Sentencia 1999-00355 de noviembre 1º de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-31-03-022-1999-00355-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil trece.

(Discutido y aprobado en Sala de 15 de julio de 2013).

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El recurrente, sobre la base de que los actores, al sustentar la apelación que interpusieron contra el fallo desestimatorio de primera instancia, solicitaron la anulación del proceso por no haberse citado a quien, con posterioridad a la presentación de la demanda, adquirió parte del inmueble materia de la reivindicación reclamada, estimó que la sentencia cuestionada es nula con sujeción al numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que dicha autoridad rebasó el límite que tal alegación tendiente a la invalidación de lo actuado introdujo para la definición de la acción, al ordenar la restitución de la totalidad del inmueble materia del proceso.

2. Con esa comprensión del cargo, es necesario precisar delanteramente que una cosa es la competencia, entendida como “la medida o porción en que la ‘ley’ atribuye la potestad de administrar justicia de la cual es titular el Estado, asignándola a los distintos despachos judiciales para conocer de determinados asuntos” (cas. civ., auto dic. 15/2008, Exp. 11001-0203-000-2008-00087-00); y otra, bien distinta, es el modo en el que ella se ejerza. Lo primero, concierne con la facultad que un determinado juez tiene de adelantar y resolver un específico litigio. Lo segundo, con la manera como el respectivo funcionario realiza los actos mediante los que atiende el cumplimiento de sus deberes.

Correlativamente son hipótesis diversas, por una parte, que un juez carezca de competencia y, por otra, que en ejercicio de la que tiene, actúe con exceso. La falta de competencia engendra la nulidad contemplada en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Empero las actuaciones de los operadores judiciales que, pese a ser competentes, superan los límites que para ellas fijan la ley o las partes, mal podrían estar afectadas de la misma anomalía, puesto que, se insiste, el funcionario respectivo sí ostenta facultad para realizarlas. Por consiguiente, la sanción que las afecte es de otro linaje, que habrá de definirse según las particularidades del defecto en que se hubiere incurrido.

3. Sobre el particular, ha expuesto la Corte:

“En principio, la ausencia de competencia implica, en primer término, que el superior no era el llamado a conocer de los recursos de apelación que interpusieron las partes contra la sentencia del juzgado, bien por estar adscritos a otra Sala del mismo o de otro tribunal, ya por haberse integrado la Sala de Decisión de manera irregular.

En segundo lugar, que pese a estar facultada la Sala para decidir los recursos, extralimitó sus funciones. De un lado, al violar el principio de la congruencia fáctica u objetiva, en este último evento en las modalidades de ultra o extra petita, porque al fin de cuentas en ambos casos se actúa por fuera de los senderos trazados por el legislador, y de otro, al hacer más gravosa la situación del único apelante o de la parte en cuya protección se surtió la consulta, porque del mismo modo, en principio, la competencia del superior es limitada.

En la primera hipótesis, por supuesto, se estaría frente a una causal típica de nulidad procesal, como así se estatuye en el artículo 140, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, alegable en casación con base en el artículo 368, numeral 5º, ibídem. En cambio, para conjurar los demás errores de procedimiento de que se trata, al menos en el terreno reservado al recurso extraordinario en cuestión, así toquen con la competencia funcional del tribunal, el legislador consagró motivos autónomos y propios para alegarlos, como se observa en los numerales 2º y 4º del precepto últimamente citado.

Por esto, las consecuencias en uno y otro evento no son las mismas. Si el error se encuentra en el exceso de función, el camino para enrostrarlo es distinto al de la nulidad procesal, porque si se trata de aquello, la competencia en casación se circunscribe a depurar la decisión, es decir, a ajustarla a los dictados de la ley, mientras que frente a una irregularidad que trasciende todo o parte de lo actuado, esto conlleva a retrotraer el proceso al motivo que la produjo” (cas. civ., sent. dic. 12/ 2007, Exp. 0800131030081982-24646-01).

4. Si para el recurrente, los términos con los que los demandantes sustentaron la apelación que formularon frente a la sentencia del a quo, supusieron una restricción al marco dentro del que debía decidirse la acción, o a sus aspiraciones procesales, que no fue atendida por el tribunal, se concluye que la verdadera razón de su inconformidad, por consiguiente, no concierne con la falta de competencia funcional de dicha corporación, que el mismo censor admitió expresamente, sino a que el juzgador desbordó los límites del litigio, tal y como quedaron definidos luego de la alzada de los actores, defecto que, por una parte, no es constitutivo de la nulidad que se examina y que, por otra, solo era susceptible de plantearse en casación a la luz de la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

5. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Cargo segundo

1. En él se denunció la sentencia aquí cuestionada por “ser incongruente o inconsonante”, como quiera que no se tuvo en cuenta en ella “un hecho extintivo del derecho sustancial de los demandantes sobre el cual versa el presente litigio, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en el inciso final del artículo 305” de la misma obra, precepto que reprodujo.

2. Advirtió el recurrente que “en el presente caso concurren todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para que la sentencia de segunda instancia hubiera tenido en cuenta el hecho extintivo del dominio que los demandantes afirmaron que tienen sobre el bien materia del pleito para solicitar su restitución, consistente en la venta que, después de presentada y admitida la demanda reivindicatoria, que lo fue el 18 de enero de 2000 (fls. 23-32, cdno. 1), le hicieron a una tercera persona de dicho derecho, situación alegada oportunamente por las partes”, lo que conducía a que, “atendiendo el principio de congruencia de los fallos judiciales, [se] denegara el despacho favorable de [las] pretensiones”.

3. Puso de presente que como soporte del dictamen pericial rendido como prueba de la objeción que se formuló en contra de la experticia en principio rendida dentro del proceso, se aportó la copia de la escritura pública 917 del 8 de octubre de 2002, otorgada en la Notaría Sesenta y Cinco de Bogotá, y del certificado de matrícula inmobiliaria 50S-40409724, documentos con los que quedó “suficientemente demostrado que después de presentarse la demanda reivindicatoria y antes de que se dictara sentencia de segunda instancia sobrevino un hecho verdaderamente extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el presente litigio, cual fue la venta que los demandantes le hicieron a un tercero del derecho de dominio que presuntamente ostentaban sobre el predio materia de este proceso reivindicatorio”.

4. Añadió que las partes, con anterioridad a la sentencia de segunda instancia, se pronunciaron sobre esa precisa circunstancia, los demandantes en el escrito con el que sustentaron la apelación que interpusieron contra el fallo de primera instancia y los intervinientes en los memoriales que presentaron ante el ad quem, visibles a folios 4 a 6 y 16 a 20 del cuaderno 7, actuaciones que el censor reprodujo a espacio.

5. Así las cosas, el recurrente insistió en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, para que ese hecho extintivo del derecho de los actores se hubiese tenido en cuenta en la sentencia de segunda instancia y coligió que como dicha circunstancia afectó “frontal y francamente la condición de propietarios de los demandantes, [se] imponía la denegación de las pretensiones restitutorias de estos, elevadas con apoyo en aquella condición, pues realmente dejaron de ser dueños del inmueble disputado desde mucho antes de que se dictara, aún, sentencia de primer grado; pero como así no procedió —no obstante tener pleno conocimiento de dicha situación— incurrió en el vicio de incongruencia que aquí se denuncia y cuya corrección se procura mediante este cargo”.

Consideraciones

1. En opinión del censor, el fallo es incongruente por cuanto el tribunal desconoció que en el curso del proceso sobrevino un hecho extintivo del derecho de dominio de los demandantes, que con la reivindicación intentada pretendieron salvaguardar, consistente en la venta que ellos hicieron a Mónica Yisseth Guarín Castañeda de parte del inmueble objeto de la acción, como consta en la escritura pública 917 de 8 de octubre de 2002, otorgada en la Notaría Sesenta y Cinco de Bogotá, y en el certificado de matrícula inmobiliaria 50S-40409724 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona Sur, de esta capital, que se abrió por tratarse de una enajenación parcial, hecho que debió atender con sujeción al mandato del inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y que, de haber tenido presente, lo hubiese conducido a confirmar la sentencia desestimatoria dictada en la primera instancia.

2. Del compendio que se efectuó del fallo cuestionado se infiere que el tribunal, en manera alguna, pasó por alto la transferencia atrás relacionada, y que, sobre la base de su efectiva ponderación, estimó, en primer término, que “la legitimación debe analizarse para cuando quienes pretenden la reivindicación, accionaron”; y, en segundo lugar, que “la transferencia de la cosa en litigio da lugar a la sucesión procesal en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, que no a la ausencia de legitimación como lo determinara el a quo, en tanto que dicha disposición faculta, que no impone, la participación de quien adquiere la cosa o el derecho litigioso como litis consorte del anterior titular”.

3. Independientemente del acierto o validez de esos planteamientos del tribunal, es ostensible que ellos comportan la aducción por su parte de unas razones fácticas y jurídicas que lo condujeron a colegir que, pese a la venta a un tercero de un sector del bien disputado en este litigio, los actores no perdieron la legitimidad para reclamar su reivindicación total.

4. Ahora bien, si de conformidad con lo que reza el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, sin que pueda “condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta”, es claro que en el vicio de incongruencia solo incurre el juez cuando al resolver el litigio sometido a su conocimiento desconoce, objetivamente, dichos límites del proceso, pero no cuando sus determinaciones son fruto de una suma de argumentos como los que, en este caso, expuso el sentenciador de instancia, y que atrás se dejaron relacionados.

Al respecto, la Sala ha sido insistente en sostener que “la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita), y si de los hechos se trata, cuando el sentenciador los imagina o inventa, pero no cuando los tergiversa” (cas. civ., sent. dic. 12/2007, Exp. C-0800131030081982-24646-01; se destaca).

Del mismo modo, la Corte, de antaño, ha expuesto que dicha causal de casación “... ‘no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo’ (G.J. LXXXV, pág. 62)” (cas. civ., sentencia de 7 de junio de 2005, Exp. 528353103001199801389-01) y que ella se configura “cuando el fallador, sin referirse a los términos ni al contenido de la demanda, esto es sin mediar ningún juicio sobre la misma ni sobre la interpretación que debe dársele, decide el litigio a partir de peticiones no formuladas en la demanda, ni expresa ni implícitamente, a las cuales alude el fallo de sopetón y de modo inopinado para las partes. Revelándose allí un proceder que, por abrupto, muestra inmediatamente la trasgresión de los límites que configuran el litigio a conocimiento de la jurisdicción”.

Tal criterio jurisprudencial es igualmente predicable en frente de la previsión contemplada en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que no es viable, a la luz de la causal segunda de casación, sino de la primera, controvertir las razones con base en las cuales el juzgador de instancia hubiese acogido o desestimado cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial controvertido en el litigio, ocurrido con posterioridad a la presentación de la demanda y que fue alegado y comprobado precedentemente el proferimiento del correspondiente fallo.

5. Se sigue de lo expresado que, por lo tanto, el recurrente equivocó la vía que en casación le permitía controvertir los referidos planteamientos del tribunal, pues el camino idóneo para cuestionarlos, era el motivo inicialmente contemplado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

Cargo tercero

1. Con estribo en la causal primera de casación, se acusó la sentencia de infringir, indirectamente, los artículos 946, 947 y 950 del Código Civil, por aplicación indebida, y 762, 786 y 1401 de la misma obra, porque no se hicieron actuar, como consecuencia de la comisión por parte del tribunal de errores de hecho y de derecho al apreciar las pruebas del proceso, en el caso del último yerro, con violación medio de los artículos 238, numerales 5º y 6º, y 241 del Código de Procedimiento Civil.

2. En la primera parte de la acusación, el censor cuestionó la conclusión del ad quem relativa a que “los demandantes demostraron el derecho de dominio que alega[ro]n tener sobre el bien materia de la presente litis” y, luego de memorar las apreciaciones en las que esa autoridad fundó su fallo, lo pedido en la demanda, la identificación del predio que en la sentencia de 22 de agosto de 1992, dictada por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, se declaró de propiedad del señor Enrique Sampedro Borda, por haberlo ganado por prescripción adquisitiva extraordinaria, y las especificaciones del terreno que se adjudicó a los actores en la sucesión del precitado causante, enrostró a esa autoridad los siguientes desatinos fácticos:

2.1. Pasó por alto que la señalada sentencia, protocolizada en la Notaría Treinta y Siete de Bogotá mediante escritura pública 479 de 1º de febrero de 1996, “en parte alguna puntualiza que la pertenencia declarada en favor de Enrique Sampedro Borda, (...), también recayó o comprendió ‘(...) un lote sin construir, con un área de 12.500 m2 aproximadamente, el cual linda con terrenos del Portal, La Paz, barrio el Danubio, etc.’”.

2.2. Desconoció “que dicha adición al fallo que declaró la pertenencia en referencia, solamente vino a efectuarse en la demanda mediante la cual se solicitó la radicación y apertura de la sucesión intestada de Enrique Sampedro Borda, en donde —sin la indicación de elementos que permitieran su individualización—, tan solo se dijo que ‘... en el terreno mencionado en el activo, se encuentra un lote sin construir, con un área de 12.500 m2 aproximadamente, el cual linda con terrenos del Portal, La Paz, barrio Danubio, etc.’”.

2.3. Ignoró que el predio individualizado en el hecho segundo de la demanda “no fue materia de [la] adjudicación” que en el juicio sucesoral del mencionado causante se hizo a los aquí demandantes, toda vez que en el trabajo de partición solamente se determinó el inmueble que el señor Sampedro Borda había ganado por prescripción.

2.4. Pretirió tanto la escritura pública 917 otorgada en la Notaría Sesenta y Cinco de Bogotá, fechada el 8 de octubre de 2002, contentiva de la venta que los gestores de esta controversia hicieron a la Mónica Yisseth Guarín Castañeda del bien raíz en ese instrumento determinado, como el certificado de matrícula inmobiliaria 50S-40409724 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta capital, Zona Sur, documentos que el recurrente reprodujo a espacio, toda vez que su ponderación hubiese impedido al tribunal afirmar que el dominio del lote pretendido en reivindicación estaba en cabeza de los actores, como quiera que estos “por un acto propio y voluntario (...) se desprendieron de dicha calidad, y por lo tanto, al momento del fallo (...) tampoco eran propietarios del bien”, lo que desvirtúa su legitimación, aserto que sustentó con apartes de diversos fallos de la Corte relacionados con esta temática.

3. En el segundo segmento del cargo, su proponente se ocupó de controvertir “la labor realizada por el ad quem para dar por establecido otro presupuesto —igualmente fundamental—, cual es el relacionado con la identidad o semejanza entre el bien que se afirma es de propiedad de los demandantes y aquel que se dice poseído por los intervinientes”, para lo que, luego de recordar lo que al respecto se expuso en el fallo impugnado y de precisar que de los testimonios en él invocados, solo el rendido por José Armando Murcia López versó sobre el punto, puntualizó las siguientes equivocaciones cometidas por dicho sentenciador:

3.1. Error de hecho por adición de la declaración en precedencia mencionada, como quiera que el deponente Murcia López “tan solo afirm[ó] que conoció y, por lo tanto, tan solo identificó el bien raíz objeto de la reivindicación, pero no dijo que ‘... correspondía a aquel sobre el cual Enrique Sampedro adelantó proceso de pertenencia...’”, desatino que sustentó con reproducción parcial del testimonio.

3.2. Yerro fáctico consistente en que “no se percató que los intervinientes, si bien al responder la demanda (fls. 123-130, cdno. 1) aceptaron y, por lo tanto, reconocieron ser poseedores del bien al cual se refiere el hecho segundo de la demanda introductoria del proceso, también puntualizaron —de manera clara— que dicho lote no hace parte del que adquirió —mediante prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio— Enrique Sampedro Borda”, aserto en cuyo respaldo el recurrente transcribió la conclusión que se consignó luego de contestar los dos primeros hechos de la demanda y el pronunciamiento que se hizo en torno del tercero.

3.3. Error de hecho por preterición del “fundamento de la excepción de mérito denominada ‘falta de personería sustantiva en la parte actora’, pues allí los intervinientes volvieron a reconocer que eran poseedores del bien descrito en el hecho segundo (2º) de la demanda reivindicatoria, pero precisaron —nuevamente— que dicho bien no forma parte del individualizado en el hecho primero (1º)”.

3.4. Tergiversación de la diligencia de inspección judicial practicada el 18 de septiembre de 2002 (fls. 422-427, cdno. 2), como quiera que en ella “tan solo se identificó el bien materia de la presente controversia, es decir, el identificado en el hecho segundo (2º) de la demanda reivindicatoria, más no el predio de mayor extensión, es decir, el descrito en el hecho primero (1º), (...) dentro del cual —se afirma por los demandantes— se encuentra el predio que se pretende reivindicar”.

3.5. Error de derecho al tener en cuenta únicamente el dictamen pericial que se rindió como prueba del reproche que se formuló contra el inicialmente presentado, al que “privó de efecto probatorio”, puesto que solo le otorgó valor demostrativo a aquel, “sin que se hubiese declarado próspera la objeción que, por error grave, le formul[ó] la parte actora al primero, por cuanto en tal situación el segundo dictamen no podía sustituir al primero, el cual debía analizarse conjuntamente con este”, anomalía en torno de la que reprodujo buena parte de la primigenia experticia y el inciso final del artículo 241 del Código de Procedimiento Civil.

Añadió seguidamente que “un examen de conjunto de los dos dictámenes habría puesto de manifestó, de un lado, que no se pudo identificar el lote de terreno de mayor extensión y del cual (...) dicen los actores forma parte el que ahora es materia de reivindicación; y, de otro, que tampoco fue posible identificar este último, pues mientras que el primer dictamen determina —con argumentos técnicos bastante sólidos— que dicho lote no hace parte del que por modo de prescripción extraordinaria de dominio adquirió Enrique Sampedro Borda, mediante el proceso de pertenencia adelantado ante el Juzgado 32 Civil del Circuito de esta ciudad, sino que son colindantes, en el segundo se expresa todo lo contrario, es decir, que el predio materia de la restitución, denominado ‘El Refugio’, es idéntico al denominado ‘La Esperanza’, vendido por los demandantes a Mónica Yisseth Guarín Castañeda, mediante escritura 917 de 6 de octubre de 2002, de la Notaría 65 de esta ciudad, el cual forma parte del adjudicado a Enrique Sampedro Borda” en la referenciada usucapión.

3.6. Yerro fáctico al apreciar los certificados de matrícula inmobiliaria incorporados con el segundo dictamen pericial rendido en el proceso, particularmente el relativo a la 50S-40222824, por cuanto ellos “nada dice[n] ni se refiere[n] al lote que se identifica en el hecho segundo (2º) de la (...) demanda, ni mucho menos [sirven] para demostrar que este forma parte” del predio señalado en el hecho primero de ese mismo libelo.

3.7. Preterición del “informe suministrado por el Departamento Administrativo de Catastro de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. (fls. 272 y 273, cdno. 1), en [el] que se da respuesta al Oficio 1536 de 19 de junio de 2001”, cuyo contenido reprodujo.

3.8. Error de hecho al apreciar los planos que obran del folio 630 al 632 del cuaderno 3, anexados por el perito que rindió la segunda experticia (prueba de la objeción), toda vez que “carece[n] de los requisitos a los cuales se refirió la respuesta dada por el Departamento Administrativo de Catastro de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante Oficio 2100-5112 del 25 de julio de 2001, que corre visible a folios 272 y 273 del cuaderno 1, y a la cual se hizo referencia en el literal inmediatamente anterior”.

4. En la parte final de la acusación, el recurrente puso de presente la trascendencia de los errores denunciados y solicitó, por una parte, el quiebre de la sentencia impugnada y, por otra, que la Corte, en sede de segunda instancia, confirme el fallo desestimatorio de primer grado.

Consideraciones

1. Examinado en todo su contexto el cargo de que ahora se ocupa la Sala, se establece que la queja del recurrente se centró en que en el proceso no se demostró que el inmueble cuya restitución solicitaron los actores, esto es, el identificado en el hecho segundo de la demanda, forme parte del predio de mayor extensión al que se hizo referencia en el hecho primero del mismo libelo y que, por lo tanto, fueron erradas las conclusiones a las que arribó el Tribunal relacionadas con la satisfacción de los presupuestos estructurales de la acción reivindicatoria intentada, relativos a que el dominio del bien aquí perseguido esté radicado en cabeza de los demandantes y a que corresponda con el poseído por los recurrentes en casación.

2. Siendo ello así, indispensable es memorar que el ad quem coligió el cumplimiento del aludido requisito de identidad, fundamentalmente, de la circunstancia de que tanto el demandado José Marceliano Pinta Marmuta como los litisconsortes de los primigenios accionados, admitieron que eran poseedores del predio materia de esta controversia, confesión que, conforme los lineamientos jurisprudenciales invocados por dicho sentenciador, comporta la demostración del elemento de que se trata.

3. Como el señor Pinta Marmuta no impunó el fallo de segunda instancia, ningún análisis cabe realizar a la Corte respecto del anterior aserto en lo que a él respecta.

4. Ahora bien, en cuanto hace a los referidos intervinientes, quienes fueron los únicos que plantearon dicho recurso extraordinario en frente de la sentencia del tribunal, esa autoridad destacó que ellos adujeron “su condición de poseedores materiales del lote terreno objeto de esta acción de dominio”; que su apoderado, cuando solicitó que fueran convocados al litigio y la nulidad del proceso, reiteró tal aseveración; y que al pronunciarse sobre el hecho segundo de la demanda, señalaron que eran los poseedores del predio “El Refugio” desde hacía más de veinticinco (25) años.

Del mismo modo, el ad quem observó que en la contestación del libelo introductorio presentada en nombre de los señores Fonseca se expresó que el “lote de terreno de 12.500 m2, no hace parte del globo general demandado por su situación y linderos en el hecho 1º”, postura que esa autoridad estimó contradictoria no solo con la respuesta ofrecida al hecho atrás mencionado, “sino con otros apartes de la contestación dada a la demanda y particularmente con la petición anulatoria que presentaron para que se les citara en este litigio por tratarse del mismo globo de terreno y ser poseedores del mismo, entonces para la Sala resulta preponderante la confesión que inicialmente hicieran al proponer la nulidad y al contestar los primeros hechos del escrito introductorio —artículo 197 del Código de Procedimiento Civil—” (se destaca).

5. De lo anterior se extraen las siguientes tres conclusiones:

5.1. Que el tribunal infirió la identidad del predio cuya restitución impetraron los actores como de su propiedad con el poseído por los intervinientes, de la confesión que estos hicieron de ser los poseedores de ese bien, confesión que esa corporación estructuró con base en los siguientes elementos de juicio:

— El poder que confirieron a su apoderado, en el que adujeron ser los “Poseedores materiales de más de treinta (30) años del inmueble objeto de reivindicación” (fl. 1, cdno. 4).

— El escrito presentado por el profesional del derecho que designaron para que los representara, dirigido a conseguir que fueran convocados al proceso y la invalidación del trámite cumplido, donde se señaló que “[m]is poderdantes hermanos Fonseca tienen interés en que por su despacho se decrete la nulidad invocada, en virtud de que son los únicos poseedores materiales desde hace más de treinta (30) años del lote de terreno que es materia de esta acción de dominio y por consiguiente, en defensa de sus derechos, tienen que comparecer a este proceso para probar esta posesión y para ello, como no están demandados, deben ser citados en la forma de que trata el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, lo que tampoco se hizo en el auto admisorio de la demanda” (fls. 7-10, cdno. 4).

La respuesta al hecho segundo del libelo introductorio, que reza: “No es cierto y por consiguiente lo rechazo para que se pruebe como corresponde. El lote que describe ‘bautizándolo’ con el nombre de ‘El Refugio’ lo vienen poseyendo materialmente en forma exclusiva y conforme a derecho desde hace más de veinticinco (25) años en forma continua hasta la fecha, mis representados Fonseca Rincón y con anterioridad lo poseyó el padre de ellos señor José Arcadio Fonseca Cárdenas”.

5.2. Que el ad quem sí apreció que en ese mismo escrito de contestación, el apoderado de los intervinientes negó que el lote de terreno objeto de la reivindicación suplicada formara parte del predio de mayor extensión especificado en el hecho primero.

5.3. Y, finalmente, que desestimó la manifestación en precedencia comentada, toda vez que consideró “preponderante” la confesión destaca en el punto 3.1. anterior.

6. Contrastados los razonamientos del tribunal que se dejan esquematizados, con los reproches que el recurrente formuló en el cargo auscultado, se encuentra que este, en puridad, no controvirtió la prueba de confesión con base en la que, como viene de analizarse, dicho sentenciador dio por probado el presupuesto axiológico de la identidad en materia de reivindicación, como quiera que no se ocupó de ella.

Sobre el particular, el impugnante únicamente denunció que el ad quem “no se percató” de que en la contestación de la demanda los intervinientes, no obstante que reconocieron que eran los poseedores del predio pedido en reivindicación, “puntualizaron —de manera clara— que dicho lote no hace parte del que adquirió —mediante prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio— Enrique Sampedro Borda”, cuestionamiento que, como se aprecia, dejó de lado la aludida confesión, en sí misma considerada, y la ponderación que para colegir su configuración esa corporación hizo del poder otorgado por los señores Fonseca Rincón al profesional que los representó y, particularmente, del escrito que este allegó, en el que reclamó que fueran convocados a la controversia y la nulidad del proceso, elementos de juicio sobre los que el casacionista guardó absoluto silencio.

7. Manteniéndose en pie los referidos argumentos contenidos en la sentencia cuestionada, corresponde colegir el fracaso de la acusación, toda vez que ellos son suficientes para sostenerla, en la medida en que si la inferencia del tribunal consistente en que el predio cuya restitución se solicitó, en relación con el que los intervinientes aceptaron ser sus poseedores, sí forma parte del lote de mayor extensión que, por una parte, el señor Enrique Sampedro Borda ganó por prescripción adquisitiva extraordinaria y, por otra, se adjudicó a los aquí demandantes en la sucesión de aquel, surge claro, adicionalmente, que en ningún yerro incurrió el ad quem, cuando con respaldo en los documentos que dan cuenta de esas actuaciones, la sentencia que declaró la usucapión y el trabajo de partición aprobado en la mencionada causa mortuoria, aseveró la demostración del dominio del inmueble en este asunto disputado en cabeza de sus promotores.

8. La precedente conclusión exonera a la Corte de analizar en el fondo los específicos yerros denunciados en el cargo examinado, pues como queda dicho, independientemente de que el tribunal hubiese incurrido en alguno o algunos de esos desatinos, su fallo no está llamado a casarse.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario reivindicatorio que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de sus proponentes, señores María de las Mercedes Fonseca de Forero, María Elena Fonseca de Lasso, Cecilia Fonseca de Oicatá, Carlos Fonseca Rincón, Ernesto Fonseca Rincón y José Eduardo Fonseca Rincón. Como agencias en derecho, se fija la suma de $ 6.000.000.00, porque la demanda de casación fue respondida por la parte demandante. Por la Secretaría de la Sala, elabórese la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».