Sentencia 1999-00328 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015).

Proceso Nº: 13001233100019990032801 (25327)

Actor: F. Y. T. C. y otra

Demandada: Nación-Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

Previo a resolver el presente asunto, se hará un análisis de los presupuestos procesales (i), de las excepciones planteadas (ii) y se formulará el problema jurídico (iii). Posteriormente, se identificarán los hechos probados (iv) con el fin de determinar si hubo un indebido funcionamiento de la administración de justicia (v) violatorio del derecho a una tutela judicial efectiva de los accionantes (vi).

I. Presupuestos procesales.

1. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, para que la jurisdicción administrativa conozca de un asunto debe verificarse que una de las partes del litigio o controversia sea de naturaleza pública. En este caso, se tiene que la entidad demandada es una entidad estatal: la Fiscalía General de la Nación.

2. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación puesto que, independientemente de la cuantía, la primera instancia en los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia corresponde a los tribunales administrativos(1).

3. Caducidad.

La demanda se presenta dentro de los dos años siguientes al hecho que supuestamente generó el daño. Para el caso que nos ocupa, el hecho dañoso es la prescripción de la acción penal que fue decretada el día 31 de mayo de 1999 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena. Dado que la demanda se interpuso el 13 de octubre de 1999, se tiene que fue dentro de la oportunidad legal de conformidad con lo preceptuado por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

4. Legitimación en la causa.

Las demandantes están legitimadas para interponer la acción pues fueron ellas las víctimas en el proceso penal cuya prescripción constituye el presunto hecho dañoso que genera el presente proceso.

II. Las excepciones planteadas.

Tal como se reseñó en el acápite de la contestación de la demanda, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación excepcionó la “ineptitud formal de la demanda por indebida designación del representante judicial de la parte demandada”.

La Sala comparte el criterio expresado por el a quo al desestimar lo excepcionado, en el entendido que el Fiscal General de la Nación sí está habilitado para representar judicialmente a la demandada. Esto, por disposición del artículo 49 de la Ley 446 de 1998 que prescribe:

ART. 49.—Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. (El resaltado es nuestro).

De conformidad con el citado artículo, es claro que la Nación sí puede ser representada por el Fiscal General de la Nación en los procesos que se tramiten ante esta jurisdicción.

III. Problema jurídico.

¿La prescripción de la acción penal seguida en contra del señor V. A. fue provocada por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia generador de un daño antijurídico a las demandantes?

IV. Hechos probados.

Antes que otra cosa, debe señalarse que las pruebas allegadas al proceso se hicieron en debida forma. Algunas fueron aportadas por la parte demandante pero su mayoría reposa en la copia auténtica del proceso penal y que fue incorporada a este proceso en virtud de la prueba de oficio decretada por esta Sala y referida arriba.

De conformidad con tales pruebas, se tienen acreditados los siguientes hechos:

1. En la ciudad de Cartagena, el día 13 de septiembre de 1992 hubo un accidente de tránsito que involucró los vehículos del señor V. A. y de la señora F. T. En el accidente resultaron lesionadas la señora T. y su hija menor de edad N. F. S. (fls. 1 a 8 cuaderno proceso penal —en adelante cppenal—).

2. El 23 de septiembre de 1992, el Juzgado 9 Penal Municipal de Cartagena —en adelante Juez 9— declaró, con ocasión del accidente que involucró a F. T., N. F. T. y V. A., abierta la instrucción.

En esta decisión, “con el fin de establecer si realmente se ha infringido la ley penal” dispuso citar a la señora F. T., a su hija N. F. S. y al señor E. C., con el fin de escucharlos en declaración jurada; “escuchar en diligencia de indagatoria” a V. A.; remitir a las lesionadas del accidente a Medicina Legal, “con el fin de que se practique el examen médico del caso”; “solicitar a la Clínica Vargas copia de las historias clínicas de las demandadas” (fl. 10 cppenal).

3. El 13 de octubre de 1992, el Juez 9 solicitó al Instituto de Medicina Legal “practicar examen médico legal a la señora F. T. y a su hija N. F. S., con el fin de establecer “incapacidad, secuelas, etc.” (fl. 20 cppenal).

4. En cumplimiento de lo ordenado por el juez 9, el día 13 de octubre de 1992 rindieron declaración jurada la señora F. T. (fls. 18 y 19 cppenal) y el señor E. C. (fl. 17 cppenal).

5. El día 21 de octubre de 1992, el Juez 9 volvió a ordenar “escuchar en declaración de inquirir” a V. A. y escuchar en declaración jurada a N. F. S. Así mismo, ordenó practicar inspección judicial sobre el vehículo del señor A. involucrado en el accidente (fl. 28 cppenal).

6. En oficio del 16 de octubre de 1992, el Instituto de Medicina Legal remitió el resultado de los exámenes realizados a F. T. y a su hija.

Respecto al examen de F. T., señaló:

Examinada en la fecha xxx a las 8:50 am se aprecia yeso que cubre hombro izquierdo hasta el lado izquierdo. Cicatriz de quemadura por arrastre en tercio distal cara posterior pierna derecha. Escoriación lineal en cara anterior 1/3 distal pierna derecha. Solicito resumen de H.C de la Clínica Vargas donde la paciente fue atendida xxx (fl. 32 cppenal).

Respecto al examen de N. F. S., concluyó:

Cicatriz de herida quirúrgica 17 ms en cara externa muslo izquierdo. Vendaje que cubre pierna y pie izquierdo. Fijador extensor pierna izquierda. Solicitamos resumen de historia clínica de la Clínica Vargas donde la paciente dice fue atendida xxx” (fl. 33 cuaderno original proceso penal).

7. El día 27 de octubre de 1992, rindió indagatoria el señor V. A. (fls. 34 a 36 cuaderno original proceso penal) y fue escuchada en declaración jurada la niña N. F. S. (fls. 37-39 cppenal).

8. El día 28 de octubre de 1992, la Clínica Vargas remitió al Juzgado Noveno Penal Municipal resumen de la historia clínica de la niña N. F. S. y certificado médico “que da cuenta de la atención brindada a la paciente F. T.”. Dicho despacho las recibió el día 30 de octubre de 1992 (fls. 42 a 44 cppenal).

9. El 03 de noviembre de 1992, el Juez 9 solicitó al Instituto de Medicina Legal practicar examen médico legal a F. T. y a la niña N. F. S. “con el fin de establecer incapacidad, lesiones, secuelas y demás consecuencias ocasionadas con las heridas”. El juzgado remitió fotocopia auténtica del resumen de la historia clínica de la niña N. F. S. y el certificado médico que da cuenta de la atención dada en la Clínica Vargas a la señora F. T. (fl. 45 cppenal).

10. El 04 de noviembre de 1992, el Juez 9 ordenó practicar inspección judicial sobre los vehículos que ocasionaron el choque en el que resultaron lesionadas F. T. y N. F. S. También ordenó escuchar en declaración jurada a los señores J. T., R., R. G. y R. E. (fl. 47 cppenal).

11. El día 06 de noviembre de 1992 se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial sobre los vehículos que ocasionaron el choque en el que resultaron víctimas F. T. y N. F. S. (fls. 53 y 54 cppenal).

12. El día 18 de noviembre de 1992 rindieron declaración jurada el señor J. A. T. (fl. 58 cppenal) y la señora Rafaela del Carmen Marzal (fl. 60 cppenal).

13. El día 11 de noviembre de 1992, el Juzgado 9 recibió del Instituto de Medicina Legal certificados (fechados ambos el día 10 de noviembre de 1992) de incapacidad provisional de 56 días para la niña N. F. S. (fl. 61 cppenal) y de 50 días para F. T. (fl. 62 cppenal).

14. El 25 de noviembre de 1992, la señora F. T. y su hija N. F. S. presentaron, ante el mismo Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena, demanda de constitución en parte civil (fls. 17 a 21 cuaderno primera instancia). Esta fue admitida el 09 de diciembre de 1992, ante lo cual se aceptó a F. T. y a su hija como parte civil dentro del proceso penal (fl. 22 cuaderno primera instancia).

15. El día 03 de junio de 1993, el Juzgado Noveno Penal municipal recibió de la Clínica Madre Bernarda resumen de la historia clínica de la señora F. T. (fl. 45 cuaderno parte civil).

16. El 08 de septiembre de 1993, el Juez 9 solicitó al director de la Clínica Vargas las historias clínicas llevadas a las pacientes F. T. y N. F. S. (fl. 69 cppenal).

17. El 10 de febrero de 1994, el Juez 9 solicitó a Medicina legal practicar examen médico legal a la señora F. T. y a la niña N. F. S. “con el fin de establecer lesiones, secuelas e incapacidad” (fl. 71 cppenal).

18. El 11 de febrero de 1994, el Instituto de Medicina Legal expidió certificado de incapacidad definitiva de 90 días tanto para la señora F. T. como para su hija N. F. S. (fls. 72 y 73 cppenal).

19. El 06 de febrero de 1995, el Juzgado 9 Penal Municipal resolvió la situación jurídica de V. A. y decretó medida de aseguramiento en su contra consistente en detención preventiva. Le concedió el beneficio de la libertad provisional (fls. 31 a 35 cuaderno primera instancia).

20. El 22 de julio de 1995, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena dispuso enviar el proceso a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito “para que se desate el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha 06 de febrero de 1995 proferida por el juzgado noveno penal municipal...” (fl. 102 cppenal).

21. El 19 de enero de 1996, el Fiscal Delegado 1 ante el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, resolvió la apelación interpuesta contra la referida resolución proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena mediante la cual dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, con beneficio de libertad provisional garantizada mediante caución prendaria. La confirmó en todas sus partes (fls. 47 a 51 cuaderno primera instancia).

22. El 18 de marzo de 1996, el Fiscal 16 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Personal expidió resolución mediante la cual declaró, por vencimiento del término establecido en la ley, cerrada la investigación seguida contra V. A. (fl. 108 cppenal). Señala esta providencia:

Procede la Fiscalía a resolver sobre la viabilidad de ordenar el cierre de la presente investigación, veamos, constata el despacho que el términos (sic) señalado en el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal se encuentra vencido, sin que hasta el momento se haya proferido providencia calificatoria y atendiendo el mandato consignado en el inciso tercero de esta misma norma en concordancia con el inciso segundo del artículo 438, ejusdem, esta Fiscalía declara cerrada la investigación, que se sigue contra V. A. G., por el reato de lesiones personales, en aras de preservar el principio de celeridad en el proceso penal (fl. 108 cppenal el resaltado es nuestro).

23. El 23 enero de 1997, el Fiscal 16 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Personal profirió resolución de acusación ante el Juzgado Penal Municipal de Cartagena (reparto) en contra de V. A. como presunto responsable del delito de lesiones personales y mantuvo vigente la medida de aseguramiento en su contra (fls. 115 a 123 cppenal).

24. El 15 de mayo de 1998, el Fiscal 1 Delegado ante el Tribunal de Cartagena confirmó la resolución del 23 de enero de 1997, mediante la cual el Fiscal 16 Delegado ante los juzgados penales municipales acusó a V. A. como posible responsable del delito de lesiones personales culposas en la modalidad concursaria (fls. 96 a 100 cuaderno primera instancia y fls. 3 a 7 segundo cuaderno proceso penal).

25. El 03 de marzo de 1999, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cartagena decretó la cesación de procedimiento dentro del proceso “ya que se dio en el mismo, la prescripción de la acción penal” (fls. 160 a 162 cppenal).

26. El 31 de mayo de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena confirmó la decisión del 03 de marzo referido que declaró prescrita la acción penal seguida contra el señor V. A. (fls. 12 a 16 tercer cuaderno proceso penal).

V. Hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el proceso penal contra el señor V. A.

En el presente asunto se cuestiona la responsabilidad extracontractual del Estado en los presuntos daños antijurídicos producidos a los actores, puesto que estiman que por su negligencia prescribió a favor del señor V. A. la investigación penal por el delito de lesiones personales. Esta situación se enmarca claramente en la hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 relativa a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Partiendo de los hechos probados, es incontrovertible que la acción penal adelantada en contra el señor V. A. prescribió.

Así, pasados 5 años contados a partir del día 13 de septiembre de 1992, fecha del accidente en el que resultaron lesionadas las demandantes, la acusación en contra del señor V. A. no cobró ejecutoria.

La confirmación de la resolución de acusación solo se produjo el día 15 de mayo de 1998, es decir, 5 años, 8 meses y dos días después de la ocurrencia de los hechos, momento en el que ya estaba prescrita la acción penal.

El Juez Tercero Penal de Circuito de Cartagena, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado de las víctimas en contra de la decisión que decretó el cese del proceso penal por haber prescrito la acción penal, constató la prescripción de la acción penal al señalar:

El artículo 83 del Código Penal señala que para los hechos punibles instantáneos, como acontece con las lesiones personales , la prescripción empieza a contarse desde el día de su consumación, lo que sucedió el 13 de septiembre de 1992, fecha desde la que se cuentan los cinco años de que habla el artículo 80, los que vencieron el 13 de septiembre de 1997, sin que ese indefectible devenir del tiempo se hubiese visto interrumpido con ejecutoria de la resolución de acusación, puesto ocurrió con posterioridad, exactamente el 15 de mayo de 1998, memento (sic) en el que se confirmó por parte del superior esa decisión (fl. 15 tercer cuaderno proceso penal).

En principio, frente a la prescripción de la acción penal en el caso concreto podría decirse de entrada que se presentó una falla del servicio por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia evidenciado en la dilación del plazo razonable para que fuese adoptada la resolución de acusación. Este plazo era de 5 años.

Sin embargo, esta corporación ha señalado que el hecho de que la acción penal haya prescrito, no indica por sí solo la existencia un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia consistente en una violación al plazo razonable para adoptar una decisión.

Así, esta corporación ha indicado que para determinar si la dilación del proceso penal en casos como el sub lite configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe considerarse “si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora”(2).

Estas consideraciones van en consonancia con la jurisprudencia sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al alcance del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, dicha Corte ha señalado que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable deben analizarse los siguientes criterios:

El marco temporal del proceso (i); la complejidad del asunto (ii); la actividad procesal del interesado (iii); conducta de las autoridades (iv) y afectación jurídica de la parte interesada (v)(3).

Procederá ahora la Sala, con el fin de desarrollar la controversia, a aplicar estos criterios al caso concreto.

i) Marco temporal del proceso 

Se encuentra probado que los hechos que dieron lugar al proceso penal acaecieron el 13 de septiembre de 1992, que la instrucción penal se abrió el día 23 de septiembre de 1992 y que las víctimas se constituyeron en parte civil el día 09 de diciembre de 1992.

Se observa que mediante resolución del 31 de mayo de 1999 el Juez Tercero Civil del Circuito de Cartagena confirmó la prescripción de la acción penal, porque la resolución de acusación contra el señor V. A. cobró ejecutoria el 15 de mayo de 1998, es decir, por fuera del término de prescripción de la acción penal.

Conforme a lo anterior, se observa que transcurrieron cerca 6 años y 8 meses desde que comenzó la instrucción hasta que la justicia dictaminó la prescripción de la acción penal.

Fruto de esa decisión, la acción civil dentro del proceso penal también prescribió. Así, de conformidad con el artículo 108 del Decreto-Ley 100 de 1980, vigente para el momento que comenzó en proceso, se tiene que la acción civil proveniente del delito prescribe, si se adelanta dentro del proceso penal, en tiempo igual al de la prescripción de la acción penal. En efecto, el citado artículo reza:

ART. 108.—Prescripción de la acción civil. La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste.

En este orden, fuerza es concluir que después de 6 años y 8 meses no se lograron los objetivos de la parte civil dentro del proceso penal.

ii) La complejidad del asunto 

Para analizar la complejidad del proceso que prescribió, tomaremos los parámetros que la misma Corte Interamericana ha señalado. En la citada sentencia Furlan y familiares vs Argentina, consideró los siguientes: “la complejidad de la prueba (a), la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas (b), el tiempo transcurrido desde la violación (c), las características del recurso consagradas en la legislación interna (d) y el contexto en el que ocurrió la violación (e)”(4).

a. La complejidad de la prueba:

En el proceso penal de lesiones personales culposas la prueba no es particularmente compleja: solo basta con identificar que hay una víctima de las lesiones, la naturaleza de las lesiones, un presunto responsable, un nexo causal entre la acción del victimario y las lesiones y la culpabilidad del victimario.

Para demostrar que desde el punto de vista probatorio el proceso no revestía mayor complejidad, cabe señalar que los elementos de prueba con base en los cuales se dictó, el día 22 de enero de 1997, resolución de acusación por el fiscal 16, se habían recaudado mucho tiempo antes de que esta fuese proferida.

Puede observarse que las pruebas que fundamentaron la resolución de acusación contra el señor A. fueron las siguientes (ver fls. 115 a 123 del cppenal):

— Diligencias preliminares realizadas por la autoridad de tránsito, donde consta informe sobre accidente de tránsito, denuncia formulada por E. C. M., declaración jurada de V. C. A. (fls. 6, 7, 8 cppenal). Estas fueron enviadas a los juzgados penales municipales de Cartagena el día 13 de septiembre de 1992 y con base en ellas se dio apertura, el día 23 de septiembre de 1992, a la investigación.

— Testimonio de E. C. M. (fl. 17 cppenal). Practicado el día 13 de octubre de 1992).

— Testimonio de F. T. C. (fls. 18, 19 cppenal) Practicado el día 13 de octubre de 1992.

— Dictamen médico legal número 2.463-92 (fl. 32 cppenal). Recibido por el juzgado el día 23 de octubre de 1992.

— Dictamen médico legal número 2.464-92 (fl. 33 cppenal). Recibido por el juzgado el día 23 de octubre de 1992.

— Diligencia de indagatoria de V. C. A. Gonzalez (fls. 34 - 36 cppenal) practicada el día 27 de octubre de 1992.

— Testimonio de N. F. S. Torres (fls. 38,39 cppenal). Aparentemente practicada el día 27 de octubre de 1992, pues el encabezado de la declaración, donde aparece la fecha, fue fotocopiado con el documento de la citación encima. Sin embargo, ella fue citada para esa fecha y no aparece en el cuaderno constancia de haberse modificado la citación.

— Resumen de historia clínica (fls. 43 y 44 cppenal). Fueron recibidos por el juzgado el día 30 de octubre de 1992).

— Diligencia de inspección judicial de los vehículos involucrados (fls. 53 y 54 cppenal). Practicada el día 06 de noviembre de 1992.

— Testimonio de J. A. T. (fl. 58 cppenal). Llevado a cabo el día 18 de noviembre de 1992.

— Testimonio de R. C. M. M. (fl. 60 cppenal). Llevado a cabo el día 18 de noviembre de 1992.

— Dictamen Médico Legal número xxx (fl. 61 cppenal). Aportado al proceso el 11 de noviembre de 1992.

— Dictamen Médico Legal número xxx (fl. 62 cppenal). Aportado al proceso el día 11 de noviembre de 1992.

— Dictamen Médico Legal xxx (fl. 73 cppenal) Aportado al proceso el día 22 de febrero de 1994.

— Dictamen Médico Legal número xxx (fl. 74 cppenal). Aportado al proceso el día 22 de febrero de 1994.

De conformidad con las pruebas, se tiene que no ameritaban complejidad para ser obtenidas. La mayoría de ellas se recaudó antes de finalizar 1992 y, solo una de ellas, el dictamen de incapacidad definitiva de la señora F. T. y de su hija se aportó, a pesar de que no existe razón para no haberse solicitado antes de esa fecha, el 22 de febrero de 1994.

b. La pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas: 

Se trataba de dos víctimas de la misma acción y de un solo presunto responsable. Tanto las víctimas como el responsable fueron identificados tan pronto sucedieron los hechos. Así, cuando se abrió la instrucción penal, apenas 10 días después de ocurrido el accidente, ya se tenían identificados los sujetos procesales. En este sentido, el asunto no revestía de mayor complejidad.

c. El tiempo transcurrido desde la violación: 

La investigación comenzó apenas 10 días después de acecidos los hechos. Así, existían todas las posibilidades para que dentro del proceso penal se obtuvieran las pruebas tendientes a esclarecer los hechos y para determinar los responsables(5).

d. Las características del recurso consagradas en la legislación interna 

Se observa que el proceso penal de lesiones personales y la constitución en parte civil no exigen ritualidades procesales especiales ni suponen que para el logro de su objetivo existan procedimientos complejos ni demorados. Al contrario. El proceso penal fue diseñado para que su trámite fuera sencillo si se observa su naturaleza y los requisitos para que las víctimas de una conducta punible pudiesen constituirse en parte civil no suponían obstrucción para acceder a la administración de justicia.

e. El contexto en el que ocurrió la violación  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que circunstancias de alta complejidad y de dificultad del asunto que se investiga no justifican, por sí mismas, que el proceso penal se prolongue excesivamente en el tiempo(6). Así, en la sentencia Valle Jaramillo y otros vs Colombia, la Corte consideró que a pesar de que en el evento en que autores del violaciones a los derechos humanos hubiesen sido miembros de grupos paramilitares, cuya aprehensión y comparecencia al proceso eran complejas en razón a su condición de clandestinidad, esta no era excusa legítima para la duración excesiva de un proceso penal. Así, ese organismo indicó:

Si bien en el presente caso el proceso de naturaleza penal a nivel interno comprende a tres presuntas víctimas, una de homicidio agravado y dos de secuestro simple, la Corte observa que la investigación ha resultado compleja en lo que concierne a la detención de los inculpados, quienes incluso fueron juzgados en ausencia en razón de la clandestinidad en la que se mantienen los grupos paramilitares, así como en razón de la identificación de todos los autores. En jurisprudencia previa, este tribunal se ha referido a las dificultades para dar respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales del Estado cuando éste se encuentra frente al juzgamiento de actuaciones ilegales de miembros de grupos alzados en armas. Sin embargo, la Corte reitera que las condiciones del país no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado. En esa medida, y pese a que se ha sancionado a dos responsables en el caso pertenecientes a grupos paramilitares, la Corte considera que la dificultad del asunto que se investiga en la jurisdicción interna no justifica, por sí misma, que el proceso penal continúe abierto luego de 10 años de los hechos(7).

iii) La actividad procesal del interesado 

Otro de los criterios para determinar si hubo violación al derecho a un plazo razonable es el comportamiento del interesado en el asunto. Esto, con el fin de verificar si las decisiones se dilataron por una actuación de la víctima o si esta pudo haber contribuido sustancialmente a la demora del proceso.

En el presente caso, no se observa que las víctimas en el proceso penal hayan actuado con maniobras dilatorias, presentado recursos inoficiosos o hayan tardado en responder a los requerimientos judiciales. En consecuencia, no puede atribuirse en ningún caso la prescripción de la acción penal a la parte demandante.

Es más, en el evento de que se hubiera argumentado en el proceso que la parte civil pudo advertir al fiscal que el proceso estaba a punto de prescribir y al no hacerlo tendría alguna culpa, debemos señalar, siguiendo a la Corte Interamericana, que el desarrollo de un proceso penal no depende de la víctima, salvo que se pruebe que su comportamiento fue el que lo dilató(8), puesto que es una clara obligación del Estado. Así, dicho tribunal ha señalado que “el Estado, en ejercicio de su función judicial, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos(9).

iv) La conducta de las autoridades 

Del acervo probatorio se observa que la declaratoria de prescripción de la acción penal no fue determinada por la acción de la parte civil dentro del proceso penal. Tampoco por la conducta del acusado, puesto que no hubo maniobras de su parte tendientes a dilatar el proceso a través de memoriales inoficiosos. El señor A. ejerció el derecho a su defensa presentando los recursos contra de las decisiones que le fueron desfavorables: apelación de la decisión que decretó medida de aseguramiento en su contra y de la decisión donde se le acusó del hecho punible de lesiones personales culposas.

Así las cosas, ha de estudiarse la dilación del proceso penal en las actuaciones de los funcionarios judiciales que tuvieron a cargo el proceso.

Encuentra la Sala, conforme a los hechos probados, que el proceso penal se desarrolló así:

Se abrió la instrucción el día 23 de septiembre de 1992 y para el día 11 de noviembre del mismo año el Juez 9 había logrado recaudar gran parte del material probatorio que se usó para sustentar la resolución de acusación.

Así se observó diligencia y apego al Decreto 2700 de 1991 en el curso de la instrucción.

Las víctimas se constituyeron en parte civil dentro del proceso penal el día 25 de noviembre de 1992. A partir de allí, sin explicación dentro del plenario, el proceso perdió el impulso que se le había otorgado y entra en una fase de inactividad evidente.

Así, durante los dos años siguientes la actuación judicial fue prácticamente nula. El Juez 9 en 1993 sólo envió una comunicación a la Clínica Vargas para que le remitiera las historias clínicas que ya tenían, y solo hasta el 10 de febrero de 1994, sin justificación de la tardanza, solicitó al Instituto de Medicina Legal practicar examen médico legal a la señora F. T. y a su hija N. F. S..

Solo hasta el 06 de febrero de 1995, el Juez 9 profirió medida de aseguramiento en contra del señor V. A., frente a la cual este presentó y sustentó recurso de apelación el día 06 de marzo de 1995 (fl. 90 cppenal).

El 26 de julio de 1995 el Juez Tercero Penal del Circuito dispuso el envío del proceso a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito “para que desdate el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 06 de febrero de 1995”. Fundamenta el envío del proceso en el artículo 14 transitorio y el numeral 2º del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal y en el hecho de que habían sido creadas y ya estaban en funcionamiento las unidades locales de fiscalías adscritas a los juzgados penales y promiscuos municipales (fl. 102 cppenal). La remisión del proceso se hizo el día 27 de julio de 1995 (fl. 104 cppenal).

Se tiene entonces que el Juez 9 tardó cerca de dos años y medio (del 23 de septiembre de 1992 al 06 de febrero de 1995) en proferir la primera decisión (la relativa a la medida de aseguramiento). Así, el Juez 9 tuvo el proceso durante más de dos años y 6 meses sin tomar decisión alguna frente a la preclusión de la investigación o frente a la acusación. Además, pasaron más de 4 meses y medio para que el proceso fuese remitido a la Fiscalía Delegada ante el tribunal. La Sala considera que esa demora, que no encuentra justificación alguna dentro del plenario, es a todas luces excesiva dada la naturaleza del asunto.

Ahora bien, dado que para el momento de la remisión del proceso a la Fiscalía la acción penal no había prescrito, es necesario analizar la actuación de la fiscalía y las razones por las cuales operó el fenómeno de la prescripción.

El 18 de marzo de 1996, el Fiscal 16 de la Unidad Local de Delitos de Cartagena, dispuso, en virtud de que se encontraba vencido el término contemplado en el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, el cierre de la investigación penal, por lo cual ordenó correr traslado a los sujetos procesales por el término de 8 días para alegar de conclusión (fl. 108 cppenal).

Al emitir dicha providencia, el fiscal naturalmente debió estar al tanto del tiempo transcurrido desde la iniciación del proceso y, como él mismo lo anota, debía aplicarse el principio de celeridad a la actuación procesal. Se tiene entonces que desde que se envió a la fiscalía el proceso por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito y hasta que se decretara el cierre de la investigación, pasaron cerca de ocho meses. Dentro de la contestación de la demanda, la entidad demandada no señaló las razones de esta aparente demora.

El día 23 de enero de 1997, es decir 9 meses después del momento en que debía proceder a calificar de fondo el asunto (pues el término para alegar de conclusión venció el día 23 de abril de 1996 (fl. 114 cppenal) y sin que la demandada haya señalado los motivos de la demora en un proceso en el que ya habían transcurrido más de cuatro años y tres meses desde su apertura, el Fiscal 16 profirió resolución de acusación en contra del señor V. A. G. ante el Juzgado Penal Municipal de Cartagena, decisión contra la que este presentó y sustentó recurso de apelación dentro de la oportunidad legal (fls. 131 a 133 y 138 cppenal).

El proceso lo recibió la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito el día 13 de marzo de 1997 y fue repartido al Fiscal 1 el día 20 de marzo de 1997, es decir, 6 meses y 3 días antes de que prescribiera la acción penal.

Sin embargo, sin ninguna justificación, pues en el plenario no se advierten los motivos ni tampoco en los argumentos de la entidad al contestar la demanda, el fiscal dejó pasar ese tiempo sin resolver el recurso de apelación lo que provocó la prescripción de la acción penal. Solo vino a tomar una decisión, la de confirmar la resolución de acusación, hasta el 15 de mayo de 1998, momento para el que ya había perdido cualquier competencia.

v) La afectación jurídica de la parte interesada 

El último criterio señalado por la Corte Interamericana para considerar si hubo violación al plazo razonable, es el de la afectación jurídica de la parte interesada.

En la sentencia ya citada sentencia Valle Jaramillo vs Colombia, la Corte considera que en dicho análisis de razonabilidad “se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”. También la CIDH, trae a colación los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, citando los casos Codarcea Vs. Rumanía y Jablonska Vs. Polonia, indica como criterio, para determinar la razonabilidad del plazo, la avanzada edad de los accionantes.

De conformidad con lo señalado, las autoridades judiciales en lugar de permitir la dilación del proceso debieron haber adelantado las acciones para darle mayor celeridad teniendo en cuenta que una de las víctimas era una niña, que por su sola condición es sujeto de especial protección constitucional y que el presunto causante de sus lesiones tenía 70 años de edad (fl. 8 cppenal) y padecía de problemas de salud (fl. 86 cppenal).

De lo observado, tenemos que la demora del proceso obedece a la conducta negligente de las autoridades judiciales —el juez que adelantó el proceso y la fiscalía— lo que configuró en el presente caso un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, hipótesis prevista en el artículo 69 de la ley 270 de 1996.

En el caso particular, aparece claramente evidenciado que el defectuoso funcionamiento de la administración de la administración de justicia provocó la prescripción de la acción penal, hecho que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de las actoras. En este orden, el Estado deberá responder conforme a lo prescrito en el artículo 69 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. A continuación la sala procederá a caracterizar el daño causado.

VI. Del daño a la tutela judicial efectiva.

En situaciones anteriores, esta Sala ha considerado que el hecho de que la prescripción penal haya sido consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esa situación por sí sola no acredita un daño. Así, en sentencia de 30 de octubre de 2013, esta subsección señaló que el hecho de haya prescrito la acción penal no significaba que la persona hubiese perdido la oportunidad de ser indemnizada dentro del proceso penal por los perjuicios ocasionados por el presunto responsable. Dentro de las consideraciones, se dijo que no había certeza sobre el hecho de que la personal sindicada fuera a ser condenada(10).

Sin embargo, la Sala no enfocará el presente caso bajo la perspectiva de una supuesta pérdida de oportunidad para lograr la indemnización de unos perjuicios, pues entiende que los derechos de la parte civil dentro del proceso penal, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional de manera reiterada, no se circunscriben únicamente al derecho de obtener una reparación económica sino principalmente al derecho de que se logre la verdad y a que se haga justicia.

Ha señalado la Corte Constitucional, al reflexionar sobre los derechos de las víctimas de un delito, que “la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto constitucional como en el derecho internacional y el derecho comparado(11).

Así, el máximo tribunal constitucional ha señalado que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses jurídicos tutelados más allá de la mera reparación pecuniaria que se traducen en dos derechos: 1. “El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. 2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad”(12).

Impunidad, que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consiste en “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.(13)

En este orden, la Sala encuentra —en los términos señalados supra— que hubo una vulneración directa a un derecho constitucional y convencionalmente reconocido como lo es la tutela judicial efectiva de las víctimas dentro del proceso penal.

Tal como se demostró anteriormente, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia implicó para las víctimas una denegación de justicia. Esta denegación no solo concretó la violación al plazo razonable como garantía judicial sino que demostró que el proceso penal no fue un recurso efectivo para garantizar los derechos de las víctimas. Al tenor de lo considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la denegación del acceso a la justicia se relaciona con la efectividad de los recursos, en el sentido del artículo 25 de la Convención Americana, ya que no es posible afirmar que un proceso penal en el cual el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal imputada se hace imposible por una demora injustificada en el mismo, pueda ser considerado como un recurso judicial efectivo”.(14)

Así, la administración de justicia, al no evitar la prescripción de la acción penal, violó las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución de 1991 que enmarcan la garantía del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. De la Convención violó los artículos 8. 1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) y de la Constitución de 1991 vulneró los artículos 228 (finalidad de la función de administración de justicia) y 229 (derecho de acceso a la administración de justicia).

El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone:

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

El artículo 25 del citado instrumento indica:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

El artículo 228 de la Constitución de 1991

ART. 228.La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Y El artículo 229 de la Constitución de 1991 reza

ART. 229.Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

Respecto a la protección del derecho a una tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 8.1 y 25, la Corte Interamericana, intérprete auténtico de la Convención Americana, ha señalado que “las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2º de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana(15). Ha indicado en este sentido que resultan “inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos(16).

También ha sostenido que la función de los órganos judiciales debe “asegurar en un tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.(17)

A su turno, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia comprende, entre otros, la existencia de procedimientos idóneos para la determinación legal de derechos y obligaciones y la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas(18). Ha señalado el máximo Tribunal Constitucional:

[N]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividadel cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas(19) (El resaltado es nuestro).

El Consejo de Estado también ha resaltado la especial importancia del derecho a una tutela judicial efectiva, al señalar que “la prerrogativa de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades públicas distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo”.

Así, esta corporación acoge el alcance que a este derecho ha sido dado por la Corte Constitucional, en interpretación de la Convención Americana, indicando que este derecho comprende, tomando como referencia la Sentencia T-283 de 2013, “(i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”.(20)

Esta corporación también ha sostenido que el derecho a la tutela judicial efectiva “comporta la obligación correlativa a cargo del Estado, de instaurar mecanismos judiciales para garantizar la efectividad de los derechos o intereses de una persona, bien sea de carácter constitucional o legal “(21).

También ha indicado que “lo verdaderamente importante es que una vez el administrado, en ejercicio del derecho de acción que le asiste, opere el aparato judicial, obtenga un pronunciamiento de fondo que resuelva las pretensiones planteadas de conformidad con las normas vigentes(22).

De conformidad con el contenido del derecho a una tutela judicial efectiva, según la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia y al tenor del alcance que le ha dado a este derecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, juez de convencionalidad, en el presente caso existe una clara violación al derecho de la señora Farides torres y de la menor N. F. S. a obtener del Estado una tutela judicial efectiva.

Estima la Sala que esta vulneración al derecho a una tutela judicial efectiva generó un daño moral a las víctimas.

En efecto, existe un daño moral por cuanto se frustró una expectativa cierta que tenían las actoras que acudieron al Estado con el fin de que este tramitara o resolviera el conflicto judicial. Dicha expectativa legítima está implícita en todo proceso. Así, la Corte Constitucional ha señalado el “derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones(23). Cuando se deniega este derecho, se está frustrando el derecho a la protección judicial. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el citado caso Bulacio vs. Argentina, manifestó que “el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos(24) (el resaltado es nuestro).

Frustración que en cualquier persona genera el hecho de ver que el Estado, después de someterla al desgaste propio de un proceso judicial, le proscriba el derecho a que sus pretensiones sean resueltas. De ella se desprende una lógica defraudación de la confianza en las instituciones del Estado y la natural sensación de desprotección frente a estas.

Ad exemplo, otros ordenamientos jurídicos han reconocido la existencia de un daño moral cuando se afecta el derecho a una tutela judicial efectiva. Así, el Consejo de Estado francés, en la decisión Blin, señaló que “la duración excesiva de un procedimiento producto de la superación del plazo razonable para juzgar el asunto presume implicar, por sí misma, un perjuicio moral que sobrepasa las preocupaciones habitualmente provocadas por un proceso, salvo circunstancias particulares que demuestren su ausencia(25).

Pero ha sido Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien ha indicado para los ordenamientos jurídicos europeos, específicamente en el caso Apicella vs. Italia, que el daño moral se presume cuando hay violación al derecho a la tutela judicial, específicamente cuando se observan dilaciones en los procesos judiciales. Así, ese tribunal « admite como punto de partida la presunción sólida, aunque refutable, según la cual la duración excesiva de un proceso ocasiona un daño moral(26).

Y es que resultaría excesivo en el caso concreto exigir del accionante la prueba del daño y la concomitante configuración de los perjuicios; esto debe presumirse, en la medida que invertir dicha carga generaría la continuación de un proceso de “victimización” permanente por parte del Estado.

Así, las accionantes soportaron la vulneración a sus derechos fundamentales a través de la conducta punible, situación que las constituye como víctima. Con esa calidad acudieron al Estado para que reprendiera la conducta socialmente dañina, decisión que asumieron sin importar la estigmatización que trae el proceso penal para las partes. Sin embargo, el Estado permitió la prescripción de la acción penal, con lo cual se desconocieron sus derechos como víctimas, puesto que eliminó la posibilidad de que obtuvieran verdad, justicia y reparación. Así, la extinción del iuspuniendi significó para ellas agravar su condición de víctimas.

Si ahora, en el marco de un nuevo proceso, el Estado deniega una vez más justicia, por la imposición de cargas procesales y/o probatorias excesivas, las demandantes serían de nuevo revictimizadas.

En suma, la Sala estima que negar la existencia del daño antijurídico en el caso concreto es un contrasentido lógico y una aporía, porque la aceptación de esa tesis implica reconocer que el Estado tolera conductas contra el ordenamiento jurídico y que vulneren derechos humanos, conclusión a todas luces absurda si se tiene en cuenta que el Estado es el garante del derecho y su legitimidad radica en la promoción, en el respeto, en la garantía y en la protección de los derechos fundamentales.

En este orden, la Sala revocará la sentencia apelada pues se encuentra acreditada la responsabilidad del Estado al permitir la prescripción de la acción penal y, como consecuencia de esa omisión, la violación al derecho a una tutela judicial de la señora F. T. y su hija N. F. S.

VII. La reparación del perjuicio.

Frente a la constatación del daño antijurídico provocado por su omisión, asiste al Estado el deber de adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado a las víctimas.

La Sala considera que este daño no es material pues si bien se solicitó una indemnización, no está debidamente acreditado ni justificado como derivado de la prescripción de la acción penal.

Para estimar el monto a indemnizar por concepto de daño moral, la Sala, acudiendo a un criterio de justicia o equidad, tiene en cuenta que las accionantes, además de ser afectadas por una conducta punible de lesiones personales que implicó serias lesiones para cada una de ellas, particularmente a una niña cuya fisonomía fue afectada de por vida, y la angustia a una madre cabeza de familia por haber visto afectado su derecho al trabajo, sufrieron una situación de revictimización al ver que el Estado no garantizó dentro del proceso penal sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tan sensibles en la sociedad colombiana pues ellos la base de cualquier proceso de reconciliación y convivencia pacífica.

Tomando en cuenta que el monto máximo reconocido por concepto de daño moral es de 100 salarios mínimos en caso de muerte (del padre, madre, hijos y cónyuge) o en caso de lesiones graves (para la víctima, padre, madre e hijos), la Sala considera que cuando un derecho como la tutela judicial efectiva es vulnerado a una víctima de un delito, el monto a reconocer por concepto de daño moral para cada uno de los afectados debe ser de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad en la prescripción de la acción penal es imputable tanto a la inacción de la rama judicial como a la falta de diligencia de la Fiscalía General de la Nación, ha de estimarse en qué medida cada una de estas entidades fue responsable en la causación del daño.

Esta Sala estima que la Rama Judicial es responsable en un 30% en la causación del daño. Si bien el proceso duró un menor tiempo en sede de la Fiscalía general de la Nación, ella tenía el deber y la oportunidad de haber evitado la prescripción de la acción penal y no lo hizo. Por esta razón, se considera que la Fiscalía General de la Nación es responsable en un 70% en la causación del daño.

Dado que la Rama Judicial no compareció al proceso en representación de la Nación y, en consecuencia, no pudo ejercer el derecho a la defensa, solo se condenará a la Nación- Fiscalía General por el 70% de la indemnización que tendría lugar. Así, para cada una de las demandantes se reconocerán, a título de perjuicios morales, 28 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

FALLA

1. REVOCASE la sentencia del 24 de febrero de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLÁRASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación responsable por los daños antijurídicos producidos con ocasión de la prescripción de la acción penal en contra del señor V. A. por el presunto delito de lesiones culposas en las personas de F. T. y N. F. S.

3. En consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía general de la Nación a pagar a cada uno de los demandantes, esto es, a la señora F. T. y a su hija N. F. S. Torres, como indemnización de perjuicios morales, la suma de 28 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Sin condena en costas.

5. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth».

1 Auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00(IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinó que “(...) el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv”.

2 Consejo de Estado, Subsección B, Sentencia del 30 de octubre de 2013, Rad. 30495, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

3 Corte Interamericana de Derechos humanos, caso Furlan y familiares vs. Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012. Párrafo 152. Estos criterios también han sido tenidos en cuenta por la Corte Europea de Derechos Humanos que ha establecido que el carácter razonable de la duración de un proceso se aprecia según las circunstancias particulares del asunto y frente a tres criterios: la complejidad del asunto, el comportamiento del interesado, el comportamiento de las autoridades nacionales (particularmente las autoridades judiciales), teniendo en cuenta el contexto político y social. Ver Caso Pretto contra Italia, del 08 de diciembre de 1983, citado por Frederic Sudre en Droit europeen et internacional des droits de l´homme. Ed. Presses Universitaires de France. 10 edition, Paris 2011, pág. 452.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Furlan y familiares vs. Argentina, sentencia de 31 de agosto de 2012, párrafo 156.

5 En el caso Heliodoro González vs Panamá, la Corte Interamericana consideró que el paso del tiempo podía ser un factor determinante en la complejidad del proceso. Así, consideró que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios que permitan esclarecer los hechos materia de investigación (Sentencia Heliodoro Gonzalez vs Panamá del 12 de agosto de 2008).

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, Sentencia de 07 de julio de 2009.

7 Ibídem.

8 Así, esta Subsección ha señalado que la dilación de un proceso no es injustificada cuando las actuaciones de la víctima son las que retrasan el pronunciamiento judicial definitivo. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de agosto de 2014, Exp. 34251, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Furlan y familiares vs Argentina, párrafo 169.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013). Rad. 30495, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

11 Corte Constitucional, Sentencia C-228/2002.

12 Ibídem.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 120.

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bayarri vs. Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008. Párrafo 116.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio Vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003.

16 Ibídem.

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Servellón García y otros vs. Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 151.

18 Corte constitucional, Sentencia C-228/2002.

19 Corte Constitucional, Sentencia C-180/2014 citando la Sentencia C-426/2002.

20 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de junio de 2014. Rad. 2021005, M.P. Alberto Yepes.

21 Consejo de Estado, Ibíd.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 01 de febrero de 2011, Rad. 2008472, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero

23 Corte Constitucional, Sentencia C-180/2014 citando la Sentencia T-247/2007.

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio vs Argentina. Sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 115.

25 Consejo de Estado de Francia, sentencia del 19 de octubre de 2007 .req. no. 6529. http://arienetinernet.conseil−etat.fr/arianeiter/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=296529&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True. Consultado el 20/04/2015. El texto original señala: “...la durée excessive d'une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l'affaire est présumée entraîner, par elle-même, un préjudice moral dépassant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence...” (La traducción es nuestra).

26 Corte Europea de Derechos Humanos, Grande Chambre, sentencia del 29 de marzo de 2006, caso Apicella / Italia. Nº 64890/01, párrafo 93. Tomado de http://www.camera.it/files/pdf/cedu/SENTENZE2006/TESTOINTEGRALE_APICELLA_FR.pdf. El 20/04/2015. El texto original señala: “Quant au dommage moral, la Cour – rejointe sur ce point par la Cour de cassation italienne (voir l’arrêt no 8568/05 de celle-ci, paragraphe 31 ci-dessus) – admet comme point de départ la présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure occasionne un dommage moral” (el resaltado y la traducción son nuestros).