentido nuestro pero más adelante, perdiéndola posteriormente de vista. Transcurridos unos diez (10) minutos más de camino y en una tienda llamada San Martín se observó la camioneta antes descrita de la cual descendieron varios hombres con fusil en mano ante lo cual, no puedo determinar si por parte de miembros del C.T.I., o del Ejército, se dieron voces de alto a lo que siguió un intercambio de disparos entre los sujetos y los miembros de la comisión judicial, dando como resultado la muerte de tres (3) de los individuos de la camioneta y la captura de otros tres (3), uno de ellos herido, el cual posteriormente falleció, sin que pueda establecer la hora de su deceso (…). Mientras se depositaban los cadáveres de los sujetos en el platón de la camioneta vino tinto, el Mayor FIGUEROA (q.e.p.d.) se comunicó o pidió que lo comunicaran con una persona a quien identificó como KAFIR O CAFIR con el fin de solicitarle apoyo tanto de refuerzos armados como de helicópteros con el fin de evacuar la zona, ante lo cual se le respondió que en forma inmediata se enviarían los refuerzos pedidos (…). Como no hubiese (sic) pronto reporte de los refuerzos (helicópteros) requeridos, el Mayor FIGUEROA (q.e.p.d.) decidió que continuáramos el viaje. Reiniciado éste, como a los quince (15) minutos aproximadamente fuimos atacados en forma intempestiva por un número de hombres el cual calculo en sesenta (60), con ráfagas de fusil, granadas y morteros. Es de anotar que por ir en la parte intermedia de la caravana, desconozco la manera como fueron muertos quienes encabezaban la misma. Los que nos desplazábamos en el Nissan blanco, en forma coincidental resultamos parapetados en el mismo sitio, esto es bajo un pequeño árbol al otro lado de la carretera y en dirección a nuestros atacantes, sitio en el cual permanecimos más o menos unas dos o dos horas y media (…). Allí fuimos informados por éstos [hace referencia a integrantes del C.T.I y del Ejército] que desde las tres (3:00) de la tarde habían quedado de enviar helicópteros en nuestra ayuda. Sobre las cinco y treinta o cinco y cuarenta y cinco (5:30-5:45) aproximadamente hicieron presencia en el lugar dos aviones tipo caza y fue esto, en mi sentir, lo que hizo que nuestros atacantes se retiraran del sitio de los acontecimientos.

(…)

PUNTO SEXTO. Se comentó que existía la posibilidad de que en la zona hubiera guerrilla y que por tanto estuviéramos alertas”.

  1. Testimonio rendido por el señor Juan Carlos Cruz Giraldo (fls. 121-124 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“El Mayor FIGUEROA, Comandante del Gaula alistó la tropa compuesta por dos escuadras y les impartió las órdenes que debían seguir, les dijo que posiblemente teníamos contacto porque íbamos a ir para una zona de alto riesgo, pero no nos dijeron nada más, los comentarios que había entre nosotros mismos era que nos íbamos a ir por el lado de San Carlos de Guaroa. No hubo misión de trabajo y si la hubo yo no fui enterado. (…) Faltando 20 o 25 para la 1 de la tarde se nos informó que la diligencia había terminado que iniciábamos el desplazamiento. Se pidió que no tomáramos la misma ruta de entrada pues por normas de seguridad para nosotros mismos, pero se nos dio la negativa ordenando regresar por el mismo sector, esa orden la dio el Mayor FIGUEROA. Salimos de la finca y llevábamos 15 o 20 minutos cuando tuvimos el primer contacto, según versiones de algunos compañeros, realmente oí fue el comentario, una camioneta que no era de la caravana se había adelantado a nosotros yo no vi la camioneta. Oímos detonaciones pues los señores que iban en la camioneta mencionada abrieron fuego contra nosotros (…). De ese primer enfrentamiento hubo 3 bajas de los que venían en la camioneta o sea que en total eran 6 atacantes (…). Seguimos porque no podíamos retrasar más el desplazamiento (…). Hicimos un recorrido por lo menos de unos 20 minutos o sea que iban a ser las 2 o dos con algunos minutos (…). Cuando la luv roja conducida por QUEVEDO estaba alcanzando la última curva, empezaron los disparos, salimos de la camioneta, nos tiramos a la carretera, mis compañeros como pudieron se atrincheraron en un barranquito, yo quedé detrás de las ruedas de la camioneta donde íbamos nosotros. Empezó un tiroteo grande, en esa bajada del monte quedamos los tres últimos carros, no podíamos ver hacia el banco de sabana pues el monte nos lo impedía y además de eso no nos dejaban levantar la cabeza por la lluvia de balas era intensa. El sonido de las detonaciones era de un M60, también nos estaban lanzando roquet y mortero, todo indica que al parecer nos estaban esperando de hacía rato (…). Habían pasado casi unas 4 horas de combate y desde ahí podíamos abrir fuego, tratamos de alcanzar la loma que queda diagonal a donde nos estaban dando, pero nos fue imposible pues nos tenían detectados y desde allá nos alcanzaban, los carros fueron baleados completamente, iban a ser las 6 cuando llegaron los aviones OV10”.

  1. Testimonio rendido por el señor Oscar León Rojas (fls. 125-128 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“Aproximadamente como a la una de la tarde y a los pocos kilómetros yo iban en medio de la caravana en un MITSUBISHI blanco (…) el carro iba en toda la mitad de la caravana cuando escuchamos unos disparos con dirección a nosotros los de la caravana, por lo que procedimos a bajarnos de los vehículos y buscar protección y repeler el ataque (…). Se les incautó un armamento, unos fusiles y la camioneta y yo me arrimé a ese vehículo cuando escuché un radio que estaba en el vehículo y oí que llamaban a un señor con el apodo de BOTIJA, conteste BOTIJA y ahí dijeron ESTAN EN FIESTA, ESTAN EN FIESTA, no oí más y de inmediato el Fiscal ordenó junto con el Mayor del GAULA el desplazamiento y después de lo sucedido, después de ese primer encuentro escuché que el investigador JURADO solicitó apoyo a un General del Ejército y alguien del Ejército no recuerdo exactamente que mandaran apoyo aéreo, ya que nos metimos con gentes de alta peligrosidad como son los paramilitares, ya que uno de ellos decía que eran PARACOS y que venían de URABA y el chino dijo que eran como noventa sujetos, el Fiscal también solicitó apoyo aéreo y se recibió como respuesta que ya iba el apoyo y de inmediato el Mayor del GAULA nos organizó la caravana nuevamente y ya transcurrido como media hora nos emboscaron (…). Cuando nos atacaron nos gritaban “AHORA SI RIANSE HIJUEPUTAS” repitiéndolo frecuentemente, de ahí pues miramos que se fueron entonces un cabo y como cuatro soldados comenzaron a avanzar entonces nos tomamos los cerros y comenzamos a subir a los heridos pero yo había conseguido más munición, un soldado me la había dado, los auxiliamos para subirlos a los cerros y había mucha gente herida y en el curso de la noche falleció, si hubiera llegado apoyo a tiempo se hubieran cogido a todos los atacantes y se hubieran salvado las vidas de los heridos hasta el momento”.

  1. Testimonio rendido por el señor Luis Eduardo Jurado (fls. 129-132 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“Terminada la diligencia aproximadamente a la una de la tarde nos embarcamos e iniciamos nuestro retorno hacia Villavicencio, transcurridos unos quince minutos de recorrido se presentó un enfrentamiento sobre el cual no puedo aportar mayores detalles puesto que venía en el quinto vehículo y a pesar de haber reaccionado, estábamos a bastante distancia del primer carro, lo cual me impidió observar cómo transcurrieron los hechos, pero sí cuando se controló la situación me acerqué hacia la casa donde también hay una tienda y vi que habían unos individuos sentados al pie de la casa y dos muchachos dados de baja, también posteriormente vi cuando trajeron a otro que habían dado de baja en el potrero, luego de esperar las determinaciones adoptadas por el Mayor y por el doctor Reyes, reiniciamos el viaje. Debo aclarar que cuando reaccionamos en este momento yo inmediatamente informé por radio que teníamos enfrentamiento con la subversión, pues presuntamente eran subversivos, en este lugar la demora fue para mis cálculos de aproximadamente una hora o algo más, cuando habíamos avanzado tal vez otros veinte o treinta minutos los vehículos se detuvieron, lo que yo vi fue que los soldados del GAULA desembarcaban rápidamente como es obvio, siendo esto un indicio del ataque me arrojé del vehículo y antes de atrincherarme corrí la silla para que se bajaran el señor Procurador JORGE ALBERTO SOCOTA y el compañero ANTONIO LEON, instantáneamente empezamos a recibir ráfagas de todo tipo”.

  1. Testimonio rendido por el señor Reinaldo Méndez Cabrera (fls. 133-136 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“(…) Es de anotar que apenas se terminó el contacto estando ya el sitio controlado se pidió apoyo a la ciudad de Villavicencio y se informó que habíamos sido atacados, se continuó con el recorrido como a las dos y diez de la tarde, fue cuando se escuchó que habíamos sido emboscados nuevamente, por una banda más grande al parecer entre noventa y cien hombres y fue cuando empezó el tiroteo y cada uno cogió su trinchera más rápido como hasta las cinco y cuarto y cinco y media de la tarde cuando se escuchó la presencia de los aviones de la Fuerza Aérea (…) como a eso de las siete y cuarto de la noche, nos dijeron que habían salido dos contraguerrillas y unos compañeros del C.T.I., al sitio y que en una hora aproximadamente estarían allá y eso no fue así porque ellos llegaron solamente como a las tres y media de la mañana (…) PREGUNTADO. Desea agregar, corregir, enmendar algo a la presente diligencia. CONTESTO. Quiero declarar que si el apoyo por parte de la Fuerza Aérea, hubiera sido en el momento que se pidió el apoyo, máximo a los cuarenta minutos, no hubiera pasado nada de eso, también la negligencia, los soldados que se murieron por parte de apoyo”.

  1. Declaración rendida por un “testigo con reserva de identidad” (fls. 137-142 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“Es de anotar que en los momentos en que se estaba sosteniendo el combate, siendo aproximadamente la una y media de la tarde, nuestros jefes y directivos de la diligencia encabezados por el Fiscal Regional ante el Grupo GAULA y el mismo Mayor Jefe del GAULA al igual que otro directivo del C.T.I., llamaron a Villavicencio, a las directivas del C.T.I., de la Séptima Brigada y Fiscales Regionales, sin precisar nombres, pidiendo encarecidamente y de forma urgente el apoyo de aeronaves para continuar nuestra marcha pasando por San Carlos de Guaroa y luego llegar a Villavicencio, con el fin de obtener seguridad en el desplazamiento ya que se trataba de una zona de alta peligrosidad y en razón al encuentro armado que se acababa de sostener, de igual manera se temía otro ataque por parte del grupo alzado en armas ya que uno de los funcionarios escuchó que modulaban por el radio que tenia la Toyota Hilux decomisada y llamaban a un tal botija y a otro con indicativos y agregaban que allí les estaban haciendo fiesta a los muchachos de ellos, pero que más adelante no la iban a hacer a nosotros (…). Al transcurrir el tiempo no recuerdo cuántos minutos, un tiempo indeterminado a la espera de que confirmaran el apoyo y a la vez de que los helicópteros de antinarcóticos se encontraban cumpliendo operativo en San José del Guaviare, el Fiscal y el Mayor del Gaula decidieron partir de forma inmediata del lugar por la presunta premura del tiempo que nos quedaba, ya que se requerían más de cinco horas para llegar a Villavicencio y aproximadamente unas tres para salir de la zona de peligro (…) habrían transcurrido aproximadamente quince minutos cuando entramos a un sector de serranía en donde hay una franja izquierda varios montículos y varios recodos muy sobresalientes (…). Una vez allí avanzando la caravana con sus distancias normales fuimos atacados de forma violenta (con armas de fuego, fusiles, granadas, morteros y al parecer una o varias M60) (…) PREGUNTADO: Tiene algo más que decir, agregar, enmendar o corregir a la presente diligencia. CONTESTO. Tengo que aclarar que el apoyo que se pidió cuando ocurrió el primer ataque, siendo aproximadamente la una y media de la tarde nunca llegó a tiempo y que si hubiesen llegado tan siquiera una hora más tarde unos dos helicópteros para que nos acompañaran por la ruta a San Carlos de Guaroa, haciendo únicamente presencia, estoy convencido que jamás hubiese ocurrido la masacre que allí sucedió, porque aunque estuviesen nuestros enemigos parapetados y listos a atacarnos, se hubieran tenido que replegar o habrían sido atacados también desde el aire y cualquier apoyo aéreo se hubiese presentado de forma más oportuna, por lo tanto solicito a la comisión investigadora se establezcan las correspondientes responsabilidades a que haya lugar por negligencia comoquiera que fuimos abandonados a nuestra suerte con los resultados ya conocidos”.

  1. Testimonio rendido por el señor José Quevedo Acosta, (fls. 143-146 cdno. 2) en el cual se destaca lo siguiente:
 

PREGUNTADO. Usted personalmente llamó o se enteró si alguien lo hizo una vez ocurridos los primeros hechos para solicitar ayuda? CONTESTO. Claro, el Mayor llamó para informar lo ocurrido y para solicitar apoyo, llamó a una clave KAFFIR. Al DAS no se llamó pues no llevábamos radio de comunicaciones de ese alcance y hasta ahí el mando del personal lo tenía OTTO.

  1. Oficio de la Fiscalía Regional del Oriente, con fecha de recibido el 9 de septiembre de 1997, mediante el cual se le solicita al Comandante de la Séptima Brigada apoyo de personal militar para realizar una diligencia de incautación y ocupación de un inmueble ubicado en la zona rural del Municipio de San Martín, finca el Alcarabán, operación que fue ordenada dentro del proceso penal Nº 3017. Lo anterior, debido a que la zona “al parecer” era de orden público (fl. 152 cdno. 2).
  2. Misión de Trabajo del grupo Gaula de Villavicencio de fecha 2 de octubre de 1997 en el cual se informa acerca del lugar, el personal que intervendrá, el objeto y los vehículos que se utilizarán para la práctica de la diligencia el día 3 de octubre de ese mismo año en el Municipio de San Carlos de Guaroa (fl. 153 cdno. 2).
  3. Anotaciones del Libro de Minuta –se desconoce a qué institución pertenecía —en el cual se destacan las siguientes anotaciones (fl. 154-155 y fl. 157 cdno. 2):
 

“Oct 3/97. 14:05. Nota: A esta hora se informa que el grupo operativo del grupo Gaula al parecer se encuentran emboscados en inmediaciones del M/pio de San Carlos de Guaroa sin más datos.

(…)

Oct 3/97. 17:30. Nota: A esta hora se recibe una llamada del I.J., Wilson Riveros Sanabria quien manifiesta que se encuentran en el altos de la Loma vía La Serranía, Jurisdicción del M/pio de San Carlos de Guaroa el cual manifestó que “habían matado a todos y que mandaran apoyo lo más rápido posible”, cortándose la comunicación, de esto ya tenía conocimiento la Séptima Brigada, la cual fue informada por radio de comunicaciones”.

  1. Testimonio rendido por el señor Juan Carlos Cruz Giraldo (continuación de diligencia suspendida) (fls. 157-158 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“PREGUNTADO: Al momento de organizar el desplazamiento, cuando se estaban ustedes en el Gaula frente a la 7ª Brigada (…) para acompañar una comisión de la Fiscalía qué instrucciones concretas recibieron y quién las impartió. CONTESTO: Las impartió el Señor Mayor FIGUEROA Comandante del Gaula y no precisamente nos las impartió a nosotros, se las impartió a las dos escuadras de soldados que tenía al mando, yo estuve en la reunión y dijo que íbamos a la extinción de dominio en la zona de San Carlos de Guaroa, pero que cogeríamos por la vía a Puerto López; nos indicó la forma del desplazamiento en cuanto a la distribución de los carros, la distribución del personal del [inentendible] nos la había impartido el Fiscal y mi jefe OTTO. El Mayor dijo que posiblemente lo más seguro era que podíamos tener contacto por parte de la guerrilla, pues la zona era de alto riesgo, pero en ningún momento nos dijeron exactamente a dónde nos dirigíamos (…). PREGUNTADO. Tiene algo más que agregar, decir o corregir a la presente diligencia? CONTESTO. Que si a nosotros nos hubieran dado apoyo inmediatamente a las llamadas que se hicieron nos hubiéramos salvado todos, pues yo se que los aviones no duran más de cinco minutos en el aire para dar con nosotros. Con solo pasar el avión habría evitado que esa gente se hubiera quedado en el sitio donde estaban y habíamos podido evitar la masacre que hicieron”.

  1. Declaraciones de los señores Luis Fernando Sierra Zambrano, José Feliciano Romero Bejarano, Jovi Celso Hernández Angulo y Fredy Guillermo Pinilla Correa.
 

Las declaraciones realizadas por los anteriores declarantes no pueden ser objeto de valoración, puesto que, como se recuerda, las citadas personas son parte dentro del presente asunto, motivo por el cual, para que sus testimonios tuviesen eficacia probatoria, debieron surtirse las etapas y requisitos que prevé la ley para la práctica del interrogatorio de parte, situación que se omitió, en este caso.

  1. Testimonio rendido por el señor Germán Darío Pinilla Jiménez (fls. 194-201 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

“(…) Después de unos 10 o 15 minutos aproximadamente se tuvo el primer contacto, se escucharon disparos, el conductor del carro de nosotros frenó y dio reversa como unos quince metros, me bajé del vehículo y me dirigí hacia adelante en donde se encontraba el camión donde se transportaba los soldados, me fui hacia la cerca del lado izquierdo de la carretera y desde ahí se observaron las personas que dispararon contra los vehículos hubo disparos y nos dirigimos donde ellos estaban, encontramos tres cuerpos sin vida, los cuales fueron sacados por soldados y llevados hasta la carretera, cuando salimos quedaba una tienda y estaban tres personas detenidas, yo les pregunté que por qué se habían metido en ese cuento, pensando yo que eran de la guerrilla y uno de ellos, el que estaba herido en su cara, en el pómulo derecho, dijo que era por la guerra, luego de hacerle distintas preguntas, el menor de los tres detenidos quien dijo que tenía quince años, me dijo que pertenecían al grupo paramilitar, que su comandante le decían o llamaban Jaime y el máximo era HECTOR BUITRAGO, también manifestaban todos que nos fuéramos rápido, que nos iban a dar, que eran como 150 y que estaban cerquita de ese lugar, el MAYOR empezó a gritar nos vamos ya, nos embarcamos y seguimos el camino, como a unos 5 o diez minutos de trayecto se paró la caravana, no sé por qué, dicen que el guía estaba hablando con alguien, no me consta, porque de donde yo estaba no alcanzaba a observar, en ese momento nos llegó el camión Dodge color guayaba, el cual estaba en el lugar del primer contacto (…) nuevamente abordamos los carros como a los cinco o 10 minutos, fue cuando se escucharon los disparos, nos bajamos del carro y nos metimos en una mata monte, pasó como 45 minutos de fuego de disparos, de detonaciones fuertes cuando se escucharon los aviones, luego empezaron a gritar los compañeros y a tratar de ubicarnos dónde estábamos y después de encontrarnos nos subimos a la loma de la serranía donde estaban ubicadas las personas que nos dispararon, luego estábamos en la espera que nos recogieran los helicópteros a quienes se había pedido apoyo aéreo por parte del MAYOR y del compañero JURADO, desde el primer contacto que se tuvo, que fue desde la 1:15 de la tarde y sólo hasta el otro día a las siete de la mañana nos sacaron (…). PREGUNTADO. Sírvase manifestar si tiene algo que agregar, enmendar o corregir a la presente diligencia. CONTESTO. Yo quiero agregar que si se nos hubiera dado el apoyo aéreo al momento que se requirió no nos hubieran emboscado, ni hubieran fallecido las personas que murieron, además en las horas de la mañana como a las seis, dialogando con el Comandante de la contraguerrilla que llegaron al lugar de los hechos, nos manifestó que a ellos les habían avisado que se alistaran que el Gaula había entrado en contacto, entonces ellos pensaron que iban a traer los helicópteros para trasladarlos al lugar del combate, pero que ello no ocurrió porque se encontraban haciendo demostraciones de paracaidismo en la inauguración de la semana cultural de la Universidad Cooperativa de esta ciudad”.

  1. Testimonio rendido por el señor Mario Alberto Carmona Vanegas (fls. 216-221 cdno. 2), en el cual se destaca lo siguiente:
 

(…) Ya controlada la situación me dirigí hacia la tienda donde escuché al señor MAYOR FIGUEROA pedir apoyo aéreo a través de la radio de ellos, siendo la una y treinta de la tarde aproximadamente, en este lugar permanecimos más o menos media hora ya que la traída de los cuerpos fue bastante dispendiosa, comoquiera que quedaron como a doscientos metros de la casa. Antes de reanudar la marcha a muto propio le pregunté al señor Fiscal que era bastante peligroso regresar por el mismo camino, a lo que me contestó que efectivamente sí era peligroso pero que en sitio denominado El Barro teníamos otra desviación (…) Reanudada la marcha siendo la una y treinta como indiqué anteriormente y al cabo de cinco a diez minutos, nos detuvimos porque al parecer uno de los carros que iba a adelante se había pinchado, tardándonos en este lugar diez minutos, nuevamente se reanudó la marcha y al cabo de otros diez minutos se escucharon nuevos disparos, a lo que nos bajamos de los vehículos a buscar protección a mano izquierda del camino en medio de una mata de monte, estando escondidos nos caían disparos de todos los lados al igual que granadas.

—Oficio 67471 del 7 de septiembre de 2001, a través del cual el Juzgado 128 de Instrucción Penal Militar del Ejército Nacional, remitió copia auténtica del auto interlocutorio del 4 de febrero de 1999, mediante el cual dicho juzgado se abstuvo de iniciar investigación dentro del “preliminar 241 que se adelantó por los hechos sucedidos en San Carlos de Guaroa (Meta), el tres de octubre de mil novecientos noventa y siete” (fls. 1-42 cdno. 3).

Los principales argumentos que tuvo en cuenta el citado Juzgado para proferir su decisión se transcriben a continuación:

“De los testimonios que se han relacionado resulta unísono, coherente y monolítico que el Señor Mayor Figueroa no difundió la información a sus subalternos, no precisó de qué se trataba la operación y sólo al momento de salir les manifestó que iban a prestarle seguridad a la Fiscalía en San Carlos de Guaroa en una diligencia que él llamó “extinción de dominio”; era tan marcada la desinformación a sus subalternos por parte del Mayor Figueroa que como lo manifestó el teniente RAVE le dijo que no confiaba ni en la mamá, lo que llevó a que el Oficial y Suboficiales del Gaula le reclamaran que si no confiaba en ellos cómo hacían. La reserva de lo que se iba a hacer llegó a tal extremo que no informó a la Brigada la clase de diligencia que se iba a hacer, no realizó orden de operaciones, menospreció la magnitud de lo que se iba a realizar al punto que sólo llevó una sección con un oficial cuatro suboficiales y catorce soldados. Actitud que no se compadece con la condición de un Oficial Superior comandante del grupo GAULA, de un militar con más de doce años de experiencia en atención al grado que ostentaba como Oficial Mayor del Ejército Nacional.

Sorprende a éste Juzgado cómo una unidad que fue creada con fundamento en la ley 282 de 1996 y en donde se fijó su ámbito de aplicación y misión a cumplir mediante la Resolución 001 del 30 de enero de 1997, por parte del DIRECTOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL, fue empleada por su comandante en actividades totalmente ajenas distintas a la misión encomendada.

(…).

Lo que sí se tiene por establecido, del estudio desapasionado de la prueba obrante, es que el señor Mayor JUAN CARLOS FIGUEROA ESCOBAR en su calidad de Comandante Militar del Grupo GAULA, actuó en forma contraria a derecho, dejó de observar las mínimas normas que debe conocer y atender un militar, como lo es el procedimiento de Comando, en donde se fijan las pautas para el desarrollo de una operación militar, el contar con un adecuado número de subordinados para el cumplimiento de la misión, tener medios de comunicación vale decir contar con todo el apoyo logístico y, primordialmente que todos y cada uno de los que participan en el destacamento militar conozcan de la misión que se va a cumplir. Todo esto se reúne en un documento que no existió, el cual se llama ORDEN DE OPERACIONES.

El porqué el señor Mayor obró así, el porqué no informó a la Brigada, el porqué se fue con un número mínimo de soldados, medios de comunicación, el porqué no realizó orden de operaciones y la difundió por lo menos a los comandantes y el porqué se dedicó con el señor Fiscal a cumplir una actividad no propia de sus funciones, nos llevan a inferir que se actuó por parte del Oficial superior de forma irregular y muy a pesar de lo que nos ocupa, son interrogantes que no se absolvieron en esta investigación, pero que se constituyen en elementos indiciarios de la actitud contraria a derecho.

En nuestro sentir, frente a lo expresado y de cara a la prueba, el señor Mayor Figueroa estaría incurso de manera concreta en la descripción comportamental contenida en el artículo 216 del CPM Abuso de Función Pública que así describe: El que abusando de su cargo, realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden, incurrirá en la pena allí fijada. Los elementos probatorios hasta ahora analizados nos llevan a la convicción de que el Señor Mayor Figueroa como Comandante Militar del Gaula abusó de su cargo al realizar funciones que legalmente no le corresponden.

No procede aquí la acción penal contra el referido oficial ya que lamentablemente falleció con ocasión de los nefastos hechos que nos ha ocupado investigar y lo que en derecho corresponde es declarar extinguida la acción penal contra el referido oficial, como en efecto se hará.

(…)

Lo anterior nos lleva a establecer una verdad de puño la cual es la falta de medios de comunicación y sobre ello insistimos como el Mayor Figueroa para un movimiento de tal magnitud sólo llevó un radio de alta frecuencia para comunicarse con la Brigada y no entregó un radio igual o compatible al teniente RAVE segundo al mando y que se encontraba en la última parte de la caravana, al ser atacado tan brutalmente como lo fue el vehículo del mayor FIGUEROA quien viajaba entre los tres primeros se perdió toda comunicación con la Brigada. Igualmente encontramos que no se llevó una carta o mapa de la región, ni un posicionador, lo que dificultó la ubicación del sitio donde se presentaba el ataque y por ende a donde había de enviarse el apoyo.

Dijo el mayor MANTILLA y esto es perfectamente entendible lógico y de recibo, que para un apoyo aerotáctico se debe contar con las coordenadas precisas, ya que con señas o nombres es difícil, que los del CTI proporcionaban el nombre los aviones OV10, quienes llegaron al sitio de los hechos sobre las cinco y treinta cuando se consiguió el sitio, pero sin poder disparar sino después de las diecinueve horas cuando se enviaron los radios. Otro factor que sin duda afectó la maniobra de los aviones fue que en principio como obra en el plenario no fueron guiados por Militares dado lo dispersos que se encontraban, sino por civiles del CTI, quienes seguramente no conocen de estos procedimientos por no ser de su resorte.

(…).

Recordemos que después del primer enfrentamiento y cuando se continúa la marcha el mayor FIGUEROA no dio lugar a ninguna recomendación, así lo expresó el teniente RAVE (fl. 71 primer original), no conocía ni dónde quedaba el lugar por ello llevaron un guía el señor ALDEMAR SOTO y no conocía donde estaba cuando ya había avanzado, situación incomprensible en un militar de experiencia.

Para el Juzgado esta sorprendente actitud del Mayor FIGUEROA (q.e.p.d.) conllevó que no existiera una adecuada y contundente reacción a una situación que era previsible y dificultó en extremo el apoyo que debían recibir quienes eran atacados. Con respecto a aquellos que sobrevivieron a tan feroz ataque se ha de reconocer su valentía y entrega puesta de manifiesto en los testimonios obrantes que reconocieron cómo los militares sobrevivientes en el sitio de los hechos combatieron en medio de las dificultades y desventajas que el terreno les brindaba y la superioridad numérica de sus atacantes; fundamento este para concebir que no existió omisión alguna de quienes estaban obligados a actuar en el teatro de los acontecimientos como fuera de él.

(…)

Dentro del análisis probatorio que se ha hecho a lo largo de este interlocutorio nos hemos referido a la actitud incomprensible del Mayor FIGUEROA, al no informar a sus superiores sobre la operación que se iba a realizar, al no informar a sus subalternos sobre la misión a cumplir, aún ni en el momento en que se inició, porque sólo informó de que se iba a prestar seguridad a la Fiscalía, pero no conocía el sitio, no aceptó recomendaciones, no dio tiempo de expresar la opinión de otro oficial como lo dijo el teniente RAVE y lo más sorprendente aún el emplear a los efectivos del Gaula en una misión para lo cual no fueron creados los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal “GAULA”.

(…)

La conclusión a que llegamos nos indica que la actividad que se fue a cumplir se manejó dentro de la más absoluta reserva por parte del señor MAYOR FIGUEROA ESCOBAR y el doctor CARLOS DEGLY REYES. Pero más insólito resulta que entre el Doctor REYES y el señor LUIS FERNANDO SIERRA Jefe de la Sección Operativa del C.T.I., tampoco existió una información concreta y coordinada. Y es que ello es así como en verdad se entiende que lo es, pues de lo contrario no se entiende por qué el doctor Reyes acude a una diligencia en la cual no intervino, toda vez que no se entiende qué hacía el GAULA en una Ocupación de Inmueble y segundo lo que es fundamento de nuestra conclusión que el acta que se levantó el día de los hechos con ocasión a la diligencia, no la firma el Doctor REYES no aparece en ningún aparte de la diligencia que ha intervenido, menos aún el Mayor FIGUEROA, como obra a folios 419 y 420 (leer cuaderno).

(…)

Como se observa en el segundo ataque se presentaron factores de índole objetivo que no permitieron una ubicación exacta de la comisión y el sitio en que eran atacados, la inobservancia al procedimiento de Comando por parte del Mayor Figueroa conllevó a que no se supiera qué operación adelantaba, dónde se encontraba, no llevó medios de comunicación suficientes ni una carta o mapa, no llevó un posicionador o brújula, y decidió marchar adelante en la caravana saliendo por el mismo lado por donde ingresó, en un militar con suficiente formación esto es inconcebible. Haber actuado como lo ordena el manual de procedimientos de comando y Estado Mayor, seguramente hubiera conllevado a un resultado diferente y un apoyo inmediato. (El procedimiento de comando se resume en: Iniciación del planteamiento, coordinación, hacer el reconocimiento, completar plan detallado, transmisión orden de operaciones, supervisión, INFORMACIÓN A LA PATRULLA, tamaño, tarea, hora de partida, hora de llegada, rutas, terreno enemigo, correcciones, mapa, anteorden) sin duda nada de ello se observó por parte del Mayor FIGUEROA (q.e.p.d.).

(…)

Es que como se ha visto existieron factores de tipo objetivo que analizados dificultaron la acción de apoyo y que para el momento se escapan de la esfera de control de los efectivos de la Séptima Brigada, lo que se sintetiza así:

a. La absoluta desatención del Mayor FIGUEROA del procedimiento de Comando dispuesto en el Manual de Estado Mayor y de Operaciones, influyó en que no se tuviera conocimiento por parte de sus superiores y subalternos de la misión que se iba a cumplir y la dimensión de la misma.

b. Esa desatención que se predica en el literal anterior, conllevó a que el propio Mayor Figueroa desconociera para dónde iba y dónde estaba, pues no se conoció su ubicación una vez hay el reporte radial, donde no difundió las coordenadas, por ende no hubo planteamiento, no contaba con cartas o mapas del sector, no hizo reconocimiento, no tenía información seria y sólida de la presencia de delincuentes en el sector (inteligencia) no llevó suficientes medios de comunicación y no llevó una brújula o posicionador, lo que habría facilitado su ubicación en el momento del apoyo solicitado.

c. La forma como se presentó el ataque, el haberse ubicado el Comandante en los primeros vehículos, conllevó a que sufriera las primeras acciones del salvaje ataque, en donde perdió su vida y se inutilizó el único medio de comunicación que llevó, haciéndose imposible la comunicación con la Brigada y quedando sólo comunicados los que se encontraban en el teatro de los acontecimientos a través de los medios del C.T.I., quienes se comunicaban con la Fiscalía Regional, lo que sin duda fue un factor determinante que influyó en que la información no se difundiera tan rápidamente como cuando llega de manera directa a la Brigada.

d. El no contar con coordenadas demoró el apoyo aéreo y se constituyó en un factor que influyó en forma negativa el no tener medios de comunicación quienes estaban en tierra compatibles con los aviones, teniendo que regresar a Apiay para que la Fiscalía llevara unos radios Motorola y volver a salir.

e. Los aviones no fueron orientados en principio por el personal militar ya que en el ataque quedaron dispersos y eran orientados por personal civil del C.T.I., sin formación militar, lo que dio lugar a otra demora y hasta que el Sargento AMAYA herido en la espalda y hombro llegara al Radio del C.T.I., se pudo orientar los aviones quienes de inmediato bombardearon y ametrallaron durante toda la noche y hasta las cinco de la mañana.

f. El no contar la base aérea con helicópteros artillados ya que el único que había se encontraba en Cali y como lo dijo el Coronel Mian se debía remontar la Cordillera Oriental y Central lo cual técnicamente y por factores climatológicos no se podía hacer. Además que sólo se contaba con un helicóptero civil de convenio con una petrolera el que no se puede emplear en operaciones de combate.

g. El hecho de que la Brigada y la Fuerza Ejército no cuenta con Helicópteros y naves de combate propias sino que son de la Fuerza Aérea y ello demanda un trámite a través de la División”.

—Oficio 4342 de fecha 22 de agosto de 2001, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación remitió copia auténtica de la providencia del 19 de noviembre de 1999, proferida dentro del proceso disciplinario que se adelantó contra el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, a través de la cual se le impuso al disciplinado la sanción consistente en la “SEPARACIÓN ABSOLUTA DE LAS FUERZAS MILITARES O DESTITUCION”y las actuaciones que se adelantaron con posterioridad a ese fallo (c 5).

Los principales argumentos que tuvo en cuenta el Ministerio Público para proferir su decisión se transcriben a continuación:

Se trata de definir si el comportamiento desarrollado por el señor Brigadier General JAIME HUMBERTO USCATEGUI RAMÍREZ en la tarde del 3 de octubre de 1997, en relación con las solicitudes de apoyo que se le hicieron para garantizar la seguridad de los miembros de la Comisión Judicial, correspondió al cumplimiento estricto de sus deberes oficiales como Comandante de la Séptima Brigada con sede en Villavicencio o si, por el contrario, faltó a sus obligaciones militares e incurrió en responsabilidad disciplinaria.

(…)

De acuerdo a este relato, no cabe duda de que existieron peticiones de apoyo por parte del mayor FIGUEROA ESCOBAR y que de esa situación tuvo conocimiento inmediato el señor Brigadier General USCÁTEGUI RAMÍREZ; si bien el declarante manifiesta que hasta ese momento se reportó una situación controlada, se destaca el hecho de que hubo solicitud de apoyo aéreo de acompañamiento para garantizar la seguridad en el desplazamiento de la Comisión Judicial, circunstancia que evidencia que la situación de peligro resultante del primer enfrentamiento no estaba superada y que el apoyo pedido era necesario y urgente. La afirmación del testigo en el sentido de que a partir de las solicitudes de apoyo se iniciaron inmediatamente las gestiones pertinentes para prestarlo, gestiones inmediatas sobre las cuales no existe evidencia probatoria, también confirma el conocimiento que tuvo el Comandante de la Brigada señor Brigadier General USCATEGUI RAMÍREZ, sobre dichas solicitudes y la necesidad de prestar apoyo requerido.

(…)

Estos testimonios confirman la existencia de reiteradas e insistentes peticiones de apoyo y, además, que la decisión de continuar el desplazamiento tomada por el mayor FIGUEROA ESCOBAR fue producto de las apremiantes circunstancias derivadas del primer enfrentamiento, básicamente por la información de los paramilitares capturados sobre la presencia de un numeroso grupo armado en las cercanías del lugar y la advertencia sobre la inminencia de un segundo ataque en represalia por lo sucedido y por la respuesta negativa que recibió respecto a sus demandas de apoyo.

El hecho de la advertencia que hizo uno de los paramilitares capturados en el primer enfrentamiento armado sobre la posibilidad de un segundo ataque, además de los testigos citados, lo confirman también, entre otros, GERMAN DARIO PINILLA, JOSE FELICIANO ROMERO, AUDENAR PEREZ Y RAFAEL RAVE ROJAS.

(…)

Además de lo anterior, otro hecho que confirma la situación de peligro y la posibilidad del segundo ataque es el conocimiento que tuvieron algunos integrantes de la comisión judicial, incluido el mayor FIGUEROA ESCOBAR sobre apartes de la comunicación radial que se trataba de establecer a través del radio que se encontraba en la camioneta HI LUX decomisada a los paramilitares, expresiones que confirmaban no sólo la presencia de otro grupo armado en cercanías del lugar sino su conocimiento de los resultados del primer combate y, por tanto la inminencia del segundo ataque en represalias por lo sucedido en el primero.

(…)

Para el Despacho la prueba testimonial referida es fundamento probatorio suficiente para considerar demostrada con certeza la existencia de las solicitudes de apoyo aéreo que se hicieron luego de concluido el primer enfrentamiento, desde el lugar de los hechos y en Villavicencio, ante diversas personas y autoridades. Que varias de esas peticiones se hicieron al Comando de la Séptima Brigada y algunas de ellas directamente al señor Brigadier General USCATEGUI RAMÍREZ, para que se garantizara la seguridad en el desplazamiento de la Comisión Judicial hacia Villavicencio luego de concluido el primer enfrentamiento; que esas peticiones estuvieron motivadas por el conocimiento sobre la situación de peligro en que se encontraba la comisión por las condiciones de la zona donde se desplazaban, por la naturaleza del enemigo que enfrentaron en el primer contacto armado, por los resultados de ese contacto y por la advertencia concreta sobre la posibilidad de un segundo enfrentamiento en represalia por lo acaecido en el primero, esta vez con un grupo paramilitar significativamente mayor.

Es oportuno destacar que pese a las reiteradas y urgentes peticiones de apoyo aéreo aproximadamente desde la 1:30 de la tarde, los aviones sólo llegaron a sobrevolar el lugar de los hechos después de las 5:30 de la tarde, después que se presentó el segundo enfrentamiento con las lamentables consecuencias conocidas.

(…)

El despacho encuentra elementos de prueba que demuestran que esa demora obedeció fundamentalmente a la falta de orden clara, inequívoca y oportuna por parte del Comandante de la VII Brigada, Brigadier General JAIME HUMBERTO USCATEGUI RAMÍREZ, para prestar el apoyo aéreo solicitado. Está demostrado que hacia las tres (3) de la tarde, cuando el señor General salió de las instalaciones de la Séptima Brigada con dirección a San Vicente del Caguán ya estaba enterado de la situación de peligro en que se encontraba la comisión judicial, había recibido las solicitudes concretas de apoyo aéreo, conocía de la necesidad apremiante de prestarlo, tenía la potestad funcional para hacerlo y disponía de los medios adecuados para el efecto. Sin embargo, el General USCATEGUI se limitó a delegar en el Coronel LUIS FELIPE MOLANO DIAZ, la coordinación de los apoyos que pudieran requerirse, sin emitir una orden concreta e inequívoca de apoyo aéreo de acuerdo con las apremiantes circunstancias del momento.

(…)

En consecuencia, teniendo en cuenta los testimonios de las personas que en el lugar de los hechos manifiestan haber escuchado las peticiones de apoyo aéreo por parte del mayor FIGUEROA ESCOBAR cuando se comunicaba con el Comando de la Brigada y con su Comandante, los testimonios de las personas que en Villavicencio solicitaron personalmente al General USCATEGUI RAMÍREZ dicho apoyo y la declaración del mayor DIEGO MARIA SANMIGUEL, oficial COB de la Séptima Brigada quien da fe de esas solicitudes por parte del mayor FIGUEROA ESCOBAR son suficientes para demostrar con certeza que el señor General USCATEGUI RAMÍREZ sí tuvo conocimiento de las peticiones de apoyo y de la necesidad de proporcionarlo de manera inmediata dadas las apremiantes circunstancias del momento.

En cuanto a los medios aéreos disponibles para la prestación del apoyo en el día de los hechos está demostrado que se encontraban en la Base Aérea de Apiay dos aviones OV-10 y dos aviones Tucano T-47 (avión fantasma) que pudieron ser utilizados oportunamente en las labores de apoyo aéreo tal como finalmente se hizo, aunque en forma tardía, después de las cinco y media de la tarde. Los testimonios del mayor MIGUEL ANGEL RIVERA MOSQUERA (folio 749 anexo 2), ayudante del Oficial G-3 de la IV División del Ejército y del Teniente Coronel JAIRO ENRIQUE AMADOR ZUBIRIA (folio 105 cdno. 5), Comandante (e) del Comando de la Base Aérea de Apiay para la época de los hechos confirman la existencia de los mencionados medios aéreos de apoyo y su disponibilidad inmediata para el día de los hechos.

(…).

El despacho considera que existe fundamento probatorio para concluir que el señor General USCATEGUI RAMÍREZ no emitió una orden concreta de apoyo aéreo frente a las solicitudes para que ese apoyo se prestara, que se limitó a encargar al coronel LUIS FELIPE MOLANO DÍAZ, mediante una orden genérica, de la coordinación de las acciones que eventualmente pudieran requerirse. Las siguientes circunstancias respaldan esta conclusión: primero, la propia versión del funcionario investigado y la declaración del señor coronel MOLANO DIAZ que la corrobora; segundo, la versión del mayor DIEGO MANTILLA SANMIGUEL cuando reconoce que en la comunicación con el mayor FIGUEROA le dijo que no había apoyo inmediato; tercero, las versiones de los testigos que presenciaron las comunicaciones radiales del mayor FIGUEROA ESCOBAR con el Comando de la Brigada sobre sus gestos de preocupación ante las respuestas recibidas; cuarto, la transcripción del álbum digital del video sobre una de las comunicaciones radiales del mayor FIGUEROA con el Comando de la Brigada cuando se lee “no hay autorizado” demuestra que la respuesta recibida a sus requerimientos de apoyo fue negativa y, finalmente, la demora en la tramitación de los requerimientos no corresponden al cumplimiento de una orden concreta dada a las tres de la tarde porque el primer requerimiento aéreo llegó a la División después de las cuatro de la tarde.

(…).

Según los reglamentos militares, los requerimientos aéreos tienen origen en los Comandos de Brigada, deben ser autorizados por los Comandos de División y se ejecutan por parte de los comandos de las Bases Aéreas correspondientes. En consecuencia, frente a la petición expresa de apoyo aéreo le correspondía al Comandante de la Séptima Brigada, general JAIME HUMBERTO USCATEGUI RAMÍREZ, tomar la determinación de prestarlo, ordenar el respectivo requerimiento, suscribir el documento correspondiente, darle el trámite al Comando de la IV División y verificar la prestación efectiva del apoyo.

(…).

Como el mayor FIGUEROA no se limitó a reportar al General USCATEGUI el éxito parcial que había logrado con la captura y muerte de los paramilitares en el primer conflicto armado sino que además solicitó apoyo aéreo para garantizar la seguridad del desplazamiento de la Comisión, el señor Brigadier General USCATEGUI RAMÍREZ, en ejercicio de sus funciones como Comandante de la VII Brigada, debió asumir directamente sus funciones de comando, emitir las órdenes concretas y oportunas que las apremiantes circunstancias del momento exigían, entre las que obviamente se encontraba la orden de apoyo aéreo solicitado y supervigilar personalmente el desarrollo de las acciones de apoyo para garantizar su eficacia operativa en orden a asegurar la integridad del personal civil y militar comprometido en los hechos.

Frente a la gravedad de la situación por la que atravesaba la comisión judicial y de la cual tenía pleno conocimiento, la delegación de funciones que hizo el General USCATEGUI RAMÍREZ en un subalterno, así esta sea un Oficial Superior, constituye en sí mismo un incumplimiento de sus deberes como Comandante que merece reproche disciplinario porque al eludir sus funciones se agrega el hecho de que no emitió unas órdenes concretas y precisas sobre las labores de apoyo que el funcionario delegado debía ejecutar el reproche disciplinario es de mayor gravedad porque esa imprecisión en la orden también incidió en el retardo de las acciones de apoyo. Una orden concreta, imperativa e inequívoca de apoyo aéreo hubiera garantizado unas acciones de apoyo oportunas y eficaces, sobre todo porque era el Comandante de una Brigada y no de una unidad militar de menor jerarquía.

Finalmente, el viaje a San Vicente del Caguán del señor Brigadier General USCATEGUI RAMÍREZ, en los momentos en que más se requería su presencia en el Comando de la Brigada Villavicencio para que se agilizaran las labores de apoyo es un hecho que agrava aún más el reproche disciplinario imputable al comportamiento del investigado porque es evidente que su presencia en Villavicencio garantizaba una mayor agilidad en las acciones de apoyo.

La reunión que debía atender el señor General USCATEGUI RAMÍREZ no estaba programada para el día de los hechos sino para el día siguiente y, por tanto, su desplazamiento a San Vicente del Caguán podía posponerse para el día siguiente. Además, como el mismo señor General investigado lo reconoce, era un compromiso que en el caso de una grave emergencia podía cancelarse o aplazarse. En consecuencia, el compromiso en San Vicente del Caguán no puede aceptarse como una justificación válida atendible para no asumir directamente sus funciones de comando en el diseño y ejecución de las labores de apoyo.

(…).

La región donde se presentaron los hechos es considerada una “zona roja” por la presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley, paramilitares y guerrilla, como lo afirma el General AGUSTIN ARDILA URIBE (folio 43 C.O. 3), lo ratifican los doctores HENRY ROMERO Y JUAN CARLOS LINERO, JOHN SALAMANDRA y el mismo funcionario investigado. En ese contexto temporal y espacial, el mismo éxito del primer enfrenamiento se convirtió, paradójicamente, en la primera causa de inseguridad para la Comisión Judicial por la posibilidad razonable de una retaliación por parte de otro grupo armado perteneciente a la misma organización paramilitar a la que pertenecían los capturados y dados de baja. La advertencia recibida por parte de uno de los paramilitares capturados sobre la inminencia de un segundo ataque no hacía más que confirmar la situación de peligro inminente para la Comisión. En esas circunstancias, no cabe duda alguna sobre las versiones que afirman la existencia de las peticiones de apoyo luego del primer enfrentamiento, particularmente por parte del señor mayor FIGUEROA ESCOBAR y que la comunicación efectuada con el General USCATEGUI estuvo motivada por la necesidad de lograr el apoyo aéreo y no simplemente en el deseo de reportar un éxito.

(…).

El análisis probatorio efectuado indica que el comportamiento del General USCATEGUI resulta disciplinariamente reprochable porque frente a la petición expresa de apoyo y ante la necesidad urgente de prestarlo, disponiendo de los medios adecuados para el efecto, no asumió directamente sus funciones de comando para prestar el auxilio requerido, teniendo posibilidad de hacerlo; limitándose a delegar en un oficial subalterno la atención de los requerimientos de ayuda, sin emitir una orden concreta sobre el apoyo aéreo requerido, subestimando las condiciones de peligro y asumiendo una actitud de indiferencia ante la suerte de quienes demandaban la protección del Estado.

La vasta experiencia del General USCATEGUI RAMÍREZ en el campo militar y su condición de Comandante de Brigada agravan el reproche disciplinario en contra del oficial como transgresor de la norma especial contra el honor militar por OMISIÓN DE APOYO prevista en el literal g) del artículo 184 del Decreto 85 de 1989 y las normas generales que prevén: “el abuso de la autoridad”, por demorar sin excusa justificada la tramitación de las solicitudes elevadas reglamentariamente por los subordinados; “la negligencia en el mando”, por eludir la responsabilidad inherente a las soluciones de comando, la despreocupación por el bienestar del personal bajo su mando y no acudir en ayuda del subordinado cuando por razones de equidad, justicia o bienestar sea necesaria la intervención de su jefe; y “contra el servicio”, por no cumplir con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio, previstas en el artículo 65, Secciones B, C y F citados en el pliego de cargos.

La falta disciplinaria contra el honor militar en que incurrió el señor General USCATEGUI RAMÍREZ, desde el punto de vista jurídico, no requiere la producción de un resultado distinto a la realización de la misma conducta omisiva, dentro de la cual debe considerarse la omisión absoluta del apoyo y la falta de un apoyo oportuno. En el caso que nos ocupa es evidente que se trata del segundo evento porque si bien es cierto finalmente la Séptima Brigada ejecutó varias acciones de apoyo a favor de la Comisión Judicial, las mismas se iniciaron tardíamente debido a la conducta omisiva de su Comandante el señor Brigadier General JAIME HUMBERTO USCATEGUI RAMÍREZ, tardanza que en definitiva permitió la consumación de la masacre. Si bien la comisión de la falta se produce con la simple realización de la conducta omisiva, las gravísimas consecuencias resultantes no pueden ser ajenas a las consideraciones del despacho para la determinación de las consecuencias disciplinarias que deben imponerse al funcionario responsable. La muerte de los once funcionarios públicos que integraban la comisión judicial y las lesiones sufridas por los sobrevivientes de la masacre son consecuencias que evidencian la gravedad de los efectos derivados de la falta disciplinaria investigada y fundamentan el reproche disciplinario que se hace al señor Brigadier General USCATEGUI RAMÍREZ.

(…).

Las circunstancias de especial gravedad en las cuales se cometió la falta se observan en que el apoyo oportuno omitido se requería por una comisión judicial integrada por personal civil y militar que se encontraba en una situación apremiante de seguridad, en una zona particularmente conflictiva por problemas de orden público que había tenido ya un primer contacto armado y que se enfrentaba ante la posibilidad cierta de una emboscada.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 185 y 217 del citado decreto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 del Código Disciplinario Único, la sanción a imponer será la SEPARACIÓN ABSOLUTA DE LAS FUERZAS MILITARES O DESTITUCIÓN, por ser la sanción más grave prevista en la legislación para las faltas cometidas por el funcionario investigado”.

El Ministerio Público también allegó copia auténtica de la providencia del 7 de diciembre de dos mil, a través del cual se confirmó el fallo del 19 de noviembre de 1999.

— Ante el Tribunal Administrativo del Meta y de Caldas se practicaron los testimonios de los señores Jaime Ulpiano Beltrán Medina, Horacio Enoc Ubaque Velásquez, Alfonso Melo Erazo, José Edilberto Suárez Sierra, María Amparo Sierra, Idelfonso Angarita Gómez, Luz Stella Mogollón Portela y Yesid Velásquez, quienes declararon acerca de las relaciones familiares existentes entre cada uno de los grupos demandantes, al tiempo que se les preguntó respecto del dolor y angustia que les habría causado a los demandantes el daño cuya reparación pretenden obtener.

— De igual forma, el señor Jorge Alberto Socotá Jiménez rindió declaración ante el Tribunal Administrativo del Meta, en la cual reiteró lo que había expuesto ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales del Circuito de Villavicencio, testimonio que fue transcrito con anterioridad.

2. Elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

De conformidad con lo probado en el proceso, se encuentra acreditado que el 3 de octubre de 1997 una comisión integrada por la Fiscalía Regional de Oriente y el Grupo Gaula al mando del Mayor Juan Carlos Figueroa, miembro del Ejército Nacional, se desplazó aproximadamente a las 4:30 de la mañana desde Villavicencio a la Finca “El Alcaraván”, con el fin de cumplir una diligencia de extinción de dominio.

Una vez cumplida la diligencia y cuando regresaban a la ciudad de Villavicencio, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, a la altura del sitio Las Brisas del Camoa, se produjo un primer enfrentamiento con unos sujetos que se desplazaban en una camioneta HI LUX. Como resultado, se produjo la muerte de tres sujetos pertenecientes al grupo que se desplazaba en la camioneta.

Luego de ocurrido el enfrentamiento, la comisión siguió su desplazamiento y aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, la comisión fue atacada con disparos provenientes de arma de fuego. El enfrentamiento duró hasta pasadas las cinco de la tarde, momento en el cual recibieron apoyo aéreo.

Como consecuencia del segundo enfrentamiento se produjo el deceso de 7 personas integrantes de la comisión y resultaron heridos, entre otros, los señores Fredy Guillermo Pinilla Correa, José Feliciano Romero Bejarano y Jovi Celso Hernández Angulo, ahora demandantes.

Así las cosas, se encuentra probado el daño antijurídico sufrido por los demandantes.

Según la demanda, el daño se habría originado como consecuencia de la falla en el servicio atribuible a la entidad demandada, consistente en la “imprevisión, negligencia y descuido en la preparación y ejecución del operativo de seguridad y acompañamiento a la comisión judicial que se desplazaba por la zona de los hechos luego de realizar una diligencia de carácter judicial”.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, la parte demandante estructuró su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio, régimen que supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, tanto la acreditación del daño, como de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración.

La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en el derecho colombiano, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio se configura, en últimas por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de un deber a su cargo, no hay duda de que se trata del mecanismo más idóneo para desencadenar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(2).

También ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República se encuentran en el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(3); así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño cuya reparación se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(4).

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(5).

En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, se refirió al concepto y alcance del principio de planeación y confianza y de la obligación de seguridad en relación con los operativos judiciales y/o militares desarrollados por miembros del Estado, en el desempeño de sus funciones. En este sentido, en sentencia del 5 de julio de 2012, se expuso:

“No obstante lo anterior, sí existieron comportamientos que, en criterio de esta Sala, hacen imputable en el plano fáctico el daño a la demandada, comoquiera que de las declaraciones de los testigos se desprende que no recibieron instrucciones, ni fueron advertidos de una posible confrontación bélica. De modo que, el ataque por parte de los paramilitares tomó por sorpresa a los agentes que integraban la caravana de funcionarios públicos.

Entonces, si bien es posible que se reserve información sustancial y básica para el éxito de cualquier operación judicial, no puede someterse a los agentes públicos a un riesgo mayor al que ellos voluntariamente asumen con su vinculación legal y reglamentaria. De allí que, el haber guardado silencio respecto a la probable confrontación armada –al margen de que se pudiera inferir dado el número de agentes y el armamento– produjo un incremento en el riesgo que ellos de manera libre asumieron(6). (Resalta la Sala).

En ese orden de ideas, se produjo un riesgo jurídicamente desaprobado ya que el principio de planeación fue desconocido por las directivas que organizaron la materialización de la diligencia judicial.

En efecto, la planeación supone la integración de diversos factores como el tiempo, los recursos a emplear, la información disponible, los riesgos previsibles, entre otros.

De modo que, en el caso concreto resulta inadmisible y censurable que el cuerpo administrativo de seguridad e inteligencia a cargo del Ejecutivo, no tuviera en cuenta que debido a la condición de la persona que se pretendía capturar —esto es un jefe paramilitar localizado en Antioquia— era altamente probable que se produjera un fuerte combate con un número significativo de hombres.

Por consiguiente, la diligencia judicial —máxime si se contaba con el apoyo de unidades de Bogotá— debió ceñirse a los lineamientos del principio de planeación, para lo cual era preciso que se adoptaran las medidas preventivas, las instrucciones adecuadas, se evaluaran los posibles riesgos, así como se efectuara la debida inteligencia para determinar más o menos el número de personas que integraban el bloque paramilitar que estaba bajo el mando del mencionado Ramón Isaza. (se resalta).

En esa línea de pensamiento, por más inminente que sea el operativo militar o judicial dado el objetivo que se pretende alcanzar, lo cierto es que la administración pública no puede generar riesgos jurídicamente desaprobados que desconozcan el principio de confianza(7), y que, por lo anterior, la sitúen en posición de garante respecto de sus agentes estatales, inclusive, cuando respecto de ellos media una relación legal y reglamentaria por medio de la cual han asumido de manera voluntaria riesgos propios de cargo. (Resalta la Sala).

La confianza, en el sentido filosófico y sociológico ha sido delimitada en los siguientes términos:

“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano.

“Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia.

“En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y sólo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural…”(8)

Por su parte, en relación con el principio de confianza, la Corte Constitucional ha discurrido de la siguiente forma:

“La buena fe —o la confianza—, es un elemento indispensable en la sociedad contemporánea. No es posible el modelo de sociedad, si la confianza es traicionada de manera general. La sociedad, y para ello se apropia del sistema jurídico, requiere de la estabilización de ciertas expectativas, tales como el diligente cumplimiento de funciones sociales —o la autorresponsabilidad(9)—. Si tales expectativas son permanentemente frustradas, no será posible la división del trabajo (base para el modelo económico) y, mucho menos, el respeto por el sistema jurídico. En tales circunstancias, el orden desaparece del horizonte y el caos retomará el lugar perdido.

“La necesidad de proteger este recurso valioso —la confianza—, obliga a la sociedad a sancionar su traición. En este orden de ideas, el incumplimiento de los deberes resultantes de la posición de garante, implica el desconocimiento de la buena fe y una grave afectación a la confianza, y no resulta justificatorio de dicho incumplimiento, la incapacidad de gestionar correctamente los recursos que la sociedad, por conducto del legislador, ha dirigido para enfrentar determinados riesgos sociales.”(10) (Negrillas adicionales).

Así las cosas, al haber desarrollado un operativo judicial sin las instrucciones previas necesarias —sin comprometer la información reservada— y con carencia de la inteligencia suficiente, el DAS quedó en posición de garante institucional, razón por la cual estaba compelido a evitar el daño que pudieran recibir sus agentes o funcionarios.

De la anterior circunstancia dan cuenta los testimonios de los propios agentes del DAS que participaron del referido operativo, quienes de manera convergente indicaron la falta de instrucciones por parte de las directivas a cargo de las cuales se encontraba el desarrollo de la diligencia judicial, lo que significa que si bien existía una considerable fuerza estatal —más de 60 hombres armados— la misma no era suficiente y no había recibido un grado mínimo de indicaciones sobre la posibilidad de que se produjera o desencadenara un enfrentamiento bélico.

De allí que, la diligencia judicial constituyó un fracaso porque el ataque o emboscada de los paramilitares los tomó por sorpresa y dejó a los agentes estatales indefensos, al grado tal que se limitaron a buscar refugio contra los alzados en armas sin ningún orden o estrategia, limitándose a hallar un lugar a salvo del fuego cruzado donde resguardarse.

Entonces, el daño es objetivamente imputable al DAS porque con su actuación incrementó de manera injustificada el riesgo que voluntariamente asumieron los agentes y funcionarios de esa institución, lo que desencadenó la concreción de un riesgo jurídicamente desaprobado, circunstancia por la que la institución estaba en posición de garante respecto a la vida e integridad de sus servidores.

Ahora bien, que se haya materializado un riesgo jurídicamente desaprobado o censurable, aunado al hecho de que el Estado se encontraba en posición de garante institucional frente a sus servidores públicos debido a la realización de un operativo que adolecía de instrucciones, prevenciones y estrategias frente a una probable confrontación armada, hacen que el daño sea atribuible en el plano fáctico al DAS. (se resalta).

Sin embargo, al margen de lo anterior, que resulta incuestionable desde el criterio dogmático, se tiene además que el desconocimiento del principio de planeación configuró una grave violación a la obligación de seguridad que el Estado debe garantizar, inclusive, a sus miembros de fuerzas armadas o de seguridad. No quiere significar lo anterior que cualquier daño sufrido por un agente de seguridad o inteligencia, así como los miembros de la fuerza pública sea automáticamente imputable a la administración pública; a contrario sensu, la regla general indica que los servidores públicos que asumen de manera voluntaria un riesgo en virtud de las funciones del cargo no pueden deprecar la declaratoria de responsabilidad, puesto que la lesión tuvo su génesis en esa circunstancia riesgosa que se arrogan al posesionarse en el empleo público.

Lo anterior permite señalar, a modo de conclusión, que en determinadas circunstancias el Estado puede ser declarado responsable, bajo dos títulos jurídicos de imputación, siempre que se constaten las siguientes circunstancias: i) que exista una falla del servicio probada que haya sido definitiva en la materialización de la afectación negativa, o ii) que se haya incrementado significativamente el riesgo que de forma voluntaria acogen los funcionarios públicos, en cuyo caso el mismo pasa a ostentar la condición de excepcional y, por lo tanto, los daños que se deriven de él serán en principio indemnizables salvo que se pruebe la configuración de una causa extraña.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido:

“Se demanda la reparación de los perjuicios causados a los demandantes con la muerte de los señores JAIRO GARCIA MURCIA y LUIS ALFONSO SÁNCHEZ LOZANO, ocurrida el 19 de julio de 1994, durante una toma guerrillera al puesto de policía en el municipio de Pasca, Cundinamarca, donde ellos prestaban sus servicios. Dado que la muerte de los agentes se produjo en actos de servicio, para establecer la responsabilidad del Estado, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección, quienes ejercen funciones relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, asumen los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para los accidentes de trabajo…”(11) (Se destaca).

“(…).

“En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, conscriptos, en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que, no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

“Diferente, a lo que ocurre con los soldados profesionales o voluntarios, donde el título de imputación aplicable es el de falla en el servicio, que se configura cuando a los mismos se les somete a un riesgo superior al que normalmente deben soportar con ocasión de su actividad(12).

“En efecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha entendido que la afectación de los derechos a la vida e integridad personal del militar profesional es un riesgo propio del servicio que prestan en cumplimiento de operaciones o misiones militares. Al Estado no se le puede atribuir responsabilidad alguna por la concreción de esos riesgos, a menos que se demuestre que el daño deviene de una falla del servicio, que consiste en el sometimiento del soldado profesional a una carga mayor que la de sus demás compañeros, con quienes desarrolló la misión encomendada.”(13) (Negrillas adicionales).

En esa línea de pensamiento, y siguiendo el consecuencial orden lógico de lo expuesto, se precisa que son dos los títulos de imputación jurídica aplicables a escenarios en los que los agentes públicos de seguridad o miembros de las fuerzas armadas sufren daños que pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. El primero, consistente en una clara inobservancia de la carga obligacional de la administración pública que se deriva del incumplimiento total, parcial o tardío de un deber que le es propio. El segundo, por el contrario, sin tener que caer en la falla del servicio de manera indefectible, se refiere al incremento —no por desatención de una obligación sino por diferentes razones relacionadas con el servicio de seguridad y protección que se presta— del riesgo al que accedieron con la vinculación legal y reglamentaria, es decir, el riesgo al que normalmente se encuentran sometidos. (Se resalta).

En otros términos, el incremento del riesgo permitido –que pertenece a la imputatio facti– sólo será imputable en términos de la atribución jurídica (imputatio iure) cuando se acredite que esa circunstancia obedeció a una precisa circunstancia desligada del incumplimiento del contenido o la carga obligacional de la entidad. Escenario distinto ocurrirá cuando se constate la existencia de una falla del servicio, porque en estos eventos no es el riesgo o su incremento lo que desencadena la atribución jurídica o normativa del daño, sino el desconocimiento de una obligación en concreto.

En el caso sub examine, en primer orden, el daño resulta imputable o atribuible en términos jurídicos al DAS, porque desconoció el principio de planeación, ya que, se itera, resulta inadmisible que el Departamento Administrativo de Seguridad [hoy Dirección Nacional de Inteligencia], no hubiera precavido un inminente enfrentamiento armado con los paramilitares que se encontraban bajo el mando de Ramón Isaza, así como el haber adelantado labores de inteligencia previa para definir más o menos la fuerza en términos de número de hombres y armamento del enemigo, e igualmente resulta claro que no se dieron instrucciones o indicaciones estratégicas para cuando se arribara al lugar donde se desarrollaría el operativo. (Se resalta).

La falla del servicio se encuentra probada porque las directivas a cargo del operativo judicial limitaron, en extremo, la información suministrada a los agentes que participaron de la misma, toda vez que sólo hasta que llegaron al caserío donde se encontraba el líder paramilitar informaron a los agentes sobre el posible intercambio de disparos y sobre la peligrosidad de la misión, amén de que el supuesto incremento del riesgo, como se viene de exponer también se dio”(14). (Se resalta).

A partir de las anteriores consideraciones, procede la Sala a analizar si en el presente caso hay lugar, o no a imputar el daño antijurídico a la entidad demandada.

Para la Subsección, a partir del análisis del material probatorio obrante en el proceso, puede observarse la existencia de irregularidades, deficiencias e incumplimientos que ocurrieron en relación con la planeación, ejecución y desarrollo de la diligencia judicial para la cual fue encargada la comisión y que resultan atribuibles a la entidad demandada, al tiempo que hubo un incumplimiento al deber de protección respecto de los integrantes de la referida Comisión, circunstancia que se materializó en la demora injustificada en el apoyo aéreo solicitado.

En este sentido se presentaron fallas en la planeación del operativo, comoquiera que los integrantes de la Comisión, en especial, las personas pertenecientes al GAULA que estaban a cargo de la seguridad de la diligencia, no fueron informadas en debida forma acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurriría la operación, por lo cual no hubo previsión, instrucción o estrategia alguna frente a una posible confrontación armada, aun cuando se tenía conocimiento de que la zona era considerada como “roja”.

En este sentido, a pesar que se tenía conocimiento de que en la zona hacían presencia grupos armados al margen de la ley, a la diligencia —incumplimiento del deber de planeación— se acudió con un personal de seguridad escaso perteneciente al GAULA, situación que facilitó la emboscada y que impidió una efectiva y adecuada respuesta de los integrantes del Ejército Nacional, encargados de la seguridad de la Comisión Judicial.

Según los testimonios que obran en el proceso, aun cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía emprender el regreso por la misma ruta respecto de la cual se había ingresado a la zona donde tuvo lugar la diligencia judicial, el Mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que, como lo expuso el Juez Penal Militar en el auto antes transcrito, constituye un error en el procedimiento militar, que sin duda contribuyó con la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos, puesto que fue por esa vía que finalmente se encontraron con el grupo que atacó a la Comisión Judicial.

En cuanto a la demora en brindar el apoyo aéreo, los testimonios de las personas que participaron en el operativo son contestes en afirmar que desde el momento en que se presentó el primer enfrentamiento, esto es aproximadamente entre la 1:15 y 1:30 de la tarde, el Mayor del Gaula que estaba a cargo del dispositivo de seguridad y otros miembros de la aludida Comisión Judicial, dieron aviso a la Séptima Brigada del enfrentamiento que habían tenido y de la necesidad de que se le brindara apoyo aéreo, teniendo en cuenta las informaciones provenientes de las personas que fueron capturadas en ese primer contacto, según las cuales, más adelante en la vía por la cual transitaban, se encontraba un grupo de más de 100 hombres que, a su vez, tenían ya conocimiento de la presencia de la Comisión en esas inmediaciones.

Así las cosas, transcurrieron más de 4 horas desde que se solicitó el apoyo hasta el momento en que se hizo efectivo, lapso durante el cual el limitado y reducido grupo que integraba la Comisión tuvo que hacer frente al ataque indiscriminado por parte del grupo armado al margen de la ley que los superaba con creces en número y poder destructivo del armamento.

Asimismo, las personas que rindieron declaración acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos son contestes al afirmar que de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas.

Si bien dentro de las pruebas obrantes en el proceso hay versiones encontradas en relación con las causas que originaron la demora en brindar el apoyo aéreo en la medida en que, por un lado se atribuyó dicha demora a las fallas incurridas en el operativo judicial adelantado, mientras que, por el otro, se imputó el mencionado resultado a la conducta omisiva del Comandante a cargo de la Brigada Séptima del Ejército Nacional, consistente en emitir una orden concreta y directa sobre el apoyo requerido, aun cuando tenía la posibilidad de hacerlo y tenía conocimiento de la necesidad urgente y de las condiciones de peligro por las que estaba atravesando la comisión judicial, lo cierto es que independientemente de las versiones encontradas, en ambas se reconoce que hubo una demora injustificada en el suministro del apoyo aéreo, lo cual resultó determinante en la producción del daño cuya reparación se pretende.

Se reitera que el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad demandada, de tal forma que independientemente de la responsabilidad personal que le quepa, o no, al respectivo agente estatal, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad, en tanto se reúnan los requisitos previstos para estos efectos.

En consecuencia, se repite, dado que el daño antijurídico causado a los demandantes devino de la conducta irregular de la entidad demandada y, por ende, el caso de la emboscada por parte de un grupo al margen de la ley a una Comisión Judicial ocurrida en el sitio conocido como Brisas del Camoa jurisdicción del Municipio de San Martín (Meta), el día 3 de octubre de 1997, se ubica en el plano de la falla en el servicio, puesto que se comprobó que hubo un comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso, se impone la revocatoria de la sentencia apelada y, en consecuencia, se analizará la indemnización de los perjuicios deprecados a través del libelo introductorio.

• Indemnización de perjuicios.

1. Perjuicios morales.

La Sala los estima procedentes, pues las lesiones causadas a una persona dan lugar a la indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de la gravedad y entidad de tales lesiones, razón por la cual, en ciertas ocasiones, dichas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales se definirá en cada caso, por el juez, en proporción al daño sufrido(15).

Es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima(16).

Respecto de la intensidad del perjuicio moral ocasionado en el presente caso, en relación con las personas que resultaron lesionadas por parte del grupo armado ilegal que atacó a la comisión judicial, resulta evidente e incuestionable —de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, además, de conformidad con las mismas reglas de la experiencia— la angustia y el desasosiego padecidos por los referidos integrantes de la comisión al afrontar de manera dramática el ataque perpetrado por los subversivos, sin contar con el debido conocimiento de la misión en la que estaban y al verse sometidos a la improvisación y a la falta de planeación del operativo por parte de sus superiores, circunstancias que los dejaron en un verdadero estado de indefensión; de igual forma, para la Subsección es clara la zozobra, preocupación, impotencia y los sentimientos de abandono que sufrieron al no encontrar de manera oportuna el apoyo esperado por la institución a la cual prestaban sus servicios, quedando prácticamente a merced del grupo armado al margen de la ley y ser testigos inermes de la muerte de sus compañeros y de las lesiones por ellos padecidas.

En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(17).

Con fundamento en las anteriores declaraciones, la Subsección procederá a determinar si en el presente caso, respecto de cada uno de los demandantes, se causaron los mencionados perjuicios.

1.1. Grupo familiar del señor Fredy Guillermo Pinilla Correa.

En atención a lo ya expuesto y sumado a la circunstancia de que se encuentra probado que con ocasión de estos hechos, el señor Fredy Guillermo Pinilla Correa sufrió una lesión que le generó una incapacidad relativa y permanente y una disminución en su capacidad laboral del 81.10%, situación que necesariamente presenta también una afectación moral, para la Subsección en atención a la magnitud del daño sufrido por el demandante, se considera que una tasación justa y acorde de la reparación por el citado perjuicio será de 100 salarios mínimos legales vigentes.

Por las lesiones sufridas por el señor Pinilla Correa también demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padres y hermanos; para acreditar su parentesco allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa (fl. 58 cdno. 1), en el cual consta que es hijo de los actores Ana Cecilia Correa Suescún y Carlos Gustavo Pinilla Suárez; ii) certificados de los registros civiles de nacimiento de los demandantes Nubia Mercedes García Correa (fl. 60 cdno. 1), Julia Dioselina García Correa (fl. 61 cdno. 1),José Diomedes García Correa (fl. 62 cdno. 1), Bárbara Efigenia García Correa (fl. 63 cdno. 1), Gustavo Gilberto García Correa (fl. 64 cdno. 1), Lidia Mariana García Correa (fl. 65 cdno. 1) Carlos Efrén García Correa (fl. 66 cdno. 1), Milton Armando Pinilla Correa (fl. 67 cdno. 1) Claudia Patricia Pinilla Sierra (fl. 68 cdno. 1) Wilson Geovanny Pinilla Sierra (fl. 69 cdno. 1) Edwin Pinilla Sierra (fl. 70 cdno. 1) documentos en los cuales consta que estas personas también son hijos de los señores Ana Cecilia Correa Suescún y/o Carlos Gustavo Pinilla Suárez y, por ende, hermanos de la víctima directa del daño.

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco de los actores para con la víctima directa del daño, en sus condiciones de padres y hermanos, respectivamente, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por lesiones sufridas por el señor Fredy Guillermo Pinilla Correa.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que las lesiones de su hijo y hermano les debió causar un profundo dolor moral, por lo cual se le reconocerá a los padres de la víctima, un monto equivalente a 100 smlmv, y para cada uno de los hermanos del señor Fredy Guillermo Pinilla Correa, un monto equivalente a 50 smlmv.

1.2. Grupo familiar del señor José Feliciano Romero Bejarano.

En atención a lo ya expuesto y sumado a la circunstancia de que se encuentra probado que con ocasión de estos hechos el señor José Feliciano Romero Bejarano sufrió una lesión que le generó una incapacidad relativa y permanente y una disminución en su capacidad laboral del 20.35%, situación que necesariamente presenta también una afectación moral, para la Subsección en atención a la magnitud del daño sufrido por el demandante, se considera que una tasación justa y acorde de la reparación por el citado perjuicio será de 40 salarios mínimos legales vigentes.

Por las lesiones sufridas por el Romero Bejarano también demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padre, hermanas, hijas y esposa; para acreditar su parentesco allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa (fl. 71 cdno. 1), en el cual consta que es hijo del actor Luis Hernando Romero; ii) certificados de los registros civiles de nacimiento de los demandantes María Yeny Romero Bejarano (fl. 76 cdno. 1), María Nuria Romero Bejarano (fl. 78 cdno. 1) y Nadia Romero Bejarano (fl. 77 cdno. 1) documentos en los cuales consta que estas personas también son hijas del señor Luis Hernando Romero y, por ende, hermanas de la víctima directa del daño; iii) Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de María Fernanda Romero Díaz (fl. 73 cdno. 1) y Paula Andrea Romero Díaz (fl. 74 cdno. 1) en los cuales consta que son hijas del señor José Feliciano Romero Bejarano; iv) copia auténtica del registro civil de matrimonio en el cual consta que la señora Esperanza Díaz Sáenz es esposa de la víctima directa del daño.

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco y vínculo de los actores para con la víctima directa del daño, en sus condiciones de padre, hermanas, hijas y esposa, respectivamente, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por lesiones sufridas por el señor José Feliciano Romero Bejarano.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que las lesiones de su hijo, hermano y esposo les debió causar un profundo dolor moral, por lo cual se le reconocerá al padre, esposa e hijos de la víctima, un monto equivalente a 40 smlmv, y para cada uno de los hermanos del señor Fredy Guillermo Pinilla Correa, un monto equivalente a 20 smlmv

1.3. Grupo familiar del señor Jovi Celso Hernández Ángulo.

En atención a lo ya expuesto y sumado a la circunstancia de que se encuentra probado que con ocasión de estos hechos, el señor Jovi Celso Hernández Ángulo sufrió una lesión que le generó una incapacidad relativa y permanente y una disminución en su capacidad laboral del 20%, situación que necesariamente presenta también una afectación moral, para la Subsección en atención a la magnitud del daño sufrido por el demandante, se considera que una tasación justa y acorde de la reparación por el citado perjuicio será de 40 salarios mínimos legales vigentes.

Por las lesiones sufridas por el señor Hernández Ángulo también demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padre, hermanos, hijos y compañera permanente; para acreditar su parentesco allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa (fl. 79 cdno. 1), en el cual consta que es hijo del actor Plinio Hernández Velandia; ii) copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de los demandantes Luis Rodrigo Hernández (fl. 86 cdno. 1) y María Ruth Hernández Angulo (fl. 87 cdno. 1), documentos en los cuales consta que estas personas también son hijos del señor Plinio Hernández Velandia y, por ende, hermanos de la víctima directa del daño; iii) Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Ross Jaclin Hernández Rubio (fl. 80 cdno. 1), Liz Karem Hernández Morales (fl. 81 cdno. 1), Jovi Alexander Hernández Granados (fl. 82 cdno. 1) a través de los cuales se acredita que son hijos del señor Jovi Celso Hernández Ángulo iv) Testimonios de los señores Alfonso Melo Erazo, Idelfonso Angarita Gómez, Yesid Velásquez, a través de los cuales se probó que la señora Alexandra Granados Avivi es la compañera permanente del señor Jovi Celso Hernández Ángulo.

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco y vínculo de los actores para con la víctima directa del daño, en sus condiciones de padre, hermanos, hijos y compañera permanente, respectivamente, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y además son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por lesiones sufridas por el señor Jovi Celso Hernández Ángulo.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que las lesiones de su hijo y hermano les debió causar un profundo dolor moral, por lo cual se le reconocerá al padre y compañera permanente de la víctima, un monto equivalente a 40 smlmv, y para cada uno de los hermanos del señor Jovi Celso Hernández Ángulo, un monto equivalente a 20 smlmv.

Finalmente, aun cuando el señor Jovi Celso Hernández Ángulo no tiene relación de parentesco con Zaida Lucía Granados y Albert Enrique Granados, lo cierto es que según los testimonios de los señores Alfonso Melo Erazo, Idelfonso Angarita Gómez, Yesid Velásquez, se encuentra que entre ellos existió una profunda relación de afecto y consideración y que con ocasión de sus lesiones sufrieron una gran aflicción, angustia y tristeza, razones suficientes que dan lugar al reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales para cada uno de ellos en la suma equivalente a 40 smlmv, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con el monto de la condena respecto de los denominados hijos de crianza(18).

2. Perjuicios materiales – lucro cesante.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante que se habrían ocasionado a las víctimas directas del hecho dañoso, “generados por la disminución de su capacidad laboral”.

Al respecto la jurisprudencia de esta corporación ha dicho:

“3.4. En relación con el perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, el a quo reconoció a favor de la señora Adiela García Vinasco una indemnización equivalente a $671.636,50, suma que correspondió a la liquidación de los 35 días de su incapacidad médico legal, determinada por el perito del Instituto de Medicina Legal, por la asignación mensual certificada de $155.015. Sin embargo, negó la indemnización por el lucro cesante futuro, por considerar que si bien se había acreditado que tuvo un grado de invalidez del 75%, no se demostró que por ese hecho hubiera dejado de laborar o que fuera impedimento definitivo.

La parte demandante recurrió la decisión para solicitar la indemnización por el lucro cesante por el término de su vida probable, conforme a los criterios señalados por la jurisprudencia, teniendo en cuenta que la pérdida de la capacidad laboral fue fijada por el perito en un 75%.

Conforme a los criterios jurisprudenciales señalados por la Sala en relación con el lucro cesante reconocido por todo el término de su vida probable, a favor de quienes pierdan total o parcialmente su capacidad para trabajar, así se desempeñen en labores diferentes de aquéllas a las que se dedicaban antes de sufrir esa pérdida, esa indemnización se liquidará conforme a los siguientes parámetros:

— El dictamen médico laboral señaló que la pérdida de la capacidad laboral de la demandante era del 75%. De acuerdo con la jurisprudencia adoptada por la Sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la condena se debe calcular sobre el 100% de la renta para la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral “entendida ésta como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual (D. 917/99, art. 2º, lit. c)”(19).

— Se acreditó que la señora Adiela García Vinasco recibió durante el año 1991 una asignación básica mensual de $152.150, más una prima de alimentación de $2.250, y una prima de población de $115, según el certificado expedido por la Rectora de la Normal Nacional de Cali (fl. 18 C-2). Ese valor, actualizado a la fecha de esta sentencia equivale a $1.808.278, según el siguiente cálculo:(20)

2.1. Para Fredy Guillermo Pinilla Correa.

Indemnización debida o consolidada:

Se tomará entonces como período indemnizable, aquel comprendido entre la fecha en la cual ocurrió el hecho (octubre 3 de 1997) y la de la presente sentencia, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:

S1999-00297CE FORMULA A
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($532.514,20), actualizado a valor presente, de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia, arroja un monto de $ 1’392.293, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales(21) ($348.073), arroja un monto de $ 1’740.366; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 81.1%, razón por la cual, según la jurisprudencia de la corporación, esta indemnización debe liquidarse sobre el 100% de los ingresos percibidos, esto es$ 1’740.366 (Ra).

Entonces:

Ra = $ 1’740.366

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (197,7(22)).

S1999-00297 1
 

Total indemnización debida = $ 576’198.816.oo.

Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el demandante tenía 27 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 53.2 años(23), equivalentes a 638.4 meses, de los cuales se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado (197,7), es decir 440.7 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S1999-00297 BB
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 1’740.366

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta el límite de la vida probable del señor Fredy Guillermo Pinilla Correa (440.7 meses).

Reemplazando, se tiene que:

S1999-00297 C
 

Total indemnización futura = $ 315’505.381

Total perjuicios materiales: ochocientos noventa y un millones setecientos cuatro mil ciento noventa y siete pesos ($ 891’704.197)(24).

2.2. Para José Feliciano Romero Bejarano.

Indemnización debida o consolidada:

Se tomará entonces como período indemnizable, aquel comprendido entre la fecha en la cual ocurrió el hecho (octubre 3 de 1997) y la de la presente sentencia, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:

S1999-00297CE FORMULA A
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($ 574.244,oo), actualizado a valor presente, de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia, arroja un monto de $ 1’501.398, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 375.349), arroja un monto de $ 1’876.747; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 20.35%, razón por la cual el salario base de liquidación es de $ 381.918 (Ra).

Entonces:

Ra = $ 381.918

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (197,7(25)).

S1999-00297 D
 

Total indemnización debida = $ 126’445.069

Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el demandante tenía 30 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 50.3 años(26), equivalentes a 603.6 meses, de los cuales se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado (197,7), es decir 405,9 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S1999-00297CE FORMULA E
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 381.918

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta el límite de la vida probable del señor José Feliciano Romero Bejarano (420.6 meses).

Reemplazando, se tiene que:

S1999-0297CE HH
 

Total indemnización futura = $ 67’537.338

Total perjuicios materiales: ciento noventa y tres millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos siete mil pesos ($ 193.982.407).

2.3. Para Jovi Celso Hernández Angulo.

Indemnización debida o consolidada:

Se tomará entonces como período indemnizable, aquel comprendido entre la fecha en la cual ocurrió el hecho (octubre 3 de 1997) y la de la presente sentencia, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:

S1999-00297CE FORMULA A
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($ 772.987), actualizado a valor presente, de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia, arroja un monto de $ 2’021.024, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 502.256), arroja un monto de $ 2’526.280; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 20%, razón por la cual el salario base de liquidación es de $ 505.256 (Ra).

Entonces:

Ra = $ 505.256

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (197,7(27)).

S1999-00297CE I
 

Total indemnización debida = $ 167’279.704

Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el demandante tenía 41 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 39.9 años(28), equivalentes a 478.8 meses, de los cuales se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado (197,7), es decir 281.1 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S1999-00297 BB
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 505.256

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta el límite de la vida probable del señor Jovi Celso Hernández Angulo (295.8 meses).

Reemplazando, se tiene que:

S1999-00297CE G
 

Total indemnización futura = $ 77’494.413.

Total perjuicios materiales: doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos ($ 244’774.117).

3. Perjuicios denominado “cambio de las condiciones de existencia y perjuicio fisiológico”.

Al respecto resulta necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación, en la cual se precisó:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial –distinto del moral– es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(29) (negrillas adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(30), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva —para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él.”

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(31).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(32) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(33) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(34).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(35).

Finalmente, la Sala cambió nuevamente la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo” (36).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala procederá a determinar la procedencia de estos perjuicios respecto de los demandantes en cada uno de los procesos acumulados.

3.1. A favor del señor Fredy Guillermo Pinilla Correa.

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el señor Fredy Guillermo Pinilla Correa resultó lesionado, como consecuencia del ataque que padeció la comisión judicial por parte de un grupo armado al margen de la ley en hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, lesión que le ocasionó una incapacidad laboral del 81.10%, lo cual evidencia que el actor sufrió un daño a la salud, por lo que se reconocerá por dicho perjuicio la suma equivalente a 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3.2. A favor del señor José Feliciano Romero Bejarano.

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el señor José Feliciano Romero Bejarano resultó lesionado, como consecuencia del ataque que padeció la comisión judicial por parte de un grupo armado al margen de la ley en hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, lesión que le ocasionó una incapacidad laboral del 20.35%, lo cual evidencia que el actor sufrió un daño a la salud, por lo que se reconocerá por dicho perjuicio la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3.3. A favor del señor Jovi Celso Hernández Angulo.

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el señor Jovi Celso Hernández Angulo resultó lesionado, como consecuencia del ataque que padeció la comisión judicial por parte de un grupo armado al margen de la ley en hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, lesión que le ocasionó una incapacidad laboral del 20%, lo cual evidencia que el actor sufrió un daño a la salud, por lo que se reconocerá por dicho perjuicio la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 2 de septiembre de 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1. DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa —Ejército Nacional de los perjuicios causados a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas a título de perjuicios morales las siguientes sumas:

Primer núcleo familiar 
Fredy Guillermo Pinilla Correa100 smlmv
Ana Cecilia Correa Suescún100 smlmv
Carlos Gustavo Pinilla Suárez100 smlmv
Nubia Mercedes García Correa50 smlmv
Julia Dioselina García Correa50 smlmv
José Diomedes García Correa50 smlmv
Bárbara Efigenia García Correa50 smlmv
Gustavo Gilberto García Correa50 smlmv
Lidia Mariana García Correa50 smlmv
Carlos Efrén García Correa50 smlmv
Milton Armando Pinilla Correa50 smlmv
Claudia Patricia Pinilla Sierra50 smlmv
Wilson Geovanny Pinilla Sierra50 smlmv
Edwin Pinilla Sierra50 smlmv

Segundo núcleo familiar 
José Feliciano Romero Bejarano40 smlmv
Luis Hernando Romero40 smlmv
María Yeny Romero Bejarano20 smlmv
María Nuria Romero Bejarano20 smlmv
Nadia Romero Bejarano20 smlmv
María Fernanda Romero Díaz40 smlmv
Paula Andrea Romero Díaz40 smlmv
Esperanza Díaz Saenz40 smlmv

Tercer núcleo familiar 
Jovi Celso Hernández Ángulo40 smlmv
Plinio Hernández Velandia40 smlmv
Luis Rodrigo Hernández Angulo20 smlmv
María Ruth Hernández Angulo20 smlmv
Ross Jaclin Hernández Rubio40 smlmv
Liz Karem Hernández Morales40 smlmv
Jovi Alexander Hernández Granados40 smlmv
Alexandra Granados Avivi40 smlmv
Zaida Lucía Granados40 smlmv
Albert Enrique Granados40 smlmv

3. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar a favor de las personas que se relacionan a continuación, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas:

Fredy Guillermo Pinilla CorreaOchocientos noventa y un millones setecientos cuatro mil ciento noventa y siete pesos ($ 891’704.197)
José Feliciano Romero BejaranoCiento noventa y tres millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos siete mil pesos ($ 193.982.407).
Jovi Celso Hernández ÁnguloDoscientos cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos ($ 244’774.117).

4. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar a favor de las personas que se relacionan a continuación, a título de daño a la salud, las siguientes sumas de dinero:

Fredy Guillermo Pinilla Correa130 smlmv
José Feliciano Romero Bejarano80 smlmv
Jovi Celso Hernández Ángulo80 smlmv

5. Sin condena en costas.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Las diligencias y actuaciones que obran en el expediente penal en mención, inclusive los testimonios que allí reposan, pueden ser objeto de valoración en esta instancia, comoquiera que fueron solicitadas por las partes (fls. 47 y 163 c 1) y practicadas con audiencia de la parte demandada.
Al respecto la Sala ha dicho que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión. (Ver entre muchas otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 6 de junio de 2012. Expediente: 23025).

2 Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, entre muchas otras.

3 Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

4 Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14.787.

5 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14.880.

6 “Esta vinculación del Derecho a la costumbre no significa que todo aquello que sea más o menos habitual esté permitido; no se trata, por tanto, de equiparar el derecho y el promedio de la realidad. No es la praxis misma, sino las normas que determinan la práctica las que hacen parte del riesgo permitido. Sin embargo, es evidente que con frecuencia una praxis consolidada modifica las normas rectoras de la práctica, hacia una regulación más laxa o estricta. El Derecho no puede desvincularse de la evolución de la sociedad respecto de la cual ha de tener vigencia.” JAKOBS, Günter Ob. Cit., pág. 33.

7 “[C]omo se precisó, parte del hecho de reconocer que la sociedad se mueve bajo la interacción de conocimientos y roles asignados a cada uno de los participantes, razón por la que si se defrauda el rol respectivo y se llega a generar un riesgo jurídicamente desaprobado, el resultado desencadenado será imputable a quien defraudó las expectativas sociales derivadas de su rol.

“Los casos más significativos en Alemania se encuentran en el tráfico vehicular y en las relaciones en las que interviene de manera significativa la confianza, tales como: la medicina, el derecho, entre otras. Así las cosas, por ejemplo, en el desarrollo del contacto social quien conduce un vehículo por un carril que tiene la luz verde en el semáforo, cree con base en el principio de confianza que el conductor de la otra vía respetará la luz roja ya que su rol social le impone ese deber de comportamiento.” GIL Botero, Enrique Ob. Cit., pág. 69.

8 LUHMANN, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, Pág. 5 y 6.

9 Sentencia SU-1184 de 2001.

10 Corte Constitucional, sentencia T-980 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2000, exp. 14117, M.P. Ricardo Hoyos Duque. De igual forma se pueden consultar las sentencias del 13 de septiembre de 2001, exp. 13464 y del 25 de julio de 2002, exp. 14001.

12 En concordancia ver: Sección Tercera, Sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente: 19.426, C.P. Enrique Gil Botero y Sentencia del 31 de mayo de 2007, Expediente: 16.383, C.P. Enrique Gil Botero.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 20.168. C.P. Enrique Gil Botero.

14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2012. Expediente: 21928, M.P. Enrique Gil Botero. También puede consultarse: Subsección C. Sentencia del 1º de febrero de 2012. Expediente: 21274, M.P. Jaime Orlando Santofimio.

15 Así ha discurrido la Sala, mediante sentencias dictadas el 29 agosto de 2007, exp. 16.052. y de septiembre 2 de 2009, exp. 17.827, entre otras.

16 En tal sentido, ver sentencias proferidas el 2 de septiembre de 2009, exps. 18.011, 17.729 y 17.801, entre otras.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

18 Ver entre otras, Sentencia del 13 de abril de 2011. Expediente 20537, M.P. Enrique Gil Botero y Sentencia del 2 de septiembre de 2009. Expediente 17997, M.P. Enrique Gil Botero.

19 Entre otras, puede consultarse la sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 18.273 y de 5 de diciembre de 2005, exp. 13.339

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 enero de 2009. Expediente. 16050, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

21 Aunque la labor productiva a la cual se dedicaba el lesionado al momento del hecho dañoso no correspondía a una actividad económica o laboral dependiente, por la cual se pudiere sostener que parte de los ingresos periódicos por él percibidos estaban destinados, de manera ininterrumpida, al pago de prestaciones sociales para sí mismo, se accederá a tal reconocimiento –en el equivalente al 25% del salario base de liquidación–, por razones de equidad y además porque su pago constituye un imperativo de rango constitucional de carácter irrenunciable, tal como lo ha sostenido la Sala:

“Es preciso señalar, que el a quo no realizó reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales sobre el salario base de liquidación, sin embargo, ello se hará porque se trata de un asunto de ley que en nada contraviene la consulta misma, pues su pago constituye un imperativo de rango constitucional irrenunciable.
Sobre la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales la Corte Constitucional en sentencia del 6 de diciembre de 1994 [sentencia C-556/94], señaló:

‘La norma bajo examen trata de dos situaciones diferentes: Por una parte de la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales y por el otro regula lo relativo a la inembargabilidad de la pensión de invalidez. El sentido que fluye de la disposición acusada es que las prestaciones sociales son irrenunciables, lo cual está de acuerdo con el principio general de la irrenunciabilidad de los derechos laborales que son ciertos e indiscutibles. En consecuencia, cuando el trabajador ha adquirido el derecho, no puede renunciar a su beneficio. Este principio que ya estaba consagrado a nivel legal en la legislación laboral fue elevado a canon constitucional en 1991 en el artículo 53, el cual consagra entre los principios mínimos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el Estatuto del Trabajo, que debe expedir el Congreso, el de la ‘irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas generales’. La pensión de invalidez es inembargable en su totalidad; pero en cambio si son embargables las demás prestaciones así como los sueldos en la proporción señalada por la ley.

Para la Corte, en consecuencia, la norma acusada debe leerse correctamente así: ‘Las prestaciones sociales consagradas en este decreto y en otras disposiciones aplicables son irrenunciables. Con excepción de la pensión de invalidez que es inembargable, las demás, así como los sueldos, sólo podrán serlo hasta un 50% de su valor, siempre que sean en favor de Cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con las disposiciones civiles’ ”. (Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2009, exp. 23.287. M.P. Enrique Gil Botero).

22 Número de meses transcurridos entre la ocurrencia del hecho dañoso (octubre de 1997) y la fecha de la presente sentencia (mar./2014).

23 Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera.

24 Si bien al actualizar a la fecha de la presente sentencia la suma que por este perjuicio se solicitó en la demanda, arrojó como resultado un monto inferior al que finalmente se está reconociendo en esta providencia, situación que en principio podría considerarse como un incumplimiento al principio de congruencia, cierto es también que en el libelo introductorio se hizo la salvedad consistente en pedir lo allí estimado o “el mayor valor que resultara” a partir de la liquidación que se efectuare según los parámetros aplicados por el Consejo de Estado, lo cual fue lo que ocurrió en este caso, puesto que a partir de las fórmulas matemáticas y demás presupuestos que ha venido aplicando esta corporación para liquidar esta clase de perjuicios, se llegó a la suma finalmente reconocida.

25 Número de meses transcurridos entre la ocurrencia del hecho dañoso (octubre de 1997) y la fecha de la presente sentencia (marzo de 2014).

26 Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera.

27 Número de meses transcurridos entre la ocurrencia del hecho dañoso (octubre de 1997) y la fecha de la presente sentencia (marzo de 2014).

28 Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera.

29 Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11.842. M.P. Alier Hernández Sección Tercera.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

31 Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98.

32 Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.

33 Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.

34 Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.

35 Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407.

36 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, exp. 19031, M.P. Enrique Gil Botero.