Sentencia 1999-00367 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1999-00367 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 19001-23-31-000-1999-00367-01 (24.351)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Edmundo Rodrigo Paredes Vallejo

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia - y Dirección Nacional de Estupefacientes

Proceso: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante y el llamado en garantía, brigada de aviación del Ejército Nacional, contra la sentencia del 24 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

1. Previo a resolver de fondo, debe precisarse que la Sala resolverá la controversia con fundamento en lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(3), es decir, abordará los extremos de la litis conforme lo expuesto en los escritos de apelación respectivos, en atención a que solo la parte demandante y la llamada en garantía, interpusieron recursos contra la providencia de primera instancia.

2. El llamado en garantía, en el escrito de sustentación del recurso, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa al considerar que no obra en el proceso prueba que acredite la propiedad del demandante sobre el vehículo, y las que obran solo dan cuenta de la celebración de un contrato de leasing en el que la Fundación FES es el titular de la propiedad.

Es menester aclara que, el contrato de leasing se define como un negocio jurídico en el que una empresa pone a disposición bienes que la otra parte —persona natural o jurídica— ha elegido previamente, por el pago de un precio mutuamente convenido, para su uso y goce durante cierto tiempo que generalmente coincide con la vida útil y fiscal del bien y durante el cual el contrato es irrevocable, siendo todos los gastos y riesgos por cuenta del usuario, quien, al finalizar dicho periodo, podrá optar por la devolución de los bienes, concertar un nuevo contrato o adquirir el bien por el valor residual preestablecido.

En el mercado se han desarrollado varias clases de leasing que obedecen a las necesidades particulares de los sujetos comerciales, sin embargo, dentro de las modalidades más comunes figuran el financiero y el operativo. El profesor Arrubla Paucar los define de la siguiente manera:

Leasing financiero: (…) En esta modalidad de leasing interviene una compañía de leasing (financial leasing companies) que adquiere los bienes para si, por pedido expreso del usuario. Una vez adquiere el equipo deseado, cede el uso del mismo al empresario necesitado, a título de arrendamiento y por un plazo mismo al empresario necesitado. Una vez se cumpla el plazo, tendrá el arrendatario la opción de continuar en el arriendo o de adquirir los bienes por un valor residual.

Leasing operativo:Esta modalidad de leasing es practicada por los propios fabricantes para la colocación de sus propios productos. Fue tal vez la primera de todas las modalidades del leasing y la que originó este tipo de operaciones por las dificultades que presentaron los grandes productores de maquinaria para colocar sus productos. Más que una modalidad financiera, se trata de una alternativa que ofrecen a sus clientes, al lado de la venta. (…)”(4).

Se debe destacar que se trata de contrato atípico, de carácter principal, consensual, oneroso, bilateral, de tracto sucesivo y de adhesión, en el cual, una vez vencido del plazo estipulado en el contrato, surge para el locatario o tomador la alternativa de continuar con la sola tenencia o adquirir la titularidad del bien objeto del contrato, toda vez que, durante el término del mismo, la propiedad sobre los bienes está en cabeza de la empresa de financiamiento comercial.

En ese orden, se tiene que el objeto del contrato es la cesión temporal del derecho de usufructo sobre el bien, lo cual permite al locatario gozar de todos los derechos y ventajas naturales del propietario en materia contractual(5); en ese sentido, está permitida la explotación comercial y la consecuente obtención de utilidades sobre el bien, claro está, teniendo de presente las limitaciones pactadas por las partes.

Analizado el proceso, se advierte que el demandante alegó desde el libelo demandario tener interés sobre el furgón en calidad de locatario en virtud del contrato de leasing Nº 09075042 celebrado con la Fundación FES, compañía de financiamiento comercial, y para la acreditación de esa calidad allegó certificación suscrita por la empresa de leasing, en la que se detallan las características del vehículo, fecha de suscripción del contrato, partes contratantes y plazo del mismo.

Así las cosas, se tiene que entre la Fundación FES y el demandante media un contrato de leasing financiero sobre el bien objeto de litigio, lo que permite inferir su interés sobre el automotor, pues de conformidad a lo expuesto, los derechos del locatario de un bien sujeto a leasing, si bien no se asemejan al de propiedad tampoco se limitan a la mera tenencia, toda vez que dentro de las particularidades de este contrato, está tanto la opción de compra como la posibilidad de usufructo durante el plazo convenido, dentro del cual se enmarca la posibilidad de explotación comercial.

Adicionalmente, con relación a la legitimación en la causa, en concordancia con el artículo 2342del Código Civil, la Sala(6) ha definido que esta no solo se limita a la calidad de propietario o a la titularidad de un derecho real, comoquiera que, puede predicarse la afectación del derecho de un usufructuario, heredero, habitador o usuario, los cuales están habilitados para pedir la indemnización por un daño, así como también lo puede hacer quien tiene la cosa con obligación de responder por ella. En consecuencia, no prospera el argumento de la falta de legitimación en la causa por activa propuesto por la llamada en garantía y se reconoce el interés del demandante en el presente litigio.

3. De otro lado, en relación a los daños indemnizables, nuestro ordenamiento jurídico, y específicamente la jurisprudencia contencioso administrativa ha reconocido como tales, los de tipo material, esto es, el daño emergente y el lucro cesante (C.C., art. 1614), el primero se ha definido como el detrimento en el patrimonio del afectado como consecuencia directa del daño, y el segundo, como lo que se dejó de percibir patrimonialmente, en el orden normal de los acontecimientos; en cuanto a su indemnización es necesario que se demuestre la certeza del daño. En relación al lucro cesante no es suficiente el solo alegar la expectativa de un ingreso, sino que debe tratarse de una probabilidad, v.gr., si hablamos de la lesión sufrida a un bien del afectado, este estaría determinado por las ganancias frustradas que se esperaba produjera el bien objeto del daño.

En relación con las características del daño, esta corporación ha precisado:

“Ha sido criterio reiterado de la corporación, que el daño, para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo. En este sentido, la doctrina nacional igualmente ha esbozado su criterio según el cual, el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización, y que eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es calificado de eventual —sin dar derecho a indemnización—, o de cierto —con lo cual surge entonces la posibilidad de derecho a indemnización—, pero jamás puede recibir las dos calificaciones”(7).

De lo expuesto, se tiene que en los eventos en que el daño al carecer de certeza y basarse en hipótesis, se hace inocuo el estudio de la imputación, pues no se configuraría siquiera el primer elemento o supuesto de la responsabilidad.

4. En el caso sub examine se tiene que mediante resolución de 3 de julio de 1998, la Fiscalía Regional de Cali ordenó la entrega del camión de placas SDL - 631, al señor Edmundo Rodrigo Paredes Vallejo y, a la vez, dispuso la consulta ante la fiscalía delegada del tribunal nacional conforme a lo prescrito en la Ley 190 de 1995; así las cosas, solo hasta el 8 de julio de 1998, la anterior decisión quedó en firme al ser confirmada por el tribunal; no obstante lo anterior, de acuerdo al acta de entrega suscrita por el jefe de bienes decomisados del batallón de transporte aéreo del Ejército Nacional el vehículo en cuestión fue devuelto el 18 de febrero de 1999, esto es, 7 meses y 10 días posteriores a la orden definitiva de entrega, en este sentido, se evidencia una demora injustificada en la entrega material del vehículo a su legítimo adquirente del cual se derivaron daños económicos, los cuales deberán ser indemnizados.

4.1. Lucro cesante. La parte demandante solicitó se reconociera por este concepto las sumas dejadas de percibir durante el periodo en que estuvo retenido el bien de manera injustificada, para lo que pidió tener en cuenta la actividad comercial desarrollada con el camión, en tanto que estaba afiliado a una empresa dedicada al transporte de carga, de lo que debía inferirse unas posibles utilidades de carácter cierto, razón por la que, al momento de la indemnización, se deberá tener de presente el ánimo de lucro.

Ahora bien, advierte la Sala que, el valor a indemnizar no se encuentra acreditado bajo ningún medio probatorio, ya que si bien, obra un certificado expedido por la empresa en la que consta la producción neta(8) del automotor, en el mismo no se discrimina las deducciones correspondientes a los gastos propios de la actividad transportadora, la cual de acuerdo a las reglas de la experiencia implica unos costos cuyas variables están determinadas por las particularidades operacionales de la empresa transportadora, el servicio prestado, capacidad de carga y características del vehículo, entre otros aspectos; en ese orden, no es igual la rentabilidad mensual de un camión nuevo dedicado al transporte intermunicipal que el de un modelo antiguo destinado a recorrer el mismo trayecto, pues la variable de reparaciones mecánicas modifica automáticamente la rentabilidad de uno y otro vehículo, así también, la capacidad en toneladas, los costos por combustible teniendo en cuenta la distancia recorrida y número de viajes, el valor del flete, del estacionamiento y bodegaje, el mantenimiento, el salario y prestaciones sociales del operario o conductor del vehículo, son a su vez, variables que intervienen directamente en la estructura de costos de la actividad. En ese orden, el documento aportado no sirve de base para liquidar el perjuicio, por no estar sustentado en bases objetivas para su determinación.

Sin embargo, el artículo 193 de la Ley 1437 del 2011(9) permite, en estos eventos en los que no se ha logrado establecer el valor de los perjuicios, que se profiera una condena en abstracto, en consecuencia, mediante incidente de liquidación de perjuicios se deberá determinar el valor de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para lo cual se deberá establecer las expectativas de rentabilidad sostenida durante el tiempo en que estuvo retenido el camión sin justa causa, teniendo en cuenta, a su vez, las deducciones correspondientes a los gastos propios del transporte de carga.

Como corolario de lo anterior, se impone modificar parcialmente la decisión apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4.2. Daño emergente. En relación a este concepto no se accederá a la petición de la demandante relacionada con el reconocimiento de las sumas canceladas mensualmente a la Fundación FES de conformidad a lo pactado en el contrato de leasing, ya que no constituye un daño derivado de la retención del vehículo, pues, en todo caso el locatario estaba en la obligación de pagar las cuotas convenidas. En consecuencia, la Sala solo se limitará a realizar la actualización con la suma concedida por este concepto en la sentencia apelada:

111,81 (índice final) (diciembre de 2012)

Va = 3’238.254 x ----------------------------------------------------- = $ 5’124.829

70,65 (índice inicial) (octubre de 2002)

En ese orden, el valor por los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, es de cinco millones ciento veinticuatro mil ochocientos veintinueve pesos ($ 5’124.829).

5. Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

FALLA:

Modifícase parcialmente la sentencia del 24 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en su lugar se dispone:

1. Declárase a la Dirección Nacional de Estupefacientes, patrimonialmente responsable por los daños ocasionados al señor Edmundo Rodrigo Paredes Vallejo, con la retención injustificada del vehículo tipo furgón, marca Mitsubishi, modelo 94, placas SDL 631, motor 4D31 B58413, chasis FE444E A71199.

2. Condénase a la Dirección Nacional de Estupefacientes a cancelar a favor de Edmundo Rodrigo Paredes Vallejo, la suma de cinco millones ciento veinticuatro mil ochocientos veintinueve pesos ($ 5’124.829), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

3. Condénase en abstracto a Dirección Nacional de Estupefacientes a cancelar a favor de Edmundo Rodrigo Paredes Vallejo, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, valor que deberá ser determinado mediante el incidente de liquidación de perjuicios de conformidad con los parámetros establecidos en la parte considerativa de esta sentencia.

4. La llamada en garantía, Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, brigada de aviación del Ejército deberá reintegrar a la Dirección General de Estupefacientes el valor de la condena impuesta por daño emergente en esta providencia.

5. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Dese cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

8. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(3) “ART. 357.—Modificado. D.E. 2282/89 art. 1º, num. 175. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…” (resaltado fuera del texto).

(4) Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Atípicos. Medellín. Editorial Diké. Contratos mercantiles tomo III. 2008. Pág. 151.

(5) En este sentido. Leyva Saavedra, José. Contratos de Financiamiento. Lima (Perú) Editorial Unilaw. Tratado de Derecho Privado Vol. II. 2004. Pág. 188.

(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de diciembre 1992. Expediente 7.403, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 11 de marzo de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 10 de julio de 2003, Expediente 11.163, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 18 de julio de 2012, Expediente 23.181, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, Expediente: 11.614. Ver también sentencia del 7 de septiembre de 2000, Expediente 11.649.

(8) Para acreditar las expectativas de rentabilidad el demandante aportó una certificación suscrita por la empresa Telecarga, en la cual consta que la producción mensual del camión era de cuatro millones quinientos mil pesos (4’500.000) —fl. 47 cdno. 1 tribunal—.

(9) “ART. 193.—Condena en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este código y en el Código de Procedimiento Civil. Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.