Sentencia 1999-00353 de septiembre 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 25810

Rad.: 13001233100019990035301

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Yamil Antonio Guerra Revollo.

Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Naturaleza: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C.,veintisiete de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada entidad pública, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82) y la Sala es competente para resolver el asunto, en los términos del Decreto 597 de 1988,en razón de los recursos de apelación interpuestos por el demandante y el cesionario del 10% de sus derechos litigiosos, el señor Raad Antonio Yidios Nasra, reconocido como parte actora en el presente proceso (fl. 423, cdno. ppal.), contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones supera la exigida por la norma para el efecto(3).

Adicionalmente, la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios causados al señor Yamil Antonio Guerra Revollo, con ocasión del supuesto despojo de la posesión de 20 hectáreas de terreno de que fue objeto, en diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, adelantada por el corregidor de Tierra Bomba, Cartagena.

2. De la legitimación en la causa.

2.1. El señor Yamil Antonio Guerra Revollo afirmó haber sufrido perjuicios por haber sido despojado de la posesión de un predio de 20 hectáreas en la isla de Tierra Bomba, Cartagena, de donde se infiere que, en dicha calidad, tendría un interés para solicitar la indemnización por los daños invocados. Por su parte, de conformidad con el artículo 60.3 del Código de Procedimiento Civil(4), el señor Raad Antonio Yidios Nasra está legitimado para actuar, en tanto que litisconsorte del señor Guerra Revollo, con sus mismas facultades, en virtud del contrato de cesión del 10% de los derechos litigiosos celebrado con este último.

2.2. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias está legitimado en la causa por pasiva en la medida en que el hecho dañoso invocado en la demanda, esto es, el desalojo de la posesión de un predio por una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, se adelantó en el trámite de un proceso policivo que, en virtud de los artículos 130 y 320 del Decreto 1333 de 1986 “por el cual se expide el código de régimen municipal”, es de competencia del municipio, a través de los inspectores de policía en primera instancia y del alcalde municipal en segunda.

3. De la caducidad de la acción.

Según lo afirmado en la demanda, el alcalde mayor de Cartagena de Indias, mediante Resolución 3280 de 10 de noviembre de 1998, confirmada por la número 3097 de 22 de julio de 1999, decretó la nulidad de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y ordenó la restitución del predio objeto del mismo al señor Yamil Antonio Guerra Revollo. Dado que el daño cuya indemnización se pretende es el monto de los perjuicios causados por el despojo de la ocupación de un predio y que este solo devino antijurídico a partir del momento en que, según lo señalado por el actor, se decretó la nulidad de la diligencia, es a partir de la fecha en que esta decisión quedó en firme que debe empezar a computarse el término de dos años con que, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se contaba para instaurar la acción de reparación directa. En estos términos y dado que la demanda fue interpuesta el 25 de octubre de 1999 —fl. 3, cdno. 1—, puede concluirse que lo fue en tiempo y, en consecuencia, la excepción de caducidad propuesta por la demandada no está llamada a prosperar.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, como lo señalan los apelantes y contrario a lo considerado por el a quo, los elementos necesarios para que se configure la responsabilidad del distrito de Cartagena por los perjuicios que haya podido causar una supuesta diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho realizada por el corregidor de Tierra Bomba, Cartagena, están plenamente acreditados en el expediente o no. Específicamente, debe establecerse en qué consiste el daño cuya reparación se pretende y si se encuentra probado en el plenario o no.

III. Validez de los medios de prueba

1. Los diferentes documentos que fueron allegados por el actor junto con los escritos con los cuales pretendió adicionar y/o corregir la demanda (supra acápite de la adición de la demanda) no serán valorados, pues: i) fueron aportados fuera de la oportunidad con que se contaba para solicitar que se tuvieran como pruebas, ii) la parte demandada nunca tuvo la ocasión de controvertirlos, por cuanto no sólo se allegaron con posterioridad al momento en que contestó la demanda —feb. 2/2000—, sino que nunca se les dio ningún tipo de trámite, y iii) fueron descartadas por el a quo, pues en el auto de decreto de pruebas este último fue explícito en mencionar que solo se tendrían como medios de pruebas documentales los “aportados con la demanda y su contestación” (fl. 175, cdno. 1).

Sobre el particular, es oportuno recordar que la parte demandada interpuso recurso de reposición en contra de dicho auto por estimar, precisamente, que “no se le ha dado debido trámite a la corrección o modificación de la demanda presentada por la parte actora y no ha existido oportunidad procesal para evaluar las nuevas pruebas solicitadas” (fl. 209, cdno. 1). Sin embargo, al descorrer el traslado, la parte demandante se opuso a la prosperidad del recurso con fundamento en que no había lugar a pronunciarse sobre esas pruebas, toda vez que habían sido aportadas de manera extemporánea y concluyó que, para defender sus pretensiones, no contaba sino con las allegadas con la demanda y las decretadas de oficio por el juzgador de primera instancia(5). Estos argumentos fueron avalados por el a quo quien, en auto de 9 de junio de 2000 (fl. 222, cdno. 1), denegó el recurso de reposición al considerar que, en la medida en que los memoriales de la parte actora y los medios probatorios anexos fueron extemporáneos, no había lugar a darles trámite alguno, de lo cual se infiere que no podían ser valorados en el marco del proceso.

En estos términos, es fácil concluir que la parte demandada no podía albergar dudas respecto de la falta de validez de dichos medios probatorios y, por lo tanto, no podría la Sala, sin sorprenderla y, con ello, violar su derecho de defensa, tenerlos en cuenta al momento de dictar sentencia.

2. Ahora, es necesario precisar que si bien es cierto varios de los documentos aportados como pruebas de manera extemporánea y en copia simple, entre ellos, las resoluciones 3280 de 10 de noviembre de 1998 y 3097 de 22 de julio de 1999, pudieron haber sido allegados debidamente al expediente (2.1), también lo es que la parte actora no fue lo suficientemente diligente para asegurarse de que, efectivamente, fueran aportados por la vía procesal idónea (2.2), lo cual impide que sean tenidos en cuenta y ello independientemente de que el a quo lo haya hecho al dictar sentencia de primera instancia (2.3).

2.1. En efecto, en la demanda se solicitó la práctica de una inspección judicial en la secretaría de gobierno de la alcaldía de Cartagena sobre el expediente policivo 88, “con el objeto de que se tome nota de todo lo que en dicho expediente registra el desalojo contra el doctor Yamil Antonio Guerra Revollo” (fl. 2, cdno. 1), prueba que fue decretada por el a quo en el auto de 16 de marzo de 2001 (fls. 175-176, cdno. 1).

2.2. No obstante, se tiene que el día fijado para la práctica de la diligencia, “las partes manifiestan que debido a la naturaleza de la prueba ordenada y el objeto de la misma, es posible solicitar que se oficie a la entidad demandada para que remita copia auténtica del Expediente 88 por medio del cual se adelantó el proceso policivo”, solicitud a la cual accedió el magistrado conductor del proceso (fl. 203, cdno. 1). Sin embargo, el oficio nunca se libró y la parte actora, quien era la interesada en insistir en la prueba, se limitó a aportar el nombre de la parte querellada en dicho proceso (fl. 214, cdno. 3), sin que instara a que se enviara el oficio y, por último, en memorial de 11 de febrero de 2002, solicitó “cerrar la etapa probatoria y convocar a audiencia de conciliación” (fl. 340, cdno.1), sin mención alguna a la ausencia de una prueba que, a su juicio, era indispensable para la prosperidad de sus pretensiones.

2.3. Ahora bien, la Sala considera oportuno señalar que si bien es cierto el a quo otorgó valor probatorio a las copias de dichas resoluciones aportadas por el actor con uno de los memoriales aclaratorios a que se hizo alusión en el acápite de adición de la demanda, lo hizo sin advertir que, independientemente de que se tratara de copias simples o no, fueron allegadas al expediente fuera de las oportunidades procesales, error que no puede atar al juzgador de segunda instancia, menos aún cuando tiene por efecto conculcar el derecho de defensa de la entidad demandada que, como ya se explicó, no pudo defenderse al respecto por cuanto siempre actuó bajo el entendido de que los documentos aportados con las fallidas adiciones y/o correcciones no iban a ser objeto de valoración.

3. En relación con la promesa de compraventa de derechos de posesión sobre bien inmueble, celebrada entre los señores Yamil Guerra Revollo y Jorge Yidios Merlano (fls. 192-194, cdno.1), y la declaración extra proceso rendida el 8 de septiembre de 2000, ante la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena, por el señor Raymundo Morales Paredes y sin comparecencia de la parte demandada (fls. 195-197, cdno. 1), documentos allegados al proceso en la diligencia de inspección judicial practicada el 30 de marzo de 2001, por la parte actora —fl. 188, cdno. 1—, la Sala advierte que tampoco pueden valorarse, pues si bien es cierto que el artículo 246.3 del Código de Procedimiento Civil contemplaba la posibilidad de que, en el marco de la inspección, el juez recibiera documentos y/o declaraciones de testigos, también señalaba: “siempre que unos y otros se refieran a los hechos objeto de la misma”, lo cual resulta apenas lógico si se tiene en cuenta que el objeto de la inspección es verificar los aspectos por los cuales se decretó y no convertirse en una ocasión para que el apoderado, que ha dejado de solicitar las pruebas necesarias para demostrar lo fundado de sus pretensiones en las oportunidades legales, subsane su error allegando al expediente medios de convicción adicionales. Así pues y dado que tanto la promesa como la declaración versan sobre los presuntos perjuicios materiales sufridos por el actor, pero no sobre el objeto de la inspección judicial consistente, en los términos de la solicitud formulada en la demanda (fl. 2, cdno. 1), en determinar el lote de terreno del cual el actor habría sido desalojado, sus linderos y medidas, dichos documentos no pueden ser valorados.

4. A lo anterior se agrega que, en todo caso, la Sala no podría apreciar la declaración extra juicio mencionada, pues ello no sólo va en contravía de las normas procesales vigentes, sino que implica una clara violación de los derechos que estas pretenden proteger, en este caso, el que le asistía a la demandada de poder controvertir la declaración.

En efecto, de conformidad con el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil(6), el testimonio rendido, para fines judiciales y sin citación de la parte contraria, ante notario o alcalde, solo puede ser tenido en cuenta como prueba sumaria en aquellos asuntos para los cuales la ley autoriza esa clase de prueba y este no es el caso en materia de reparación directa.

Adicionalmente, dado que la entidad demandada, esto es, la alcaldía de Cartagena, no fue citada y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción específico a este tipo de prueba y consustancial al del debido proceso, la declaración rendida por el señor Morales Paredes no tiene ningún valor probatorio.

5. En lo relacionado con el dictamen pericial de expertos contables tendiente a determinar los perjuicios sufridos por el actor, rendido ante el a quo el 18 de mayo de 2001 (fls. 223-309, cdno. 1) y objetado por la parte demandada por error grave (fls. 317-318, cdno. 1), la Sala comparte el análisis del juzgador de primera instancia que le llevó a desestimarlo pues, efectivamente y tal como lo sostuvo el Ministerio Público, se apoya en material probatorio que, como viene de explicarse, no puede ser tenido en cuenta por no haber sido válidamente aportado al proceso.

Adicionalmente, considera la Sala que, a falta de precisión tanto en la solicitud de la prueba (fl. 2, cdno. 1), como en los términos del auto que la decretó(7) (fl. 175, cdno. 1), sobre la naturaleza de los perjuicios que debían avaluar, los peritos no podían, como lo hicieron, determinarlos motu proprio, pues ello no solo excedía el ámbito de su especialidad sino que daba pie para que, como efectivamente ocurrió, se incluyeran rubros que no fueron materia de debate contradictorio en el proceso (por ejemplo, “el valor de los dineros dejados de percibir —$ 325.000.000— en la venta de 2.5 hectáreas, en consideración a que fueron vendidas a un precio muy por debajo de lo normal, teniendo en cuenta como precio de referencia el de la promesa de compra venta de las 10 hectáreas con el señor Jorge Yidios Merlano (fl. 224, cdno. 1).

IV. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. En diligencia de inspección judicial practicada el 30 de marzo de 2001, se especificó:

Acto seguido la comisión procedió a desplazarse a la isla de Tierra Bomba a un predio ubicado junto a la costa norte de la mencionada isla, la cual se encuentra frente a los barrios de El Laguito y Castillo Grande de la ciudad de Cartagena. El inmueble se trata de un predio situado a la orilla de la playa, en el cual se encuentra una casa rústica de madera y de material. La arborización es de árbol de “uva de playa”, muy escasa, una que otra palmera, árboles de curuco y mangle. El predio según el demandante aproximadamente tiene unas 20 hectáreas (acta de inspección judicial, fl. 188, cdno. 1).

2. En declaración rendida ante el a quo el 24de abril de 2001, el señor Alejandro Román Juan, manifestó:

... estuve interesado a título personal y en representación de unos amigos inversionistas en una alianza estratégica con el doctor Guerra para una explotación económica en los citados terrenos de Tierra Bomba, de los cuales se me mostró amplia información escrita que me permitió ver su legítima posesión con tiempo suficiente o con anterioridad suficiente para que sus derechos posesorios fuesen ampliamente respetados, y además me mostró una resolución de la alcaldía de Cartagena donde se le restituía su posesión que había sido perturbada. Esta resolución si mal no recuerdo de 1998 a finales, expedida por la alcaldía se formalizó con la entrega del bien, pero posteriormente la contraparte solicitó restitución de la misma y empezaron a ocurrir una serie de acciones de hecho por parte de todos los empleados de un vecino a quien llaman “la holding”, que perturbaron otra vez la posesión y ante la prolongación del suceso por varios meses, mis representados y yo perdimos el interés en participar con el doctor Guerra en un desarrollo en ese sitio. Eso en resumen general es como veo la acción que a mí me tocó, que a mí me correspondió ver. Infortunadamente para el doctor Guerra fue perjudicial porque perdió un cliente importante, una posibilidad de explotación de esos terrenos y a nivel personal lo vi seriamente afectado. Yo lo acompañé al terreno, lo recorrí con él cuando se le había hecho entrega y tuve concepto de que estaba disponible, de que estaba saneado y el terreno es apropiado para una explotación según el acuerdo que pensábamos hacer con él por un porcentaje de la totalidad de los terrenos y con la entrega de un capital para invertir en los mismos cercano a los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), lo que era el negocio que estuvo planteado y que se dañó cuando él no pudo nuevamente mostrar los terrenos sin perturbación después de varios meses de espera (...) Yo entiendo que eran esos señores de la holding que hacían presencia armada en toda esa zona según me comentaron personas de allá quienes consulté en su momento y también el mismo Yamil Guerra. Yo me informé que esta holding tenía vínculos o dependencia de Dragacol, con frecuencia encontraba nativos de la zona e incluso un antiguo inspector de policía de Tierra Bomba en los alrededores del edificio donde funcionaba el Banco Ganadero en Bocagrande esto es carrera 3 con calle 8 esquina, que me comentaban del vínculo que existía entre esta holding y Dragacol por cuanto la paga la estaban recibiendo allí en Dragacol. Allí estuvo también el señor Cardona que había sido inspector, allí lo vi y otras personas más que amistosamente me advirtieron que correría un grave peligro si hacía acto de presencia en los predios del señor Yamil Guerra por cuanto eso era también de la Holding y definitivamente hice caso a este consejo y no volví más... —se subraya— (acta de la diligencia de recepción de testimonio del señor Román Juan, fls. 200-201, cdno. 1).

Por su parte, el señor Manuel Domingo Rojas Salgado, declaró:

... él acudió a mí para pedirme colaboración en un difícil trance que atravesaba con ocasión de unos terrenos en la isla de Tierra Bomba. Eso fue, si mal no recuerdo, a principios del año de 1999. Según él, y según documentos que me exhibió oportunamente, él había adquirido la posesión de esos terrenos desde hacía mucho tiempo, e incluso en alguna oportunidad había pedido protección policiva a la alcaldía de Cartagena y ésta se la había brindado a través de la inspección de policía del lugar. Sin embargo, según él me manifestó en ese momento y me mostró los documentos para sustentar sus afirmaciones, con posterioridad la alcaldía produjo una resolución de lanzamiento por ocupación de hecho contra personas distintas a él y contra personas indeterminadas. Este lanzamiento se produjo y el doctor Yamil Guerra acudió a la alcaldía de Cartagena, quiero volver a hacer la salvedad de que estoy recurriendo a mi memoria sobre hechos que me fueron narrados en el año de 1999, y la alcaldía decidió restituirle los terrenos de que había sido despojado. Esa restitución se produjo mediante una resolución si mal no estoy de finales del año de 1998 y el doctor Guerra acudía a mí en ese momento para que le colaborara económicamente por una difícil situación que atravesaba y le ayudara, en la medida de lo posible, a vender esos terrenos en los cuales tenía cifradas sus esperanzas de recuperación financiera. En ambos aspectos, lo atendí con la mayor diligencia por tratarse de mi antiguo compañero de aulas universitarias. En cuanto a las gestiones de venta le colaboré conversando con diferentes personas posibles interesados en la adquisición de los terrenos. Para adelantar tales gestiones consideré absolutamente indispensable que la situación jurídica de los terrenos estuviese totalmente clara. Y encontré que contra la resolución que ordenó la restitución de los terrenos a favor del doctor Yamil Guerra se había interpuesto un recurso de reposición que impedía presentar esa resolución como legalmente ejecutoriada. Le hice ver a Yamil esta inconveniencia, de la cual era consciente dada su calidad de abogado, y la necesidad de esperar a que hubiese por parte de la alcaldía de Cartagena un pronunciamiento sobre el recurso de reposición interpuesto. Pasó el tiempo y no se presentó decisión alguna sobre el recurso por parte de la alcaldía de Cartagena. Entiendo, por manifestación que más tarde me hiciera el doctor Guerra, que ese pronunciamiento se dio unos ocho o nueve meses después de interpuesto el recurso. En el interim el doctor Guerra se vio en la imposibilidad de efectuar negociación alguna sobre esos terrenos y de obtener, consecuencialmente, dineros por tal concepto. Tal circunstancia lo afectó desde el punto de vista económico y sicológico porque este incidente se le convirtió en algo obsesivo hasta el punto de verlo en algunas ocasiones muy deprimido y afectado. (...) Preguntado. Sírvase decir el declarante por sus conocimientos que tiene sobre el asunto, los cuales demostró en su declaración, a cuánto pretendía el doctor Yamil vender los derechos sobre el inmueble y qué posibilidades había en la venta de los mismos a los clientes que usted había contactado de no haber tenido el bien inconvenientes jurídicos. Contestó. El doctor Guerra si mal no recuerdo hablaba de una suma del orden de los dos mil millones de pesos y en cuanto a los clientes en momento alguno se habló de si la disposición de compra era por la totalidad o por parte de los terrenos, ni se concretó oferta económica precisa por la inconveniencia de la situación jurídica de los terrenos (acta de la diligencia de recepción de testimonio del señor Rojas Salgado, fls. 207-208, cdno. 1).

3. En dictamen rendido por peritos adscritos a la seccional Bolívar del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se conceptuó:

El predio materia de la diligencia, se halla ubicado en la isla de Tierra Bomba, compuesto por cuatro (4) porciones de tierra, cuyos linderos y medidas son: (...).

Estas cuatro porciones de terrenos conforman un total de veinte hectáreas más trescientos ocho metros cuadrados (20 Ha + 308 m2) y cuyos linderos y medidas y áreas están acordes o se identifican con bien inmueble, identificado en el acta de restitución o entrega de un inmueble, derivada de la ejecutoriedad de las resoluciones 3280 (10-11-98) y 3097 (22-07-99), llevada a cabo por la Inspección de Policía del Corregimiento de Tierra Bomba D.T. y C. de Cartagena el (14-09-99).

Se deja constancia que este levantamiento planimétrico se llevó a cabo en dos días no seguidos y en estos dos (2) días en que se hizo el respectivo levantamiento planimétrico fuimos molestados por unos nativos, quienes en principio se opusieron a que se realizara el levantamiento planimétrico, aduciendo que esos terrenos no eran de Álvaro Vélez Calle, ni mucho menos de Yamil Antonio Guerra Revollo, pero después accedieron a que se siguiera con la medición (dictamen rendido ante el a quo el 28 de junio de 2001, fls. 311—312, cdno. 1).

4. En declaración rendida ante el a quo el 7 de febrero de 2002, el señor Jorge Antonio Yidios Merlano señaló:

Entre el señor Yamil Guerra y yo celebramos una promesa de venta a finales de setiembre del año 97. La promesa de venta consistía en que yo le compraba la posesión de 10 hectáreas de un globo de 20 que él tenía allí. Yo vi la tierra y tenía buen futuro cuando él me la mostró, entonces arreglamos el negocio por mil quinientos millones. Que se los pagaría de la siguiente manera, me acuerdo cuatrocientos ochenta millones de inicial divididos en tres partidas como eran cien millones que le daba en el mes de octubre de 1997, doscientos en el mes de noviembre y ciento ochenta en diciembre. El otro pago era con un apartamento en el Edificio Valenty que estaba construyendo en esa época, y el resto en 9 meses. El señor Yamil Guerra, este negocio se deshizo para mí aunque lo terminamos, él me pagó las cosas a retazos, como sea pero me las pagó, porque él fue desalojado por el inspector de Tierra Bomba, entonces él me devolvió las platas a retazos con joyas, me dio unas obras de arte, unos cuadros, unas esculturas, me pagó las arras que fijamos para el negocio, me las pagó. Yo lo que ahora quiero que me paguen y estoy exigiendo que me paguen son los intereses de todo, la plata que le invertí, el tiempo y la energía que le gasté a eso. Le invertí mucho a un proyecto turístico que estaba idealizando que no se pudo llevar a cabo, y perdí toda inversión, tiempo, plata, porque yo invité a unos familiares al proyecto, y un proyecto de esos cuesta plata bastante. Yo le estoy exigiendo que me pague los intereses que dan un poco más de doscientos millones. Es mucho más pero eso es lo que estoy exigiendo. Hace unos días, fui a reclamarle los intereses, y como tenía que venir a declarar aquí le manifesté que me prestara la promesa de venta, porque no encuentro la promesa de venta. Entonces me dijo que la promesa de venta no la tenía porque una la entregó en la fiscalía y la otra la entregó aquí, entonces le pregunté cómo estaban las tierras, y me dijo que lo habían desalojado otra vez, y yo le recordé que me está debiendo los intereses. Todo esto lo hago como constancia de que él me debe unos intereses todavía. Entonces me dijo que ahora tiene el problema más grande porque lo desalojaron otra vez. Me prestó unos documentos para leerlos para saber si es cierto lo que está diciendo. Que existe el problema. El me está comentando que el Distrito lo ha perjudicado, pero yo no tengo que perjudicarme con eso, entonces voy a entregar todos esos documentos que él me prestó(8) (...) El magistrado interviene para preguntar: ¿El apartamento 101 del Edificio Valenty fue entregado al señor Yamil Guerra con escritura pública y registro? Contestó: Se lo entregué materialmente, no le hice escritura. Es más, él le invirtió en los pisos, los enchapes, la cocina, él le invirtió unos pesos para mejorarlo. Preguntado: ¿Usted luego vendió ese apartamento? Contestó: Sí, luego lo vendí (el declarante hace entrega de una copia de un certificado de folio de matrícula inmobiliaria en que consta la tradición del inmueble) (...). Preguntado: Diga el testigo si sabía o conocía al momento de celebrar la promesa de compraventa del inmueble al señor Yamil Guerra quién figuraba como propietario de dicho inmueble. Contestó: Él me estaba vendiendo en el contrato de promesa de venta, el ofrecía en venta una posesión de un lote de 10 hectáreas de un globo de 20. Él era el poseedor. Yo averigüé con varios nativos que me dijeron que el poseedor era el señor Yamil Guerra desde hace 17 años. Yo sí sabía lo que estaba haciendo. Preguntado: Diga el testigo si sabe o conoce que la isla de Tierra Bomba pertenece al Estado colombiano en cabeza de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional y Distrito de Cartagena. Contestó: Eso allí hay varios dueños, la Nación, o sea los nativos y los particulares, pero yo averigüé con varios abogados y me dicen que las posesiones tienen más validez que una escritura, entonces si una persona tiene tantos años de posesión le tienen que hacer la prescripción, por eso me metí en el negocio (...) Preguntado: Diga el testigo si al momento de celebrar la promesa de venta con el señor Yamil Guerra del predio de Tierra Bomba, este, es decir, el señor Guerra le mostró o le informó sobre los antecedentes del mismo, de quien adquirió el lote y si gozaba de algún amparo policivo. Contestó: Sí, todos esos documentos los tenía. Él me informó que él se lo había comprado a un señor Belquemeyer. Sí, también me lo mostró (el amparo policivo). Preguntado: En respuesta anterior, informó usted las fechas en que pagó el anticipo del precio del lote al señor Yamil Guerra, las cuales corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 97. Si el señor Guerra fue lanzado de dicho lote a principios de noviembre del mismo año, ¿porqué usted pagó posteriormente las cuotas correspondientes al anticipo del precio? Contestó: Porque él me dijo que ese impase él lo resolvería y yo confié en él. Preguntado: Diga usted y justifique si es posible la capacidad económica que usted en esos momentos tenía para pagar el precio de la compra prometida al señor Yamil Guerra. Contestó: En esa época yo estaba haciendo tres construcciones y movía bastante efectivo (...). Preguntado: Sírvase informar si esa actividad constructora que usted ha relatado, la realizaba como persona natural o a través de alguna sociedad de la cual usted era o es socio. En el evento de ser a través de una sociedad, informe el nombre de ella y de los socios que la integran o integraban, su dirección y la cámara de comercio en la cual está registrada. Contestó: Yo en esa época y casi siempre he hecho los negocios a nombre de mi esposa y la sociedad de Yidios Hermanos Ltda. y persona natural ponía a mi esposa. Jairo Yidios, socio, Margarita Yidios y Graciela Vélez de Yidios. La sociedad está inscrita en Barranquilla y Graciela Vélez vive conmigo, es mi esposa. El domicilio de la sociedad ahora no lo tengo. Mi hermana ahora mismo está en Estados Unidos. Preguntado: Los pagos que usted hizo al señor Yamil Guerra por concepto de anticipo del precio del lote prometido en venta en Tierra Bomba los hizo en cheque, efectivo o a través de cualquier otro medio. Contestó: En efectivo. Preguntado: Informe para qué fecha, si lo recuerda, estaba prevista la entrega material del lote de Tierra Bomba por parte del señor Yamil Guerra a usted, y por qué razón la misma no se efectuó. Igualmente, para qué fecha estaba prevista la firma de la escritura pública que transfería el dominio al señor Yamil del apartamento 101 del Edificio Valenty. Contestó: Él tenía que entregarme el terreno a finales de noviembre del 97. Y yo tenía que entregarle el apartamento en febrero del 98. La entrega no se hizo porque él tuvo un problema con la inspección de policía, lo desalojaron o algo así (acta de la diligencia, fls. 333-336, cdno. 1).

V. Análisis de la Sala

1. El daño antijurídico.

Tal como lo afirmó el a quo, la demanda carece de la técnica y de los elementos probatorios necesarios para poder determinar claramente cuál es el daño cuya indemnización reclama el actor, sin embargo, a partir de los hechos relacionados y de la formulación de las pretensiones, la Sala infiere que se trata de los perjuicios causados como consecuencia del despojo temporal de la posesión material de un predio de 20 hectáreas en la isla de Tierra Bomba, Cartagena, de que fue objeto, y no de un despojo definitivo, comoquiera que, según lo afirma expresamente, la posesión del predio mencionado le fue restituida por orden de actos administrativos proferidos por la alcaldía mayor de Cartagena.

1.1. Ahora bien, la naturaleza y el monto de dichos perjuicios no es clara. En efecto, en la demanda se señala que “como consecuencia del desalojo se causaron graves perjuicios al demandante, que hasta la fecha no se han resarcido, ni aun con la emisión de las resoluciones 3280 de 10 de noviembre de 1998 y 3097 de julio 22 de 1999” (fl. 2, cdno. 1), sin mencionar claramente en qué consistieron dichos perjuicios.

Las únicas referencias que se hacen al respecto son las que se encuentran contenidas en los acápites de pruebas y de estimación razonada de la cuantía. En el primero, el actor solicitó “que se designen como peritos para que avalúen los perjuicios sufridos por el demandante, mirando como una consecuencia de ello, los procesos que se han promovido contra el actor en los juzgados civiles del circuito de Cartagena” (fl. 2, cdno. 1), sin señalar por qué dichos procesos constituían un perjuicio en sí mismos, ni la razón por la cual debían considerarse como derivados del hecho dañoso invocado, esto es, el desalojo de la posesión de un predio. En el acápite de la estimación razonada de la cuantía, el actor se limitó a manifestar que esta era de $ 20.000.000.000 y que a dicha suma debían incrementarse $ 2.000.000.000 por depreciación monetaria, $ 400.000.000 por intereses corrientes y $ 800.000.000 por moratorios, sin dar razón alguna para justificar dichos montos.

A dicha imprecisión sobre la naturaleza de los daños y los montos estimados de los mismos se suma la falta de elementos probatorios tendientes a acreditarlos. En efecto, la demanda fue presentada sin allegar prueba alguna y las que allí se solicitaron tenían por objeto principal demostrar lo afirmado en relación con el proceso policivo, pero no los supuestos perjuicios causados.

Al respecto, vale la pena mencionar que el actor no solicitó la práctica de testimonios, sino que fue el a quo quien, en consideración a los documentos aportados de manera extemporánea, decretó de oficio la recepción de las declaraciones de varias personas (fl. 175, cdno. 2) y que, en la demanda, las solicitudes de pruebas consistieron en: i) realizar una inspección judicial sobre el expediente policivo 88 “con el objeto de que se tome nota de todo lo que en dicho expediente registra el desalojo contra el doctor Yamil Antonio Guerra Revollo, y las actuaciones que éste ha tenido por medio de apoderado en dicho expediente policivo”, ii) oficiar a la alcaldía mayor de Cartagena para que expidiera copias auténticas de las resoluciones mencionadas en la demanda, con las respectivas constancias y fechas de ejecutoria, y iii) practicar una inspección judicial, con intervención de peritos, sobre las 20 hectáreas de cuya posesión fue desalojado el actor “con el objeto de determinarlas, por su ubicación, linderos y medidas” (fl. 2, cdno.1).

Si bien es cierto que el actor solicitó, en los términos antes transcritos, un dictamen pericial con el fin de que se avaluara el monto de los perjuicios sufridos, también lo es que, como ya se señaló en el acápite de validez de los medios de prueba, a falta de precisión sobre la naturaleza de los mismos que, se reitera, no está plenamente especificada en la demanda y de aportar y/o solicitar oportunamente las pruebas relacionadas con aquellos que, al parecer, el actor pretendía hacer valer, esto es, los derivados de los procesos promovidos en su contra en juzgados civiles del circuito de Cartagena, los peritos no podían establecer, por ellos mismos y a partir de medios probatorios inválidos, los perjuicios que el actor dejó de individualizar en la demanda. En otros términos, la solicitud de un dictamen pericial para que se avaluaran los perjuicios no eximía al actor de la obligación de especificarlos y aportar, en los términos consagrados para ello, la prueba de su causación.

Ahora bien, aunque en su recurso de apelación el señor Guerra Revollo señala que el daño por el cual pretende ser indemnizado consiste en: i) la frustración en la negociación por $ 1.500.000.000, ii) pérdida del apartamento del Edificio Panorama y iii) varios procesos ejecutivos en su contra, la Sala advierte que, al menos respecto de los dos primeros, se trata de una ampliación del petitum y de una variación de la causa petendi de la demanda que, según la jurisprudencia de la corporación, no podría ser admitida, por cuanto constituye una violación al derecho de defensa de la contraparte y al principio de congruencia al cual está sujeto el juez(9).

1.2. No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se admitiera que, por estar contenidos en la formulación general de la demanda y a pesar de no haber sido individualizados como tales, deben tenerse como daños los acreditados mediante medios probatorios válidos y oportunamente aportados al plenario, no hay lugar a reconocer ningún tipo de perjuicio, toda vez que las pruebas allegadas no ofrecen convicción sobre su causación.

1.2.1. En efecto, según la diligencia de inspección judicial realizada el 30 de marzo de 2001, en el predio de cuya posesión supuestamente fue desalojado el actor, no existía explotación económica alguna que hubiera sido interrumpida por cuenta del mencionado despojo —supra párr. 1(10)—, es decir, al actor no se le causó ningún detrimento patrimonial que no haya sido resarcido con la restitución de la posesión del inmueble.

1.2.2. Tampoco está acreditado que se hayan frustrado las negociaciones adelantadas con el señor Alejandro Román Juan, pues este testigo fue explícito en señalar que aquellas se llevaron a cabo con posterioridad a la restitución del predio al actor y que si perdió el interés en la alianza estratégica planteada fue porque, luego de dicha restitución, la posesión del predio fue perturbada de nuevo por un período que se prolongó durante varios meses —supra párr. 2—.

1.2.3. El testimonio del señor Manuel Domingo Rojas Salgadono es contundente sobre la existencia de un daño cierto pues, aunque sugiere que la venta de los derechos sobre el bien no pudo realizarse por la demora de la alcaldía de Cartagena al decidir el recurso de reposición interpuesto contra la resolución mediante la cual se ordenó que se restituyera al actor la posesión del predio en Tierra Bomba, no da cuenta de una negociación concreta que haya sido frustrada por cuenta de la misma. En efecto, señala que sus gestiones se limitaron a hablar con posibles interesados en la adquisición de los mismos, sin mencionarlos, y concluye que no solo no fue posible establecer si la supuesta disposición de compra era sobre la totalidad o sobre parte del terreno, sino que nunca se concretó una oferta económica, elementos indispensables para considerar que la mencionada disposición era cierta —supra párr. 2—.

1.2.4. Finalmente, si bien es cierto que la declaración del señor Jorge Antonio Yidios Merlano hace referencia al perjuicio derivado de la imposibilidad de cumplir una promesa de compraventa de la posesión de 10 de las 20 hectáreas de terreno, de las cuales el actor afirma haber sido despojado —supra párr. 4—, lo dicho al respecto no permite determinar claramente el monto del mismo (1.2.4.1) y, además, genera serias dudas sobre su causación efectiva (1.2.4.2).

1.2.4.1. El señor Yidios Merlano afirma que canceló al actor, como anticipo de la compraventa, cuatrocientos ochenta millones de pesos y que hizo la entrega material de un apartamento, bienes que, ante la imposibilidad de cumplir lo pactado, el actor se vio en la obligación de reintegrar. Sin embargo, la Sala advierte que dichos reintegros no pueden considerarse como un perjuicio en la medida en que eran la contraprestación por la transferencia de un derecho que, al frustrarse la negociación, el actor conservó y, por lo tanto, no puede afirmarse que, al respecto, hubo un detrimento patrimonial.

Ahora bien, también se dice en la declaración que el actor canceló lo pactado por concepto de arras; sin embargo, extraña la Sala que no se haya especificado a cuánto ascendió dicho valor, ni la manera como el actor lo pagó y que no se haya allegado ninguna prueba tendiente a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicho pago. Estas omisiones sumadas a las dudas que deja la declaración, y al hecho de que, a pesar de su importancia, el perjuicio allí indicado ni siquiera se mencionó en la demanda(11), minan de manera contundente la certeza necesaria para que la Sala pudiera tenerlo por acreditado.

1.2.4.2. En efecto, lo afirmado por el testigo Yidios Merlano genera dudas por cuanto no se entiende cómo, a pesar de afirmar que el actor le debe intereses por cuenta de las obligaciones derivadas de la promesa de compraventa, no tiene copias de dicho documento. Tampoco resulta verosímil el que el señor Yidios Merlano haya continuado pagando los anticipos del precio, a pesar de que supuestamente el desalojo del predio se produjo el 31 de octubre de 1997(12), ni que dichos pagos se hayan hecho en efectivo cuando se trataba de sumas equivalentes o superiores a los cien millones de pesos.

Lo anterior sin mencionar que: i) el testigo incurre en contradicciones, pues primero señala que entregó materialmente el apartamento del edificio Valenty al actor y luego afirma que dicha entrega debía producirse en febrero de 1998 pero que no se hizo; ii) sus afirmaciones respecto de su capacidad económica para la época de los hechos no dejan de resultar sospechosas, dado que dan cuenta de la realización de negocios a través de intermediarios y, iii) a falta de conocer datos que, en principio, debía saber por el trámite de sus negocios —domicilio de la sociedad en la cual tenía participación—, se generan sospechas frente a la credibilidad de sus manifestaciones.

En estos términos, la Sala considera que le asistió razón al a quo al desestimar las pretensiones del actor y, en consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia.

VI. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 4 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) En el acápite correspondiente a la estimación razonada de la cuantía, el actor señaló que ascendía a ($ 20.000.000.000), monto que superan la cuantía requerida en el año de presentación de la demanda —1999— ($ 18.850.000) para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado como de doble instancia. Se aplican en este punto los artículos 129 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988.

(4) Según el cual: “el adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular”.

(5) En el memorial se manifestó expresamente “La fijación en lista venció el 8 de febrero de 2000, fecha última para corregir o reformar la demanda; el entonces apoderado de la parte actora, presentó dos memoriales, al parecer modificatorios de la demanda inicial (fls. 17 y 30 a 34), que los presentó los días 9 y 10 de febrero de 2000, es decir extemporáneos, razón por la cual, no se podían tener en cuenta como reforma a la demanda y por ende no se les debía imprimir el trámite previsto en el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, como sabiamente lo hizo el despacho. // La parte actora sólo cuenta con las pruebas solicitadas en la demanda inicial, pues cualquier otro intento fue extemporáneo; las nuevas pruebas obrantes en el proceso, fueron decretadas de oficio por el despacho, con fundamento en las facultades del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, las cuales fueron decretadas en la providencia impugnada, la cual fue debidamente notificada, de cuya práctica ha tenido el apoderado de la demandada la oportunidad de participar y en el caso de las periciales, tendrá la oportunidad de objetar al momento de surtirse los respectivos traslados...” (fls. 218—219, cdno. 1).

(6) Esta norma prescribe: “Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que solo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y solo tendrán valor para dicho fin”.

(7) Allí solo se señaló: “Cuarto: Desígnase a los señores Crisanto Tilbes Cantillo y William Suárez Baldiris como peritos contadores públicos para que determinen el monto de los perjuicios sufridos por el demandante” (fl. 175, cdno. 1).

(8) Estos documentos son: i) copias de memoriales y denuncias radicadas por el actor y por terceros ante el Fiscal 14 Delegado de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, la Fiscalía Seccional de Cartagena y la Fiscalía 35 de la Unidad del Patrimonio Económico; ii) citaciones al actor para rendir indagatoria en la Fiscalía Local 3 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Cartagena, iii) diligencias de indagatoria rendidas por Álvaro Vélez Calle y el actor, iv) copias de memoriales radicados ante la Alcaldía Mayor de Cartagena (cdno. 2). Sin embargo, dado que todos ellos hacen referencia a hechos posteriores a la supuesta restitución de la posesión del predio al actor y constituyen actuaciones insulares a partir de las cuales no es posible inferir hechos relevantes para este proceso, no había lugar, por economía procesal, a estudiar su validez.

(9) Ver, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de febrero de 1995, Exp. S—123, C.P. Consuelo Sarria Olcos y Sección Tercera, sentencias de 7 de octubre de 2009, Exp. 18373, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 23 de junio de 2010, Exp. 18674, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Los párrafos a los cuales se reenvía son los del acápite de hechos probados.

(11) Al respecto vale la pena recordar que, según el testigo, la promesa de compraventa fue celebrada a finales de septiembre de 1997 y la demanda fue interpuesta el 22 de septiembre de 1999.

(12) Tal como lo consideró el a quo a partir de lo considerado en la resolución 3280 de 10 de noviembre de 1998 proferida por la alcaldía de Cartagena.