Sentencia 1999-00319 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002326000199900319 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 26 239

Actor: Eberto Villalobos Carrillo y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario - Inpec

Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso extraordinario de revisión interpuesto oportunamente contra una sentencia ejecutoriada de la Sección Tercera-Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca(2). Lo anterior en los términos de los artículos 185 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998(3) y 1º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado(4), normas vigentes para la época de interposición del recurso.

II. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala determinar si, como lo estima la parte recurrente, el dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal el 20 de mayo de 2003 constituye una prueba recobrada que, en los términos del artículo 188.2 del Código Contencioso Administrativo, dé lugar a la revisión extraordinaria de la sentencia mediante la cual se denegaron las pretensiones formuladas en acción de reparación directa. Para ello es necesario precisar, a la luz del objeto del recurso extraordinario de revisión (III.1), el contenido de la causal invocada, en particular, lo que debe entenderse por documento recobrado (III.2) y si el aportado por los recurrentes puede tenerse como tal o no (III.3).

III. Análisis de la Sala

III.1. El objeto del recurso extraordinario de revisión

10. Este medio de impugnación es una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con él se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo(5). De la lectura de estos últimos se desprende que el objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del Legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada(6). En palabras de la Corte Constitucional(7):

(…) la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del Estatuto Superior.

10.1. Ahora bien, este recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la actividad interpretativa del juez(8) o para corregir errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio —como es el caso de los documentos falsos o adulterados—, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma —como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho—, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser —como en el caso de la causal cuarta—, o deben poder ser objeto de examen judicial —como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación—. En otros términos, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales se conocen como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o indebida aplicación de la misma (error de derecho).

10.3. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la elemental obligación de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y especialmente los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

III.2. El recobro de pruebas decisivas como causal de revisión

11. De acuerdo con el artículo 188.2 del Código Contencioso Administrativo, el recobro de documentos decisivos que no hayan podido ser aportados al proceso por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, es causal de revisión de la sentencia. Al respecto esta corporación ha indicado(9):

En cuanto a la causal 2ª de revisión antes transcrita, se ha dicho que para que se estructure, se requiere que el documento o documentos que se afirman decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, hubieran estado refundidos o extraviados y que el recurrente no los haya podido aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

De acuerdo con lo anterior, es necesario verificar los siguientes presupuestos:

1) Que la prueba sea documental. Es preciso aclarar que la causal no puede estructurarse con fundamento en otros medios probatorios como los testimonios, inspecciones judiciales, entre otros.

2) Que el documento o documentos sean recobrados. Es decir, que los instrumentos existieran al momento de la sentencia pero que hubieran estado refundidos o extraviados para el momento que la ley confiere para aportarlo.

No son admisibles aquellos que tengan fecha posterior a la sentencia objeto del recurso, y tampoco los que existiendo con anterioridad a ella pudieron haber sido allegados o solicitados oportunamente, pues este recurso extraordinario no es una oportunidad para subsanar la negligencia de las partes frente a la carga probatoria que les corresponde.

3) Que no pudieron ser aportados por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.

Deben probarse además, la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, que incidieron en la imposibilidad de aportar los documentos. Es importante precisar que la Sala ha señalado que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera “imposibilidad” apreciada objetivamente (…)”(10).

4) La prueba recobrada debe incidir de forma tal que pueda sustentar una decisión distinta. En ese sentido, no se puede tratar de cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad de influir en el sentido de la decisión.

11.1. Según este entendimiento es indispensable entonces que los documentos aportados con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero que solo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse después de la sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados, ocultos, escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados durante el trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria(11).

11.2. En la lógica del recurso, lo anterior se explica porque el objeto de la causal es remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada de verse en la imposibilidad de aportar una prueba que, preexistiendo a la providencia objeto de revisión, podía determinar que la decisión adoptada fuera diferente y, sin embargo, no pudo ser apreciada por el juzgador; situación distinta a aquella en la cual la prueba no existía al momento de la sentencia pues, en este caso, las partes desarrollaron su actividad probatoria sin limitaciones, es decir, allegaron, dentro de los medios de convicción disponibles en el momento, aquellos que consideraron conducentes para demostrar los supuestos de hecho invocados y fue con base en ellos que el juzgador adoptó una decisión que, en esas condiciones, no puede considerarse como injusta, al menos no del tipo de injusticia que pretende remediar este medio de impugnación extraordinario, es decir, aquel que deriva de la incidencia indebida, en la decisión final, de factores externos al proceso.

11.3. En ese sentido vale la pena recordar que, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema Justicia, al referirse al contenido de esta causal de revisión extraordinaria que, en la redacción del Código de Procedimiento Civil, podría dar lugar a pensar que tiene un campo de aplicación más amplio(12):

No es lo mismo recuperar una prueba, que producirla o mejorarla (…) La prueba eficaz en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido(13).

11.4. Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio, circunstancia que, por sus consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso evitar.

11.5. Ahora bien, es de anotar que, tal como ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional al estudiar, en sede de tutela, decisiones judiciales relacionadas con procesos de filiación e impugnación de paternidad, las pruebas de ADN, aunque posteriores, pueden dar lugar a revisar un fallo que haya hecho tránsito a cosa juzgada pues, en estos casos, la interpretación de las causales de revisión debe armonizarse con los avances de la ciencia(14):

Esta Sala de Revisión no pone en duda que la revisión constituye un recurso extraordinario, que debe operar dentro de límites precisos, con el objeto de preservar la institución de la cosa juzgada y, en consecuencia, la seguridad jurídica. Sin embargo, es claro que, en ocasiones, las normas jurídicas pierden actualidad frente a los avances de la ciencia y que les corresponde a los jueces procurar armonizar su interpretación con los nuevos descubrimientos, mientras el Legislador decide adaptar la legislación a los hallazgos de la ciencia. Ello es especialmente relevante cuando lo que está en juego son los derechos constitucionales fundamentales, los cuales han de ser aplicados no solo en sede de tutela, sino al interpretar cualquier norma legal.

11.6. Lo anterior por cuanto, para la Corte, el rigor procesal que, por su naturaleza extraordinaria, caracteriza al recurso de revisión, “no puede ser llevad[o] al extremo de desconocer la relevancia de una prueba científica de la naturaleza del ADN”(15). En ese mismo sentido ha afirmado que:

En no pocos casos, la Corte Constitucional ha juzgado como inconstitucionales ciertas interpretaciones de la ley, que serían aceptables en la generalidad de los casos, cuando permanecen inalterables ante la fuerza de la evidencia que se desprende de una prueba de ADN. De hecho, de al menos tres casos que a continuación pasan a exponerse(16), es posible inferir como principio vinculado a la Constitución, especialmente al derecho a la primacía del derecho sustancial sobre el simplemente formal o adjetivo (C.P., art. 229), que la contundencia de los resultados contenidos en una prueba de ADN es tan relevante, que debe conducir al juez a interpretar la ley de tal manera que garantice en la mayor medida posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria —el derecho sustancial— consagrada en ella, sobre cualquier otra consideración jurídico formal(17).

11.7. Así pues, aunque desarrolladas en el campo específico de los procesos de filiación y de impugnación de paternidad en donde, como ha insistido la Corte, están en juego derechos fundamentales como el del estado civil, ligado al de la personalidad jurídica, el de decidir libremente y en pareja el número de hijos e incluso la dignidad humana, las razones expuestas, en tanto implican una aplicación concreta del principio de prevalencia del derecho sustancial y se fundan en el elevado grado de convicción, por no decir certeza, que aportan las pruebas de ADN, conducen a flexibilizar, en el evento específico de estos medios de convicción, el rigor de la interpretación de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión.

11.8. En el caso de la causal relacionada con el recobro de pruebas con las cuales hubiera podido proferirse una decisión diferente y que el recurrente no haya podido aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, dicha flexibilización implicaría que pruebas de ADN practicadas con posterioridad a la fecha de la decisión cuya revisión se solicita puedan dar lugar a la misma, siempre y cuando hubieran sido decisivas para que la decisión adoptada fuera distinta y, además, sea posible concluir que las razones por las cuales no fueron practicadas y allegadas al proceso con anterioridad a la sentencia recurrida, no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía de un recurso extraordinario que, como se explicó, excluye, por su naturaleza misma, que pueda utilizarse para dichos efectos.

III.3. El caso concreto

12. Los recurrentes en revisión extraordinaria allegaron como prueba recobrada el resultado del dictamen Nº 389-02-DNA RB de 20 de mayo de 2003, practicado por el laboratorio de ADN del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a petición de la Fiscalía 22 de la Unidad Segunda de Vida que, por oficio de 23 de septiembre de 2002, solicitó “determinar si el individuo NN o John Jairo Villalobos Torres, con protocolo de necropsia 4372-98 corresponde a un hijo de Eberto Villalobos Carrillo y al padre biológico de XXX XXXX y XXX XXXX” (fl. 60 cdno. ppal.). Los elementos recibidos para la práctica del dictamen fueron la muestra de sangre del protocolo 4372-98 y las de los señores Eberto Villalobos Carrillo, María Eugenia, XXX y XXX XXXX. En dicho dictamen se concluyó que:

1. El individuo protocolo 4372-9, como posible John Jairo Villalobos Torres no se excluye como un hijo de Eberto Villalobos Carrillo. La probabilidad de que el individuo protocolo 4372-98 sea un hijo de Eberto Villalobos Carrillo es 99.999% que corresponde a una paternidad prácticamente probada en términos de los predicados verbales de Hummel.

2. El individuo protocolo 4372-9, como posible John Jairo Villalobos Torres no se excluye como el padre biológico de XXX XXXX. Probabilidad de paternidad 99.9985 % que corresponde a una paternidad prácticamente probada en términos de los predicados verbales de Hummel (fl. 61 cdno. ppal.).

12.1. Advierte la Sala que, en los términos antes expuestos, este medio de convicción puede ser considerado como una prueba recobrada que da lugar a la revisión de la sentencia de 30 de noviembre de 2001 pues, aunque se trata de un dictamen pericial rendido con posterioridad a esta última, lo cierto es que: i) es una prueba de ADN que permite tener por acreditada, con una probabilidad que raya con la certeza, una verdad material esencial para la suerte del proceso, esto es, la identidad del recluso fallecido en la cárcel Modelo de Bogotá el 14 de septiembre de 1998; ii) de haberse dispuesto de dicha prueba, la decisión adoptada el 30 de noviembre de 2001 habría sido, sin lugar a dudas, diametralmente opuesta, pues no habría podido concluirse, como se hizo, que no estaba demostrado que “el recluso fallecido en realidad fuese el pariente de los demandantes”; y iii) teniendo en cuenta que la parte demandante hizo lo que estaba a su alcance para que se allegaran todos los medios probatorios de los que se disponía durante el proceso para acreditar los supuestos de hecho de la demanda, en un contexto en el que, como bien se indica en el recurso extraordinario, ninguna autoridad había cuestionado que el recluso fallecido en la cárcel Modelo de Bogotá el 14 de septiembre de 1998 fuera el señor John Jairo Villalobos Torres, pariente de los demandantes, la ausencia de la prueba de ADN allegada posteriormente con el recurso extraordinario no puede considerarse como resultado de la desidia probatoria por la parte de demandante.

12.2. Sobre este último punto basta indicar que, como se detallará en el acápite de los hechos probados de la sentencia de reemplazo que se dictará: i) el informe rendido por los funcionarios del Inpec sobre los hechos acaecidos el 14 de septiembre de 1998 indican como una de las personas fallecidas al señor John Jairo Villalobos Torres (infra párr. 18.1); ii) el cadáver fue reconocido como el de este último por uno de los demandantes en este proceso quien, para el efecto, invocó su calidad de hermano y aportó sus documentos de identificación (infra párr. 18.3); iii) el fiscal encargado de investigar los hechos no solo autorizó la entrega del cadáver a la persona que lo reconoció, sino que ordenó que se sentara el registro civil de defunción del señor Villalobos Torres (infra párr. 18.4 y 18.7); y iv) el señor Villalobos Torres se encontraba recluido en la cárcel en la cual ocurrieron los hechos de manera que, de no ser él el interno fallecido (infra párr. 18.8), el Inpec podía desvirtuarlo, cosa que se abstuvo de hacer durante todo el trámite del proceso.

12.3. Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el Inpec al pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso extraordinario, nada en el expediente permite concluir que dicha prueba hubiere sido practicada con violación de la cadena custodia, pues fue ordenada en el marco de la misma investigación penal en la cual se practicó el protocolo de necropsia al cual se refiere, sin que haya elementos que sugieran una posible manipulación del material que sirvió para la práctica de la prueba, en este caso, la muestra de sangre del occiso que se recogió con ocasión de la necropsia.

12.4. Así las cosas, el recurso extraordinario de revisión interpuesto tiene vocación de prosperidad, como en efecto se declarará en esta providencia y, en consecuencia, la Sala infirmará la sentencia recurrida y procederá a dictar la que habrá de reemplazarla.

Sentencia de reemplazo

13. Asume esta Sala el carácter de Tribunal de instancia y procede, en tal virtud, a resolver las demandas de reparación directa a las que se aludió en el párrafo 1 del presente proveído, interpuestas el 28 de enero y el 8 de junio de 1999 (fls. 8 y 11 cdno. 1 y 14 vuelto y 15 cdno. 2). Es de precisar que, en la medida en que se abstuvo de interponer el recurso extraordinario de revisión, las pretensiones del señor Marco Antonio Torres no podrán ser estudiadas. Las peticiones elevadas por los demandantes fueron las siguientes:

Primera: El Inpec es administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios tanto morales como materiales ocasionados a Eberto, Villalobos Carrillo, Gonzalo, Alcira, Martha Marina, Blanca Nidia, Ligia, José Gustavo, Óscar Javier Villalobos Peña, María Eugenia, XXX XXXX y XXX XXXX por los hechos sucedidos el 14 de septiembre de 1998 en el interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, en donde murió John Jairo Villalobos Torres.

En la otra demanda se elevó una pretensión idéntica en relación con “Jorge Eliécer Villalobos Daza, Marco Antonio, Luz Marina, María Jasbleidy y Ana Mercedes Torres”.

Segunda: Condénase al Inpec a pagar a los demandantes todos los daños y perjuicios que se les ocasionaron con la muerte del señor John Jairo Villalobos Peña conforme a la siguiente liquidación o a la que se demuestre en el proceso así:

A. El equivalente en moneda nacional de mil gramos de oro fino para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales.

B. La suma de tres millones de pesos ($ 3 000 000) por concepto de daño emergente consistentes en los gastos funerarios que tuvo que sufragar María Eugenia Martínez Acuña con la muerte de John Jairo Villalobos Torres.

14. A propósito de dichas demandas, el Inpec presentó escritos de contestación de la demanda en los que manifestó, esencialmente, que: i) la muerte del señor John Jairo Villalobos Torres pudo producirse como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas en el que la víctima haya tomado parte; ii) aunque el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de los internos, no puede disponer de un vigilante para cada uno de los reclusos, de modo que no puede establecerse un régimen de responsabilidad objetiva por estos hechos; iii) se configura la causal de responsabilidad del hecho de un tercero pues se acreditó que fueron compañeros de patio del señor Villalobos Torres los que le quitaron la vida; y iv) la experiencia demuestra que las relaciones de afecto entre un interno y su familia pueden debilitarse o desaparecer por la práctica delincuencial de aquel (fls. 14-17 cdno. 1 y 21-25 cdno. 2).

15. Practicadas las pruebas decretadas(18), se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión, oportunidad en la cual la apoderada del Inpec indicó que, aunque estaba demostrado que el señor Villalobos Torres falleció en el interior de la cárcel, no se acreditaron las circunstancias que rodearon el hecho, de modo que no se puede establecer un nexo causal entre la falla del servicio y el daño invocado en la demanda. Insistió en que no estaban demostradas las relaciones de afecto existentes entre los miembros del núcleo familiar del demandante (fls. 46-48 cdno. 1). En el otro proceso el apoderado de la misma entidad indicó que, al no haber solicitado previamente, es posible inferir que la víctima hacía parte de bandas delincuenciales dentro del centro penitenciario y que, por lo tanto, contribuyó a la causación de su muerte (fls. 71-75 cdno. 2).

15.1. Por su parte, el agente del Ministerio Público conceptuó que, de acuerdo con las pruebas recaudadas durante la instancia, estaba perfectamente demostrado que el señor John Jairo Villalobos Torres falleció dentro de las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo, por heridas con arma de fuego propiciadas por otro recluso, el 14 de septiembre de 1998. Al respecto indicó que, en la medida en que los centros carcelarios están en la obligación de regresar al detenido en las mismas condiciones en que ingresó, se compromete su responsabilidad extracontractual, de modo que debía accederse a las pretensiones de la demanda (fls. 39-45 cdno. 1).

16. Por solicitud de la parte actora (fl. 50 cdno. 1), los procesos fueron objeto de acumulación mediante auto de 5 de junio de 2001 (fls. 67-68).

I. Validez de los medios de prueba

17. La Sala valorará, en virtud del principio de lealtad procesal(19), todas las pruebas practicadas en la investigación penal adelantada por el Fiscal 327 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá por los hechos acaecidos en la Cárcel Nacional Modelo el 14 de septiembre de 1999, cuya copia auténtica fue allegada al proceso de reparación directa, comoquiera que el traslado de las mismas fue solicitada tanto por la parte actora (fls. 12 y 5 cdno. 1 y 2), como por la demandada (fl. 24 cdno. 1).

17.1. La única prueba que dejará de considerarse es la declaración que, en dicha investigación, fue rendida por el señor Gonzalo Villalobos Peña (fl. 73 cdno. 3), por cuanto este último es demandante en el proceso y, tal como lo establecen las normas procesales, su versión solo puede ser recogida a través de un interrogatorio de parte, medio probatorio con formalidades específicas (CPC, art. 208).

II. Hechos probados

18. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

18.1. En informe de 14 de septiembre de 1998 dirigido al director del establecimiento por miembros de la guardia se indicó:

Siendo aproximadamente las 19 horas del día de hoy y encontrándonos de servicio en el patio cuarto se escucharon en los pisos superiores unas detonaciones al parecer de arma de fuego, se procedió por parte del dragoneante Becerra Parada Edgar a informar al comandante de guardia interna de lo sucedido, mientras se esperaban refuerzos para verificar el motivo de las detonaciones, en este momento bajaron unos internos con tres internos heridos, los cuales fueron conducidos de inmediato a la sección de sanidad para prestarles los primeros auxilios por parte de los médicos que en el momento se encontraban, los cuales después de valorarlos dictaminaron que los internos habían fallecido.

De lo anterior se informó al inspector quien ordenó remitir el presente informe y coordinó lo pertinente para la respectiva identificación de los internos de nombres (…) y John Jairo Villalobos T.D. 275428 (copia auténtica obrante en el proceso penal, fl. 68 cdno. 3).

18.2. En diligencia de inspección del cadáver practicada por el Fiscal 327 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá se indicó que el occiso correspondía al nombre de John Jairo Villalobos Torres, hijo de Eberto Villalobos y Herminia Torres, de 22 años de edad, de estado civil unión libre, indocumentado, nacido el 29 de noviembre de 1975, ingresado al penal el 16 de noviembre de 1995 por el delito de homicidio (copia auténtica del acta de la diligencia obrante en el proceso penal trasladado, fls. 53-62).

18.3. En el informe de identificación indiciaria Nº 1620-98 dirigido al Fiscal 327 y realizado por la oficina de identificación y personas desaparecidas del Instituto de Medicina Legal se dejó la siguiente constancia:

El día de hoy 17 de septiembre de 1998, se hizo presente Gonzalo Villalobos Peña, identificado con cédula de ciudadanía Nº 19447953, quien manifestó ser hermano de la persona fallecida. En la entrevista se obtuvo información sobre las características físicas, encontrándose coincidencia en todos los aspectos. Aportó: Partida de bautismo y registro civil de nacimiento. El reclamante reconoció el cuerpo directamente en la morgue (…)

Como el reconocimiento se hace indiciario, se deja a su criterio autorizar o no la entrega del cuerpo (copia auténtica obrante en el proceso penal, fl. 72).

18.4. El mismo 17 de septiembre de 1998, el Fiscal 323 delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá autorizó la entrega del cadáver a la persona que lo reconoció, es decir, el señor Gonzalo Villalobos Peña (copia auténtica de la autorización, fl. 185 cdno. 3).

18.5. De acuerdo con el protocolo de necropsia Nº 4372-98 realizado por el grupo de patología forense de la regional Bogotá y correspondiente al cadáver de John Jairo Villalobos Torres procedente de la Cárcel Nacional Modelo:

Se trata de un hombre de 22 años de edad quien murió en la Cárcel Modelo de Bogotá, en hechos ocurridos en el patio 4 el 14 de septiembre de 1998 aproximadamente a las 19:10 horas donde resultaron muertos otros dos internos (…) Durante la diligencia de levantamiento del cadáver no se tomó necrodactilia porque solicitaron absorción atómica(20), por lo cual y en condición de indocumentado ordenan confirmar la identificación con John Jairo Villalobos Torres nacido el 29 de noviembre de 1975 en Bogotá, (…) Según el libro de movimiento de guardia, John Jairo Villalobos ingresó a la cárcel el 16 de noviembre de 1995 por el delito de homicidio.

Resumen de los principales hallazgos de necropsia:

Cadáver de un hombre joven de apariencia cuidada con 4 heridas vitales por proyectil de arma de fuego en cabeza y dos en antebrazo derecho, además con lesiones contundentes vitales leves en cara y extremidades.

Nota importante. Según informe Nº 1620-98 de la Oficina de Identificación y Personas Desaparecidas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuerpo fue reconocida en forma indiciaria como John Jairo Villalobos de 22 años. La consulta dactiloscópica con la Registraduría Nacional fue negativa (copia auténtica del protocolo, fls. 38-43).

18.6. El resultado del análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica (plasma) o absorción atómica realizado al cadáver del señor Villalobos Torres arrojó resultado negativo en ambas manos (copia auténtica del resultado obrante en el proceso penal, fl. 80 cdno. 3).

18.7. El 17 de septiembre de 1998, el Fiscal 323 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá ofició a la Notaría 21 del Círculo de Bogotá para que sentara el registro civil de defunción del señor John Jairo Villalobos Torres quien nunca fue cedulado (copia auténtica del oficio y del registro civil de defunción, fl. 25 y 180 cdno. 3).

18.8. De acuerdo con la tarjeta de control del interno, el señor John Jairo Villalobos Torres había ingresado a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá el 16 de noviembre de 1995 por disposición de la Fiscalía 49 de la Unidad 4 de Vida de Bogotá y, para la época de su muerte, se encontraba a órdenes del Juzgado 74 Penal del Circuito a quien había sido repartida la causa una vez ejecutoriadas las resoluciones de acusación proferidas en su contra (copia auténtica de la tarjeta y original del oficio remitido al a quo, fls. 6 y 17 cdno. 4).

18.9. El señor John Jairo Villalobos Torres, nacido el 29 de noviembre de 1975, era hijo del señor Eberto Villalobos Carrillo y hermano de Gonzalo, Alcira, Martha Marina, Blanca Nidia, Ligia, José Gustavo y Oscar Javier Villalobos Peña y Jorge Eliécer Villalobos Daza, también hijos de Eberto Villalobos Carrillo (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento, fls. 1-7 y 24 cdno. 3 y 4 cdno. 4).

18.10. El señor John Jairo Villalobos Torres también era hermano de Luz Marina, María Jasbleydy y Ana Mercedes Torres, en tanto todos son hijos de Herminia Torres (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento, fls. 1-3 cdno. 4).

18.11. La señora María Eugenia Martínez Acuña era la compañera permanente del señor John Jairo Villalobos Torres y es la madre de las menores XXX XXXX y XXX XXXX. Aunque en los registros civiles de nacimiento de estas últimas no figura el nombre del padre, varios testigos afirman que el señor Villalobos Torres se comportaba con ellas como tal(21) y en la tarjeta de control del interno remitida por el interno y diligenciada al ingreso del recluso como estado civil se lee “UL con Ma. Eugenia Martínez (dos hijos)” (declaraciones rendidas ante el a quo, copias auténticas de los registros civiles de nacimiento y tarjeta de control del interno, fls. 8-9 cdno. 3 y 16 cdno. 4).

III. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el deceso del señor John Jairo Villalobos Torres ocurrida el 14 de septiembre de 1998 mientras se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá o si, por el contrario, se configura el hecho de la víctima o de un tercero como causal eximente de responsabilidad.

IV. El juicio de responsabilidad

20. De acuerdo con los hechos probados en el expediente de la reparación directa, en consonancia con el dictamen pericial aportado por la parte demandante con el recurso extraordinario de revisión, la Sala no tiene dudas sobre la existencia del daño consistente en la muerte del señor John Jairo Villalobos Torres, ocurrida el 14 de septiembre de 1998.

20.1. En efecto, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con este último dictamen, practicado a partir de una mancha de sangre que fue recogida con el protocolo de necropsia Nº 4372-98, correspondiente al del cadáver de la persona que resultó muerta en el interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá el 14 de septiembre de 1998 —supra párr. 18.5—, la probabilidad de que esta última fuera hijo de Eberto Villalobos Carrillo es de un 99.999%, se impone concluir que esa persona era el hijo de aquel que se encontraba recluido en el centro penitenciario en el que ocurrieron los hechos, esto es, John Jairo Villalobos Torres.

21. Establecida la existencia del daño, es necesario estudiar si se trata de un daño imputable a la entidad demandada. Al respecto es de anotar que, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Sección(22), en consonancia con la de la Corte Constitucional, las personas detenidas en centros de reclusión oficiales se encuentran, respecto del Estado, en una relación de especial sujeción(23) en virtud de la cual ven limitados algunos de sus derechos y libertades y restringida la autonomía para responder por su propia integridad; razón por la que, como se deriva de los pronunciamientos de estas corporaciones y tal como lo recordó la Comisión Interamericana en su informe de 2011 sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, el Estado “se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de la libertad”(24). En palabras de la Corte Constitucional(25):

De esta manera, nace para el Estado la obligación de “garantizar que los [internos] puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido [limitados]. Ello implica, no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”(26). Lo anterior obedece a que las personas que están detenidas intramuros se encuentran en una condición de indefensión y vulnerabilidad en relación con la dificultad que tienen para satisfacer por sí solas sus necesidades(27).

21.1. Es en virtud de esta garantía que el Estado debe asumir la responsabilidad por los daños que, causados en el marco específico de la reclusión, implicaron la afectación de derechos que no podían entenderse limitados o suspendidos por ella, aunque no exista en el caso concreto una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias(28). En palabras de la Sección:

(…) las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado(29).

21.2. Se tiene entonces que, sin excluir la aplicación preferente del régimen subjetivo de responsabilidad cuando quiera que se encuentre plenamente acreditada una falla en el servicio, la responsabilidad del Estado por los daños causados a la vida o la integridad física de los reclusos puede comprometerse bajo un régimen objetivo(30), teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, “no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares”(31).

21.3. Ahora bien, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. “Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos”(32).

21.4. En el caso concreto, se encuentra acreditado que el señor John Jairo Villalobos Carrillo falleció por heridas con arma de fuego —supra párr. 18.5—, mientras se encontraba recluido en un establecimiento carcelario administrado por el Inpec —supra párr. 18.1 y 18.2—, hecho este que, al margen de que se desconozcan las circunstancias concretas en las cuales se produjo, resulta suficiente para imputarle responsabilidad, teniendo en cuenta que el Estado se erigía en garante de sus derechos dado que, por razón del encarcelamiento, el occiso se encontraba en imposibilidad de ejercer su propia defensa frente a la agresión de la que fue objeto.

21.5. El hecho de que se desconozca los autores de la muerte no desvirtúa lo dicho previamente porque la posibilidad de imputar responsabilidad a la administración por los daños antijurídicos causados a las personas privadas de la libertad no depende de que se identifique o individualice al autor de la agresión, sino de que se verifique, como en este caso, que en el marco específico de la detención, la víctima sufrió un menoscabo o afectación de derechos que, como la vida y la integridad personal, no podían entenderse limitados o suspendidos por ella(33).

21.6. En relación con los eximentes de responsabilidad propuestos por la entidad demandada la Sala considera que no se encuentran demostrados en la medida en que no hay prueba de que el occiso hubiera contribuido a su propia muerte por hacer parte de una banda delincuencial al interior del centro carcelario o por haber participado en riñas o enfrentamientos con otros reclusos. En ese sentido se recuerda que la prueba de absorción atómica practicada con el fin de determinar si el señor Villalobos Torres accionó o no un arma de fuego arrojó resultados negativos —supra párr. 18.6—.

21.7. Tampoco puede considerarse probada la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero porque, según ya se anotó, la obligación de seguridad a cargo del Estado exige proteger a los internos de los atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia, por terceros ajenos a la administración y por otros detenidos.

21.8. Por las razones expuestas la Sala declarará la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec por la muerte del señor John Jairo Villalobos Torres, ocurrida el 14 de septiembre de 1998 en el interior de la Cárcel Nacional Modelo.

V. La liquidación de perjuicios

22. Por concepto de perjuicios morales se solicitó en la demanda el reconocimiento de un valor equivalente al de 1 000 gramos oro a favor de cada uno de los demandantes.

22.1. Encuentra la Sala que, tal como se refirió en el acápite de hechos probados, está acreditado que: i) el señor Eberto Villalobos Carrillo era el padre del señor John Jairo Villalobos Torres —supra párr. 18.9—; ii) los señores Gonzalo, Alcira, Martha Marina, Blanca Nidia, Ligia, José Gustavo y Oscar Javier Villalobos Peña, Luz Marina, María Jasbleydy y Ana Mercedes Torres y Jorge Eliécer Villalobos Daza, sus hermanos —supra párr. 18.10—; y iii) la señora María Eugenia Martínez Acuña, su compañera permanente —supra párr. 18.11—, vínculos a partir de los cuales es posible inferir el dolor y congoja a ellos ocasionado con motivo de su fallecimiento(34), razón por la cual se les reconocerá indemnización por el perjuicio inmaterial consistente en el daño moral.

22.2. También se reconocerá la causación de este perjuicio respecto de las entonces menores XXX XXXX y XXX XXXX pues, aunque el señor John Jairo Villalobos Torres no las haya reconocido como hijas y no esté demostrado que se haya adelantado proceso de filiación alguno, los testimonios contestes recogidos durante el proceso, aunados al hecho de que, al suministrar los datos para su tarjeta de control, aquel haya mencionado tener dos hijas, demuestra que les prodigaba el trato de tales, circunstancia a partir de la cual es posible inferir que las menores padecieron dolor y congoja por la muerte de aquel —supra párr. 18.11—.

22.3. De esta manera, se condenará al Inpec a pagar a favor del padre, compañera permanente e hijas de crianza del señor Villalobos Torres el equivalente en pesos a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(35), para cada uno, y a favor de sus hermanos, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

23. En la demanda también se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por los gastos funerarios en los que habría incurrido la compañera permanente del fallecido, no obstante, comoquiera que no se aportó ningún elemento probatorio sobre el particular, la Sala se abstendrá de reconocerlos.

VI. Costas

24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLARAR la prosperidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores Eberto Villalobos Carrillo, Gonzalo, Alcira, Martha Marina, Blanca Nidia, Ligia, José Gustavo y Oscar Javier Villalobos Peña, Jorge Eliécer Villalobos Daza, Luz Marina, María Jasbleidy y Ana Mercedes Torres36 y María Eugenia Acuña, esta última actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijas, XXX XXXX y XXX XXXX, contra la sentencia de 30 de noviembre de 2001 proferida por la Sección Tercera-Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa adelantado por ellos por la muerte del señor John Jairo Villalobos Torres que, en consecuencia, SE INFIRMA. En su lugar se dispone:

1: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante, con ocasión de la muerte del señor John Jairo Villalobos Torres, ocurrida el 14 de septiembre de 1998.

2: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:

• A favor de Eberto Villalobos Carrillo (padre), María Eugenia Martínez Acuña (compañera permanente) y XXX XXXX y XXX XXXX (hijas de crianza), la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

• A favor de Gonzalo, Alcira, Martha Marina, Blanca Nidia, Ligia, José Gustavo y Oscar Javier Villalobos Peña, Luz Marina, María Jasbleydy y Ana Mercedes Torres y Jorge Eliécer Villalobos Daza (hermanos), la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

3: DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

4: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5: EXPEDIR, por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

6: En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) De acuerdo con el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión es de dos años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, hecho que, en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, ocurrió el 20 de marzo de 2002, pues el auto mediante el cual se denegó el recurso de apelación interpuesto contra la misma fue notificado por estado el 15 de marzo de 2002 —fl. 108 vuelto cdno. 1—. Así pues, el recurso extraordinario interpuesto el 28 de noviembre de 2003 lo fue en tiempo.

(3) Esta norma prescribía que el recurso extraordinario de revisión procedía en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia, sin embargo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-520 de 1999, consideró que el recurso extraordinario de revisión debe proceder en cualquier proceso cuya naturaleza permita la configuración de las causales de revisión, razón por la cual declaró inexequibles las expresiones que restringían la procedencia del recurso únicamente a las sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos.

(4) Norma según la cual: “El artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera: (…) 10-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.

(5) “1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

(6) Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, Exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, Exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(7) Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 2010, Exp. 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.

(9) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Exp. 11001-03-15-000-2009-00062-00(REV), M.P. Alfonso Vargas Rincón. En este mismo sentido ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013, Exp. 11001-03-15-000-2008-00638-00(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(10) [1] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).

(11) Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV), C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(12) En efecto, a diferencia del texto del Código Contencioso Administrativo, el artículo 380.1 del Código de Procedimiento Civil —retomado en el Código General del Proceso (art. 250)—, no se refiere como causal de revisión a las pruebas recobradas sino a las encontradas, así: “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

(13) Extractos de jurisprudencia 1998, Nº 3, pp. 16 a 22, citado por Humberto Murcia Ballén, Recurso de Revisión Civil, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, 1996, p. 183.

(14) Sentencia T-1226 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta oportunidad la Corte Constitucional consideró que aunque la sentencia de revisión proferida por la Corte Suprema de Justicia no constituía una vía de hecho por cuanto aplicó el orden legal y la jurisprudencia civil en relación con la causal invocada —haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba—, con miras a proteger los derechos fundamentales conculcados había lugar a habilitar un término adicional para que el actor interpusiera un nuevo recurso extraordinario de revisión en el que podía invocar, entre otras, “la causal primera —que se aplica cuando después de pronunciarse la sentencia se encuentran documentos que “habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, habida cuenta de que era imposible para él aportar evidencias científicas que no estaban disponibles dado el avance de la ciencia en el momento del fallo—”. En un sentido similar, en la Sentencia T-1342 de 2001, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, se indicó que teniendo en cuenta que “la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del Estatuto Superior (…) corresponde al juez de revisión admitir y tramitar la demanda presentada contra una sentencia que prescindió de la prueba en que debía fundamentarse, cuando ésta se presenta, porque se encuentra ante nuevos elementos probatorios que, de haberse conocido, habrían conducido a otro resultado, y respecto de los cuales las omisiones de las partes no cuentan, porque las disposiciones imperativas del ordenamiento no pueden recibir el mismo trato que los derechos disponibles por las partes”.

(15) Sentencia T-584 de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. En este caso la Corte consideró que la única interpretación aceptable, desde la perspectiva de los derechos fundamentales en juego, de la causal primera del recurso extraordinario de revisión civil —haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria— era aquella según la cual la prueba de ADN allegada en revisión sí daba lugar a la misma pues: i) al no existir al tiempo del proceso, solo pudo ser “hallada” con posterioridad, y ii) la imposibilidad de aportarla al proceso provenía de la carecía de la parte de los recursos económicos para su realización. Así, ordenó al tribunal que había conocido del recurso extraordinario que lo fallara nuevamente en el sentido expuesto en la decisión.

(16) Se refiere a las sentencias T-411 de 2004, T-1225 de 2004 y T-584 de 2008.

(17) Sentencia T-888 de 2010 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa en la cual se consideró que el “interés actual” que legitima para interponer una acción de impugnación de paternidad debe entenderse “actualizado gracias a la novedad de la prueba científica”, en otros términos, debe interpretarse que hay interés actual cuando la acción se presenta “poco tiempo después de conocer la primera prueba de ADN que lo descarta como padre o madre”. Esta decisión fue reiterada en la Sentencia T-160 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

(18) Se decretaron mediante autos de 28 de octubre de 1999 y 11 de mayo de 2000 (fl. 25 cdno. 1 y 33-34 cdno. 2).

(19) Ver al respecto, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, Exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(20) Según informe del inspector jefe de la cárcel al director, el cuerpo no fue manipulado “y sus manos fueron embaladas para practicar las pruebas de absorción atómica por lo tanto no se les tomó la necrodactilia” (fl. 97 cdno. 4).

(21) Así, la señora Margarita Díaz de Villalba afirmó que María Eugenia Martínez era la compañera de la víctima y adicionalmente indicó que: “Él —John Jairo Villalobos— era el papá de las niñas (…). De pronto no se preocupó de darles el apellido, pero en realidad él es el papá de las niñas, a uno le consta que él era el papá pues él era vecino de nosotros y que además vivía con María Eugenia (…) Era un papá muy afectivo con las niñas, las quería bastante, uno se daba cuenta del trato que él les daba que era bueno (…) Él les daba todo lo necesario” (fls. 12-13 cdno. 3). Declaración conteste con las de las señoras Luz Marina Ávila Vanegas y Adiela Anyul Casas León, también vecinas de los demandantes, quienes afirmaron respectivamente: “Él tenía su esposa y se llama María Eugenia, dos niñas XXX y XXX (sic) (…) No sé por qué no tendrían su apellido (…) Él les daba mantenimiento y vestuario” (fls. 15-16 cdno. 3) y “él vivía en la casa de una hermana y como somos vecinos, él nos comentaba que eran sus hijas, él trabajaba para ellas y su esposa, él las cuidaba, les preparaba el alimento, estaba más pendiente de ellas porque ella también trabajaba y el trabajo de él era más cerca” (fls. 17-19 cdno. 3).

(22) Ver, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Sobre el contenido y alcance de las relaciones de especial sujeción la Corte Constitucional señaló recientemente: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y las personas que se encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial relación de sujeción”, dentro del cual las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los internos, siempre y cuando dichas medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Lo cual implica: (i) La subordinación de una parte (los internos) a la otra (el Estado). (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del recluso a un régimen jurídico especial, controles disciplinarios y administrativos, y la posibilidad de restringir el ejercicio de ciertos derechos, inclusive fundamentales. (iii) Este régimen, en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales, debe ser autorizado por la Carta Política y la ley. (iv) La finalidad del ejercicio de la potestad y limitación en mención es la de garantizar los medios para el ejercicio de los otros derechos de las personas privadas de libertad, buscando cumplir con el objetivo principal de la pena, que es la resocialización. (v) Como derivación de la subordinación, surgen algunos derechos especiales, en cuanto a las condiciones materiales de existencia en cabeza de los internos. (vi) El deber del Estado de respetar y garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales, en especial con el desarrollo de conductas activas. (…) // Así, con la privación del derecho de libertad de un individuo nace una relación de especial sujeción entre el Estado y el recluso dentro de la cual surgen tanto derechos como deberes mutuos, fundamentándose ‘por un lado, el ejercicio de la potestad punitiva y, por otro, el cumplimiento de las funciones de la pena y el respeto por los derechos de la población carcelaria’. // La Corte ha clasificado sus derechos fundamentales en tres categorías: (i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); (ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y (iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. // De esta manera, nace para el Estado la obligación de ‘garantizar que los [internos] puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido [limitados]. Ello implica, no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos’. // Lo anterior obedece a que las personas que están detenidas intramuros se encuentran en una condición de indefensión y vulnerabilidad en relación con la dificultad que tienen para satisfacer por sí solas sus necesidades”. Sentencia T-266 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En el mismo sentido ver, entre muchas otras, sentencias T-596 de 1992, T-222 de 1993, T-065 de 1995, T-705 de 1996, T-153 de 1998, T-966 de 2000 y T-687 de 2003.

(24) Aprobado por la Comisión el 31 de diciembre de 2011. http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf.

(25) Sentencia T-266 de 2013, precitada.

(26) [56] Sentencias T-355 de 2011 y T-615 de 2008.

(27) [57] La Sentencia T-355 de 2011 estudió el caso de un interno que presentó acción de tutela contra Caprecom EPS con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna, presuntamente transgredidos por dicha entidad al remitirlo a su celda y no a una clínica durante los días de incapacidad ordenados por el médico tratante. La Corte, a pesar de declarar la ocurrencia de un daño consumado por la muerte del actor, previno a las autoridades carcelarias para que protegieran con sus actuaciones los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; y compulsó copias de esta providencia con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adelantara las respectivas acciones sobre eventuales fallas en la atención de la salud.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, Exp. 20587, C.P. Danilo Rojas Betancourth reiterada en la sentencia de 20 de noviembre de 2013, Exp. 29774, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(29) Sentencia de 20 de febrero de 2008. Exp. 16996. C. P. Enrique Gil Botero.

(30) Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 18886, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, Exp. 20587, C.P. Danilo Rojas Betancourth reiterada en la sentencia de 20 de noviembre de 2013, Exp. 29774, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(33) Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 15001-23-31-000-1994-04365-01(16186), actor: Gloria Paramo Cruz y otro, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(35) “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (…)”. Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(36) No se profiere condena alguna a favor del señor Marco Antonio Torres porque, como se explicó —supra párr. 4—, no fue recurrente en revisión extraordinaria.