Sentencia 1999-00312 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600019990031201 (28909)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Carlos Andrés Ríos Bedoya y otros

Demandado: La Nación- Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

Bogotá, D. C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II .Consideraciones de la Sala

1. Jurisdicción y competencia.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de junio de 2004, por cuanto, la pretensión mayor, referida en la demanda, excede la cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta corporación en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época de presentación de la demanda(1).

2. Problemas jurídicos.

La Sala debe establecer si el reclutamiento del señor Carlos Andrés Ríos Bedoya, a pesar de su diagnóstico previo de otitis crónica, causó a este y a sus familiares perjuicios de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial por los que deba responder el Estado.

3. Análisis del caso.

3.1 Hechos y circunstancias acreditados.

3.1.1 Está debidamente acreditado que el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya es hijo de Jairo Ríos Franco y María Antonia Bedoya y hermano de John Jairo y Gloria Astrid Ríos Bedoya (Cfr. registros civiles de nacimiento aportados en copia auténtica, en los folios 24 a 26 del cdn. 3).

3.1.2 Se sabe que el día 30 de enero de 1997, el primeramente nombrado fue incorporado al Ejército Nacional y dado de alta, estando vinculado al batallón de abastecimientos, el día 4 de febrero de 1997, aunque para entonces no se pudo desacuartelar. Lo anterior consta en la constancia firmada el 21 de enero de 1998 por el capitán Ricardo Mosquera Guerrero, jefe de la sección primera del batallón de abastecimientos, en la que se lee:

El suscrito jefe de la sección primera del batallón de abastecimientos hace constar que:

El soldado Ríos Bedoya Carlos Andrés, código militar 80062231, incorporado el día 30 de enero de mil novecientos noventa y siete por el Distrito Militar Nº 3 y dado de alta en el batallón de abastecimientos por la orden del día Nº 234, artículo 85 de fecha 04 de febrero de mil novecientos noventa y siete. Por orden médica de la doctora Josefina Rueda Gómez no se puede desacuartelar por afecciones en el oído derecho (sanidad).

Aparte del mencionado documento no obra en el acervo probatorio ningún otro elemento que permita tener noticia de las circunstancias de ingreso del soldado Ríos Bedoya al Ejército Nacional.

3.1.3. Se sabe que, antes de su ingreso al Ejército, el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya fue atendido en varias ocasiones por médicos adscritos a la Secretaría de Salud de Bogotá, por otitis crónica, lo anterior consta en varias órdenes de laboratorio, constancias de realización de exámenes y certificados de atención, fechados entre marzo 1992 y enero de 1996 (fls. 5 a 11 y 17 a 23 del cdn. 3). Algunos de estos certificados permiten tener certeza sobre que el señor Ríos Bedoya presentaba cuadros de otitis desde su infancia.

Así, por ejemplo, en la orden de remisión de pacientes Nº 11001130476 de UPA Laches (Secretaría de Salud de Bogotá) al Hospital El Guavio, fechada el 18 de septiembre de 1998, se lee:

Fecha de remisión: 18-09-96 hora 3:45 pm

Atención solicitada: Ambulatoria.

Diagnóstico Presuntivo: Otitis supurativa a repetición, crónica.

Motivo de la referencia: s/s valoración y otorrinolaringología.

(…)

Resumen de la historia clínica:

Paciente de 17 años quien ha venido presentando desde los 8 meses de edad episodios de otitis en oído derecho. Ha recibido múltiples tratamientos sin mejoría.

Amigdalitis a los 4 años.

Antecedentes: Otitis a repetición. Episodios de inestabilidad para la marcha; audición OD. AI EF. TA 110/70, FC (ilegible), FR. 18X'

(…)

Oído derecho, secreción blanquecina fétida (…).

En otro certificado de la misma UPA Laches (Secretaría de Salud de Bogotá), fechado igual día, se lee:

Secretaría de Salud

División de Atención Médica

Nombre: Carlos Andrés Ríos

Bogotá, 18 de 09 de 1996

A quien interese:

Se hace constar que el paciente en mención viene presentando otitis a repetición desde la infancia. Se requiere, por lo tanto, manejo especializado otorrinolaringológico.

3.1.3. Se sabe que, después de su reclutamiento, el soldado Carlos Andrés Ríos Bedoya fue atendido en varias ocasiones por el servicio de sanidad del Ejército, hasta que fue licenciado el día 11 de noviembre de 1998. Consta, también, que fue sometido a una intervención quirúrgica de timpanoplastia, del oído derecho.

En el expediente obra la hoja de referencias suscrita por la Dra. Josefina Rueda Gómez, de fecha de 7 de enero de 1998, en la que se lee:

Nombre de la unidad de sanidad: Dispensorio Occidental

Nombre de la unidad de referencia: Hosmil

Servicio solicitado: TAC de oído y de mastoides

Especialidad: Escanografía

Identificación del paciente:

Nº documento de identidad: 80062231

Primer apellido: Ríos

Segundo Apellido: Bedoya

Nombres: Carlos Andrés

(…)

Resumen historia clínica:

Motivo de consulta: otitis desde los 4 meses de edad.

Hallazgos a examen físico: perforación timpánica, material purulento oído medio derecho.

Diagnóstico presuntivo:

1. Otitis media crónica

2. Perforación timpánica

3. Mastoiditis crónica (fl. 23, cdn. 3).

Además, la hoja de referencia Nº AAA 0551, de fecha 21 de enero de 1998, firmada por la Dra. Josefina Rueda Gómez precisa:

Nombre de la unidad de referencia: Dispensorio Occidental

Destino de la referencia: Hosmil

Servicio solicitado: Control ORL

Identificación del paciente:

Nº documento de identidad: 80062231

Primer apellido: Ríos

Segundo Apellido: Bedoya

Nombres: Carlos Andrés

(…)

Resumen historia clínica:

Motivo de consulta: otitis crónica

Enfermedad actual: viene siendo tratado por otitis crónica. OD.

Diagnóstico presuntivo: Otitis crónica derecha

Motivos de remisión: continuar manejo por especialidad (fl. 21, cdn. 3).

Como ya se citó anteriormente, por indicación de la Dra. Rueda Gómez en esta fecha, al señor Ríos Bedoya no se le podía dar la baja, dada la afección sufrida.

Obra también en el expediente la contrarreferencia anotada por el Dr. Gabriel Díaz Granados, médico otorrinolaringólogo del Hospital Militar Central, así:

Motivo de consulta: Otorrea derecha de 2 años episodios repetitivos de otorrea purulenta.

Enfermedad actual: sin tratamiento médico.

Principales hallazgos: otorrea purulenta derecha, perforación timpánica derecha, 60 %.

Diagnóstico: Otitis media crónica derecha, perforación timpánica. (fl. 21, envés, cdn. 3).

Sobre la intervención a la que fue sometido el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya el día 6 de abril de 1998, se lee en la historia clínica:

18/03/98

Se programa timpanoplastia y (ilegible) OD, lunes 6 de abril 98. (fl. 49, cdn. 3).

Y en la hoja quirúrgica de 6 de abril de 1998:

Apellidos y nombres: Carlos Ríos Bedoya

Fecha: 6 de abril de 1998

Cirujano: Dr. Jairo I. Berrio M. Esp. Dr. Almario

Primera ayudante: Dra. Caro

Diagnóstico pre-oreratorio (sic): otitis media crónica perforada OD.

Diagnóstico post-operatorio: igual.

Nombre de intervención quirúrgica: Timpanoplastia OD. (fl. 45, cdn. 3).

También se fue aportada una excusa de servicio por incapacidad, expedida por el Hospital Militar Central, en el que se lee:

Primer apellido: Ríos

Segundo Apellido: Bedoya

Nombres: Carlos Andrés.

Grado o cargo: F.

Unidad o entidad: Ejército.

Cód. Nosológico: Pop Timpanoplastia.

Incapacidad temporal grado 3-

Desde: día 06 (seis), hora 6:00 am, mes 04 año, 98

Hasta: día 13 (trece) hora 6:00 pm, mes 04, año 98. (fl. 16 cdn. 6).

Sobre el estado clínico del señor Carlos Andrés Ríos Bedoya, con posterioridad a la intervención quirúrgica, cabe resaltar lo consignado en la historia clínica:

ORL

8 de mayo/98

Pop 1er mes timpanoplastia OD. Asintomático.

Otoscopia: OD neotímpano íntegro W (d = Mm (+) bilateral.

Plan: control en un mes con audiometría y concepto médico.

17-VIII-98

ORL

Control. Neotímpano íntegro.

Audiometría normal.

Se da concepto informal que no requiere junta médica.

Finalmente, reposa en el expediente el acta de junta Médica laboral 4097 de las Fuerzas militares, de 18 de noviembre de 1998. En ella se lee:

Lugar y fecha: Santa Fe de Bogotá, D. C., 18 de noviembre

(…)

Antecedentes del informativo:

Informe administrativo por lesiones Nº 003 del 11-nov-98 adelantado por el comando del batallón de abastecimientos.

Concepto de los especialistas

Otorrino afección por evaluar.

Otitis media crónica derecha perforada OD. Otorrea y disminución de la agudeza auditiva por OD. Desde los 12 años de edad.

Diagnóstico: Otitis media crónica.

Etiología infecciosa.

Tratamientos: Quirúrgico médico (timpanoplastia OD).

Estado actual: audición normal.

500 1000 2000 4000

OI 10 10 10 05

OD 10 05 10 05

Pronóstico: bueno

Conducta a seguir: Licenciamiento

Firmado. Dr. Jorge Eduardo Almario

Conclusiones:

A. Antecedentes-lesiones-afecciones-secuelas

Otitis media crónica derecha de etiología infecciosa tratada con timpanoplastia OD. Actualmente audición normal. No deja secuelas.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio.

¿Determina incapacidad?: No le determina incapacidad. Apto.

C. Valoración de la disminución de la capacidad laboral

¿Produce disminución de la capacidad laboral?

No le produce disminución de la capacidad laboral.

D. Imputabilidad del servicio.

Lesión (1). Ocurrió durante el servicio por causa y razón del mismo de acuerdo al informe relacionado anteriormente.

E. Fijación de los correspondientes índices.

De acuerdo con el art. 21 Decreto 94 del 11 de enero de 1989 corresponde por: 1. No hay lugar a indemnización.

3.2. Imputación.

3.2.1 Determinación de los perjuicios.

En el caso sub lite la parte actora reclama la indemnización de los perjuicios derivados de la indebida incorporación al servicio militar. Se sostiene en la demanda que la condición de salud del señor Ríos Bedoya empeoró, al punto que la otitis crónica que lo aquejaba desde antes de su ingreso al servició, por razón y causa del mismo, se transformó en la pérdida total de la audición y la capacidad laboral; particularmente por los ejercicios de polígono.

En este sentido, para la Sala es claro que el actor se refiere a dos clases de perjuicios. En primer lugar, al hecho de haber sido obligado a soportar una carga pública de la que debió haber sido eximido, debido a su condición de salud y, en segundo lugar, al deterioro del estado previo, como consecuencia de los ejercicios realizados durante el servicio militar y, concretamente, durante las prácticas de tiro.

3.2.2 Sobre la ocurrencia de los perjuicios.

Después de haber determinado los perjuicios alegados, para la Sala es claro que en el acervo probatorio no obra ningún elemento que permita colegir que el actor efectivamente sufrió un deterioro en su salud, como consecuencia de haber prestado el servicio militar. En primer lugar, aunque está acreditado que el soldado Ríos Bedoya fue tratado por otitis media durante el periodo de servicio, existen también pruebas de que esta era una patología previa que, de hecho, sufría desde la infancia.

En segundo lugar, en ausencia de pruebas que permitan tener noticia de la naturaleza y la intensidad de la otitis que el soldado Ríos Bedoya presentaba antes de su incorporación al Ejército y ante la poca información que se suministra sobre el particular en la historia clínica, que da cuenta del tratamiento que recibió mientras fue conscripto, no se cuentan con parámetros cualitativos o cuantitativos con base en los cuales se pueda decir que, efectivamente, se dio un empeoramiento en sus condiciones de salud.

En tercer lugar, así existieran pruebas del avance de la otitis, no existen elementos que permitan relacionarlo causalmente con el reclutamiento o con los ejercicios realizados durante el servicio militar, sobre cuya naturaleza y frecuencia no se aportó tampoco ninguna prueba. Por el contrario, la última información disponible sobre el estado de salud del señor Ríos Bedoya sugiere que el tratamiento quirúrgico al que fue sometido fue exitoso, que los resultados de audiometría fueron normales y que no existían causas para declarar una incapacidad laboral, conclusiones totalmente antagónicas con lo declarado por la parte actora. Además, correspondiendo la anterior información con el licenciamiento del servicio militar, habría que imputar las lesiones que posteriormente hubieran podido producirse a una causa ajena al mismo.

Finalmente, se ha de aclarar que, aunque en el reporte de la junta médica laboral 4097 de las Fuerzas militares, de 18 de noviembre de 1998, se lee que el soldado sufrió una lesión durante el servicio por causa y razón del mismo, las anotaciones consignadas en el mismo informe y el resto del acervo probatorio no dejan lugar a dudas, sobre el hecho de que la otitis crónica era una dolencia previa.

En cambio, la Sala considera que sí existe fundamento para declarar que el señor Ríos Bedoya fue indebidamente incorporado al Ejército. En efecto, las pruebas que obran en el expediente dejan claro que al momento de su incorporación al demandante lo aquejaba una otitis media crónica, con episodios de otorrea purulenta, la que sufría desde su infancia (algunos informes apuntan a los cuatro meses, otros a los ocho meses, otras a los 12 años). Esta circunstancia no se puede perder de vista ya que, según el art. 50 del Decreto 94 de 1989, estatuto de capacidad sicofísica e invalideces del personal militar, la "otitis media supurada resistente a tratamiento" es causal de no aptitud. Así las cosas, hay que concluir que la incorporación del señor Ríos Bedoya al servicio fue irregular y que, adicionalmente, el demandante tuvo que afrontar los rigores del régimen de vida militar, sin estar en las condiciones óptimas de salud que ello exige.

3.2.3 La indebida incorporación al servicio como desproporción en las cargas públicas y eventual vulneración de otros derechos fundamentales.

Prima facie la indebida incorporación al servicio militar podría parecer una mera falta del servicio, sin relación causal con el daño alegado, razón por la cual el reconocimiento de una indemnización por este motivo podría dar la impresión de aceptación del daño punitivo. Existen razones, sin embargo, para sostener que la incorporación al servicio de quien tiene derecho a ser eximido de la onerosa prestación supone un daño en sí mismo, en la medida en que es sometido a una carga que no tenía que soportar lo cual viola el principio de igualdad.

En efecto, el servicio militar obligatorio es una expresión del deber general de todos los ciudadanos de contribuir con las autoridades democráticas para mantener la independencia y la integridad nacionales (C.P., art. 95, num. 3) y un medio que permite a los convocados formarse para el cumplimiento del deber de tomar las armas, cuando la necesidad pública lo exija (C.P., art. 26).

Es de notar, que el servicio militar obligatorio es una carga que tiende a la protección de fines constitucionalmente legítimos, en cuanto cauce ordinario para el cumplimiento de deberes ciudadanos, respecto del bien común y la defensa de la integridad territorial e institucional, cuya aplicación exige una distribución razonable y proporcionada.

En efecto, el régimen de servicio militar, regulado en el momento de los hechos de que trata este asunto, por la Ley 48 de 1993 y el Decreto 94 de 1989, indudablemente supone ciertas restricciones a la libertad, justificadas por la necesidad y la utilidad pública, según se ha dicho ad supra; empero, como ocurre en el caso de toda medida con efectos restrictivos, se impone que su aplicación responda a criterios que no la hagan particularmente gravosa.

Al respecto se ha de destacar que la prestación a la que se viene haciendo referencia exige, primeramente, que el ciudadano de que se trate se encuentre en capacidad de asumir la carga pública sin un padecimiento mayor que otros y sin afrontar un riesgo desproporcionado. En este sentido, al servicio militar están obligados básicamente los varones adultos que se encuentren en óptimas condiciones de salud física y mental, de ahí que el escogido podría encontrarse en una de aquellas situaciones que el legislador mismo ha considerado como especiales (L. 48/93, arts. 27 y 28) pues de ser ello así la sola incorporación habría de considerarse discriminatoria, pues quien no se encuentra en capacidad de asumir la carga tendría que haber sido eximido.

Tanto así que el art. 27 de la Ley 48 de 1993 y el título VII del Decreto 94 regulan detenidamente condiciones físicas que permiten asumir la prestación, en cuanto objetivamente se supone un esfuerzo mucho mayor que el que ha de realizar el adulto sano. Lo anterior puede conllevar a una exposición innecesaria al riesgo de muerte o empeoramiento y la coerción a forzar el cuerpo. Así, pues, el desconocimiento de los estándares de capacidad e incapacidad no constituye una mera infracción de una norma cualquiera sino la violación directa del derecho a la igualdad y también una eventual vulneración de otros derechos de rango constitucional, como la vida o la salud, así como el principio supremo de la dignidad humana.

3.2.4. Sobre la carga del diagnóstico.

En el libelo de defensa se ha mencionado que, a pesar de que consta que el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya fue diagnosticado de otitis media crónica, con anterioridad a su incorporación al Ejército, tal circunstancia no fue comunicada por el mismo a las autoridades encargadas del reclutamiento, quienes no estaban obligados a conocerla, en la medida en que el examen de ingreso a las Fuerzas Armadas es de carácter general.

Al respecto hay que anotar, en primer lugar, que dado que el Ejército no aportó al acervo probatorio elementos que permitan tener noticia del desarrollo de los exámenes de ingreso y por lo mismo de las condiciones observadas y de las circunstancias manifestadas en tal ocasión, cualquier línea de defensa basada en su práctica carece de eficacia en esta sede. En efecto, en tanto único con acceso a la documentación elaborada por el mismo, en consecuencia no cabe sino concluir que le correspondía al Ejército su aportación.

Por otra parte, no parece razonable suponer que el particular tenga que soportar la carga de probar una circunstancia de salud directamente relacionada con su aptitud para el servicio militar y expresamente mencionada en la normatividad que la regula como un asunto a cargo de la autoridad militar (D. 94/93, título VII). En primera instancia, se ha de destacar que, sin lugar a dudas, los exámenes médicos de ingreso en cuanto obedecen a la determinación de la aptitud física y psíquica de quienes se han de incorporar a la Fuerza Pública, no interesa sino a esta, de manera que no resulta plausible transmitir su responsabilidad al paciente, en la medida en que este no necesariamente tiene conocimiento de su condición y no tendría que conocer las condiciones para su incorporación. Al contrario, dado, que la ley ha previsto los exámenes de ingreso, el ciudadano que se somete a los mismos debe poder confiar en que serán los adecuados para determinar si está o no en condiciones de ingresar.

Se ha de resaltar, además, que el argumento según el cual el ingreso a la Fuerza Pública requiere únicamente de una revisión general y superficial del estado de salud del futuro conscripto no tiene sustento alguno en la legislación y los reglamentos vigentes. Por el contrario, tanto la Ley 48 de 1993 como el Decreto 2884 del mismo año, que la reglamenta, son inequívocos en disponer que la revisión practicada al ciudadano sea tan exhaustiva como sea posible, al punto de establecerse un sistema de tres exámenes de ingreso.

Así, la Ley 48 de 1993 establece en sus artículos 16 a 18 un sistema de revisión de aptitud del candidato al servicio militar que incluye tres filtros. Disponen estos artículos:

“ART. 16.—Primer examen. El primer examen de aptitud sicofísica será practicado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares en el lugar y hora fijados por las autoridades de reclutamiento. Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin.

“ART. 17.—Segundo examen. Se cumplirá un segundo examen médico opcional por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación militar.

“ART. 18.—Tercer examen. Entre los 45 y 90 días posteriores a la incorporación de un contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar”.

Por su parte, el Decreto 2884 de 1993 es explícito en señalar la necesidad de que los exámenes médicos sean exhaustivos y completos, desde la primera revisión, con lo que se desvirtúa por completo su supuesto carácter “general”, al que se alude en la contestación de la demanda. Señala, en efecto, el artículo 18 de la citada norma:

“ART. 18.—Por la importancia que reviste el primer examen médico, este debe ser cuidadoso y detallado, con el fin de evitar pérdidas posteriores de efectivos en las unidades”.

De lo anterior se concluye, pues, que no hay lugar a la aceptación de la hipótesis según la cual la demostración de una circunstancia determinante de aptitud para el servicio militar, como lo es la otitis media supurativa crónica, debiera ser probada por el futuro conscripto.

4. Liquidación de perjuicios.

Según lo dicho, en el caso sub lite se ha acreditado que el Ejército causó al señor Carlos Andrés Ríos Bedoya un daño consistente en haber tenido que soportar una carga pública que, de acuerdo con la normatividad vigente, no le correspondía asumir, esto es, prestar el servicio militar sin condiciones físicas para hacerlo. En consecuencia, deberá ser indemnizado por los perjuicios morales y materiales, ocasionados por su incorporación y permanencia en el servicio militar entre los meses de enero de 1997 y noviembre de 1998.

4.1 Perjuicios morales.

Para la determinación del valor del perjuicio moral la Sala tendrá en cuenta, en primer lugar, que el solo hecho de la incorporación a la Fuerza Pública comporta un cierto grado de limitación en la autodeterminación que, cuando se impone a un sujeto que no tiene por qué asumirla, termina siendo una restricción injusta y arbitraria de la libertad. Por otra parte, se considerará el hecho de que el señor señor (sic) Ríos Bedoya padecía de otitis crónica, enfermedad que presenta variedad de síntomas como hipoacusia, dolor de oído (otalgia), fiebre, tinnitus, irritabilidad, otorrea, vértigo y, en ciertos casos, parálisis facial. Aun cuando no se conoce con exactitud cuáles de estos síntomas fueron efectivamente padecidos por el soldado en mención ni la intensidad de los mismos, sí está suficientemente acreditado que la enfermedad tenía aptitud de producir serias molestias y alteraciones en la calidad de vida, que no pueden ser pasadas por alto.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya debe ser indemnizada por un valor equivalente a 50 SMLMV(2) y así mismo sus padres, en aplicación de la regla jurisprudencial recientemente adoptada uniformemente por la Sección, según la cual el núcleo familiar inmediato de la víctima (padres, hijos, cónyuge o compañero) se estima afectado en igual medida que el directamente afectado. En lo que respecta a los hermanos, se les reconocerá una indemnización por 25 SMLMV.

4.2 Perjuicios materiales.

Teniendo en cuenta que en el momento de su reclutamiento el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya tenía 18 años y, en consecuencia estaba en edad laboral, bien se puede asumir que el haber sido incorporado al Ejército le impidió la realización de actividad productiva que le produjera ingresos, razón por la cual cabe el reconocimiento del lucro dejado de percibir en los 21 meses de servicio.

Dado que no se cuenta con información sobre la actividad que el señor Carlos Andrés Ríos Bedoya desempeñaba antes de su reclutamiento o habría realizado durante los meses de servicio, se asumirá que los ingresos dejados de percibir eran equivalentes al salario mínimo. Así pues, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales sobre la materia, se tomará como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25% correspondiente a prestaciones sociales. Asimismo, se utilizará la siguiente fórmula matemática:

Indemnización debida
 

En donde

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir, el valor del salario mínimo incrementado en un 25 %, correspondiente a prestaciones sociales.

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

n = 21 meses dejados de laborar a causa del reclutamiento irregular.

1 = Es una constante.

Aplicando esta fórmula al caso concreto, la ecuación sería:

S1999-00312-1
 

En virtud de lo antedicho esta Sala

III. Resuelve

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Segundo. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los perjuicios morales por los demandantes a causa del indebido reclutamiento del señor Carlos Andrés Ríos Bedoya

Tercero. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de daños morales, los siguientes valores:

1. A Carlos Andrés Ríos Bedoya, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. A Jairo Ríos Franco, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. A María Antonia Bedoya, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. A John Jairo Ríos Bedoya, la suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. A Gloria Astrid Ríos Bedoya, la suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuarto. CONDENAR al Ejército Nacional a pagar la suma de dieciséis millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos $16.252.244, a título de indemnización por perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante .

Quinto. El Ejército Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del CCA.

Sexto. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Para el momento de presentación de la demanda (1999) la cuantía establecida para que un proceso tuviera vocación de segunda instancia era de $18.850.000 y la pretensión mayor de la demanda es de $172.800.000, correspondientes al lucro cesante del señor Carlos Andrés Ríos Bedoya.

(2) Para la tasación del daño moral la Sala ha tenido en cuenta que, según los parámetros jurisprudenciales de esta corporación, la privación de la libertad en un establecimiento carcelario durante un tiempo semejante al que permaneció el señor Ríos Bedoya como soldado conscripto, daría lugar a una condena por 100 SMLMV. Se considera que la indemnización debida por una restricción (no privación) de la libertad mucho menos drástica debe ser, así mismo, menor.