Sentencia 1999-00305 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 28127

Radicación. 230012331000 1999 00305 01

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Ruth Marina Argumedo Silgado y otros

Demandado: Municipio de Sahagún

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., febrero veintiocho de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

5. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por daños materiales en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

6. Para dar sustento a sus pretensiones, la parte demandante aportó al proceso varias fotografías y un aparte del periódico que registró la noticia de un incendio.

6.1. En relación con las fotografías visibles dentro del expediente (fls. 64-68, cdno. 1), la Sala encuentra que aunque fueron aportadas por la parte actora, no es posible determinar su origen ni el lugar y fechas donde fueron tomadas. En estas condiciones, no puede atribuírseles valor probatorio ya que no existe certeza de que la imagen que se registra corresponda a los daños causados a las instalaciones de la Corporación Club Social Sahagún(2).

6.2. En cuanto a los recortes de prensa, la Sala señaló inicialmente que la información que allí aparece consignada no puede ser admitida dentro del proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fue suministrada ante un funcionario judicial, no fue rendida bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227)(3). A lo sumo, aquéllos podrán ser apreciados como una prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero no, de la veracidad de su contenido(4).

6.3. Posteriormente, la jurisprudencia de la Sección tercera del Consejo de Estado, adoptó la postura de darle valor probatorio a los recortes de prensa a manera de indicio, cuando estos resultaren congruentes con la totalidad del acervo probatorio para demostrar la veracidad de la ocurrencia de los hechos(5).

6.4. En tal sentido, la Sala Plena de la corporación afirmó(6) que los recortes de prensa no tienen valor probatorio por sí solos, ya que su eficacia probatoria depende de su coincidencia con otros elementos de prueba que obren en el proceso, por tanto sólo constituyen un indicador para el juez, a quien le corresponde determinar la eficacia probatoria de los mismos, luego de una valoración racional, ponderada y conjunta.

6.5. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(7).

6.6. En este orden de ideas, la Sala valorará la publicación de la noticia aportada por la parte demandante, en la medida que sea consonante con los demás medios de prueba obrantes en el expediente, en el entendido que estos otros medios de prueba soporten la veracidad de los hechos consignados en el recorte de prensa.

III. Hechos probados

7. Con base en las pruebas documentales allegadas, más aquellas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. La Asociación Corporación Club Social Sahagún es una persona jurídica legalmente constituida, cuyo predio está ubicado en el municipio de Sahagún en la carrera 11 Nº 3-115 (escritura pública 851, Círculo Único Notarial de Planeta Rica, Córdoba, fls. 20-27, cdno. 1, fl. de matrícula inmobiliaria Nº 148-0002891, fls. 28-30; cdno. 1, certificado de existencia y representación legal de cámara y comercio, fls. 31-33, cdno. 1).

7.2. Las señoras Ruth Marina Argumedo Silgado y María Elvira Jarava Lozano acondicionaron una parte de las instalaciones de la Corporación Club Social Sahagún para poner en funcionamiento el restaurante Sahagún Real (testimonios de Amparo Ruíz y Modesto Enrique Salgado Calderón rendidos ante el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún y de Elías Manuel Anaya Mendoza rendido ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún fls. 265, 380 y 381, cdno. 1).

7.3. El restaurante Sahagún Real, ubicado en las instalaciones de la Corporación Club Social Sahagún, sufrió daños en su estructura física debido a la ocurrencia de un incendio el 31 de diciembre de 1997 (diligencia de inspección judicial adelantada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún y testimonios anteriormente mencionados).

7.4. El municipio de Sahagún para el año 1998 no contaba con una estación de bomberos (Ofi. 0372 del Departamento de Policía de Córdoba, fl. 59, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

8. Debe la Sala establecer si las demandantes se encontraban legitimadas en la causa por activa para solicitar, mediante reparación directa, indemnización por los daños causados al inmueble perteneciente a la Corporación Club Social Sahagún, debido a un incendio ocurrido en sus instalaciones. De ser así, tendrá que determinar si de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente es posible acreditar la relación de causalidad entre los daños ocasionados por un incendio el 31 de diciembre de 1997, y la ausencia de una estación de bomberos en el municipio de Sahagún.

V. Análisis de la Sala

Legitimación en la causa por activa

9. Teniendo en cuenta que las demandantes aluden su condición de propietarias del bien afectado, para solicitar indemnización por perjuicios materiales y morales, procede la Sala a estudiar la legitimación en la causa para ejercer acción de reparación directa.

9.1. Para que el demandante se encuentre legitimado en la causa por activa, al interponer una acción de reparación directa, éste debe ostentar la condición de damnificado por el daño ocasionado; la simple alegación de tal calidad en la demanda, se conoce como legitimación de hecho, mientras que aquella que se desprende de la prueba efectiva de dicha condición se llama legitimación material, la cual es necesaria al momento de fallar(8).

9.2. Cuando se trata del daño de un bien inmueble, la legitimación no está dada sólo para quien ostenta la calidad de propietario del bien, pues de acuerdo con la jurisprudencia(9), también se encuentra legitimado todo aquel que resulte damnificado con el daño y halle vulnerados sus derechos con la pérdida o deterioro del bien afectado. Por tanto, la trasgresión de derechos tales como los reales de posesión, usufructo, uso y habitación, contemplados en el código civil, puede otorgar legitimación en la causa por activa, según el tipo de afectación que sufra el inmueble.

9.3. En el sub lite está demostrado que las demandantes explotaban económicamente el inmueble afectado(10), por lo cual, se puede inferir que la destrucción del mismo las perjudica, pues, la pérdida del capital invertido y la cesación del lucro percibido, les genera un daño.

9.4. En este orden de ideas, encuentra la Sala que, a pesar de que las demandantes no demostraron la propiedad sobre el bien afectado, está probada su condición de damnificadas de los daños ocasionados por el incendio, en la medida que habían invertido sus recursos con el fin de explotarlo económicamente.

9.5. Por lo anterior, se concluye que la parte actora cuenta con legitimación en la causa por activa, para ejercer acción de reparación directa por los daños ocasionados al inmueble donde funcionaba el restaurante Sahagún Real, en el entendido de que solicitan indemnización por la pérdida de los enseres que constituían el establecimiento de comercio y por las ganancias dejadas de percibir con ocasión del daño.

El asunto de fondo

10. El principal elemento configurativo de la responsabilidad estatal es el daño, por tanto, le corresponde a la parte actora aportar los medios de prueba que acrediten plenamente la ocurrencia del hecho que produjo el perjuicio alegado.

11. Para la Sala es claro que la finalidad de la parte actora, es que se le repare por los daños causados, con ocasión de la destrucción de los bienes que conformaban el restaurante Sahagún Real, luego de un incendio que se produjo en las instalaciones de la Corporación Club Social Sahagún, donde funcionaba el mismo.

12. Mediante diligencia de inspección ocular, realizada el 7 de mayo de 1998, el inspector de policía y el personero municipal, constataron los daños ocasionados por un incendio y relacionó los enseres que quedaron incinerados. En el informe se consignó:

Con todo lo anteriormente anotado el señor personero, y este suscrito, dan por terminada esta inspección ocular y también podemos afirmar, que en verdad el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ocurrió un voraz incendio, en las instalaciones del Restaurante Sahagún Real (sic) (fl. 54, cdno. 1).

13. Advierte la Sala que la fecha del 31 de diciembre de 1998 que la inspección de policía consigna en su informe es equivocada, lo que se puede concluir del hecho de que esta es posterior a la fecha de realización de la inspección (supra 12). Sin embargo de acuerdo con una apreciación conjunta de las pruebas allegadas al proceso, se tiene por probado que la fecha de ocurrencia del incendio es el 31 de diciembre de 1997, tal como se afirma en la demanda y su respectiva contestación (fl. 161, cdno.1).

14. Ahora bien, luego de encontrar acreditado el daño, le corresponde a la Sala establecer si el mismo es imputable a la entidad demandada; para este efecto, es necesario precisar que las pretensiones de la demanda tienen fundamento en la omisión en la prestación del servicio público de bomberos por parte del municipio de Sahagún, pues asegura la parte actora que la existencia de un cuerpo de bomberos habría impedido que el fuego se extendiera y que causara daños graves a los enseres que conformaban el inmueble.

15. Así las cosas, de acuerdo a las pretensiones de la demanda, para estudiar la responsabilidad del municipio, no son relevantes las circunstancias que provocaron el incendio, pues sólo con la comprobación de la inexistencia de un cuerpo de bomberos ya estaría obligada la entidad a resarcir los daños causados con el incendio.

16. Sin embargo, observa la Sala que no se encuentra acreditada en el proceso, la relación de causalidad invocada en la causa petendi, pues el sólo hecho de que la administración municipal esté obligada a contar con un cuerpo de bomberos que posea la capacidad operativa para atender este tipo de emergencias, no prueba que esa omisión haya sido la causa adecuada del daño cuya reparación se pretende.

17. Lo anterior, en razón a que no es posible comprobar que, de haber existido un cuerpo de bomberos en el municipio, el daño hubiera sido menor, pues cuando la comunidad advirtió la ocurrencia del incendio, debido a la imposibilidad de inmediatez en la reacción de algún organismo de bomberos, el daño igualmente se hubiera causado, pues se trataba de una construcción de palma y de madera, materiales altamente inflamables. No se cuenta con elementos probatorios que permitan determinar que de acuerdo a las condiciones del incendio, el mismo hubiera podido ser controlado de manera oportuna.

18. No se trata de exonerar a la administración de la obligación de brindar el servicio público de bomberos de acuerdo a los preceptos legales, sino que para el caso concreto es imposible determinar un nexo causal entre la ausencia del mismo con la consumación del daño, pues de haber existido un cuerpo de bomberos, igualmente los enseres del inmueble se hubieran consumido rápidamente por el fuego, y se hubiere causado un daño que no puede imputársele a la administración sin prueba en contrario que acredite el nexo causal.

19. En este orden de ideas, con base en las pruebas obrantes en el expediente, la Sala concluye que en el presente caso no está acreditada la responsabilidad del municipio de Sahagún en la ocurrencia de un incendio el 31 de diciembre de 1997, como se aduce en la demanda, por lo tanto se negarán las pretensiones de la misma.

V. Costas.

14.(sic) El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

15. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia de 4 de diciembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.

2. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los a perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente se estimó en $ 45 166 600, monto que supera la cuantía requerida en 2001 ($ 18.850.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado de doble instancia. Se aplican en este punto los artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 pues, si bien para la fecha de la presentación de la demanda, ya había entrado en vigencia la Ley 446 de 1998, sus disposiciones en materia de cuantías aún no eran aplicables por cuanto no habían entrado a operar los jueces administrativos.

(2) Sobre el valor probatorio de las fotografías, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, expediente 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, expediente 14.998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, expediente 18034, C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 21 de junio de 2007, expediente 25.627, C.P. Alier Eduardo Hernández; 19 de agosto de 2009, expediente 16.363, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; 10 de junio de 2009, expediente 18.108, C.P. Ruth Stella Correa; 2 de febrero de 2009, expediente 23.067, C.P. Enrique Gil Botero; 10 de marzo de 2011, expediente 20.099, C.P. Ruth Stella Correa.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Sentencias de 25 de julio de 2011, expediente 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, expediente 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, expediente 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(6) Sentencia de 29 de mayo de 2012, expediente 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(7) Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de nov. 29/2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de jul. 4/2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de jul. 1º/2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).

(8) Sentencia del 18 de marzo de 2004, expediente 13.318, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Ibíd.

(10) En los testimonios recaudados en el proceso se dijo: “declaración jurada de la señora Amparo Ruíz (…) el restaurante se llama Sahagún Real situado en el club campestre de esta ciudad, María Jarava Lozano era la dueña como Ruth Marina que no la conozco, conozco es a Mary, desde hace 20 años. Para la construcción del restaurante ella nos compró todos los materiales en nuestro almacén Ferretería de la Sabana (…)”; por su parte en declaración juramentada el señor Modesto Enrique Salgado Calderón afirmó: “yo estoy enterado de eso porque yo fui el que le suministré la madera a ella para su construcción a Mary Jarava y a la otra socia (…)”. En el mismo sentido el señor Elías Manuel Anaya Mendoza afirmó: “yo era miembro de la junta directiva de la corporación social club Sahagún, las instalaciones que existían antes de llegar las muchachas ahí, era inservible, era un lote, la junta directiva hizo un contrato verbal con ellas, en donde ellas recibían las instalaciones en el estado en que se encontraban, ellas hicieron ahí unas mejoras muy buenas, invirtiendo plata buena, cocina de material, un rancho grande, los utensilios, lo compraron todo, construyeron tres kioscos, el trato fue el siguiente: cuatro (4) años de arriendo, para pagar las mejoras y de ahí quedaba siendo el club nuevamente dueño de las mejoras (…)” (fls. 265, 380 y 381, cdno. 1).