Sentencia 1999-00365 de octubre 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 66012331000199900365 01 (27.297)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Joaquín Antonio Madrid Restrepo y otros

Demandado: Departamento de Risaralda - municipio de Pereira

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 5 de febrero de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.

Adicionalmente, comoquiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2004, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 1999, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $ 18.850.000, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la pretensión mayor fue por concepto de perjuicios morales por valor de 2.021 gramos oro para cada uno de los demandantes.

2. Prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó, a petición de la parte demandada, copia auténtica de la totalidad de las diligencias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación-Unidad de fiscalías delegadas-Fiscalía 40 local contra Elías Pinzón Melchor, por el delito de lesiones personales culposas, diligencias allegadas por dicha entidad mediante oficio de 16 de julio de 2001(43).

Teniendo en cuenta esto, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

Ahora bien, en el presente caso la Sala considera que ambas partes tienen pleno conocimiento de la prueba trasladada, toda vez que han obrado a lo largo del proceso, de manera que con relación a ella se garantiza el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(44).

Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el art. 185, CPC), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en los artículos 253 y 254, CPC), requisitos que se verifican en el caso de autos.

De esta manera, la Sala valorará las pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado ante la Fiscalía General de la Nación-Unidad de fiscalías delegadas-Fiscalía 40 local, conforme a los fundamentos señalados. No obstante, se deja constancia que los testimonios rendidos sin apremio de juramento no serán valorados por cuanto no reúnen este requisito legal, así como la diligencia de declaración juramentada rendida por Joaquín Antonio Madrid el 1º de julio de 1997(45), toda vez que él es parte en el presente proceso.

De la misma manera, la Sala no valorará la declaración de evento realizada el 29 de mayo de 1997 por el señor Abelardo Trujillo ante la compañía de seguros La Previsora S.A.(46), en tanto no fue rendida bajo la gravedad de juramento ni con audiencia de la contraparte.

3. Medios probatorios - Hechos probados.

3.1. Documentales.

— Certificado expedido por el Notario Único del Circulo de Palestina-Caldas, en el que consta que bajo el serial 24868133 del archivo de registros de nacimiento de esta notaría se halla inscrito Joaquín Antonio Madrid Restrepo (lesionado) nacido el 15 de enero de 1958, en el municipio Palestina-Caldas, hijo de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y de María del Carmen Restrepo Gómez(47).

— Certificado expedido por el Notario Único del Circulo de Palestina-Caldas, en el que consta que a folio 273 del archivo de registros de nacimiento de esta notaría, se halla inscrito Jorge Eliecer Madrid Restrepo (hermano) nacido el 22 de mayo de 1959, en el municipio Palestina-Caldas, hijo de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y de María del Carmen Restrepo Gómez(48).

— Certificado expedido por el Notario Único del Circulo de Palestina-Caldas, en el que consta que bajo el serial 873188 del archivo de registros de nacimiento de esta notaría se halla inscrita María Ruth Madrid Restrepo (hermana) nacido el 3 de agosto de 1960, en el municipio Palestina-Caldas, hija de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y de María del Carmen Restrepo Gómez(49).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 13 de marzo de 1962, en el municipio de Palestina-Caldas, nació Iván de Jesús Madrid Restrepo (hermano), hijo de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y María del Carmen Restrepo Gómez(50).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 10 de agosto de 1967, nació Francisco Emilio Madrid Restrepo (hermano), hijo de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y María del Carmen Restrepo Gómez(51).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 18 de junio de 1963, en el municipio de Palestina-Caldas, nació María Lucrecia Madrid Restrepo (hermana), hija de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y María del Carmen Restrepo Gómez(52).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 28 de marzo de 1970, en el municipio de Palestina-Caldas, nació Zoraida Madrid Restrepo (hermana) hija de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y María del Carmen Restrepo Gómez(53).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 15 de junio de 1975, en el municipio de Pereira-Risaralda, nació Gloria Patricia Madrid Restrepo (hermana), hija de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y María del Carmen Restrepo Gómez(54).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 3 de octubre de 1977, en el municipio de Pereira-Risaralda, nació Julián David Madrid Restrepo (hermano), hijo de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y María del Carmen Restrepo Gómez(55).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Joaquín Antonio Madrid Restrepo y Beatriz Elena Peláez en la que consta como fecha de celebración el día 7 de abril de 1979(56).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 31 de enero de 1991, en el municipio de Pereira-Risaralda, nació Miller Lady Madrid Pérez, hija de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y Luz Soleida Pérez González(57).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 20 de junio de 1992, en el municipio de Pereira-Risaralda, nació Cristian Eduardo Madrid Peláez, hijo de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y Beatriz Elena Peláez Bedoya(58).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento, en el que consta que el día 5 de marzo de 1993, en el municipio de Pereira-Risaralda, nació Catalina Madrid Pérez (hija), hija de Joaquín Antonio Madrid Agudelo y Luz Soleida Pérez González(59).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Joaquín Antonio Madrid Restrepo y María del Carmen Restrepo Gómez en la que consta como fecha de celebración el día 30 de julio de 1956(60).

— Copia auténtica del informe de accidente de tránsito 97017914 proferido por la dirección general de tránsito y transporte terrestre automotor en el que consta(61):

“3. Clase (...) choque X.

4. Lugar: Calle 40-41 carrera 7ª.

5. Fecha: 28-05-97.

Hora de la ocurrencia: 08:00.

Hora del levantamiento: 08:25.

6. Características del lugar:

6.1. Área.

Urbana X

Rural.

6.2. Sector.

Residencial.

Industrial.

Comercial X.

6.3. Zona: (...). Escolar X.

(...).

6.4. Diseño: (...). Tramo de vía X.

(...).

6.5. Tiempo (...). Lluvia X.

7. Característica.

7.1. Geométricas (...) A. Recta X. B. Plano X. C. (...). Con aceras X.

7.2. Utilización (...). Un sentido X.

7.3. Calzadas (...). Una X.

7.4. Carriles (...). Tres X.

(...).

9. Conductores, vehículos, propietarios.

9.1. Conductor: Elías Pinzón Melchor. Documento de identificación: 1013082. Edad: 29.

Vehículo: Buseta. Placas: OVD-919. Empresa: Fomento al turismo. Marca: Chevrolet. Modelo: 89. Seguro obligatorio: Sí. Póliza de seguro No. 926739112. Compañía aseguradora: La Previsora S.A. Vencimiento: 04-98. Propietario: Municipio de Pereira.

9.2. Conductor: Abelardo Trujillo. Documento de identificación: 1360846. Edad: 47.

Vehículo: Volqueta. Placas: PVD-493. Empresa: Obras públicas. Marca: Chevrolet. Modelo: 82. Seguro obligatorio: Sí. Póliza de seguro No. 926737605. Compañía aseguradora: La Previsora S.A. Vencimiento: 03-98. Propietario: Departamento de Risaralda.

9.3. Conductor: Joaquín Antonio Madrid. Documento de identificación: 10084376. Edad: 39. Porta licencia: No.

Vehículo: Moto. Placas: SEI-27. Marca: Yamaha (...).

9.4. Vehículos 3.

Tipo.

(...).

Moto, motocarro X.

Maquinaria X.

(...).

12. Causas probables.

Vehículo 1 y vehículo 2. 600 no identificados.

Versión conductor 1. Yo venía bajando por el carril del medio, el de la moto se salió hacia la izquierda, para adelantar la volqueta, fue cuando le pego a la buseta al lado de la puerta derecha.

Versión conductor 2. Yo venía por el carril derecho cuando vi fue que el de la motocicleta se metió debajo de la volqueta y colisiono en la parte de atrás, la moto antes había colisionado con la buseta.

Vehículo 3. 600 no identificados.

Versión conductor 3. La buseta para en la mitad de la vía, lo pasó, le dijo esa vaina, recoge la muchacha (ilegible) y me manda al suelo hacía la volqueta”.

— Copia auténtica de la planilla del accidente 17914 proferida por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira el 29 de mayo de 1997(62):

“Con toda atención remito planilla de accidente # 17914, atendido por el guarda 125 Conrado Hernández en la carrera 7 entre calles 40 y 41 a las 08:00 horas el día 28 de mayo de 1997.

Datos del vehículo

 Vehículo 1Vehículo 2Vehículo 3
ClaseCVK
Modelo8982 
MarcaChevroletChevroletYamaha
PlacasOVD-919OVD-493SEI-27
ConductorElías Pinzón MelchorAbelardo TrujilloJoaquín A. Madrid
   Hospital San Jorge”.

 

— Copia auténtica de la providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación-Unidad de fiscalías delegadas-Fiscalía Cuarenta Local el 2 de marzo de 1998 en la que se resolvió precluir la instrucción del proceso penal adelantado contra Elías Pinzón Melchor por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito, por cuanto consideró(63):

“(...) En efecto mientras Joaquín Antonio Madrid Restrepo sostiene que los resultados del accidente obedecieron a una determinación prácticamente intencional del acusado, quien se incomodó cuando le lanzó la expresión: “esa baina (sic) hombre”, queriendo significar que era incorrecto recoger pasajeros en mitad de la vía y por eso más adelante le tiró el carro encima; el sindicado, por su parte, niega el cargo y aduce que no escuchó que Joaquín Emilio le hubiera dicho algo y que el accidente se presentó sorpresivamente para él ya que cuando conducía la buseta “sentí un golpe en la parte de atrás”, añade que “la moto venía por el carril derecho y le pegó a la buseta por el lado derecho, pero salió hacia la izquierda y le pegó a una volqueta que estaba estacionada, por el lado de atrás”.

Como se dijo anteriormente, el ofendido consideró que el acusado lo atropelló con la buseta como retaliación por haberle criticado su actitud de recoger una pasajera en mitad de la vía; sin embargo, explica que cuando se desplazaba por la carrera 7ª, observó una volqueta del departamento estacionada en la vía y para sobrepasarla “me abrí un poco” y fue precisamente en este instante cuando vio “que la buseta pasó golpeándome mi codo con el paral de la puerta”, de modo tal que todo indica que fue un acto imprudente el que protagonizó Joaquín Antonio, pues según él, solamente miró por el espejo retrovisor cuando ya había ejecutado la maniobra de desplazamiento desde el carril derecho hacía el izquierdo, precisamente cuando esa vía estaba ocupada por el bus piloteado por el inculpado. Ello es así, porque de lo contrario la colisión de ambos vehículos no se hubiera presentado por la parte lateral del carro.

(...).

Para que el hecho punible sea culposo tiene que demostrarse la imprevisibilidad de los resultados, de tal manera que si Elías Pinzón Melchor conducía su vehículo por todo el centro de la vía desde el mismo momento en que fue avisado por el denunciante hasta cuando se produjo el impacto, ¿cómo podría sostenerse que hubo imprevisión de su parte cuando la moto de Joaquín Antonio se introdujo al mismo carril por la parte lateral derecha? ¿Acaso este resultado no se presentó precisamente cuando se llevó a cabo el desplazamiento por determinación voluntaria del denunciante?

Está demostrado con el anterior análisis un comportamiento imprudente por parte de Joaquín Antonio Madrid Restrepo y por lo tanto se debe amparar a Pinzón Melchor con una resolución de preclusión de la investigación, por cuanto quedó acreditada una causal excluyente de culpabilidad al tenor de lo dispuesto por el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal”.

— Oficio proferido el 16 de julio de 2001por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, en el que consta(64):

“(...) Revisado el kardex del vehículo de placas OVD-493, se constató:

Vehículo:VolquetaMarca:Chevrolet
Modelo:1982Tipo:Volco
Capacidad:7 toneladasColor:Rojo llama
Servicio:OficialMotor:M200102LH3
Chasis:CM200102.  

Maniaduana: 23341-Bogotá 24-06-82.

Propietario actual: Departamento de Risaralda.

Pendientes: Ninguno.

Limitación a la propiedad: Prenda a favor de Risaralda Motor Ltda.

Historial: Feb.-83 matrícula inicial a nombre de departamento de Risaralda NIT 91480085 dir. cl. 19 cra. 13 esquina”.

— Certificado proferido el 18 de julio de 2001 por la Alcaldía de Pereira-Secretaría general, en el que consta(65):

“(...) En atención a su oficio de la referencia me permito informarle que el señor Elías Pinzón Melchor se encuentra vinculado a la administración municipal desde el día 9 de mayo de 1995 en calidad de conductor dependiente de la secretaría general, le hago remisión del Decreto 282 de mayo 3 de 1995 por medio del cual fue nombrado y del acta de posesión 239 de la misma fecha debidamente autenticados según solicitud obrante en su requerimiento.

De igual manera le informo que la buseta Chevrolet, modelo 1989, de placas OVD-919 estaba asignada para el 28 de mayo de 1997, a fomento al turismo de la Alcaldía de Pereira y era conducida por el señor Elías Pinzón Melchor”.

— Copia auténtica del acta de posesión 239 proferida el 3 de mayo de 1995 por el secretario de fomento al turismo de la Alcaldía de Pereira, por medio de la cual se nombra a Elías Pinzón Melchor en el cargo de conductor 6151-09-C dependiente de fomento al turismo en nombramiento provisional(66).

— Copia auténtica del Decreto 282 de 3 de mayo de 1995 proferido por el Alcalde de Pereira y en el que se nombra de manera provisional hasta por cuatro meses al señor Elías Pinzón, en el cargo de conductor, código 6151-09-C dependiente del departamento de fomento al turismo(67).

— Oficio proferido por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira el 16 de julio de 2001, en el que consta(68):

“(...) Revisado el kardex del vehículo de placas OVD-919, se constató:

Vehículo:BusetaMarca:Chevrolet
Modelo:1989Tipo:Cerrado
Capacidad:30 pasajerosColor:Blanco de sevres
Servicio:OficialMotor:L904520LT9
Chasis:CL904520  

Maniaduana: 038806 agosto 11-89.

Propietario actual: Municipio de Pereira.

Pendientes: Enero 13-98 pendiente ord., Fiscalía 24 Pereira, oficio 46 enero 8-98, radicado 20.786.

Limitación a la propiedad: General Motors.

Historial: Abril 4 de 1990, matrícula inicial a nombre del municipio de Pereira NIT 91480.030, dir. Palacio Municipal (...)”.

— Certificado expedido el 1º de agosto de 2001 por el director de recursos humanos del departamento de Risaralda, en el que consta(69):

“(...) Que el señor Abelardo Trujillo, identificado con la cédula 1.360.846 de Arabia, Pereira, laboró al servicio del departamento entre el 23 de mayo de 1980 (4:00 p.m.) al 17 de diciembre de 2000, al momento de su retiro tenía asignado el cargo de conductor, gerencia de infraestructura, despacho del gobernador.

Que para el 28 de mayo de 1997 desempeñaba las funciones de conductor, distrito I, Secretaría de Obras Públicas.

En cuanto a las funciones, le infirmó que en la dirección de recursos humanos reposa el Decreto 516 del 5 de junio de 1995, mediante el cual se crean unos cargos en la Secretaría de Obras Públicas con sus respectivas funciones, el cual no incluye las funciones para el cargo de conductor, más sin embargo la gerencia de infraestructura nos ha facilitado un documento que tiene relacionadas entre otras las funciones del cargo en mención, las cuales me permito relacionarle:

1. Mantener en buen estado el vehículo asignado.

2. Hacer las revisiones necesarias al vehículo al iniciar la jornada de trabajo.

3. Realizar ajustes menores al vehículo con el fin de que no se prolonguen y ocasionen daños mayores.

4. Informar al jefe de talleres sobre cualquier anomalía que se detecte al vehículo.

5. Transportar materiales y elementos varios de acuerdo a la programación recibida.

6. Las demás que por naturaleza le sean asignadas por el superior inmediato”.

— Copia auténtica del oficio 4519 de 30 de mayo de 1997 proferido por el jefe de transportes del departamento de Risaralda, en el que le informa a la compañía de seguros La Previsora S.A., la colisión de la volqueta Chevrolet OVD-493, conducida por el señor Abelardo Trujillo, conductor al servicio del departamento en hechos ocurridos el día 28 de mayo de 1997(70).

— Copia auténtica del seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito, SOAT, 26737605, expedido el 31 de marzo de 1997 por la compañía de seguros La Previsora S.A. y con una vigencia que va desde el 1º de abril de 1997 hasta el 31 de marzo de 1998, sobre la volqueta Chevrolet, modelo 1982, de placas OVD-493 y de propiedad del departamento de Risaralda(71).

— Copia auténtica de la licencia de conducción 1836696 correspondiente a Abelardo Trujillo y la cual venció el 10 de marzo de 1999(72).

— Copia auténtica de la tarjeta de propiedad expedida por el Ministerio de Obras Públicas-Instituto Nacional del Transporte el 6 de julio de 1983 de la volqueta, marca Chevrolet, modelo 1982, tipo “volco”, color rojo llama, con capacidad de 7 toneladas y de propiedad del departamento de Risaralda(73).

— Dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 10 de abril de 2002 sobre las secuelas físicas del señor Joaquín Antonio Madrid como consecuencia de la pérdida del bazo(74):

“(...) 1. Información útil: De la historia clínica se revisa 424475 Joaquín Antonio Madris (sic) Restrepo, 34 (sic) años de edad, C.C. 10084376 expedida en Pereira quien consultó 28-05-97, 7:45 horas quien se movilizaba en moto en la carrera 7ª calle 41 cuando fue cerrado en vía por automóvil y posterior trauma a nivel de antebrazo izquierdo y hemotórax izquierdo, signos vitales estables. Diagnóstico: 1. Trauma de codo izquierdo. 2. Trauma costal izquierdo. 3. Trauma cerrado de tórax. Paciente refiere dolor abdominal, presenta palidez y diaforesis. Valorado por cirugía general. Se le realizó ecoabdominal que reporta: 1. Abundante líquido en cavidad hemoperitoneo. 2. Compatible con trauma esplénico. Es llevado a cirugía de urgencia 28-05-02 (sic), 11:15 horas. Diagnóstico preoperatorio: 1. Trauma cerrado de abdomen. 2. Shock hipovolémico. 3. Ruptura esplénica. Se le practicó laparotomía exploratoria encontrando hemoperitoneo +- 2000 cc y estallido de bazo por lo cual se realizó esplenectomía. Valorado por ortopedista que encontró fractura de la cúpula del radio izquierdo por lo cual se le colocó férula de yeso. El reporte de hispatalogía 11-06-97 informa producto esplenectomía a cambios por trauma, hemorragia reciente, edema y congestión. Evolución satisfactoria, sin complicaciones. Salida 03-06-97.

2. Evolución médica: Anamnesis: se trata de un hombre adulto de 94 (sic) años de edad (sic), casado, agente jubilado de la Policía Nacional residente en el Barrio San Nicolás calle 31 Nº 15B-47 Pereira, quien refiere que conducía una motocicleta Yamaha DT-IVO por la carrera 7ª entre calle 39 y 40 en el mes de mayo 1997, no recuerda la fecha exacta, cuando fue cerrada por una buseta de fomento al turismo, golpeado en el codo izquierdo con la puerta de la buseta y que luego se enredó el manubrio de la moto con la buseta tirándolo aproximadamente 5,5 mt, lanzándolo debajo de una volqueta que se encontraba estacionada en la vía, acudió al HUSJ de Pereira donde dice le hicieron una ecografía abdominal, lo operaron y le sacaron el bazo, ahora refiere cansancio fácil y dolor ocasional a la cicatriz quirúrgica.

3. Antecedentes personales: Patológicos: Hipertensión arterial, tratada; Enalopril 20mgX2, dislipidemia, tratada con Genfribrozil 10,600 mgX2. Tóxicos: no refiere: alérgicos: no refiere.

4. Antecedentes familiares: no refiere.

5. Revisión por sistemas: Refiere cefalea, mareos y dolor de garganta. No dolor torácico. Deposiciones y diuresis normal. No edema de miembros inferiores.

6. Examen físico: Signos vitales estables, ambulatorio a febril, hidratado. Normecéfalo. Ojos: disminución de la agudeza visual, fondo de ojo sin edema ni hemorragias. Oídos, nariz y garganta: conjuntiva de la erizándolo faringe. Tórax: murmullo vesicular normal, sin lesiones, ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Abdomen: simétrico, ligeramente globuloso, cicatriz quirúrgica hipo crómica queloide xifopúbica de 45 cm de longitud sobre la línea medio abdominal, ostensible. No se palpan masas ni veisceromegalias. Dorso: normal sin lesiones. Genitales externos: masculinos de aspecto normal. Extremidades: simétricos, sin deformidades, fracturas, ni lesiones.

7. Discusión del caso: Se trata de un hombre adulto motociclista que sufrió accidente de tránsito recibiendo golpe en codo, tórax y abdomen, acude al HUS de Pereira donde le realizan una ecografía abdominal detectando hemoperitoneo y estallido esplénico por lo cual es llevado a cirugía donde le practican laparotomía (extirpación del bazo) además presentó fractura de la cúpula del radio izquierdo, manejado con férula de yeso, ahora a la evaluación médica se evidencia la cicatriz quirúrgica de laparotomía en el abdomen ostensible, el resto del examen clínico es normal. El bazo es un órgano inforeticular de importancia en el sistema inmunitario y se le atribuyen numerosas funciones principalmente fugocitosis (sic) y producción de anticuerpos, la esplenectomía puede resultar en cuadros de sepsis fulminante, tanto a los niños como a los adultos (...).

8. Conclusiones:

8.1. Elemento vulnerante: contundente.

8.2. Incapacidad médico-legal definitiva de 45 días.

8.3. Secuelas: 1. Deformidad física de carácter permanente por lo ostensible de la cicatriz quirúrgica en el abdomen. 2. Perturbación funcional del órgano de la inmunidad de carácter permanente por la extracción quirúrgica del bazo”.

— Copia auténtica de la orden de comparendo nacional 7417 proferida el 28 de mayo de 1997 por el Ministerio de Tránsito y Transporte-Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira-Colombia, contra Joaquín Antonio Madrid Restrepo por los hechos ocurridos ese mismo día(75).

— Copia auténtica de la orden de comparendo nacional 7416 proferida el 28 de mayo de 1997 por el Ministerio de Tránsito y Transporte-Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira-Colombia, contra Abelardo Trujillo, conductor de la volqueta de propiedad del departamento de Risaralda, por los hechos ocurridos ese mismo día(76).

— Copia auténtica de la orden de comparendo nacional 7415 proferida el 28 de mayo de 1997 por el Ministerio de Tránsito y Transporte-Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira-Colombia, contra Elías Pinzón Melchor, conductor de la buseta de propiedad del municipio de Pereira, por los hechos ocurridos ese mismo día(77).

— Copia auténtica del seguro de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito, SOAT, 26739112, expedido el 3 de abril de 1997 por la compañía de seguros La Previsora S.A. y con una vigencia que va desde el 4 de abril de 1997 hasta el 3 de abril de 1998, sobre la buseta de servicio oficial, Chevrolet, modelo 1989, de placas OVD-919 y de propiedad del municipio de Pereira(78).

— Copia auténtica de la licencia de conducción 1840962 correspondiente a Elías Pinzón Melchor(79).

— Copia auténtica de la tarjeta de propiedad expedida por el Ministerio de Obras Públicas-Instituto Nacional del Transporte de la buseta, marca Chevrolet, modelo 1989, color blanco de sevres, con capacidad de 25 personas y de propiedad del municipio de Pereira(80).

— Copia auténtica del certificado expedido por Incolmotos S.A. y en el que consta(81):

“(...) Hacemos constar que el señor Joaquín Antonio Madrid Restrepo, identificado con la cédula de ciudadanía 10.084.376, adquirió una motocicleta en nuestro almacén, con las siguientes características:

Marca: Yamaha.

Modelo: 1988.

Color: negro.

Motor y chasis: 23 A-12316K.

Tipo: DT100K.

Placa: SEI-27”.

— Copia auténtica de la denuncia interpuesta por la señora Beatriz Elena Peláez el 30 de mayo de 1997 ante el municipio de Pereira-Secretaría de Gobierno, por el extravío de los siguientes documentos: Tarjeta de propiedad de la moto, seguro obligatorio de la moto Yamaha, placas SEI-27(82).

— Copia auténtica de la licencia de transito 377872 de la motocicleta Yamaha, placas SEI-27, color negro y propiedad de Joaquín Antonio Madrid Restrepo; dicha licencia fue proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte-Instituto Nacional de Transporte - Motocicletas y maquinaria agrícola e industrial el 20 de enero de 1989(83).

— Copia auténtica de la denuncia presentada por la señora Beatriz Elena Peláez el 4 de junio de 1997 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pereira(84):

“(...) Preguntado: Cuáles son los hechos que va a denunciar. Contestó: El miércoles 28 de mayo de 1997, me llamaron en hora de la mañana, entre ocho y ocho y media y me avisaron que mi esposo había tenido un accidente y que estaba en urgencias, el accidente fue entre 40 y 41 con 7ª, con una buseta de metropolitana de turismo, mi esposo viajaba en una motocicleta. Mi esposo tiene dos costillas fracturadas, el codo izquierdo fracturado, el brazo enyesado, le tuvieron que extirpar el bazo, actualmente está en la casa le dieron salida ayer en la tarde, está en muy malas condiciones. Él iba solo en la moto (...). Preguntado: Hacia dónde se dirigía su esposo. Contestó: Él iba a entrenar porque es el director técnico del equipo de la policía. Preguntado: Está su esposo en condiciones de desplazarse hasta las instalaciones de medicina legal. Contestó: Él está en muy delicado estado de salud, el desplazamiento de él es muy poco, pues permanece con mucho dolor por las fracturas y por la cirugía (...)”.

— Copia auténtica del certificado proferido el 5 de mayo de 1997 por el médico jefe del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional Seccional Risaralda, en el que consta(85):

“(...) Que el señor AG. Madrid Restrepo Joaquín Antonio identificado con la cédula de ciudadanía 10.084.376 expedida en la ciudad de Pereira. Se encuentra en regular estado de salud y tiene en el momento una incapacidad total para permanecer en su residencia particular.

Que por tal motivo el mencionado paciente por su estado de salud no puede asistir a la fiscalía”.

— Copia auténtica del oficio presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Occidente el 20 de junio de 1997(86):

“Joaquín Antonio Madrid Restrepo.

Edad: 39 años.

(...).

Primer reconocimiento.

(...).

1. Anamnesis: Viene a primer reconocimiento por lesiones sufridas hace 22 días en accidente de tránsito, fue atendido en Hospital Universitario San Jorge, aporta tarjeta de salida del Hospital Universitario San Jorge en la cual se registra los diagnósticos de trauma abdominal severo, es llevado a cirugía en la cual se practica laparotomía. No se registra en la misma, fractura por el reconocido.

2. Examen físico: al momento del reconocimiento se encuentra:

2.1. Herida quirúrgica tipo laparotomía, cubierta con micropore.

2.2. Miembro superior izquierdo suturado.

2.3. Dolor a la palpación de reja costal izquierda anterior.

3. Elemento vulnerante: contundente.

4. Incapacidad médico-legal provisional: 45 días.

5. Secuelas: Perturbación funcional del órgano hematopoyético de carácter permanente.

6. Requiere segundo reconocimiento para fijar incapacidad médico-legal definitivo y otras posibles secuelas, siendo necesario aportar historia clínica que incluya atención inicial y controles médicos realizados hasta el día del segundo reconocimiento”.

— Copia auténtica del oficio presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Occidente el 29 de julio de 1997, por medio del cual se realizó segundo reconocimiento de incapacidad del señor Joaquín Antonio Madrid Restrepo(87):

“(...) 1. Anamnesis: Viene a segundo reconocimiento por lesiones sufridas hace dos meses, se revisó primer reconocimiento y copia de la historia clínica que registra el diagnóstico de trauma cerrado de abdomen, fractura de radio izquierdo es llevado a cirugía en la cual se practica laparotomía y esplenectomía.

2. Examen físico: Al momento del reconocimiento se encuentra:

2.1. Movimientos y forma de antebrazo izquierdo normal.

2.2. Cicatriz tipo queloide longitudinal tipo laparotomía ostensible.

3. Incapacidad médico-legal definitiva: cuarenta y cinco (45).

4. Secuelas: Deformidad física de carácter permanente.

Perturbación funcional del órgano hematopoyético de carácter permanente (...)”.

— Copia auténtica de la providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación-Unidad de fiscalías delegadas-Fiscalía Cuarenta Local el 22 de diciembre de 1997 en la que se definió la situación jurídica de Elías Pinzón Melchor y resolvió abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra del señor Melchor, por cuanto consideró(88):

“(...) Al observar y analizar las versiones suministradas a este proceso por el denunciante y el sindicado, encuentra la fiscalía que no está reunida la prueba necesaria exigida por el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal para proferir medida de aseguramiento en contra de Elías Pinzón Melchor por el hecho punible que se le atribuye en la denuncia.

(...).

Hay que considerar que de conformidad con la versión del denunciante, este fue obstaculizado en su recorrido por una volqueta que se encontraba estacionada sobre la vía que él venía ocupando y para poder rebasarla “me abrí un poco”, y fue precisamente en este instante cuando vio “que la buseta pasó golpeando mi codo con el paral de la puerta”, de modo tal que todo parece indicar que fue un acto imprudente el protagonizado por Joaquín Antonio, pues según él, solamente miró por el espejo retrovisor cuando ya había ejecutado la maniobra de desplazamiento desde el carril derecho hacia el izquierdo precisamente cuando esa vía estaba ocupada por el bus piloteado por el imputado. Ello es así, porque de lo contrario la colisión de ambos vehículos no se hubiera presentado por la parte lateral del carro.

Si hubiese existido alguna insana pretensión del indagado en contra del ofendido, el atropellamiento hubiese sido de otra naturaleza y no precisamente cuando este ejecutó la maniobra de desplazamiento para rebasar el obstáculo que tenía en su recorrido, sino cuando guiaba normalmente y el golpe no se hubiese causado en las condiciones que se presentaron y que ambos coinciden en relatar, por la parte lateral del bus y con el manubrio de la moto (...)”.

— Historia clínica 424475 correspondiente al señor Joaquín Antonio Madrid Restrepo(89):

Epicresis
A. Identificación: Madrid Restrepo Joaquín
Edad: 39 años. Iniciación de la atención: 28-05-97. Finalización de la atención: 03-06-97.
B. Diagnostico procedimiento y tratamiento
Diagnóstico definitivo: Trauma cerrado de abdomen, fractura radio izquierdo.
Procedimiento quirúrgicos u obstétricos: Laparotomía + Esplenectomía.
Tratamientos: Neumotorax, dipirona, acetaminofén, FMS, (ilegible).
C. Ordenamiento.
Paciente que se movilizaba en moto cuando fue golpeado por automóvil, sufriendo caída con traumatismo de codo izquierdo y abdomen. Llega a urgencias hemodinámicamente estable, se ingresa. Paciente se lleva quirófano hueco de eco abdominal que reporta ruptura esplémica. Ortopedia coloca yeso en brazo izquierdo, por fractura de cúpula radial izquierdo. Durante el posquirúrgico, evoluciona satisfactoriamente (ilegible). Se inicia rango antibiótico con MT3 por cuadro compatible con bronquitis aguda, luego de observación se da salida.
Atención de urgencias.
(...).
Anamnesis, examen físico y evolución.
MC: “Accidente de tránsito”.
EA: Paciente que se movilizaba en moto, cuando fue cerrado en la vía por automóvil, procediendo a caída y posterior trauma a nivel de antebrazo izquierdo y región de hemitórax izquierdo. No pérdida de conciencia (Ilegible) y refiere mucho dolor a nivel del codo.
(...).
Informe quirúrgico
(...).
B. Diagnostico
Preoperatorio: Trauma cerrado de abdomen, shock hipovolémico, ruptura esplénica
Posoperatorio: Estallido esplénico por trauma cerrado de abdomen.
C. Intervención practicada y tipo de anestesia
Fecha: 28-05-97. Hora que comenzó: 11:15. Hora que terminó: 12:00.
Intervención practicada: Laparotomía y esplenectomía.
Tipo de anestesia: General.
D. Descripción de hallazgos operatorios, procedimientos y complicaciones.
Hallazgos: hemoperitoneo +- 2000 cc estallido de bazo.
Incisión mediana segura (ilegible) disección cortante a cavidad.
Evacuación de hemoperitoneo.
Explosión de bazo con (ilegible)
(...).

Evolución

28-05-97
Ingresa paciente al servicio de urgencias, trauma llega por sus propios medios, sudoroso, pálido reitera dolor intenso en tórax y MSI. Sufrió accidente de tránsito, no perdió el conocimiento fue valorado por el médico de turno quien ordena hospitalizar se le canaliza vena con dextrosa al 5% (ilegible).

29-05-97
Paciente de 39 años que ayer sufre accidente de tránsito en moto a las 7 de la mañana presentando trauma en codo-antebrazo izquierdo y hemotórax izquierdo.
Rx: Fractura de cúpula radio izquierdo.
Dx: Fractura cúpula radio izquierdo.
Se coloca vendaje de yeso, según orden de especialista.

30-05-97
2º día de hospitalización
IDX: Trauma cerrado de abdomen, estallido esplénico.
FX: de cúpula de radio izquierdo.
2º día pos Qx: laparotomía-esplenectomía.
Paciente que se encuentra en buenas condiciones generales.
PA: 110/70; 80/ min; T: 38º C.
Con dolor a la palpación abdominal, no signos de irritación peritoneal.
C/P: RsCsRs no sobrecargados.
MV limpio en AsCsPs.
Plan continuar igual manejo.

31-05-97
3er día de hospitalización.
IDX:
1. Trauma cerrado abdominal.
2. Estallido esplénico.
3. FX cúpula radio izquierdo.
3er día posquirúrgico: laparotomía-esplenectomía paciente en buenas condiciones generales refiere dolor, tos húmeda no productiva.
(...).
Abd.: leve dolor palpación.

1-06-97
4º día de hospitalización.
IDX:
1. Trauma cerrado de abdomen.
2. Esplenectomía.
4º día posquirúrgico, paciente refiere sudoración nocturna, fiebre no cuantificada, tos de menor cantidad pero con producción de esputo verde.
(...).
Abd.: leve dolor perilesional (moderado) (ilegible).

2-06-97
Consiente, orientado, tranquilo, comunicativo, (ilegible), yeso en MSI, HX Qx abdominal cubierto con micropore.
DX: Estallido Ex (ilegible) - X fractura cerrada de abdomen.

3-06-97
6º día de hospitalización
IDX: Trauma cerrado abdominal + esplenectomía.
S: Dolor abdominal, tos seca.
O: Hidratado, alerta, colaborador, FC: 80x´, FR: 16X´; PA: 120/70, a febril al tacto.
A: Evolución satisfactoria.
P: V.O.M probable alta.
¡Salida!”.

4.2. Testimoniales.

— Testimonio de Cornelio de Jesús Moreno, rendido el día 16 de agosto de 2001, quien manifestó conocer a Joaquín Antonio Madrid Restrepo desde hace 12 años ya que son cuñados y con relación a los hechos sostuvo(90):

“(...) Preguntado: Dígale al despacho si sabe cuál es el objeto de la presente diligencia y en caso afirmativo, hacer un recuento de lo que le conste en dichos hechos. Contestó: A causa del accidente de Joaquín Antonio Madrid, él sufrió un accidente, una buseta lo atropelló cuando iba en la moto, después del accidente quedó traumatizado porque vive renegando, que sufre mucho por esa herida, anteriormente practicaba deportes pero a causa del accidente ya no puede, lo más grave es que la familia es la que está sufriendo con eso porque él llega renegando y es muy duro para la familia en especial, ellos tienen un niño pequeño y él es que recibe todos los malos tratos de él. Nos hemos retirado de la familia porque uno llega y lo reciben con malas palabras y malos tratos, después del accidente él quedó como si uno fuera culpable de eso. Preguntado: Diga si sabe cómo son las relaciones de Joaquín Antonio con su esposa, su madre, sus hijos, su compañera permanente y sus hermanos. Contestó: Con respecto a la esposa anteriormente la trataba muy bien, ahora la trata mal, igualmente al niño. Preguntado: Diga su esposa y su hijo le han hecho comentarios sobre la afectación que hayan podido recibir a causa del accidente. Contestó: Cuando estuvo en la casa recién salido del hospital la esposa lo cuidaba y era muy duro para ella (...). Preguntado: Sírvase indicar el nombre del niño pequeño de Joaquín, al que usted se ha referido en esta declaración igualmente el de la esposa. Contestó: El niño se llama Cristian y la esposa Beatriz Elena Peláez. Preguntado: De acuerdo con una de sus respuestas anteriores indíquele al despacho hace cuánto usted no visita este hogar. Contestó: Hace aproximadamente 6 meses. Preguntado: Igualmente manifestó usted que antes del accidente Joaquín practicaba deportes, sírvase manifestar cuáles eran y con qué frecuencia los practicaba si le consta. Contestó: Practicaba futbol y ciclo montañismo todos los fines de semana este último. Preguntado: En qué laboraba Joaquín antes del accidente y a qué se dedica en la actualidad. Contestó: Anteriormente era agente de la policía y ahora es pensionado de la policía (...). Preguntado: Sírvase informar al momento de ocurrir el accidente con quién vivía el señor Madrid. Contestó: Yo solo le conozco a Beatriz Elena. Preguntado: Qué familiares atendieron o cuidaron al señor Madrid durante el accidente. Contestó: Lo atendió Beatriz Elena y doña Carmen su madre (...). Preguntado: Sabe usted que el señor Madrid antes de este accidente tuvo otros accidentes en la moto. Contestó: No (...)”.

— Testimonio de Abelardo Trujillo, rendido el día 30 de octubre de 2001, quien manifestó no tener vínculo alguno con el señor Joaquín Antonio Madrid y su familia y con relación a los hechos sostuvo(91):

“(...) Preguntado: Sírvase informar al despacho si sabe cuál es el objeto de la presente diligencia y en caso afirmativo, hacer un breve recuento de lo que le consta en dichos hechos. Contestó: Cuando yo salía del taller a trabajar hacia la vía, en una volqueta C70 con número interno 107, en el sector de la 7ª con 40 y 41, el día era inviernoso (sic) como había material en la vía, solo estaba habilitada una sola vía, los carros bajaban despacio yo venía bajando por el lado derecho, entre el intermedio del puesto de salud y los talleres del departamento, una moto le pegó a la volqueta, ocasionándole un daño en un stop, sintiendo yo el impacto me bajé de la volqueta y había un muchacho detrás de la volqueta en una moto, se recogió y se envió al hospital en un taxi, delante de mí, paró una buseta del municipio con un golpe que había recibido de la moto al lado derecho y eso sucedió a 5 metros de la volqueta, entonces el muchacho se fue al suelo, se fue rastrillado y le pegó a la volqueta. Preguntado: Sírvase informar al despacho si lo recuerda cuáles eran sus vínculos labores el día 28 de mayo de 1997. Contestó: En el departamento (...). Preguntado: A su entender cuál fue la causa del accidente. Contestó: Lo desconozco. Preguntado: Sírvase indicar al despacho, conforme al croquis elaborado por los agentes de tránsito que se le pone de presente, cuál era la posición de la volqueta, de la buseta y de la moto. Contestó: La moto golpea a la buseta, se va rastrillado y golpea a la volqueta, la moto queda detrás de la volqueta. La moto debió salirse del carril cuando golpea la buseta. Preguntado: En todo el tramo de la 7ª entre 40 y 41 estuvo usted siempre en su carril. Contestó: Sí venía por el carril del lado derecho. Preguntado: Antes del accidente usted observó la moto. Contestó: No porque estaba mirando los carros que estaban delante de nosotros. Preguntado: Al momento de recoger al accidentado, observó qué medidas de protección llevaba el motociclista. Contestó: No llevaba caso y encima de ella moto (sic) en la parte delantera llevaba implementos de deportes sobre la dirección (...). Preguntado: Diga al despacho si al momento de impactar la motocicleta a su vehículo este, es decir la volqueta se encontraba detenida o en marcha. Contestó: Iba en marcha pero lento, porque había un solo carril. Preguntado: Infórmele al despacho, concretamente en qué sitio o en qué parte la volqueta recibió el impacto de la moto. Contestó: En la esquina de la parte izquierda trasera (...). Preguntado: A folio 40 del proceso penal, al folio 80 vuelto del proceso penal, en el primer folio declara Joaquín Antonio Madrid Malo (sic) el accidente y dice: “(...) Más adelante había una volqueta del departamento estacionada en la vía (...)”, a folio 80 declara el conductor de la buseta del municipio y a folio vuelto dice “pero salió hacia la izquierda y le pegó a una volqueta que estaba estacionada (...)”, explíquenos el porqué de su contradicción, cuando en varias oportunidades en esta diligencia usted dice que la volqueta estaba en movimiento. Contestó: Estaba en movimiento porque ya iba a acabar, el carro iba en marcha y no había testigos porque estaba lloviendo. Preguntado: Dijo usted en una respuesta anterior que la buseta paró delante de usted, al lado derecho, y al folio 92 vuelto en su declaración ante la fiscalía delegada dijo: “la moto y la buseta colisionaron por hay(sic) 5 metros atrás de la volqueta, porque cuando yo me bajé vi un rastrillo de 5 metros”, explique. Contestó: La moto impactó la buseta y la buseta vino a parar adelantico. Preguntado: En una de sus respuestas anteriores dijo usted, que no había visualizado al motociclista y a folio 92 del proceso penal dice lo siguiente “(...) cuando miré por el retrovisor que una moto se le metió por detrás a la volqueta”. Contestó: Yo sentí el impacto de la volqueta y ahí fue cuando vi al motociclista. Preguntado: Díganos cuál era el estado de las luces traseras de la volqueta y si tenía señalizadores colocados al momento del accidente. Contestó: La volqueta estaba recién salida de mantenimiento de luces en el momento no tenía la señal porque iba en marcha (...)”.

— Testimonio de Dalila Aguirre Bernal, rendido el día 30 de octubre de 2001, quien manifestó conocer a Joaquín Antonio Madrid y a su familia desde hace 20 años porque vivían en el mismo barrio y con relación a los hechos sostuvo(92):

“(...) Preguntado: Sírvase informar al despacho si sabe cuál es el objeto de la presente diligencia y en caso afirmativo, hacer un breve recuento de lo que consta en dichos hechos. Contestó: Estamos aquí por un accidente que tuvo Antonio Madrid, sé que él perdió el bazo se le otorga la palabra al apoderado de la parte actora (...). Preguntado: Indíquenos cómo está conformado el grupo familiar, indicando los nombres de cada uno de ellos. Contestó: Son 9 hermanos, el mayor es el accidentado, son Jorge, Iván, Julián Francisco, mujeres María Ruth, Soraida, Patricia y Lucrecia. Preguntado: Díganos si el Sr. Joaquín Antonio Madrid tenía relación de pareja, en caso afirmativo, diga los nombres de la pareja y los hijos. Contestó: La pareja es Beatriz Elena Peláez y tienen un hijo Cristian Eduardo. Él tiene una compañera Soleyda y tiene dos hijas Millerlady y Catalina. Preguntado: Dónde vive Joaquín Antonio Madrid y con quiénes bajo un mismo techo. Contestó: Bajo un mismo techo vive con Beatriz Elena y su hijo Cristian. Preguntado: Según su respuesta anterior indíquenos cómo es la comunicación y la relación de Joaquín Antonio para con su compañera Luz Soleyda y sus hijas. Contestó: Me doy cuenta que son muy buenas las relaciones entre esta pareja, se preocupa mucho, tiene las niñas estudiando. Él siempre va diario a esa casa, me consta porque él me cuenta todo inclusive me dice que soy abuelita de él. Preguntado: A qué actividades se dedicaba Joaquín Antonio antes de ser lesionado y a qué se dedica hoy en día. Contestó: Él dirigía un equipo de futbol de la policía y ahora está dedicado al stress. Preguntado: Cómo eran las relaciones de Joaquín para con los padres y hermanos e igualmente indicará los nombres de ellos. Contestó: Admiro esta familia por la unidad que ellos mantienen en el accidente (sic) y mucho más ahora, son muy unidos. Los padres llaman Joaquín Antonio y María del Carmen. Preguntado: Cómo eran las relaciones de Joaquín Antonio, la compañera, sus hijos, la esposa y su hijo Cristian Eduardo. Contestó: De la compañera sé que ellos se aman mucho la relación de la compañera que tiene se ve que viven bien y tienen sus niñas estudiando. Preguntado: Qué actividad realizó Joaquín Antonio con respecto de Gloria Patricia Soraida y María Ruth. Contestó: Ellos vivían muy unidos, los sacaba a jugar basquett bool (sic) a las hermanas esa relación no se han acabado (sic). Preguntado: Cómo es el trato que brinda Joaquín Antonio a Julián David, Francisco Emilio y María Lucrecia. Contestó: Es maravilloso se sirven mucho ellos viven muy unidos, admiro esa familia por eso. Preguntado: Díganos si por tener Joaquín Antonio Madrid otra compañera e hijos, por este motivo las relaciones con su verdadera esposa e hijo se ha deteriorado. Contestó: Esa familia vive muy unida con esa señora y las niñas. Preguntado: Por qué afirma usted que Cristian Eduardo Madrid Peláez, Catalina y Millerlady Madrid Pérez son hijos de Joaquín Antonio. Contestó: Están reconocidos, si él los reconoce es porque es así. Preguntado: Díganos qué deportes practica hoy en día Joaquín Antonio Madrid y por qué le consta. Contestó: Hoy en día él no practica ningún deporte y antes fútbol, básquet, baile y otros. Preguntado: Qué efectos emocionales ha producido las lesiones padecidas por Joaquín Antonio en cada uno de sus padres y hermanos. Contestó: Ellos viven muy tristes, ellos han sentido una amargura tremenda por el accidente del hermano pero no se lo manifiestan a él, se reúnen cada ocho días a una comida o un algo y ellos llegan alegres y nunca le demuestran tristeza para que se sienta mejor. Preguntado: Cómo afectaron estas mismas lesiones a su esposa, compañera e hijos. Contestó: Respondo de la esposa se sintió muy mal y le tocó un trote muy horrible con él, cuatro meses de incapacidad. Los hijos también se afectaron mucho. Preguntado: Cuál ha sido el impacto que produjo estas lesiones en el mismo Joaquín Antonio. Contestó: Él se ha sentido sumamente mal, dice abuela quedé sin defensas dice que ya no es nadie y que no sirve para nada. Tiene que ir uno a hablarle, charlarle para que salga de esa depresión y jugamos parqués con él, se lamenta mucho que el bazo le hace mucha falta, cuando hay alguna epidemia de gripa se pone muy nervioso se hace inyectar, él quiere vivir. Preguntado: Díganos si Joaquín Antonio trabajaba, en qué, cuánto ganaba y a qué destinaba lo que se ganaba. Contestó: Puedo decir que fue uno de los agentes más orgullosos que tuvo Pereira, muy organizado de mucho lujo, no sé cuánto ganaba pero el hogar muy bien mantenido, su esposa muy bien tratada y con mucha abundancia en comida yo también me he beneficiado con el sueldo de él porque él me viste, porque como mi compañero también es un anciano él nos da la mano. Preguntado: Díganos si hoy en día Joaquín Antonio, sus padres y hermano se encuentran totalmente recuperados de lo que usted nos ha narrado en respuestas anteriores. Contestó: No ellos no se encuentran recuperados, siguen sufriendo esa gravedad, para ellos es un dolor muy grande que él hubiera sufrido ese accidente. Preguntado: Díganos si le consta que Joaquín Antonio haya sufrido otros accidentes antes del que nos venimos refiriendo en esta diligencia. Contestó: No, primero y último. Preguntado: Qué personas atendieron a Joaquín Antonio durante la recuperación del accidente. Contestó: Primeramente la esposa y toda la familia estuvo con él (...)”.

— Copia auténtica de la declaración rendida por Abelardo Trujillo, conductor de obras públicas departamentales, el 13 de enero de 1998 y con relación a los hechos sostuvo(93):

“(...) Preguntado: Bajo la gravedad de juramento que tiene prestado indíquenos cuanto sepa sobre el hecho de tránsito ocurrido el día 28 de mayo de 1997, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, en la cra. 7ª entre calles 40 y 41 de esta ciudad, donde resultó lesionado el señor Joaquín Antonio Madrid, quien conducía una motocicleta y colisionó con una buseta de la Gobernación de Risaralda. Contestó: Hermano, el jefe mío Robinson, no recuerdo el apellido, me despachó como a las 7 de la mañana a trabajar, nos mandó para Marsella, yo iba solo, y yo voltié (sic) por la cuarenta y cogí la cra. 7ª, en ese entonces me parece a mí que habían unos trabajos en este mismo Palacio de Justicia y los carros ahí bajaban despacio, yo bajaba por toda mi derecha, a un paso suave, despacio porque no se podía andar bien, cuando miré por el retrovisor que una moto se le metió por detrás a la volqueta, entonces paré y me bajé de la volqueta y miré y estaba la moto debajo de la volqueta, en las llantas traseras lado izquierdo, unos compañeros míos que estaban ahí afuera recogiendo al muchacho, no recuerdo bien las personas que habían ahí y entonces lo alzaron y se lo llevaron para la clínica. Preguntado: Por qué razón fue a parar el motociclista debajo de su volqueta. Contestó: Ahí sí ya ese cuento si no lo sé, ahí sí estaba la buseta de la gobernación, la buseta venía por el carril del centro y el muchacho venía por el carril derecho, porque según parece que el muchacho trató de pasárseme y se dio contra la buseta. Preguntado: Después del hecho en [qué] sitio de la vía quedó parqueada o paró la buseta. Contestó: Ahí es una vía de tres carriles y quedó diagonal a la volqueta por ahí aproximadamente a unos 3 metros atrás de la volqueta, o sea que la punta de la buseta con el volco de la volqueta. No eso fue que la buseta quedó delante de la volqueta y la moto y la buseta colisionaron por ahí cinco metros atrás de la volqueta, porque cuando yo me bajé vi un rastrillón de por ahí cinco metros del señor de la moto. Preguntado: Cuáles eran las condiciones de la vía y las de visibilidad. Contestó: Se veía muy bien, el pavimento estaba mojado había brisado bastante antes. Ahí el error fue de ese muchacho que se vino detrás de la volqueta y trato de pasarme y no fue capaz y le dio a la buseta. Preguntado: Obran declaraciones dentro del expediente que indican que usted estaba era parqueado en el lugar de los hechos y antes de los mismos dio macha a su vehículo. Contestó: La volqueta venía era lento pero no la tenía parqueada”.

5. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado(94), la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”(95) erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados(96) y de su patrimonio(97), sin distinguir su condición, situación e interés(98). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(99); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(100).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(101), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(102) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

5.1. Daño antijurídico.

El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(103) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(104), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la:

“(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(105).

Así pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado:

“(...) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(106).

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(107).

Debe quedar claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(108). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(109), anormal(110) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(111).

En el sub judice, el daño antijurídico se plantea con relación a las lesiones personales sufridas por el señor Joaquín Antonio Madrid en el accidente de tránsito ocurrido el día 28 de mayo de 1997, en la carrera 7ª entre las calles 40 y 41 de la ciudad de Pereira, al colisionar con dos vehículos oficiales.

Al respecto, observa la Sala que el interés jurídico vulnerado en este evento es el derecho a la integridad física de Joaquín Antonio Madrid, derecho de carácter fundamental, plenamente protegido por el ordenamiento jurídico, sin ninguna restricción, lo que es incuestionable en un Estado social de derecho(112), de modo, pues, que el daño aquí causado reviste clara antijuridicidad, pues con él se restringió y violentó un derecho que el ordenamiento protege en forma absoluta.

El daño se encuentra probado con el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 10 de abril de 2002 en el que se dictaminó que el señor Joaquín Antonio Madrid sufrió una deformidad física de carácter permanente por lo ostensible de la cicatriz quirúrgica en el abdomen y una perturbación funcional del órgano de la inmunidad de carácter permanente por la extracción quirúrgica del bazo, en consecuencia se le ordenó una incapacidad médico-legal definitiva de 45 días(113), de esta manera se encuentran debida y legalmente acreditadas las lesiones personales padecidas por la víctima.

Visto lo anterior, es evidente para la Sala que de la lesión causada en el derecho a la integridad física de Joaquín Antonio Madrid Restrepo deriven perjuicios en él y en los demás demandantes, por su calidad de parientes cercanos, los cuales la Nación estará obligada a indemnizar, siempre que el daño resulte imputable a las entidades demandadas y se prueben los elementos constitutivos de cada perjuicio alegado en la demanda.

5.2. Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento de la imputación.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”.

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que

“El núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”.

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”.

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse (...) que su actuación (de la administración pública) sea siempre fuente de riesgos especiales”, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho.

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera:

“(...) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación” (resaltado fuera del texto).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el juicio de imputación y la imputación, en sí misma, es una sola, constante e invariable en el litigio de responsabilidad, la cual se presenta mediante diferentes criterios o fundamentos, por lo que cabe estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado analizando dos extremos, a saber, uno de carácter subjetivo fundamentado en el régimen de la falla del servicio, y aquellos de naturaleza objetiva, el primero, fundado en la ruptura de la igualdad cargas públicas, pese a la licitud de la actuación de la administración, y aquel cuyo fundamento se haya en la concreción de un riesgo lícitamente creado por la administración.

Al respecto, se resalta que los regímenes objetivos son de aplicación subsidiaria y excepcional, por cuanto estos fueron previstos solo para aquellos eventos en los que la falla no resulta apta para resolver los múltiples casos en los que la administración causa daños antijurídicos, sin que medie una actuación u omisión reprochable a la misma.

Así mismo no puede entenderse que la existencia de los regímenes objetivos de imputación conlleva la objetivación de la responsabilidad extracontractual del Estado, en donde la administración entra a resarcir todo perjuicio que se cause a los particulares, convirtiéndose en un asegurador universal de estos. Por el contrario, deben rescatarse la subjetividad(114) de la falla del servicio(115) aplicable a todos los casos, en su calidad de régimen común de derecho y los elementos configurativos de cada criterio de imputación, para la atribución del daño antijurídico a la administración.

Ahora bien, frente a la existencia de diferentes criterios de imputación, la circunstancia de que los hechos relatados en la demanda sean constitutivos de una falla del servicio o conlleven la aplicación de un régimen objetivo, corresponde a la valoración teórica que incumbe efectuar autónomamente al juzgador, como dispensador del derecho ante la realidad histórica que las partes le demuestren(116), por cuanto, en aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al fundamento de la imputación que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético arbitrario.

De manera que es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo criterios de imputación diferentes a aquellos invocados en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

5.2.1. Imputación en el caso concreto.

Bajo estos postulados, en el caso de autos el juicio de imputación se realizará a la luz de la falla probada, por cuanto esta no se puede presumir, así como tampoco puede hablarse de presunción de la responsabilidad de la administración cuando se trata del desarrollo de una actividad peligrosa, pues, aun cuando estos argumentos obedecen a posiciones que la jurisprudencia de la Sala acogió en su momento, no debe perderse de vista que estas fueron reevaluadas y reformuladas por la Sala Plena de la Sección Tercera.

Así, no puede aplicarse la presunción de falla, en primer lugar porque ello implica presumir que la administración desplegó una conducta negligente, lo cual quedaría desvirtuado mediante la prueba de la diligencia en la actuación, procedimiento u operación administrativa, de manera que esto solo significaría la inversión de la carga de la prueba, con lo que se contrariaría el régimen probatorio establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa de la codificación contencioso administrativa, normas vigentes para el momento ocurrencia de los hechos.

En este orden de ideas, si bien el régimen de falla presunta se aplicó entre 1989 y 1992 a todas las actividades peligrosas, el 24 de agosto de 1992 la Sección Tercera de la Sala Plena consideró que se estaba aplicando este régimen en situaciones sustancialmente distintas:

“Mientras en el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se presume dicha falla, en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración sino solo el daño antijurídico, produciéndose así más que una presunción de falta, una de responsabilidad. La exoneración de la carga de la prueba que implica la noción de falla presunta es apenas relativa, porque al actor le incumbe en tales casos probar como mínimo los supuestos que permiten la operancia de la presunción. Así, en el caso de que alguien alegare que resultó lesionado por una intervención quirúrgica inadecuada, deberá probar en términos generales, que se le prestó el servicio en tal fecha y que sufrió el daño cuya indemnización pretende. En los eventos de responsabilidad por el hecho de las cosas o de las actividades peligrosas al actor solo le incumbe probar el perjuicio sufrido por la conducta oficial, o sea el daño y la relación causal; quedándole a la parte demandada, para exonerarse, únicamente la prueba de la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo del tercero. En otras palabras, no se exonera con la prueba de la diligencia y cuidado. En estos eventos se mira más el daño antijurídico producido que a la irregularidad o no de la conducta oficial”(117).

De manera que se abandona aquí la presunción de la falla pero se habla, entonces, de “presunción de responsabilidad” con lo cual recae en imprecisiones, ya que esta expresión implicaba la presunción de todos los elementos de la responsabilidad determinados en el artículo 90 constitucional, es decir, daño antijurídico, acción u omisión de una entidad pública, causante del daño, de donde se desprende la imputación del mismo al Estado.

En este sentido la Sala abandonó el concepto de presunción de responsabilidad, para adentrarse, concretamente, en los términos de la responsabilidad objetiva:

“Sea esta la oportunidad para aclarar que no existe, en ningún caso, la llamada "presunción de responsabilidad", expresión que resulta desafortunada, en la medida en que sugiere la presunción de todos los elementos que permiten configurar la obligación de indemnizar. Es claro, en efecto, que, salvo en contadas excepciones, generalmente previstas en la ley, en relación con el daño, siempre se requiere su demostración, además del hecho dañoso y la relación de causalidad existente entre uno y otro.

El régimen así denominado por esta corporación en varias oportunidades tenía, sin duda, todas las características del régimen objetivo de responsabilidad, en el que si bien no tiene ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta —por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente—, los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. Recae sobre la parte demandada la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitan romper el nexo de causalidad, únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad.

Hecha esta advertencia, concluye la Sala (...) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen de responsabilidad aplicable en caso de daño causado a ellos sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, a partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado”(118).

De esta manera quedó claro dentro de la jurisprudencia de la Sala, que se trata de la configuración de un régimen de responsabilidad objetiva, el cual no prescinde de los elementos de la responsabilidad sino, única y exclusivamente, del elemento subjetivo “falla” de la administración, por cuanto se fundamenta en el desarrollo de actividades peligrosas cuya imputación se concreta cuando el daño ha devenido de la concreción de los riesgos propios de esa actividad o de aquellos creados con el ejercicio de determinadas actividades peligrosas para la comunidad o terceros, de modo, se itera, que no se deriva de una falla o conducta negligente o culposa del Estado en la prestación de las funciones a su cargo.

En idéntico sentido, debe quedar igualmente claro que la aplicación de la teoría del riesgo conlleva una serie de elementos propios de esta categoría, los cuales deben quedar plenamente establecidos en el juicio de responsabilidad, de manera que es necesario demostrar la actividad riesgosa, licita, ejercida por la administración y la concreción del riesgo implícito en ella, que excepcionalmente se concreta, y la relación entre la ocurrencia de dicho riesgo y la lesión o daño antijurídico, para que este pueda ser fáctica y jurídicamente atribuido a la entidad pública correspondiente.

Entonces, cuando el daño es producido por la concreción de un riesgo propio del ejercicio de una actividad peligrosa, la responsabilidad se atribuye objetivamente al guardián de la actividad, se itera, no porque este falló sino porque se concretó un riesgo propio de la actividad peligrosa por él desplegada, lo cual si bien ocurre de manera excepcional, en cuanto no es esperable su concreción, ello no quiere decir que no pueda ocurrir, caso en el cual quien creó el riesgo debe asumir las consecuencias derivadas de su realización.

Lo anterior implica un necesario análisis del hecho dañoso para establecer el fundamento de la imputación, a fin de determinar si este devino de la concreción de un riesgo propio de la actividad o, por el contrario, de una falta en cabeza de quienes dirigían el desarrollo de tal actividad, ya que en el primero de los casos el fundamento de la atribución del daño estará en la realización del riesgo excepcional y en el segundo evento en una falla, en nuestro caso, de la entidad demandada.

Ahora bien, cuando existía en la víctima y en la entidad demandada una concurrencia en el ejercicio de actividades peligrosas, la Sala distinguía entre aquellos vehículos que tenían características similares y aquellos otros, en los que había una diferencia que representaba, así mismo, un distinto grado de peligrosidad, para concluir que en estos últimos eventos no podría predicarse la desaparición del régimen objetivo de responsabilidad, en la medida en que sería imputable el daño al vehículo que representara un mayor grado de peligrosidad(119), criterio de compleja aplicabilidad frente a la dificultad que se genera para determinar la mayor peligrosidad frente a determinados vehículos, entre tanto que, por ejemplo, si bien una motocicleta es de menor tamaño y medida, estas reportan un mayor número de accidentalidad y siniestralidad que los vehículos de mayores dimensiones, frente a lo cual el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte de los conductores de los vehículos oficiales o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio o culpa de la víctima que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada o al lesionado.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que este criterio resulta acorde con el desarrollo jurisprudencial y la posición actual de la Sala de Sección Tercera, contenida en sentencia del 23 de agosto de 2012, en la que señala:

“(...) la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia (...)”(120)(121) (resaltado fuera de texto).

En síntesis, en desarrollo de esta consideración, el juez al analizar las circunstancias y aspectos fácticos, así como el acervo probatorio, fundamentará y adoptará las razones jurídicas con las cuales resolverá el caso en cuestión, sin que exista una camisa de fuerza para aplicar determinado criterio de imputación frente a determinadas materias.

Así las cosas, la Sala concluye que el juicio de imputación, en el caso que nos ocupa, solo puede decidirse bajo los criterios expuestos en la teoría de la falla probada frente a la cual, sea la oportunidad de decir, que sus supuestos no se encuentran acreditados en el caso de autos como se pasa a explicar.

Al respecto, nota la Sala que no se demostró dentro del proceso que el señor Abelardo Trujillo, conductor de la volqueta de placas OVD-493 de propiedad de la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Risaralda, haya actuado de manera irregular e imprudente, violando lo previsto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos —D. 1344/70—.

Así mismo, la Sala observa que en el sub examine no se encuentra acreditado que el señor Elías Pinzón Melchor, conductor de la buseta de servicio oficial, de placas OVD–919 perteneciente a la oficina de fomento y turismo del municipio de Pereira, haya encerrado la moto de placas SEI-27, perteneciente a Joaquín Madrid Restrepo, como consecuencia del encuentro previó al accidente de tránsito, en el que el señor Madrid le reclamó al señor Pinzón Melchor por haber recogido a una persona en la mitad de la vía, contrariando lo estipulado en el artículo 178 numeral 22 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos —D. 1344/70—, como lo afirmó la parte actora a lo largo del proceso:

“Artículo 178 del Decreto 1344 de 1970, modificado por la Ley 33 de 1986, artículo 32, por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, numeral 155 y por el Decreto 2591, artículo 16. Sera sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos el conductor de vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...).

22. Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades”.

Por lo anterior, la Sala considera que en el caso de autos no se encuentran acreditados los elementos constitutivos de la falla en el servicio por parte de las entidades demandadas, toda vez que si bien el accidente de tránsito ocurrió como consecuencia del choque que el señor Joaquín Madrid Restrepo tuvo con la buseta de placas SEI-27 de propiedad la oficina de fomento y turismo del municipio de Pereira y con la volqueta de placas OVD-493 perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Risaralda, no se demostró dentro del plenario que este se haya presentado por la inobservancia a las normas de tránsito o por la falta de diligencia, cuidado y prudencia que debían tener los conductores de la volqueta y de la buseta.

Igualmente, observa la Sala que si bien en el accidente de tránsito ocurrió como consecuencia del choque entre el señor Joaquín Madrid Restrepo, la buseta de propiedad del municipio de Pereira y la volqueta perteneciente al departamento de Risaralda, fue el señor Madrid Restrepo, quien cometió una serie de actos que le son imputables a él mismo, como lo previó el a quo.

Así las cosas, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se encuentra probado con el informe del accidente de tránsito 97017914 realizado por la dirección general de tránsito y transporte terrestre automotor, que el accidente de tránsito en el que resultó lesionado Joaquín Madrid Restrepo, tuvo lugar el día 28 de mayo de 1998, a las 8:00 a.m., en la carrera 7ª, entre las calles 40 y 41 de la ciudad de Pereira(122) y como consecuencia del actuar imprudente del señor Joaquín Madrid.

Es así pues como se logra inferir del croquis que obra dentro del informe de accidente de tránsito y del testimonio de Abelardo Trujillo, que el señor Joaquín Madrid Restrepo se encontraba en la carrera 7ª entre las calles 40 y 41 de la ciudad Pereira conduciendo su moto de placas SEI-27, por el carril derecho y detrás de la volqueta de placas OVD-493 de propiedad del departamento de Risaralda. Posteriormente, Al intentar adelantar a este último por el carril izquierdo, el señor Madrid Restrepo chocó contra la buseta de placas OVD-919 perteneciente a la oficina de fomento y turismo del municipio de Pereira, la cual se detuvo 6.3 metros delante de la volqueta, ocasionándole las lesiones personales referidas por la parte actora en el libelo demandatorio.

Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 156 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos — D. 1344/70—, los motociclistas están sujetos a una serie de normas al momento de conducir, a saber:

“ART. 156.—Los ciclistas y motociclistas estarán sujetos a las siguientes normas:

1. Transitar por la derecha de las vías, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y procuraran no utilizar las vías de los buses y busetas.

2. Los que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.

3. No podrán sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.

4. No podrán transitar sobre las acercas, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.

5. Deberán respetar las señales y normas de tránsito.

6. Queda prohibido adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles (resaltado fuera de texto).

PAR.—Los ciclistas no podrán llevar a otra persona ni transportar cosas que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción”.

Al respecto, nota la Sala el señor Joaquín Madrid Restrepo, incurrió en violación de los deberes normativos tal como lo planteó el a quo, toda vez que de acuerdo con el levantamiento planimétrico que obra dentro del proceso, el señor Madrid Restrepo conducía su automotor por el carril derecho, como lo manda la norma, pero es evidente que viajaba cerca de la volqueta placas OVD-493 de propiedad del departamento de Risaralda, conducta esta que se encuentra prohibida en tanto que puede generar al motociclista y a los demás conductores disminución de la visibilidad al momento de tener la intención de realizar algún tipo de maniobra.

De igual forma, observa la Sala que el señor Joaquín Madrid Restrepo con el fin de adelantar al señor Abelardo Trujillo, conductor de la volqueta placas OVD-493 de propiedad del departamento de Risaralda, se cambió del carril derecho al carril central y se ubicó entre los dos vehículos que transitaban en sus respectivos carriles, conducta, igualmente, prohibida por el citado artículo 156 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos —D. 1344/70—.

Adicionalmente, del testimonio de Abelardo Trujillo se desprende que el señor Joaquín Madrid Restrepo transportaba en la parte delantera de la motocicleta implementos deportivos, contrariando el artículo 2º del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos — D. 1344/70—, en el que se define la motocicleta como aquel vehículo automotor de dos ruedas con capacidad hasta de 1 pasajero y actuando de manera imprudente ya que el llevar consigo estos implementos en la parte delantera del automotor le generó inestabilidad y disminución del equilibrio y posibilidad de maniobrar.

Así mismo, el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos —D. 1344/70—, establece las medidas que todo conductor de vehículo automotor debe tomar antes de efectuar un adelantamiento:

“ART. 135.—Todo conductor antes de efectuar un adelantamiento debe observar; que ningún conductor que le siga haya empezado una maniobra para adelantarlo; que la vía que vaya a tomar esté libre en una longitud suficiente para que, de acuerdo a la deferencia entre la velocidad de su vehículo durante la maniobra y la de los otros que pretende adelantar, dicha maniobra no ponga en peligro o entorpezca el tránsito de los que vayan en dirección contraria o de los que haya adelantado y anunciar su intención en forma clara y con suficiente anterioridad por medio de las luces direccionales de su vehículo, o en su defecto, haciendo la señal apropiada con el brazo.

Efectuada la maniobra deberá regresar nuevamente al carril derecho, dejando una separación prudencial con el último vehículo que haya alcanzado”.

Es así pues, como la Sala evidencia el desconocimiento de las citadas medidas de precaución por parte del señor Joaquín Madrid al momento de adelantar la volqueta de placas OVD volqueta placas OVD-493 de propiedad del departamento de Risaralda.

Contrario sensu, nota la Sala que del proceso penal adelantado ante la Fiscalía General de la Nación-Unidad de fiscalías delegadas-Fiscalía 40 local en contra del señor Elías Pinzón Melchor por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito y el cual terminó el 2 de marzo de 1998 con resolución que ordenó la preclusión de la instrucción del proceso penal que se seguía en su contra(123), se desprende que el señor Joaquín Madrid Restrepo miró por el espejo retrovisor cuando ya había ejecutado la maniobra de desplazamiento desde el carril derecho hacía el izquierdo, desatiendo de esta manera las normas de tránsito que indican que antes de efectuar una maniobra peligrosa como el adelantamiento se debe observar de manera previa a la realización de la misma.

Ahora bien, observa la Sala que dentro del plenario no obra prueba alguna que demuestre que el señor Joaquín Madrid Restrepo, para manifestar la intención de adelantar, utilizara las luces direccionales de su motocicleta o las señales con el brazo o anunciara de alguna manera su propósito de adelantar la volqueta y de hacer un cambio de carril, de donde pueda colegirse que los conductores de la buseta o de la volqueta hayan previsto la maniobra del motociclista u omitido dar paso a su actuación de adelantamiento en una conducta negligente o imprudente.

Dados estos antecedentes, como se ha anunciado, la Sala considera que no se encuentra probada la falla de las entidades demandadas, por el contrario, observa que el señor Joaquín Madrid Restrepo actuó de manera imprudente y negligente al intentar adelantar la volqueta de placas OVD-493 de propiedad del departamento de Risaralda y al pasarse al el carril izquierdo, vía por la que transitaba la buseta de placas OVD-919 perteneciente a la oficina de fomento y turismo del municipio de Pereira, con la que chocó a causa de la inobservancia de las medidas de precaución normativamente impuestas para la conducción de motocicletas y, concretamente, para el adelantamiento de vehículos, ya que de haber actuado con precaución y prudencia, acatando las normas de tránsito antes mencionadas, es probable que el accidente en el que él resultó lesionado no se hubiese presentado.

Por lo anterior, la Sala considera que en el caso de autos no se halla probada la falla de la administración. Pero, como lo determinó el a quo, sí se encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima, en tanto se observa que Joaquín Madrid Restrepo con su comportamiento negligente e imprudente contribuyó de manera efectiva y exclusiva en la causación del daño, elemento este que impide la configuración de la imputación fáctica en cabeza de las entidades demandadas y en consecuencia imposibilita la declaración de responsabilidad extracontractual en el departamento de Risaralda y el municipio de Pereira.

Finalmente la Sala llama la atención a todos aquellos motociclistas para que actúen con prudencia en las vías del país y acaten los reglamentos que para el efecto ha implementado la administración pública y, así, prevenir sucesos como los analizados en el sub judice.

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera-Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMESE la sentencia de 5 de febrero de 2004 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda(124) mediante la que se dispuso declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(43) Folio 13, cuaderno 2.

(44) Sentencias de 21 de febrero de 2002. Expediente 12789; 9 de junio de 2010, Expediente 18078.

(45) Folios 37-38, cuaderno 3.

(46) Folio 39, cuaderno 2.

(47) Folio 7, cuaderno 1.

(48) Folio 8, cuaderno 1.

(49) Folio 9, cuaderno 1.

(50) Folio 10, cuaderno 1.

(51) Folio 11, cuaderno 1.

(52) Folio 12, cuaderno 1.

(53) Folio 13, cuaderno 1.

(54) Folio 14, cuaderno 1.

(55) Folio 15, cuaderno 1.

(56) Folio 16, cuaderno 1.

(57) Folio 17, cuaderno 1.

(58) Folio 18, cuaderno 1.

(59) Folio 19, cuaderno 1.

(60) Folio 20, cuaderno 1.

(61) Folios 21-22, cuaderno 1 y folios 2-4, cuaderno 3.

(62) Folio 27, cuaderno 1 y folios 1, cuaderno 3.

(63) Folio 115-120, cuaderno 1 y folios 95-99, cuaderno 3.

(64) Folio 14, cuaderno 2.

(65) Folio 17, cuaderno 2.

(66) Folio 18, cuaderno 2.

(67) Folio 19, cuaderno 2.

(68) Folio 21, cuaderno 2.

(69) Folio 36, cuaderno 2.

(70) Folio 38, cuaderno 2.

(71) Folio 41, cuaderno 2.

(72) Folio 41, cuaderno 2.

(73) Folio 41, cuaderno 2.

(74) Folio 71-73, cuaderno 2.

(75) Folios 10 y 29, cuaderno 3.

(76) Folio 11, cuaderno 3.

(77) Folio 12, cuaderno 3.

(78) Folio 22, cuaderno 3.

(79) Folio 22, cuaderno 3.

(80) Folio 22, cuaderno 3.

(81) Folio 27, cuaderno 3.

(82) Folio 30, cuaderno 3.

(83) Folio 31, cuaderno 3.

(84) Folio 35, cuaderno 3.

(85) Folio 36, cuaderno 3.

(86) Folio 39-40, cuaderno 3.

(87) Folio 45, cuaderno 3.

(88) Folio 76-79, cuaderno 3.

(89) La historia clínica correspondiente 424475 correspondiente al señor Joaquín Antonio Madrid Restrepo fue remitida por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira el 16 de julio de 2001 (fl. 20, cdno. 2.). Así mismo la historia clínica se encuentra relacionados en los folios 46-77, cuaderno 3 y cuadernos 4 y 5 del proceso de la referencia.

(90) Folios 42-44, cuaderno 2.

(91) Folios 53-55, cuaderno 2.

(92) Folios 56-59, cuaderno 2.

(93) Folio 84, cuaderno 3.

(94) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(95) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(96) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p. 49.

(97) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(98) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d´une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(99) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p. 120.

(100) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pp. 120-121.

(101) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

(102) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al Estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(103) “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en Afduam, 4, 2000, p. 185.

(104) “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, ob. cit., p. 186.

(105) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en Afduam 4, 2000, p. 168.

(106) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 297.

(107) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob. cit., p. 298.

(108) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sentencia de 9 de febrero de 1995. Expediente 9550.

(109) Sentencia de 19 de mayo de 2005, rad. 2001-01541 AG.

(110) “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000, Expediente 12166.

(111) Sentencia de 2 de junio de 2005, rad. 1999-02382 AG.

(112) “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración (Sent. C-333/96). Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución (Sent. C-832/2001)”. Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006.

(113) Folios71-73, cuaderno 2.

(114) Consejo de Estado, sentencia de 13 de julio de 1993, Expediente 8.163.

(115) Debe tenerse en cuenta que la falla en el servicio es el título de imputación, de vieja data acogido por nuestro ordenamiento jurídico como el régimen bajo el cual, por excelencia, se deduce la responsabilidad extracontractual de la administración, por el mal funcionamiento de los servicios que se encuentran en cabeza del Estado, ya sea porque este no se prestó, se prestó tardíamente, defectuosamente o equivocadamente. Por lo cual, mientras la parte que demanda la responsabilidad estatal, tiene la carga de demostrar dicha falta, corresponde a la administración, acreditar que su actuación fue oportuna, prudente, diligente, eficaz y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o, que no obstante, su adecuada y oportuna actuación, se presentó una causa extraña, que desbordó su diligencia y eficacia, a saber, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o, el hecho, también, exclusivo y determinante de un tercero. Así mismo, teniendo en cuenta que las actuaciones de la administración por su naturaleza son esencialmente regladas, la falla del servicio ha sido considerada como la violación de una obligación a cargo del Estado, de manera que para lograr determinar cuál es el contenido obligacional al que está sujeto el Estado frente a un caso concreto, debe el juez referirse en primer término, a las normas que regulan la actividad pública causante del perjuicio, previendo, adicionalmente que la determinación de la obligación administrativa, no solo está circunscrita a los casos en que la ley o el reglamento la consagran expresa y claramente, sino también en todos aquellos eventos en que de hecho la administración asume un servicio o lo organiza, o cuando la actividad cumplida está implícita en las funciones del Estado(1).

Nótese igualmente, que la falla de la administración, se configura, no solo en la mala prestación de los servicios a cargo del Estado sino, también, por la falta o ausencia de prestación, es decir por omisión, en el entendido que el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr la garantía y seguridad, real, de los bienes jurídicos y derechos de los administrados, y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos. En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la imputación de un daño antijurídico a la administración, es necesario que se acredite la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, de manera que lo que aquí se realiza, es una imputación objetiva por desconocimiento de los deberes normativos, a título de falla. Consejo de Estado, sentencia de 30 de marzo de 1990, Expediente 3510.

(116) Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 1989. Expediente 1397.

(117) Consejo de Estado, sentencia de 24 de agosto de 1992, Expediente 6754.

(118) Consejo de Estado, sentencia de 2 de marzo de 2000,

(119) Consejo de Estado, sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 16.180, sostuvo: “Es claro entonces, y la Sala así lo reitera, que, en la medida en que el vehículo oficial —o sujeto a la guarda de la administración— implicado en la producción del daño sea de mayor tamaño y potencia que aquel del particular con el cual colisionó, lo que permite inferir así mismo el mayor grado de peligrosidad que su conducción representa, prevalece la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, en virtud del cual, probado el daño antijurídico y su nexo de causalidad con el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción del vehículo automotor por parte de la entidad demandada, surge a su cargo el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados, y solo podrá exonerarse de dicha responsabilidad, en la medida en que pruebe un hecho extraño, que rompa el nexo de causalidad, como sería la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero”.

(120) Ídem.

(121) Expediente 18001-23-31-000-1999-00454-01 (24392).

(122) Folios 115-120, cuaderno 1 y folios 95-99, cuaderno 3.

(123) Dentro del proceso obra el proceso penal adelantado en contra del señor Elías Pinzón Melchor por el delitos de lesiones personales en Joaquín Madrid Restrepo en el cuaderno 3. Sin embargo, se considera necesario tener de presente para el caso que nos ocupa, las providencias proferida por la Fiscalía General de la Nacional-Unidad de fiscalías delegadas-Fiscalía 40 local el 22 de diciembre de 1997 (fls. 76-79, cdno. 3) y el 2 de marzo de 1998 (fls. 115-120, cdno. 1 y fls. 95-99, cdno. 3).

(124) Folios 241-255 del cuaderno 6.